Educación y comunicación popular y campesina

A 21 kilómetros de Bogotá, en uno de los 116 municipios de Cundinamarca, se encuentra Madrid en el occidente de una sabana que ahora todo tipo de construcciones la van cubriendo. Allí, en la zona rural, se ha instalado desde hace tres años la Asociación Herrera, un colectivo de mujeres integrada principalmente por extrabajadoras de las flores, sus hijos e hijas.

En sus inicios, hace ocho años ya, fueron las más jóvenes quienes empezaron a reunirse, alrededor de procesos organizativos que las conectaran con el arte, los derechos laborales, de género, la soberanía alimentaria. Con estas inquietudes iniciaron una labor que las fue vinculando, o más bien entrelazando, con otras organizaciones que comparten esa intencionalidad de buscar formas distintas de producir, crear y formar.

En la actualidad ya cuentan con varios proyectos, como el llamado “campo en economía solidaria y agroecológica”, pensado como proyecto auto-sostenible y hasta el momento, totalmente auto-gestionado, porque no cuentan con el patrocinio de ninguna otra organización o institución. Ellas siembran en su propia huerta flores orgánicas, y venden las cosechas: también cuentan con una modesta papelería, en respuesta a una necesidad de la zona, y un restaurante dominical llamado Amaranto y Canela, donde ofrecen comida orgánica, vegetaría y también tradicional.

Cuentan, asimismo, con el proyecto “campo en educación y comunicación popular”, en el que imparten la primaria y el bachillerato popular para la población campesina.

“En la vereda no hay otro lugar donde hacer el bachillerato –nos dice una de las madres estudiantes, que además puede asistir a clases con su pequeño niño de unos seis años, pues no tiene con quien dejarlo–, eso sí –enfatiza– las profes tienen métodos diferentes para enseñar, no hay la presión que se padece en los colegios, pero sí debemos ser muy responsables, agrega.
En la animada charla que va tomando forma a partir de las preguntas que les vamos presentando para comprender el cómo y el por qué de este espacio de vida colectiva, otras lenguas se van desentumeciendo: “Es buscar que la vida esté en la educación y la educación en la vida como una sola cosa”, así define la visión del proyecto la profesora que dicta español a los ocho estudiantes adultos que asisten animosamente al aula. Las clases son integrales y con un mismo proyecto, en este caso la realización de un plato típico de una región colombiana; cada grupo investiga, describe, realiza un plegable con la información de ingredientes, cantidades, cualidades alimenticias y exposición teórica ante los demás compañeros. Según explicaron, usan un mismo proyecto, incluso para matemáticas, donde trabajan cantidades y regla de tres para determinar las porciones.

El bachillerato está validado ya que trabajan en convenio con una organización ubicada en la localidad de Bosa, una organización llamada red de bachilleratos populares y campesinos. La Asociación Herrera también hace parte de la Red de mujeres de la Sabana y de la red de de Raíces de la Sabana; en ambos casos la labor fundamental es crear esperanza y resistir con alternativas a las falencias del presente.

En la sede actual funcionan dos bachilleratos y un proceso de alfabetización con los y las trabajadoras de las flores, proyecto que sueñan con abrirlo también en La Sabana de occidente, formar docentes en educación popular y comunitaria, para replicar esta forma de educar, de acuerdo a la realidad y necesidades de la comunidad.

La integralidad de los proyectos involucra a los estudiantes en el proceso de sembradío y elaboración de los alimentos: los días jueves realizan una minga, o reunión comunitaria, donde todos participan en la siembra y preparación de la comida. También han ofrecido cursos diversos como economía solidaria, en un convenio con la Universidad Javeriana, uno de tecnologías, de teatro, de artes y oficios, y todos los que involucren adquirir nuevas habilidades para los estudiantes.

Así, la Asociación Herrera busca integrar educación y expresión, escuchar los relatos de vida como, coherentemente expresa Gisela Lara –una de las gestoras de la sede– intentando consolidar acciones. En ese escuchar, después de muchas reflexiones sobre el territorio y la situación de la población rural, fue lo que las llevó a trasladarse más cerca de los trabajadores, para entender cómo está configurado el campesinado de La Sabana, que aunque muy cerca de Bogotá igualmente permanece muy invisible para los citadinos.

Entre educación, compartir de saberes, proyectos económicos, superación de necesidades, complementariedad entre jóvenes y adultos, entre mujeres y hombres, retomando tradiciones y costumbres, van protegiendo el territorio, comprendiéndolo, encontrando cada día que en el campo sí hay esperanza y posibilidades de vida, muchas más que las ofertadas por la deslumbrante urbe, que precisamente es eso: un centelleo de luces que enceguece, predispone para la colaboración, haciendo de unos y otros enemigos, cuando lo que debiéramos ser es todo lo contrario, entretejiendo con nuestra manos solidarias el soporte para una vida otra en donde la acumulación individual deja de ser el centro del constante y diario esfuerzo con el cual los negados de siempre intentamos superar la no vida que nos ha tocado como modelo de vida, como centro de aquello que nos dicen es el desarrollo. l

Lunes, 25 Septiembre 2017 11:14

Nadezhda Kurpskaya: pedagoga y comunista

Nadezhda Kurpskaya: pedagoga y comunista

Brilló con luz propia, pese a lo cual es conocida y recordada como “la mujer de Lenin”, relegada así a una posición subordinada que invisibiliza sus logros durante la revolución rusa. Nadezhda Kurpskaya, se forjó un lugar entre la izquierda de su país como conspiradora, organizadora, dirigente y pedagoga. Aquí una semblanza de su obra.

 

El alma de la organización y de las redes conspirativas y clandestinas que desde Europa tomaron forma e hicieron posible que la propaganda sobre la necesidad de la revolución circulara por buena parte de Rusia, fue Nadezhda Krupskaya, quien se ganó las desavenencias de diversidad de emigrados rusos por mantener los hilos de esas redes además de ser la secretaria de prensa bolchevique. Animadversión que en realidad, para muchos, tenía como real alicente el ferreo control que le dio a la lista de colaboradores económicos que facilitaron que gran parte de la propaganda tomara cuerpo efectivo.

 

Estos logros la convirtieron en una de las revolucionarias europeas y rusas más capaces en la técnica de la conspiración, clandestinidad, elaboración y difusión de propaganda clandestina, como cuando organizó la logística conspirativa para que Lenin lograra huir a Finlandia en 1917.

 

También ganó realce por la organización de la Comisión para la Ayuda de los presos políticos rusos.

 

Escritora y pedagoga

 

Nadezhda, profesora de primaria como profesión, nació el 14 de febrero de 1869 en San Petersburgo y murió en Moscú en 1936. “La mujer trabajadora”, su primera obra, tuvo bastante éxito por su contenido pedagógico; desde sus inicios como militante organizó y educó obreros en escuelas nocturnas de alfabetización, algo parecido a lo que hoy se llama educación popular.

 

Sus escritos están recogidos en 84 tomos, una parte de los cuales son su prolífica correspondencia; los demás versan sobre educación en sus diversos matices. Escribió sobre la importancia de las bibliotecas y su organización, sobre los currículos, la organización de las escuelas, la formación de los docentes, la educación para adultos, la educación continuada, las campañas para la eliminación del analfabetismo, sobre la formación de niños y niñas.

 

Es considerada, junto con otras comunistas, como la fundadora de la pedagogía comunista –o marxista-leninista–, y teórica de esa pedagogía. Fue la impulsora de lo que se llamó la autoeducación u auto-orientación en educación.

 

Sobre estos temas, sus tesis parten de sostener que la educación en Rusia debía ser completa o gratuita, universal y sin discriminaciones, para impulsar las libertades civiles y la tolerancia. Consideró que las instituciones educativas no deberían tener el control del Estado central sino solo de los gobiernos locales, por lo cual no debería existir plan nacional de educación sino planes locales, a partir de los problemas concretos de la producción y de la vida social de las comunidades.

 

Impulsó la constitución de los soviets educativos locales, compuestos por la comunidad educativa de los docentes y sus sindicatos. Mejor dicho, órganos de poder en la educación que dieran fuerza y realidad a las tareas de la enseñanza. Propuso cinco grados para primaria y once para la secundaria nocturna, diseñada para obreros campesinos y trabajadores.

 

Decía que para los obreros deberían construirse escuelas unificadas y continuadas en los diferentes grados, para ser abordados en pocos años; tipo de enseñanza que hoy es conocida como educación por ciclos.

 

De acuerdo a su visión, dividió la primaria en inferior y superior; a las escuelas secundarias –de carácter cultural– con énfasis en el idioma ruso o de las nacionalidades. Enfatizó en la conformación de escuelas para estudios técnicos; y propuso prohibir la especialización en los saberes antes de los 16 años.
El núcleo de su propuesta educativa se llamó educación politécnica: la relación entre la teoría y la práctica entre las diferentes ramas de la producción, el trabajo manual y la técnica.

 

Para el desarrollo de estas propuestas, los docentes eran preparados con una visión amplia de la pedagogía y con un acercamiento amplio a las experiencias nacionales y extranjeras.

 

Según Kruspkaya, la educación en general y la politécnica en particular debían partir del principio filosófico de que primero el estudiante siente las emociones, después razona –y logra consciencia– y después aplica dando lugar a hábitos sociales. Es decir, sentir, pensar y actuar. Sus críticos, así como los historiadores de la educación, distorsionaron su enfoque diciendo que para ella lo central era el instinto, pero es claro que una cosa es el instinto y otra el sentir.
Es decir, tres criterios para la “educación social”: 1. los instintos sociales, 2. la conciencia social y, 3. los hábitos sociales.

 

Entre el ideal y la realidad

 

En 1920, después de duros debates, Lenin no aceptó la propuesta de reforma educativa de Kruspkaya y de otros pedagogos, argumentando que en las condiciones políticas, económicas, militares y culturales del momento la centralización estatal de la educación era prioritaria, y a cambio de aplicar el politécnico orientó la preparación acelerada de técnicos con métodos tradicionales para garantizar la reactivación económica. Luego de duros debates Nadezhda aceptó la centralización de la educación por parte del poder central, y también las purgas a los textos y profesores que no aplicaron las orientaciones oficiales. Consideró importante procesar la experiencia de la educación zarista.

 

Debe tenerse en cuenta que al momento de estos virajes Rusia estaba sometida a una dura guerra civil, al “comunismo de guerra” y a la implementación de la NEP (Nueva Política Económica). La educación politécnica, de la cual Lenin también fue defensor, se aplicó durante la “era de Stalin”, del cual Krupskaya fue una de sus asesoras en educación.

 

Cuando vivió en Europa exiliada, Nadhiezda Krupskaya conoció y estudió sobre las bibliotecas de los diferentes países, habló con profesores, visitó escuelas, profundizó sobre las teorías de avanzada en educación y pudo hacer un análisis crítico de esas experiencias, formulando con todo ello una posición científica, con profundo calado marxista, en educación, elaboración que logró sistematizar en su trabajo “Educación pública y democracia”.

 

En honor a su obra, es importante recordar que con sus métodos y planes de estudio, entre 1920-1940, más de 60 millones de adultos aprendieron a leer y escribir en las escuelas primarias, muchos millones de los cuales también participaron de la red de bibliotecas públicas.

 


 

Referencias:
Krupskaya Nadezhda, La educación de la juventud.
Krupskaya N, La educación comunista.
Krupskaya N, “A cerca de la escuela y la educación politécnica”.

 

A cien años de la revolución de octubre vale la pena una mirada a su concepción y practica comunista en la pedagogía soviética, preguntándonos por cuáles de sus ideas pueden hoy ser tenidas en cuenta y cuáles no, en la perspectiva de una nueva educación para una nueva sociedad. (esto no lo incluí pues lo pretendido no se aborda de manera amplia en el escrito, lo que no permite contrastar ni sacar tales conclusiones por parte de quien lea el artículo)

Publicado enEdición Nº239
Martes, 05 Septiembre 2017 18:18

Economía popular desdeabajo

Economía popular desdeabajo

¿Qué tienen en común una recicladora, un taxista, un vendedor de San Andresito o un ambulante? La respuesta es que todos realizan actividades que se inscriben en la economía popular. Todos son “rebuscadores”, trabajadores que le entregan su vida a la sociedad, suministrándole bienes y servicios básicos, pero que a pesar de ello, no son reconocidos ni reciben un mínimo de derechos sociales. ¿Qué se entiende por economía popular?, ésta es la cuestión central que se plantea en el presente libro.

 

Edición 2017. Formato: 

P.V.P.: $ 35.000, USD $ 12, ISBN: 978-958-8926-50-6

 

Sábado, 02 Septiembre 2017 09:43

Entepola

Entepola

“Yo llegué acá por casualidad, soy vecino del sector y viendo este Entepola me parece muy bueno que hayan hecho este tipo de eventos en estos barrios porque por acá hacen falta muchas cosas así... Lástima que la gente no sepa o no valore estas actividades porque le hace un beneficio a toda la comunidad”.

 

Con estas palabras, uno de los habitantes del barrio Lourdes, en el centro-oriente de Bogotá, da su opinión en el “Foro Resistencias Latinoamericanas desde el Arte y la Cultura Popular” donde diferentes agrupaciones artísticas, pedagógicas y culturales de Bogotá, Colombia y de América Latina se dieron cita para reconocerse y realizar un intercambio de aprendizajes entre artistas y comunidad.

 

Este foro fue, en palabras de uno de los organizadores, “una semilla para posibilitar un espacio donde se permita reflexionar alrededor del quehacer del arte y la cultura popular en resistencia que hay en todo el continente”.

 

La primera vez que conocí y participé en el Entepola fue en agosto de 2015, el festival se llevó a cabo durante una semana en el barrio Juan Rey y sus alrededores de la localidad de San Cristóbal, al suroriente de la ciudad. Hoy, creo que la magia de este festival es el encuentro que va caminando año tras año por las periferias urbanas de Bogotá.

 

Un evento para reactivar la solidaridad de los pueblos

 

El Encuentro de Arte y Cultura Popular Latinoamericano nace a finales de la dictadura militar en chile hacia 1987. Por esta época en Latinoamérica irradiaba la idea del arte popular como elemento para transformar la realidad; el despliegue de esto fue tal que hoy en día se encuentra en Perú, Venezuela, México, Ecuador y otros países; es necesario decir que no todos los encuentros son autogestionados e itinerantes como el de Colombia.

