Un policía antimotines apalea a un estudiante durante la protesta del jueves en Santiago

 

Miles de estudiantes protagonizaron enfrentamientos con la policía, que desplegó un extenso contingente de fuerzas especiales. La protesta se saldó con 117 detenidos y 32 policías heridos, entre ellos siete mujeres, según carabineros.

 

Los violentos enfrentamientos entre policías y estudiantes chilenos el jueves dejaron más de 100 detenidos, informó ayer el gobierno chileno. Los estudiantes chilenos volvieron a la carga en contra del gobierno de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, al que le exigen acelerar la ansiada reforma educativa.

 

En el centro de Santiago este jueves miles de estudiantes protagonizaron enfrentamientos con la policía, que desplegó un extenso contingente de fuerzas especiales para hacer frente a esta nueva manifestación. La protesta se saldó con 117 detenidos y 32 policías heridos, entre ellos siete mujeres, según datos entregados por Carabineros.

 

Convocados en una marcha no autorizada por las autoridades, los estudiantes se reunieron en las cercanías de la céntrica Plaza Italia pero fuerzas especiales de la policía les impidieron el paso, con chorros de agua y gas lacrimógeno.

 

Estudiantes encapuchados, que atacaron a la policía con piedras y palos, lograron romper el cerco y llegar a la céntrica avenida Alameda, donde nuevamente se generaron violentos choques, que la policía repelió.

 

El comercio de toda la zona debió cerrar sus cortinas, al igual que varias estaciones del ferrocarril metropolitano, mientras que el tránsito quedó cortado en parte de la avenida Alameda, un eje neurálgico de la capital chilena.

 

“Se supone que los estudiantes son el futuro de Chile. Entonces, ¿qué esperamos entonces del futuro de Chile?”, se quejó una mujer que se vio sorprendida por la violenta manifestación ante un grupo de periodistas.

 

El malestar estudiantil crece en Chile por el lento avance que advierten los jóvenes en el proceso de reformas a la educación y muchos se preguntan si el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet alcanzará a ver convertido en ley uno de sus proyectos más emblemáticos.

 

Los jóvenes han tomado las calles en los últimos días en manifestaciones que, convocadas por federaciones estudiantiles, han culminado en graves enfrentamientos con la policía. Los estudiantes y sus familias vienen demandando desde hace años una amplia reforma a la estructura educativa chilena heredada de la dictadura militar del general Augusto Pinochet (1973-1990) y considerada una de las más desiguales del mundo.

 

“Todos quisiéramos que fuera más rápido el avance de la reforma educacional, pero la verdad es que se discute donde corresponde, en el Congreso, con los tiempos que el debate democrático requiere”, explicó Bachelet, después de que un grupo de estudiantes disfrazados de turistas irrumpiera esta semana en La Moneda, la sede del Poder Ejecutivo, para captar el interés de sus demandas.

 

Uno de los aspectos sobre los que los muchachos llaman la atención es la gratuidad universal de la educación, mejorar la calidad de la misma, el fin al lucro y que se les considere su opinión sobre el tema, entre otras exigencias.

 

A partir de marzo de este año alrededor de 150.000 estudiantes de escasos recursos pudieron ingresar a estudiar sin costo a las universidades estatales y a determinadas privadas. Además, una ley prohíbe de forma gradual la obtención de ganancias y la seleccción de estudiantes en colegios que reciben aporte estatal.

 

“Hoy es una realidad que miles de familias ven a sus hijos estudiando gratis, sin deuda. Esa es una realidad y también estamos trabajando para ir mejorando la calidad de la educación que reciben”, dijo la mandataria.

 

Actualmente, el Congreso discute un proyecto de ley para sacar los colegios públicos todavía administrados por las municipalidades desde el tiempo de la dictadura de Augusto Pinochet y señalados como el origen de la discriminación en la educación chilena. Por otro lado, el gobierno todavía afina detalles de lo que será la redacción del proyecto sobre educación superior antes de enviarlo para su tramitación en el Parlamento.

 

“El Gobierno lleva adelante una reforma educacional que ha tenido muchísimos avances y que hace cinco años atrás eran completamente impensables”, defendió Bachelet una de las promesas que hizo durante la campaña electoral.

 

A pesar de los avances, muchos se preguntan si la mandataria podrácumplir con una de las propuestas más emblemáticas de su Gobierno cuando faltan poco menos de dos años para que concluya su segundo periodo presidencial el 11 de marzo de 2018.

 

La gobernante socialista, que lidera la Nueva Mayoría, una coalición que integran desde comunistas a demócratas cristianos, con mayoría en el Congreso, confía en que podrá materializar su programa de gobierno en el tiempo que le queda. A diferencia de su primer gobierno, entre 2006 y 2010, Bachelet fue perdiendo en el actual mandato el apoyo de sus compatriotas, que se sitúa en alrededor de un 25 por ciento y en un rechazo del orden del 65 por ciento, según las encuestas. Sin embargo, el principal test a su gestión se realizará el 23 de octubre, cuando se celebren las elecciones para alcaldes y concejales, los primeros comicios bajo su actual mandato.

 

 

 

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Sábado, 30 Enero 2016 06:28

Más allá de la pobreza y el miedo

Más allá de la pobreza y el miedo

La favela es un mundo complejo en el que conviven la pobreza y la violencia policial y del narcotráfico. En una primera mirada parece el espacio más difícil para construir alternativas desde abajo y desde la izquierda. Sin embargo, cientos de activistas la eligieron como un lugar donde crear lo nuevo.

El coche pasa casi rozando entre dos gruesas moles de cemento de un metro de alto. Un pequeño error de cálculo y la chapa terminaría estropeada. "Por aquí no pasa el caveirão", dice alguien, en referencia al vehículo blindado construido especialmente para que la Policía Militar entre en las favelas. "Tampoco pasan los patrulleros", festeja un tercero. La entrada a la Comunidad Chico Mendes en el Morro de Chapadão, zona norte de Rio de Janeiro, está restringida para los cuerpos represivos.


Subimos ladera arriba por calles estrechas y bien pavimentadas, entre viviendas sencillas pero cuidadas. En minutos llegamos al local del Movimiento de Comunidades Populares (Mcp), una enorme puerta de hierro al lado de un pequeño y prolijo almacén que vende alimentos y productos de limpieza. "No vendemos cigarrillos", dice una voz de mujer. Con serenidad y firmeza agrega: "Son malos para la salud".


El portón se abre sobre un amplio patio techado con oficinas y salas de reuniones al fondo y un segundo piso con más salones. Un enorme cartel advierte contra el consumo de alcohol y en otro costado del patio otro cartel más grande detalla las diez "columnas del movimiento": economía, religión liberadora, familia, salud, vivienda, escuela, deporte, arte, ocio e infraestructura. Les dicen columnas porque son los pilares de la organización, identificadas de acuerdo a las "necesidades de los sectores populares".


Un hombre bajo y fornido de unos 60 años ofrece agua fresca para paliar el tremendo calor carioca, e invita a recorrer los espacios. Todo sucede como en cámara lenta, con mucha calma, quizá para contrarrestar el calor. Aparece la mujer del almacén, Janduir, que nos dice que ambos fueron los primeros militantes del Mcp en llegar a la favela, cuando las casas eran de madera, precarias y pequeñas, hace más de veinte años.


UNA COMUNIDAD DIFERENTE.


La principal diferencia entre la Comunidad Chico Mendes y otras favelas es que se instaló como consecuencia de una toma o invasión, no de la agregación de familias y personas a modo de goteo. Aquí las personas ya estaban organizadas antes de la ocupación del morro, llegaron todas juntas y comenzaron a construir las viviendas y el barrio. Eran militantes de izquierda que decidieron ponerle al asentamiento el nombre del más emblemático organizador de los recolectores de caucho, asesinado por hacendados en 1988.


Ahora la comunidad tiene alrededor de 25 mil habitantes, pero Gelson recuerda que cuando llegaron tuvieron que hacer mutirão (trabajo colectivo) para conectar decenas de caños a una fuente de agua a 300 metros. Salía apenas un hilo de agua y había que hacer una fila de hasta cuatro horas para llenar una lata. "La gente fue luchando y consiguió tener agua, luz, saneamiento y también obras para asfaltar las calles", explica Gelson. Las dificultades ahora son otras: "Las cosas están lejos, los precios son altos, entrar y salir de la comunidad es muy difícil por la violencia del tráfico".


