"Dejen de matarnos", resuena por todo EU desde hace 2 años

"Dejen de matarnos", dice una pancarta en Charlotte que porta un joven afroestadunidense entre coros de: "manos arriba, no disparen" y "las vidas negras valen", gritos que han retumbado por todo el país durante los últimos dos años para denunciar la repetición de escenas donde policías disparan y matan a afroestadunidenses mientras los políticos ruegan por "calma".

Charlotte, Carolina del Note, permanece por segunda noche en estado de emergencia después de tres noches de ira y enfrentamientos entre afroestadunidenses y autoridades luego de la muerte de Keith Lamont Scott, el pasado martes. En Tulsa, Oklahoma, las autoridades, después de intentar justificar la muerte de Terence Crutcher, un afroestadunidense desarmado y con las manos en alto el viernes pasado, anunciaron este jueves una acusación de homicidio involuntario contra la mujer policía que lo mató.

El gobernador de Carolina del Norte, Pat McCrory, declaró el estado de emergencia después de dos noches sucesivas de amotinamientos, enfrentamientos entre policías y manifestantes y actos violentos en el centro de la ciudad más grande del estado que, entre nubes de gas lacrimógeno y ventanales destruidos, han dejado un herido en estado crítico que falleció la noche de este jueves, por lo menos nueve civiles y cuatro policías heridos, y cerca de 50 arrestos.

En la noche los manifestantes volvieron a las calles y continuaban pasada la medianoche, cuando comenzó el toque de queda impuesto por la alcaldesa Jennifer Roberts, sin que al cierre de esta edición se reportaran incidentes. La policía, ahora respaldada por la Guardia Nacional, ocupa el centro, y varios negocios cerraron sus puertas; varias empresas sugirieron a sus empleados no ir a trabajar al centro este día. La viuda de Scott difundió una declaración en la cual solicita sólo expresiones pacíficas de protesta en su ciudad por su esposo y padre de siete hijos.

La procuradora general de Estados Unidos, la afroestadunidense Loretta Lynch, también llamó a la "calma", recordando que "la violencia sólo genera más violencia".

Los candidatos presidenciales abordaron el asunto. El republicano Donald Trump comentó en un acto de campaña, sin ninguna prueba, como es su costumbre, que las drogas tenían que ver con la violencia en las comunidades negras: "si no están enterados, las drogas son un factor muy muy grande en lo que estamos viendo en la televisión", e insinuó que Obama tiene, en parte, la culpa por "un país herido". La receta de Trump ante la "violencia" es ampliar las medidas policiacas para "detener y esculcar" a todo sospechoso.

La demócrata Hillary Clinton reiteró su mensaje del miércoles de que estos incidentes de fuerza mortal por policías contra afroestadunidenses son "inaguantables y necesitan volverse intolerables". Subrayó que hay más seguridad pública "cuando las comunidades respetan a la policía y la policía respeta a las comunidades".

Pero todo esto se ha repetido de manera constante en este país. Desde el caso del adolescente Michael Brown, asesinado en 2014 por un policía blanco en Ferguson, Misuri, el tema de la violencia armada contra afroestadunidenses ha estado en el centro del debate nacional gracias a un nuevo movimiento de derechos civiles conocido como Black Lives Matter (Las vidas negras valen). Las demandas se han ampliado más allá de sólo protestar por la violencia policiaca y la impunidad oficial, para exigir una profunda reforma del sistema de justicia en Estados Unidos.

Las fuerzas policiacas de Estados Unidos han disparado y matado por lo menos a 707 personas en lo que va de este año (en 2015 la cifra total llegó casi a mil), según el conteo del Washington Post.

Entre estas cifras, los casos más recientes incluyen a Tyre King, de 13 años de edad, que aparentemente tenía una pistola de juguete cuando policías que respondían a un reporte de un asalto a mano armada le dispararon múltiples veces la noche del 14 de septiembre en Columbus, Ohio. Otros incidentes mortales ocurrieron recientemente en Baton Rouge, Luisiana, y Falcon Heights, en Minnesota.

Aunque es cierto que en términos numéricos la policía mata a más civiles blancos que a afroestadunidenses, en términos ajustados por población, los afroestadunidenses tienen una probabilidad 2.5 veces más grande de ser baleados y privados de la vida por la policía.

La ira generalizada por estos incidentes, y la aparente impotencia política para evitarlos o reducir su frecuencia, siguen alimentando las protestas por todo el país. Junto con el descentralizado movimiento Black Lives Matter, encabezado por jóvenes, estrellas del mundo de espectáculos –como Beyonce– y del deporte han logrado que este tema permanezca en el centro del debate nacional.

Colin Kaepernick, mariscal del equipo profesional de futbol americano de San Francisco, empezó, a mediados de agosto, a hincarse al inicio de cada partido ante el tradicional toque del himno nacional, como expresión de protesta. Afirmó: "no me voy a poner de pie y demostrar orgullo por una bandera de un país que oprime a personas negras y personas de color", y agregó que "hay cuerpos en las calles" mientras los policías no son enjuiciados por asesinarlos.

Poco después, el jugador explicó: “lo hago porque veo que ocurren cosas a personas que no tienen voz... estoy en una posición en la cual yo puedo hacer eso y lo haré para aquellos que no pueden”.

El acto detonó denuncias y hasta amenazas de muerte contra el jugador; gremios policiacos amenazaron con no otorgar protección al equipo y varios atletas y políticos acusaron que era un acto antipatriótico. Pero poco a poco otros jugadores en su equipo y de otros equipos de la liga profesional de futbol empezaron a hincarse y algunos a levantar un puño.

La estrella del futbol soccer femenil Megan Rapinoe, rubia, empezó a hincarse también en solidaridad, al afirmar que "es importante que gente blanca apoye a la gente de color en esto". Hoy día, jugadores y hasta equipos enteros en universidades y preparatorias hacen lo mismo. Incluso, todas las cheerleaders del equipo de futbol de la Universidad Howard se hincaron el pasado sábado, e integrantes de la banda musical de una preparatoria lo hicieron mientras tocaban el himno.

Superestrellas de basquetbol profesional como LeBron James y Dwayne Wade, entre otros, ya habían expresado su protesta contra la violencia policiaca y la impunidad oficial hace meses.

Otra pancarta en Charlotte, con el mismo lema que ha aparecido en otras protestas en el país durante los último dos años, casi siempre portada por un joven afroestadunidense, sólo dice: "¿Seré el próximo?"

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Contrastes. Policías son tomados como rehenes por cooperativistas y mineros detenidos, en Mantecani, ingresan a oficinas policiales en El Alto semidesnudos.

 

La protesta minera se activó a las cero horas del miércoles 10 de agosto y los puntos de bloqueo fueron instalados en vías de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz en rechazo a la modificación de la Ley General de Cooperativas Mineras que abre -según el gremio- el camino a la sindicalización en las cooperativas. Además exigen la atención de un pliego de 10 puntos

 

La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz

 

Los hechos de violencia derivados del bloqueo de caminos entre el miércoles y viernes, principalmente en Mantecani, dejó un saldo de al menos 318 heridos en filas de los cooperativistas y de la Policía. El Ejecutivo reportó esta mañana la existencia de al menos 66 efectivos policiales heridos y los cooperativistas informaron de 252.


El ministro de Gobierno, Carlos Romero, indicó que en las últimas horas 46 efectivos fueron hospitalizados en la Clínica Universitaria Nuestra Señora de La Paz, en la zona de Llojeta, mientras que los heridos de mayor gravedad son son el subteniente William Flores Silvestre con fractura del metacarpo del pie derecho, y el sargento segundo Santiago Mamani Lazo con diagnóstico de Traumatismo Encefálico Craneano (TEC).


A los 46 se suman 11 policías internados en la Clínica Urme; 3 en el Hospital Obrero y 5 en la Clínica del Sur de la ciudad de La Paz, que junto a otros afectados llegan a "un centenar de policías más o menos que han resultado entre heridos y retenidos en las últimas horas", dijo.


"En otros casos se trata de policontusiones, posiblemente algunos ya están siendo dados de alta, sin embargo, la Policía cumple con su deber de liberar a personas que han quedado atrapadas prácticamente en condición de rehenes en los caminos, especialmente, en la ruta La Paz-Oruro y Oruro-Cochabamba", indicó tras visitar a los efectivos en la Clínica Universitaria.


El presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Carlos Mamani, reportó 252 heridos en sus bases. "Tenemos ocho heridos de gravedad, a un compañero prácticamente le han destrozado la mandíbula (...) otros tienen cortaduras, golpes en la cabeza y costillas rotas. Honestamente da indignación ver a nuestras autoridades que nos quieren confrontar".


La protesta minera se activó a las cero horas del miércoles 10 de agosto y los puntos de bloqueo fueron instaladas en caminos de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz en rechazo a la modificación de la Ley General de Cooperativas Mineras, que abre el camino -según los cuentapropistas- a la sindicalización. Además exigen la atención a un pliego de 10 puntos, en el que -según el Gobierno- exigen se les permitira entregar sus áreas de explotación al empresariado.


La primera jornada concluyó con al menos 41 policías tomados como rehenes por los cooperativistas y 93 mineros detenidos. Ese día los medios de comunicación reportaron la atención en el Hospital Obrero de Oruro de una veintena de uniformados y la existencia de tres efectivos con traumatismos encefalocraneano.


El jueves, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, comunicó que otros policías fueron tomados como rehenes en el sector de Mantecani, donde más de 1.000 mineros instalaron un punto de bloqueo que generó el mayor foco de violencia por el uso de dinamitas, rocas y palos por los cooperativistas para repeler la acción policial de desbloqueo.


La madrugada de este viernes el fiscal Paul Miranda informó a radio Patria Nueva la liberación de 16 cooperativistas, entre ellos cuatro mujeres, detenidos en Mantecani por haberse cumplido las ocho horas de arresto. "En cumplimiento de las ocho horas de la detención se dispuso su libertad", indicó.

 


(12/08/2016)

 

 

 

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Jueves, 28 Julio 2016 11:50

Estado omnipresente

Estado omnipresente

Julio de 2016. Veinticinco 25 años después de la aprobación de la Constitución Política, y 46 desde que fuera expedido el decreto 1355 que regulaba las funciones de la Policía, estamos ante un nuevo Código Nacional de Policía que reproduce los autoritarismos característicos de la Constitución del 86, y que desconoce los derechos fundamentales inscritos en la Carta del 91.

 

 

Su sombra ya nos acecha. El 17 de junio de 2016 fue aprobado el nuevo Código Nacional de Policía (CNP). Sin mayores discusiones ni análisis profundos, es decir, a pupitrazo limpio, los “padres de la patria” aprobaron 243 artículos impregnados de ese tufillo autoritario del que nunca ha podido escapar el establecimiento colombiano, y del cual se ha valido para reprimir y violentar “legalmente” a sus connacionales; Código igualmente impreganado de ese moho moralista con el cual han pretendido inculpar a quien pretenda salirse del marco de la tradición y las “buenas constumbres.”

