Los Nasa: el dulce amargo de la caña de azúcar

Tanquetas, humo blanco, indígenas tapando su boca y nariz con pañuelos, ataques en su contra con armas de fuego y machete, todas estas acciones e imagenes hacen parte de la foto de la Liberación de la Madre Tierra que tiene como escenario el Cauca desde diciembre anterior, pero que ganó nuevos ribetes desde febrero.

Desde el 15 de diciembre de 2014, los comuneros Nasa decidieron recuperar lo que es suyo. Para eso ingresaron de manera pacífica a los predios de cuatro haciendas: Granadita, García Arriba, Miraflores y Quebrada Seca. Haciendas que suman 4.000 hectáreas llenas de cultivos de caña del ingenio Manuelita, empresa que hace parte del emporio económico de Carlos Ardila Lulle.

Allí sentaron sus fueros. Día a día, con su presencia silenciosa, dejaban constancia que habían llegado por lo que les pertenece. A su alrededor los trabajadores del ingenio proseguían sus labores: sembrar, limpiar y recoger caña. Todo era "normal". Así transcurrieron dos meses de toma pacífica de estas haciendas.

La violencia como lenguaje oficial

"Tápenlo con barro, tápenlo con barro [...] échenle agua", le gritaban comuneros a quienes intentaban apagar los gases lacrimógenos lanzados por el Esmad, mientras que otros cogían piedras para lanzarlas con sus caucheras y responderle de esa manera al conjunto de hombres que casi nunca tienen rostro. Así, quedaron registrados los enfrentamientos del 24 de febrero en Corinto Cauca en un video realizado por el Tejido de Comunicaciones del pueblo Nasa.

El 25, un guardia indígena fue herido de gravedad por parte del Esmad, según la Acin fue golpeado "en la cabeza hasta quedar inconsciente (...). En respuesta a la ofensiva policial los comuneros se vieron obligados a bloquear la vía panamericana y ocupar la hacienda El Japío en el municipio de Caloto".

Al día siguiente, en el mismo ambiente de enfrentamientos, tomaron forma los primeros acercamientos entre los indígenas, la Defensoría del Pueblo y las Naciones Unidas para iniciar conversaciones con el Gobierno Nacional.

Así, el 28 fue acordado un "tacho": un acuerdo de 72 horas en las que no se atacarían unos a otros, y con el cual, la comunidad podría curar a sus heridos. Pero, "El Esmad arremetió contra las comunidades violentando el acuerdo e ingresaron a la finca con seis tanquetas cerca de donde las comunidades estaban preparando sus alimentos. Sin mediar palabra, atacaron con gases dejando nuevos heridos y destruyendo los lugares adaptados por las comunidades para pernoctar en las fincas, los víveres y las cocinas. Esta situación los obligó a desplazarse a las partes altas para resguardarse del ataque", narran voceros de la Acín.

"Tenemos 78 heridos de los comuneros levantados en lo que hemos llamado la Minga de la Liberación de la Madre Tierra. Tenemos dos compañeros judicializados, cinco compañeros heridos con impactos de arma de fuego y afortunadamente, el que estaba más herido se está recuperando de manera satisfactoria. No tenemos muertos hasta el momento, no esperamos tenerlos, pero el balance en términos de atropellos y violación de derechos humanos es muy grave por parte de la Fuerza Pública", le dijo Feliciano Valencia, líder de la comunidad Nasa a desdeabajo.

La deuda

"[...] Se llama liberación. Liberarla de aquellas personas que vinieron de afuera, que golpearon a nuestros mayores en ese tiempo, que los despojaron quitándoles el terreno que les pertenecía y hoy ustedes lo pueden ver, son extensiones de caña inmensas. Pero, no son de cualquier persona, son del rico. Por eso el rico ha mandado al Esmad; por eso el Gobierno no quiere conciliar; por eso hoy tenemos tantos heridos, pero lo que ha dicho la comunidad es que aquí se queda", le decía Edilia Campo, al Tejido de Comunicaciones.

La liberación surge por la deuda que el Estado tiene con el pueblo Nasa. Entregarles 15.663 hectáreas fue el compromiso que asumió el Estado para reparar a la comunidad por la masacre del Nilo del 16 de diciembre de 1991, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo declarara responsable por el asesinato de 21 indígenas a manos de la Policía.

James Larrea, asesor de la Cut Valle y quien también acompaña a los indígenas en asuntos de derechos humanos, le dijo a desdeabajo que un falló el Consejo de Estado estableció que el autor material del hecho fue "Fabio Alejandro Castañeda Matheus, para ese entonces, teniente de la policía, ascendido a capitán y comandante antinarcóticos del norte del Cauca. Y, el mayor Jorge Enrique Durán Argûelles, comandante de Policía de Santander de Quilichao fue el autor intelectual".

Según medios de comunicación, los miembros de la Fuerza Pública involucrados en el caso se entregaron a la justicia a principios de febrero de este año. Pero, la deuda sigue siendo grande, sobre todo por la no repetición. El ocho de abril de 2001 se dio la masacre del Naya y el 18 de noviembre de 2012 la del Gualanday en Corinto, y otras más, que en definitiva han roto por completo la confianza de las comunidades indígenas con el Estado.

Sin embargo, sectores como la Sociedad de Agricultores y Ganaderos (Sag), y la presidenta ejecutiva de Cámara de Comercio del Cauca, le afirmaron al periódico El Tiempo, que el Gobierno les entregó a los indígenas "un cuarto del territorio del Cauca".

Un informe de la Contraloría del 2013 afirma lo contrario: En el tema de tierras no se ha cumplido ni el 50 por ciento de lo prometido. El informe que es citado por la Acin, explica: "revisada la gestión del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), frente al proyecto de adquisición de tierras a Comunidades Indígenas del Cauca, decreto 982 de 1999, se evidenció debilidades en el cumplimiento de las metas previstas en el plan de acción, deficiencias en las actividades de adquisición de predios, retraso en los procesos de titulación efectiva a las comunidades, rezagos en los cumplimientos de los compromisos adquiridos en las actas operativas del Decreto y falencias en la destinación oportuna y eficaz de recursos (humanos y económicos) para el adecuado avance y el cumplimiento de las metas del proyecto".

Además, para el mismo medio, Héctor Fabio Dicué, consejero de la Acin, dijo que donde viven son áreas de protección, "Estamos ubicados en partes altas de las montañas".

A la espera

Ante el evidente incumplimiento, los comuneros siguen en las haciendas. Pero ya no son cuatro, según Valencia tienen "[...] ocho haciendas ocupadas, dos en Corinto y dos más ocupadas en el municipio de Buenos Aires".

Y así como aumenta la posesión de los indígenas, también aumenta la tensión. "El 2 de marzo de 2015, en los municipios de Corinto, Miranda y Santander de Quilichao fue distribuido un panfleto [...], con un logo de quienes se autodenominan Rastrojos Comandos Urbanos, titulado 'JUSTICIA POR UN PAÍS QUE NO PUEDE SEGUIR DE RUANA'", cita la Acin.

En el panfleto amenazan a líderes de las comunidades indígenas, calificados como agitadores, recordándole que tienen deudas pendientes con ellos.

Pese a esto, y a los tensos procesos con el Gobierno Nacional, los indígenas continúan con su objetivo, dentro de lo cual recuerda Valencia: "Hemos llevado nueve reuniones con delegados del Gobierno que no nos han solucionado nada y nos han manifestado que ellos no tienen capacidad de decisión".

Proceso de negociación con altibajos. Para el nueve de marzo habían acordado otra reunión entre el Gobierno y los indígenas. Pero, a pesar de que la comunidad había confirmado su asistencia, no fue realizada. Lo que evitó el encuentro fue un ataque con arma de fuego efectuado en contra de los indígenas, accionada por parte de miembros de la seguridad privada.

Intimidación, amenazas, seguimientos, señalamientos, ataques directos, todo esto y mucho más no desanima a los indígenas, quienes tienen, de acuerdo a Feliciano, "[...] un mandato de las comunidades de no más mesas de negociación, no más comisiones en Bogotá. La gente está en los predios y la solución del Gobierno en términos de atender las exigencias es allá en el terreno [...], la decisión es no retirarse de los predios hasta que el Gobierno nos los entregue, porque han habido experiencias: se crean comisiones, venimos a Bogotá, pero todo queda en promesas".