Recuerdan que la primera camada de militantes que formaron la comunidad hoy ya no está; algunos fueron asesinados por los traficantes y otros desaparecieron, se cree que secuestrados. Esa generación se enfrentó duro al tráfico para impedir que se asentara en la comunidad. Ahora trabajan de otro modo, menos ideologizado, evitando la confrontación con enemigos superiores, como la policía y el narcotráfico, y sobre todo "construyendo poder popular".


Los primeros pasos en la Chico Mendes los dieron organizando campeonatos de fútbol con equipos de varones y de mujeres. Fue el modo de hacerse apreciar por los vecinos, de ganar su confianza, de conseguir un lugar. A Gelson le gusta mucho el fútbol y lo practica.


Hace casi 20 años crearon el grupo de apoyo escolar, que recibe a 70 niños y niñas de 2 a 14 años en dos turnos con cuatro maestras y dos ayudantes. Formaron una red de apoyo a esta escuela para financiar el sueldo de las maestras. Hace seis años armaron una guardería para las madres de la comunidad, que ya tiene 20 alumnos en dos turnos, con tres cuidadoras.


Los dos grupos de educación son apoyados por los padres, que aportan dinero y realizan actividades para recaudar fondos. Una vez al mes hacen una asamblea para debatir sobre la marcha de las escuelas y tratar de resolver los problemas de forma colectiva. El jardín funciona en un espacio, frente al salón central y el apoyo escolar, en el patio del principal edificio del movimiento.


El área o columna de economía es la más importante. Hay un Grupo de Ventas Colectivas con siete personas que tienen a su cargo el almacén de productos de alimentación, donde se abastecen unos 150 vecinos. Este grupo abrió hace poco tiempo, a partir de un préstamo del Grupo de Inversión Colectiva (Gic), una barraca de materiales de construcción atendida por dos personas del movimiento. Diez familias se organizan en torno al Grupo de Compras Colectivas, que les permite comprar en grandes cantidades consiguiendo precios más bajos que los del mercado.


Luego formaron el Grupo de Producción Colectiva, en el cual cinco familias producen jabones, detergentes, desinfectantes y suavizantes a partir de aceite vegetal usado. Comenzó como parte de una campaña en defensa del ambiente y ahora vende sus productos a una cooperativa del gobierno de Rio de Janeiro.


El grupo más importante del área de economía es el Gic. Cuenta con 400 inversores que reciben un 2 por ciento de interés, es administrado por voluntarios y realiza préstamos a personas del barrio. Gelson asegura que más de 30 casas del lugar fueron adquiridas con dinero del Gic, además de que facilitó la compra de camionetas a vecinos que trabajan con ellas trasladando personas desde el metro hasta el morro.


"El Gic resuelve muchos problemas de la gente, y la incentiva a ahorrar, porque en los sectores populares no se ahorra", dice Gelson. Es muy común que a una familia se le termine el gas y no pueda reponerlo simplemente porque no tiene dinero. Ahora acude al Gic y resuelve el problema sin necesidad de acudir a la banca.


UN VIEJO-NUEVO MOVIMIENTO.


Lo que hoy es el Mcp comenzó hace 40 años a partir de un grupo de personas, como Gelson, que integraban la Juventud Agraria Católica. Realizaron un seminario bajo la dictadura militar en el que decidieron "construir un movimiento que no sólo trabajara por reformas y mejoras, sino con una propuesta anticapitalista". Y crearon el Movimiento de Evangelización Rural, que en los hechos dejó de ser un grupo dependiente de la Iglesia.


Gelson recuerda la pobreza del campo. Su madre tuvo 12 hijos, seis varones y seis mujeres, en un pueblo de Paraíba. "Compraba un litro de leche para todos y como no alcanzaba le echaba mucha agua." Trabajaba la tierra, y una noche, con 11 años, abrió las porteras para que salieran las vacas y los novillos. Fue su primera rebeldía.


Con los años el movimiento se modificó a medida que la sociedad fue cambiando. En los ochenta se produjo una gran migración hacia la ciudad, entre otras razones por la mecanización del campo y la concentración de la tierra en latifundios. Entonces comenzaron a trabajar en las ciudades y crearon la Corriente de Trabajadores Independientes. Pero en los noventa percibieron la precarización laboral y tomaron una decisión importante: trabajar con los sectores más sufridos del pueblo, "desempleados, peones, habitantes de las periferias, campesinos pobres", según puede leerse en uno de los primeros números del periódico Voz das Comunidades.


"Fue el momento más duro –asegura Gelson–. Los militantes tenían una cultura de clase media, tenían sus familias, no aguantaron ir a la favela y decidieron adherir a partidos como el PT y a las centrales sindicales." En esa instancia decisiva perdieron más de un tercio de los militantes. En paralelo decidieron no integrarse al PT, porque consideraban que dividiría a los sectores populares al separar a los dirigentes de las bases.


Su actividad en las periferias de las ciudades transformó al movimiento y sus integrantes. Comenzaron a trabajar de acuerdo a las diez columnas y a crear comunidades populares. Hoy son más de 60 comunidades, la mitad en áreas urbanas. En 2006 editaron Voz das Comunidades, para cohesionar al movimiento, que ya tiene presencia en 12 estados. En 2011 decidieron ponerse el nombre actual: Mcp.


El movimiento se propone tres objetivos. A corto plazo, movilizar a la gente para que resuelva sus problemas sociales y necesidades culturales más sentidas. A mediano plazo, organizar a la población en comunidades populares. Y a largo plazo, "conquistar un gobierno popular de abajo hacia arriba para construir una sociedad comunitaria basada en el buen vivir indígena, en los quilombos de los esclavos, en las comunidades campesinas igualitarias, como la de Canudos,1 y en el socialismo obrero y popular", como acordaron en el segundo encuentro del movimiento, en 2012. Para ellos gobernar de abajo hacia arriba es "controlar, a partir de la base, los servicios públicos y comunitarios a través de la democracia participativa", creando las condiciones para que la gente participe.


Janduir y Gelson explican que el movimiento se inspira en luchas históricas como las de los guaraníes, los quilombos de los esclavos que fugaban de las plantaciones, la experiencia de Canudos y las luchas obreras del siglo XX. Tiene como principios la independencia de los partidos y la autonomía política pero también económica de los emprendimientos.


EL MUNDO NUEVO EN LAS PERIFERIAS.


El Gic de Chico Mendes tiene 400 inversores y moviliza 700 mil reales (unos 170 mil dólares), que son administrados en reuniones masivas de 60 a 70 personas. En sólo 12 años consiguieron ser una fuente de financiación para las familias del barrio, sin deudores, porque cada persona que toma un préstamo lo tiene como aval. Cero deudas, control comunitario de las cuentas. Janduir muestra un cuaderno donde anota todo a mano. "Me gusta más hacerlo así que usar la computadora", dice sonriendo.


Entre todas las comunidades tienen 30 Gic, que son administrados por más de cien personas y benefician a varios miles. Los Mcp cuentan con 100 grupos de producción, ventas y servicios colectivos, con más de 1.500 integrantes. Producen ropa, bolsas, artículos de limpieza, crían animales y cultivan la tierra. Los de ventas tienen mercados colectivos, venden gas y cereales. Los de servicios cuentan con lavanderías, recolección de residuos, construcción civil y han comprado camiones para la comunidad.


Han instalado diez escuelas, cuentan con grupos de salud que hacen campañas contra el consumo de alcohol y dan cursos de salud bucal y reproductiva, y comenzaron con un equipo de terapia comunitaria. "Se trata siempre de las cosas que necesita el pueblo", aseguran Gelson y Jundair.


"Imagina que un día la gente construya millones de grupos de este tipo en Brasil", reflexiona Gelson. "Es muy distinto si quisieras reclutar gente para la revolución, tomar el poder, ¿qué hacemos después?" Es un camino diferente para procesar los cambios. "En este proceso de construcción vamos aprendiendo a gobernar un Gic, una microempresa, y ahí vamos aprendiendo a gobernar una escuela, un municipio, de forma colectiva y solidaria, sin corrupción, con transparencia", sigue Gelson.


Todos los trabajos que realizan, desde el deporte hasta las escuelas y los grupos de inversión, o sea, todo lo que es construcción de comunidad, tiene como norte la creación de poder popular. Con una doble vertiente: que sean iniciativas por fuera del mercado y del Estado (no reciben nada de los gobiernos) y que las gestionen los mismos miembros del movimiento de forma colectiva. A todo eso le llaman poder popular.