 

Protección legalista. El Código le permite a las “autoridades”, desde el ingreso a los hogares sin una orden judicial, pasando por la prohibición del trabajo informal en las calles, hasta la retención y la privación de la libertad de una persona, hasta por 6 horas, solo por sospecha. La nueva normativa sintetiza y enfatiza lo que para el neoliberalismo depredador es el deber ser de la vida pública y privada:

 

“Las disposiciones previstas en este Código son de carácter preventivo y buscan establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional al propiciar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los civiles, así como determinar el ejercicio del poder y la función de la policía, de conformidad con la Constitución Política, el ordenamiento jurídico vigente y el criterio de nuestros uniformados”.

 

Palabras elocuentes con un propósito “noble”: el orden y la buena convivencia. Eso diría cualquiera que no fuera más allá de la letra gruesa, de la superficie del texto, sin adentrarse en los entre líneas que esconden un extenso compendio de normas, multas y castigos cuyo fin es modelar conformismos, silencios, y reproducir estereotipos del criminal (generalmente pobre) y formas de ser y de pensar que por años nos han impuesto aquellos que con garrote y hambre aprietan las cadenas de quienes habitan el territorio colombiano. Ellos lo saben: Imponiendo terror y sumisión, el cuerpo armado a su servicio –la violencia legalmente establecida– ha cumplido satisfactoriamente la tarea impuesta por la clase dirigente: mantener, asegurar y perpetuar su dominio autoritario.

 

 

Imprecisiones e incertidumbres

 

El nuevo Código que entrará a regir el próximo año, deja a consideración del uniformado cuando violentar o no los derechos básicos de sus “protegidos”, por lo cual a quienes sufrimos el acoso policial no nos queda más opción que confiar en “su buena fe”. Sobre todo si la Ley no se aplicará al acto policial ni a los procedimientos policiacos, sino hasta después de que se rindan declaraciones y los informes pertinentes y, naturalmente, el proceso jurídico será realizado, en primera instancia por la misma institución.

 

Con todo a su favor. Basta con leer unas cuantas páginas para encontrar una serie de imprecisiones que dan pie a múltiples interpretaciones que propician el abuso de autoridad de la Policía. Es el caso del Artículo 35 “Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades”, en el que indican que una persona “no deberá resistirse a procedimientos de identificación o individualización, ni negarse a dar información veraz sobre lugar de residencia, domicilio y actividad, a las autoridades de policía cuando estas lo requieran. No podrá ofrecer ningún tipo de resistencia a la aplicación de una medida o la utilización de un medio de policía”.

 

Sin ser perspicaces, podríamos concluir: no podemos salir ni a la esquina sin algún documento de identidad, tratar –en lo posible– de no parecer sospechoso. En caso de no tener un documento esto podría ser considerado como “resistirse a procedimiento de identificación o individualización, por parte de las autoridades de policía”, en consecuencia, el uniformado procedería a la “aplicación de una medida o la utilización de un medio de policía”; cuestionar el procedimiento nos costaría 687 mil pesos.

 

 

Espacio público

 

El Código defiende el espacio público privatista y restrictivo. El Artículo 140. Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público, numerales 4. Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes, 5. Ensuciar, dañar o hacer un uso indebido o abusivo de los bienes fiscales o de uso público o contrariar los reglamentos o manuales pertinentes y 6. Promover o facilitar el uso u ocupación del espacio público en violación de las normas y jurisprudencia constitucional vigente:

 

Artículo 28 del decreto 1504 de 1998. -La ocupación en forma permanente de los parques públicos, zonas verdes y demás bienes de uso público, [...] sin la debida autorización de las autoridades municipales o distrital, [...] y la ocupación temporal o permanente del espacio público con cualquier tipo de amoblamiento o instalaciones dará lugar a la imposición de las sanciones urbanísticas que señala el artículo 104 de la Ley 388 de 1997. El Artículo 104 de la Ley 388 de 1997 numeral 4 dice: Multas sucesivas entre treinta (30) y doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales, para quienes ocupen en forma permanente los parques públicos, zonas verdes y demás bienes de uso público [...].

 

Así las cosas, cualquier actividad económica informal realizada en el espacio público y que lo ocupe permanentemente, tendrá una reprimenda de 86 mil, 344 mil y hasta 687 mil pesos y además… Parágrafo 3°. Cuando el comportamiento de ocupación indebida del espacio público a que se refiere el numeral 4 del presente artículo, se realice dos (2) veces o más, se impondrá, además de la medida correctiva prevista en el parágrafo anterior, el decomiso o la destrucción del bien con que se incurra en tal ocupación.

 

No queda lugar a duda alguna: el Código vela por el patrimonio de las grandes cadenas comerciales, en su afán por atacar y erradicar la economía informal, las economías populares y el trabajo no formalizado. Son, entonces, los/as trabajadores/as de las ventas informales criminales que no pagan impuestos y atentan contra el paisaje urbano del ideario de país que invisibiliza los serios problemas de desempleo e inequidad.

 

 

El derecho a la protesta: sí, pero no

 

Aunque en el Código es reconido el derecho fundamental a la protesta, el mismo exige unos requisitos y eleva unas especificaciones que terminan por contradecir totalmente el principio de este derecho y de la libre expresión.

 

-Debe darse aviso por escrito ante la primera autoridad administrativa del lugar o mediante correo electrónico.

-Tal comunicado debe ser suscrito por lo menos por tres personas.

-Tal aviso deberá expresar día, hora y sitio de la proyectada reunión.

-Debe presentarse con 48 horas de anticipación indicando el recorrido prospectado.

-Toda reunión y manifestación que cause alteraciones a la convivencia podrá ser disuelta.

-Los alcaldes distritales o municipales deberán permitir el uso de las vías salvo circunstancias excepcionales o de fuerza mayor.

 

De esta manera, el derecho a la protesta queda sujeto a la aprobación de las autoridades administrativas pues en caso de incumplir alguno de los requisitos, podrá ser calificada como ilegal, por lo que podrá ser disuelta (así llaman a la represión o violencia) por la Policía. Es inherente a la marcha, manifestación y protesta la alteración de la cotidianidad, en cuanto a que esta implica la obstrucción de la vía pública. Como se ha visto en muchas ocasiones, las movilizaciones que recurren al bloqueo de las vías terminan siendo víctimas de la arremetida violenta del Esmad.

 

En el artículo 53 del Código no quedan claras cuáles son las circunstancias excepciones por las que, un alcalde puede prohibir una manifestación, ni a qué se le puede llamar “alteración a la convivencia”. El Código, además, hace énfasis en la manifestación y la protesta pacífica, es decir, aquella que no altere la normalidad de un día cualquiera. Entonces, ¿cómo puede llevarse a cabo la misma para que cumpla con esta exigencia?

 

Entre norma y norma, lo cierto es que estamos ante un simple eufeminsmo. Lo que suscita el nuevo reglamento resalta el empeño del gobierno por silenciar a la oposición, extendiendo por todo el cuerpo social sus prácticas y procederes contrainsurgentes, los cuales siguen inundando su comprensión de la vida cotidiana “anormal” y de la inconformidad social. De esta manera y para lograr su propósito de control y sujeción social, el Esmad, la normatividad penal y este Código de Policía, son parte de los instrumentos de represión legal del establecimiento, sumados, por supuesto, a la represión paramilitar que sigue actuando con total impunidad y complicidad de sectores de las Fuerzas Armadas.

 

No en vano fueron las palabras del presidente Santos respecto al reforzamiento de estas Fuerzas:

 

“[...] Y ahora que vamos a ver, porque eso es parte natural de este proceso, más movilizaciones y protestas sociales, porque ya no va a ser en las selvas a punta de bala, sino por la vías democráticas como se solucionen las diferencias de nuestra sociedad, el papel de nuestra fuerza pública se vuelve también muy importante, el papel de Esmad se vuelve especialmente importante. Preservar la seguridad en todo el territorio es otra prioridad [...] es falso que la institución vaya a desaparecer o que la Fuerza Pública se va a ver disminuida tras el desarme de la guerrilla. Aclaró, eso sí, que tendrán un nuevo rol, como el de hacerles seguimiento a las manifestaciones sociales y a su legalidad, defendiendo el legítimo derecho de quienes decidan protestar ya no con las armas sino en las calles de forma pacífica [...] se requieren personas de temple, personas fuertes, personas con nervios de acero, pero con el corazón ardiente por el amor a su institución y a su Patria para cumplir bien ese indispensable deber de preservar el orden público en todas las zonas y territorios del país”.

 

Palabras más apropiadas para un país con un conflicto en auge y no para uno que se dispone para la paz armada. El aumento de la protesta es directamente proporcional a la inconformidad del pueblo, demostrando así, que la guerra no es causa, sino consecuencia de la desigualdad y la inequidad en Colombia.

 

 

 

 

Además...

 

El Código faculta a la policía para retener a personas que consideren estan bajo la influencia del alcohol u otras sustancias sicoactivas, aún si el consumo de drogas ocurre en la intimidad del hogar. La Policía puede irrumpir en cualquier casa, sin ninguna orden judicial, si consideran que allí se está cometiendo alguna falta contra el Código de Policía. Nuevamente queda sometido al criterio de un policía la posibilidad de vulnerar un Derecho, de intervenir sin que la persona lo solicite o sin que haya una orden judicial, medidas que en un Estado represor como el colombiano, seguramente serán usadas para abusar de la autoridad y realizar acciones con motivaciones políticas y de persecución.

 

Buenas son razones, pero... El CNP castiga a quienes dañen el medio ambiente, criminaliza la minería artesanal, pero no hace mayor referencia a la afectación causada al mismo por las grandes empresas multinacionales. Así las cosas, ¿en dónde quedan los acuerdos, las demandas democráticas de las comunidades y procesos sociales, expresados una vez más en la reciente Minga nacional?

 

En general, este nuevo Código represivo, resume una aspiración de control total con enfoque autoritario, convirtiendo a la Policía en el estandarte de la sociedad a través de la regulación del comportamiento y la convivencia, asumiendo el control pleno de la vida ciudadana. Estamos pues, ante un Código con visión punitiva y criminalista, nunca civilista, que nos remonta cien años en el pasado nacional.

 

 

Colombia: un Estado de sitio

 

Ante el yunque de este nuevo Código Nacional de Policía, bueno es mirarnos en nuestro propio espejo.