Un pulso continúo y en el cual la comunidad no desfallece. El jueves 12 de marzo, en la finca La Milagrosa del resguardo de Canoas, se dio cita la Consejería de la Acin y la comunidad para escuchar y debatir dos propuestas: 1) continuar con las negociaciones, 2) seguir con la Liberación de la Madre Tierra a corto, mediano y largo plazo

Resaltan, como conclusiones del encuentro, que harán las dos cosas, y que el objetivo es que el Gobierno Nacional les entregue 20 mil hectáreas en cinco años. Ellos esperan recibir de manea formal las haciendas El Japío, La Emperatriz, La Margarita, Guayabal, Canaima 1, Canaima 2, García, San Vicente y Las Pirámides.

Según los indígenas, las tierras más difíciles de recibir serían las de Miraflores y las de Quebrada Seca, pues son propiedad de Ardila Lulle, y no están en oferta.

Una sesión entre las partes

El lunes 16 de marzo, dice un comunicado de la Acin, en la hacienda Gualanday del resguardo Munchipe los Tigres, se abrirá un espacio para que una delegación conformada por gobernadores de los cabildos del norte del Cauca le expliquen al Gobierno Nacional las propuestas y objetivos trazados por la comunidad.

Según el mismo comunicado, el Gobierno se comprometió a entregarles tres mil hectáreas hasta 2016, pero también tres mil millones de pesos para agricultura. Y enfatizan en este documento: "[...] lo que ha mandado ha sido la arremetida brutal de su fuerza armada para que desalojen a las comunidades que se encuentran en la vía La Panamericana y en las diferentes haciendas".

Violencia sin limite: al cierre de esta edición los indígenas resaltan la existencia de 100 comuneros heridos.

El pulso continúa. Todos los sectores involucrados están a la espera de cómo terminará esta nueva jornada por la Liberación de la Madre Tierra, el dulce amargo que por estos días permanece en los cultivos de caña. los cultivos de caña.

Publicado enEdición 211
Cómo evitar los efectos de las pistolas Taser

Las pistolas de descargas eléctricas, aturdidoras o Taser como también se llaman en referencia a su fabricante llegan a España con la oposición popular, dicho de otro modo, se imponen. Estas pistolas disparan dos dardos que, en realidad, funcionan como dos electrodos que utilizan nuestro propio cuerpo para cerrar su circuito eléctrico. Una vez que penetran los dardos en nuestro cuerpo, se produce una descarga de unos 50.000 voltios y unos pocos miliamperios, lo que provoca mucho dolor y la contracción de nuestros músculos, paralizándonos.


Esa es la clave de estas armas, que disparan muchos voltios, pero pocos amperios, lo que contribuye al aturdimiento pero, en teoría, no provocan lesiones graves. Los voltios miden el voltaje, es decir, la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, como los agujeros de un enchufe, por ejemplo. Por su parte, los amperios miden la intensidad de la corriente eléctrica. Para entenderlo, si pensamos en una manguera, los voltios serían la presión con la que sale el agua, mientras que los vatios representarían la cantidad de agua que sale.


Sin embargo, el propio fabricante ha advertido de los 'efectos secundarios' (en realidad, son primarios) de estas pistolas, desde problemas respiratorios a irritación de la piel, quemaduras menores o lesiones musculares más propias de deportistas de élite. Los informes de organizaciones como Amnistía Internacional son más demoledores, documentando casi un millar de muertes a manos de estas pistolas Taser o pruebas científicas que prueban que se pueden provocar lesiones permanentes. Y es que, en un sujeto con problemas cardiacos o, sencillamente, que se encuentre bajo los efectos de algún estupefaciente, los daños pueden ser letales.


¿Podemos hacer algo para evitar estas pistolas Taser? Lo primero que debemos saber es que el rango de estas armas es de entre 5 y 10 metros con ciclos de disparo de 5 segundos. Así que la primera opción siempre será huir para salir de su alcance. Si nos alcanza en una zona con poca masa muscular, como pueden ser las costillas, la descarga perderá mucha efectividad. Por eso, por norma general, nos apuntarán al torso o al muslo, donde hay mucha masa muscular.


En este sentido y dado que la descarga se produce entre los dos dardos, cuanto más cerca esté un dardo de otro, menor sería la parte de nuestro cuerpo afectada. Por este motivo, si nos viéramos sorprendidos por un disparador de una pistola Taser y no tuviéramos posibilidad de huir o esquivar el disparo, una de las mejores opciones es acercarnos lo más rápidamente posible a la pistola, para evitar que cuando sea disparada los dardos se separen demasiado.


Si somos alcanzados, lo mejor es hacer un movimiento rápido de barrido, intentando desprender alguno de los dardos, lo que interrumpiría el circuito y estaríamos libres de descarga. Lógicamente, cuando seamos disparados por la espalda –algo, para qué engañarnos, nada descabellado-, esto será imposible.

 

Tejidos protectores


Uno de los grandes mitos para evitar este tipo de pistolas es vestir unos zapatos de goma: no servirá de nada, porque la corriente eléctrica no circula a través de tu cuerpo hacia el suelo, sino entre los dos dardos que han traspasado tu piel. ¿Y un traje de goma? Eso sí serviría, pero únicamente si es lo suficientemente grueso para evitar que los dardos lleguen a penetrar en nuestra piel.


Otra cosa bien distinta es hacerse con un chaleco antibalas o chalecos específicos que desde hace años se comercializan en Internet. Por otro lado, sobre el papel, un traje de malla metálica como el que usan los buceadores que tratan con tiburones, no sólo impedirían que los dardos nos alcancen, sino que podrían incluso provocar un cortocircuito.


Así que podemos intentar construir nuestra propia 'armadura' anti-Taser, no tanto para impedir que nos penetren los dardos como para cortocircuitarlos. Bastarán prendas ajustadas a las que pegar con spray adhesivo un metal conductor, tratando de comunicar siempre con cobre las diferentes prendas (por ejemplo, unos pantalones o un chaleco). Al entrar en contacto con los electrodos, provocarán un cortocircuito.

 

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Un grito de indignación recorre EE UU: "No puedo respirar"

No puedo respirar, no puedo respirar!". La letanía pronunciada por el afroamericano Eric Garner cuando murió asfixiado por el abrazo mortal de un policía el pasado mes de julio recorrió este jueves por la noche las ciudades de Estados Unidos por segunda jornada consecutiva de protesta tras la decisión del gran jurado de Nueva York. Miles de personas expresaron pacíficamente su indignación en la propia Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Boston, Minneapolis, Atlanta, Oakland y otros lugares por una decisión que ha abierto en canal el debate sobre la brutalidad policial contra la minoría negra y ha resucitado viejos fantasmas que el país creía superados.


Durante varias horas, miles de manifestantes recorrieron las calles de Nueva York bajo la estricta vigilancia de la policía. En contraste con las marchas del miércoles, que fueron improvisadas, las de este miércoles estuvieron más organizadas, con la principal concentración en Foley Square, una plaza situada tras el Ayuntamiento de la ciudad en la que se concentran los tribunales de Justicia.

La elección de Foley no fue casual. Los allí congregados eligieron una escultura del artista Lorenzo Pace dedicada al "Triunfo del espíritu humano". Es uno de los monumentos más representativos de la ciudad dedicado a los afroamericanos. "¿A quiénes defendéis, a quiénes protegéis", preguntaban los allí presentes a los policías desplegados.


Desde ahí, el grupo principal se rompió y se dispersó por toda Manhattan. Como en ocasiones anteriores, las protestas se desplazaron hacia puntos simbólicos de la ciudad, como la estación Grand Central, Times Square, Herald Square y Union Square. Los protestantes volvieron a cortar el tráfico en las rondas de circunvalación y en el puente de Brooklyn, con los consiguientes problemas de tráfico.

