Los sinsabores del cabildo abierto en defensa de la ETB

La posible privatización de la Empresa de Teléfonos de Bogotá atiza amores y desamores en Bogotá. El reciente cabildo abierto organizado por Sintrateléfonos y Atelca, con una asistencia de 800 personas y apoyados por diversidad de procesos sociales así lo reveló. Aunque según el Alcalde y el gerente de la empresa la decisión está tomada, el camino para así concretarlo tendrá que sobreponerse a la consulta popular sobre la venta y la revocatoria de Peñalosa.

 

Vamos a asistir al cabildo pero “la decisión está tomada”1. Con estas palabras reconfirmó Jorge Castellanos, gerente de la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) la determinación de la actual alcaldía bogotana de proseguir con el programa para privatizar esta empresa. Palabras que determinaban de entrada lo limitado e infuncional de este espacio.

 

El cabildo abierto fue propuesto, liderado y convocado por los sindicatos de la empresa, como un mecanismo y espacio para desnudar los verdaderos intereses que están detrás de la decisión privatizadora, y como expresión de la democracia participativa que debería obligar a la reversión de tal determinación.

 

Para hacerlo realidad, sus impulsores emprendieron la recolección de firmas, las cuales finalmente sumaron 44.960, con lo cual el Consejo Nacional Electoral no pudo negar la deliberación ciudadana. Los pasados 28 de febrero y 7 de marzo fueron establecidas para tal fin, y la sede del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) fue el espacio escogido para las sesiones cabildantes.

 

Primera sesión

 

El auditorio Presidente del Idrd estaba punto de llenarse a las 9:00 am del pasado 28 de febrero, algunos funcionarios de la ETB, otros del Distrito y los concejales estaban presentes. Decenas de trabajadores y otros pobladores de la ciudad colmaban el auditorio. En el exterior del auditorio más gente. El ambiente que reinaba entre unos y otros era de confianza en sus argumentos, confiando los trabajadores que una vez –como sucedió en otras 15 o más oportunidades a a través de alegatos judiciales– quebrarían la decisión privatizadora.

 

De manera puntual todo estaba listo para arrancar la sesión. En el listado de oradores 41 inscritos, cada uno de los cuales podría exponer sus razonamiento durante 7 minutos. El vocero de Sintrateléfonos contaría con 40 minutos para abrir el cabildo.

 

Cerca de las 9:15 am, el alcalde Enrique Peñalosa ofreció una rueda de prensa amarrada: solo dos periodistas estaban elegidos para realizar preguntas, y sólo ingresaban los medios oficiosos. ¿Información o propaganda?

 

Allí el burgomaestre aseguró que su responsabilidad como Alcalde no estaba en “hacer inversión en empresas, sino hacer inversión en la gente, hacer inversión en hospitales, jardines sociales, en colegios [...]”. El mandatario fue enfático en la necesidad de construir esta infraestructura en la ciudad, sin poder precisar cifras que le dieran la razón. Según su visión de la ciudad y de sus bienes públicos, la ETB no es una empresa del Distrito, sino un recurso del cual valerse para promover el “desarrollo social”.

 

El Alcalde insistió en el riesgo que tiene la ETB, comparándola con empresas de países como Alemania, de perder su actual valor. Seguidamente, afirmó que la decisión sobre la venta ya estaba tomada, reconfirmando así lo ya dicho por el gerente de la ETB y dejando claro que el cabildo que estaba por iniciar sesión era un mero hecho simbólico.

 

Una vez culminada la rueda de prensa arrancó el cabildo. Uno a uno fueron tomando sus minutos la totalidad de las personas inscritas, unos en contra de la venta del importante recurso público y otros en favor.

 

Las horas pasaban, ya en la tarde el ambiente del cabildo se tornó tenso a causa de la intervención de Enrique Peñalosa, una simple réplica de su discurso maltrecho de la rueda de prensa matutina. Además de las palabras de Jorge Castellanos, quien aludió a las cifras de la empresa en los últimos 10 años, enfatizando en el supuesto estancamiento de sus ingresos por pérdida de clientes: donde la empresa “bajó” de un 1.6 por ciento en 2007 a un 1.5 en 2016; más la pérdida de participación en el mercado desde el 2010, año para el cual la empresa contaba con una participación de un 50 por ciento, caído a un 34 por ciento para el 2016.

 

Pese a sus datos, por parte alguna daba respuesta al cuestionario radicado 5 días antes por Sintrateléfonos y Atelca y dirigido a este funcionario y al Alcalde. La dilación era la norma. Al final el presidente del Concejo de la ciudad confirmó que el cuestionario sería resuelto el 7 de marzo cuando sería llevada a cabo la segunda sesión de este espacio deliberativo. Esta primera parte del cabildo dejó la sensación de que todo seguía igual, y tal vez en la segunda los sectores populares lograban sus cometidos.

 

Segunda sesión

 

Sin duda los funcionarios del Distrito habían evaluado lo sucedido el 28 de febrero. A las 9 am del 7 de marzo el recinto del Idrd ya estaba repleto de funcionarios públicos y de gente afín a ellos. Por fuera del recinto, los trabajadores de la empresa de teléfonos, y pobladores provenientes de distintas localidades capitalinas. Unos y otros exigían que los dejaran ingresar, pero con resultado negativo.

 

El ambiente en el auditorio también era más tenso. Las arengas, gritos, chiflidos y pancartas en contra del Alcalde y en su defensa dejaban entreverlo que sería el orden del día.

 

Enrique Peñalosa fue el primero en intervenir, sin rodeo alguno aclaró que en las condiciones que se encontraba la ETB, sólo “un comprador especializado podría sacar el potencial de la empresa y le va a inyectar el capital nuevo que necesita”, reconociendo, implícitamente, la incapacidad y desinterés de su alcaldía para mejorar las condiciones del patrimonio. Reconoció también que la decisión de la venta de las acciones le correspondía sólo a la Alcaldía y al Concejo.

 

Insistió en que la venta era “[...] la decisión más responsable [...]”, a lo que sus seguidores acompañaron con aplausos; ante el descaro que cargaban estas afirmaciones la indignación de parte de los contradictores no demoró en hacerse sentir, así como los chiflidos e insultos. La ficción de construir nuevos colegios y hospitales en las zonas más populosas de Bogotá permaneció como su argumento más fuerte y repetitivo. Por parte alguna pudo precisar dónde está el dinero de la venta del 11 por ciento de la empresa hace 20 años. Dio por terminada su intervención diciendo que “[...] no han tomado el camino fácil [...] y que [...] los gritos e insultos no le intimidaban y tampoco lograrían reversar su decisión”.

 

Lo precedió en el orden de intervención el concejal del Polo Democrático, Manuel Sarmiento, uno de los pocos oradores que con cifras logró demostrar que la venta de la ETB es la peor decisión que puede tomarse pues va en contra del beneficio de los bogotanos. Argumentó, para desmontar las razones privatizadoras de Peñalosa, que el 57 por ciento de la venta de la empresa será destinado a Transmilenio y no precisamente a la construcción de colegios, dado que sólo el 2 por ciento será destinado a la Secretaría de Educación. El concejal, firme en sus argumentos, invitó al presidente de la compañía a que dijera cuánto es su salario, el cual, según Sarmiento, “[...] supera los 35.000.000 de pesos, sólo por bajar los indicadores de una buena empresa como lo es ETB [...]”; también lo llamó a no juzgar ni arremeter contra los trabajadores de la empresa, cuando está vinculado al escándalo de Panamá Papers.

 

El concejal finalizó su intervención afirmando que “ante la frustración de Enrique Peñalosa por no tener un doctorado, el cabildo se lo otorgaba como honoris causa en privatizaciones en mala gerencia”, provocando gritos entusiastas de apoyo por parte de los trabajadores y defensores de la compañía.

 

¿Y entonces?

 

La tensión en esta segunda sesión aumentó con las intervenciones de la concejal Lucía Bastidas y el concejal Hosman Martínez quienes, intimidados por los gritos e insultos de la barra en pro de la defensa de la ETB optaron por tratar de callar a los asistentes con frases como “Bogotá mejor para todos, pese a ustedes” y “seré presidente de este país, les guste o no”, premisa de una campaña presidencial prematura que permite comprender por qué el Alcalde, pensando en otros tiempos y menesteres, no da pie con bola en Bogotá y las reales necesidades de sus habitantes.

 

Finalmente, y aunque las intervenciones de todas las personas registradas no estaban cumplidas, los defensores de la ETB optaron por retirarse del recinto asegurando que el cabildo no fue abierto sino cerrado, sin debate limpio y, además, una deslegitimación para el mecanismo de participación ciudadana en la medida que en él nada se decide. ¿Miles de firmas simplemente para ilustrar?

 

Pese al sinsabor que embarga a las organizaciones convocantes, persiste su ánimo para seguir luchando en contra de la privatización del patrimonio de la ciudad, como persiste su esperanza en que la ciudadanía los acompaña en esta lucha. Es por ello que ahora recorrerán el camino de liderar una consulta popular que decida sobre el particular, al tiempo que concentran fuerzas en el proceso de revocatoria del alcalde Peñalosa.

 

* El 31 de mayo de 2016, el Concejo de Bogotá aprobó la venta de ETB con 31 votos a favor y 12 en contra.