 

En 2017, Entepola cumple 15 años de itinerancia en Colombia, aniversario celebrado “Desde el corazón de Bakatá” en la localidad tercera de Santa Fe. El festival se realizó en la semana del 6 al 13 de agosto, en los históricos barrios de Girardot, Las Cruces, Lourdes, Egipto y Belén, que configuraron a principios de 1900, las periferias urbanas del sur que las élites cachacas optaron por dejar a la deriva de las gentes que llegaban víctimas de la violencia económica del campo, mientras organizaban Chapinero y Teusaquillo al estilo inglés y francés.

 

Décadas más adelante, el alcalde bogotano Jorge Eliécer Gaitán nacido en Las Cruces, construiría teatros, centros comunitarios, acueductos y lavaderos colectivos en Lourdes y los territorios donde habitaban las muchedumbres que vengarían su muerte, ebrios de históricos olvidos e irrumpiendo en la ciudad formal para cambiar el rumbo de la historia nacional.

 

Este festival se toma territorios construidos por la gente obrera, desplazada, despojada y marginada del orden urbano rolo, también construye historias desde el 2002, siglo que es atravesado por la globalización cultural, la gentrificación urbana, los POT, el plan centro, las ollas de microtráfico y ONGs que se han ido enquistando en las periferias de nuestra Bakatá.

 

Por este motivo, y como homenaje al trabajo autogestionado de colectivos, artistas y comunidades articulados por la solidaridad, fui a entrevistar a algunas de las personas que han realizado durante cada año más de 9 asambleas preparatorias, en las cuales deciden adelantar por una semana, todo un festival de arte y cultura con invitados de toda América Latina en algún sector popular de la ciudad como Bosa, Engativá, Fontibón, Suba, San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar, Codito, Danubio, Nuevo Chile, Lourdes, Juan Rey, etc. Y lo más importante “Sin dinero, ni politiquería. Sólo la solidaridad, el trueque y el apoyo de los vecinos”.

 

Todo el festival es organizado sin apoyos económicos de instituciones de ningún tipo. Diez comisiones hacen realidad este encuentro internacional que trabajan desde meses antes con las comunidades que deciden hospedar el evento. No es una tarea fácil. Toca ir puerta a puerta, abriendo puertas tejiendo redes de apoyo con los vecinos para suplir no sólo aspectos técnicos como sonidos, carpas, consolas, micrófonos, transporte, etc., sino garantizar la salud, el alimento, la dormida y demás aspectos comunitarios que van más allá del arte.

 

¿Cómo poder hacer un evento de esta magnitud donde en vez de dinero existen trueques, donaciones y solidaridad pura y dura de los mismos barrios populares? ¿Cómo construir escenarios para que habiten el teatro, la danza, el circo, la música, además de talleres, foros, murales y demás formas de intercambiar culturas a nivel latinoamericano con compañías, artistas, habitantes, colegios, universidades y gestores populares?

 

El trabajo por comisiones

 

Organización horizontal que gestiona todo lo necesario para este festival “Porque la gente es muy escéptica. No cree. Piensa que uno tiene unos intereses políticos. Pero ya cuando ven a los chicos tres meses antes construyendo el festival con la comunidad, no solo pidiendo por ejemplo donaciones, préstamos, en fin; sino adecuando los espacios, para el festival, con presentaciones artísticas mucho antes de que inicie, entonces la gente sí comienza a integrarse y a decir: bueno estos chinos sí están haciendo algo por lo menos por el barrio”.

 

Estas 10 comisiones contaron cómo realizan su trabajo siendo ‘Entepoleros’, donde se organizan en tres ejes principales: Autogestión, Comunidad y Arte. Forjando así un sujeto colectivo, que evita personalismos innecesarios e invita a escuchar la unión de las voces que hace este encuentro posible.

 

“Nos organizamos con los principios ‘Entepoleros’ que se basan sobre todo en [...] la construcción de afectos y lazos, el reconocimiento de la comunidad. Así se llega al territorio con Entepola, para darle voz al que no se le ha dado voz, y ¿qué se trae? Pues ya toda una memoria y una historia de un evento internacional que logra movilizar a mucha gente y generar muchas redes de intercambios y de rupturas del tiempo ¿no?, de vivir otra temporalidad. Romper la cotidianidad, porque en la gente esto no hace parte de su día a día”.

 

“Hay comisiones que tienen un perfil y una labor específica en función de las necesidades de la semana del encuentro. Pero que también atienden a necesidades propias de la comunidad como lo son el transporte, la vivienda, la alimentación y la economía. Eso tiene que ver con el eje de Autonomía [...]. Responde a elementos de identidad también del territorio. Aquí (entre el barrio Lourdes y el Girardot) descubrimos el Carnaval de la Alegría que unió muchos actores del territorio y que la comparsa inaugural de estos 15 años vino a revivir este elemento de unión”. De eso se trata el Entepola, de diseñar estrategias según los territorios para no necesitar más que la unidad de la vecindad para traer espectáculos de calidad para la gente, además de ir sembrando posibilidades reales al modelo económico y cultural que diseñan en países totalmente ajenos a la realidad de los barrios populares de Latinoamérica.

 

Eje de autogestión para garantizar el evento

 

La primera comisión, y una de las más importantes para el desarrollo del evento es Alimentación encargada de “Suplir el alimento durante los días de festival para todos los artistas. En promedio estamos sirviendo de 100 a 150 platos de desayuno, almuerzo y comida durante los 8 días, ahí se hace el cálculo de cuántos platos servimos en todo el festival”.

 

La comida la consiguen principalmente en la central de Abastos junto a la comisión de Donaciones que también va puerta a puerta del mismo barrio contando acerca del Entepola y acudiendo a colegios, familias, Juntas de Acción Comunal y demás espacios claves del territorio solicitando alimentos no perecederos para los artistas invitados. “La comunidad se involucra con su fuerza de trabajo, vienen las abuelitas a picar, los abuelos, las mamás [...] este es un espacio que recuperamos, era un garaje lleno de cosas y entonces hicimos una minga, lo recuperamos y lo volvimos cocina, esa relación con la comunidad es mucho más chévere que con una institución que le toca a uno pedir cartas y hacer una mano de permisos y una mano de trabas, en cambio la comunidad colabora sin necesidad de tantas trabas [...] otra de las cosas bonitas del Entepola es eso, que se hagan esos lazos comunitarios, que realmente permiten que las cosas funcionen mucho mejor que con las instituciones. Y bueno es una comisión muy bonita, muy ardua, de mucho trabajo pero muy bacana”.

 

La mayoría de artistas que vienen de América Latina y de otras ciudades de Colombia tienen garantizado el hospedaje gracias a la comisión de Vivienda encargada de conseguir cuartos, casas, colchonetas y cobijas, para la acogida de artistas y organizadores. “En la comisión de vivienda estamos alojando cerca de 200 personas en este festival [...] Este año hay 3 casas. Una es el salón comunal de Lourdes, otro es una casa que una vecina nos prestó que estaba desocupada y la otra es un apartamento que nos prestó otra vecina en un edificio donde también tenemos el comedor [...] Las cobijas y las colchonetas las conseguimos comunitariamente haciendo puerta a puerta. Son ellos, la misma comunidad la que nos brinda día tras día los elementos que podamos necesitar, son los plomeros de la comunidad los que nos ayudan a instalar las duchas, los obreros nos ayudan a gestionar los arreglos de las casas, electricidad, bombillos, etc.”.

 

Algunos de los vecinos del barrio Girardot se ofrecieron con su tiempo y recursos para llevar, dejar y traer todo lo necesario para el festival. Estas labores hacen parte de la comisión de Transporte que es la única que recurre al dinero (igualmente a través de la autogestión como rifas, eventos y ventas) para pagar la gasolina que es lo único que nadie truequea.

 

Eje comunidad para consolidar el evento

 

Una de las comisiones que conforma este eje es la de Comunicaciones “que tiene que ver con esos canales rotos impresionantes”. También “[...] se encarga de la difusión del festival [...], para que la comunidad lo conozca se apropie y participe de las obras y de las diferentes comisiones. [...] también es traer lo popular a ese tipo de experiencias comunicativas, no sólo se usan las redes sociales, sino también el ‘voz a voz’, el perifoneo en las Juntas de Acción Comunal, las radios comunitarias, se pasa ‘saloniando’ por los colegios para contarle a los chicos qué es el Entepola, cuáles son sus principios: la autogestión, la no politiquería. Para rescatar esas otras formas comunicativas desde lo barrial, desde lo popular y hacer crecer el festival, que las cosas fluyan y que la gente nos conozca”. Se encarga de tener una estrecha relación con el territorio, con sus gestores locales, con sus dinámicas y canales de comunicación con el festival.

 

Para que el festival sea saludable, seguro y cobijado por la misma comunidad, existe la comisión de Cuidado que “[...] Se encarga de velar por el bienestar colectivo e individual. Temas como la salud (cambios de altura, tratamos de contar tanto con medicamentos como con plantas ancestrales), tener planes de contingencia, rutas seguras, botiquines y reacción ante cualquier emergencia, son organizados por un método de ‘apadrinar’ los artistas invitados por parte de la comunidad. En este festival tenemos de 100 a 150 padrinos que van desde niños hasta los adultos mayores” .


“La estrategia del apadrinamiento ha funcionado buscando personas de la localidad, comunidades de adultos mayores, de los niños, también de los colegios que puedan colaborarnos [...] buscamos otras estrategias de cuidado como por ejemplo el autocuidado, les brindamos unas recomendaciones a los artistas que vienen de otros países para que tengan rutas seguras y puedan hacer sus diligencias sin exponerse”.

 

Todos los temas que se trataron en el foro fueron programados por la comisión Académica que se encarga de pensarse pedagógicamente los principios y horizontes del arte y la cultura en el contexto del barrio popular. “[...] es esta apuesta política donde el poder no está en el discurso, en la mente y en las ideas [...], sino está es en las manos, en el quehacer [...] y el Entepola es la suma de esas manos que hacen. Entonces, claro: Empodera la comunidad [...] pensarse ese proceso de empoderamiento es lo que hace esta la comisión”.

 

Arte como eje fundamental

 

El fundamento de todo este festival y el centro en torno al cual gira todo este despliegue organizativo es el arte popular. Este eje se encarga de programar, montar y garantizar todo el escenario para los artistas y sus funciones. Por ejemplo, la comisión Técnica y logística es la encargada “de atender las necesidades de los artistas en el mismo escenario, nosotros tenemos que estar muy pendientes de esa parte, como del sonido, las puestas en escena, saber qué necesitan, cuidar el lugar, los equipos. Además de gestionar con la comunidad previamente los equipos y escenarios necesarios para el festival”.

 

En trabajo mancomunado, la comisión de Programación se encarga de la comunicación con los artistas, la convocatoria, organización de las presentaciones y también abrir espacios para los artistas locales; además preparan con las otras comisiones la cantidad de invitados con bases de datos que van creciendo con los años por el ‘voz a voz’ a nivel latinoamericano.

 

“El festival es autogestionado y realizado por jóvenes universitarios que le apuestan a una forma diferente de mundo que se da por medio de la autogestión y el trueque. No tiene nada que ver con las instituciones ni politiquería, ni nada de eso [...] Los artistas no llegan al hotel cinco estrellas ni nada, ellos están aquí con la comunidad. Es importante generar esa conciencia en los artistas cuando vienen, aunque la mayoría hace parte de procesos populares y ya conocen”.

 

La comisión de Sub-Sedes es una apuesta para que el festival logre tejer redes artísticas en los territorios de Bakatá, además de la itinerancia anual. Es la que realiza articulación con otros barrios aledaños, con universidades (generalmente públicas), para llevar el festival a otro nivel de acción.

 

En este sentido, el Entepola es una apuesta real de un nuevo mundo, un trabajo de mucho pueblo movilizándose por el arte y la cultura desde los barrios. Sin temer a la escasez cuando se tiene el tejido social. Una construcción de nuevas lógicas, de diálogos, de entender a las comunidades y vivir las dificultades que configuran su día a día.

 

* Gestor barrial -Colectivo Olla Artística Tiguaque.

Publicado enEdición Nº238
La afición del St. Pauli durante un reciente encuentro.- REUTERS

 

Ante la creciente gentrificación del fútbol surgen voces que reivindican sus orígenes y la necesidad de repensar el negocio.

 

MADRID / JUAN LOSA @jotalosa


Son tiempos difíciles para pensar otro fútbol. Las trifulcas protagonizadas por padres y madres de alevines no invitan al optimismo. Tampoco el rostro complacido y esmerilado de Cristiano Ronaldo mientras la megafonía del avión dice aquello de: “Bienvenidos al aeropuerto Cristiano Ronaldo de Madeira”. Dos extremos de una misma cuerda; una competitividad mal entendida que desemboca en una suerte de megalomanía desquiciante y desquiciada.

Afortunadamente hay clubes que se apean de esa lógica capitalista incapaz de salir del binomio éxito-fracaso. Da fe de ello el historiador catalán Carles Viñas, quien, junto al abogado laboralista Natxo Parra, acaba de publicar St. Pauli. Otro fútbol es posible (Capitán Swing). Retrato de un equipo que, pese a contar con un palmarés más bien exiguo, dispone de 11 millones de seguidores en Alemania y más de 500 peñas repartidas por toda Europa, media docena de ellas en España.

“Se está produciendo un desplazamiento de fidelidades fruto de que muchos aficionados no están de acuerdo con el modo en que sus clubes gestionan su vinculación con el capitalismo. Quizá por ello buscan referentes que les devuelvan a la esencia, o a lo que ellos creen que debe ser la esencia del fútbol”, explica Viñas. Una esencia que poco o nada tiene que ver con rebautizar un estadio con el nombre de un conglomerado financiero chino o con el progresivo encarecimiento de las entradas.

Una de las derivadas de esto, como apunta Viñas, es “el repunte de las categorías inferiores”, un fútbol de raigambre con el que resulta mucho más sencillo identificarse. En otras palabras; frente a la gentrificación balompédica con el selfie por bandera, bocadillo de tortilla, bufanda y pipas. Testigo de facto de esa transición del barro a las cámaras aéreas es Ángel Cappa, asistente de entrenadores como Menotti o Valdano y autor junto a su hija de También nos roban el fútbol (Akal, 2016). “Los clubes luchan para que la gente sea cliente, ya no buscan hinchas, y esto lo cambia todo. Se lo han cargado, no interesa ese fútbol que pertenecía a la clase obrera, esa fiesta que los pueblos se daban a sí mismos”, explica el argentino.