"Esta es nuestra realidad, hay que poner fin a la brutalidad policial", cantaban los asistentes mientras en el fondo se escuchaban los helicópteros que sobrevolaban las marchas y las sirenas de los coches de policía. "Ferguson está en todos lados", recordaban los presentes, en referencia a lo sucedido en Misuri por la muerte tiroteado por la policía del adolecente Michael Brown. "A la cárcel, a la cárcel", gritaban los manifestantes en referencia a Darren Wilson y Daniel Pantaleo, los agentes de policiales exonerados por los jurados de Ferguson y Staten Island.


"No es solo indignación hacia la policía, es indignación hacía un sistema que les permite hacer cosas terribles", comentaba Ahsley B., una joven de Brooklyn que se manifestaba por el famoso puente. Algunos llevaban camisetas con los nombres de otros ciudadanos negros muertos a manos de la policía, como Ramarley Graham o Akai Gurley.


Durante la movilización, varios centenares de manifestantes trataron de subir al ferry que conecta Manhattan con Staten Island, el barrio donde residía Eric Garner y donde murió durante su detención. La policía, temerosa de incidentes y decidida a que los manifestantes estuvieran en todo momento en movimiento, suspendió el servicio de la embarcación, lo que provocó momentos de tensión y algunos arrestos.

Asimismo, los manifestaron se tumbaron como si estuvieron muertos durante once minutos frente a los grandes almacenes Macy´s, mientras que el resto volvían a gritar las ya míticas consignas: "No puedo respirar, no puedo respirar" y "Si no hay justicia, no hay paz". En varias pancartas podía leerse "solidaridad contra la brutalidad policial" e "igualdad judicial para todos".


"Estamos aquí ejerciendo nuestros derechos y lo estamos haciendo todo de una manera pacífica, sin violencia", comentaba uno de los participantes en una movilización que, como en días anteriores, ha estado dominada por jóvenes blancos, con escasa presencia de otras razas. "Todos juntos, todos estamos aquí juntos", gritaban con entusiasmo pese al frío reinante.


En Washington, varios cientos de personas marcharon frente al Departamento de Justicia, pasaron cerca de la Casa Blanca justo en el momento en que Obama celebraba el alumbrado del árbol de Navidad, para dirigirse finalmente hacia el monumento de Washington con gritos de "sin justicia no hay paz" y "policía racista". Una columna se dirigió hacia el puente que conecta la capital con Arlington, antes de regresar a la ciudad

En Minneapolis, un grupo de manifestantes bloqueó la carretera interestatal 35, una de las principales arterias de la ciudad, lo que provocó largas retenciones. En Chicago fueron miles los que se congregaron. Un nutrido grupo cortó la carretera Lake Shore Drive, lo que provocó la intervención de los agentes y algunos momentos de tensión. "Esta es nuestra carretera", gritaban los activistas.

La protesta en Boston coincidió también con la iluminación de árbol navideño en Boston Common. Cientos de personas se congregaron dos horas antes de la ceremonia y marcharon a lo largo del parque. A las 20.00 horas, cuando el árbol fue iluminado, los presentes gritaron "Justicia ya".

Parafraseando a la viuda de Eric Garner, una estudiante asiática dijo en Nueva York: "Esta lucha no va a acabar aquí. Esto es solo el principio". Y recordó, en referencia al movimiento por los derechos civiles de los años 60: "Fueron necesarios 10 años de protestas y de boicots para lograr que se adoptara el Acta de Derechos Civiles que permitió votar a los negros. Ahora no hemos hecho más que empezar".


Otro afroamericano muerto por un agente

El Gobierno de Estados Unidos está decidido a abordar las raíces detrás de la indignación por los recientes dictámenes judiciales de exonerar a policías blancos por la muerte de ciudadanos negros y el problema no es exclusivo de los Estados de Nueva York y Misuri. El jueves se supo que otro policía blanco de Phoenix (Arizona) mató el pasado martes a un negro desarmado, Rumain Brisbon, de 34 años, en un forcejeo al confundir el bote de pastillas que llevaba en un bolsillo con una pistola. El hecho se produjo cuando el agente se acercó al coche de Brisbon, de quien sospechaba que vendía drogas, con intención de interrogarle

Ya tras la decisión de un gran jurado en el caso de Michael Brown en Ferguson, el presidente Barack Obama anunció una serie de medidas para mejorar la confianza de la comunidad afroamericana con la policía. Ahora, tras el caso de Eric Garner en Nueva York los cambios parecen más apremiantes. "Ha llegado el momento de hacer más", dijo este jueves el fiscal general, Eric Holder, al recordar que su departamento está llevando a cabo su propia investigación sobre si vulneraron derechos civiles en las muertes de Brown y Holder, en julio y agosto pasado, respectivamente.

Entre las medidas anunciadas el lunes por Obama, están un plan de entrenamiento de agentes y la adquisición de cámaras de vídeo para los uniformes. "Estas son el tipo de medidas pragmáticas e inclusivas que unen a la gente correcta en una constructiva conversación nacional", afirmó Holder, que insistió en que debe restablecerse la confianza entre la policía y algunas comunidades.

No es un problema exclusivamente de los estados de Misuri y Nueva York. Se repite en varios puntos del país. Holder hizo estas declaraciones en Cleveland (Ohio) al anunciar los resultados de una investigación del Departamento de Justicia en el cuerpo de policía de esa ciudad. La investigación se inició hace un año y medio, y halló un patrón -"irracional e innecesario"- de un uso excesivo de la fuerza en esa policía, lo que vulnera la Constitución. El anuncio de los resultados de la investigación llega más de una semana después de que un policía de Cleveland matara por disparos a un niño de 12 años porque creía que llevaba una arma de fuego cuando en realidad era una pistola de juguete.


"Es una consecuencia de deficiencias sistemáticas, incluidas una responsabilidad insuficiente, entrenamiento y equipamiento inadecuado, políticas inefectivas y una relación inadecuada con la comunidad", señaló el fiscal. En los últimos cinco años, el Departamento de Justicia ha hecho una veintena de investigaciones de este tipo en cuerpos de policía de EE UU. Algunas de ellas han derivado en reformas de calado.

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Hubo protestas en 170 ciudades de EU por el fallo en Ferguson

Más de dos mil efectivos de la Guardia Nacional se mantuvieron desplegados en Ferguson, donde este miércoles bajó la intensidad de las protestas que siguieron a la decisión de un jurado investigador de no presentar cargos al policía de raza blanca Darren Wilson, que mató a tiros al joven afroestadunidense Michael Brown, quien estaba desarmado, el 9 de agosto pasado.


Las noches del lunes y martes, cientos de miles se sumaron en más de 170 ciudades de Estados Unidos a la indignación por el fallo del gran jurado, en movilizaciones que en su mayor parte transcurrieron pacíficamente. Unas 200 personas fueron arrestadas, de ellas 150 en Los Ángeles, 58 en Misuri y diez en Nueva York.


En Ferguson, los manifestantes continuaron este martes con protestas aisladas, incluido un grupo que irrumpió en el ayuntamiento de San Luis al grito de ¡qué vergüenza, qué vergüenza!. La policía cerró el edificio y convocó a más de 100 agentes adicionales que hicieron uso de gas pimienta para controlar la protesta. Tres personas fueron arrestadas.
Otras 200 personas marcharon por el centro de San Luis y celebraron un juicio simulado a Wilson, sin que se presentaran incidentes.


Muchos residentes de Ferguson esperaban que la calma relativa de este día se extendiera hasta este jueves, que es el día feriado de Acción de Gracias.


Los dos mil 200 integrantes de la Guardia Nacional, solicitados por el gobernador de Misuri, Jay Nixon, se mantuvieron este martes en alerta ante la posibilidad de que se repitieran las violentas protestas de las noches de lunes y martes. Las movilizaciones bajaron de intensidad.


El cadáver de un hombre de 20 años, hallado dentro de un vehículo en Ferguson después de los disturbios del martes, fue identificado como DeAndre Joshua. Las autoridades establecieron que la víctima tenía un balazo en la cabeza y fue quemado; no está claro si el asesinato está vinculado con las protestas por el fallo que absolvió al policía Wilson.