 


 

Recuadro


El cabildo, de forma y sin poder decisorio

 

De acuerdo a la Registraduría Nacional del Estado Civil, el cabildo abierto es “la reunión pública de los concejos distritales, municipales o de las juntas administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad.” Y determina que éste se hace con el objetivo de “discutir, refrendar o dar a conocer puntos de vista divergentes sobre asuntos relacionados con asuntos públicos como pueden ser las políticas públicas, acciones de gobierno o la eventual toma de decisiones por parte de la administración pública”.

Publicado enEdición Nº233
Martes, 28 Febrero 2017 07:55

Construir otra geometría del poder

Isabel Rauber

 


Capítulo del próximo libro de Isabel Rauber: Una asignatura pendiente de los gobiernos populares latinoamericanos

 

 
Desmontar el neoliberalismo requiere modificar de raíz la interrelación Gobierno-Estado-Pueblo


Las contradicciones, crisis, amenazas y situaciones crecientes de reversibilidad de los procesos democráticos populares en Latinoamérica colocan nuevamente en el centro de las reflexiones una interrogante histórica: ¿Es posible transformar-superar la sociedad capitalista desde adentro, o es necesaria una ruptura drástica mediante la toma del poder?

La pregunta ‑como las respuestas-, condensa un largo debate presente en el pensamiento y la acción socio-transformadoras desde antes de los tiempos de Marx hasta la actualidad. Pero cualquiera sea el posicionamiento político, las respuestas no pueden obviar reconceptualizar lo que significa hoy “capitalismo”, “socialismo”, “revolución social”, “toma del poder”, “¿cuál poder?”, construcción de poder “desde abajo”, “democracia”, “hegemonía”, “lucha de clases”, entre otros.

En dependencia de las respuestas, el mundo político de la izquierda del siglo XX se dividía –grosso modo‑, entre reformistas (cambios graduales) y revolucionarios (toma del poder). Eran centralmente diferencias político-ideológicas que, invisibilizadas tras una supuesta “cuestión de métodos”, planteaban –en síntesis‑ dos concepciones estratégicas:

-Hacer reformas para mejorar el capitalismo (“desarrollarlo”, para lograr que maduren las premisas señaladas por Marx)[1], y luego “pasar” al socialismo (reformistas).

-Hacer la revolución con un acto de ruptura ‑toma del poder‑, para luego implementar los cambios propios de la transición al socialismo dirigiendo la administración del Estado (leninismo: estatización como medio de control total del metabolismo social).

Ambas concepciones coincidían en un punto: tanto las reformas sociales como la revolución se producirían desde la superestructura político-institucional (arriba).

Marcando un punto de inflexión respecto de tal posicionamiento político-cultural, los sujetos populares que protagonizaron y protagonizan las resistencias y luchas sociales enfrentando los embates neoliberales a fines del siglo XX e inicios del siglo XXI, fueron construyendo otras respuestas a las anteriores interrogantes acerca de la transformación del poder del capital y del cambio social, incorporaron también otras preguntas y, de conjunto, germinaron una concepción integral del poder, recuperando en gran medida la mirada marxiano-gramsciana: social, económica, política y cultural.

La vieja disyuntiva reforma o revolución ‑aunque está presente transversalmente en todas las propuestas y acciones políticas de los procesos populares en el continente‑, hoy resulta insuficiente para analizarlos y aportar a los temas puestos en debate: Sujetos, poder, independencia, desarrollo, conducción política...

Resignificando el concepto marxiano de revolución social, los movimientos sociales develan otras dimensiones, aristas e intersecciones de los procesos de transformación de la sociedad capitalista encaminados a su superación civilizatoria: en vez de apostar a la desgastada y derrotada concepción de una revolución superestructural, partidista y jerárquica (desde “arriba”, propia del siglo XX), apuestan a la creación y construcción del poder popular, participativo, comunitario, a partir de su protagonismo, reconociéndose sujetos sociopolíticos del campo popular.

Así, desde sus prácticas concretas, en procesos como los de Bolivia y Venezuela ha venido germinando un nuevo poder popular desde “abajo”, comunitario y comunal que, en tanto tal, es –a la vez‑ un proceso de empoderamiento (conciencia, organización, gestión...) de sus protagonistas. Lo mismo ocurre también en las luchas y construcciones de movimientos sociales en Brasil, en Uruguay, en México, en El Salvador...

La perspectiva revolucionaria de los procesos políticos populares en curso y está íntimamente ligada a la acción de los pueblos y a la posibilidad de reflexionar críticamente acerca de sus experiencias, recuperando sus luchas y empeños en crear y construir poder popular. Se trata de un poder diferente a todo lo existente-heredado, que es a la vez: destituyente del viejo Estado (Gramsci), y constituyente e instituyente de un nuevo Estado en marcha hacia una nueva civilización. En caso contrario, por mucho que se pregone la revolución, esta quedará aprisionada y anulada por las tenazas de la legalidad e institucionalidad del poder constituido‑heredado, por sus normas (el saber hacer) y por hábitos (el dejar hacer...).

Reformas hay y habrá en cualquier posicionamiento estratégico, pero ¿cómo se definen?: ¿mediante la participación protagónica de los pueblos o dictadas “desde arriba” y anunciadas luego como logros de “benefactores revolucionarios” (dádivas asistencialistas)? Al ganar las elecciones y llegar al gobierno de un país, las fuerzas progresistas o de izquierda se hallan ante la tarea de recuperar el Estado, sacarlo de la esfera neoliberal; la interrogante es: ¿Se busca que el Estado esté “al servicio del pueblo” o convertirlo en una herramienta del pueblo para transformar la sociedad y transformarse a sí mismo en ese proceso, en sujeto protagonista de su historia?

La respuesta a esta interrogante es medular. Define las tareas, los actores sociopolíticos y los horizontes en disputa de los gobiernos populares, las posibilidades de profundización de sus tendencias revolucionarias, o su anulación reformista socialdemócrata que ‑atenuada tras una retórica de cambios‑, hace que gobernantes y funcionarios públicos se limiten a cumplir las normas propias de la gobernabilidad establecida por el poder hegemónico del capital, allanando el camino hacia la restauración.

En virtud de ello, lo que constituye el parteaguas real de la respuesta a la pregunta reforma o revolución es: Si las decisiones se toman “desde arriba” (superestructuralmente) por un grupo iluminado de “vanguardia” (élite), o si se toman colectivamente convocando a la participación e iniciativa populares, informando, formando y promoviendo la autoorganización y el empoderamiento de los pueblos, estimulando procesos formativos-educativos, potenciando su voluntad de crear, construir y constituir(se) en un nuevo poder, el poder comunal, comunitario, popular, construido “desde abajo”.[2]

En los procesos de cambio social abiertos por los gobiernos populares, progresistas o revolucionarios esta cualidad ha estado presente, pero no siempre con la centralidad política que estos requieren para ser irreversibles. Este desplazamiento o secundarización del eje político del protagonismo popular se tornó debilidad político-social y se expresó, por ejemplo, en el revés que obtuvo la propuesta popular-gubernamental en las elecciones, en Argentina; en la movida reaccionaria contra Dilma, en Brasil; en los resultados del referendo, en Bolivia; en la desestabilización desatada virulentamente en Venezuela ‑para solo nombrar algunos ejemplos.

Voceros del poder rápidamente trataron de calificar y clasificar tales acontecimientos como propios de un “fin de ciclo” progresista en el continente; afirmando con ello la idea de que no es posible construir procesos políticos populares irreversibles, ni hacer sostenibles sus proyectos de justicia social, equidad, derechos para todos y poner fin a la exclusión: fin del hambre, del analfabetismo, de las enfermedades curables...

Simultáneamente, los voceros del poder histórico de las oligarquías introdujeron el concepto de “alternancia” como una cualidad sine qua non de las democracias. Es decir, si no hay cambio de gobierno, no hay democracia. Enfilaron directamente sus cañoneras para revertir las conquistas y logros obtenidos con los gobiernos populares, siendo, un objetivo central, para ello, poner fin a tales gobiernos: impulsando proyectos desestabilizadores, guerra económica, política, cultural y mediática; destruyendo a los principales referentes políticos, por vías de su desacreditación, esgrimiendo impedimentos jurídicos a reelecciones, o –combinadamente‑, levantando acusaciones de delitos que viabilicen la realización de golpes “suaves”, “parlamentarios” o “constitucionales”, sin descartar la eliminación física –si fuera necesario‑, de quienes consideran ‑no su adversario, como dicen, sino‑ su enemigo.

Es vital entonces, hacer una alto en el camino, aprender de lo realizado y compartir –en apretada síntesis‑, algunas reflexiones a modo de enseñanzas de este tiempo de atrevimiento colectivo de los pueblos, capaces de desafiar al poder hegemónico del capital para crear y construir sus destinos.

Me referiré aquí a un grupo de pasos diferenciados de este proceso, pero ello solo responde a los rigores de la exposición analítica, pues en la vida social no existen pasos lineales secuencialmente organizados. La conquista de un paso posibilita otro a la vez que lo define, condiciona y habilita, y viceversa... interdefiniéndose todos en la movediza realidad social, en tanto todo proceso creativo de lo nuevo es parte de otros de adecuación-transformación de lo existente. Una suerte de “todo mezclado” contradictorio con el que hay que aprender a convivir, construyendo en cada momento la dirección política colectiva en sintonía con las dinámicas de los procesos sociales y la direccionalidad del horizonte civilizatorio buscado.