"La economía popular es la economía que ya está ahí, es la economía del pueblo, como la venta ambulante y los mercados populares. Pero lo que necesitamos es una economía popular organizada, con conciencia de gestión colectiva." No inventan nada, organizan y sistematizan lo que ya está, a través de la formación y la organización colectivas. La autogestión puede entenderse como la sistematización de lo que hacen los sectores populares de forma embrionaria y espontánea.


En la asamblea nacional anual realizada en agosto de 2014 los militantes del Mcp llegaron a la conclusión de que no están caminando con los dos pies, como ellos desean. "Continuamos realizando más actividades comunitarias (economía solidaria, actividades culturales y acciones colectivas) que luchas reivindicativas por políticas públicas y en defensa de derechos", se lee en el último ejemplar del periódico. Ese desbalance se debe, según el Mcp, a que durante diez años se focalizaron en la construcción de comunidades y que en ese período los líderes de los movimientos fueron cooptados por el gobierno.


Este es un debate presente en todos los movimientos de nuevo tipo en América Latina: cuánta energía dedicar a construir lo propio y cuánta a disputar con las instituciones estatales. El debate en torno a las políticas públicas (participar en la gestión de instituciones públicas a escala local) contiene dos posiciones: el temor a la cooptación por el Estado y el temor al aislamiento. Es la necesidad de escoger entre crear poder popular comunitario sin gobernar, o gobernar sin tener poder.


"La contradicción entre ambas es permanente", razonan los militantes del Mcp. Por eso Gelson, cuando se le pregunta por las dificultades del movimiento, las coloca dentro, no fuera. "Lo más difícil es la formación de los jóvenes", dice sin dudar un segundo. Cuando era joven, en la década de 1960, en plena dictadura, era la realidad la que formaba la conciencia, la que mostraba los caminos a seguir. Hoy las cosas son más complejas. El consumismo, las redes sociales, son fuente de confusión, piensa. El trabajo de hormiga de todos los días puede parecer poco, pero saben que no hay otro camino.


1. Movimiento popular en el nordeste en torno a la figura de Antonio Conselheiro, en la comunidad de Canudos (norte de Bahía), que fue derrotado por el ejército. Inspiró películas y relatos periodísticos, como Los sertones, de Euclides da Cunha (testigo de la última expedición militar contra la comunidad), y novelas como La guerra del fin del mundo, de Mario Vargas Llosa.

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La policía paulista disparó cada siete segundos

Los movimientos sociales y el PT condenaron la represión policial contra los manifestantes que rechazaban el aumento del transporte público. En San Pablo gobierna la oposición, que prometió insistir con su política. Avanza una Ley Antiterrorista.


Movimientos sociales y el Partido de los Trabajadores condenaron ayer la represión de la policía del estado de San Pablo, gobernado por la oposición, contra los manifestantes que se movilizaron en repudio al aumento del transporte público.
"Defenderemos nuestro derecho a manifestarnos. Si la policía aumenta la represión, nosotros vamos a aumentar la resistencia", anunció ayer el Movimiento Pase Libre, que el martes marchó a la cabeza de miles de indignados contra el aumento del boleto de 3,50 reales a 3,80 (0,9 dólares), en vigor desde la semana pasada en San Pablo. Los Campesinos Sin Tierra se sumaron ayer a la condena del accionar de la policía paulista.


Hubo otros actos en Río de Janeiro y Belo Horizonte donde también se encareció el pasaje.


Al menos 28 personas fueron heridas y otras 15 detenidas por los efectivos de la Policía Militarizada de San Pablo el martes, en la segunda concentración numerosa del año para rechazar el alza de los colectivos y el subte, que coincide con un desempleo del 8,9 por ciento que amenaza trepar al 10 por ciento en los próximos meses.


La Policía Militarizada disparó una "bomba cada siete segundos" (de estruendo y la de gas lacrimógeno) según el conteo realizado por el diario Estado de San Pablo, mientras la madre de un estudiante de arquitectura de 19 años afirmó que el proceso de las autoridades por las heridas sufridas por su hijo que debió ser operado.


"La policía busca cualquier pretexto ridículo para reprimir a la población... nos ponen las armas en la cara" denunció Victor Quintiliano, del Movimiento Pase Libre. Las declaraciones de Quintiliano, formuladas el martes en el centro de San Pablo, de repente se hicieron inaudibles debido al estruendo de los disparos de la policía mezclado con los gritos de decenas de chicas que escapaban de los gases lacrimógenos y las balas de goma.


Una columna de indignados marchó detrás de un pasacalles negro con letras blancas que decía "Boleto a 3,80 reales. El pueblo no aguanta más".


El grupo Periodistas Libres filmó a un policía el martes mientras "sembraba" un explosivo en la mochila de un estudiante, que luego fue detenido en una comisaría del elegante barrio paulista Jardines.


Los ataques policiales son motivo de una guerra paralela entre la cadena Globo, que en general justifica el accionar de los agentes del orden, y "guerrilleros" mediáticos que contradicen, con imágenes, aquella narrativa.


El duelo de informaciones nació en las protestas de 2013, cuando el grupo Midia Ninja sorprendió a policías de civil lanzando bombas Molotov para causar confusión en una protesta que se realizaba en Río de Janeiro. Mientras tanto, en San Pablo, otro agente fue pillado por reporteros independientes de las empresas cuando destrozaba un vehículo policial.
En la movilización del martes la violencia policial fue contada casi en tiempo real por las agrupaciones independientes a través de las redes sociales.


"Presencié una masacre, estamos en medio de una guerra. La libertad de manifestación no existe en San Pablo", contó en Facebook el cura Julio Lanzelotti, coordinador de la Pastoral de la Calle.


Estallido 2013


A mediados de 2013 el Movimiento Pase Libre estuvo al frente de los actos contra el alza del transporte en San Pablo, que luego se replicaron en decenas de capitales, con millones de inconformes que expresaron reivindicaciones diversas. Fue una convulsión inesperada con pocos antecedentes desde la restauración democrática en 1985.


Al hacer un balance de lo sucedido hace 3 años, los dirigentes de Pase Libre, en su mayoría jóvenes universitarios, reconocieron la falta de experiencia para conducir semejante marea humana diseminada por todo el país. Contaron que los primeros mítines contra el aumento del colectivo no fueron muy concurridos pero se hicieron masivos ante el repudio que despertó la represión policial.


Ayer el gobierno de San Pablo rechazó las críticas al desempeño policial y prometió insistir en su política. "No es posible lo que está pasando" con los "provocadores" que se escudan en el derecho a manifestarse para cometer "crímenes" declaró el secretario de seguridad Alexandre de Moraes, cuyo superior es el gobernador de San Pablo, el conservador Geraldo Alckmin, que aspira a ser candidato presidencial en 2018 por el Partido de la Socialdemocracia Brasileña.


El mes pasado Alckmin y sus correligionarios Fernando Henrique Cardoso y Aécio Neves se reunieron para expresar su posición común por el impeachment (juicio político) contra la presidenta Dilma Rousseff.


El Partido de los Trabajadores calificó ayer como "cobarde" al gobernador Alckmin y aseguró que esta conducta se repite en todos los estados conducidos por el Partido de la Socialdemocracia donde se "reprimen a la sociedad civil y los sindicatos".


Como terroristas


Durante una entrevista en la radio de mayor audiencia de San Pablo el secretario de seguridad paulista De Moraes opinó que los activistas presos deben ser encuadrados como miembros de una "asociación ilícita", equiparándolos a delincuentes comunes o hasta terroristas.


Propuesta aprobada por el conductor del programa, un antiguo relator de fútbol durante la dictadura, que tuvo comentarios elogiosos para la "correcta actuación" policial frente a los atacan la "propiedad privada y pública. "Hagamos realidad lo que dice el lema de nuestra bandera: orden y progreso" propuso el locutor de radio Jovem Pan.


Varios columnistas de esa popular emisora piden casi a diario la necesidad de la pronta aprobación de la Ley Antiterrorista. Es una posición defendida por las grandes cadenas de radio y televisión.


El mencionada Ley Antiterrorista, que puede ser aprobada al reanudarse las sesiones parlamentarias el mes que viene, abre camino para que las protestas sean tipificadas como "atentados a la democracia" afirmó la Central Unica de los Trabajadores.