Las manifestaciones se han extendido a ciudades de todo el país; la mayoría han sido pacíficas. Sin embargo, en Oakland, California, manifestantes atacaron este miércoles varios negocios, y en Mineápolis, Minesota, un automovilista molesto embistió a la multitud y atropelló a una mujer.


En Portland, Oregon, la policía utilizó gas pimienta y realizó varios arrestos después que unas 300 personas interrumpieron el tránsito de autobuses y del tren ligero.


Una revisión que hizo The Associated Press a miles de páginas de los documentos que estudió el jurado investigador reveló numerosos ejemplos de declaraciones hechas durante la investigación del tiroteo que eran incongruentes, inventadas o posiblemente equivocadas.


El seguimiento de la prensa al incidente también llegó hasta el jurado. Antes de que algunos testigos declararan, los fiscales mostraron a los jurados videos de las mismas personas haciendo comentarios por televisión.

Los jurados también escucharon versiones encontradas del oficial Wilson y de Dorian Johnson, quien iba con Brown el día del enfrentamiento. Johnson dijo que el policía provocó el altercado, mientras Wilson declaró que Brown fue el agresor.
Critican falta de liderazgo del jefe de la Casa Blanca

El martes, Wilson, reiteró que fue atacado por la víctima y que tiene la conciencia tranquila. Su versión de los hechos fue respondida este miércoles por los padres de Brown, quienes acusaron al policía de manchar la memoria de su hijo.
Mi hijo respetaba a las fuerzas del orden. ¿Qué persona en sus cabales se atrevería a atacar a un agente de policía que tiene su arma en la mano?, preguntó Michael Brown padre en NBC.

No creo ni una palabra. Conozco bien a mi hijo. Jamás hubiera hecho eso. Jamás provocó a nadie, explicó por su parte la madre, Lesley McSpadden.
En tanto, el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, aprovechó para criticar al presidente Barack Obama al afirmar que el pueblo estadunidense está intranquilo por la falta de liderazgo mostrada por el jefe de la Casa Blanca.

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Lunes, 20 Octubre 2014 09:17

"Los temas por acordar son difíciles"

"Los temas por acordar son difíciles"

El jefe de la delegación noruega señala que los puntos a discutir entre el gobierno colombiano y la guerrilla se relacionan con la justicia transicional, con las armas y las garantías para la implementación de los acuerdos.

 

Los acuerdos de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC están entrando en una fase decisiva. Esta semana, las partes volverán a encontrarse en Cuba para tratar el tema de las víctimas del conflicto, el cuarto de los seis puntos a discutir. "Los temas que faltan acordar son difíciles, porque tienen que ver con la justicia transicional, con armas, con reformas y garantías para la implementación de los acuerdos. Qué tipo de garantías van a establecer las dos partes para asegurar a todos los colombianos que los acuerdos se cumplan. Es algo crucial", aseguró a Página/12 Dag Nylander, jefe del equipo noruego garante en la mesa de diálogo por la paz.

 

Las conversaciones comenzaron formalmente en Oslo, Noruega, el 18 de octubre de 2012, antes de trasladarse a La Habana pocas semanas después. "Noruega ha tenido una larga historia de trabajo con los colombianos, de varias décadas, dando nuestro apoyo a los intentos de diálogo entre el gobierno y la guerrilla. El gobierno de Noruega tiene una política de apoyar procesos de paz, donde podamos hacerlo, incluso en países lejanos. Para nosotros es importante que se resuelvan los conflictos, porque los resultados no solamente tocan al país en cuestión, sino que tienen repercusiones internacionales. Estamos también en una situación en la que tenemos la capacidad para dar ese apoyo, y cuando las partes nos invitan aceptamos con mucho gusto hacer nuestro aporte", sostuvo el facilitador de los acuerdos, quien participó recientemente del seminario "La paz en Colombia", organizado por la Universidad Torcuato Di Tella y el Centro Noruego para la Construcción de la Paz (Noref).

De hecho, Noruega auspició los fallidos diálogos de paz entre el gobierno del ex presidente Andrés Pastrana y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia entre 1998 y 2002. Ahora, el país escandinavo es, junto a Cuba, nuevamente garante de los acuerdos. En tanto, Chile y Venezuela actúan como países acompañantes. "Reconocemos que estos tres países tienen capacidad para analizar la situación actual y la situación histórica mucho mejor que Noruega, que no es un país de la región, con una cultura diferente. Tenemos una cooperación muy buena y profunda con Cuba. Lo mismo con Chile y Venezuela, los países acompañantes. Esto es algo que valoramos mucho", subrayó Nylander.

Hasta el momento, las partes consensuaron tres puntos de la agenda: reforma agraria, participación política del grupo guerrillero y narcotráfico. "Las partes han identificado estos tres puntos entre muchos otros como necesarios para ser resueltos en la mesa de negociaciones. Ningún acuerdo sería completo sin ninguno de estos puntos", evaluó el jefe de la delegación noruega. Queda por delante el tema de las víctimas, que será tratado este viernes, aparte de los puntos de desarme y el mecanismo de refrendación del eventual acuerdo.

Sin embargo, las negociaciones generan una polarización entre los colombianos, algo que fue demostrado en las últimas elecciones presidenciales, en las cuales el actual mandatario, Juan Manuel Santos, obtuvo un apretado triunfo contra el candidato del uribismo, Oscar Iván Zuluaga, contrario a los acuerdos de paz. "En cualquier proceso de paz de esta magnitud va a haber gente que lo apoye y aspectos con los que no todo el mundo va a estar de acuerdo. En toda sociedad hay gente que apoya muy fuertemente, otra que no apoya tan fuertemente y otros sectores que son muy críticos con el proceso y con los resultados", dijo Nylander, aunque sostuvo que la mayoría de los colombianos quiere la paz. "La sociedad civil colombiana es muy activa y siempre se ha organizado alrededor del proceso a través de diferentes grupos y comisiones políticas. Tiene un discurso de apoyo, si bien con críticas, a la paz. Es una sociedad que está participando a través de los diferentes mecanismos que las partes han acordado para recibir aportes de la sociedad civil", añadió.

Asimismo, Nylander calificó la aplicación de los acuerdos de "factor crítico". "No hay que confundir la firma del acuerdo de paz con la llegada de la paz. Hay que implementar muchos recursos que implica respetar los mecanismos y garantías que se acordaron en la mesa. El escenario posconflicto ideal tiene que definirlo la sociedad colombiana. Los colombianos tendrán que decidir qué tipo de acuerdo, qué tipo de sociedad y qué tipo de democracia quieren", apuntó.

En tanto, deslizó que Noruega podría oficiar de garante en un futuro proceso de paz entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla de Colombia. Ayer, el grupo guerrillero subió a su página web un video en el que confirmó que prosiguen los encuentros con funcionarios del gobierno para avanzar en el diálogo. "Está en proceso un diálogo exploratorio entre el gobierno de Colombia y el ELN. Ellos están definiendo cómo lo van a llevar adelante. El proceso formal está abierto. Claro, el proceso de paz con las FARC está bastante avanzado y sirve como ejemplo para lo que viene. Pero las dos partes, tanto el gobierno como el ELN, tienen que ponerse de acuerdo primero bajo qué marco van a negociar. Hemos tratado de apoyar este intento. Siempre que las partes en conflicto nos piden cooperación –expresó Nylander–, lo valoramos como positivo."

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Los tasers, armas de tortura en manos de una policía sin escrúpulos

Hace cerca de un mes viene un debate nacional sobre la adquisición de los llamados taser, que son las pistolas eléctricas, por parte de la policía nacional. Son armas con la función de reducir a una persona por medio de un dolor intenso; entonces, sí, son instrumentos de tortura.

Desde el año 2013, Bucaramanga ha sido el epicentro de las pruebas piloto de estas armas. Para saber la dimensión de la situación, defensores de Derechos Humanos le plantearon mediante un derecho de petición al comandante de la policía nacional una serie de preguntas, entre las que se solicitaba explicar cuál era el protocolo para el uso de los tasers, si había algún contrato que mostrara cuántas armas ha adquirido la policía nacional y cuánto era el monto del contrato.