Así las cosas, y citando a Menotti, nos encontramos con dos perfiles bien diferenciados. El público, que se compenetra con el juego, lo analiza y entra en un diálogo con lo que acontece, y el espectador, que se limita a disfrutar o no con lo que sucede en la cancha. “Si voy a la ópera —contaba el que fuera seleccionador argentino— soy un mero espectador, pero si voy al fútbol, no cabe duda de que seré público”.

 

El empoderamiento de la afición


No pinta bien. Preservar el fútbol como acontecimiento sociocultural frente a la vorágine comercial parece que exige ir contra natura. Si las víctimas de la gentrificación se justifican en aras de una suerte de regeneración urbana, la seguridad en el fútbol sirvió de pretexto para convertirlo en un espectáculo aséptico, cuyos protagonistas son ajenos a la barriada aledaña al estadio. Cambió el consumo de fútbol y de ahí la importancia de la experiencia del St. Pauli, “la aldea gala del fútbol”, como la define Carles Viñas. “El empoderamiento del club por parte de los aficionados es la única solución a esta deriva”, apunta el historiador, para quien “la preservación de modelos de propiedad de los clubes en manos de aficionados es una forma de revertir esta situación”.

En ese sentido, la legislación alemana acompaña. La ley del 50+1 obliga a que la mayor parte de las acciones del club estén en manos de sus seguidores. Así se consiguen “anomalías” en el mundo del fútbol como que la afición del St. Pauli llegara a vetar que un patrocinador cambiara el nombre de su estadio. Algo impensable en España hasta para la más contestataria de nuestras gradas; la afición del Rayo Vallecano. Dos clubes cuyos hinchas comparten una misma filosofía obrera y un carácter comprometido con causas sociales, pero que, en el caso de los franjirrojos, la capacidad de decisión no alcanza los despachos.

 

 

Publicado enCultura
Pulso Gobierno vs. Cumbre Agraria: ¿Un solo vencedor?

En Colombia ninguna conquista social se logra sin lucha. Es más, toda conquista social demanda más de un jornada de protesta, pues el Gobierno –mejor, el poder– es experto en dilatar, hacer propaganda, distraer, confundir, dividir y...

 

Para el movimiento social de la ruralidad colombiana, empezado a gestar en medio de estas luchas, y transformado en parte en la Cumbe Agraria, Campesina, étnica y popular (Cacep), no es diferente. A pesar de sus potentes movilizaciones de los últimos tres años, en especial la prolongada entre el 19 de agosto al 12 de septiembre de 2013, y de lo suscrito al momento de levantar todas y cada una de las protestas, ahora le toca salir de nuevo al ruedo.

 

La Cacep, conformada por 13 procesos de la ruralidad, fue reconocida como interlocutora de la política púbica mediante el decreto 870 de 2014, firmado por el entonces ministro del interior Aurelio Iragorri Valencia, quien creó un escenario de negociación denominado Mesa Única Nacional (MUN), conformada por: Ministro del Interior o delegado, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y 35 voceros de la Cacep.

 

Esta mesa centró su discusión alrededor de los 8 puntos del pliego de exigencias de la Cacep, Mandatos para el buen vivir: Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial, Economía propia contra modelo de despojo, Minería, energía y ruralidad, Cultivos de coca, marihuana y amapola, Derechos políticos, Garantías, víctimas y justicia, Derechos sociales, Relación campo-ciudad y, Paz, justicia social y solución política.

 

La mesa fue instalada hace dos años y 10 meses, y pese al paso del tiempo sus avances son pocos. Por ello, luego de los constantes incumplimientos y dilaciones por parte del gobierno nacional, la Cacep rompió la mesa de negociación y convocó en el 2016 a la Minga Nacional Agraria, para levantarla fueron suscritos el 13 de junio los “Acuerdos de Santander de Quilichao”, comprometiendo una vez más al gobierno nacional a cumplir con los compromisos suscritos y ofrecer garantías a la Cacep para seguir conversando y negociando el Pliego de exigencias.

 

Dicen que “al perro no lo capan sino una vez”, pero no es cierto. Por ser así, el 8 de marzo de 2017, por falta de garantías e incumplimientos, vuelve a presentarse un pulso entre la Cacep y el gobierno nacional; esta vez la acción de protesta tomó como centro de su acción el Ministerio del Interior, en pleno centro de Bogotá.

 

¿Acción desesperada? o ¿Rabia condensada?

 

Ante el constante asesinato –suman 150 entre 2016-2017, 30 de ellos en lo corrido del 2017–, persecución y amenaza de líderes y lideresas del movimiento social, el aumento de la presencia paramilitar en varias regiones y el incumplimiento, dilación y falta de seriedad con la Mesa Única Nacional –el gobierno no envía a las sesiones de negociación funcionarios con poder de decisión–, la comisión política de la Cacep decidió declararse en sesión permanente dentro de la sede del Ministerio del Interior, hasta tanto no se hicieran presentes: el Presidente Juan Manuel Santos, Ministro del Interior en su calidad de coordinador de la mesa, Ministro Aurelio Iragorri como cabeza del gabinete de agricultura y desarrollo rural; El Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas; Ministro de Minas y Energía, el Procurador General de la Nación, el Defensor Nacional del Pueblo, Fernando Carrillo Flórez, y el Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez. Esta exigencia fue enviada a través de una carta formal que contiene 13 consideraciones, así como 8 exigencias y propuestas.

 

Las consideraciones expuestas tienen que ver con que luego de pasados 2 años y 10 meses desde la creación de la MUN (Decreto 870/2014) no se ha avanzado en los temas gruesos, pues la negociación se centró en temas mínimos de aclimatación en torno a garantías y derechos humanos –incumplidos, como es evidente–, al tiempo que el gobierno impone leyes que van en contravía de los acuerdos alcanzados en la MUN, como las Zidres o el nuevo Código de Policía, entre otras.

 

La Cacep considera que las comunidades rurales no solo han sido víctimas de la guerra, sino que existen experiencias y propuestas desde los territorios que contribuyen a la paz, las mismas que el gobierno nacional niega, desconociendo la posibilidad de su participación en los espacios de diálogo, negociación e implementación que se adelantan con las insurgencias armadas. En lo que respecta a la implementación normativa del Acuerdo Final, la Cacep considera que a través de la vía rápida (Fast track) están imponiendo una serie de modificaciones legales que desconocen las propuestas y exigencias presentadas por las organizaciones rurales, dejando en el vacío el objetivo mismo de la Mesa Única Nacional, medidas que apuntalan una política pública favorable a la agroindustria y el extractivismo.

 

Las exigencias y propuestas presentadas por la Cacep, versan sobre: 1) mecanismos rápidos, ágiles y efectivos para las garantías individuales y colectivas para la vida e integridad de las comunidades, sus líderes y lideresas; 2) Evaluación exhaustiva, con el Presidente y su gabinete, para establecer una agenda de negociación y una ruta eficaz de cumplimiento de los acuerdos; 3) traslado de la MUN de Bogotá a otras regiones del país; 4) debate público de control político sobre el estado de cumplimiento de los acuerdos suscritos; 5) reconocimiento constitucional y legal del campesinado como sujeto de derecho; 6) conocer y participar del proceso de implementación normativa por la vía rápida (Fast track) de los acuerdos entre Farc-Ep y Gobierno y, 7) garantías para participar de forma autónoma, amplia y vinculante, a propósito del proceso de negociación que se adelanta entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional.

 

La respuesta inmediata del Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, el día 8 de marzo, fue enviar a Luis Ernesto Gómez, su joven viceministro para la participación e Igualdad de derechos, quien pese a su actitud jovial y aparente sencillez (porta corbata y usa tenis), se mostró intransigente y despreciativo ante las propuestas que recibió. En su papel de negociador este funcionario solo reaccionó con amenazas de represión, insistiendo en desalojar el edificio –envió un grupo de la fuerza disponible de la Policía Nacional a la entrada del Ministerio a la espera de la orden de entrar a desalojar–; negó el ingreso de alimentos para las 47 personas que se encontraban dentro del Ministerio, cortó el agua de los baños y afectó la señal de internet, queriendo así imposibilitar la comunicación pública sobre lo que acontecía dentro del recinto. Cabe resaltar que la Defensoría del Pueblo y Naciones Unidas no estuvieron presentes durante toda la jornada, solo acompañaron un par de horas, se retiraron a las 7 de la noche, comprometiendo su palabra que regresarían, lo que no hicieron sino hasta el día siguiente pero por presión de la Cacep y parlamentarios amigos.

 

Negociación de papel

 

A las 5 de la mañana del día 9 de marzo, el ambiente se tensó, fuera del edificio estacionaron 13 motos, un camión y dos camionetas de la Policía Nacional; la orden era desalojar el edificio a las 9 de la mañana. La única persona autorizada para entrar al edificio fue el senador Iván Cepeda –finalmente logran ingresar el senador Alberto Castilla y el representante Alirio Uribe– como garante y enlace directo con el ministro Cristo. Luego de un largo tire y afloje entre las partes se acuerda –en borrador– la cita con el ministro Cristo en su despacho, a la que asistirían 13 representantes de la comisión política de la Cacep. Una vez iniciada la reunión en cuestión los demás miembros de la Comisión allí presentes se retirarían del piso 11 del Ministerio.

 

Arrogancia y cinismo. Antes de confirmar la reunión planteada, Cristo y Santos se reúnen, luego de lo cual el viceministro Luis Ernesto Gómez regresa al piso 11 y le plantea a la Cumbre que para llegar a la reunión con el Ministro del interior debía construirse una agenda para la negociación; la Cumbre insistió en que eso ya estaba en la carta enviada el día anterior, pese a esto la Cacep, en un gesto de buena voluntad accede a construir con el Viceministro una acta y declaración conjunta que contiene 3 puntos:


1. Garantías y protección individuales y colectivas: Se acuerda que el Viceministerio de participación e igualdad de derechos, y la dirección de derechos humanos del Ministerio del Interior, realizarán una evaluación del funcionamiento de la subcomisión de derechos humanos y de las misiones de verificación, entregando un informe sobre la aplicación del protocolo y la adopción de medidas de investigación, prevención y protección de acuerdo al reglamento y actas suscritas en Santander de Quilichao relacionadas con el tema; además que el Ministerio del Interior oficializará el 21 de marzo de 2017 la respuesta al derecho de petición entregado por la comisión de derechos humanos de Cumbre Agraria y que el Gobierno convocará a la Fiscalía General de la Nación para que presente un informe sobre el estado de las investigaciones por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, con especial atención de los asesinatos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos. Finalmente, realizar una priorización que brinde garantía y protección individual y colectiva de las comunidades y sus territorios, creando instrumento de reacción inmediata. 

 

2. Mesa Única Nacional, evaluación, seguimiento y cumplimiento: Se acuerda la realización anticipada (la Cumbre propone 10 días) de la reunión de balance del proceso de negociación llevado entre las partes, con el Presidente de la República, prevista inicialmente para el mes de junio de 2017. Asimismo, el Ministro se compromete a gestionar y coordinar reuniones sectoriales con los ministros competentes para el cumplimiento de los acuerdos con la Cumbre Agraria, todo ello dentro de un término no mayor a un mes. Además, el Ministro del Interior se compromete a participar en un Debate de Control Político sobre el estado de cumplimiento de los acuerdos suscritos entre el gobierno nacional y la Cumbre.

 

 3. Participación en la construcción de paz: Se manifiesta que las propuestas presentadas por la Cumbre Agraria son una contribución de la sociedad a la construcción de una paz con justicia social; en tal sentido el gobierno nacional se compromete a incorporar los acuerdos suscritos en la Mesa Única Nacional en el marco de implementación normativa de los acuerdos de paz –Acuerdo Final– con base en el principio de Profundización de la democracia y “construir sobre lo construido”. De igual manera, el Ministerio del Interior promoverá la participación de la Cumbre Agraria en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final; y, finalmente, el gobierno nacional brindará garantías a la participación autónoma, amplia y vinculante, a propósito del proceso de negociación que se adelanta entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, así como el gobierno nacional garantizará la implementación del Capítulo Étnico de los Acuerdos de Paz.

 

Todos estos puntos son trabajados en la tarde y parte de la noche del día 9 de marzo junto al viceministro del Interior, el que los trasmite al ministro Cristo, el cual dice, a través de un nuevo funcionario pues el Viceministro no regresa, que el documento trabajado “no esta a su medida”. ¿A la medida de sus intereses? Ante esta respuesta, los voceros de la Cacep deciden, a altas horas de la noche, abandonar la sede del Ministerio.

 

Así culminó la sesión permanente la Cacep, cuyos propósitos no fueron logrados. Conscientes de ello ahora inicia la preparación de una nueva gesta, para poder encarar en mejores condiciones un nuevo pulso con el gobierno: vendrá la movilización y minga por los derechos, la vida y la paz, como lo confirmaron sus voceros en rueda de prensa. Amanecerá y veremos.

 

¿Seguir por la misma vía? O ¿Inventar otras formas?

 

Lo sucedido en el Ministerio del Interior demuestra una cosa: El gobierno nacional solo escucha a la Cacep en la movilización, y simplemente firma actas de acuerdo para quitarse los problemas de encima.

 

Despertar del adormecimiento. Es momento para que la Cacep retorne a sus orígenes: las regiones, las comunidades y las organizaciones con base territorial. Solo allí podrá tener claro qué se quiere con cada acción y así replantear los alcances de las “vías democráticas”. Es allá, en el territorio, donde está su fuerza, y este nuevo pulso que se viene únicamente podrá salir airoso si la Cacep se mueve desde abajo hacia arriba. Es un momento para que la Cacep se reconsidere completamente, para dejar los diálogos ineficaces; es momento de encontrar y construir caminos de unidad para lograr un movimiento fuerte que consiga levantar de nuevo la voz y la razón de las comunidades agrarias.


Así hay que obrar, mucho más si recordamos la cercanía de la campaña electoral, y con ello que dentro de pocos meses el gabinete ministerial empezará a entregar las llaves de sus despachos a sus nuevos inquilinos.