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Cincinnati y el asesinato de Samuel DuBose

La ciudad de Cincinnati fue escenario de una sorprendente decisión judicial esta semana, que vuelve a centrar la atención en el asesinato de personas de color por parte de la policía. El fiscal del condado de Hamilton, Joseph Deters, anunció que se han presentado formalmente cargos por homicidio contra el agente de policía de la Universidad de Cincinnati Ray Tensing, que el 19 de julio pasado disparó a quemarropa provocando la muerte a Samuel DuBose, un hombre afroestadounidense de 43 años de edad. Tensing detuvo a DuBose porque conducía un vehículo sin placa de matriculación delantera. Como sostuvo el fiscal Deters durante una conferencia de prensa: "No lidiaba con alguien requerido por asesinato. Estaba lidiando con alguien que no llevaba placa de matriculación delantera. Como diríamos en lenguaje coloquial, detenerlo por eso es una estupidez". En el video grabado por la cámara corporal de Tensing se escucha que el agente pide ver el permiso de conducir de DuBose. Cuando DuBose le dice que no lo tiene, Tensing intenta entonces abrir la puerta del auto de DuBose. Inmediatamente después de esta interacción, entra en pantalla la mano derecha del agente Tensing, apuntando con una pistola hacia la ventana del auto.

Disparó una sola vez, directo a la cabeza de DuBose, lo que hizo que el auto, con DuBose ya fallecido al volante, se deslizara calle abajo y se detuviera al chocar contra un poste. Antes de que se dieran a conocer las imágenes captadas por la cámara corporal de Tensing, el agente alegó que su brazo había quedado atrapado en el auto y que había sido arrastrado calle abajo. Otro agente, Phillip Kidd, declaró haber visto lo mismo. El video desmiente claramente su versión. También Kidd debería ser arrestado. Al hacer público el video, el fiscal Deters expresó: "No cabe duda de que se trata de un asesinato".


Samuel DuBose fue asesinado una semana después de otra detención de tránsito que resultó mortal. En esa oportunidad, en el condado de Waller, Texas, Sandra Bland, de 28 años de edad, también afroestadounidense, fue detenida por Brian Encinia, oficial de la policía estatal de Texas. Encinia afirmó que detuvo el auto de Bland porque no había señalizado un cambio de senda. La cámara ubicada en el tablero del patrullero del oficial también grabó la detención. Encinia le pidió a Bland que apagara su cigarrillo y luego le dijo que bajara del auto. El oficial dijo textualmente: "Le estoy dando una orden legítima. La voy a sacar por la fuerza". Se puede oír entonces que Bland le dice: "Usted abrió la puerta de mi auto. ¿Y me está amenazando con sacarme por la fuerza de mi auto?". Encinia le grita: "¡Baje del auto!". Cuando Bland le responde: "¿Y después me va a agredir?", Encinia, esgrimiendo una pistola eléctrica, le grita: "¡La voy a encender! ¡Baje ya! ¡Ya!".


El siguiente video muestra a Bland en el suelo. Se le oye decir: "¡Me golpeó la cabeza contra el suelo!". Luego le dice a Encinia que sufre de epilepsia. Se oye que el oficial responde: "Bien". Tres días después de ser arrestada, Sandra Bland fue hallada sin vida en la celda en que se encontraba recluida. La causa oficial de fallecimiento declarada es suicidio. Sin embargo, sus familiares y amigos no creen que haya sido así.


El asesinato de DuBose tuvo lugar casi exactamente un año después del día en que el agente de policía de la ciudad de Nueva York Daniel Pantaleo sujetó a Eric Garner por el cuello hasta causarle la muerte. En un video que capta el momento de la muerte de Garner, se puede oír que dice once veces con la voz entrecortada: "No puedo respirar". La muerte de Garner fue declarada homicidio, pero el fiscal de distrito de Staten Island, Daniel Donovan, no presentó cargos ni contra Pantaleo ni contra ningún otro agente por su muerte. Posteriormente, el fiscal de distrito Donovan se presentó como candidato al Congreso en una elección especial y ganó.


Tres semanas después de la muerte de Garner en Staten Island, la policía mató al adolescente afroestadounidense Michael Brown en Ferguson, Missouri. No hubo grabación de video de su muerte aquella tarde del sábado 9 de agosto de 2014. Sí existe un video, filmado por un transeúnte, del cuerpo desangrado de Brown, que permaneció tirado sobre el pavimento caliente y al descubierto durante horas. No se presentaron cargos contra el agente de policía de Ferguson Darren Wilson, hecho que suscitó manifestaciones masivas y que significó el comienzo del movimiento Black Lives Matter, "Las vidas de las personas negras importan", en español.


El fin de semana pasado, más de 1.000 personas se congregaron en Cleveland para un encuentro nacional de organización del movimiento Black Lives Matter. En Cleveland vivía Tamir Rice, el niño de doce años de edad que estaba jugando con una pistola de juguete en un parque público el 21 de noviembre de 2014 cuando una persona llamó al 911 y denunció a la policía que había "un individuo con una pistola" aunque, advirtió, "probablemente es de juguete". Los agentes de policía de Cleveland Timothy Loehmann y Frank Garmback se acercaron rápidamente al parque en un patrullero de la policía. En cuestión de segundos, Loehmann efectuó al menos dos disparos y mató al niño. Cámaras de seguridad, borrosas y silenciosas, registraron el crimen.


Han salido a la luz informes de que Loehmann fue hallado no apto para el servicio policial hace más dos años, cuando se desempeñaba como agente en Independence, un pequeña ciudad en la periferia de Cleveland. Una carta redactada por un superior suyo de ese momento critica específicamente el desempeño de Loehmann en el entrenamiento con armas de fuego. La carta refiere: "No podría seguir indicaciones básicas... su habilidad en el uso de armas cortas es pésima". En 2014, la ciudad de Cleveland pagó 100.000 dólares por el acuerdo alcanzado en un caso de uso excesivo de la fuerza contra el otro agente, Frank Garmback. En junio, el juez municipal de Cleveland Ronald Adrine afirmó que existen fundamentos para procesar a los agentes. Entonces, ¿por qué no se presentaron cargos contra Loehmann ni Garmback?


Cincinnati es un comienzo. Cleveland debería prestar atención. Puede ser que empiece a hacerse justicia, que por fin los responsables de estos actos rindan cuentas. Como las mil personas que se reunieron allí el fin de semana pasado lo dijeron claramente: las vidas de las personas negras importan.

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Así es la oferta de Grecia a la UE para tratar de cerrar un pacto

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, planteó este lunes algunas cesiones en lo que para su Gobierno era intocable: las pensiones. Según un documento al que tuvo acceso EL PAÍS, la oferta helena propone ahora elevar progresivamente —hasta 2025— a 67 años la edad "más temprana posible" para la jubilación, en contraposición a los 62 años de retiro anticipado que proponían las autoridades griegas en su propuesta anterior, fechada en mayo de 2015. Con este plan sobre la mesa, Atenas cree ahora que podrá ahorrar 350 millones de euros de su PIB entre 2015 y 2016, frente a los apenas 70 millones que proponía el Ejecutivo heleno hasta este lunes; es decir, un ahorro cinco veces mayor. La penalización, sin embargo, para aquellos que se jubilen de manera anticipada sigue siendo la misma: hasta un 16% de la propia pensión.


La propuesta de subir la edad mínima de jubilación hasta los 62 años, que fue rechazada duramente por los acreedores —especialmente Alemania— por insuficiente excluía, entre otros colectivos, a las madres con menores de edad bajo su tutela. Tsipras omitió cualquier referencia a este segmento de cotizantes en la propuesta de este lunes.


Una de las principales vías para sanear la caja de las pensiones consiste en aumentar la contribución de empresarios y trabajadores al sistema. Las contribuciones subirán en una horquilla del 0% al 5%, lo que reportará el grueso de la mejora en este capítulo.


El paquete incluye medidas duras, que le granjearán problemas en casa: básicamente, aumentan todas las contribuciones al sistema de Seguridad Social. Y da el visto bueno a una de las medidas más controvertidas: acepta eliminar (eso sí, gradualmente y a partir de 2018) el subsidio para los jubilados (EKAS) y reemplazarlo por pensiones en 2020, y sube del 4% al 5% las contribuciones de los pensionistas al sistema de salud.


Otro de los cambios apreciados por los socios europeos es el calendario. Tsipras proponía antes aplicar sus propuestas el 1 de enero de 2016 pero ahora, tras la presión de los acreedores, se compromete a hacerlo "inmediatamente".