Hace una semana recibieron una respuesta del general Jorge Hernando Nieto, director de Seguridad Ciudadana de la policía, donde no solo no dan respuestas, sino que además señala que esa información no se proporciona porque puede poner en riesgo la defensa nacional.

Este silencio ratifica las dudas. "Abiertamente, el uso de este tipo de armas es una licencia para producir tortura. De hecho, varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, han señalado que desde finales de 2008 este tipo de armas ha producido la muerte solo en Estados Unidos de 334 personas. Nos preocupa el silencio de la Procuraduría y de la Defensoría, no solo en el tema de la contratación sino por la violación de algunos puntos del tratado de derechos humanos", manifestó Oscary Dávila, del Observatorio Estudiantil de Derechos Humanos de la Universidad Industrial de Santander.

La existencia de una norma que implementa y autoriza el uso de las denominadas 'Armas de letalidad reducida' para el servicio policial en Colombia. Tales armas pueden ser mecánicas (Lanzador de esferas, fusiles lanza gases-perdigones), Químicas (Gas pimienta), acústicas (granadas de aturdimiento) y electromagnéticas.Esta, combinada con la norma que prohíbe la protesta social en las calles, equivale a la aprobación de la represión con tortura de las manifestaciones.

La preocupación tiene fundamentos, se estima que entre policías locales y el Esmad hay más de 800 tasers, y su destino es usarlas para reprimir la protesta social. La realidad es que cualquier descarga eléctrica pone en riesgo la vida y la integridad de los ciudadanos. Si el Esmad se ha sobrepasado con armas menos dañinas, lo que puede hacer con estas es un peligro latente.

"Esto ratifica que el gobierno de Juan Manuel Santos tiene un doble discurso. Uno a nivel internacional de ser el aparente garante de los derechos humanos. Y el otro real, que es legalizar la tortura y los choques eléctricos frente a la protesta social y los conflictos laborales que puedan presentarse", agrega Dávila.

El debate está vigente. Lastimosamente sólo tendrá la relevancia que debería tener cuando aparezcan las primeras víctimas de la crueldad de la fuerza policial. Algo inevitable, teniendo en cuenta los antecedentes de la policía colombiana.

-- Nota tomada del Sitio WEB (eldia.com.co)

(1) http://www.eldia.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9800&catid=36&Itemid=40

 

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Ciudad negra contra policía blanca

Ciudad negra contra policía blanca

Yo no me siento representado", repetía este jueves como un mantra Etoya Dickerson, un veinteañero negro que protestaba frente a la comisaría de Ferguson por la muerte el sábado de un joven afroamericano desarmado por disparos de un policía. Las palabras de Dickerson y las de otros vecinos de esta ciudad pobre de las afueras de San Luis (Misuri), en el Medio Oeste de Estados Unidos, evidencian el rechazo y alienación de buena parte de los vecinos negros —que suponen dos tercios— con sus representantes políticos y agentes de la policía, que son mayoritariamente blancos.


La muerte de Brown ha sido la chispa que ha liberado una furia enquistada durante mucho tiempo en buena parte de la comunidad negra de la ciudad, que acusa a la policía de actuar frecuentemente por motivos racistas. Según un informe del fiscal general de Misuri sobre la actividad de 2013, la policía de Ferguson paró y arrestó a conductores negros casi el doble de veces que a blancos. Es una disparidad habitual en el conjunto de EE UU. Del total de detenidos en el país en 2012, un 28,1% eran negros, según datos del FBI. Una proporción que duplica su peso demográfico (13,1%).


El suceso ha movilizado a una parte de los residentes que sufren una gran impotencia e indignación en las mayores protestas raciales en la ciudad desde 1917. Los afroamericanos suponen el 67% de la población de Ferguson, pero solo el 5,7% de la fuerza policial (tres de los 53 agentes). En localidades de similar tamaño, el promedio de policías blancos es del 87,5%, según el Departamento de Justicia. La policía de Ferguson se ha comprometido a esforzarse para contratar a personal de otras minorías y por acercarse más a las comunidades afroamericanas, pero ha insistido en que su proceso de selección se basa en evaluaciones técnicas.


Además, sólo uno de los seis concejales del Ayuntamiento es afroamericano. La ciudad no ha tenido ningún alcalde negro y en las últimas elecciones la participación fue baja. "Para podernos organizar políticamente, necesitamos primero poder económico y eso es frustrante", argumentaba el manifestante Dickerson.

Cinco días después del fallecimiento de Michael Brown, de 18 años, el suceso sigue rodeado de incógnitas y la indignación no ha remitido en las calles de esta localidad de 21.000 habitantes a 15 kilómetros al norte del centro de San Luis. La policía de autopistas de Misuri anunció este jueves que relevará a la del condado en la supervisión de las manifestaciones para evitar que los disturbios crezcan. La decisión es relevante porque el encargado de liderar el despliegue es afroamericano y porque supone un gesto conciliador, ya que la policía del condado ha sido criticada por su agresividad y estética militar.


La policía asegura que el sábado a mediodía Brown fue tiroteado por un agente después de que este lo "atacara" y forcejeara para arrebatarle la pistola. El chico que acompañaba a Brown en el momento del suceso sostiene que no fue así y que éste alzó los brazos ante las órdenes del agente, que luego abrió fuego. La policía rechaza revelar la identidad del agente alegando motivos de seguridad, pero el jueves el grupo de piratas informáticos de Anonymous publicó el supuesto nombre.

Hasta 1960, Ferguson y otras zonas del norte de San Luis estaban habitadas mayoritariamente por ciudadanos blancos, pero el fin de la segregación racial en las escuelas provocó un éxodo de blancos a áreas más alejadas. En el año 2000 los blancos dejaron de ser mayoría en Ferguson (45%). En 2010 suponían el 29%. "Es una ciudad extremadamente segregada", reconocía Mark, un obrero blanco que reparaba en un restaurante de comida rápida los destrozos ocasionados por vándalos. San Luis es la sexta ciudad más segregada por raza de EE UU.

La principal fuente de empleo en Ferguson es una multinacional eléctrica, pero los vecinos del barrio en que murió Brown se quejan de la falta de oportunidades laborales y del círculo perverso en el que entran si cometen cualquier delito. El desempleo ronda el 9%. Los ingresos medios son de 37.000 dólares anuales, un tercio menos que el promedio de Misuri. Cerca de una cuarta parte de la población vive por debajo del nivel de pobreza federal.

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Más de quinientas muertes causadas con la pistola Taser en Estados Unidos

La disposición de pistolas Taser para la policía colombiana despertó un intenso debate entre diversos sectores sociales. Estos artefactos, que disparan descargas eléctricas, han propiciado la muerte de cientos de personas en otros países, facilitando, además, la extralimitación de fuerza por parte de los cuerpos que se suponen son para proteger a la ciudadanía. ¿Qué hacer en Colombia?

 

La preocupación y debate que desde el pasado 25 de julio despertó en Colombia la entrega de pistolas Taser, no es casual. Un reporte de Amnistía Internacional del 2012 registra un total de 540 muertes desde el 2001 producidas por el controversial Taser.


La noticia del uso de este tipo de dispositivos en Colombia, generó que una información archivada en distintos portales quedara de nuevo expuesta a la luz de ojos inquietos: la madrugada del martes 6 de agosto de 2013 en la que Israel Hernández-Llach, colombiano de 18 años residente en Estados Unidos, cae muerto en una de las calles de Miami Beach a causa de un paro cardiaco tras recibir un disparo de una pistola eléctrica Taser, accionada por un policía. Las razones del disparo: pintar un grafiti en un local abandonado, una falta considerada como menor en ese estado y en cualquier otra parte del mundo.


El hecho, aunque ocurrido hace 11 meses, todavía no está resuelto, pues aún no deciden si la muerte del joven fue propiciada por la intensidad de la corriente eléctrica o por una afectación cardiaca. En todo caso, este suceso abrió de nuevo el debate en Estados Unidos sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades y por el reglamento laxo existente para el porte de este tipo de armas. Las muertes causadas por este artefacto en Estados Unidos, recuerdan una y otra vez, según Amnistía Internacional, el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. No hay duda de ello, según la organización defensora de derechos humanos, el 90 por ciento de las víctimas fatales por causa de disparos de electricidad con esta pistola estaban desarmadas.