 

Ante todo esto es procedente preguntar: ¿Cómo garantizar que en esta nueva ocasión el gobierno sí cumpla, a pesar de ir ya de salida? O, por el contrario, ¿No negociar más con el establecimiento? ¿Empezar a consolidar experiencias concretas de autonomía en todos los ámbitos (económico, educativo, social, cultural, etc.)? ¿Crear un movimiento cuya esencia sea el anticapitalismo? ¿Por dónde encausar los mayores esfuerzos?

 

Los interrogantes son mayúsculos, y es hora de encararlos.

Publicado enEdición Nº233
Los sinsabores del cabildo abierto en defensa de la ETB

La posible privatización de la Empresa de Teléfonos de Bogotá atiza amores y desamores en Bogotá. El reciente cabildo abierto organizado por Sintrateléfonos y Atelca, con una asistencia de 800 personas y apoyados por diversidad de procesos sociales así lo reveló. Aunque según el Alcalde y el gerente de la empresa la decisión está tomada, el camino para así concretarlo tendrá que sobreponerse a la consulta popular sobre la venta y la revocatoria de Peñalosa.

 

Vamos a asistir al cabildo pero “la decisión está tomada”1. Con estas palabras reconfirmó Jorge Castellanos, gerente de la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) la determinación de la actual alcaldía bogotana de proseguir con el programa para privatizar esta empresa. Palabras que determinaban de entrada lo limitado e infuncional de este espacio.

 

El cabildo abierto fue propuesto, liderado y convocado por los sindicatos de la empresa, como un mecanismo y espacio para desnudar los verdaderos intereses que están detrás de la decisión privatizadora, y como expresión de la democracia participativa que debería obligar a la reversión de tal determinación.

 

Para hacerlo realidad, sus impulsores emprendieron la recolección de firmas, las cuales finalmente sumaron 44.960, con lo cual el Consejo Nacional Electoral no pudo negar la deliberación ciudadana. Los pasados 28 de febrero y 7 de marzo fueron establecidas para tal fin, y la sede del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) fue el espacio escogido para las sesiones cabildantes.

 

Primera sesión

 

El auditorio Presidente del Idrd estaba punto de llenarse a las 9:00 am del pasado 28 de febrero, algunos funcionarios de la ETB, otros del Distrito y los concejales estaban presentes. Decenas de trabajadores y otros pobladores de la ciudad colmaban el auditorio. En el exterior del auditorio más gente. El ambiente que reinaba entre unos y otros era de confianza en sus argumentos, confiando los trabajadores que una vez –como sucedió en otras 15 o más oportunidades a a través de alegatos judiciales– quebrarían la decisión privatizadora.

 

De manera puntual todo estaba listo para arrancar la sesión. En el listado de oradores 41 inscritos, cada uno de los cuales podría exponer sus razonamiento durante 7 minutos. El vocero de Sintrateléfonos contaría con 40 minutos para abrir el cabildo.

 

Cerca de las 9:15 am, el alcalde Enrique Peñalosa ofreció una rueda de prensa amarrada: solo dos periodistas estaban elegidos para realizar preguntas, y sólo ingresaban los medios oficiosos. ¿Información o propaganda?

 

Allí el burgomaestre aseguró que su responsabilidad como Alcalde no estaba en “hacer inversión en empresas, sino hacer inversión en la gente, hacer inversión en hospitales, jardines sociales, en colegios [...]”. El mandatario fue enfático en la necesidad de construir esta infraestructura en la ciudad, sin poder precisar cifras que le dieran la razón. Según su visión de la ciudad y de sus bienes públicos, la ETB no es una empresa del Distrito, sino un recurso del cual valerse para promover el “desarrollo social”.

 

El Alcalde insistió en el riesgo que tiene la ETB, comparándola con empresas de países como Alemania, de perder su actual valor. Seguidamente, afirmó que la decisión sobre la venta ya estaba tomada, reconfirmando así lo ya dicho por el gerente de la ETB y dejando claro que el cabildo que estaba por iniciar sesión era un mero hecho simbólico.

 

Una vez culminada la rueda de prensa arrancó el cabildo. Uno a uno fueron tomando sus minutos la totalidad de las personas inscritas, unos en contra de la venta del importante recurso público y otros en favor.

 

Las horas pasaban, ya en la tarde el ambiente del cabildo se tornó tenso a causa de la intervención de Enrique Peñalosa, una simple réplica de su discurso maltrecho de la rueda de prensa matutina. Además de las palabras de Jorge Castellanos, quien aludió a las cifras de la empresa en los últimos 10 años, enfatizando en el supuesto estancamiento de sus ingresos por pérdida de clientes: donde la empresa “bajó” de un 1.6 por ciento en 2007 a un 1.5 en 2016; más la pérdida de participación en el mercado desde el 2010, año para el cual la empresa contaba con una participación de un 50 por ciento, caído a un 34 por ciento para el 2016.

 

Pese a sus datos, por parte alguna daba respuesta al cuestionario radicado 5 días antes por Sintrateléfonos y Atelca y dirigido a este funcionario y al Alcalde. La dilación era la norma. Al final el presidente del Concejo de la ciudad confirmó que el cuestionario sería resuelto el 7 de marzo cuando sería llevada a cabo la segunda sesión de este espacio deliberativo. Esta primera parte del cabildo dejó la sensación de que todo seguía igual, y tal vez en la segunda los sectores populares lograban sus cometidos.

 

Segunda sesión

 

Sin duda los funcionarios del Distrito habían evaluado lo sucedido el 28 de febrero. A las 9 am del 7 de marzo el recinto del Idrd ya estaba repleto de funcionarios públicos y de gente afín a ellos. Por fuera del recinto, los trabajadores de la empresa de teléfonos, y pobladores provenientes de distintas localidades capitalinas. Unos y otros exigían que los dejaran ingresar, pero con resultado negativo.

 

El ambiente en el auditorio también era más tenso. Las arengas, gritos, chiflidos y pancartas en contra del Alcalde y en su defensa dejaban entreverlo que sería el orden del día.

 

Enrique Peñalosa fue el primero en intervenir, sin rodeo alguno aclaró que en las condiciones que se encontraba la ETB, sólo “un comprador especializado podría sacar el potencial de la empresa y le va a inyectar el capital nuevo que necesita”, reconociendo, implícitamente, la incapacidad y desinterés de su alcaldía para mejorar las condiciones del patrimonio. Reconoció también que la decisión de la venta de las acciones le correspondía sólo a la Alcaldía y al Concejo.

 

Insistió en que la venta era “[...] la decisión más responsable [...]”, a lo que sus seguidores acompañaron con aplausos; ante el descaro que cargaban estas afirmaciones la indignación de parte de los contradictores no demoró en hacerse sentir, así como los chiflidos e insultos. La ficción de construir nuevos colegios y hospitales en las zonas más populosas de Bogotá permaneció como su argumento más fuerte y repetitivo. Por parte alguna pudo precisar dónde está el dinero de la venta del 11 por ciento de la empresa hace 20 años. Dio por terminada su intervención diciendo que “[...] no han tomado el camino fácil [...] y que [...] los gritos e insultos no le intimidaban y tampoco lograrían reversar su decisión”.

 

Lo precedió en el orden de intervención el concejal del Polo Democrático, Manuel Sarmiento, uno de los pocos oradores que con cifras logró demostrar que la venta de la ETB es la peor decisión que puede tomarse pues va en contra del beneficio de los bogotanos. Argumentó, para desmontar las razones privatizadoras de Peñalosa, que el 57 por ciento de la venta de la empresa será destinado a Transmilenio y no precisamente a la construcción de colegios, dado que sólo el 2 por ciento será destinado a la Secretaría de Educación. El concejal, firme en sus argumentos, invitó al presidente de la compañía a que dijera cuánto es su salario, el cual, según Sarmiento, “[...] supera los 35.000.000 de pesos, sólo por bajar los indicadores de una buena empresa como lo es ETB [...]”; también lo llamó a no juzgar ni arremeter contra los trabajadores de la empresa, cuando está vinculado al escándalo de Panamá Papers.

 

El concejal finalizó su intervención afirmando que “ante la frustración de Enrique Peñalosa por no tener un doctorado, el cabildo se lo otorgaba como honoris causa en privatizaciones en mala gerencia”, provocando gritos entusiastas de apoyo por parte de los trabajadores y defensores de la compañía.

 

¿Y entonces?

 

La tensión en esta segunda sesión aumentó con las intervenciones de la concejal Lucía Bastidas y el concejal Hosman Martínez quienes, intimidados por los gritos e insultos de la barra en pro de la defensa de la ETB optaron por tratar de callar a los asistentes con frases como “Bogotá mejor para todos, pese a ustedes” y “seré presidente de este país, les guste o no”, premisa de una campaña presidencial prematura que permite comprender por qué el Alcalde, pensando en otros tiempos y menesteres, no da pie con bola en Bogotá y las reales necesidades de sus habitantes.

 

Finalmente, y aunque las intervenciones de todas las personas registradas no estaban cumplidas, los defensores de la ETB optaron por retirarse del recinto asegurando que el cabildo no fue abierto sino cerrado, sin debate limpio y, además, una deslegitimación para el mecanismo de participación ciudadana en la medida que en él nada se decide. ¿Miles de firmas simplemente para ilustrar?

 

Pese al sinsabor que embarga a las organizaciones convocantes, persiste su ánimo para seguir luchando en contra de la privatización del patrimonio de la ciudad, como persiste su esperanza en que la ciudadanía los acompaña en esta lucha. Es por ello que ahora recorrerán el camino de liderar una consulta popular que decida sobre el particular, al tiempo que concentran fuerzas en el proceso de revocatoria del alcalde Peñalosa.

 

* El 31 de mayo de 2016, el Concejo de Bogotá aprobó la venta de ETB con 31 votos a favor y 12 en contra.

 


 

Recuadro


El cabildo, de forma y sin poder decisorio

 

De acuerdo a la Registraduría Nacional del Estado Civil, el cabildo abierto es “la reunión pública de los concejos distritales, municipales o de las juntas administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad.” Y determina que éste se hace con el objetivo de “discutir, refrendar o dar a conocer puntos de vista divergentes sobre asuntos relacionados con asuntos públicos como pueden ser las políticas públicas, acciones de gobierno o la eventual toma de decisiones por parte de la administración pública”.

Publicado enEdición Nº233
Martes, 28 Febrero 2017 07:55

Construir otra geometría del poder

Isabel Rauber

 


Capítulo del próximo libro de Isabel Rauber: Una asignatura pendiente de los gobiernos populares latinoamericanos

 

 
Desmontar el neoliberalismo requiere modificar de raíz la interrelación Gobierno-Estado-Pueblo


Las contradicciones, crisis, amenazas y situaciones crecientes de reversibilidad de los procesos democráticos populares en Latinoamérica colocan nuevamente en el centro de las reflexiones una interrogante histórica: ¿Es posible transformar-superar la sociedad capitalista desde adentro, o es necesaria una ruptura drástica mediante la toma del poder?

La pregunta ‑como las respuestas-, condensa un largo debate presente en el pensamiento y la acción socio-transformadoras desde antes de los tiempos de Marx hasta la actualidad. Pero cualquiera sea el posicionamiento político, las respuestas no pueden obviar reconceptualizar lo que significa hoy “capitalismo”, “socialismo”, “revolución social”, “toma del poder”, “¿cuál poder?”, construcción de poder “desde abajo”, “democracia”, “hegemonía”, “lucha de clases”, entre otros.

En dependencia de las respuestas, el mundo político de la izquierda del siglo XX se dividía –grosso modo‑, entre reformistas (cambios graduales) y revolucionarios (toma del poder). Eran centralmente diferencias político-ideológicas que, invisibilizadas tras una supuesta “cuestión de métodos”, planteaban –en síntesis‑ dos concepciones estratégicas:

-Hacer reformas para mejorar el capitalismo (“desarrollarlo”, para lograr que maduren las premisas señaladas por Marx)[1], y luego “pasar” al socialismo (reformistas).

-Hacer la revolución con un acto de ruptura ‑toma del poder‑, para luego implementar los cambios propios de la transición al socialismo dirigiendo la administración del Estado (leninismo: estatización como medio de control total del metabolismo social).

Ambas concepciones coincidían en un punto: tanto las reformas sociales como la revolución se producirían desde la superestructura político-institucional (arriba).

Marcando un punto de inflexión respecto de tal posicionamiento político-cultural, los sujetos populares que protagonizaron y protagonizan las resistencias y luchas sociales enfrentando los embates neoliberales a fines del siglo XX e inicios del siglo XXI, fueron construyendo otras respuestas a las anteriores interrogantes acerca de la transformación del poder del capital y del cambio social, incorporaron también otras preguntas y, de conjunto, germinaron una concepción integral del poder, recuperando en gran medida la mirada marxiano-gramsciana: social, económica, política y cultural.

La vieja disyuntiva reforma o revolución ‑aunque está presente transversalmente en todas las propuestas y acciones políticas de los procesos populares en el continente‑, hoy resulta insuficiente para analizarlos y aportar a los temas puestos en debate: Sujetos, poder, independencia, desarrollo, conducción política...

Resignificando el concepto marxiano de revolución social, los movimientos sociales develan otras dimensiones, aristas e intersecciones de los procesos de transformación de la sociedad capitalista encaminados a su superación civilizatoria: en vez de apostar a la desgastada y derrotada concepción de una revolución superestructural, partidista y jerárquica (desde “arriba”, propia del siglo XX), apuestan a la creación y construcción del poder popular, participativo, comunitario, a partir de su protagonismo, reconociéndose sujetos sociopolíticos del campo popular.

Así, desde sus prácticas concretas, en procesos como los de Bolivia y Venezuela ha venido germinando un nuevo poder popular desde “abajo”, comunitario y comunal que, en tanto tal, es –a la vez‑ un proceso de empoderamiento (conciencia, organización, gestión...) de sus protagonistas. Lo mismo ocurre también en las luchas y construcciones de movimientos sociales en Brasil, en Uruguay, en México, en El Salvador...

La perspectiva revolucionaria de los procesos políticos populares en curso y está íntimamente ligada a la acción de los pueblos y a la posibilidad de reflexionar críticamente acerca de sus experiencias, recuperando sus luchas y empeños en crear y construir poder popular. Se trata de un poder diferente a todo lo existente-heredado, que es a la vez: destituyente del viejo Estado (Gramsci), y constituyente e instituyente de un nuevo Estado en marcha hacia una nueva civilización. En caso contrario, por mucho que se pregone la revolución, esta quedará aprisionada y anulada por las tenazas de la legalidad e institucionalidad del poder constituido‑heredado, por sus normas (el saber hacer) y por hábitos (el dejar hacer...).