Tsipras acepta finalmente los objetivos fiscales fijados por los acreedores: un 1% de superávit primario (sin contar los intereses) en 2015 y un 2% el año próximo, el 3% en 2017 y el 3,5% en 2018, según la propuesta —de 11 páginas— remitida a Bruselas. "La respuesta del Gobierno griego a los requerimientos de las instituciones para las metas fiscales es absoluta y completa", según el documento que firma el propio Tsipras en su primera página. "Las medidas incluidas superan los objetivos previstos por la troika". El Gobierno griego aprobará medidas que supondrán un incremento de los ingresos fiscales del 1,5% del PIB este año y del 2,9% en 2016. El Eurogrupo ha adelantado que esa oferta ha recibido "una buena acogida"y supone "una buena base de negociación" para lograr un acuerdo político en la cumbre de esta noche y un acuerdo definitivo a finales de esta semana.


Grecia fija finalmente un IVA en tres tramos: un tipo general del 23%, una tasa reducida del 13% para productos básicos (alimentación, energía y hoteles), y fija un tipo superreducido del 6% para material hospitalario y libros: eso supondrá unos ingresos adicionales de 1.400 millones de euros, el 0,74% del PIB, muy cerca de lo que querían los acreedores.
Junto a la reducción del gasto militar (200 millones en 2016, que ya estaba en propuestas anteriores), Tsipras crea un impuesto a la televisión con el que recaudará 100 millones anuales, y pone en marcha otras medidas como una tasa de lujo y para los yates privados.


Malestar en el ala izquierdista de Syriza por las concesiones de Tsipras a los acreedores


Numerosos diputados de la formación recuerdan que las medidas ofrecidas están en contra de su ideario y su programa, y sugieren que votarían en contra. El Gobierno advierte de que, si no salen adelante, se iría a unas nuevas elecciones.

PÚBLICO/AGENCIAS


ATENAS.- Alexis Tsipras se encuentra en una encrucijada. Tras las duras concesiones que se ha visto obligado a hacer con las instituciones europeas, anteriormente llamadas troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional), ahora se enfrenta a más dificultades, que vienen ahora del lado opuesto: el sector más izquierdista de Syriza, que ha reaccionado con malestar tras renunciar el presidente a varias promesas electorales.

El Gobierno heleno ha admitido finalmente bajar las pensiones y subir el IVA, algo a lo que hasta ahora se había negado y que figuraba entre las banderas del partido cuando hacía campaña para ganar las elecciones. Entre los diputados de Syriza han comenzado a surgir voces que sugieren que podrían votar en contra de unas medidas que están en contra de su ideario y su programa, a lo que el ejecutivo ha respondido recordando que de ser así caería el Gobierno y deberían ser convocados unos nuevos comicios.


Los líderes europeos acogieron positivamente la nueva propuesta de presupuestos presentada por los griegos, que vieron como "una buena base" para un acuerdo definitivo que desbloquee el último tramo de ayuda del rescate. Los mercados financieros también dieron la bienvenida al plan, acentuándose este martes la subida de las bolsas que ya había comenzado este lunes por la previsión de un acuerdo.


Pero Alexis Tsipras, que llegó a la presidencia en enero con el mandato de acabar con años de austeridad en un país muy maltratado por la crisis, debe contentar a su partido tanto como a los acreedores si quiere lograr una estabilidad que le permita llegar a una solución definitiva.

Surgen las voces contra las nuevas medidas

"Creo que tal y como vemos este programa... Es muy difícil de aprobar para nosotros", dijo el diputado y portavoz parlamentario de Syriza Alexis Mitropoulos en un programa informativo de la cadena Mga TV. El diputado abría así la puerta a que el parlamento no respalde la última oferta, lo que llevaría inevitablemente a un escenario de elecciones anticipadas que aumentarían la incertidumbre.


"El primer ministro tiene que informar a nuestro pueblo por qué hemos fallado en las negociaciones y hemos acabado con este resultado", añadió Mitropoulos. "Creo que [las medidas] no se corresponden con los principios de la izquierda. Esta carnicería social... No la pueden aceptar".

Aún más contundente fue el también diputado de Syriza Yanis Mijeloyanakis, que calificó las nuevas propuestas de "lápida para Grecia" y opinó que el plan no pasará por los diversos órganos del partido. Según él, el nuevo plan es "peor que el primer rescate", ampliará la miseria social que Syriza se había comprometido a combatir.

Asimismo, estimó que "con las nuevas medidas los griegos perderán dos salarios mensuales" e instó al Gobierno a decir "no" al compromiso, especialmente si no va acompañado de una reestructuración de la deuda y de un plan de inversiones. "¿Cómo se puede hacer un acuerdo que aumentará los suicidios y empobrecerá a la gente?", se preguntó.

Mijeloyanakis dijo que él personalmente no apoyará un acuerdo con las características que se han conocido hasta el momento y fue aún más lejos al afirmar que "incluso diputados leales a Tsipras", que no pertenecen a ninguna corriente en concreto, no apoyarán un acuerdo de este tipo"


Otra nota discordante la puso el vicepresidente del Parlamento, Alexis Mitrópulos, quien afirmó que las medidas "no se pueden votar, porque son extremas y antisociales". "Creo que este paquete no puede entrar así en el Parlamento", recalcó.

Pero las llamadas de atención no le han venido a Tsipras solo desde su propio partido. Pavlos Haikalis, un diputado del partido derechista socio del gobierno de coalición con Syriza, Griegos Independientes, declaraba que "el Gobierno ha caído en una trampa, no sé hasta dónde puede llevarse a cabo esto" en referencia a las medidas propuestas por los de Tsipras.

El Gobierno reacciona advirtiendo de elecciones

El portavoz del Gobierno griego, Gavriil Sakelaridis, defendió hoy las concesiones que ha hecho el Ejecutivo a los acreedores y advirtió a los críticos dentro de las filas de Syriza que el Gobierno "no podrá mantenerse" si no obtiene el respaldo de sus diputados y deberá acudir a las urnas.


En unas declaraciones a la cadena de televisión privada Mega, Sakelaridis reconoció que las propuestas entregadas a las instituciones marcan una cierta "distancia" con el programa de Syriza, pero aseguró que siguen defendiendo un "reparto justo" de la carga social.

El portavoz señaló que una vez que se logre un acuerdo con las instituciones, este será remitido inmediatamente a los grupos parlamentarios donde todos los diputados "tendrán que asumir su responsabilidad".

En caso de no lograr el apoyo de los diputados de la coalición gubernamental -el izquierdista Syriza y el nacionalista Griegos Independientes-, "la única salida son las urnas y el voto del pueblo", dijo.

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¡Entre otras mil eres madre gentil, patria amada, Brasil!

Andreia dos Santos Pereira, de edad no divulgada (por las fotos, algo entre 35 y 40 años), deficiente auditiva –una manera políticamente correcta de decir que era sorda o casi–, llegó, a eso de las seis y media de la mañana, a trabajar en el boliche donde le tocaba freír empanadas. Todo eso en una zona modesta de Guarujá, un balneario de ricos y nuevos ricos a unos 70 kilómetros de São Paulo.


Esa era la única función de Andreia: freír, pasar las empanadas a alguien más, y listo.


Pero de repente, tres tipos le anunciaron que era un asalto. Ella, por sorda, no entendió lo que le decían a gritos, no sabía dónde estaba el dinero, no entendió nada. Le dieron una paliza feroz. Y Andreia murió: cuatro costillas rotas, traumatismo craneano, hemorragia interna. Según los testigos, los asaltantes eran niños de entre 14 y 17 años.


A unos 500 kilómetros de distancia de esa playa, en Río de Janeiro, quizá el principal referente –y la principal referencia– de Brasil frente a los ojos del mundo, se hace otra contabilidad.


Nada más en la región metropolitana de Río, en los últimos 15 días (el dato es del viernes 28 de mayo) se registraron, oficialmente, 15 asaltos con chuchillo. Detalle: no se trata de asalto a mano armada, que fueron muchísimos más. Se trata de informar que al menos una vez al día alguien fue herido por cuchillo en un robo. Y de esos 'alguien', al menos uno murió: James Gold, un cardiólogo importante y reconocido, fue acuchillado a muerte en la Lagoa Rodrigo de Freitas, una laguna incrustada en la más noble zona urbana de la ciudad.


Pedaleaba su bicicleta, al borde de uno de los paisajes urbanos más formidables del mundo. Lo acosaron dos o tres salteadores, según los testigos. Todos muy niños, según esos testimonios.