Sin embargo, aunque muertes como la de Llanch, así como las de Willie Sams, Maykel Barrera, Treon Johnson y George Salgado (por mencionar algunos nombres de la lista de muertes causadas por disparos con este tipo de pistolas) dimensionan en su real magnitud el riesgo abierto por el uso de las mismas, pese a ello, el pasado viernes fueron entregados en Colombia 300 de estos artefactos, que serán utilizados por policías de calle en las principales ciudades del país. De estos, la capital del país cuenta con 100 taser distribuidos entre los distintos cuadrantes de policía de la ciudad.


Según las autoridades, por ahora se desarrollará un experimento por tres meses en Medellín, Cali y Bogotá para evaluar su efectividad, pero pasado este periodo la idea es extender el uso de esta arma a las demás ciudades. Un dispositivo que, según el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura "constituye una forma de tortura". Por lo que diferentes entidades como la Defensoría del Pueblo y el Concejo de Bogotá, en cabeza del edil Orlando Santiesteban Millán, exigen claridad en el reglamento que se tendrá para el uso de este artefacto.
Por el momento lo único que está claro, según el general Humberto Guatibonza, comandante de la Policía Metropolitana de la capital es que "esta herramienta será aplicada solo para controlar a una persona en un alto grado de exaltación, como en una riña, o a quien amenace con un arma de fuego o un explosivo", lo que también puede justificar su uso en el momento de una manifestación pública, reprimiendo así el derecho a la protesta social y violando "varios artículos de la Carta Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las Naciones Unidas (ONU)", según comunicados de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos de la Universidad Industrial de Santander (UIS).


Este dispositivo, considerado como "no letal", según la clasificación que hace la Oficina de Armas y Tabaco de Estados Unidos, puede generar efectos graves en el organismo cuando está por encima de los 50 miliamperios afectando hasta los músculos respiratorios y causando un paro cardiaco; transformándolo así en un artefacto "no letal" con posibilidad de serlo si se excedeen su uso. Aunque la función de esta pistola de plástico sea descargar normalmente 1,2 miliamperios "para paralizar el movimiento del cuerpo por cinco segundos", según comunicados del general Guatibonza.


Ya desde la Alianza Verde, la representante a la Cámara Angela María Robledo se propone impedir a toda costa la utilización de las pistolas eléctricas,"Vamos a revisar si no cabe una demanda ante la Corte Constitucional en términos de que en Colombia el derecho a la vida se debe respetar por encima de todo", enfatizó la doctora Robledo al periódico El Espectador.


También, sobre este hecho, se pronunció el secretario de Gobierno de Bogotá Hugo Zárrate, diciendo que: "La libertad de las personas puede ser un concepto mucho más importante que tomar medidas represivas, no estamos de acuerdo con el uso de armas que por supuesto violenten contra la integridad de las personas". Lo que pone en discusión un tema fundamental como lo es la libertad, que tendrá más trabas luego de que patrulleros puedan utilizar este dispositivo en cualquier circunstancia en la que una persona oponga resistencia,así no esté armada.


 

Recuadro


En Argentina está prohibido el uso de la pistola Taser


Luego de la enorme controversia que causó el uso de las Taser en Argentina, en el 2010 la justicia porteña prohibió el uso de esta pistola debido a que, según el fallo,"no resultan razonables para garantizar la seguridad porque pueden lesionarse derechos como la vida, integridad física y salud de las personas", lo que le otorga a este país una enorme ventaja en el debate que hasta ahora la población colombiana inicia.

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Domingo, 22 Septiembre 2013 09:05

Mal de Muchos

Mal de Muchos

La confusión entre tareas policiales y militares comenzó en Colombia, siguió en México y en Centroamérica. La fomenta Estados Unidos, que suministra entrenamiento, en forma directa o a través de Colombia, siempre advirtiendo que es por excepción mientras mejora la capacitación policial. Un saldo devastador: ineficiencia para controlar el delito y graves violaciones a los derechos humanos. Un mal resultado electoral previo en México o una elección próxima en El Salvador, como motivación política.

 

El presidente salvadoreño Mauricio Funes extendió por otro año el despliegue de tropas del Ejército para apoyar a la policía en tareas de seguridad contra el delito y lo amplió de 19 a 29 zonas del país, citando las encuestas que reflejan "el impacto positivo de la presencia militar en las calles". En junio de 2014 habrá elecciones presidenciales allí.

 

El periodista Funes, quien llegó al gobierno en 2009 postulado por el partido del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, explicó que se trataba de una medida excepcional. Lo mismo dijo hace un año el entonces jefe del Pentágono, Leon Panetta, durante la Décima Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas que sesionó en Punta del Este, donde expuso la nueva "Política de Defensa para el Hemisferio Occidental". Panetta dijo que algunos países que se sienten desbordados por "la difusión del narcotráfico y otras formas de tráficos ilícitos, pandillas y terrorismo" recurren a las Fuerzas Armadas para realizar tareas que competen a las fuerzas policiales civiles. Aunque ésta "no puede ser una solución a largo plazo", por el momento el Pentágono está dispuesto a cooperar para fortalecer "la capacidad de las autoridades civiles y las fuerzas del orden de los países amigos". Panetta no fijó plazos para la vigencia de esta excepción.

 

Haz lo que yo digo

 

En El Salvador, las Fuerzas Armadas realizan patrullajes conjuntos con la policía y ocupan posiciones en 62 "puntos ciegos" de la frontera, por los que "se filtra todo tipo de mercancía ilegal, contrabando, drogas, tráfico de personas e infinidad de negocios ilegales", según explicó Funes. Además, decidió estacionar soldados en las instituciones penales más peligrosas, donde recientes motines provocaron la muerte de dos reclusos y heridas a otros 25. También en Venezuela, 3.000 soldados participan en tareas policiales en aquellos barrios de Caracas que tienen tasas más elevadas de criminalidad. En un discurso pronunciado en la Academia Militar de Fuerte Tiuna, el presidente Nicolás Maduro dijo que la inseguridad era el mayor problema del país. El patrullaje militar de las calles se extenderá luego al resto de Venezuela, cuya tasa anual de homicidios es de 54 por cada 100.000 habitantes, según datos oficiales que organizaciones no gubernamentales elevan a 73 por 100.000. Una de esas organizaciones, PROVEA, alegó que las Fuerzas Armadas no están preparadas para la aplicación de la ley en la lucha contra el delito. Ya en 2007, un funcionario que visitó Colombia junto con el entonces jefe del Pentágono, Robert Gates, dijo a la agencia Reuters que si bien en las últimas décadas se pensó que las Fuerzas Armadas deberían alejarse de las funciones policiales, tal como ocurre en Estados Unidos, algunos países latinoamericanos carecen de fuerzas policiales aptas, y llevaría años mejorarlas y convencer a la población de que hacen falta fuerzas policiales más poderosas.