De la “recuperación” del Estado a las democracias populares

Entre tantas situaciones, problemáticas y propuestas a procesar en tiempos de la arremetida revanchista restauradora, se abren paso aquellos planteamientos y prácticas políticas que centran las fortalezas de los procesos de cambios y su irreversibilidad, es decir, la continuidad de gobiernos populares revolucionarios, en la participación popular: en el gobierno, el Estado, la economía y las dimensiones político-culturales de los procesos.

Es la participación de los pueblos la que impulsa procesos de creación colectiva de lo nuevo y, a la vez, sienta las bases para la superación de lo establecido (Estado neoliberal, democracia burguesa). Sobre esa base, se van abriendo compuertas institucionales político-sociales que van transformando la característica posneoliberal inicial de los gobiernos populares hacia gobiernos de democracias populares (revolucionarias). Vale desgranar –a continuación‑, aspectos claves de esas tareas, sus tiempos político-sociales y sus actores.

 

►Desmontar el modelo neoliberal y recuperar el Estado como agente de acción social

 

Marcados por la necesidad de superar la herencia neoliberal, una tarea común –e ineludible‑ de los gobiernos populares, progresistas o revolucionarios ha sido, inicialmente, la de desmontar el andamiaje neoliberal, y buscar vías para recuperar-recomponer el Estado en virtud de ponerlo en función de políticas públicas que se hagan cargo de los derechos sociales del pueblo, en toda la diversidad en que ellos existan o se presenten. En tal sentido, en el período posneoliberal, la tendencia predominante de estos gobiernos ha sido: reconstruir al Estado como actor sociopolítico central, administrado por la fuerza política gobernante y sus funcionarios de cabecera. Esto puede reconocerse como un punto de partida ineludible, pero ¿es suficiente?, ¿es el horizonte del cambio?

En tanto el Estado-nación es ‑en el sentido gramnsciano del concepto‑, un sistema social integral, la recuperación de la centralidad del Estado como agente impulsor de políticas públicas populares se anudó con una suerte de neodesarrollismo keynesiano “de izquierda” que concentró el eje de los cambios sociales en el accionar económico–social del Estado y el gobierno. De ahí que, en ese tiempo, en la mayoría de estos procesos, la apuesta productiva predominante no estuviera encaminada a estimular la creación y desarrollo de alternativas económicas superadoras del modelo propuesto por el orden global del capital, que conminó a nuestras economías a ser proveedoras de materias primas, apostando por diversas modalidades de extractivismo y rentismo.

Cabe pensar que, tal vez, el tareísmo contingente que emergió de las coyunturas de crisis del neoliberalismo, nubló la visión de la importancia de impulsar –simultáneamente con la búsqueda de soluciones a problemas urgentes‑, procesos de creación y construcción de caminos de transformación productiva que sentaran bases para un nuevo modo de producción y reproducción en el continente, sustrato de un horizonte común sostenible de integración, diferente al del capital.

Esto quedó –de hecho‑ fuera de agenda. Y también el protagonismo popular (de movimientos indígenas, movimientos sociales, de mujeres...). Ambos factores pasaron a una dimensión secundaria, consideradas de “poco peso” ante las cuestiones urgentes “de Estado”. En algunos casos se trató de buscar el apoyo político de los movimientos populares otorgando a algunos de sus referentes determinados cargos públicos en aras de sumarlos a las tareas del momento, pero ‑en lo fundamental‑ el protagonismo popular fue desplazado y suplantarlo por el funcionariado, considerando –de hecho‑, que si el Estado es administrado por militantes revolucionarios, es –automáticamente‑ revolucionario.

Confundidos tal vez por el hecho de asumir cargos y responsabilidades hasta ahora vedados para el campo popular, algunos sectores de la izquierda gobernante olvidaron o subestimaron el origen clasista del Estado y sus tentáculos de subordinación y sujeción –por diversas vías‑, de los ciudadanos al ámbito de la hegemonía del capital y su estatus quo.

Al dejar de poner esto en el centro de los debates y el quehacer político cotidiano, fomentaron un posicionamiento acrítico de los pueblos y sus organizaciones sociales respecto de los procesos gubernamentales en los que participaban. Esto evidencia que se pueden ganar elecciones, administrar el Estado y tener un gran discurso revolucionario, pero sostener ‑en la práctica‑, un programa reformista, socialdemócrata, que contribuye –quiérase o no‑, a la restauración del viejo poder.

¿Qué significa en este sentido, ser socialdemócrata?: Que se renuncia al cuestionamiento raizal del poder; que se plantea –en los hechos‑ ser la izquierda del capital y, en tanto tal, solo se proponen reformas de coloretes buscando instalar un ilusorio capitalismo “bueno”, populista, de bienestar...

Esta situación no podría calificarse, en principio, como positiva ni negativa porque:

A) Podría encaminarse a la consolidación de una opción reformista, con la esperanza de recuperar un “capitalismo de bienestar”, sin poner en cuestión el contenido y el papel de clase del Estado, ni las bases jurídicas que configuran su institucionalidad.

B) Podría convertirse en una puerta de acceso a procesos de cambios sociales profundos, reconvirtiendo al aparto estatal –a partir de anclarlo en la participación popular‑, en un instrumento político-institucional para apoyar (y promover) procesos de cambios revolucionarios protagonizados por movimientos y organizaciones sociales, apostando a transformar las bases, el carácter, los contenidos y el papel social de dicha institución e institucionalidad (proyectos de entrada)[3].
No cabe pretender que cada paso esté previamente definido y clarificado. Pero tener un horizonte clarificado es una referencia importante porque, ¿hacia dónde se encaminan los gobiernos populares luego del empeño de los primeros años de su agenda posneoliberal? ¿Tienen los pueblos posibilidades reales de construir una alternativa sostenible de justicia y derechos sociales hacia la equidad, o son solo un oasis, un paréntesis, en la historia de la dominación global del capital?

 

►Abrir las compuertas del Estado a la participación popular

 

Recuperar el papel social del Estado es apenas un primer paso en el inmenso océano de las transformaciones sociales. La más dura y contundente prueba de ello ha sido el socialismo del siglo XX. Mayor estatización que aquella resulta difícil de imaginar, sin embargo, no logró resolver temas medulares como: participación y empoderamiento popular, desalienación, liberación, plenitud humana...

Es lícito pensar entonces que fue precisamente por centrar los ejes del cambio social en el quehacer del Estado y su aparato burocrático de funcionarios, por concebir al Estado como un “actor social” central y no como una herramienta político-institucional en manos del pueblo, que aquel proyecto socialista derrapó de sus objetivos estratégicos iniciales y un grupo de burócratas, suplantando el protagonismo popular, terminó anulando al sujeto revolucionario. Y así el horizonte revolucionario terminó desdibujado, aprisionado por la lógica del poder al que –a la postre‑ tributa.

Lo que define y diferencia a una propuesta reformista restauradora de una perspectiva raizalmente democratizadora, revolucionaria, lo que posibilita tornar irreversibles los procesos de cambio, radica en la participación popular: Abrir el Estado a la participación de los movimientos sociales populares en la toma de decisiones, en la realización y la fiscalización de las políticas públicas y de todo el proceso de gestión de lo público, abriendo cauces a la pluralidad que demande y defina la diversidad de sectores y actores sociales populares participantes.

Abrir las compuertas del Estado, las políticas públicas y la gestión de lo público a la participación de los movimientos populares, indígenas, sindicales, campesinos... es también, habilitar una dimensión de articulación colectiva que posibilita a esos actores asumirse como protagonistas con derecho ‑y obligación‑ de participar en la toma de decisiones políticas que marcan el rumbo, el ritmo y la intensidad de los procesos político-sociales de cambio. En este sentido, hay yuxtaposición de tareas y procesos.

Es así que, simultáneamente con las tareas propias del desmontaje neoliberal propio del tiempo posneoliberal, pueden habilitarse canales, formatos e instancias que posibiliten a los pueblos ser parte del quehacer de recuperación social del Estado o del Estado herramienta social. Esto, siempre y cuando no se conciba a la recuperación como una “vuelta atrás”, algo así como recuperar un terreno (y un tiempo) que se ha perdido. Se trata de una “recuperación-ocupación” para disputar un territorio creado y ocupado históricamente por el mercado, en aras de arrancarlo de su hegemonía y transformarlo mediante la participación de los pueblos en la toma de decisiones del quehacer estatal.

Instalar e impulsar este protagonismo, raizalmente democratizador, constituye –o debería constituir‑ una de las tareas distintivas de los gobiernos populares o progresistas desde sus primeros pasos. Y marca –o marcaría‑, desde el vamos, la instalación de un camino de superación del tiempo posneoliberal hacia la construcción de democracias populares, cuya cualidad central es la participación protagónica de los pueblos. A ella se articula el control popular y la transparencia en la gestión de lo público.

La participación tiene interpretaciones diversas, pero aquí se refiere a participar en la toma de decisiones. Y ello reclama organización de la sociedad, acceso a la información, debates, conclusiones y construir procesos para la toma de decisiones colectivas. Implica una relación biunívoca, no solo recibir información y responder “Si” o “No”.

No es una encuesta, aunque ciertamente las encuestas son también parte de las consultas a la ciudadanía que constituyen formas de participación. Modalidades y métodos hay muchos; lo que se busca definir acá es que se trata de una participación política popular en la toma de decisiones; un paso hacia el cogobierno y un factor esencialmente democratizador del poder.