Reformas hay y habrá en cualquier posicionamiento estratégico, pero ¿cómo se definen?: ¿mediante la participación protagónica de los pueblos o dictadas “desde arriba” y anunciadas luego como logros de “benefactores revolucionarios” (dádivas asistencialistas)? Al ganar las elecciones y llegar al gobierno de un país, las fuerzas progresistas o de izquierda se hallan ante la tarea de recuperar el Estado, sacarlo de la esfera neoliberal; la interrogante es: ¿Se busca que el Estado esté “al servicio del pueblo” o convertirlo en una herramienta del pueblo para transformar la sociedad y transformarse a sí mismo en ese proceso, en sujeto protagonista de su historia?

La respuesta a esta interrogante es medular. Define las tareas, los actores sociopolíticos y los horizontes en disputa de los gobiernos populares, las posibilidades de profundización de sus tendencias revolucionarias, o su anulación reformista socialdemócrata que ‑atenuada tras una retórica de cambios‑, hace que gobernantes y funcionarios públicos se limiten a cumplir las normas propias de la gobernabilidad establecida por el poder hegemónico del capital, allanando el camino hacia la restauración.

En virtud de ello, lo que constituye el parteaguas real de la respuesta a la pregunta reforma o revolución es: Si las decisiones se toman “desde arriba” (superestructuralmente) por un grupo iluminado de “vanguardia” (élite), o si se toman colectivamente convocando a la participación e iniciativa populares, informando, formando y promoviendo la autoorganización y el empoderamiento de los pueblos, estimulando procesos formativos-educativos, potenciando su voluntad de crear, construir y constituir(se) en un nuevo poder, el poder comunal, comunitario, popular, construido “desde abajo”.[2]

En los procesos de cambio social abiertos por los gobiernos populares, progresistas o revolucionarios esta cualidad ha estado presente, pero no siempre con la centralidad política que estos requieren para ser irreversibles. Este desplazamiento o secundarización del eje político del protagonismo popular se tornó debilidad político-social y se expresó, por ejemplo, en el revés que obtuvo la propuesta popular-gubernamental en las elecciones, en Argentina; en la movida reaccionaria contra Dilma, en Brasil; en los resultados del referendo, en Bolivia; en la desestabilización desatada virulentamente en Venezuela ‑para solo nombrar algunos ejemplos.

Voceros del poder rápidamente trataron de calificar y clasificar tales acontecimientos como propios de un “fin de ciclo” progresista en el continente; afirmando con ello la idea de que no es posible construir procesos políticos populares irreversibles, ni hacer sostenibles sus proyectos de justicia social, equidad, derechos para todos y poner fin a la exclusión: fin del hambre, del analfabetismo, de las enfermedades curables...

Simultáneamente, los voceros del poder histórico de las oligarquías introdujeron el concepto de “alternancia” como una cualidad sine qua non de las democracias. Es decir, si no hay cambio de gobierno, no hay democracia. Enfilaron directamente sus cañoneras para revertir las conquistas y logros obtenidos con los gobiernos populares, siendo, un objetivo central, para ello, poner fin a tales gobiernos: impulsando proyectos desestabilizadores, guerra económica, política, cultural y mediática; destruyendo a los principales referentes políticos, por vías de su desacreditación, esgrimiendo impedimentos jurídicos a reelecciones, o –combinadamente‑, levantando acusaciones de delitos que viabilicen la realización de golpes “suaves”, “parlamentarios” o “constitucionales”, sin descartar la eliminación física –si fuera necesario‑, de quienes consideran ‑no su adversario, como dicen, sino‑ su enemigo.

Es vital entonces, hacer una alto en el camino, aprender de lo realizado y compartir –en apretada síntesis‑, algunas reflexiones a modo de enseñanzas de este tiempo de atrevimiento colectivo de los pueblos, capaces de desafiar al poder hegemónico del capital para crear y construir sus destinos.

Me referiré aquí a un grupo de pasos diferenciados de este proceso, pero ello solo responde a los rigores de la exposición analítica, pues en la vida social no existen pasos lineales secuencialmente organizados. La conquista de un paso posibilita otro a la vez que lo define, condiciona y habilita, y viceversa... interdefiniéndose todos en la movediza realidad social, en tanto todo proceso creativo de lo nuevo es parte de otros de adecuación-transformación de lo existente. Una suerte de “todo mezclado” contradictorio con el que hay que aprender a convivir, construyendo en cada momento la dirección política colectiva en sintonía con las dinámicas de los procesos sociales y la direccionalidad del horizonte civilizatorio buscado.

De la “recuperación” del Estado a las democracias populares

Entre tantas situaciones, problemáticas y propuestas a procesar en tiempos de la arremetida revanchista restauradora, se abren paso aquellos planteamientos y prácticas políticas que centran las fortalezas de los procesos de cambios y su irreversibilidad, es decir, la continuidad de gobiernos populares revolucionarios, en la participación popular: en el gobierno, el Estado, la economía y las dimensiones político-culturales de los procesos.

Es la participación de los pueblos la que impulsa procesos de creación colectiva de lo nuevo y, a la vez, sienta las bases para la superación de lo establecido (Estado neoliberal, democracia burguesa). Sobre esa base, se van abriendo compuertas institucionales político-sociales que van transformando la característica posneoliberal inicial de los gobiernos populares hacia gobiernos de democracias populares (revolucionarias). Vale desgranar –a continuación‑, aspectos claves de esas tareas, sus tiempos político-sociales y sus actores.

 

►Desmontar el modelo neoliberal y recuperar el Estado como agente de acción social

 

Marcados por la necesidad de superar la herencia neoliberal, una tarea común –e ineludible‑ de los gobiernos populares, progresistas o revolucionarios ha sido, inicialmente, la de desmontar el andamiaje neoliberal, y buscar vías para recuperar-recomponer el Estado en virtud de ponerlo en función de políticas públicas que se hagan cargo de los derechos sociales del pueblo, en toda la diversidad en que ellos existan o se presenten. En tal sentido, en el período posneoliberal, la tendencia predominante de estos gobiernos ha sido: reconstruir al Estado como actor sociopolítico central, administrado por la fuerza política gobernante y sus funcionarios de cabecera. Esto puede reconocerse como un punto de partida ineludible, pero ¿es suficiente?, ¿es el horizonte del cambio?

En tanto el Estado-nación es ‑en el sentido gramnsciano del concepto‑, un sistema social integral, la recuperación de la centralidad del Estado como agente impulsor de políticas públicas populares se anudó con una suerte de neodesarrollismo keynesiano “de izquierda” que concentró el eje de los cambios sociales en el accionar económico–social del Estado y el gobierno. De ahí que, en ese tiempo, en la mayoría de estos procesos, la apuesta productiva predominante no estuviera encaminada a estimular la creación y desarrollo de alternativas económicas superadoras del modelo propuesto por el orden global del capital, que conminó a nuestras economías a ser proveedoras de materias primas, apostando por diversas modalidades de extractivismo y rentismo.

Cabe pensar que, tal vez, el tareísmo contingente que emergió de las coyunturas de crisis del neoliberalismo, nubló la visión de la importancia de impulsar –simultáneamente con la búsqueda de soluciones a problemas urgentes‑, procesos de creación y construcción de caminos de transformación productiva que sentaran bases para un nuevo modo de producción y reproducción en el continente, sustrato de un horizonte común sostenible de integración, diferente al del capital.

Esto quedó –de hecho‑ fuera de agenda. Y también el protagonismo popular (de movimientos indígenas, movimientos sociales, de mujeres...). Ambos factores pasaron a una dimensión secundaria, consideradas de “poco peso” ante las cuestiones urgentes “de Estado”. En algunos casos se trató de buscar el apoyo político de los movimientos populares otorgando a algunos de sus referentes determinados cargos públicos en aras de sumarlos a las tareas del momento, pero ‑en lo fundamental‑ el protagonismo popular fue desplazado y suplantarlo por el funcionariado, considerando –de hecho‑, que si el Estado es administrado por militantes revolucionarios, es –automáticamente‑ revolucionario.

Confundidos tal vez por el hecho de asumir cargos y responsabilidades hasta ahora vedados para el campo popular, algunos sectores de la izquierda gobernante olvidaron o subestimaron el origen clasista del Estado y sus tentáculos de subordinación y sujeción –por diversas vías‑, de los ciudadanos al ámbito de la hegemonía del capital y su estatus quo.

Al dejar de poner esto en el centro de los debates y el quehacer político cotidiano, fomentaron un posicionamiento acrítico de los pueblos y sus organizaciones sociales respecto de los procesos gubernamentales en los que participaban. Esto evidencia que se pueden ganar elecciones, administrar el Estado y tener un gran discurso revolucionario, pero sostener ‑en la práctica‑, un programa reformista, socialdemócrata, que contribuye –quiérase o no‑, a la restauración del viejo poder.

¿Qué significa en este sentido, ser socialdemócrata?: Que se renuncia al cuestionamiento raizal del poder; que se plantea –en los hechos‑ ser la izquierda del capital y, en tanto tal, solo se proponen reformas de coloretes buscando instalar un ilusorio capitalismo “bueno”, populista, de bienestar...

Esta situación no podría calificarse, en principio, como positiva ni negativa porque:

A) Podría encaminarse a la consolidación de una opción reformista, con la esperanza de recuperar un “capitalismo de bienestar”, sin poner en cuestión el contenido y el papel de clase del Estado, ni las bases jurídicas que configuran su institucionalidad.

B) Podría convertirse en una puerta de acceso a procesos de cambios sociales profundos, reconvirtiendo al aparto estatal –a partir de anclarlo en la participación popular‑, en un instrumento político-institucional para apoyar (y promover) procesos de cambios revolucionarios protagonizados por movimientos y organizaciones sociales, apostando a transformar las bases, el carácter, los contenidos y el papel social de dicha institución e institucionalidad (proyectos de entrada)[3].
No cabe pretender que cada paso esté previamente definido y clarificado. Pero tener un horizonte clarificado es una referencia importante porque, ¿hacia dónde se encaminan los gobiernos populares luego del empeño de los primeros años de su agenda posneoliberal? ¿Tienen los pueblos posibilidades reales de construir una alternativa sostenible de justicia y derechos sociales hacia la equidad, o son solo un oasis, un paréntesis, en la historia de la dominación global del capital?

 

►Abrir las compuertas del Estado a la participación popular

 

Recuperar el papel social del Estado es apenas un primer paso en el inmenso océano de las transformaciones sociales. La más dura y contundente prueba de ello ha sido el socialismo del siglo XX. Mayor estatización que aquella resulta difícil de imaginar, sin embargo, no logró resolver temas medulares como: participación y empoderamiento popular, desalienación, liberación, plenitud humana...

Es lícito pensar entonces que fue precisamente por centrar los ejes del cambio social en el quehacer del Estado y su aparato burocrático de funcionarios, por concebir al Estado como un “actor social” central y no como una herramienta político-institucional en manos del pueblo, que aquel proyecto socialista derrapó de sus objetivos estratégicos iniciales y un grupo de burócratas, suplantando el protagonismo popular, terminó anulando al sujeto revolucionario. Y así el horizonte revolucionario terminó desdibujado, aprisionado por la lógica del poder al que –a la postre‑ tributa.

Lo que define y diferencia a una propuesta reformista restauradora de una perspectiva raizalmente democratizadora, revolucionaria, lo que posibilita tornar irreversibles los procesos de cambio, radica en la participación popular: Abrir el Estado a la participación de los movimientos sociales populares en la toma de decisiones, en la realización y la fiscalización de las políticas públicas y de todo el proceso de gestión de lo público, abriendo cauces a la pluralidad que demande y defina la diversidad de sectores y actores sociales populares participantes.

Abrir las compuertas del Estado, las políticas públicas y la gestión de lo público a la participación de los movimientos populares, indígenas, sindicales, campesinos... es también, habilitar una dimensión de articulación colectiva que posibilita a esos actores asumirse como protagonistas con derecho ‑y obligación‑ de participar en la toma de decisiones políticas que marcan el rumbo, el ritmo y la intensidad de los procesos político-sociales de cambio. En este sentido, hay yuxtaposición de tareas y procesos.

Es así que, simultáneamente con las tareas propias del desmontaje neoliberal propio del tiempo posneoliberal, pueden habilitarse canales, formatos e instancias que posibiliten a los pueblos ser parte del quehacer de recuperación social del Estado o del Estado herramienta social. Esto, siempre y cuando no se conciba a la recuperación como una “vuelta atrás”, algo así como recuperar un terreno (y un tiempo) que se ha perdido. Se trata de una “recuperación-ocupación” para disputar un territorio creado y ocupado históricamente por el mercado, en aras de arrancarlo de su hegemonía y transformarlo mediante la participación de los pueblos en la toma de decisiones del quehacer estatal.

Instalar e impulsar este protagonismo, raizalmente democratizador, constituye –o debería constituir‑ una de las tareas distintivas de los gobiernos populares o progresistas desde sus primeros pasos. Y marca –o marcaría‑, desde el vamos, la instalación de un camino de superación del tiempo posneoliberal hacia la construcción de democracias populares, cuya cualidad central es la participación protagónica de los pueblos. A ella se articula el control popular y la transparencia en la gestión de lo público.

La participación tiene interpretaciones diversas, pero aquí se refiere a participar en la toma de decisiones. Y ello reclama organización de la sociedad, acceso a la información, debates, conclusiones y construir procesos para la toma de decisiones colectivas. Implica una relación biunívoca, no solo recibir información y responder “Si” o “No”.

No es una encuesta, aunque ciertamente las encuestas son también parte de las consultas a la ciudadanía que constituyen formas de participación. Modalidades y métodos hay muchos; lo que se busca definir acá es que se trata de una participación política popular en la toma de decisiones; un paso hacia el cogobierno y un factor esencialmente democratizador del poder.