El asaltado no reaccionó. Los delincuentes le abrieron un tajo en el pecho de sur a norte. Pese a las ocho horas de cirugía, el hombre no resistió. Los supuestos malhechores están detenidos: hay serias dudas sobre quién hizo qué en la muerte del cardiólogo.


Esos son dos fragmentos de un escenario de horrores. Menciono cosas que ocurrieron en Guarujá, una playa de ricos y nuevos ricos, y en Río de Janeiro, ciudad icono de Brasil. Menciono crímenes brutales y gratuitos cometidos por adolescentes.


A la 'deficiente auditiva' no la despojaron de nada, una vez que ella no entendió lo que pasaba. Bueno, le robaron, claro, la vida.


Al renombrado y reconocido cardiólogo le arrebataron un teléfono celular y una elegante bicicleta. Además, claro, de la vida.
Reza el himno nacional brasileño, en una clara prueba de que los himnos nacionales son capaces de cursilerías inimaginables: "De los hijos de este suelo eres madre gentil/ patria amada, Brasil'.


¿Habrá la patria amada sido gentil con la muchacha sorda –perdón: deficiente auditiva– que no entendió que la asaltaban? ¿O con el incauto cardiólogo que andaba en bicicleta en un paisaje de ensueños?


Hace muchos años –32, para mayor exactitud– un brasileño, el antropólogo y educador Darcy Ribeiro, junto al entonces gobernador de Río de Janeiro, Leonel Brizola, icono indiscutible de la izquierda brasileña por décadas, trataron de impedir que el actual escenario ocurriese.


La solución propuesta era sencilla y, hay que reconocer, cara: escuelas públicas en periodo integral, es decir, de las siete de la mañana a las cinco de la tarde, con clases curriculares más clases de arte, atención médica amplia, dentistas incluso, deportes, es decir, una vida completa: del desayuno al almuerzo hasta una merienda, algo que jamás en sus miserables vidas los muchachos de la vida real brasileña hubiesen soñado.


La derecha más recalcitrante y una izquierda idiotizada (me refiero, con todas las letras, al PT) se impusieron contra el proyecto. Recuerdo claramente a un amigo, muy de derechas, bramando: Comida, clases, todo eso es aceptable. Pero, ¿clases de ballet y de arte? ¿Para ellos?. Léase: ¿para los pobres?


Y de la misma forma recuerdo, claramente, a amigos militantes del PT diciendo: Comida, clases, todo es aceptable. Pero, ¿y la carga horaria de clases? ¿Quién cobrará por las horas suplementares?


Leonel Brizola y Darcy Ribeiro querían construir mil centros integrales de educación (CIEP) en Río. Creían que por esa vía –la educación– cambiarían, de una vez y para siempre, el mapa de miseria en que vivimos.


De haber logrado construir, en estos últimos 30 años, todos los CIEP soñados, serían, por lo menos, 30 millones de niños que hubieran tenido educación y apoyo básico, esencial, fundamental.


Ahora mismo se discute, en mi país, una revisión de la ley para rebajar la edad mínima en la cual un brasileño es imputable frente a la ley. Se busca, frente a un cuadro de creciente violencia urbana (si es que será posible, en el caso nuestro, el de la madre patria gentil, que crezca aún más esa violencia...) aumentar la pena a los adolescentes criminales.


Desde Brizola y Darcy, nadie se preocupó, a fondo, de combatir el problema desde la raíz. O sea, con más atención básica, más educación, para no tener que, años después, como ocurre ahora, buscar más punición.


Así las cosas: de gentil, la amada patria tiene muy poco. Y de amada, casi nada.

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Viernes, 15 Mayo 2015 06:15

Mano dura con discurso blando

Mano dura con discurso blando

En su primera semana de gobierno, el primer ministro David Cameron está dejando en claro sus credenciales. Con un discurso soft, una política hard y mayoría parlamentaria propia, el gobierno ha rechazado la nueva iniciativa europea sobre inmigración, repelerá la Ley de Derechos Humanos, propondrá una nueva ley de emergencia antiterrorista y la complementará con medidas adicionales de vigilancia por Internet.


El gobierno que Cameron terminó de conformar este lunes tiene una mezcla de pragmáticos de derecha y ministros que oscilan entre un fuerte euroescepticismo y el discurso de mano dura. Entre los primeros se encuentra el principal aliado de Cameron y posible sucesor, el ministro de Finanzas George Osborne. Entre los segundos están la ministra del Interior, Theresa May que, como Osborne, reina en su puesto desde 2010, y el de Justicia, Michael Gove.


May y Gove están a cargo de áreas clave de la nueva agenda. Inmigración y antiterrorismo serán feudos de la Dama de Hierro II, mientras que el Caballero de Acero se encargará de derechos humanos: ambos tendrán a Europa en el centro de la mira.
La Dama comenzó este miércoles por dejar en claro que el Reino Unido no participaría de ninguna iniciativa de la Unión Europea (UE) para lidiar con el fenómeno de los inmigrantes en el Mar Mediterráneo, a pesar de que en lo que va del año, luego de la tragedia de abril, suman treinta veces más muertes que el año pasado. El Reino Unido junto a Dinamarca y la República de Irlanda están exceptuados por el Tratado de Lisboa de la UE de cumplir directivas europeas de asilo e inmigración: si lo hacen es por decisión propia. Este miércoles May dejó en claro su posición. "Ofrecerles asilo es estimular el tráfico de personas, que es la causa de este problema", señaló.


Ese mismo miércoles, la ministra del interior anunció que impulsará una nueva ley antiterrorista. "Nos centraremos en el extremismo de todo tipo, un extremismo que busca promover el odio, que busca dividir nuestra sociedad, que busca socavar los valores que nos hacen una gran nación", indicó.


La ministra no dio detalles, pero la iniciativa no es nueva. En la última conferencia del Partido Conservador el año pasado May propuso la proscripción de grupos o individuos que buscan incitar el odio racial o religioso, amenazan la democracia o promueven el desorden público, la violencia y el acoso u otros actos criminales. A una iniciativa caracterizada por la amplitud y vaguedad sumó la bautizada snooper charter (estatuto del fisgón), que busca vigilancia policial prácticamente ilimitada a los contenidos de Internet de todos sus ciudadanos.


Hasta aquí la Dama de Hierro II. El Caballero, Michael Gove –ministro de Justicia que en su época de periodista reivindicó la pena de muerte–, está embarcado en la abolición de la Ley de Derechos Humanos de 1998 que incorporó a la legislación británica una iniciativa de la posguerra que tuvo entre sus adalides al mismo Reino Unido: la Convención Europea de Derechos humanos. En su reemplazo los conservadores proponen una nueva Ley Británica de Derechos y Responsabilidades para "terminar con el vínculo formal existente entre las cortes británicas y la Corte Europea de Justicia".


En la práctica el Reino Unido seguiría siendo signatario de la Convención Europea de Derechos Humanos –sólo podría dejar de serlo si se separase de la UE–, pero ningún británico o residente podrá iniciar una demanda en el Reino Unido: para hacerlo tendrá que recurrir a la Corte Europea de Derechos Humanos en Estrasburgo, Francia. Según Shami Chakrabarti, directora de la ONG de libertades civiles Liberty, "los déspotas de todo el mundo deben de estar frotándose las manos porque si un país como el Reino Unido descarta derechos fundamentales, ¿por qué no lo van a hacer ellos?"


El tercer mosquetero de la pandilla, el nuevo ministro de Cultura, John Whittingdale, está a cargo de la batalla con la BBC, corporación pública de televisión y radio que siempre ha estado en la mira de la derecha conservadora y sus aliados mediáticos, liderados por el Grupo Murdoch. La primera estocada ha sido el anuncio de la despenalización por no pagar la licencia que financia la corporación. La licencia es un impuesto automático, equivalente a unos 200 dólares anuales por televisor, que financia la BBC a nivel nacional y mundial: la despenalización es una invitación a desfinanciarla. El ministro ha estado públicamente a la cabeza de los conservadores que quieren eliminar el impuesto y, en los hechos, privatizar la BBC.