 

Control popular y transparencia

 

Igualmente democratizador resultan el control popular y la transparencia en la gestión de lo público; ambos muy interconectados. La transparencia es fundamental para decidir qué, cómo y quiénes. Es la base para el control popular y la participación. Garantiza que la participación en la toma de decisiones siga el curso acordado –o se modifique si varían algunos factores intervinientes en el proceso‑; que la ciudadanía, particularmente la de los sectores populares, cuente con toda la información necesaria antes y durante todo el proceso; que tenga participación también en el proceso de ejecución de las decisiones.

La transparencia se da, en tales casos de hecho, como fundamento y alimento informativo en todo el proceso; sin ella es imposible decidir, ejercer instancias de control, ser parte de la ejecución. Pero además de esto, que podría considerase dentro de lo “técnico”, sobresale su alta incidencia política. No solo es democratizadora, sino que abre caminos hacia el empoderamiento popular respecto de lo público y las políticas públicas, desarmando las intrigas palaciegas y mediáticas acerca de hechos de corrupción –además de impedirla‑, de prebendas, clientelismo, etc.

No hay posibilidad de engaño cuando se tiene la información para decidir y se decide a conciencia; no hay posibilidad de que las campañas difamatorias de gobernantes tengan éxito cuando es el pueblo el que decide y gobierna conjuntamente con “sus” gobernantes elegidos. Pueden hacerse obviamente las campañas, desatarse intrigas e intentos desestabilizadores. Está claro que cada solución destapa nuevas contradicciones y abre nuevos camino para buscar defectos y huecos negros a la legitimidad popular. Pero estos se irán minimizando a partir de la propia participación popular, en un camino de empoderamiento-aprendizaje crítico respecto del poder y de construcción de la hegemonía popular.

La lucha político-ideológico-mediática, la batalla de ideas, tienen en la transparencia, la participación y el control populares un anclaje social popular clave. Las “ideas”, en este caso, no son algo etéreo “flotante”, sino certezas que emanan de las prácticas. De conjunto fortalecen la conciencia popular colectiva y construyen una coraza frente al ataque constante de los adversarios de la democracia y, particularmente, de las democracias populares con rumbos revolucionarios.

 
Se trata de una modalidad democrática transicional

 

Las democracias populares constituyen una base sociopolítica indispensable para promover el empoderamiento popular. Y son también parte de un proceso de aprendizaje colectivo, en primer lugar, encaminado a desaprender lo viejo, a superar las barreras excluyentes propias del elitismo de clase de la democracia burguesa, conviviendo con la creación de nuevas modalidades de participación, de gestión y control populares, aprendiendo lo nuevo en la misma medida que se va creando y construyendo el nuevo poder popular, la nueva democracia, el nuevo mundo... Ello no se producirá de golpe. Se requiere de procesos jurídicos que la habiliten y de procesos político-educativos de los funcionarios públicos, de los movimientos sociales, de los partidos políticos de izquierda y de la ciudadanía popular en general.

En ese proceso los sujetos van cuestionando-reconceptualizando las políticas públicas, la gestión de lo público y el quehacer de los funcionarios, en función de sus realidades, identidades y modos de vida, sus cosmovisiones, sabidurías y conocimientos, y –articulado a ello‑, van redefiniendo el alcance de “lo estatal” y lo propio de “la ciudadanía”, particularmente de las ciudadanías populares.

En las experiencias concretas de construcción de poder comunal o comunitario, como las que se desarrollan en Venezuela y Bolivia, se observa lo contradictorio de los procesos vivos de cambios... Emergen en ellos soluciones y contradicciones nuevas, entre lo que el pueblo crea y aprende transformado su viejo saber hacer, y sus viejos “fantasmas” culturales; entre nuevas modalidades de representación del pueblo organizado en sus territorios y algunos funcionarios estatales y /o partidarios que ‑en vez de estimular estos procesos‑, sintiéndose tal vez amenazados por el protagonismo popular autónomo pujante, tienden a frenarlo, acorralarlo, acotarlo, subordinarlo o asfixiarlo. La disyuntiva es, en este sentido, ¿ocupar o transformar el Estado?

La tarea revolucionaria no la hacen sujetos subordinados, dependientes o prebendarios de las estructuras institucionales tradicionales, ni de los partidos políticos gobernantes y sus líderes. La realizan sujetos autónomos del campo popular: movimientos sociales, movimientos indígenas, partidos de izquierda, organizaciones territoriales, referentes de comunas y comunidades... A ellos corresponde crear, construir, sostener y profundizar otro poder, el poder popular.

Esto como parte de un macro proceso integral de transformación del Estado, entendiendo que el Estado no se reduce al “aparato estatal”, sino que es parte del sistema social en permanente movimiento e interdefiniciones. Esta interdefinición alcanza también a la rearticulación de todos los factores concurrentes. En este sentido, el tipo de interacción‑articulación marca y define también el tipo de ciudadanía, el tipo de democracia y sus horizontes.

Limitarse a hacer una buena administración abona el camino de restauración de la hegemonía del poder

La proyección revolucionaria de los gobernantes no puede evaluarse a partir de los cánones tradicionales de calidad de su gestión institucional; es política. Se relaciona directamente con sus capacidades para poner los espacios de poder en función de la transformación revolucionaria.

La tarea titánica de los gobernantes revolucionarios no consiste en sustituir al pueblo, ni en “sacar de sus cabezas” buenas leyes, mucho menos intentar demostrar que son más inteligentes que todos, que tienen razón y que, por ello, “saben gobernar”. Impulsar procesos revolucionarios desde los gobiernos pasa por hacer de estos una herramienta política revolucionaria: desarrollar la conciencia política, abrir la gestión a la participación de los movimientos indígenas, de los movimientos sociales y sindicales, de los sectores populares, construyendo mecanismos colectivos y estableciendo nuevos roles y responsabilidades para cogobernar el país.

Se trata de abrir las puertas del gobierno y el Estado a la participación de las mayorías populares en la toma de decisiones, en la ejecución de las mismas y en el control de los resultados, para construir colectivamente un nuevo tipo de institucionalidad, de legalidad y legitimidad, conjuntamente con procesos de articulación y constitución del pueblo en sujeto político. De ahí el papel central de las asambleas constituyentes en estos procesos (en cada momento en que sea necesario).

 

Las asambleas constituyentes son una herramienta indispensable de los pueblos

 

En este sentido, vale destacar que en los procesos de Venezuela y Bolivia, entre las primeras decisiones políticas gubernamentales, estuvo la convocatoria y realización de asambleas constituyentes. Son síntomas que indican voluntad de trasgresión del stablishment y definen el arribo de un tiempo de democracias populares.

Cada momento-dimensión-acción de profundización de las transformaciones raizales de un proceso revolucionario genera y generará nuevas articulaciones e interdefiniciones sociales que reclaman y reclamarán nuevas bases constitucionales, nuevas asambleas constituyentes, o el nuevo poder que va siendo creado y construido irá quedando en los márgenes del poder instituido (funcional al capital).

Sin asambleas constituyentes poco puede modificarse de modo sostenible, pero su sola realización resulta insuficiente; necesitan estar articuladas con procesos de cambios raizales en curso, legalizando las creaciones y construcciones populares preexistentes y las nuevas, afianzando lo hecho y orientando el camino hacia un horizonte superador; es decir, abriendo paso a las transformaciones en curso que los pueblos van sedimentando día a día desde abajo, en sus comunas y consejos comunales, con su organización autónoma territorial y sus parlamentos; en las fábricas recuperadas; en las empresas con control obrero; en las comunidades indígenas con sus históricas modalidades democráticas (no modernas) de existencia y funcionamiento; etcétera.

Es en el proceso de las fuerzas sociales vivas, en movimiento, con todas sus contradicciones, donde toma cuerpo la pulseada con el poder: el histórico concentrado en sus personificaciones e instituciones, y el que sobrevive en las mentalidades colectivas producto de siglos de colonización y dependencia cultural.

Salir de ese cerco, proponerse crear y construir modalidades y caminos diferentes en rumbo hacia una nueva civilización, es lo que da cuerpo –en apretadísima síntesis‑, a procesos de descolonización. Esta es parte –intrínseca‑ del proceso de cambio revolucionario que aspira a superar, a salir, de las redes de la hegemonía milenaria de mercado y el capital (en lo económico, político, cultural, social, identitario...), construyendo un modo de vida nuevo, basado en el buen vivir y convivir para la plenitud humana.

 
De la participación en las instituciones al empoderamiento popular territorial

 

El empoderamiento de los pueblos constituye el tercer signo, factor o componente, que indica la existencia de un proceso revolucionario encaminado a fortalecer las democracias populares (segundo signo), a la vez que va sembrando, buscando y abriendo caminos que posibiliten ir mas allá de la administración del viejo Estado o de la participación del pueblo en las instituciones existentes, creando nuevas institucionalidades y afianzando el nuevo poder popular que va siendo creado y construido desde abajo.[4] En estos procesos los pueblos desarrollan sus capacidades de gestión y administración de lo propio (autogobernarse).

Aprendiendo de sus prácticas y en sus prácticas van construyendo poder propio y lo van ejerciendo. Es decir, hay una dialéctica permanente entre construir, ejercer y apropiarse del poder.[5] Es una vía concreta de empoderamiento[6] creciente de los diversos actores sociopolíticos –reflexión crítica de su realidad mediante‑, respecto del curso y los destinos de sus vidas. Sus lógicas marchas y contramarchas e van conformando una interdialéctica constante entre nuevo poder popular construido, el nuevo poder popular ejercido conscientemente (empoderamiento) y el nuevo poder popular en desarrollo. Por ello afirmo que se toma (apropia) lo que se construye. Porque hacer una revolución no significa “tomar el poder” que existe, salvo que se pretenda seguir sus reglas.