 

Control popular y transparencia

 

Igualmente democratizador resultan el control popular y la transparencia en la gestión de lo público; ambos muy interconectados. La transparencia es fundamental para decidir qué, cómo y quiénes. Es la base para el control popular y la participación. Garantiza que la participación en la toma de decisiones siga el curso acordado –o se modifique si varían algunos factores intervinientes en el proceso‑; que la ciudadanía, particularmente la de los sectores populares, cuente con toda la información necesaria antes y durante todo el proceso; que tenga participación también en el proceso de ejecución de las decisiones.

La transparencia se da, en tales casos de hecho, como fundamento y alimento informativo en todo el proceso; sin ella es imposible decidir, ejercer instancias de control, ser parte de la ejecución. Pero además de esto, que podría considerase dentro de lo “técnico”, sobresale su alta incidencia política. No solo es democratizadora, sino que abre caminos hacia el empoderamiento popular respecto de lo público y las políticas públicas, desarmando las intrigas palaciegas y mediáticas acerca de hechos de corrupción –además de impedirla‑, de prebendas, clientelismo, etc.

No hay posibilidad de engaño cuando se tiene la información para decidir y se decide a conciencia; no hay posibilidad de que las campañas difamatorias de gobernantes tengan éxito cuando es el pueblo el que decide y gobierna conjuntamente con “sus” gobernantes elegidos. Pueden hacerse obviamente las campañas, desatarse intrigas e intentos desestabilizadores. Está claro que cada solución destapa nuevas contradicciones y abre nuevos camino para buscar defectos y huecos negros a la legitimidad popular. Pero estos se irán minimizando a partir de la propia participación popular, en un camino de empoderamiento-aprendizaje crítico respecto del poder y de construcción de la hegemonía popular.

La lucha político-ideológico-mediática, la batalla de ideas, tienen en la transparencia, la participación y el control populares un anclaje social popular clave. Las “ideas”, en este caso, no son algo etéreo “flotante”, sino certezas que emanan de las prácticas. De conjunto fortalecen la conciencia popular colectiva y construyen una coraza frente al ataque constante de los adversarios de la democracia y, particularmente, de las democracias populares con rumbos revolucionarios.

 
Se trata de una modalidad democrática transicional

 

Las democracias populares constituyen una base sociopolítica indispensable para promover el empoderamiento popular. Y son también parte de un proceso de aprendizaje colectivo, en primer lugar, encaminado a desaprender lo viejo, a superar las barreras excluyentes propias del elitismo de clase de la democracia burguesa, conviviendo con la creación de nuevas modalidades de participación, de gestión y control populares, aprendiendo lo nuevo en la misma medida que se va creando y construyendo el nuevo poder popular, la nueva democracia, el nuevo mundo... Ello no se producirá de golpe. Se requiere de procesos jurídicos que la habiliten y de procesos político-educativos de los funcionarios públicos, de los movimientos sociales, de los partidos políticos de izquierda y de la ciudadanía popular en general.

En ese proceso los sujetos van cuestionando-reconceptualizando las políticas públicas, la gestión de lo público y el quehacer de los funcionarios, en función de sus realidades, identidades y modos de vida, sus cosmovisiones, sabidurías y conocimientos, y –articulado a ello‑, van redefiniendo el alcance de “lo estatal” y lo propio de “la ciudadanía”, particularmente de las ciudadanías populares.

En las experiencias concretas de construcción de poder comunal o comunitario, como las que se desarrollan en Venezuela y Bolivia, se observa lo contradictorio de los procesos vivos de cambios... Emergen en ellos soluciones y contradicciones nuevas, entre lo que el pueblo crea y aprende transformado su viejo saber hacer, y sus viejos “fantasmas” culturales; entre nuevas modalidades de representación del pueblo organizado en sus territorios y algunos funcionarios estatales y /o partidarios que ‑en vez de estimular estos procesos‑, sintiéndose tal vez amenazados por el protagonismo popular autónomo pujante, tienden a frenarlo, acorralarlo, acotarlo, subordinarlo o asfixiarlo. La disyuntiva es, en este sentido, ¿ocupar o transformar el Estado?

La tarea revolucionaria no la hacen sujetos subordinados, dependientes o prebendarios de las estructuras institucionales tradicionales, ni de los partidos políticos gobernantes y sus líderes. La realizan sujetos autónomos del campo popular: movimientos sociales, movimientos indígenas, partidos de izquierda, organizaciones territoriales, referentes de comunas y comunidades... A ellos corresponde crear, construir, sostener y profundizar otro poder, el poder popular.

Esto como parte de un macro proceso integral de transformación del Estado, entendiendo que el Estado no se reduce al “aparato estatal”, sino que es parte del sistema social en permanente movimiento e interdefiniciones. Esta interdefinición alcanza también a la rearticulación de todos los factores concurrentes. En este sentido, el tipo de interacción‑articulación marca y define también el tipo de ciudadanía, el tipo de democracia y sus horizontes.

Limitarse a hacer una buena administración abona el camino de restauración de la hegemonía del poder

La proyección revolucionaria de los gobernantes no puede evaluarse a partir de los cánones tradicionales de calidad de su gestión institucional; es política. Se relaciona directamente con sus capacidades para poner los espacios de poder en función de la transformación revolucionaria.

La tarea titánica de los gobernantes revolucionarios no consiste en sustituir al pueblo, ni en “sacar de sus cabezas” buenas leyes, mucho menos intentar demostrar que son más inteligentes que todos, que tienen razón y que, por ello, “saben gobernar”. Impulsar procesos revolucionarios desde los gobiernos pasa por hacer de estos una herramienta política revolucionaria: desarrollar la conciencia política, abrir la gestión a la participación de los movimientos indígenas, de los movimientos sociales y sindicales, de los sectores populares, construyendo mecanismos colectivos y estableciendo nuevos roles y responsabilidades para cogobernar el país.

Se trata de abrir las puertas del gobierno y el Estado a la participación de las mayorías populares en la toma de decisiones, en la ejecución de las mismas y en el control de los resultados, para construir colectivamente un nuevo tipo de institucionalidad, de legalidad y legitimidad, conjuntamente con procesos de articulación y constitución del pueblo en sujeto político. De ahí el papel central de las asambleas constituyentes en estos procesos (en cada momento en que sea necesario).

 

Las asambleas constituyentes son una herramienta indispensable de los pueblos

 

En este sentido, vale destacar que en los procesos de Venezuela y Bolivia, entre las primeras decisiones políticas gubernamentales, estuvo la convocatoria y realización de asambleas constituyentes. Son síntomas que indican voluntad de trasgresión del stablishment y definen el arribo de un tiempo de democracias populares.

Cada momento-dimensión-acción de profundización de las transformaciones raizales de un proceso revolucionario genera y generará nuevas articulaciones e interdefiniciones sociales que reclaman y reclamarán nuevas bases constitucionales, nuevas asambleas constituyentes, o el nuevo poder que va siendo creado y construido irá quedando en los márgenes del poder instituido (funcional al capital).

Sin asambleas constituyentes poco puede modificarse de modo sostenible, pero su sola realización resulta insuficiente; necesitan estar articuladas con procesos de cambios raizales en curso, legalizando las creaciones y construcciones populares preexistentes y las nuevas, afianzando lo hecho y orientando el camino hacia un horizonte superador; es decir, abriendo paso a las transformaciones en curso que los pueblos van sedimentando día a día desde abajo, en sus comunas y consejos comunales, con su organización autónoma territorial y sus parlamentos; en las fábricas recuperadas; en las empresas con control obrero; en las comunidades indígenas con sus históricas modalidades democráticas (no modernas) de existencia y funcionamiento; etcétera.

Es en el proceso de las fuerzas sociales vivas, en movimiento, con todas sus contradicciones, donde toma cuerpo la pulseada con el poder: el histórico concentrado en sus personificaciones e instituciones, y el que sobrevive en las mentalidades colectivas producto de siglos de colonización y dependencia cultural.

Salir de ese cerco, proponerse crear y construir modalidades y caminos diferentes en rumbo hacia una nueva civilización, es lo que da cuerpo –en apretadísima síntesis‑, a procesos de descolonización. Esta es parte –intrínseca‑ del proceso de cambio revolucionario que aspira a superar, a salir, de las redes de la hegemonía milenaria de mercado y el capital (en lo económico, político, cultural, social, identitario...), construyendo un modo de vida nuevo, basado en el buen vivir y convivir para la plenitud humana.

 
De la participación en las instituciones al empoderamiento popular territorial

 

El empoderamiento de los pueblos constituye el tercer signo, factor o componente, que indica la existencia de un proceso revolucionario encaminado a fortalecer las democracias populares (segundo signo), a la vez que va sembrando, buscando y abriendo caminos que posibiliten ir mas allá de la administración del viejo Estado o de la participación del pueblo en las instituciones existentes, creando nuevas institucionalidades y afianzando el nuevo poder popular que va siendo creado y construido desde abajo.[4] En estos procesos los pueblos desarrollan sus capacidades de gestión y administración de lo propio (autogobernarse).

Aprendiendo de sus prácticas y en sus prácticas van construyendo poder propio y lo van ejerciendo. Es decir, hay una dialéctica permanente entre construir, ejercer y apropiarse del poder.[5] Es una vía concreta de empoderamiento[6] creciente de los diversos actores sociopolíticos –reflexión crítica de su realidad mediante‑, respecto del curso y los destinos de sus vidas. Sus lógicas marchas y contramarchas e van conformando una interdialéctica constante entre nuevo poder popular construido, el nuevo poder popular ejercido conscientemente (empoderamiento) y el nuevo poder popular en desarrollo. Por ello afirmo que se toma (apropia) lo que se construye. Porque hacer una revolución no significa “tomar el poder” que existe, salvo que se pretenda seguir sus reglas.

 

“Dar vuelta la tortilla” no es el camino...

 

El poder de lo nuevo que emerge, el poder popular revolucionario, no es el resultado de un acto de “toma del poder” del capital, que expulsa a los capitalistas de las empresas y a sus representantes en el Estado, para colocar en su lugar a funcionarios revolucionarios. “Dar vuelta la tortilla” no resuelve los problemas, por el contrario, garantiza la continuidad del dominio de la lógica del capital enmascarada tras nuevas fachadas políticas.

Formar una nueva cultura, crear y construir una nueva civilización, anclada en los modos de vida comunitario y comunal autogestionarios, implica no solo luchar contra el capitalismo anterior, contra los rezagos y lastres del pasado, sino también dar cuenta de la influencia del capitalismo contemporáneo y sus modos de acción mundialmente contaminantes y contagiosos, así como también de las enseñanzas de las experiencias socialistas del siglo XX.

La construcción de hombres y mujeres nuevos, la construcción de una nueva civilización, de un nuevo modo de vida (humanidad-naturaleza), es –a la vez que un empeño local‑ parte de un proceso transformador universal, que tiene su centro en la conformación de un sujeto revolucionario global, expresión de una humanidad que –conscientemente‑, quiera vivir de un modo diferente al hasta ahora creado e impuesto por el capital, y se decida a construirlo y sostenerlo.

En las comunidades indígenas originarias o indígenas campesinas de Bolivia, por ejemplo, el empoderamiento comunitario, histórico, se ha desarrollado y consolidado al fragor de las luchas para poner fina a las relaciones excluyentes del poder del capital propio de la modernidad.[7] Estas comunidades tienen identidad, cultura, modo de vida, modalidades productivas, sabiduría, saberes, pensamiento, historia, cosmovisión y cosmopercepción propias, que sobrevivieron a la avalancha de la modernidad llegada con la colonia ‑conquista, crimen, exclusión y colonización mediante‑.

Tienen formas, que pueden denominarse democráticas para facilitar la comprensión, pero que en realidad son formas comunitarias de convivencia colectiva, ancladas en la consulta, la toma de decisiones horizontal (en el sentido que se decide en común), y la sistemática devolución a la población por parte de las autoridades de turno. La rotatividad de los cargos, por ejemplo, garantiza la preparación de la mayoría para ejercer funciones de organización y conducción de la comunidad. Tal vez fue por una necesidad de sobrevivencia, pero lo cierto es que la rotación en los cargos de responsabilidades, que en la sociedad contemporánea resulta traumática, en las comunidades indígenas es parte del proceso natural de la vida.

Aisladas de las dinámicas centrales del poder dominante hegemónico, las formas “democráticas” comunitarias de organización y convivencia, el modo de vida de las comunidades, no representaban una “amenaza” al poder constituido. Pero, ¿qué ocurre cuando los pueblos de las comunidades se constituyen en gobierno o en parte de un gobierno que los representa, que los reconoce y promueve el reconocimiento político, económico y cultural de la diversidad que estas comunidades representan, que reconoce su justicia comunitaria, los códigos de convivencia y todo lo que ellas representan como baluarte civilizatorio?

La asamblea constituyente, reconoció 36 nacionalidades indígenas originarias. No tiene caso ahora entrar en que si realmente son 36, si son más o son menos, lo central es que a partir de entonces Bolivia se reconoce como un Estado Plurinacional.

La plurinacionalidad es, desde los cimientos, un reto al poder uninacional y monocultural implantado a sangre y fuego por la colonia todos los órdenes de la vida social, particularmente, en las subjetividades. Su reconocimiento político, jurídico, económico y cultural implica la apertura de un tiempo en el que se visibiliza la pugna de poderes históricamente invisibilizados por el abigarramiento social, como definió sobresalientemente Zabaleta Mercado. Ese abigarramiento permitía disimular capas geológicas sociales y mostraba engañosamente una Bolivia única, pero en tiempos de crisis esas capas afloraban y la desigualdad se manifestaba en toda su diversidad, plenitud y contradicciones.

 

La pulseada con el poder se da en todos los órdenes, en todas las dimensiones

 

El tiempo de cambios revolucionario es –por excelencia‑ un tiempo de debate entre los poderes constituidos del capital y el nuevo poder popular naciente, instituyente. Ahora bien, ¿qué significa esta afirmación para la acción política?

Que las contradicciones pululan. No solo entre los polos sociales históricamente enfrentados (pueblo-oligarquía), sino también en el seno de la multiplicidad de sectores y actores sociales que componen la diversidad del pueblo. Esta diversidad, es también cultural, identitaria, económica, de modos de vida... y se expresa en las percepciones, el diagnóstico, las propuestas, creaciones y construcciones.