 

Si bien la ley Posse Comitatus prohíbe desde 1878 el empleo de tropas militares en asuntos de seguridad dentro de los Estados Unidos, ésta es una de las escasas doctrinas sobre la democracia cuya exportación carece de prioridad política. Por el contrario, el Pentágono y su Comando Sur propician tal actuación y la interoperabilidad entre policías y militares latinoamericanos. En su trabajo "La transformación del Estado de Seguridad: de hacer la guerra a luchar contra el delito", los académicos Peter Andreas y Richard Price sostienen que en la globalización esa frontera se ha hecho borrosa y que los intereses de seguridad del Estado se definen ahora más en términos "de disuadir evasiones de la ley que invasiones militares". Esto va más allá de la teoría. En enero de 2012 el Comando Sur dio comienzo a la Operación Martillo, que incluye a tropas del Ejército, la Guardia Costera, y las policías, en las costas centroamericanas del Pacífico y el Caribe, con barcos, aviones, soldados, marineros y policías de los países participantes. La intervención estadounidense es coordinada por la Fuerza de tarea conjunta interinstitucional - Sur, con sede en Key West, Florida, que integran militares y civiles, de las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad estadounidenses, como el FBI, la Aduana y la DEA, todos a órdenes del Comando Sur. A ellos se agregan organismos militares y de seguridad de países de Latinoamérica, el Caribe y Europa. En 2010 la revista Diálogo, que edita el Comando Sur, sostuvo que "los oficiales de enlace de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Francia, México, los Países Bajos, Perú, España y el Reino Unido ayudan a combatir el tráfico ilícito en un complejo proceso de cuatro etapas que consiste en detección, monitoreo, intercepción y detención" (http://www.dialogo-americas.com /es/articles/rmisa/features/viewpoint/2010/10/01/feature-02). Esto fue antes del incidente por el avión militar estadounidense que intentó ingresar a Ezeiza un cargamento no declarado de armas de guerra, equipos de comunicación encriptada, programas informáticos y drogas narcóticas y estupefacientes. La semana pasada se anunció que la fragata misilística USS Rentz, en la que embarcó personal policial de la Guardia Costera, confiscó un cargamento de cocaína valuado en 8 millones de dólares, que era transportado por un pesquero al norte de las Islas Galápagos, donde la 4ª Flota realizaba "Operaciones contra el Crimen Transnacional Organizado".

 

Militares para compensar

 

Además de su Estrategia Nacional de Control de Drogas, el gobierno estadounidense sostiene cuatro programas regionales en América Latina: la Iniciativa Mérida, en México; la Asociación de Seguridad Ciudadana en Centroamérica; la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe y la Iniciativa estadounidense-colombiana de Desarrollo Estratégico. El programa centroamericano contiene metas que no guardan relación con las misiones militares tradicionales, como garantizar la seguridad en las calles, interceptar delincuentes y cargas de contrabando, establecer una efectiva presencia del Estado en comunidades en riesgo y fomentar la coordinación y cooperación entre países contra amenazas a la seguridad. México es el país donde más profundo fue el compromiso militar en el enfrentamiento con los carteles de la droga. Esa decisión fue adoptada en el primer año de su gobierno por el ex presidente Felipe Calderón, quien buscó compensar así la débil legitimidad política provocada por su estrecha victoria electoral en 2006 y las denuncias de fraude de la oposición. El fracaso de su estrategia se mide en la asombrosa equivalencia numérica entre los 45.000 soldados que desplegó, los 44.000 que desertaron y las 48.000 personas asesinadas durante su sexenio presidencial, pero también en la falta de mejoras significativas en la cantidad de drogas que salen de sus fronteras en dirección a los Estados Unidos. Un balance devastador de esa experiencia puede encontrarse en el informe publicado por Human Rights Watch, "Ni seguridad, ni derechos: ejecuciones, desapariciones y tortura", según el cual miembros de las fuerzas de seguridad habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39 desapariciones y 24 ejecuciones extrajudiciales, por los cuales no hubo un solo condenado. Los propios militares dicen en su descargo que no están preparados para ese tipo de lucha y además se quejan por la ausencia de un marco jurídico que asegure la legalidad de sus actos y los ponga a salvo de reproches penales, que, según temen, caerán sobre ellos y no sobre los políticos que les ordenaron hacerlo. No es mejor el record investigativo sobre los crímenes cometidos por el narcotráfico: la justicia sólo condenó a 22 personas. En cambio, muchos funcionarios judiciales participaron en las violaciones de derechos humanos, incluyendo jueces que dan por válidas confesiones obtenidas bajo tortura en bases militares y peritos médicos que omiten o minimizan las lesiones de los detenidos. La corrupción carcomió a las Fuerzas Armadas. Media docena de generales fueron detenidos por sus nexos con el narcotráfico, y estalló una guerra de acusaciones entre distintos bandos militares, que se señalan unos a otros como cómplices de los carteles. A modo de advertencia, la revista mexicana Emeequis tradujo un informe publicado en el New York Times por el profesor de psiquiatría Richard Friedman sobre el efecto sobre los soldados estadounidenses de las operaciones especiales en que participan, con abuso de drogas y más muertos por suicidio que en combate. El sucesor de Calderón, Enrique Peña Nieto, prometió revisar la estrategia y crear una Gendarmería de 40.000 efectivos para ir reemplazando en forma gradual a las Fuerzas Armadas. Pero una vez en el gobierno redujo la dimensión de esa nueva fuerza a sólo 5.000 hombres, y demoró el prometido regreso de los militares a sus tareas específicas. No obstante, arguye que las muertes violentas se redujeron un 20 por ciento, aunque las técnicas de cuenta de cadáveres que se aplican no garantizan la exactitud de ningún cómputo.

 

Tropas de elite

 

En la Operación Martillo, las fuerzas de Estados Unidos participan junto con los siete países centroamericanos, más Canadá, Colombia, Francia, Holanda, España y Gran Bretaña. Pero en su informe anual al Congreso, el jefe del Comando Sur, general de Infantería de Marina John Kelly, anunció recortes presupuestarios que reducirían su efectividad. Esta escasez de recursos ha influido para que Estados Unidos se incline por un mecanismo de presencia e influencia a bajo costo. La DEA y el Departamento de Estado capacitan tropas de elite de esos países, pero luego reciben apoyo desde bases construidas por el Pentágono en Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. El año pasado, tropas estadounidenses y fuerzas especiales hondureñas realizaron cinco acciones conjuntas de interdicción. En tres de ellas se produjeron tiroteos en los que fueron asesinados ciudadanos que no tenían actividad alguna relacionada con las drogas, entre ellos un chico de 14 años y dos mujeres, una de ellas embarazada, que navegaban en una lancha taxi cerca del pueblo de Ahuas. En otro episodio fue abatido el piloto de un avión derribado cuando hizo "un gesto amenazante". En un tercer caso, la Fuerza Aérea Hondureña derribó dos aviones que según los norteamericanos eran sospechosos de tráfico de drogas, y todos sus ocupantes murieron. En Guatemala, un contingente de 171 marines estadounidenses tripularon el año pasado 250 vuelos de "detección y monitoreo", según la propia información de la Marina. Como los militares de Estados Unidos sólo pueden usar las armas si son atacados, identifican personas y embarcaciones sospechosas sobre el litoral y los ríos de Guatemala y dejan a las fuerzas guatemaltecas las confiscaciones y arrestos. En octubre del año pasado, mientras la delegación de Guatemala llegaba a Punta del Este, donde apoyó el empleo militar en cuestiones ajenas a la Defensa, las Fuerzas Armadas ejemplificaron qué ocurre cuando los militares con sus armas letales se vuelcan a las tareas policiales, al matar a seis campesinos y desaparecer a otros que protestaban contra las altas tarifas de luz.

 

Falsos positivos

 