 

“Dar vuelta la tortilla” no es el camino...

 

El poder de lo nuevo que emerge, el poder popular revolucionario, no es el resultado de un acto de “toma del poder” del capital, que expulsa a los capitalistas de las empresas y a sus representantes en el Estado, para colocar en su lugar a funcionarios revolucionarios. “Dar vuelta la tortilla” no resuelve los problemas, por el contrario, garantiza la continuidad del dominio de la lógica del capital enmascarada tras nuevas fachadas políticas.

Formar una nueva cultura, crear y construir una nueva civilización, anclada en los modos de vida comunitario y comunal autogestionarios, implica no solo luchar contra el capitalismo anterior, contra los rezagos y lastres del pasado, sino también dar cuenta de la influencia del capitalismo contemporáneo y sus modos de acción mundialmente contaminantes y contagiosos, así como también de las enseñanzas de las experiencias socialistas del siglo XX.

La construcción de hombres y mujeres nuevos, la construcción de una nueva civilización, de un nuevo modo de vida (humanidad-naturaleza), es –a la vez que un empeño local‑ parte de un proceso transformador universal, que tiene su centro en la conformación de un sujeto revolucionario global, expresión de una humanidad que –conscientemente‑, quiera vivir de un modo diferente al hasta ahora creado e impuesto por el capital, y se decida a construirlo y sostenerlo.

En las comunidades indígenas originarias o indígenas campesinas de Bolivia, por ejemplo, el empoderamiento comunitario, histórico, se ha desarrollado y consolidado al fragor de las luchas para poner fina a las relaciones excluyentes del poder del capital propio de la modernidad.[7] Estas comunidades tienen identidad, cultura, modo de vida, modalidades productivas, sabiduría, saberes, pensamiento, historia, cosmovisión y cosmopercepción propias, que sobrevivieron a la avalancha de la modernidad llegada con la colonia ‑conquista, crimen, exclusión y colonización mediante‑.

Tienen formas, que pueden denominarse democráticas para facilitar la comprensión, pero que en realidad son formas comunitarias de convivencia colectiva, ancladas en la consulta, la toma de decisiones horizontal (en el sentido que se decide en común), y la sistemática devolución a la población por parte de las autoridades de turno. La rotatividad de los cargos, por ejemplo, garantiza la preparación de la mayoría para ejercer funciones de organización y conducción de la comunidad. Tal vez fue por una necesidad de sobrevivencia, pero lo cierto es que la rotación en los cargos de responsabilidades, que en la sociedad contemporánea resulta traumática, en las comunidades indígenas es parte del proceso natural de la vida.

Aisladas de las dinámicas centrales del poder dominante hegemónico, las formas “democráticas” comunitarias de organización y convivencia, el modo de vida de las comunidades, no representaban una “amenaza” al poder constituido. Pero, ¿qué ocurre cuando los pueblos de las comunidades se constituyen en gobierno o en parte de un gobierno que los representa, que los reconoce y promueve el reconocimiento político, económico y cultural de la diversidad que estas comunidades representan, que reconoce su justicia comunitaria, los códigos de convivencia y todo lo que ellas representan como baluarte civilizatorio?

La asamblea constituyente, reconoció 36 nacionalidades indígenas originarias. No tiene caso ahora entrar en que si realmente son 36, si son más o son menos, lo central es que a partir de entonces Bolivia se reconoce como un Estado Plurinacional.

La plurinacionalidad es, desde los cimientos, un reto al poder uninacional y monocultural implantado a sangre y fuego por la colonia todos los órdenes de la vida social, particularmente, en las subjetividades. Su reconocimiento político, jurídico, económico y cultural implica la apertura de un tiempo en el que se visibiliza la pugna de poderes históricamente invisibilizados por el abigarramiento social, como definió sobresalientemente Zabaleta Mercado. Ese abigarramiento permitía disimular capas geológicas sociales y mostraba engañosamente una Bolivia única, pero en tiempos de crisis esas capas afloraban y la desigualdad se manifestaba en toda su diversidad, plenitud y contradicciones.

 

La pulseada con el poder se da en todos los órdenes, en todas las dimensiones

 

El tiempo de cambios revolucionario es –por excelencia‑ un tiempo de debate entre los poderes constituidos del capital y el nuevo poder popular naciente, instituyente. Ahora bien, ¿qué significa esta afirmación para la acción política?

Que las contradicciones pululan. No solo entre los polos sociales históricamente enfrentados (pueblo-oligarquía), sino también en el seno de la multiplicidad de sectores y actores sociales que componen la diversidad del pueblo. Esta diversidad, es también cultural, identitaria, económica, de modos de vida... y se expresa en las percepciones, el diagnóstico, las propuestas, creaciones y construcciones.

¿Cómo imaginar, por ejemplo, que en la nueva situación política que viven los pueblos de Bolivia, que pone en cuestión (crisis) los valores hasta hace poco considerados universales y reconoce el poder (saberes, normas de convivencia, culturas, identidades...), de aquellos /as a los/as que siempre les fue negado, no acarreará roces, disputas y hasta batallas encarnizadas –aunque sordas‑ por conservar el predominio y uso exclusivo del poder y el saber ‑de una parte-, y –por otra‑, para visibilizar, afianzar y ampliar el poder ancestral ahora amplificado hacia un poder compartido en convivencia con múltiples culturas e identidades, que pretende llegar a ser intercultural?

Se trata de una interculturalidad anudada con procesos de descolonización para la construcción de un horizonte común que contribuya a organizar y traccionar las luchas hacia la convergencia colectiva de un objetivo estratégico compartido (conducción sociopolítica y cultural de las luchas).

La descolonización intercultural articulada con la batalla político-cultural devienen en cualidad constituta del núcleo central de los procesos de cambio sociales y creación del nuevo poder popular. En virtud de ello, Bolivia ha definido a su proceso revolucionario como “democrático intercultural en descolonización”. En Venezuela, ello es parte de lo que el Presidente Hugo Chávez conceptualizó como “socialismo del siglo 21”.

La descolonización es un enfoque, una perspectiva, un posicionamiento colectivo omnipresente. No se propone como revancha contra los conquistadores europeos, ni contra los “blancos” aunque, ciertamente, estos sectores son los que mayores beneficios han extraído de los estados monoculturales.

Habrá intensidades diferentes en los procesos descolonizadores, de ahí que la interculturalidad caracteriza, atraviesa y alimenta el proceso. Pero no basta con enunciarla; ella misma está bajo la égida de la colonización del capital y sus modalidades de existencia y por tanto es parte también de la descolonización.

Alejándose de cualquier intento fundamentalista al respecto, la propuesta de descolonización e interculturalidad se enriquece y se retroalimenta en todo momento histórico a partir de las experiencias y proyecciones de los sujetos propios de cada tiempo, interactuando mutuamente para abrir nuevos horizontes a los actores sociales que protagonizan el proceso vivo de cambios raizales.

 

Del empoderamiento popular a un nuevo tipo de Estado, comunal o comunitario

 

El poder popular que germina en los territorios, en las comunas, en las comunidades indígenas, campesinas, urbanas, en los sindicatos de nuevo tipo, en las empresas recuperadas... es la base de la existencia y posibilidad de constituir otra geometría del poder. Ese poder que, en el caso de las democracias populares, nace de ciertos ámbitos de cogobierno, pero ‑poco a poco o a saltos‑, va asumiendo autónomamente responsabilidades de autogobierno en sus territorios, modificando las tradicionales funciones de “lo estatal” nacional, a la vez que va constituyendo las bases de una nueva institucionalidad anclada en el poder popular. Este sería el signo característico de las democracias revolucionarias.

En arduo tránsito hacia ella se encuentra hoy, por ejemplo, el proceso bolivariano de Venezuela, donde el pueblo ha venido creando y construyendo –con el impulso inicial de las ideas y el apoyo institucional y moral del Presidente Hugo Chávez‑, las bases del nuevo poder popular, el poder comunal (rural y urbano).

La construcción de nuevas relaciones de poder, en el caso de las comunas bolivarianas, son las simientes de un nuevo poder popular en proceso estratégico instituyente de un nuevo Estado, el Estado Comunal. Esto replantea las relaciones preexistentes establecidas con el Estado instituido y sus aparatos estaduales, municipales, etc. Se replantean también las relaciones con otras personificaciones políticas, ya que el crecimiento del poder popular territorial reclama relaciones de horizontalidad en la toma de decisiones que hacen a su vida en las comunas y consejos comunales y esto genera resistencias en algunos sectores del funcionariado estatal, provincial (estadual), departamental, incluso en las filas del partido gobernante en algunas instancias de su representación en los ámbitos territoriales.

La lucha de poderes en el seno del pueblo entre lo nuevo que germina y crece y remueve a su vez las anquilosadas estructuras de lo viejo que se resiste a ser desplazado, se hace evidente.

Nacen nuevas contradicciones entre poderes y se plantean encarnizadas disputas entro lo viejo y lo nuevo. Esto, lejos de ser una debilidad es un signo de vitalidad revolucionaria de los procesos de cambio y sus sujetos.