Con una mayoría parlamentaria de diez diputados, los conservadores no deberían tener muchos problemas para llevar adelante la mayoría de sus iniciativas, pero con la ley de derechos humanos tendrán serias dificultades. En estos días ha quedado bosquejado el espacio para una amplia alianza entre laboristas, liberal demócratas, verdes, autonomistas de Gales, la izquierda en Irlanda del Norte y nacionalistas escoceses, junto a un grupo de diputados conservadores que se oponen a la medida, coalición a la que se suman ONG como Amnistía Internacional o Liberty. En la Cámara de los Lores, que puede obstaculizar hasta terminar ahogando la aprobación de una ley, hay mayoría opositora. Según el periódico ultra conservador Daily Telegraph, a esta coalición se suman enormes problemas legales que vuelven a la ley "difícilmente reversible".


El primer ministro David Cameron es el encargado de poner las palabras soft para evitar esa imagen que los conservadores cargan desde el thatcherismo de ser el nasty party (el partido "odioso, repugnante"), imagen que no les impidió ganar las elecciones con el 36,9 por ciento del voto. "Somos el partido de todos los británicos. El partido de una nación unida que da oportunidades a todos, sean pobres o ricos, sean de cualquiera de las naciones que forman nuestro Reino Unido. Somos eso. Nunca debimos dejar de serlo", dijo Cameron luego de su sorpresiva victoria la semana pasada. A la vista de los hechos, sus palabras recuerdan las de Margaret Thatcher luego de su primera victoria electoral, en 1979, cuando citó a San Francisco de Asís para asegurar que había triunfado a fin de que "donde hay conflicto reine la armonía", cita que precedió el más furibundo ataque sobre sindicatos, organizaciones populares y el Estado de Bienestar Social.

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El nuevo sueño americano: sobrevivir a la violencia policial

"¿Qué deseas lograr con esta protesta?", le pregunté en agosto del año pasado a una adolescente de 13 años que estaba participando de una manifestación en Staten Island contra el asesinato por parte de la policía del afroestadounidense Eric Garner. La adolescente, llamada Aniya, me respondió: "Vivir hasta los 18 años sin morir antes de un balazo. Queremos crecer, vivir la vida. No queremos morir en cuestión de segundos por culpa de la policía".

Este es el sentimiento que inspira al movimiento Black Lives Matter (Las vidas de las personas negras importan) en todo el país. ¿Acaso será ese el nuevo sueño americano?


Más recientemente, en Baltimore, el anuncio por parte de la fiscal de la ciudad de que se presentarían cargos contra seis policías por la muerte de Freddie Gray calmó los ánimos luego de una semana de intensas protestas. Marilyn Mosby, la fiscal de Baltimore de 35 años de edad, es la fiscal principal más joven de una ciudad importante de Estados Unidos. Lleva apenas 100 días en el cargo y apareció en primera plana el viernes primero de mayo cuando realizó el sorprendente anuncio de que los policías afrontarían varias acusaciones, desde agresión hasta homicidio en segundo grado.


Según los informes policiales, el teniente de la policía de Baltimore Brian Rice estaba patrullando en bicicleta en la mañana del 12 de abril cuando Freddie Gray se echó a correr tras haber establecido contacto visual con él. Rice persiguió a Gray junto con los oficiales Garrett Miller y Edward Nero. Un transeúnte filmó el momento en que Gray era arrastrado hasta la camioneta de la policía mientras gritaba de dolor. A pesar de que Gray pidió asistencia médica reiteradas veces, no se la proporcionaron y al poco tiempo quedó inconsciente. Otros policías que participaron en su arresto y traslado tampoco hicieron nada. Su familia informó que Gray tenía un 80% de la médula espinal quebrada y que su laringe estaba destrozada. Gray murió después de haber estado una semana en coma.


Gene Ryan, presidente del sindicato de policía de Baltimore, escribió horrorizado: "Las imágenes que aparecieron en la televisión se parecen a un linchamiento". Sí, "linchamiento" fue el modo que un hombre blanco usó para describir las protestas de personas afroestadounidenses contra la muerte de otro afroestadounidense a quien le quebraron el cuello mientras se encontraba en custodia policial. Más tarde, en una conferencia de prensa, Michael Davey, abogado del sindicato de policías, defendió la persecución policial de Gray: "Si uno se encuentra en una zona donde hay altos índices de delincuencia y huye de la policía sin que haya provocación, la policía está legalmente habilitada a perseguirlo". Entonces, ¿esto significa que Freddie Gray fue arrestado por ser negro y haber salido corriendo?


Luego de cada asesinato de una persona aforestadounidense por parte de la policía en los últimos tiempos, la indignación se ha hecho sentir cada vez más. La muerte de Eric Garner ahorcado por un policía el 17 de julio de 2014, quedó impune. El fiscal de distrito de Staten Island, Daniel Donovan Jr., se negó a presentar acusaciones contra los oficiales. Donovan, que es republicano, fue recompensado esta semana: obtuvo la banca en el Congreso que dejó vacante Michael Grimm, quien renunció tras haber sido hallado culpable de evadir millones de dólares en impuestos. Grimm también es conocido por haber amenazado con golpear a un periodista en un programa de televisión en vivo después de que éste le preguntara sobre las acusaciones. Grimm le dijo al periodista en aquella oportunidad: "Te partiré en pedazos, como a un niño".


Volviendo a Baltimore, muchas personas se sintieron aliviadas cuando la fiscal de la ciudad Marilyn Mosby anunció que había presentado acusaciones contra los seis policías: "Provengo de una familia de cinco generaciones de agentes del orden. Mi padre era policía, mi padre era policía, al igual que varios de mis tíos y tías. Mi querido abuelo, recientemente fallecido, fue uno de los miembros fundadores de la primera organización de policías negros de Massachusetts. A quienes están furiosos, heridos o han sufrido sus propias injusticias en manos de la policía, los insto a que canalicen esa energía pacíficamente mientras llevamos adelante este caso. He escuchado su clamor de que 'sin justicia no hay paz'. Sin embargo, su paz es absolutamente necesaria mientras me esfuerzo por impartir justicia en el caso de Freddie Gray".


Mosby finalizó su oratoria mediante una declaración sin precedentes en la historia de los discursos de la fiscalía: "Por último, pero no menos importante, a los jóvenes de esta ciudad les digo que intentaré hacer justicia en su nombre. Este es su tiempo. Garanticemos que las manifestaciones sean pacíficas y productivas, para que logren cambios estructurales y sistémicos para las próximas generaciones. Ustedes están al frente de esta causa y, como jóvenes, nuestro tiempo es ahora".
Si la exigencia de que los responsables rindan cuentas se lleva a cabo con esta determinación, quizá Aniya logre su deseo de cumplir 18 años y muchos, muchos más.

Traducción al español del texto en inglés: Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Baltimore: Desigualdad y crimen, combustible para el estallido

El último adiós a Freddie Gray, el joven afroamericano que murió el 19 de abril bajo custodia policial en Baltimore, Maryland, se convirtió este lunes en un nuevo clamor contra los prejuicios y abusos de la policía de Estados Unidos contra la población negra. Foto: Boston Globe


Baltimore, la ciudad que inspiró los poemas de Edgar Allan Poe y la célebre serie "The Wire", es una urbe dividida en dos: un núcleo revitalizado que busca recuperar su antiguo papel como motor económico y un cóctel combustible de pobreza y crimen que apenas necesitaba una chispa para estallar.


Los graves disturbios del lunes en Baltimore, que resultaron en 20 policías heridos y más de 200 arrestos, han devuelto a las portadas periodísticas la imagen de una ciudad al borde del colapso que popularizó "The Wire", una crónica de la violencia, la corrupción y el auge de las drogas en esa ciudad que se convirtió en serie de culto la década pasada.


En ese retrato televisivo cabe solo una parte de la compleja realidad de Baltimore, una ciudad de 622.000 habitantes en el estado de Maryland, noreste de EE.UU., que se ha convertido en escenario de los mayores disturbios en el país desde los registrados en agosto pasado en Ferguson (Misuri).