 

Estuvo entre nosotros por muchos años. Con la excusa del peligro de una subversión emergente y grupos al margen de la ley, el gobierno colombiano utilizó el estado de sitio para violar sistemáticamente los derechos humanos y las libertades ciudadanas. Con la Constitución de 1886 fue implementada esta herramienta de la opresión.

 

Artículo 121. -En los casos de guerra exterior, o de conmoción interior, podrá el Presidente, previa audiencia del Consejo de Estado y con la firma de todos los Ministros, declarar turbado el orden público y en estado de sitio toda la República o parte de ella.

 

Mediante tal declaración el Presidente investido de las facultades que le confieran las leyes, y, en su defecto, de las que le da el Derecho de gentes, para defender los derechos de la Nación o reprimir el alzamiento. Las medidas extraordinarias o decretos de carácter provisional legislativo que, dentro de dichos límites, dicte el Presidente, serán obligatorios siempre que lleven la firma de todos los Ministros.

 

El Gobierno declarará restablecido el orden público luego que haya cesado la perturbación o el peligro exterior; y pasará al Congreso una exposición motivada de sus providencias. Serán responsables cualesquiera autoridades por los abusos que hubieren cometido en el ejercicio de facultades extraordinarias.

 

Así, durante 70 de los 105 años que mantuvo vigencia la Constitución del 86, el autoritarismo fue elevado a norma de la nación, y con éste la criminalización de la protesta, la persecución política y la “limpieza” social. La violencia en la historia de nuestro país ha moldeado el orden estatal y la manera como éste legisla, priorizando la protección del orden público, sobrevalorando el papel de la Fuerza Pública y la militarización de la vida cotidiana, enfatizando en el castigo y no en la prevención. Corresponde al prolongado uso del estado de sitio el mecanismo y el espacio, además, para consolidar a la Policía y a las Fuerzas Armadas como las herramientas por antonomasia usadas por el gobierno para imponer un sistema opresor en un marco de aparente democracia.

 

 

Estatuto de Seguridad

 

“Por el cual se dictan normas para la protección de la vida, honra y bienes de las personas y se garantiza la seguridad de los asociados”.

 

No fue suficiente el estado de sitio, y le dieron una vueltas más a la tuerca. Eran tiempos de fuerte convulsión social. La inconformidad ganaba espacio a lo largo y ancho del país, y su máxima expresión se logró el 14 de septiembre de 1977, con la realización del Paro Cívico Nacional, del cual echaron mano para declarar una vez más el estado de sitio.

 

El Presidente de entonces, Alfonso López, con el sol a sus espaldas, se resiste a firmar el Estatuto de Seguridad, el que vendría a ser aprobado por quien le sucederá en sus funciones: Julio César Turbay Ayala.

 

Así, en 1978, el 6 de septiembre, mediante el Decreto 1923, fue establecido el Estatuto de Seguridad utilizando como plataforma jurídica el Estado de excepción, con la excusa de combatir los grupos guerrilleros, lo que desencadenaría una constante y difícil situación de orden público.

 

La confrontación entre el Estado y la insurgencia captó la atención de toda la sociedad colombiana, tras bambalinas, quedó encubierta una guerra sucia que fue apoderandose del país con el aliento del narcotráfico. Se criminalizó la oposición política; todo tipo de protesta: sindical, popular, libre circulación y expresión, etcétera. Toda manifestación de inconformidad era catalogada y castigada como subversiva.

 

El Estatuto de Seguridad respondía a la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) según la cual las Fuerzas Armadas debían combatir al “enemigo interno”, al considerar que cualquier opositor o crítico del Estado era una amenaza a los valores políticos importantes del país. Esta Doctrina le otorgaba importancia decisiva a la representación directa de las fuerzas militares en las diversas instituciones estatales.

 

Hace 38 años, bajo tal Estatuto, las fuerzas militares y de policía fueron investidas de facultades judiciales, se inventaron supuestos delitos que atentaban contra el orden público y condenas exageradas por cualquier expresión de inconformidad social o de supuesto desorden social. Por ejemplo, una contravención que era sancionada con 30 días de arresto, entonces era de uno a cinco años de prisión; hoy, con el nuevo Código de Policía, amenazan el bolsillo de las personas. Entonces las cárceles se llenaron de presos políticos. Hoy ya están colmadas por ellos, ¿quedarán repletas?

 

 

 

Publicado enEdición Nº226
Lunes, 11 Julio 2016 07:33

Días y siglos de violencia

Martin Luther King, líder del movimiento por los derechos civiles; el actor Harry Belafonte y el cónsul general de Suecia en Nueva York, Tore Tallroth, durante la entrega de apoyo económico para promover dichas garantías. La imagen, de julio de 1966
 
Sabía que nunca más podría alzar mi voz contra la violencia por los oprimidos en los guetos sin primero hablar claramente del más grande proveedor de violencia en el mundo hoy día: mi gobierno.” Martin Luther King Jr., discurso en la iglesia Riverside, 1967.

 

Fue uno de los discursos más peligrosos de la historia de Estados Unidos. En éste el líder del movimiento por los derechos civiles, apasionado apóstol de la lucha no violenta y una de las voces con mayor autoridad moral a escala nacional, vinculó la batalla por la justicia racial con la de la justicia social y económica, y contra las políticas bélicas. Llamó a conquistar "los trillizos de racismo, materialismo y militarismo" de Estados Unidos. (El discurso completo se puede leer en http://kingencyclopedia.stanford.edu/)

 

Lo que sucedió la semana pasada confirmó que aún se espera ese gran cambio.

 

La semana anterior dos hombres afroestadunidenses fueron agregados a la larga lista de víctimas de lo que llaman "exceso de fuerza" de la policía contra minorías en este país y la impunidad general de las autoridades en todos los niveles –temas al centro del movimiento Black Lives Matter. El jueves por la noche un veterano de guerra, afroestadunidense, decidió matar policías blancos en Dallas.

 

El presidente Barack Obama estaba en Varsovia, donde deploró los hechos y, como casi todas las autoridades nacionales, estatales y locales, exhortó a todos a poner fin a la violencia. Su procuradora general, Loretta Lynch, subrayó: "La violencia nunca es la respuesta". Pero Obama no estaba en una reunión de paz, sino en una cumbre de la OTAN, en la que se está evaluando cómo cercar a Rusia militarmente, entre otras cosas. Días antes había ordenado que se postergara al menos un año el retiro de tropas estadunidenses en Afganistán –ya supera a Vietnam como la guerra más larga en la historia del país y justo en la que había servido el soldado que mató a cinco policías en Dallas esta semana. Poco antes la Casa Blanca divulgó el número aproximado (nadie sabe la cuenta real) de víctimas civiles de su estrategia de asesinatos aéreos por drones en varios países.

 

Mientras tanto, aquí en casa, jóvenes afroestadunidenses repiten una y otra vez que están viviendo en una guerra en contra de ellos, cotidianidad definida por la violencia institucional implícita o explícita.

 

Los datos lo comprueban: en el país más encarcelado del mundo, casi 40 por ciento de reos son afroestadunidenses (sólo son 13 por ciento de la población nacional), uno de cada seis han estado en la cárcel sólo desde 2001 y uno de cada tres probablemente acabará en la cárcel. Fuentes: Sentencing Project, NAACP. Dicho sector de la población corre un riesgo 21 veces mayor que los blancos de morir por balazos de policías (ProPublica).

 

La profesora Michelle Alexander, de la Universidad Estatal de Ohio, en su libro The New Jim Crow, reveló que “hay más afroestadunidenses bajo control correccional –en prisión o libertad condicional– que los que estaban esclavizados en 1850, una década antes del inicio del la guerra civil”. Más aún: señaló que Estados Unidos encarcela un porcentaje más grande de su población negra que Sudáfrica en los tiempos del apartheid.

 

Obama y otros insisten en que las cosas están mejor que antes, que esto no es un regreso a los años 60. Pero en las calles dicen y sienten otra cosa. A pesar del hecho histórico de que un afroestadunidense sea el ocupante de la Casa Blanca, que dos procuradores generales de justicia eran y son afroestadunidenses, de que en la cúpula política (y económica) hay mucha más diversidad racial que nunca, en las calles sigue corriendo sangre sólo por el hecho del color de la piel. "Creo que fue simplemente que era negro en un lugar equivocado", comentó la madre de Alton Sterling, muerto cuando ya lo habían tirado al suelo dos policías en Baton Rouge la semana pasada.

 

Que sucedan estas cosas es parte de la experiencia cotidiana, en la que las madres afroestadunidenses están obligadas a advertir a sus hijos una y otra vez que se porten bien, que no hagan nada para provocar a la policía. Después tienen que pasar todos los días con la angustia de que su hijo aparecerá muerto o arrestado. Todos los días.

 

"Ser blanco es ser ciego", acusa Michael Eric Dyson, profesor de Georgetown y reconocido intelectual afroestadunidense, en un artículo del New York Times, en el cual denuncia que, en general, la "América blanca" sencillamente rehúsa escuchar a los afroestadunidenses. Afirma: "Nos sentimos impotentes para hacerles creer que nuestras vidas negras valen, impotentes para evitar que ustedes maten negros frente a sus seres amados". Concluye: "No los podemos odiar, de verdad. La mayoría de nosotros no. Eso es nuestro regalo a ustedes. No los podemos frenar. Esa es nuestra maldición".

 

En esta coyuntura, los ecos de hace más de 150 años siguen resonando también. Frederick Douglass nació durante la esclavitud. Se volvió uno de los líderes más extraordinarios del movimiento antiesclavista y fue invitado en 1852 a hablar en una celebración por el Día de Independencia, el 4 de julio. "¿Qué es, para el esclavo, el 4 de julio de ustedes? Respondo: un día que revela a él, más que cualquier otro día del año, la grave injusticia y crueldad de la cual es víctima constante. Para él, su celebración es una farsa. Sus gritos de libertad e igualdad, una burla hueca; sus oraciones e himnos, sermones y acciones de gracia con sus desfiles religiosos. Un velo delgado para encubrir crímenes que pondrían en desgracia a una nación de salvajes. No hay nación de la tierra culpable de prácticas más ofensivas y sangrientas que el pueblo de Estados Unidos en esta hora".

 

Que en 2016 aún es necesario gritar aquí  "las vidas negras valen" lo dice todo.

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Lunes, 11 Julio 2016 07:06

Reprimen las marchas por el racismo

En muchas ciudades se marchó con el lema “Black Lives Matter” (“Las vidas de los negros importan”).
 
Miles de personas salieron a protestar contra los últimos casos de gatillo fácil en muchas ciudades de EE.UU. La represión fue tan violenta que Obama acortó su viaje a España para intentar apaciguar la situación con una visita a Dallas el martes próximo.