Es parte de una batalla política, ideológica y cultural entre poderes en pugna. De ahí que, apoyar los procesos de empoderamiento popular que germinan desde abajo está –o debería estar‑ entre las tareas políticas de quienes se posicionan como conducción política de los procesos revolucionarios: no sustituir al pueblo organizado, sino convocarlo y escucharlo, apoyar sus iniciativas para construir el presente y el futuro conjuntamente, contribuyendo a consolidar y potenciar el protagonismo y empoderamiento creciente de los pueblos.

 
No se trata de un camino gradualista...

 

Al abordar este nudo problémico he recorrido varias dimensiones de la relación Estado-participación ciudadana-empoderamiento popular. Para ello he seguido un orden lógico expositivo que podría sugerir que se asume una perspectiva lineal-gradualista: primero un paso, luego el otro...

Pero no es así; al contrario. Se trata de una secuencia interarticulada y yuxtapuesta de procesos y factores concurrentes que hace que cada uno de ellos sea posible por ‑y en‑ su interacción con otros.

Se puede distinguir analíticamente tal vez un tiempo de inicio, pero en realidad todos los signos que caracterizan uno u otro momento del proceso, se auto-gestan uno en el otro, potenciándose entre sí. Es así como algunas de sus características que, en un inicio, parecían secundarias o intrascendentes van adquiriendo predominio ‑entre contradicciones, tiranteces y dudas‑, y van alterado su relevancia, su centralidad... aunque sin desaparecer.

 

Notas:

[1] Ver: Rauber Isabel (2012). Revoluciones desde abajo. Gobiernos populares y cambio social en Latinoamérica. Ediciones Continente-Peña Lillo, Buenos Aires; pp. 56-62.

[2] Desde abajo=desde la raíz. Reitero el significado de este concepto dada la difundida interpretación vulgar que lo simplifica e identifica con un indicativo de lugar: “lo que está abajo” y, consiguientemente, lo contrapone a “lo que está arriba”. La construcción de poder popular desde abajo expresa una lógica de transformación raizal protagonizada por los sujetos sociopolíticos del campo popular en proceso histórico social de reconstrucción de su poder y no un lugar para hacerlo.

[3] Ver: Isabel Rauber (2006). Sujetos Políticos. Ediciones Desde Abajo, Bogotá; pp. 101-106.

[4] Estos signos, entre otros, no constituyen pasos ni etapas; son parte de procesos continuos y yuxtapuestos de empoderamiento popular que se van abriendo cauces en el contradictorio y sinuoso proceso de luchas contra el orden establecido y la creación-construcción de un nuevo orden social.

[5] Esto fortalece la toma de conciencia acerca de que la capacidad de poder es inherente al ser humano para luchar por su vida, y acerca del poder (propio) construido.

[6] Apropiación consciente, con sentido de pertenencia.

[7] Las categorías de modernidad, lo moderno, premoderno o posmoderno, útiles en el plano analítico, no suponen la existencia de compartimentos estancos entre actores sociales diversos. Todos interactúan y se interrelacionan; llevan siglos conviviendo bajo el dominio del capital y su lógica de mercado y todos, en diferentes intensidades, magnitudes, etc., han sido permeados por su hegemonía y su lógica.

 

Isabel Rauber, filósofa y activista social Argentina

Fuente: http://socialismo21.net/america-latina-construir-otra-geometria-del-poder/

 

 

Publicado enPolítica
Martes, 24 Enero 2017 17:38

2017, año de consultas populares

2017, año de consultas populares

En el afán por defender diferentes derechos, el año 2017 será recordado como aquel en el que distintas poblaciones colombianas, así como grupos de interés, se batieron en las urnas por la defensa de sus territorios, creencias, en procura de gobiernos honestos, por alcaldes probos, abiertos a la justicia y vida digna. Mecanismos de participación directa, como el plebiscito y referendo, es el recurso a que acuden. En estas circunstancias, el 2017 promete ser el preámbulo de la agenda electoral presidencial del 2018.

 

Fallidos fueron los intentos para llevar a cabo consultas populares durante el 2016, iniciativas gestadas por organizaciones sociales, políticas y ambientales en sus municipios y departamentos como mecanismo último para evitar la destrucción de sus territorios por megaempresas foráneas que en nada aportan al bienestar de las poblaciones afectadas.

 

Decididos a su defensa, las comunidades de diferentes municipios acudieron al Artículo 105 de la Constitución, el cual da vía libre a la consulta popular como mecanismo de participación directa: “Sin perjuicio de los requisitos y formalidades adicionales que señale el Estatuto General de la Organización Territorial y de los casos que éste determine, los gobernadores y alcaldes podrán convocar consultas para que el pueblo decida sobre asuntos departamentales, municipales, distritales o locales”1.

 

Armados de este derecho, se batieron durante el 2016 en una lucha constante en contra de la explotación minero-petrolera y la corrupción, lucha dilatada hasta el 2017 que apenas inicia, un año donde las consultas de diverso orden abrirán un escenario de reivindicación popular, ¿Será este fenómeno uno de los tantos reflejos de la crisis que refleja la democracia realmente existente en nuestro país?

 

La gesta

 

En particular, el segundo semestre del 2016 fue un período intenso para las poblaciones de los territorios colombianos seleccionados para la ejecución de fracking y la minería a gran escala por diferentes multinacionales, dentro de las que sobresalen AngloGold Ashanti, EmeraldEnergy, Petroseismic Services S.A, Sandor Capital y ConocoPhillips.

 

Inmenso territorio. Alrededor de 10 municipios solicitaron a la Corte Constitucional la aprobación de la consulta popular como mecanismo para exigir su derecho sobre los territorios y soberanía sobre los hidrocarburos, simultáneamente a estos procesos, el Gobierno, como respuesta, no dudó en desatar atropellos contra las organizaciones y líderes sociales2.

 

Como parte de esta disputa, el fenómeno de las consultas populares generó un ambiente de controversia al interior de la Corte Constitucional, donde el debate entre dos magistrados definió el retroceso que tomarían estas iniciativas. El caso puntual fue el municipio de Ibagué, donde la consulta fue defendida y aprobada por el magistrado Jorge Iván Palacio con la ponencia en contra de la explotación de petróleo por medio de la ejecución de fracking3. Pero días antes de que esta consulta se llevara a cabo, el magistrado Bastidas calificó la pregunta de la consulta como tendenciosa, lo cual la inhabilitó y aplazó los comicios.
En su versión original, el interrogante al elector era:

 

“¿Está usted de acuerdo ‘Sí’ o ‘No’ que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio?”.

 

Ante esta misma situación quedaron expuestas las comunidades campesinas, indígenas y afro de municipios como Cajamarca (Tolima), Paujil, Montañita, Doncello (Caquetá) y San Martín (Cesar), donde las multinacionales del petróleo y de la minería se abren paso con la ayuda de la represión del Estado.

 

Pese a este traspié, la esperanza de poder recuperar las más de 19.775.335 hectáreas en exploración y las 2.296.776 en producción sigue firme. La modificación de las preguntas promete, por ejemplo, que el próximo 22 de enero la población de Cajamarca (Tolima) por fin se pronuncie en las urnas ante las acciones que en su municipio lleva a cabo la multinacional AngloGold Ashanti.

 

En su versión final, luego de la revisión del magistrado Bastidas, de considerar que el gobierno local del municipio de Ibagué estaba sobrepasando el poder del gobierno nacional, el interrogante quedó así:

“¿Está usted de acuerdo sí o no que en el municipio de Cajamarca se ejecuten actividades mineras metalíferas en todas las modalidades?”.

 

Hasta el momento esta es la única consulta con fecha fija. Mientras tanto, los demás territorios siguen adelantando sus procesos participativos para llegar a igual posibilidad.

 

2017: defensa del territorio, la vida y... ¿la democracia?

 

No sólo minería y medio ambiente. Las consultas se abren a otros ámbitos, uno de ellos el que sintoniza a Bogotá, Bucaramanga y Neiva: la revocatoria de sus respectivos alcaldes. En estas tres capitales fueron inscritos comités de impulso de tal medida. Su común denominador: los hoy alcaldes prometieron en campaña un conjunto de obras que lejos están de ser realidad.

 

En el caso de Bogotá, la propuesta de revocatoria del mandato del alcalde Enrique Peñalosa, “deriva del principio de soberanía popular y democracia participativa, conforme al cual el pueblo tiene derecho a despojar del cargo a quienes ha escogido como sus representantes por motivos de insatisfacción general de la ciudadanía o por incumplimiento del programa de gobierno; tiene fundamento en los artículos constitucionales 40, 103 y 259, el artículo 65 de la Ley 134 de 1994 y los artículos 5º y 6º de la Ley 1757 de 2015”.

 

Además de los artículos que sustentan el derecho a la revocatoria, el comité ciudadano Unidos Revocamos a Peñalosa, presentó 18 razones por las cuales exigen un cambio de mandato (ver recuadro).

 

De igual manera, en Bucaramanga el comité promotor de la revocatoria del alcalde Rodolfo Hernández Suárez, informa que “la iniciativa Popular de revocatoria del mandato [...] está motivada por la inconformidad de los [email protected] de diferentes sectores de la ciudad, que están afectados e inconformes por el incumplimiento al plan de gobierno, por haber sido engañados por las promesas hechas en campaña por Rodolfo Hernández y la forma como ha afectado la ciudad y los sectores más deprimidos”.