Aunque la muerte de un joven negro a manos de la policía fue el detonante de los disturbios en ambas ciudades, "Baltimore no es Ferguson, y sus principales problemas no son raciales", tal y como recordó hoy Michael A. Fletcher, un periodista que lleva más de tres décadas viviendo en esa ciudad, en el diario "The Washington Post".
En Baltimore, el 63% de la población es negra, como también lo son la mitad de su fuerza policial y su alcaldesa, heredera de una larga tradición de políticos y activistas de los derechos civiles afroamericanos en la ciudad.
Pero la desigualdad en Baltimore es una de las más marcadas de Estados Unidos, con un 23,8% de personas viviendo por debajo del umbral de la pobreza entre el 2009 y el 2013, un índice muy superior a la media del estado de Maryland, del 9,8 %, según la Oficina del Censo.
Esas bolsas de pobreza se concentran en los barrios del este y el oeste de la ciudad, muchos de ellos vigilados durante años por cámaras cuyos destellos azules servían a los residentes para identificar las calles que se consideraban peligrosas, donde la falta de empleo arrastraba a muchos jóvenes a la droga y el crimen.
Esa imagen contrasta con la de un puerto renovado, lleno de restaurantes, oportunidades de ocio y viviendas de lujo, que las autoridades locales presentan como escaparate de una ciudad que, por primera vez en más de medio siglo, puede presumir de crecimiento demográfico y de nuevas inversiones económicas.
Fundada en 1729, Baltimore fue, después de Nueva York, la segunda ciudad del país en alcanzar los 100.000 habitantes, amparada en un cotizado puerto y una pujante industria del acero, pero el declive de la actividad manufacturera en Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial golpeó especialmente duro en la localidad.
Baltimore ha perdido un tercio de su población desde 1950, cuando su nutrida clase media empezó a emigrar en busca de empleos, y apenas comenzó a recuperarla en el 2012, el primer año en más de medio siglo en que el Censo estadounidense constató un crecimiento demográfico en la ciudad, con unos 1.100 habitantes nuevos.
La droga pronto se abrió paso entre los barrios más pobres de la ciudad, que según el Gobierno federal tiene la mayor concentración de adictos a la heroína del país, y comenzaron a multiplicarse los arrestos por narcotráfico y posesión de estupefacientes entre la población negra.
El índice más alto de personas encarceladas en el estado de Maryland se registra en el barrio donde vivía Freddie Gray, el joven negro que murió a raíz de lesiones sufridas cuando estaba bajo custodia policial y cuyo caso ha desatado los disturbios.
En ese barrio, el de Sandtown-Winchester, más de la mitad de los hogares ingresan menos de 25.000 dólares al año, y más del 20% de la población adulta está desempleada, según un informe oficial del Departamento de Salud de Baltimore en el 2011.
La ciudad también se hizo famosa por su alta tasa de homicidios, que en las décadas de 1980 y 1990 llegó a ser de unos 300 al año, y que en los primeros cuatro meses de este año ha sumado 68, según un recuento que lleva el diario local The Baltimore Sun.
En ese entorno, la policía de Baltimore capeó múltiples denuncias de corrupción, acusaciones de uso injustificado de la fuerza letal y de propinar palizas a sospechosos.
Esas mismas impresiones han motivado las mayores protestas en Baltimore desde 1968, cuando los disturbios generados tras el asesinato del líder de los derechos civiles Martin Luther King provocaron también el despliegue de la Guardia Nacional.
Pese a que las estadísticas siguen jugando en su contra, son muchos los residentes que creen en las perspectivas de la urbe en la que Edgar Allan Poe escribió su famoso poema "El cuervo" y que, durante casi toda la década pasada, se atrevió a llevar el eslogan de "La mejor ciudad de Estados Unidos"

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Furia y tensión tras el funeral de Gray

Freddie Gray, 25 años, murió hace dos semanas a causa de una seria herida en la espina dorsal mientras estaba bajo custodia policial. Ayer, manifestantes incendiaron patrulleros, saquearon comercios y chocaron con la policía.

En un nuevo estallido de tensión racial vinculado a la brutalidad policial en Estados Unidos, manifestantes vandalizaron ayer la ciudad de Baltimore, arrojando piedras y botellas a la policía, incendiando y destruyendo patrulleros y saqueando comercios luego del funeral de un joven negro muerto en custodia policial.


La policía de Baltimore, en el noreste de Estados Unidos, dijo que al menos siete agentes resultaron heridos, entre ellos uno que quedó inconsciente, luego de los disturbios, que ocurrieron cerca de un shopping no lejos de la iglesia bautista donde tuvo lugar el funeral del joven Freddie Gray, de 25 años, muerto hace dos semanas a causa de una seria herida en la espina dorsal mientras estaba bajo custodia policial.


En el segundo día consecutivo de violencia callejera por la muerte de Gray, imágenes de televisión mostraron a cientos de policías antimotines locales y estatales que pugnaban por restaurar el orden ante una multitud de manifestantes, en su mayoría jóvenes afroamericanos, que se negaban a cumplir las órdenes de dispersarse.


En un punto, decenas de hombres destruyeron un patrullero blanco, saltando sobre su capot y sobre su techo y golpeándolo repetidas veces con palos. La situación duró hasta que un blindado policial acudió al lugar, donde uno de los agresores fue detenido y tirado al piso por agentes tras salir del auto e intentar huir corriendo.


"Hemos visto a oficiales heridos durante el curso del día. Tienen huesos rotos, uno está inconsciente", dijo el capitán de policía Eric Kowalczyk en conferencia de prensa, al tiempo que advirtió que las fuerzas del orden utilizarán "los métodos apropiados para asegurar" la seguridad de la comunidad, mencionando específicamente el empleo de gases lacrimógenos.


La cadena CNN dijo que uno de sus camarógrafos fue herido y sacado del lugar de los disturbios en una ambulancia, mientras que medios locales mostraron que varios jóvenes fueron detenidos por la policía. La agencia de noticias rusa Sputnik afirmó que manifestantes saquearon un banco, pero la información no fue confirmada oficialmente.


La violencia llegó luego del funeral de Gray y de que aparecieran mensajes en las redes sociales anunciando una "purga" al término de las clases en las escuelas locales, una palabra que en la jerga callejera de Baltimore, en el estado de Maryland, equivale a disturbios. El temor a los desórdenes provocó el cierre del campus céntrico de la Universidad de Maryland y de varios comercios.
Más temprano, miles de personas se congregaron en la iglesia bautista para despedir los restos de Gray, quien murió el 19 de abril de heridas severas, una semana después de su arresto en Baltimore. Sus familiares, amigos y vecinos acusan a la policía de no haber brindado asistencia médica a Gray durante su detención, lo que habría provocado su muerte.


Su fallecimiento fue el último de una reciente serie vinculada con la brutalidad policial y las tensiones entre la policía y los afroamericanos en varias ciudades del país, incluyendo la del adolescente Michael Brown en agosto pasado en Ferguson, Missouri, donde fue baleado por un policía blanco mientras estaba desarmado.


La muerte de Gray desató protestas en Baltimore durante el fin de semana, y la policía dijo que unas 34 personas fueron detenidas y seis oficiales resultaron heridos en hechos de violencia callejera desde entre ayer y el sábado por la noche.


Amigos, familiares y extraños se sumaron a los funerales y al entierro de Gray, quien yacía en un ataúd junto a una gorra del equipo de béisbol Los Angeles Dodgers. Entre los asistentes, muchos de ellos vestidos de blanco, se encontraban los familiares de Eric Gardner, el afroamericano que murió el año pasado en Nueva York a manos de la policía, así como varios altos funcionarios de la Casa Blanca. Dentro del templo colgaba una pancarta que rezaba: "Las vidas de los negros importan y todas las vidas importan".


Este nuevo caso volvió a reabrir las heridas entre la comunidad afroamericana, que tras la muerte de Brown en Ferguson denuncia que existe un notorio uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes policiales respecto de la población negra.


La alcaldesa de Baltimore, Stephanie Rawlings-Blake, emitió un "llamado a la paz". "Nos definimos por cómo respondemos y espero que, en la medida en que los ojos del país están puestos en Baltimore, se vea muy claramente que ésta es una comunidad que está dispuesta a enfrentar temas difíciles, que está dispuesta a exigir la rendición de cuentas, y que también exige la paz y el progreso al mismo tiempo", dijo la alcaldesa.


La ciudad de 620.000 habitantes, que cuenta con casi dos tercios de la población de etnia negra, tiene una larga historia de tensiones entre la policía y la comunidad afroamericana, una herida que se ha reabierto a raíz de la muerte de Gray.


En su rueda de prensa diaria, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, rehusó hacer comentarios sobre las circunstancias en que murió Gray para no "interferir" en la investigación, y recordó que el Departamento de Justicia ya está recopilando información sobre lo ocurrido. Sobre las tensiones de los últimos meses entre la policía y las comunidades afroamericanas en varios puntos del país, Earnest reiteró que afrontar este problema requiere del "compromiso" de las autoridades y agentes locales, y es algo que el gobierno federal "no va a resolver por sí solo".

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