 

Varias ciudades de Estados Unidos vivieron ayer, otra vez, horas de tensión y violencia cuando miles de personas salieron a las calles a protestar contra los últimos casos de gatillo fácil policial contra negros y fueron reprimidos, con un saldo final de alrededor de 250 detenidos y cinco oficiales con heridas leves.


Uno de los momentos más tensos de la noche se vivió en la ciudad de St Paul, en Minnesota, donde cientos de personas marcharon para pedir justicia por la muerte de Philando Castile, el ciudadano negro que murió, sentado en su auto, al lado de su novia y su hija pequeña, acribillado por un policía blanco durante un control de tráfico.


Según la policía, que intentó dispersar la protesta con bombas de humo y gas lacrimógeno durante horas, al menos 100 personas fueron detenidas, la mitad de ellos por bloquear una autopista interestatal.


La muerte de Castile desencadenó una nueva ola de protestas raciales la semana pasada, junto a la de Alton Sterling, un hombre negro al que dos policías blancos dispararon el martes a quemarropa cuando ya lo tenían reducido en el suelo en Baton Rouge, en el estado de Louisiana.


Tanto los oficiales que mataron a Sterling como el que acribilló a Castile fueron suspendidos y las autoridades prometieron una investigación federal a fondo. Sin embargo, las absoluciones de policías acusados de gatillo fácil en los últimos meses despertaron una desconfianza inmediata.


Por eso, Baton Rouge fue escenario, otra vez, de una de las mayores marchas del país, que, nuevamente, terminó con represión policial y un gran número de detenciones.


Según el movimiento Black Lives Matter (Las vidas de los negros importan), 125 personas fueron detenidas por protestar, entre ellos uno de los líderes más importantes del movimiento, DeRay Mckesson, quien trasmitía en vivo todo lo que sucedía en la calle con su teléfono y a través de las redes sociales.


Las protestas contra la brutalidad y el racismo institucional que una y otra vez exhiben las policías de las ciudades y estados también se multiplicaron en San Antonio, Texas, en Chicago, Nueva York, Washington DC, Atlanta y Miami.


En Dallas, en tanto, la tensión aún se siente en el aire a tres días de la masacre de cinco policías a manos de un ex soldado, que se instaló como un francotirador el jueves pasado y disparó contra las fuerzas de seguridad durante una manifestación convocada por Black Lives Matter.


El sábado una falsa alarma desató un masivo operativo de seguridad alrededor de la sede de la policía local y desalentó cualquier posible protesta callejera. Ayer, el jefe de la Policía de Dallas, David Brown, reforzó el clima de tensión al afirmar en una entrevista de la cadena de noticias CNN que el autor de la matanza del jueves tenía planeado un ataque aún más grande y sangriento para “hacer pagar” a las fuerzas de seguridad su violencia contra minorías como los afroestadounidenses.


Desde España, donde se encuentra en visita oficial, el presidente Obama reivindicó el trabajo de la policía de Dallas y dijo que esa fuerza está intentando mejorar su relación con la comunidad afroestadounidense, “como pide Black Lives Matter”. No obstante, también pidió terminar con los abusos y el racismo.


Horas después, el vocero presidencial, Josh Earnest, informó a través de un comunicado que Obama viajará el próximo martes a la ciudad de Dallas para dar un discurso en homenaje a los cinco policías asesinados el jueves por un joven ex soldado de la guerra de Afganistán.


“El martes, 12 de julio, por invitación del alcalde de Dallas, Mike Rawlings, el presidente viajará a Dallas, Texas, para pronunciar un discurso en un homenaje a las víctimas en el Morton H. Meyerson Symphony Center”, informó Earnest. “En los próximos días habrá más detalles de la visita del presidente a Dallas”, agregó.


En el último año, los asesinatos de ciudadanos negros, en su mayoría desarmados, a manos de policías blancos desataron protestas masivas y, en algunos casos, hasta incidentes y pequeñas batallas campales en el corazón de varias ciudades estadounidenses.


Muertes como éstas no son nuevas en Estados Unidos; sin embargo, desde el asesinato de Michael Brown, un joven negro de Ferguson, Missouri, a manos de policías blancos, en agosto de 2014, las comunidades afroamericanas en el país han decidido responder saliendo a las calles para pedir justicia y cambios reales.


En lo que va del año, 506 ciudadanos murieron por disparos de policías en servicio en Estados Unidos, entre ellos 123 negros, según un relevamiento realizado por el diario The Washington Post.

 

 

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Sábado, 09 Julio 2016 09:44

Un sistema que ya no funciona

Policías de Nueva York patrullan en Central Park en estado de alerta tras la masacre de Dallas.

Un país aparentemente incapaz de avanzar en el tema de la reforma de armas tiene la muy urgente necesidad de reformar un sistema de justicia criminal que es profundamente erróneo y discrimina a las personas de color.

 


Es muy pronto. Apenas estamos sabiendo el nombre de un sospechoso. La ciudad de Dallas –y el país todo– todavía está aturdido. Los seres queridos de los cinco policías muertos están sufriendo lo que el presidente Barack Obama describió como un “ataque vicioso, calculado y despreciable”. Es demasiado pronto para hablar con claridad, o con conocimiento, sobre causa y efecto. Sin embargo, ya está claro que Estados Unidos alcanzó otro hito en su larga y frustrante lucha con la violencia armada. Al igual que el ataque del mes pasado en la discoteca Pulse de Orlando, que fue el tiroteo más mortífero en la historia moderna de Estados Unidos, el ataque del jueves por la noche dio lugar a la mayor pérdida de vidas de los agentes de policía desde los ataques del 9/11.

 

Una ciudad todavía está tratando de deshacerse de su asociación como el lugar donde el presidente de Estados Unidos John F. Kennedy fue asesinado hace más de 50 años ahora tendrá que hacer frente a este nuevo horror. El único sospechoso cuyo nombre surgió –después de los disparos no era preciso cuántos estaban implicados– es Miqueas Xavier Johnson. La policía dijo que estaba enojado por la oleada de homicidios de negros y minorías sospechadas. Es una ironía que, al parecer, calmó su furia atacando a los agentes que estaban de servicio en una gran manifestación pacífica contra esas mismas matanzas.

 

El jefe de policía de Dallas David Brown le dijo a la prensa ayer que durante un largo enfrentamiento con la policía, el sospechoso –a quién no nombró– dijo que “quería matar a los blancos, especialmente los oficiales blancos”. La matanza de los oficiales, y las heridas a otras siete personas, se produjeron apenas días después de dos incidentes de alto perfil en el que hombres negros fueron asesinados por agentes de policía en diferentes partes del país, sus muertes grabadas en un video. Alton Sterling murió el martes por agentes mientras yacía boca abajo en el suelo, en Baton Rouge, Louisiana. Philando Castilla murió el miércoles a manos de agentes en Minneapolis. El gobernador de Minnesota Mark Dayton pidió que el Departamento de Justicia que investigara la muerte de Castilla, ocurrida en un control de tránsito.

 

“¿Esto hubiera ocurrido si el conductor era blanco, si los pasajeros eran blancos? Creo que no”. dijo Dayton. Tal vez quienes llevaron a cabo los asesinatos en Dallas creían que estaban actuando en nombre de las muchas personas negras y de minorías que han muerto a manos de la policía. Sin embargo, la familia de Sterling le dijo a la prensa que rechazaban “reprobables actos de violencia” contra los agentes. Cuando se le preguntó a la madre de Castilla sobre el ataque, le dijo a CNN que recién se enteraba de lo que había pasado.

 

A medida que las familias de los cinco agentes muertos en Dallas - hasta el momento se han identificado a Brent Thompson y Patrick Zamarripa - lloran a sus seres queridos, muchos van a tratar de utilizar los ataques para apoyar su argumento de que existe una “guerra contra el policía”. Algunos líderes sindicales de la policía han afirmado que la administración Obama y el movimiento Black Lives Matter –la marcha del jueves por la noche no fue organizada por el movimiento– hacen que la policía se sienta como si estuviera “en estado de sitio”. Sin embargo, los datos sugieren lo contrario. Las cifras determinan que el 2015 fue uno de los años más seguros para la aplicación de la ley en un cuarto de siglo. El número total de oficiales muertos, 37, fue alrededor del 20 por ciento menos que en 2014.

 

“Para aquellos que parecen creer que los agentes de policía están siendo asesinados a tasas más altas, y que tiene algo que ver con las protestas contra abusos de la policía, esto realmente muestra que no hay nada de eso,” dijo el profesor de Derecho de la Universidad de Pittsburgh Derecho y experto en vigilancia David Harris el año pasado. Debería ser innecesario decir, que un solo agente de policía herido o muerto, es demasiado. Se debe llorar a los oficiales que fueron muertos, una investigación deben descubrir si había otros involucrados en el ataque o si Johnson estaba actuando solo. Los responsables deben ser castigados.

 

Al mismo tiempo, la tragedia de la noche del jueves no debe distraer a Estados Unidos, un país aparentemente incapaz de avanzar en el tema de la reforma de armas, de la muy urgente necesidad de reformar un sistema de justicia criminal que es profundamente erróneo y discrimina a las personas de color. Las fuerzas policiales de todo el país, incluidos los responsables de la muerte esta semana de Castile y Sterling, son parte de ese sistema. Los agentes que fueron asesinados el jueves murieron en acto de servicio, proporcionando honorable seguridad para los manifestantes que exigen la reforma de un sistema que es institucionalmente defectuoso. Por el bien de todos, ese cambio no debe moderarse, no puede esperar más.

 

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Páginal12.

Traducción: Celita Doyhambéhère.

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El nuevo Código de policía y el Estado securitario

Todas las sociedades necesitan un orden público mínimo, necesitan la convivencia entre sus integrantes, pues lo otro es la selva, el sálvese quien pueda, la ley del más fuerte y el caos sistémico.


Así es desde hace 13 mil años, desde el surgimiento de un orden político mínimo, en que las autoridades incipientes tenían la competencia de establecer unas normas básicas de armonía comunitaria.


Muchos siglos después surgieron grupos especiales más sofisticados encargados de esa tarea colectiva.


Las policías en los Estados occidentales se organizaron, en principio, para asumir problemáticas sanitarias y de higiene, como bien lo anota M. Foucault. Con la expansión de las ciudades y la configuración de las sociedades de masas, tales cuerpos se focalizaron en el control de lo que se consideraban patologías sociales que afectaban el funcionamiento normal de las sociedades. Se necesitaba intervenir los comportamientos disfuncionales, al decir de la naciente sociología burguesa, que consideraba las protestas obreras y populares como un desviacionismo enfermizo.


En Colombia, fue el Presidente Carlos Holguín, en 1882, recién se organiza el Estado nacional con la Regeneración, quien fundo la policía con el apoyo de una misión técnica francesa.