 

Las propuestas de campaña que quedaron congeladas una vez inició su gestión al frente de la ciudad, son:

 

  • Reingeniería a Metrolínea y ‘Metrocable’
  • Soluciones de vivienda para 20 mil familias
  • Solución técnica a las basuras
  • Centro cultural en los cerros orientales
  • ‘Repensar’ el espacio público de la ciudad
  • Empresa de servicios integrados

 

También en Neiva los pobladores consideran que el municipio necesita estar en manos de alguien que pueda administrar mejor los recursos, y que en lugar de reducir las ofertas de empleo para los neivanos, las amplíe. Su motivación para la recolección de más de 22 mil firmas para la realización de la revocatoria es que: “[...] ha tenido un cambio radical y no ha cumplido su programa de gobierno. Él se comprometió básicamente en dos cosas: generar bienestar social y una lucha frontal contra la corrupción. Pero, ni ha generado bienestar social porque se ha llevado la contratación de Neiva para fuera del departamento”, manifestó Calderón Cuéllar, uno de los líderes de la revocatoria, y tampoco ha atacado los casos de corrupción presentes en sus secretarías.

 

A un año de electos los gobiernos municipales, las poblaciones exigen cambios para re direccionar e intentar subsanar las grietas sociales, políticas y económicas que los recientes alcaldes electos profundizaron en pocos meses.

 

Por si fuera poco

 

El 2016 también posibilitó un escenario para que la exfiscal Viviane Morales abriera dentro del Congreso de la República el debate sobre la adopción por parte de parejas del mismo sexo. El tema ha dividido a la Iglesia, los organismos de control, Ongs, universidades y al Estado entre lo que sería un derecho o un acto de irresponsabilidad para la sociedad.

 

De acuerdo a la exfiscal, la familia tradicional es el único modelo que posibilita el bienestar de un niño. Pero tal como lo expresó la senadora Claudia López “no es un referendo antigay, es un referendo antihumano”. Sin embargo, la motivación y argumentación ortodoxa de la senadora Morales, se reforzó con lo sucedido en el plebiscito por la paz y la maquinaria de la campaña del No.

 

Este referendo, al ser uno de los que más opiniones encontradas han despertado en nuestra sociedad, también es uno de los que más ha avanzado en su aprobación, en procura de un modelo de familia única e invariable.

 

A la par de éste, empieza la recolección de firmas para que el Congreso de la República le dé vía libre a la cadena perpetua para quienes violen niños.

 

Como puede concluirse, el 2017 será un año de intensa actividad política-territorial, en el cual el territorio, el agua, la explotación de hidrocarburos y minerales, el patrimonio público, los derechos humanos fundamentales y la vida, ocupan el campo de batalla entre quienes realmente los necesitan y aquellos que solo ven en ello un lucro económico para su propio beneficio y doctrinas. La democracia que tenemos, atacada por las voces de lucha que reclaman sus derechos, se pone a prueba.

 

1 http://www.registraduria.gov.co/-Consulta-popular-.html
2 Ver Magazine DATV 5, http://bit.ly/2iTdgaD.
3 http://www.cmi.com.co/justicia/corte-constitucional-ataca-el-fracking/403891/

 


 

Recuadro 1


En Bogotá, las razones contra Peñalosa

 

• No hacer el Metro subterráneo que ya tiene estudios y soluciona la movilidad de Bogotá porque quiere hacer Transmilenios.
• Subirle 200$200 a Transmilenio.
• Dejar a los bogotanos sin ambulancias en casos de emergencia.
• Querer vender la poderosa empresa pública ETB, única con fibra óptica en Colombia para venderla a privados.
• Quitar bicicletas gratuitas de la carrera 7ma.
• Pavimentar la Reserva Ambiental Van Der Hammen, el tanque de agua de Bogotá.
• Fusionar 20 hospitales públicos y sólo dejar 4; privatizó toda la contratación de la salud en el distrito, el hemocentro distrital y el banco de órganos.
• Perseguir vendedores ambulantes sin darles alternativas.
• Vender el 20% de la Empresa de Energía de Bogotá que hoy produce $1 Billón de pesos en utilidades para la ciudad.
• Permitir las corridas de toros
• Querer hacer 3 vías en la Reserva Ambiental Van Der Hammen.
• Mentir sobre sus falsos estudios en Francia.
• No hacer el Cable Aéreo de San Cristóbal.
• Por desechar los 5 metros eléctricos que ya estaban financiados y que desechó por meter más y más Transmilenios.
• Porque la movilidad multimodal de metro Subterráneo, tranvías y cables valía $4 Billones y Peñalosa lo cambia por Transmilenios que valen $25 Billones de pesos que pagaremos con impuestos.
• Nunca dijo que iba a privatizar y vender el patrimonio de los bogotanos.
• Porque como nunca antes, las decisiones de un gobernante habían causado tanto daño ambiental, económico y social.
• Por echarle de todo la culpa a la administración anterior.

Publicado enEdición Nº231
Lunes, 28 Noviembre 2016 15:51

Romper el cerco mediático

Romper el cerco mediático

25 años es un tiempo vital significativo. desdeabajo ha sido en estos años un incasable espíritu dinamizador para la comunicación alternativa y para la democratización de las comunicaciones. Sin duda, ha sido el proyecto más persistente y ambicioso en este campo, extendiendo la mano a otras apuestas de los sectores populares que han caminado por la misma senda. El presente plantea nuevos retos
¡Pa’lante!

 

Al igual que la tierra, en Colombia los medios de comunicación están concentrados en unas pocas manos. El país vive un tiempo convulso, con la oportunidad abierta para que lleguen a buen término los diálogos de paz con las dos más grandes insurgencias. El proceso con el Ejército de Liberación Nacional recién arranca, mientras que el proceso con las Farc, a pesar de los tropiezos, se encuentra próximo a su cierre.

 

Precisamente, en este proceso de transformación de las formas de ejercicio de la política, la comunicación y su democratización son elementos neurálgicos. Los movimientos sociales, con sus distintos repertorios de acción, deberían adquirir mayor centralidad. En este marco, y desde hace unos años, la comunicación ha tomado, paulatinamente, mayor protagonismo en las luchas sociales: la explosión de las nuevas tecnologías digitales como el internet y los teléfonos celulares, abrieron la puerta a múltiples posibilidades y nuevos escenarios desafiantes para las acciones colectivas.

 

En los últimos años vivimos experiencias que han demostrado la manera como podría desenvolverse la dinámica de los movimientos sociales en el país, en particular en un ambiente de posacuerdos. Con mucha fuerza e impacto, en los últimos cuatro años hemos vivido tres grandes paros agrarios (2013, 2014 y 2016), con dinámicas regionales y presencia en campos y ciudades. Estas coyunturas, junto con otras movilizaciones recientes, en el campo de la comunicación alternativa se tornaron en ejemplos de cómo romper el cerco mediático; acción comunicativa mediante la cual se logró posicionar agendas y problemáticas de sectores populares, al igual que legitimar sujetos excluidos y potenciar las movilizaciones mediante diferentes mecanismos. El caso particular del Paro Nacional Agrario del 2013 trasluce los límites y posibilidades de los movimientos sociales en articulación con las plataformas de comunicación alternativa, en el intento por democratizar las comunicaciones.

 

Paro Nacional Agrario

 

Aún lo recordamos. El 19 de agosto de 2013, en respuesta a la crisis agraria, diferentes organizaciones, movimientos y trabajadores rurales iniciaron el Paro Nacional Agrario, protestando por los altos costos de los insumos, por la prohibición sobre el uso de semillas nacionales –incluida en el TLC con los Estados Unidos– y otra serie de factores que golpean de manera coyuntural y estructural al campo colombiano. Creciendo en fuerza e impacto rápidamente, en el curso de pocos días se convirtió en la movilización social más importante vivida en Colombia en los últimos tiempos, construyendo un puente particular entre el mundo rural y urbano, e involucrando a diferentes sectores sociales.

 

Además de los factores estructurales y coyunturales generales, como el TLC con Estados Unidos, la estructura del campo colombiano, las movilizaciones precedentes y el proceso de paz que explican el momento histórico en el que surgió el paro, sugiero tres mecanismos particulares que incidieron directamente en la potencia de la movilización: 1) la represión y estigmatización por parte de las fuerzas represivas del Estado, 2) la identificación simbólica-afectiva con el campesinado, en particular con el boyacense, y 3) la comunicación alternativa permitida por las nuevas tecnologías. Dichos mecanismos se articulan entre sí y confluyen particularmente en el último, permitiendo romper dicho cerco.

 

Cerco mediático

 

El cerco mediático del que hablo está caracterizado por barreras a la circulación, producción y consumo de la información y la comunicación, construidas por determinados actores en su ejercicio de poder y exclusión de otros, mediante diferentes dispositivos; que en este caso abarcan desde el control económico corporativo de los medios hegemónicos, y hasta el control político en determinadas coyunturas. Éste es reproducido constantemente por medios y periodistas, en muchas ocasiones de manera inconsciente o automática. Para los movimientos sociales significa la invisibilización de sus luchas y problemáticas, o presentarlas como ilegitimas, estigmatizar sus mecanismos de acción, excluir a sus actores, sus anhelos y perspectivas, entre otros.