¿Cómo imaginar, por ejemplo, que en la nueva situación política que viven los pueblos de Bolivia, que pone en cuestión (crisis) los valores hasta hace poco considerados universales y reconoce el poder (saberes, normas de convivencia, culturas, identidades...), de aquellos /as a los/as que siempre les fue negado, no acarreará roces, disputas y hasta batallas encarnizadas –aunque sordas‑ por conservar el predominio y uso exclusivo del poder y el saber ‑de una parte-, y –por otra‑, para visibilizar, afianzar y ampliar el poder ancestral ahora amplificado hacia un poder compartido en convivencia con múltiples culturas e identidades, que pretende llegar a ser intercultural?

Se trata de una interculturalidad anudada con procesos de descolonización para la construcción de un horizonte común que contribuya a organizar y traccionar las luchas hacia la convergencia colectiva de un objetivo estratégico compartido (conducción sociopolítica y cultural de las luchas).

La descolonización intercultural articulada con la batalla político-cultural devienen en cualidad constituta del núcleo central de los procesos de cambio sociales y creación del nuevo poder popular. En virtud de ello, Bolivia ha definido a su proceso revolucionario como “democrático intercultural en descolonización”. En Venezuela, ello es parte de lo que el Presidente Hugo Chávez conceptualizó como “socialismo del siglo 21”.

La descolonización es un enfoque, una perspectiva, un posicionamiento colectivo omnipresente. No se propone como revancha contra los conquistadores europeos, ni contra los “blancos” aunque, ciertamente, estos sectores son los que mayores beneficios han extraído de los estados monoculturales.

Habrá intensidades diferentes en los procesos descolonizadores, de ahí que la interculturalidad caracteriza, atraviesa y alimenta el proceso. Pero no basta con enunciarla; ella misma está bajo la égida de la colonización del capital y sus modalidades de existencia y por tanto es parte también de la descolonización.

Alejándose de cualquier intento fundamentalista al respecto, la propuesta de descolonización e interculturalidad se enriquece y se retroalimenta en todo momento histórico a partir de las experiencias y proyecciones de los sujetos propios de cada tiempo, interactuando mutuamente para abrir nuevos horizontes a los actores sociales que protagonizan el proceso vivo de cambios raizales.

 

Del empoderamiento popular a un nuevo tipo de Estado, comunal o comunitario

 

El poder popular que germina en los territorios, en las comunas, en las comunidades indígenas, campesinas, urbanas, en los sindicatos de nuevo tipo, en las empresas recuperadas... es la base de la existencia y posibilidad de constituir otra geometría del poder. Ese poder que, en el caso de las democracias populares, nace de ciertos ámbitos de cogobierno, pero ‑poco a poco o a saltos‑, va asumiendo autónomamente responsabilidades de autogobierno en sus territorios, modificando las tradicionales funciones de “lo estatal” nacional, a la vez que va constituyendo las bases de una nueva institucionalidad anclada en el poder popular. Este sería el signo característico de las democracias revolucionarias.

En arduo tránsito hacia ella se encuentra hoy, por ejemplo, el proceso bolivariano de Venezuela, donde el pueblo ha venido creando y construyendo –con el impulso inicial de las ideas y el apoyo institucional y moral del Presidente Hugo Chávez‑, las bases del nuevo poder popular, el poder comunal (rural y urbano).

La construcción de nuevas relaciones de poder, en el caso de las comunas bolivarianas, son las simientes de un nuevo poder popular en proceso estratégico instituyente de un nuevo Estado, el Estado Comunal. Esto replantea las relaciones preexistentes establecidas con el Estado instituido y sus aparatos estaduales, municipales, etc. Se replantean también las relaciones con otras personificaciones políticas, ya que el crecimiento del poder popular territorial reclama relaciones de horizontalidad en la toma de decisiones que hacen a su vida en las comunas y consejos comunales y esto genera resistencias en algunos sectores del funcionariado estatal, provincial (estadual), departamental, incluso en las filas del partido gobernante en algunas instancias de su representación en los ámbitos territoriales.

La lucha de poderes en el seno del pueblo entre lo nuevo que germina y crece y remueve a su vez las anquilosadas estructuras de lo viejo que se resiste a ser desplazado, se hace evidente.

Nacen nuevas contradicciones entre poderes y se plantean encarnizadas disputas entro lo viejo y lo nuevo. Esto, lejos de ser una debilidad es un signo de vitalidad revolucionaria de los procesos de cambio y sus sujetos.

Es parte de una batalla política, ideológica y cultural entre poderes en pugna. De ahí que, apoyar los procesos de empoderamiento popular que germinan desde abajo está –o debería estar‑ entre las tareas políticas de quienes se posicionan como conducción política de los procesos revolucionarios: no sustituir al pueblo organizado, sino convocarlo y escucharlo, apoyar sus iniciativas para construir el presente y el futuro conjuntamente, contribuyendo a consolidar y potenciar el protagonismo y empoderamiento creciente de los pueblos.

 
No se trata de un camino gradualista...

 

Al abordar este nudo problémico he recorrido varias dimensiones de la relación Estado-participación ciudadana-empoderamiento popular. Para ello he seguido un orden lógico expositivo que podría sugerir que se asume una perspectiva lineal-gradualista: primero un paso, luego el otro...

Pero no es así; al contrario. Se trata de una secuencia interarticulada y yuxtapuesta de procesos y factores concurrentes que hace que cada uno de ellos sea posible por ‑y en‑ su interacción con otros.

Se puede distinguir analíticamente tal vez un tiempo de inicio, pero en realidad todos los signos que caracterizan uno u otro momento del proceso, se auto-gestan uno en el otro, potenciándose entre sí. Es así como algunas de sus características que, en un inicio, parecían secundarias o intrascendentes van adquiriendo predominio ‑entre contradicciones, tiranteces y dudas‑, y van alterado su relevancia, su centralidad... aunque sin desaparecer.

 

Notas:

[1] Ver: Rauber Isabel (2012). Revoluciones desde abajo. Gobiernos populares y cambio social en Latinoamérica. Ediciones Continente-Peña Lillo, Buenos Aires; pp. 56-62.

[2] Desde abajo=desde la raíz. Reitero el significado de este concepto dada la difundida interpretación vulgar que lo simplifica e identifica con un indicativo de lugar: “lo que está abajo” y, consiguientemente, lo contrapone a “lo que está arriba”. La construcción de poder popular desde abajo expresa una lógica de transformación raizal protagonizada por los sujetos sociopolíticos del campo popular en proceso histórico social de reconstrucción de su poder y no un lugar para hacerlo.

[3] Ver: Isabel Rauber (2006). Sujetos Políticos. Ediciones Desde Abajo, Bogotá; pp. 101-106.

[4] Estos signos, entre otros, no constituyen pasos ni etapas; son parte de procesos continuos y yuxtapuestos de empoderamiento popular que se van abriendo cauces en el contradictorio y sinuoso proceso de luchas contra el orden establecido y la creación-construcción de un nuevo orden social.

[5] Esto fortalece la toma de conciencia acerca de que la capacidad de poder es inherente al ser humano para luchar por su vida, y acerca del poder (propio) construido.

[6] Apropiación consciente, con sentido de pertenencia.

[7] Las categorías de modernidad, lo moderno, premoderno o posmoderno, útiles en el plano analítico, no suponen la existencia de compartimentos estancos entre actores sociales diversos. Todos interactúan y se interrelacionan; llevan siglos conviviendo bajo el dominio del capital y su lógica de mercado y todos, en diferentes intensidades, magnitudes, etc., han sido permeados por su hegemonía y su lógica.

 

Isabel Rauber, filósofa y activista social Argentina

Fuente: http://socialismo21.net/america-latina-construir-otra-geometria-del-poder/

 

 

Publicado enPolítica
Martes, 24 Enero 2017 17:38

2017, año de consultas populares

2017, año de consultas populares

En el afán por defender diferentes derechos, el año 2017 será recordado como aquel en el que distintas poblaciones colombianas, así como grupos de interés, se batieron en las urnas por la defensa de sus territorios, creencias, en procura de gobiernos honestos, por alcaldes probos, abiertos a la justicia y vida digna. Mecanismos de participación directa, como el plebiscito y referendo, es el recurso a que acuden. En estas circunstancias, el 2017 promete ser el preámbulo de la agenda electoral presidencial del 2018.

 

Fallidos fueron los intentos para llevar a cabo consultas populares durante el 2016, iniciativas gestadas por organizaciones sociales, políticas y ambientales en sus municipios y departamentos como mecanismo último para evitar la destrucción de sus territorios por megaempresas foráneas que en nada aportan al bienestar de las poblaciones afectadas.

 

Decididos a su defensa, las comunidades de diferentes municipios acudieron al Artículo 105 de la Constitución, el cual da vía libre a la consulta popular como mecanismo de participación directa: “Sin perjuicio de los requisitos y formalidades adicionales que señale el Estatuto General de la Organización Territorial y de los casos que éste determine, los gobernadores y alcaldes podrán convocar consultas para que el pueblo decida sobre asuntos departamentales, municipales, distritales o locales”1.

 

Armados de este derecho, se batieron durante el 2016 en una lucha constante en contra de la explotación minero-petrolera y la corrupción, lucha dilatada hasta el 2017 que apenas inicia, un año donde las consultas de diverso orden abrirán un escenario de reivindicación popular, ¿Será este fenómeno uno de los tantos reflejos de la crisis que refleja la democracia realmente existente en nuestro país?

 

La gesta

 

En particular, el segundo semestre del 2016 fue un período intenso para las poblaciones de los territorios colombianos seleccionados para la ejecución de fracking y la minería a gran escala por diferentes multinacionales, dentro de las que sobresalen AngloGold Ashanti, EmeraldEnergy, Petroseismic Services S.A, Sandor Capital y ConocoPhillips.

 

Inmenso territorio. Alrededor de 10 municipios solicitaron a la Corte Constitucional la aprobación de la consulta popular como mecanismo para exigir su derecho sobre los territorios y soberanía sobre los hidrocarburos, simultáneamente a estos procesos, el Gobierno, como respuesta, no dudó en desatar atropellos contra las organizaciones y líderes sociales2.

 

Como parte de esta disputa, el fenómeno de las consultas populares generó un ambiente de controversia al interior de la Corte Constitucional, donde el debate entre dos magistrados definió el retroceso que tomarían estas iniciativas. El caso puntual fue el municipio de Ibagué, donde la consulta fue defendida y aprobada por el magistrado Jorge Iván Palacio con la ponencia en contra de la explotación de petróleo por medio de la ejecución de fracking3. Pero días antes de que esta consulta se llevara a cabo, el magistrado Bastidas calificó la pregunta de la consulta como tendenciosa, lo cual la inhabilitó y aplazó los comicios.
En su versión original, el interrogante al elector era:

 

“¿Está usted de acuerdo ‘Sí’ o ‘No’ que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio?”.

 

Ante esta misma situación quedaron expuestas las comunidades campesinas, indígenas y afro de municipios como Cajamarca (Tolima), Paujil, Montañita, Doncello (Caquetá) y San Martín (Cesar), donde las multinacionales del petróleo y de la minería se abren paso con la ayuda de la represión del Estado.

 

Pese a este traspié, la esperanza de poder recuperar las más de 19.775.335 hectáreas en exploración y las 2.296.776 en producción sigue firme. La modificación de las preguntas promete, por ejemplo, que el próximo 22 de enero la población de Cajamarca (Tolima) por fin se pronuncie en las urnas ante las acciones que en su municipio lleva a cabo la multinacional AngloGold Ashanti.

 

En su versión final, luego de la revisión del magistrado Bastidas, de considerar que el gobierno local del municipio de Ibagué estaba sobrepasando el poder del gobierno nacional, el interrogante quedó así:

“¿Está usted de acuerdo sí o no que en el municipio de Cajamarca se ejecuten actividades mineras metalíferas en todas las modalidades?”.

 

Hasta el momento esta es la única consulta con fecha fija. Mientras tanto, los demás territorios siguen adelantando sus procesos participativos para llegar a igual posibilidad.

 

2017: defensa del territorio, la vida y... ¿la democracia?

 

No sólo minería y medio ambiente. Las consultas se abren a otros ámbitos, uno de ellos el que sintoniza a Bogotá, Bucaramanga y Neiva: la revocatoria de sus respectivos alcaldes. En estas tres capitales fueron inscritos comités de impulso de tal medida. Su común denominador: los hoy alcaldes prometieron en campaña un conjunto de obras que lejos están de ser realidad.

 

En el caso de Bogotá, la propuesta de revocatoria del mandato del alcalde Enrique Peñalosa, “deriva del principio de soberanía popular y democracia participativa, conforme al cual el pueblo tiene derecho a despojar del cargo a quienes ha escogido como sus representantes por motivos de insatisfacción general de la ciudadanía o por incumplimiento del programa de gobierno; tiene fundamento en los artículos constitucionales 40, 103 y 259, el artículo 65 de la Ley 134 de 1994 y los artículos 5º y 6º de la Ley 1757 de 2015”.

 

Además de los artículos que sustentan el derecho a la revocatoria, el comité ciudadano Unidos Revocamos a Peñalosa, presentó 18 razones por las cuales exigen un cambio de mandato (ver recuadro).

 

De igual manera, en Bucaramanga el comité promotor de la revocatoria del alcalde Rodolfo Hernández Suárez, informa que “la iniciativa Popular de revocatoria del mandato [...] está motivada por la inconformidad de los [email protected] de diferentes sectores de la ciudad, que están afectados e inconformes por el incumplimiento al plan de gobierno, por haber sido engañados por las promesas hechas en campaña por Rodolfo Hernández y la forma como ha afectado la ciudad y los sectores más deprimidos”.

 

Las propuestas de campaña que quedaron congeladas una vez inició su gestión al frente de la ciudad, son:

 

  • Reingeniería a Metrolínea y ‘Metrocable’
  • Soluciones de vivienda para 20 mil familias
  • Solución técnica a las basuras
  • Centro cultural en los cerros orientales
  • ‘Repensar’ el espacio público de la ciudad
  • Empresa de servicios integrados

 

También en Neiva los pobladores consideran que el municipio necesita estar en manos de alguien que pueda administrar mejor los recursos, y que en lugar de reducir las ofertas de empleo para los neivanos, las amplíe. Su motivación para la recolección de más de 22 mil firmas para la realización de la revocatoria es que: “[...] ha tenido un cambio radical y no ha cumplido su programa de gobierno. Él se comprometió básicamente en dos cosas: generar bienestar social y una lucha frontal contra la corrupción. Pero, ni ha generado bienestar social porque se ha llevado la contratación de Neiva para fuera del departamento”, manifestó Calderón Cuéllar, uno de los líderes de la revocatoria, y tampoco ha atacado los casos de corrupción presentes en sus secretarías.