Ese cuerpo civil armado fue instrumentalizado como un factor partidista. Así sucedió por muchas décadas en que la policía era más un instrumento liberal o conservador para imponerse sobre el adversario.


Además de la policía, en Colombia tenemos otras estructuras como la Guardia indígena que se ocupa del orden público en los resguardos y cabildos.


En los tiempos recientes, la policía ha mutado hacia niveles más técnicos y profesionales. Su plataforma de trabajo principal es el Código de policía nacional, con cuatro libros específicos, aprobado en 1971 y es la matriz de los Códigos municipales de policía dada la competencia policial de los alcaldes.


Después de varios intentos ha sido reformado el actual Código que estuvo vigente durante 45 años.


Las Cámaras legislativas han aprobado uno nuevo con 245 artículos. Se trataba de adaptarlo a los nuevos contextos de las sociedades de riesgo.


Las reformas introducidas eran necesarias, pero algunas de ellas se aproximan a las concepciones neoliberales en boga de los Estados securitarios y las sociedades de control que eliminan garantías y derechos democráticos y civiles fundamentales. A nivel mundial cada vez más los gobiernos neoliberales endurecen la legislación en pro de la perdida derechos fundamentales y la represión frente a su exigibilidad.


Esas disposiciones serán demandadas por reconocidos líderes de los derechos humanos que las consideran muy graves.


Veamos un panorama general del nuevo Estatuto


De acuerdo con altos oficiales de la Policía con el nuevo código, la actividad de la Policía será una labor estrictamente material y no jurídica, y su finalidad es la de preservar y restablecer todos los comportamientos que alteren la sana y civilizada convivencia.


Para los directivos policiales del gobierno, este es un Código moderno que puede interpretar mejor las amenazas a la seguridad ciudadana en temas cotidianos como el hurto callejero, microtráfico, ruido, el tráfico de celulares, el secuestro. Este Código de Policía y Convivencia les dará un nuevo aire, según Mindefensa, de responsabilidad cívica a los ciudadanos. Con esto la Policía aumenta sus compromisos y se espera que su implementación cambie la cultura ciudadana. No solamente la fuerza policial, sino también los deberes de los ciudadanos frente a los derechos colectivos y frente al Estado.


De acuerdo con el Ministerio de Defensa, este Código se ajusta a la Constitución de 1991 y permite enfrentar con rapidez la invasión de espacio público, a quienes botan basura, hacen grafitis en sitios no autorizados o le dan mal uso a la Línea 123 de alertas frente al peligro.


El Código permitirá, según sus defensores, la intervención de la Policía en casos de mascotas ruidosas o de música a todo volumen en un vecindario, conjunto o edificio.


Multas


Habrá multas para quienes no recojan las necesidades que hacen sus mascotas en espacios o sitios públicos, inclusive, por pasearlas sin collar o bozal (en caso de razas peligrosas).


El ingreso de la Policía a una casa sin orden judicial se hará únicamente en casos de urgencia o de peligro inminente para la vida de una persona como en casos de violencia o abusos contra una mujer, menores de edad o cualquier persona que esté dentro de un domicilio.


Se incluyeron en el articulado, de manera clara, varias medidas encaminadas a castigar cualquier comportamiento que afecte a los grupos sociales de especial protección constitucional. Al respecto, nadie podrá limitar u obstruir las manifestaciones de afecto público –que no sean actos sexuales– en razón a la raza u orientación sexual. Es decir, hechos como el ocurrido hace un par de semanas en Medellín con una pareja LGBTI, que fue reprimida justamente por dos policías, no podrán repetirse según lo establecido en el papel.


Se dieron autorizaciones para que uniformados de la Policía Nacional puedan registrar personas, bienes, así como ingresar a las instituciones educativas cuando se produzcan conductas que afecten la convivencia en seis casos. 1) cuando no exista fiabilidad sobre la identidad de la persona; 2) para establecer si porta armas o elementos que ponen en riesgo la convivencia; 3) si hay posibilidad de que la persona haya robado; 4) si la personas posee drogas o sustancias prohibidas; 5) si hay que prevenir alguna conducta contraria a la convivencia; y 6), si se debe garantizar la seguridad de los asistentes a un evento, o si se requiere la identidad de una persona que quiere ingresar a un lugar.


Otro de los artículos otorga facultades a los alcaldes para establecer toques de queda a los niños, niñas y adolescentes, incluso de Unicef; pero se aprobó con la condición de que el Ministerio Público y el Bienestar Familiar acompañarán la implementación de la medida.


También se estableció la posibilidad de cortar el fluido eléctrico para quienes no hagan caso a las autoridades en repetidas ocasiones de no hacer ruido.


Otra norma es que los establecimientos públicos están en la obligación de tener servicio de baño, especialmente para las mujeres en estado de embarazo, niñas, niños y adultos mayores.


Hay medidas también contra los colados en los sistemas de transporte público masivo. Se aprobó además que en las busetas no pueda haber exceso de ruido. Quien utilice un equipo de sonido a alto volumen que incomode a los pasajeros, la Policía le podrá quitar el equipo, dado que lo pueden hacer porque se estarían incumpliendo las normas de convivencia.


Además se sancionará a personas impidiendo la circulación de los pasajeros ofreciendo bienes o servicios durante la circulación del medio de transporte.


También pone multas a quienes impiden el ingreso o salida de mujeres embarazadas, adultos mayores, niños y personas con discapacidad; y a quienes transporten mascotas sin cumplir la reglamentación para hacerlo.


Podrán recibir amonestaciones o multas quienes no respetan las filas, las sillas preferenciales y no cedan el puesto a personas en condición vulnerable, así como quienes agredan, empujen o irrespeten a quienes se transportan en el medio y todas las acciones que pongan en peligro la seguridad operacional de los medios de transporte.


Otra de las sanciones importantes es contra las personas que invadan la intimidad en las redes sociales o se agreda a las personas.


la Policía y las autoridades civiles podrán por ejemplo, combatir con más facilidad la contaminación del medio ambiente producida por la minería ilegal como se está haciendo ahora contra los grupos que explotan ilegalmente los recursos, incinerando la maquinaria y ocupando estos lugares.


Tendrá que pagar $91.927 la persona que ingrese, o que intente ingresar, a un niño o menor de edad a un evento en el que la vida o integridad –física y moral – del mismo pueda estar en riesgo.


Los conductores que no respeten señales de tránsito o que realicen maniobras peligrosas o de alto riesgo, también serán multados con cuatro salarios mínimos diarios, es decir, $91.927 pesos.


Habrá multas de $183.854 (ocho salarios mínimos diarios) para quienes compren, alquilen o usen celulares reportados por robo, pérdida o que tengan el número de identificación físico reprogramado, remarcado o borrado.


Habrá multas de $367.709 (16 salarios mínimos diarios) a quien destruya, manipule, altere o fuerce las puertas o sistemas de acceso en un sistema de transporte masivo (estaciones, buses articulados, metro, tranvía, vehículo férreo, cable aéreo) o vehículos de servicio público o urbano de pasajeros.


Impedir el uso y funcionamiento normal de los sistemas de transporte mencionados anteriormente, salvo momentos de emergencia, también implica multas.


El nuevo Código contempla sanciones de $735.418 (32 salarios mínimos diarios) por botar basura en la calle, irrespetar o retar a la autoridad policial, incumplir, desobedecer o interrumpir la labor de un policía, resistirse a la aplicación de una medida o norma, agredir de cualquier manera o lanzar objetos o sustancias a un uniformado y utilizar de manera ilegal la línea telefónica de seguridad y emergencia 123. A partir de ahora se cargará a la factura de cobro del servicio telefónico una multa de hasta $90.000 por cualquier llamada innecesaria a esta línea.


El nuevo Código de Policía se comenzará a aplicar dentro de seis meses.


Las críticas democráticas


Sin embargo, al margen de modernizar un código vigente desde 1971, hay quienes consideran que el remedio puede resultar peor que la enfermedad, pues varios de los artículos irían en contra de los derechos civiles fundamentales de los colombianos.
El ingreso de policías a los domicilios.


Tal vez el punto más polémico que puede llevar a pensar en un desbordamiento de las actividades de la Policía es el que establece la posibilidad de que los uniformados puedan “penetrar” en los domicilios, sin una orden judicial, “cuando fuese de imperiosa necesidad”. La intención, de acuerdo al texto aprobado, es socorrer a alguien que de alguna manera pida auxilio y se encuentre en peligro dentro de una residencia. Y aunque se establece que los policías que lo realicen deberán rendir de inmediato un informe a su superior, con copia al propietario del inmueble, donde conste la razón por la cual se realizó el operativo, ello no es garantía de una eventual extralimitación de sus funciones.


Sobre el uso de la fuerza


Otro tema controversial está relacionado con las medidas para reglar el “uso de la fuerza” por parte de la Policía. Aunque se aprobó que este sea el medio “material, necesario, proporcional y racional” empleado por los uniformados como último recurso físico para proteger la vida e integridad física de las personas, no es claro hasta dónde pueden llegar. La ley apenas habla de la posibilidad de los policías de “escoger” el uso de la fuerza que cause menor daño a la integridad de las personas y de sus bienes.


El traslado de los borrachos


También se estableció una medida denominada “traslado por protección”, cuando se esté embriagado o bajo el efecto de sustancias psicoactivas. Si bien el propósito inicial es proteger a los ciudadanos cuando no estén en pleno uso de su conciencia, hay quienes consideran que ello podría llevar a posibles abusos de autoridad de los uniformados, algo que ya se ha visto.


Proceso verbal inmediato


De otro lado, se mantuvo en la reforma el llamado “trámite del proceso verbal inmediato”, que significa que una persona que presente un comportamiento contrario a la convivencia, podrá ser retenida para ser oído en “descargos”. Aunque se quiere instituir una conciliación frente a cualquier tipo de discrepancia entre ciudadanos, paradójicamente los uniformados en los Centro de Atención Inmediata (CAI) podrían pasar en cierta medida a tomarse atribuciones propias de la justicia.


Facultades a los alcaldes en materia de movilidad


En el nuevo código también se incluyó otro punto polémico encaminado a darles facultades a los alcaldes para que restrinjan la movilidad o permanencia de menores de edad en el espacio público o en lugares abiertos. La intención apunta a prevenir la ocurrencia de eventos que puedan poner en peligro o afectar la vida de niños, niñas y adolescentes, pero abre la puerta a establecer toques de queda permanentes para esta población.
Los vendedores ambulantes y el espacio público.


Se aprobaron medidas de “protección” del espacio público. Por ejemplo, hay sanciones para quienes lo ocupen "en violación de las normas vigentes”. Así las cosas, los vendedores ambulantes podrían ser objeto de permanente persecución.