Pese a los recortes que a partir de 2010 han disminuido la denominada asistencia estadounidense de seguridad, y aun cuando esta tendencia declinante alcanzó también a Colombia, ese país aún es el principal receptor regional en 2013, con 279 millones de dólares, seguido por México, con 154. Esto no reduce el involucramiento estadounidense con las fuerzas armadas y policiales en América Latina, aunque cambia su naturaleza. Las organizaciones estadounidenses especializadas en el monitoreo (ver "Una política fallida") advierten que se está haciendo más ágil y flexible, pero aún menos transparente, con acento en aviones no tripulados, por ahora sólo para vigilancia, pero con la promesa de asesinatos selectivos en una próxima etapa; ataques cibernéticos y fuerzas de Operaciones Especiales. Las fuerzas especiales que se están retirando de Irak y Afganistán podrán volcarse a tareas de entrenamiento, asesoría, operaciones sobre aspectos civiles y recopilación de datos e información confidencial en América Latina. Esas misiones permiten que "se familiaricen con el terreno, la cultura y los oficiales clave en países donde algún día podrían operar. Y que el personal de los Estados Unidos reúna información confidencial sobre sus países anfitriones", sostiene un estudio conjunto de tres organizaciones que monitorean las actividades estadounidenses en el exterior (WOLA, Oficina de Washington para Latinoamérica; Latin America Working Group y el Center for International Policy). Ese documento, titulado "Hora de Escuchar: Tendencias en Asistencia de Seguridad de los EE.UU. hacia América Latina y el Caribe", cita un informe reciente del diario Washington Post según el cual la Agencia de Inteligencia para la Defensa, DIA, espera duplicar el número de efectivos clandestinos que envía por todo el mundo. También se incrementará el uso de aviones no tripulados y la robótica. Colombia, presentada por el general Kelly como el modelo exitoso de intervención militar en asuntos de seguridad, se ha convertido en el delegado de Estados Unidos para la capacitación de militares y policías de los demás países de la región. Desde 2005 ha entrenado a más de 13.000 personas provenientes de 40 países. La aceleración de este proceso es vertiginosa: 9.000 de ellas han recibido el entrenamiento entre 2010 y 2012, según información oficial del ministerio colombiano de Defensa. El informe colombiano enumera los países que enviaron a sus oficiales militares y policiales a capacitarse: México encabeza la lista de América del Norte, con 2543 hombres; Panamá (2491) y Honduras (1008) la de Centroamérica; Ecuador (974), Perú (592), Brasil (153) y la Argentina (139) la de Sudamérica. Los Lanceros colombianos suministran en la base de Tolemaida el tipo de entrenamiento para fuerzas especiales que antes brindaban los Rangers estadounidenses. Entre los asistentes hasta ahora no se registran argentinos. La experiencia colombiana en operaciones contra el crimen organizado, interdicción de drogas y esfuerzos para arrestar a capos de la droga es tan indudable como las 4.715 ejecuciones extrajudiciales que le atribuye a su fuerza pública el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, casos conocidos como "falsos positivos". En la misma cuenta pesan las acciones ilegales de vigilancia contra organizaciones y activistas nacionales e internacionales de derechos humanos, periodistas, jueces y miembros de partidos de oposición realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la oficina presidencial de inteligencia. "Resulta problemático que las fuerzas armadas colombianas, las cuales han estado involucradas en una guerra de medio siglo de duración, y que han actuado en lugar de una fuerza policial en muchas áreas del país, se desempeñen como entrenadores para fuerzas de seguridad en América Central y en otros países que están experimentando la violencia relacionada a las drogas, pero no se encuentran en una situación de conflicto armado. De hecho, algunos de estos gobiernos han tratado de limitar el papel de sus fuerzas armadas después de los conflictos que tuvieron lugar en la década de 1980, y ahora están revirtiendo esta situación." Además, el entrenamiento impartido por oficiales estadounidenses suele detallarse en los anuales del Departamento de Estado, cosa que rara vez ocurre con el trabajo de los entrenadores colombianos financiados por los Estados Unidos, lo cual plantea un tema crítico de transparencia. "La subcontratación de entrenamiento a cargo de oficiales colombianos, sin contar con reportes suficientes sobre estas actividades, hace imposible asegurar que las unidades y las personas que imparten y reciben entrenamiento están libres de acusaciones de abusos", sostiene el informe.

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Martes, 19 Febrero 2013 07:13

El triunfo de Correa fue muy completo

El triunfo de Correa fue muy completo

El triunfo de Rafael Correa y de su partido, Alianza País, fue contundente y no hubo provincia en Ecuador en donde no ganara, desde la costa hasta la sierra y el oriente. El oficialismo consiguió una mayoría de bancas en la unicameral Asamblea Nacional de acuerdo con un conteo rápido y los analistas coinciden en que no tendrá necesidad de negociar con la oposición para profundizar el proceso que llama “revolución ciudadana” desde el momento en que asuma el nuevo gobierno, el 24 de mayo. “Correa hasta el 2017”, tituló en su portada el diario opositor El Universo, que contrastó con la tapa del estatal El Telégrafo, que decía: “A cambiar la patria”. Lo que ningún medio dejó de resaltar fue que el gobernante y su fórmula sumaron aceptación en todo Ecuador, hasta en Guayas y Guayaquil, donde ni el alcalde opositor Jaime Nebot pudo influir sobre el sufragio. El mandatario fue reelecto con el 56,9 por ciento de los votos frente al 23,1 por ciento del banquero Guillermo Lasso, de acuerdo con el escrutinio de 71 por ciento de las actas por parte del Consejo Nacional Electoral. El organismo no precisó cuándo se conocerá la información de la Asamblea Legislativa, pero un conteo rápido de la ONG Participación Ciudadana –autorizado por la Justicia Electoral– proyectó 90 escaños para Alianza País, seguido del movimiento de Lasso –Creando Oportunidades– con 12 curules (de un total de 137).

 

El historiador Jorge Núñez Sánchez señaló a Página/12 que la elección del domingo evidenció el fortalecimiento del oficialismo y la crisis de los partidos tradicionales. “Hubo una profundización de la conciencia social de este proceso. Nunca en nuestra historia ha habido un gobierno que hiciera tanto por el desarrollo nacional y se preocupara por los minusválidos. Es una ciudadanía que supo derrocar gobiernos corruptos.” Fue el caso de Lucio Gutiérrez, destituido en 2005 por el Congreso en medio de una revuelta popular conocida como “rebelión de los forajidos”, integrada en su mayoría por la clase media de Quito que lo acusó de corrupción y nepotismo. Gutiérrez y su partido Sociedad Patriótica obtuvieron un 6,5 por ciento de los sufragios anteanoche, muy por debajo de su desempeño en las presidenciales de 2009 –en esa ocasión obtuvo un 27 por ciento–.

 

La mala actuación del ex coronel Gutiérrez no es un síntoma aislado. “Se dio un recambio importante en la oposición”, advierte Núñez Sánchez, incluyendo en ella a agrupaciones que presentaron candidatos a asambleístas. “Las viejas agrupaciones Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero sacaron pocos diputados. Hay una nueva oposición que es el movimiento de derecha de los industriales, los banqueros, que tomaron la posta.” El analista se refiere al partido CREO (Creando Oportunidades ) que se presentó por primera vez y obtuvo el segundo lugar en el voto presidencial. El candidato Lasso dijo que ya se proyecta como el líder de la oposición. ¿Se verá con posibilidades de ser un Capriles ecuatoriano? Lasso dijo que seguirá haciendo política de la mano de la segunda fuerza política del país. “Corrió a todos de un plumazo, incluso al alcalde Nebot”, agrega Núñez Sánchez.

 

Para el sector de la izquierda que rivaliza con Correa, la Plataforma Plurinacional comandada por el economista Alberto Acosta, la elección representó una debacle. Acosta, ex ministro de Energía del gobierno de Correa y ex presidente de la Asamblea Constituyente, sacó un 3,1 por ciento de los sufragios, por detrás del outsider de derecha Mauricio Rodas (4,0 por ciento, partido SUMA) y el magnate bananero Alvaro Noboa (3,6 por ciento, Prian).

 

De acuerdo con el analista Decio Machado, de Fundación Aldhea, la izquierda deberá reflexionar sobre el mensaje que le transmitió a la población, sobre sus planteamientos obsoletos. “Ante la bonanza económica, el votante, que es en su mayoría urbano, no se interesa por temas como el neoextractivismo. La gente es más pragmática, vota por encima de la lógica ideológica: elige a un gobierno al que le ha ido bien en la economía, que benefició a todos los sectores sociales.”

 

El partido de Acosta ha cuestionado el modelo de desarrollo y el modo extractivista del gobierno actual, del que formó parte hasta 2008. De acuerdo con el análisis de Machado, del total de las 24 provincias del país, Correa ganó en todas, pero en un porcentaje menor en las del sur, en donde viven poblaciones rurales y algunas comunidades indígenas que se oponen a la explotación minera. Como las provincias de Zamora (Alianza País obtuvo un 40 por ciento) o Morona Santiago (37, 6 por ciento, o Chimborazo (46,4 por ciento). En el resto del país, los porcentajes son de más del 50 o el 60 por ciento de los votos, siendo que en las regiones de la costa arrasó. Un triunfo contundente. Como lo tituló el diario Expreso en letras gigantes.

 

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