 

A un año de electos los gobiernos municipales, las poblaciones exigen cambios para re direccionar e intentar subsanar las grietas sociales, políticas y económicas que los recientes alcaldes electos profundizaron en pocos meses.

 

Por si fuera poco

 

El 2016 también posibilitó un escenario para que la exfiscal Viviane Morales abriera dentro del Congreso de la República el debate sobre la adopción por parte de parejas del mismo sexo. El tema ha dividido a la Iglesia, los organismos de control, Ongs, universidades y al Estado entre lo que sería un derecho o un acto de irresponsabilidad para la sociedad.

 

De acuerdo a la exfiscal, la familia tradicional es el único modelo que posibilita el bienestar de un niño. Pero tal como lo expresó la senadora Claudia López “no es un referendo antigay, es un referendo antihumano”. Sin embargo, la motivación y argumentación ortodoxa de la senadora Morales, se reforzó con lo sucedido en el plebiscito por la paz y la maquinaria de la campaña del No.

 

Este referendo, al ser uno de los que más opiniones encontradas han despertado en nuestra sociedad, también es uno de los que más ha avanzado en su aprobación, en procura de un modelo de familia única e invariable.

 

A la par de éste, empieza la recolección de firmas para que el Congreso de la República le dé vía libre a la cadena perpetua para quienes violen niños.

 

Como puede concluirse, el 2017 será un año de intensa actividad política-territorial, en el cual el territorio, el agua, la explotación de hidrocarburos y minerales, el patrimonio público, los derechos humanos fundamentales y la vida, ocupan el campo de batalla entre quienes realmente los necesitan y aquellos que solo ven en ello un lucro económico para su propio beneficio y doctrinas. La democracia que tenemos, atacada por las voces de lucha que reclaman sus derechos, se pone a prueba.

 

1 http://www.registraduria.gov.co/-Consulta-popular-.html
2 Ver Magazine DATV 5, http://bit.ly/2iTdgaD.
3 http://www.cmi.com.co/justicia/corte-constitucional-ataca-el-fracking/403891/

 


 

Recuadro 1


En Bogotá, las razones contra Peñalosa

 

• No hacer el Metro subterráneo que ya tiene estudios y soluciona la movilidad de Bogotá porque quiere hacer Transmilenios.
• Subirle 200$200 a Transmilenio.
• Dejar a los bogotanos sin ambulancias en casos de emergencia.
• Querer vender la poderosa empresa pública ETB, única con fibra óptica en Colombia para venderla a privados.
• Quitar bicicletas gratuitas de la carrera 7ma.
• Pavimentar la Reserva Ambiental Van Der Hammen, el tanque de agua de Bogotá.
• Fusionar 20 hospitales públicos y sólo dejar 4; privatizó toda la contratación de la salud en el distrito, el hemocentro distrital y el banco de órganos.
• Perseguir vendedores ambulantes sin darles alternativas.
• Vender el 20% de la Empresa de Energía de Bogotá que hoy produce $1 Billón de pesos en utilidades para la ciudad.
• Permitir las corridas de toros
• Querer hacer 3 vías en la Reserva Ambiental Van Der Hammen.
• Mentir sobre sus falsos estudios en Francia.
• No hacer el Cable Aéreo de San Cristóbal.
• Por desechar los 5 metros eléctricos que ya estaban financiados y que desechó por meter más y más Transmilenios.
• Porque la movilidad multimodal de metro Subterráneo, tranvías y cables valía $4 Billones y Peñalosa lo cambia por Transmilenios que valen $25 Billones de pesos que pagaremos con impuestos.
• Nunca dijo que iba a privatizar y vender el patrimonio de los bogotanos.
• Porque como nunca antes, las decisiones de un gobernante habían causado tanto daño ambiental, económico y social.
• Por echarle de todo la culpa a la administración anterior.

Publicado enEdición Nº231
Lunes, 28 Noviembre 2016 15:51

Romper el cerco mediático

Romper el cerco mediático

25 años es un tiempo vital significativo. desdeabajo ha sido en estos años un incasable espíritu dinamizador para la comunicación alternativa y para la democratización de las comunicaciones. Sin duda, ha sido el proyecto más persistente y ambicioso en este campo, extendiendo la mano a otras apuestas de los sectores populares que han caminado por la misma senda. El presente plantea nuevos retos
¡Pa’lante!

 

Al igual que la tierra, en Colombia los medios de comunicación están concentrados en unas pocas manos. El país vive un tiempo convulso, con la oportunidad abierta para que lleguen a buen término los diálogos de paz con las dos más grandes insurgencias. El proceso con el Ejército de Liberación Nacional recién arranca, mientras que el proceso con las Farc, a pesar de los tropiezos, se encuentra próximo a su cierre.

 

Precisamente, en este proceso de transformación de las formas de ejercicio de la política, la comunicación y su democratización son elementos neurálgicos. Los movimientos sociales, con sus distintos repertorios de acción, deberían adquirir mayor centralidad. En este marco, y desde hace unos años, la comunicación ha tomado, paulatinamente, mayor protagonismo en las luchas sociales: la explosión de las nuevas tecnologías digitales como el internet y los teléfonos celulares, abrieron la puerta a múltiples posibilidades y nuevos escenarios desafiantes para las acciones colectivas.

 

En los últimos años vivimos experiencias que han demostrado la manera como podría desenvolverse la dinámica de los movimientos sociales en el país, en particular en un ambiente de posacuerdos. Con mucha fuerza e impacto, en los últimos cuatro años hemos vivido tres grandes paros agrarios (2013, 2014 y 2016), con dinámicas regionales y presencia en campos y ciudades. Estas coyunturas, junto con otras movilizaciones recientes, en el campo de la comunicación alternativa se tornaron en ejemplos de cómo romper el cerco mediático; acción comunicativa mediante la cual se logró posicionar agendas y problemáticas de sectores populares, al igual que legitimar sujetos excluidos y potenciar las movilizaciones mediante diferentes mecanismos. El caso particular del Paro Nacional Agrario del 2013 trasluce los límites y posibilidades de los movimientos sociales en articulación con las plataformas de comunicación alternativa, en el intento por democratizar las comunicaciones.

 

Paro Nacional Agrario

 

Aún lo recordamos. El 19 de agosto de 2013, en respuesta a la crisis agraria, diferentes organizaciones, movimientos y trabajadores rurales iniciaron el Paro Nacional Agrario, protestando por los altos costos de los insumos, por la prohibición sobre el uso de semillas nacionales –incluida en el TLC con los Estados Unidos– y otra serie de factores que golpean de manera coyuntural y estructural al campo colombiano. Creciendo en fuerza e impacto rápidamente, en el curso de pocos días se convirtió en la movilización social más importante vivida en Colombia en los últimos tiempos, construyendo un puente particular entre el mundo rural y urbano, e involucrando a diferentes sectores sociales.

 

Además de los factores estructurales y coyunturales generales, como el TLC con Estados Unidos, la estructura del campo colombiano, las movilizaciones precedentes y el proceso de paz que explican el momento histórico en el que surgió el paro, sugiero tres mecanismos particulares que incidieron directamente en la potencia de la movilización: 1) la represión y estigmatización por parte de las fuerzas represivas del Estado, 2) la identificación simbólica-afectiva con el campesinado, en particular con el boyacense, y 3) la comunicación alternativa permitida por las nuevas tecnologías. Dichos mecanismos se articulan entre sí y confluyen particularmente en el último, permitiendo romper dicho cerco.

 

Cerco mediático

 

El cerco mediático del que hablo está caracterizado por barreras a la circulación, producción y consumo de la información y la comunicación, construidas por determinados actores en su ejercicio de poder y exclusión de otros, mediante diferentes dispositivos; que en este caso abarcan desde el control económico corporativo de los medios hegemónicos, y hasta el control político en determinadas coyunturas. Éste es reproducido constantemente por medios y periodistas, en muchas ocasiones de manera inconsciente o automática. Para los movimientos sociales significa la invisibilización de sus luchas y problemáticas, o presentarlas como ilegitimas, estigmatizar sus mecanismos de acción, excluir a sus actores, sus anhelos y perspectivas, entre otros.

 

Según la investigación realizada por Fecolper, Reporteros Sin Frontera y la Flip: “Monitoreo de la propiedad de los medios (MOM)”, unas pocas familias y grupos económicos controlan la mayor parte de los medios de comunicación dominantes en los distintos formatos (tv, radio, prensa, revista y medios digitales): la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, la Organización Ardila Lulle y el Grupo empresarial Santo Domingo –Valorem, son los más representativos y poderosos. La Organización Ardila Lülle, con 28,7 por ciento, y el Grupo Santo Domingo, con 19,5 por ciento, concentran la mayor parte de la audiencia y los medios. Dichos grupos extienden sus tentáculos a múltiples sectores de la economía y la política, configurando un bloque de poder de grandes magnitudes.

 

Aunque este es el panorama del campo comunicativo colombiano, mal haríamos en echar en un mismo saco a todos los medios y periodistas. Al interior de este bloque hay diferentes apuestas y diversidades políticas, el carácter de RCN –con su apuesta de derecha y de oposición al proceso de paz– contrasta con el de Caracol –en este aspecto con un carácter moderado–; igual acontece con las diferencias entre Semana, El Tiempo o El Espectador.

 

Por esto, es preciso expandir la lectura dicotómica entre medios buenos y malos, dominantes y alternativos, hegemónicos y contrahegémonicos. Captarlos como apuestas de grupos sociales, sectores y clases, con diferentes intereses en choque. Los medios dominantes no son la mera expresión mecánica del modo de producción, no son solo instrumento de los poderosos; su ejercicio en la construcción de hegemonía, en el entretenimiento, en el posicionamiento de concepciones del mundo y percepciones de la realidad, es más complejo.

 

Dentro de esta lógica, podemos, analíticamente, construir cuatro grandes categorías de medios en el panorama colombiano: a) Dominantes o hegemónicos: aquí están ubicados los medios masivos propiedad de grandes grupos corporativos (Rcn, Caracol, El Tiempo, El Espectador, entre otros), b) Institucionales (Señal Colombia, Canales regionales) c) Independientes –por su contenido o propiedad: Las Dos Orillas, La Silla Vacía, Noticas Uno, entre otros– y d) Los medios alternativos y comunitarios.

 

Estos últimos con diferentes concepciones sobre lo que es la comunicación alternativa o popular, integran un amplio espectro de medios en diferentes formatos. Contagio Radio, Prensa Rural, Colombia Informa, El Turbión, Periferia, El Rebelde Medios Alternativos, Noticiero Barrio Adentro y, por supuesto, desdeabajo, son algunos de sus cientos de expresiones. Tienen en común, entre otras cosas, su estrecha relación con movimientos sociales y organizaciones políticas, una apuesta por transformar el orden existente, legitimar interlocutores y sujetos excluidos, y practicar otra forma de comunicación en oposición a la dominante, desde sus formas de organización hasta su financiamiento.

 

Romper el cerco

 

En el paro del 2013, dichos medios hicieron posible romper el cerco. No puede leerse esta dinámica como algo anexo o subsidiario de las movilizaciones en las calles, de los bloqueos, los mecanismos de negociación y las demás formas que el paro adoptó en su transcurso, sino como una acción intrínseca, la comunicación es movimiento, los movimientos sociales son comunicación viva. A la vez que fueron un canal para la transmisión de información de muy variadas personas, fueron una apuesta política que permitió la generación de una dinámica comunicativa que llegó a extensos grupos sociales colombianos. Dicho proceso se vio fortalecido por el uso de las nuevas tecnologías, en particular la internet y los teléfonos móviles, logrando una ruptura con el modelo clásico de emisor–receptor, promoviendo la producción y distribución descentralizada de información, generando también impactos en los medios hegemónicos.

 

Dicho salto, en la práctica, se materializó en el posicionamiento de un sujeto con exigencias legítimas (el campesinado), la visibilización de la problemática rural, la expansión y potenciación de las manifestaciones, y la construcción de redes de solidaridad, permitiendo un proceso de organización como es la Cumbre Agraria, aunque en la práctica haya sido reiterativo el incumplimiento del Gobierno a los acuerdos pactados.

 

Límites y posibilidades

 

En este sentido, el potencial democratizante de los medios de comunicación alternativos es gigante. Por sus dimensiones y características, frecuentemente son calificados como insignificantes, con poco impacto real, con excepción de contadas coyunturas luego de las cuáles pasan a su condición natural vegetativa. Ahora bien, es cierto que su fuerza e impacto en grandes círculos de la sociedad se genera en coyunturas concretas, como la del paro, pero detrás de esto hay dinámicas permanentes, tejidos sociales y fortalecimientos orgánicos de los movimientos y grupos que los componen.

 

El reto consiste en que esta dinámica ocasional pueda ser consolidada como permanente, que se impulse un espacio alternativo de discusión y comunicación. Que se construya una esfera pública alternativa, o contra esfera pública, que logre dotar de contenido el ejercicio democrático con sujetos diversos, en general excluidos. Que puede percibirse en tiempos de mediana duración y consolidarse orgánicamente.

 

Medios con posibilidades pero con muchas limitantes, pues su práctica ha quedado reducida, en general, a la denuncia, dirigida, por demás, a públicos pequeños de simpatizantes. De ahí que sea preciso transformar sus lenguajes, formatos y proporcionar comunicaciones de calidad y análisis, que no se estanquen en la política formal sino que aborden otras esferas culturales. Su propósito no es antagónico con la masividad. La revolución en la técnica y la tecnología proporciona múltiples ventajas y retos en el mundo digital, hay que incursionar con fuerza en las redes sociales y en nuevos formatos.

 

Colombia necesita una democratización en sus comunicaciones. Además de una Ley de medios o una política pública en esta dirección, los medios de comunicación alternativa son una de sus principales expresiones. Para no sólo ser referente sino agentes, deben asumir la tarea de disputa del sentido social en las calles y el mundo digital.

 

* Grupo de investigación Comunicación y Cultura de la Universidad Nacional de Colombia. El Rebelde Medios Alternativos. http://elrebeldemediosalternativos.blogspot.com.co/

Publicado enEdición Nº230