Los grafitis


En el mismo sentido, se prohíbe expresamente “escribir o fijar en lugar público o abierto al público grafitis”, abriendo de nuevo el debate sobre el lamentable episodio registrado en el caso de Diego Felipe Becerra, muerto en confusos hechos a manos de un uniformado.


Un Código prohibicionista


Es un Código prohibicionista que lo único que va a lograr es que los colombianos odien a los policías; no va a cooperar a la convivencia sino que va a generar abusos permanentes; es un Código hecho por policías para otorgarle poderes exorbitantes a la Policía, señalan los críticos de la nueva norma.


Código peligrosista


Es un Código ‘peligrosista’ que parte de la lógica de que los ciudadanos son delincuentes, de que los jóvenes son peligrosos, igual que los niños y las niñas. Invierte todos los principios de un Estado social de derecho y se convierte en un código inaplicable, para Estados securitarios y sociedades de control autoritario. No sirve para el posconflicto ni la convivencia ciudadana.


Las organizaciones sociales denuncian que éste es un nuevo código de policía para la represión. Si bien las necesidades son cada vez más puntuales y la vieja norma se aprobó en 1970, cabe preguntar por qué esta nueva normatividad no piensa un país en medio de la recta final de los acuerdos para la paz y un escenario de implementación de éstos a futuro, asi las normas deberían girar en torno a la implementación de lo acordado en la Habana y la construcción de caminos de reconciliación y Paz. Sin embargo estas medidas demuestran haber sido hechas para la represión y no para la convivencia democrática en paz.


Así las cosas, la Corte Constitucional y la movilización ciudadana tendrán la última palabra sobre este álgido tema, en cuanto a construir una normatividad para la convivencia o seguir pensando en el enemigo interno, como aún se piensa y educa en las escuelas de la policía.


Las manifestaciones


En lo relacionado con las manifestaciones de protesta, el derecho a la protesta será limitado al permiso de las autoridades. De acuerdo con el nuevo Código, éstas no se podrán realizar de forma espontánea –como ocurre, por ejemplo, cuando los ciudadanos inconformes con el servicio de Transmilenio se toman las vías–, sino dando previo aviso a las autoridades. Según la norma, solo se permitirán las protestas que busquen un “fin legítimo”, lo cual implica cerrar la agenda de la democracia.
Pros y contras de la nueva norma de convivencia que ha sido aprobada y debe ser analizada con mucha ponderación.

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Miembros de la Policía Militar de Brasil en el Complejo de la Maré.
 
A medida que se acerca la fecha de inauguración de los Juegos Olímpicos, la violencia aumenta en estas comunidades. La Policía Militar custodia los 'morros' cariocas mientras las violaciones de derechos humanos se multiplican.
 

 

RÍO DE JANEIRO.- Mientras algunos cuentan los días para ver a los astros olímpicos saltar a las arenas de Río 2016, una gran parte de la población está asustada. Las personas que viven en los morros (cerros), en las famosas, y últimamente hasta turísticas favelas, sabe lo que les espera cuando un gran evento internacional llega a la ciudad.

 

Cuando se jugaron los Panamericanos de Río de Janeiro en 2007, fue el año más violento de la última década en la capital carioca. La Policía Militar asesinó a 1.330 personas en acciones que fueron catalogadas como "derivadas de la intervención policial", algo así como homicidios en defensa propia. También fue el año de la conocida “Matanza del Pan” (en referencia a estos Juegos) que surgió de una operación policial en la favela del Complejo del Alemán donde se registró el asesinato de 19 jóvenes (once de ellos no tenían que ver con el tráfico de drogas), aunque los cálculos extraoficiales hablaban de al menos cuarenta muertos.


Río de Janeiro es el Estado que históricamente tiene las tasas más altas de letalidad en el transcurso de las operaciones policiales. En los últimos 10 años las cifras ascienden a un total de 8.000 personas asesinadas durante la invasión de las favelas. Según datos de Amnistía Internacional, en los últimos seis años la Policía carioca ha sido responsable de entre un 13% y un 21% de los asesinatos totales de la ciudad. En 2015 una de cada cinco personas fallecidas murió por “homicidio derivado de acción policial”. El presidente de Amnistía Internacional Brasil, Atila Roque, advierte de que ese número “podría ser más elevado” ya que muchos de los asesinatos son registrados como “homicidios”, una etiqueta genérica que sirve para no culpar a las fuerzas de seguridad. Eso fue lo que sucedió con el menor de apenas 10 años, Eduardo Jesús, asesinado por la Policía en abril de 2015 en la puerta de su casa, mientras esperaba que su hermana volviera de la escuela: “Así como maté a tu hijo puedo matarte a ti también, porque él era un hijo de bandido”, le espetó el policía a la madre de Eduardo Jesús, mientras ella le gritaba desesperada.

 

La Copa del Mundo de 2014 también trajo consigo un disparo en la tasa de homicidios “derivados de acción policial”. En Río de Janeiro subió un 40% y en Sao Paulo llegó a aumentar un 80%. El Complejo de la Maré, una comunidad formada por 16 favelas cariocas donde viven alrededor de 140.000 personas, fue invadida por la Policía Militar poco antes de que empezara el Mundial. La previsión inicial era que se quedaran mientras durara el evento, pero los militares no se marcharon hasta un año después. Los habitantes de la comunidad denunciaron todo tipo de abusos desde asesinatos extra judiciales, palizas, invasiones de sus casas en las que se incluía el robo de objetos y dinero bajo amenaza de fusil.

 


Militarización de las favelas


La Policía Militar abandonó el Complejo de la Maré en julio de 2015 y en estos días está a punto de volver. El secretario de Seguridad Pública del Estado de Río de Janeiro, Jose Mariano Beltrame, anunció que 60.000 policías y 20.000 militares ocuparían la ciudad para actuar durante los Juegos Olímpicos. No apuntó cuántos de ellos subirían a las favelas, ni tampoco dejó claro cuánto tiempo se quedarían allí, pero a medida que se acerca la fecha las operaciones policiales han aumentado. En las primeras semanas de abril al menos once personas fueron asesinadas en el Complejo del Alemán y otras tantas (no hay datos hasta el momento) fueron heridas después de horas de disparos en la zona. En mayo fueron las favelas de Jacarezinho, Manguinho, Acari y una vez más el Complejo del Alemán, donde murieron otra decena de vecinos en el intercambio de tiros entre Policía y facciones del tráfico de drogas, entre ellos un menor de cinco años que también jugaba en la puerta de su casa cuando le alcanzó la bala.


Las políticas de Seguridad Pública del Estado de Río de Janeiro se basan en la militarización de las favelas. Por un lado desde las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) y por otro, desde las operaciones de guerra con tanques y armas letales. La diferencia entre ambos tipos de control policial apenas existe: “Las UPP eran una buena idea y se convirtieron en un fracaso porque no trabajan como policía comunitaria sino como unidades militarizadas de control y represión”, cuenta a Público, Atila Roque, director de Amnistía Internacional Brasil.

 

Después de diez años de UPP el balance de los vecinos es desalentador: “Los militares que suben son muy jóvenes, sin experiencia, se ponen a pegar tiros en cualquier momento, entran en nuestras casas, nos roban, nos amenazan, es una pesadilla”, denuncia Irone Santiago, cuyo hijo fue tiroteado por la Policía y hoy se encuentra parapléjico y con una pierna amputada. “Tenemos miedo y vivimos con ansiedad porque sabemos que en cualquier momento van a subir y volveremos a vivir bajo tiros”, dice Santiago, habitante de la favela de la Maré desde hace más de treinta años.


El pasado mes de abril el secretario de Seguridad, José Mariano Beltrame, advirtió que quien “se atreva a disparar a un policía va a recibir un tiro”. La polémica frase la dijo tras el entierro de un miembro del BOPE (Batallón de Operaciones Espaciales que sube a las favelas) asesinado por narcotraficantes en el transcurso de una operación. Las muertes de policías también han aumentado en un momento donde el Estado de Río de Janeiro se encuentra en quiebra total y los policías reciben sus salarios, de por sí son bastante bajos, atrasados.


“El policía por un lado es un verdugo, porque mata a una escala inaceptable, pero también es una víctima. La mayoría tienen el mismo perfil que sus víctimas, son negros o pardos, jóvenes y de origen humilde”, explica Roque. Desde Amnistía Internacional reconocen que la precariedad que sufre la Policía de Río de Janeiro por la crisis económica del Estado hace que “aumente el estrés y también la violencia”. Pero dejan claro que no pueden seguir usando argumentos para vulnerar los derechos humanos: “No puede haber un estado de excepción para justificar la seguridad en los Juegos Olímpicos”, dice Atila Roque. El presidente de Amnistía Internacional no sólo se refiere a la militarización de las favelas y el aumento de asesinatos, sino también a la nueva normativa de Ley Antiterrorista (al estilo de la Ley Mordaza) que criminaliza cualquier manifestación que se produzca en determinados puntos de la ciudad desde el 4 de junio y a lo largo de todo los Juegos Olímpicos. “Durante el Mundial fue lo mismo, hubo periodistas y activistas de derechos humanos presos e incluso heridos, no podemos permitir que nos quiten la libertad de expresión”, sentencia Roque.

 


“Soy un tipo normal”


Víctor Santiago nació en la Maré, en una de las muchas zonas de Río de Janeiro a las que el Estado no llega si no es en forma de fusil o de tanque. Insiste en que siempre fue un “hombre normal”, pagaba sus cuentas, trabajaba por la mañana y estudiaba por la tarde un módulo para ser técnico de seguridad. Explica todo esto para justificar “el absurdo” de lo que le sucedió la madrugada de aquel sábado de febrero de 2015. Víctor volvía a casa en el coche de un amigo cuando un primer control militar les paró para pedir documentación. Todo normal y siguieron adelante. Poco antes de llegar a su casa se toparon con un segundo control. Esta vez los militares sin intercambiar palabra comenzaron a disparar contra el vehículo. El conductor recibió un tiro y Víctor Santiago dos disparos. “Mi hijo se despidió diciéndole a mi nieta que al día siguiente la llevaría a la playa, pero sólo vino 98 días después”, cuenta la madre de Víctor, Irone Santiago, con lágrimas en los ojos. Su hijo estuvo una semana en coma, y casi tres meses hospitalizado con el pulmón perforado y sesiones de hemodiálisis. Las dos balas que recibió le dejaron parapléjico y con una pierna amputada.


A sus 30 años Santiago responsabiliza al Estado de Río de Janeiro de lo que le pasó: “Fue culpa de la incompetencia de los gobernantes que tenemos a quienes no les importamos nada”. Asegura que uno de las cosas que más le dolió fue salir del hospital en silla de ruedas y verse sin ningún tipo de ayuda: “El Estado no me ha dado ni una tirita”, repite.

 

La silla de ruedas con la que se mueve, la cama de hospital en la que pasa prácticamente las 24 horas del día y los pañales que usa para sus necesidades son donaciones de los vecinos de la comunidad. Su madre dejó su trabajo de costurera para cuidarle y se ha convertido en una activista dentro de la favela mientras lucha con poco éxito para que el caso de su hijo sea juzgado: “Tan sólo un año después de los hechos vino la Policía Federal para hacer una pericia del cuerpo de Víctor, y lo más absurdo de todo es que en el caso mi hijo constaba como testigo y no como víctima”.

 

Irone dice no tener miedo de posibles represalias, sabe que la Policía suele amenazar a los familiares de las víctimas, pero hasta ahora nadie le ha dicho nada. Asegura que como su hijo hay otras muchas personas que tienen miedo a hablar: “No se imagina la cantidad de gente mutilada que hay en la Maré, por no hablar de los asesinatos. Una vecina que tenía un comercio salió por la ventana para pedir a su ayudante que cerrara la tienda y le pegaron un tiro, así de simple. Quieren acabar con todos nosotros, no tenemos derecho a nada”.

 

 

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El Bronx, un reflejo del control paramilitar vigente en sinnúmero de territorios del país

Casas adaptadas con calabozos y zonas para tortura y descuartizamiento –como lo instituyeron los paramilitares en muchas otras regiones del país donde impusieron su ley de terror y violencia–, son parte de las prácticas instituidas en este barrio localizado en pleno corazón del centro de Bogotá, desde donde controlaban buena parte del tráfico de narcóticos hacia muchos de los barrios de la capital del país, así como su control social y territorial.

 

La mañana del sábado 28 de mayo no fue normal para quienes habitaban de manera permanente el barrio El Bronx en Bogotá, o para quienes pasaban por allí de manera ocasional o rutinaria para surtirse de bazuco, marihuana, u otros alucinógenos, así como para participar de fiestas en las cuales podían pagar por tener sexo con menores de edad.


En efecto, la amanecida los sorprendió rodeados por más de 2.500 integrantes de la Policía y el Ejército, acompañados por funcionarios de la Fiscalía, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y de las secretarías de Salud e Integración Social del Distrito; su propósito: desarticular el poder violento instituido allí.


El operativo empezó a prepararse hace más de un año cuando el director del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, el señor Julián Quintana fue comisionado por el Fiscal General para que descifrara lo que allí estaba sucediendo. La orden le llegó luego que dos de sus investigadores fueron secuestrados allí. En el curso de la investigación la sospecha, y posterior confirmación, de lo allí encubada era tenebroso: el secuestro de extranjeros que se aventuraban a ingresar allí en busca de narcóticos, así como funcionarios públicos que terminaban retenidos allí y por los cuales pedían dinero a cambio de su libertad.


En ese entonces el exalcalde Gustavo Petro declaró: “El Bronx es un territorio en disputa entre el Estado y la mafia, que no es el habitante de la calle, este es usado por la mafia. La mafia vive en Madrid, Quito, Caracas, Miami, así como en barrios muy pudientes de Bogotá”. Para ese entonces (finales de mayo de 2015) habían sido asesinados unos 30 “habitantes de la calle”*, cuya muerte fue relacionada con el intento de las mafias “por mantener en la esclavitud al habitante de la calle". En esa lucha, según el burgomaestre, también habían sido asesinados funcionarios distritales que realizaban trabajos sociales en el Bronx** .


Crimen cruel y organizado. Prostitución infantil, asesinatos y desmembramientos, esclavitud.


Como ya lo habían detectado en sus investigaciones, el operativo permitió desarticular redes de prostitución infantil, de esclavitud, macabros asesinatos, además del tráfico de drogas. “Una niña de 14 años murió por sobredosis en el Bronx el año pasado. Integrantes de la organización violaban a los niños/as; tenían, además, un portafolio de prostitución en la internet. También hay casos de homicidio; mataron a un policía, hay casos de homicidio por el control del territorio, lo mismo que en Ciudad Bolívar. Encontramos canecas en las que metían a las personas asesinadas para deshacer sus cuerpos. También tenemos documentados los casos de torturas: con armas de fuego, con armas blancas; hasta con perros eran torturadas las personas”, declaró Julián Quintana a radio Caracol.


“[...] Según nuestras fuentes y nuestros agentes, teníamos los reportes de que en estos lugares se estaba descuartizando personas, pero no teníamos el material probatorio. Ayer hasta altas horas de la noche nuestros peritos científicos estuvieron en cada inmueble que teníamos identificados y, efectivamente, encontramos rastros de sangre humana. Lo que nos señala que allí torturaban y descuartizaban a la gente. [...] ahora (que ingresamos al Bronx) tenemos la facilidad de recoger elementos y material probatorio para fortalecer la hipótesis de la fiscalía”.


“[...] Vendían licor adulterado, tenían pequeñas fábricas para producir licor. Robaban bicicletas, partes de automotores. Tenían más de 900 máquinas ilegales de juego. Contrataban habitantes de la calle para cometer delitos. Eran quienes transportaban las drogas y quienes sacaban los muertos que fallecían dentro del Bronx. Hacían peleas de niños y de habitantes de la calle y apostaban a ver quién ganaba. Y, finalmente, el reclutamiento de menores que hacían en los colegios del sur de Bogotá con el fin de explotarlos sexualmente y para el contrabando de cigarrillos”.
Corrupción de funcionarios.


“Tampoco fue posible hacer el operativo antes porque tenían comprados a funcionarios de la policía y de la fiscalía. [...] Dentro de la investigación establecimos que había agentes tanto de la policía como de la fiscalía que estaban trabajando con esta organización, y uno de los problemas que tuvimos fue la filtración de la información. Siempre que nosotros queríamos hacer una intervención se filtraba la información y los delincuentes huían, quedaban allí sólo los habitantes de calle, así que nos tocó con la policía traer funcionarios, inclusive del CTI del nivel central y de la policía fuera de Bogotá, con el objetivo de que no se filtrara la información. Estaban pagando hasta 80 millones de pesos por información acerca del operativo del Bronx. Afortunadamente eso lo pudimos mitigar y le dimos una sorpresa a la organización”.


El operativo


Reconociendo que el problema del narcotráfico no es el drogodependiente sino las organizaciones criminales y los policías corruptos que se lucran con este negocio, el director del CTI declaró: “El objetivo de la Fiscalía no era el habitante de la calle; el objetivo de la Fiscalía era la estructura de la organización criminal, la cual identificamos y se hicieron dos grandes capturas ayer en el operativo; la de alias “Teo” –que es el jefe de finanzas de la organización– y alias “El flaco” –quien es el jefe de sicarios de la organización–. Además de esas, hicimos otras 11 capturas de los ‘saiayines’, en la operación”.


La sorpresa no sólo fue para los delincuentes. “Encontramos un túnel de aproximadamente 200 metros que iniciaba en el sector del Bronx y salía a una bodega a dos cuadras donde los ‘saiayines’ ingresaban la droga, también transportaban armas y además era como un canal de comunicación para despistar a las autoridades. [...] Descubrimos un arsenal de 30 armas largas y cortas. De estos francotiradores y algunos ‘saiayines’ fueron capturados el día del operativo.”


En el operativo también se incautaron varios millones de pesos en droga y dineros producto de la venta. (entre semana allí vendían) “[...] 70 millones diarios, y 150 millones de pesos los fines de semana. El día del operativo logramos incautar aproximadamente 40 millones y 100 mil 200 dosis de droga, lo que representa más o menos 100 millones o 150 millones de pesos en su venta en la calle”.


Operativos en el pasado


En 1999 (primer gobierno de Peñalosa) fue realizado un operativo que desalojó a más de 5 mil personas habitantes de calle y demolieron cientos de casas donde funcionaban ollas y otros mercados ilegales A ese infierno le llamaban El Cartucho (Una disputa de varias décadas). En ese entonces la operación fue presentada como una de las más ambiciosas arremetidas contra el narcotráfico en la ciudad, contra la indiferencia y contra la desigualdad social, y una apuesta por la recuperación de Bogotá.


Resultó que el problema no era le gente, los/as habitantes de calle ni los/as personas drogodependientes. Las estructuras criminales siguieron, las mafias se consolidaron y El Cartucho –que hace 17 años dejó de ser un gueto, un infierno–, se trasladó a varios puntos de la ciudad: “La L” y “El Bronx” son sus máximos exponentes.


El director Quintana, hace un poco de memoria. “El Bronx comienza desde el año 1998 y cuando llegan estas mafias –que son familias que algunas venían del Bronx y otras venían de Antioquia y Pereira–; los denominados Homero, Mosco, Payaso y Manguera, más o menos en los años 2000 a 2002 se consolidan como organización criminal al interior del Bronx e instrumentalizan a su vez habitantes de la calle para cometer delitos”.


Un problema netamente social


En consecuencia con los fracasos del pasado, el CTI acertó en que la solución no está en tratar de desmantelar las redes que se regeneran y propagan como plagas, tampoco está en arrestar al drogodependiente o meterlo una noche en un calabozo: “Lo primero que se le exigió a la Alcaldía fue un programa integral de atención al habitante de calle y a los menores [lo cual le] corresponde a la Alcaldía. [...] Lo que se debe hacer es una intervención integral y social porque el problema no se puede trasladar a otros sectores de Bogotá. Realmente hay que hacer una rehabilitación de todas estas personas y hacer un programa a largo plazo con el objetivo de resocializarlas a la vida en Bogotá”.


Estas son las palabras de un funcionario que, como siempre, quedarán en el aire pues al poder reinante en el país le sirve y le favorece la existencia y permanencia de este tipo de poderes, los cuales desarticulan comunidades, las dividen y atemorizan, impidiendo que las solidaridades que conocieron persistan en el tiempo. El narcotráfico y el paramilitarismo son una estrategia de control y dominio social.

 

(*) En Colombia han dado en llamar “habitante de calle” al despojado de todo, a miles de personas que no tienen nada y viven arrojados a su suerte –mala situación– en las calles de las principales ciudades del país. En realidad son expropiados, desarraigados, el factor humano arrojado a la calle por la máquina del capital; miles de personas que ante la falta de oportunidades –a todo nivel–, terminan deprimidos, sin motivos para vivir, y por ello atropados por el consumo de todo tipo de sustancias sicoactivas, muchos de ellos/ellas, utilizados, de distinta manera, por bandas criminales.

 

**A la ruleta rusa obligaron a jugar a agentes del CTI secuestrados en el Bronx. En http://www.elespectador.com/noticias/bogota/ruleta-rusa-obligaron-jugar-agentes-del-cti-secuestrado-articulo-563066 


Una disputa de varias décadas

Con el desalojo de El Cartucho, además, avanzaban en su plan por desalojar del centro de la ciudad a sus históricos pobladores. El barrio, parte de San Victorino, hacía parte de un sector histórico de la misma, en el cual el gobierno local no volvió a invertir en mantenimiento ni servicios públicos, presionando así a sus propietarios históricos para que lo abandonarán. Así fue, estos salieron de sus habitaciones de siempre, compradas por El Distrito o por especuladores del suelo, quienes los dejaron como ‘lotes de engorde’. Finalmente la ciudad termina comprando todo y proyecta estas decenas de cuadras para nuevos proyectos urbanísticos entre los cuales está el nuevo Centro Administrativo del país, parques urbanos, avenidas para conectar el oriente con el sur y el norte de la capital, entre otros. Como se sabe, tal proyecto de reorganización urbanística está en marcha hace más de 40 años en la ciudad, y sólo la resistencia interpuesta por sus pobladores en varios de sus barrios ha impedido y postergado su consumación.

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Protesta contra la violación a una adolescente por al menos treinta hombres en Rio de Janeiro y la violencia contra las mujeres,
La adolescente violada por al menos treinta hombres en Rio de Janeiro sacó a la luz un problema estructural de la sociedad brasileña que diversos antropólogos denominan “naturalización de la violación”. Políticos amenazan con violar a ministras, músicas y telenovelas que normalizan este crimen, y una Policía que pone trabas para investigarlo.

 

 


RÍO DE JANEIRO.- Parece difícil creer que las imágenes de un vídeo en la que una menor aparece inconsciente, desnuda, con sus genitales ensangrentados y con un hombre afirmando que por ese “túnel pasaron treinta”o “treinta la hemos embarazado” no sean suficientemente contundentes para entender que esa joven ha sido violada. Tampoco lo es que la propia víctima reconozca que la forzaron sexualmente y que cuando se despertó se vio rodeada por al menos treinta hombres con fusiles en mano.

 

Ni la palabra de la víctima, ni las imágenes que están en manos de la policía suponen según el comisario Alessandro Thiers, encargado de la Comisaría de Represión de Delitos Informáticos (DRCI) pruebas suficientes para solicitar un mandato de prisión: “La policía solo va a pedir algún tipo de prisión si se demuestra la existencia del delito y si hay necesidad", dijo Thiers el pasado viernes al diario Folha de São Paulo.

 

Las palabras del comisario y la forma que llevó a cabo los interrogatorios provocaron que la abogada de la víctima de Rio de Janeiro, Eloisa Samy, solicitara que Thiers abandonara el caso “por conducta inapropiada”. Según la abogada y también activista de Derechos Humanos, en el caso de una violación bastaría con la palabra de la víctima: “Si hubiera sido el robo de un teléfono o de un reloj esto no sucedería”, decía a El País Brasil. Samy se refiere a la habitual política policial basada en la detención de sospechosos sin pruebas, especialmente cuando se trata de jóvenes negros de origen humilde. La periodista Verónica Goyzueta decía en su cuenta de Facebook: “La policía de Rio que dispara al sospechoso en cuanto pone su mano en el bolsillo, que mata a niños en las puertas de sus casas porque los confunde con traficantes, que ametralla a jóvenes en su coche cuando vuelven de una fiesta, ahora duda de una violación vista y compartida por todo el mundo. Debo ser muy burra pero no lo entiendo”. El periodista Luis Nassiff ironizaba: “Quiénes son estos policías que no pegan un tiro antes de preguntar. Parece que en este caso la Policía brasileña se preocupa por cumplir la ley”, refiriéndose a las palabras del Jefe de Policía Civil de Rio de Janeiro, Fernando Veloso, que insiste que sólo se podrá saber si fue una violación si se examina el cuerpo del delito.

 

Las diferencias en el trato policial ante un robo o ante una violación forman parte de lo que la antropóloga Heloisa Buarque de Almeida describe como “la naturalización de la cultura de la violación”, donde se da por hecho la desigualdad entre hombres y mujeres y se crea un relato “en el que el hombre no se puede contener”, explicaba la antropóloga en una entrevista en el diario Folha de São Paulo. Según Buarque de Almeida tanto los anuncios de publicidad, como las telenovelas o algunas músicas populares forman parte de la producción cultural del país en el que se naturaliza la violación y donde su víctima siempre es cuestionada. Según datos del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada al menos el 58% de los brasileños considera que si “las mujeres se supieran comportar se podrían evitar muchas violaciones”.

 

Dicha naturalización llega a las comisarías cuando los propios delegados preguntan a las víctimas sobre la ropa que llevaban, si habían bebido, si era de noche, en qué región se encontraban y por último si realmente estaban seguras de que no habían querido tener sexo: “Las delegaciones de policía tienen la tradición horrorosa de imputar la culpa sobre las víctimas de la violación”, asegura el periodista Luis Nassif. Esta práctica se extiende hasta el poder judicial que deja libre al 99% de los acusados por violación. “Si la víctima conoce al criminal las posibilidades de que su proceso judicial continúe caen drásticamente”, explicaba Ana Paula Meirelles Lewin, coordinadora del Núcleo de Defensa de los Derechos de la Mujer de la Defensoría Pública de São Paulo. Esta situación suele ser la más habitual ya que el 70% de las víctimas son menores de edad, conocen a sus violadores, y la violación se produce en sus propias casas o en las de sus familiares, aseguran datos del ministerio de Sanidad.

 

Dentro de este contexto la gran mayoría de las mujeres decide no denunciar su caso ante la Policía. Según el Anuario del Forum Brasileño de Seguridad Pública al menos 50.000 mujeres son violadas al año en el país, lo que supone una violación cada 11 minutos. Pero este organismo también reconoce que en este tipo de crimen se suelen notificar apenas el 10% de los casos, lo que llevaría a pensar que la cifra podría alcanzar medio millón de mujeres al año.

 


La violación como arma política

 

El mismo día que se dio a conocer la violación en masa sufrida por la joven carioca, el nuevo ministro de Educación del gabinete interino de Michel Temer, el minisro Mendonça Filho, recibía en su despacho a la estrella del porno Alexandre Frota, conocida también por haber narrado en un programa en directo cómo habría violado a una mujer a la que había dejado inconsciente. Ese narración tuvo lugar hace dos años y fue aplaudida por el público y recibida con indignación por buena parte de la población, pero en ningún momento la Policía investigó los hechos descritos por el actor, que nunca fue acusado de nada. La imagen de Frota en el ministerio, donde acudió para ofrecer propuestas que ayudasen a“revolucionar” la Educación “y evitar que los comunistas sigan adoctrinando a los niños”, dejó perpleja a la mayoría de la sociedad. “La visita de Frota no es para hacer bromas, debería servir para denunciar la cultura de la violación que hay en el país. Estos lapsus y olvidos sobre la figura de este tipo legitiman una cultura en la que treinta hombres creen divertido violar a una chica”, decía la antropóloga brasileña Rosana Pinheiro-Machado.

 

Diversos colectivos feministas recordaban que la aparición de Frota se produce dentro de un nuevo gabinete en el que por primera vez desde la dictadura de Brasil ni una sola mujer ocupa un cargo ministerial, y en el que el nuevo presidente, Michel Temer, ha decidido acabar con la Secretaría de la Mujer dentro de su paquete de recortes. A su vez la misma semana en que se producia la brutal violación, la Cámara de los Diputados aprobaba un proyeco para criminalizar el aborto también en casos de violación, una de las pocas excepciones que había hasta ahora.

 

El crimen de la semana pasada también puso sobre la mesa como la violencia contra la mujer y la “cultura de la violación” abarca todas las esferas políticas. De este modo políticos como Jair Bolsonaro, el diputado más votado en Rio de Janeiro en 2014, le dijo hace dos años a la ministra Maria do Rosário que no la violaba “porque no lo merecía”; y el alcalde de Rio de Janeiro, Eduardo Paes, apoya como su sustituto para las elecciones del próximo mes de septiembre a Pedro Paulo Carvalho, político acusado de maltratar a su ex mujer.

 

La violación también ha servido como instrumento de oposición y protesta. Lo usaron contra la presidenta Dilma Rousseff hace un año cuando se eleboraron una serie de adhesivos para colocar en el coche, alrededor de la tapa del depósito de gasolina, en los que a través de un montaje aparecía Rousseff con las piernas abiertas, de modo que al cargar el coche pareciera que penetraban a la presidenta.

 


Criminalización de la pobreza

 

Además de culpabilizar a la víctima, el caso de la joven de Rio de Janeiro ha servido para sacar a la luz todo tipo de clichés acerca de las de violaciones. Los rumores y diferentes versiones del crimen sucedido el pasado 21 de mayo, señalan que la víctima estaba relacionada con el tráfico de drogas, que iba a muchas fiestas funk (música popular en las favelas) que bebía y que se acostaba con muchos hombres. Los grandes medios fueron algunos de los primeros en hacer esa asociación lo que ha generado una oleada de relatos en las redes sociales donde mujeres de clase media y alta han contado como fueron violadas por blancos y ricos, a veces por varios hombres al mismo tiempo: “Cuando fui violada por tres hombres a los 13 años, no había bailes funk, no vivía en una favela, ni usaba pantalón corto. Si la culpa de las violaciones tuviesen que ver con el funk no sucederían también en las facultades de Medicina de las universidades nobles del país. (...)El problemas es enorme, estrucutural y cultural, independientemente de clase social o poder adquisitivo, está en todos los lugares”, relataba en su cuenta de Facebook, Clara Averbuck.

 

En la noche del sábado al menos 70 policías subieron al Morro de Burão para entrar en la casa donde se había cometido el crimen. Una gran operación policial calificada por las asociaciones de derechos humanos como “exclusivamente mediática” que acabó con tiros, sin heridos y ningún detenido. A lo largo del fin de semana la policía interrogó a tres sospechsoos que reconocieron haber estado ese día con la chica, dos de ellos negaron haberla violado y un tercero aseguró que mantuvieron relaciones consentidas. Este último, Rai de Souza, de 20 años, salió de la comisaría con los brazos en alto a modo de celebración y una sonrisa de victoria.

 

En Piauí, al norte del país, donde la semana pasada otra menor fue violada por cinco hombres, el Juez Eliomar Rios Ferreira decidió soltar el viernes a cuatro de ellos (menores de edad) bajo la justificación de “tener buenos antecedentes y no suponer ningún riesgo para la población”. Mientras, en Rio de Janeiro, los colectivos feministas celebran que el policía Alessandro Thiers acaba de ser apartado del caso de la joven carioca, tal y como había pedido la abogada de la víctima, y reavivan la esperanza de que realmente se busque a los culpables, a sabiendas de que la lucha “contra la cultura de la violación” será un arduo trabajo al que enfrentarse.

 

 

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