 

Según la investigación realizada por Fecolper, Reporteros Sin Frontera y la Flip: “Monitoreo de la propiedad de los medios (MOM)”, unas pocas familias y grupos económicos controlan la mayor parte de los medios de comunicación dominantes en los distintos formatos (tv, radio, prensa, revista y medios digitales): la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, la Organización Ardila Lulle y el Grupo empresarial Santo Domingo –Valorem, son los más representativos y poderosos. La Organización Ardila Lülle, con 28,7 por ciento, y el Grupo Santo Domingo, con 19,5 por ciento, concentran la mayor parte de la audiencia y los medios. Dichos grupos extienden sus tentáculos a múltiples sectores de la economía y la política, configurando un bloque de poder de grandes magnitudes.

 

Aunque este es el panorama del campo comunicativo colombiano, mal haríamos en echar en un mismo saco a todos los medios y periodistas. Al interior de este bloque hay diferentes apuestas y diversidades políticas, el carácter de RCN –con su apuesta de derecha y de oposición al proceso de paz– contrasta con el de Caracol –en este aspecto con un carácter moderado–; igual acontece con las diferencias entre Semana, El Tiempo o El Espectador.

 

Por esto, es preciso expandir la lectura dicotómica entre medios buenos y malos, dominantes y alternativos, hegemónicos y contrahegémonicos. Captarlos como apuestas de grupos sociales, sectores y clases, con diferentes intereses en choque. Los medios dominantes no son la mera expresión mecánica del modo de producción, no son solo instrumento de los poderosos; su ejercicio en la construcción de hegemonía, en el entretenimiento, en el posicionamiento de concepciones del mundo y percepciones de la realidad, es más complejo.

 

Dentro de esta lógica, podemos, analíticamente, construir cuatro grandes categorías de medios en el panorama colombiano: a) Dominantes o hegemónicos: aquí están ubicados los medios masivos propiedad de grandes grupos corporativos (Rcn, Caracol, El Tiempo, El Espectador, entre otros), b) Institucionales (Señal Colombia, Canales regionales) c) Independientes –por su contenido o propiedad: Las Dos Orillas, La Silla Vacía, Noticas Uno, entre otros– y d) Los medios alternativos y comunitarios.

 

Estos últimos con diferentes concepciones sobre lo que es la comunicación alternativa o popular, integran un amplio espectro de medios en diferentes formatos. Contagio Radio, Prensa Rural, Colombia Informa, El Turbión, Periferia, El Rebelde Medios Alternativos, Noticiero Barrio Adentro y, por supuesto, desdeabajo, son algunos de sus cientos de expresiones. Tienen en común, entre otras cosas, su estrecha relación con movimientos sociales y organizaciones políticas, una apuesta por transformar el orden existente, legitimar interlocutores y sujetos excluidos, y practicar otra forma de comunicación en oposición a la dominante, desde sus formas de organización hasta su financiamiento.

 

Romper el cerco

 

En el paro del 2013, dichos medios hicieron posible romper el cerco. No puede leerse esta dinámica como algo anexo o subsidiario de las movilizaciones en las calles, de los bloqueos, los mecanismos de negociación y las demás formas que el paro adoptó en su transcurso, sino como una acción intrínseca, la comunicación es movimiento, los movimientos sociales son comunicación viva. A la vez que fueron un canal para la transmisión de información de muy variadas personas, fueron una apuesta política que permitió la generación de una dinámica comunicativa que llegó a extensos grupos sociales colombianos. Dicho proceso se vio fortalecido por el uso de las nuevas tecnologías, en particular la internet y los teléfonos móviles, logrando una ruptura con el modelo clásico de emisor–receptor, promoviendo la producción y distribución descentralizada de información, generando también impactos en los medios hegemónicos.

 

Dicho salto, en la práctica, se materializó en el posicionamiento de un sujeto con exigencias legítimas (el campesinado), la visibilización de la problemática rural, la expansión y potenciación de las manifestaciones, y la construcción de redes de solidaridad, permitiendo un proceso de organización como es la Cumbre Agraria, aunque en la práctica haya sido reiterativo el incumplimiento del Gobierno a los acuerdos pactados.

 

Límites y posibilidades

 

En este sentido, el potencial democratizante de los medios de comunicación alternativos es gigante. Por sus dimensiones y características, frecuentemente son calificados como insignificantes, con poco impacto real, con excepción de contadas coyunturas luego de las cuáles pasan a su condición natural vegetativa. Ahora bien, es cierto que su fuerza e impacto en grandes círculos de la sociedad se genera en coyunturas concretas, como la del paro, pero detrás de esto hay dinámicas permanentes, tejidos sociales y fortalecimientos orgánicos de los movimientos y grupos que los componen.

 

El reto consiste en que esta dinámica ocasional pueda ser consolidada como permanente, que se impulse un espacio alternativo de discusión y comunicación. Que se construya una esfera pública alternativa, o contra esfera pública, que logre dotar de contenido el ejercicio democrático con sujetos diversos, en general excluidos. Que puede percibirse en tiempos de mediana duración y consolidarse orgánicamente.

 

Medios con posibilidades pero con muchas limitantes, pues su práctica ha quedado reducida, en general, a la denuncia, dirigida, por demás, a públicos pequeños de simpatizantes. De ahí que sea preciso transformar sus lenguajes, formatos y proporcionar comunicaciones de calidad y análisis, que no se estanquen en la política formal sino que aborden otras esferas culturales. Su propósito no es antagónico con la masividad. La revolución en la técnica y la tecnología proporciona múltiples ventajas y retos en el mundo digital, hay que incursionar con fuerza en las redes sociales y en nuevos formatos.

 

Colombia necesita una democratización en sus comunicaciones. Además de una Ley de medios o una política pública en esta dirección, los medios de comunicación alternativa son una de sus principales expresiones. Para no sólo ser referente sino agentes, deben asumir la tarea de disputa del sentido social en las calles y el mundo digital.

 

* Grupo de investigación Comunicación y Cultura de la Universidad Nacional de Colombia. El Rebelde Medios Alternativos. http://elrebeldemediosalternativos.blogspot.com.co/

Publicado enEdición Nº230

Con grandes expectativas llegaron a Bogotá, localidad de Bosa, colegio Claretiano, 7.000 indígenas, entre ellos 781 delegados oficiales (hombres y mujeres con derecho a voz y voto), provenientes de los 102 pueblos indígenas que habitan Colombia. Su objetivo, sesionar en el IX Congreso de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), orientado por el objetivo de mandatar sobre lo que deben hacer en los próximos cuatro años a través de su Consejo de gobierno –integrado por 10 consejeros; 2 por macro región en que están organizados–. Temáticas como recomposición interna, experiencias de economía propia, autonomía y cómo resistir al capitalismo, estaban en el orden del día.

 

Provenientes de otros pueblos indígenas del Continente, llegaron delegaciones, como la Conaie (Ecuador), pero también de otros procesos y experiencias organizativas –como el Centro Martin Luther King (Cuba). Además de distintos movimientos sociales del país.

 

Por los salones y auditorios también se dejaron ver caras reconocidas del gobierno, como Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, o como Gustavo Petro que al intervenir insistió en la necesidad de una Asamblea Constituyente como factor decisivo en la actual coyuntura del país; pero también el exmagistrado de la Corte Constitucional Eduardo Cifuentes, quien reafirmó la importancia de los cabildos abiertos como mecanismo de refrendación de los acuerdos de La Habana. Pablo Catatumbo expresaría posiciones vía virtual.

 

Opiniones

 

El domingo 9 empezaron las deliberaciones, antecedidas, claro está, de la Armonización (ver recuadro) y de la instalación del evento que corrió a cargo de Luis Fernando Arias, Consejero Mayor de la Onic. El llamado a la acción conjunta del actor social, a través de un Bloque Popular o Frente Amplio, quedó sobre la mesa para el debate.

 

Hasta el jueves 13 se extendieron los debates, con receso el día 12 para la deliberación, pues es día de memoria y lucha. Conscientes de ello, desde temprano alistaron instrumentos musicales, banderas, corotos, y movilizados, organizados, ubicados en más de cincuenta buses, fueron trasladados hasta la Universidad Nacional, para cruzar desde ahí a pie hasta el centro simbólico del poder (Plaza de Bolívar), donde se reunieron en una sola voz con campesinos, población en general, estudiantes, víctimas y otros actores de la actual coyuntura nacional, para demandar respeto a los Acuerdos de Paz.

 

En su memoria, sus antepasados. Todos aquellos que cayeron ante el fuego del arcabuz o el filo de la espada con que fueron atacados por los invasores provenientes desde el Imperio de España. Ataque y muerte: miles de miles cayeron a lo largo de décadas que sumaron siglos, para finalmente sumar el mayor genocidio cometido contra población alguna a lo largo y ancho de este planeta.

 

Este octubre, 524 años después, sobreponiéndose a todo tipo de violencia vivida en el pasado y en el presente, aquí están parte de los habitantes primeros del continente. Pero no sólo sobreviven, además siguen organizándose y luchando por permanecer en el mundo como actores de primer orden del presente y del futuro. Entre ellos no impera una sola visión ni manera de ver y entender el cosmos, ni el presente del país, como quedó patente el día 11 de octubre, cuando los Misak arribaron al Palacio de Nariño y se reunieron con Juan Manuel Santos, mostrándole apoyo irrestricto en la manera como conduce los diálogos de paz y los avances logrados en La Habana.

 

Hacia un Bloque Popular o un Frente Amplio

 

En la sesión de inauguración Luis Fernando Arias, Consejero Mayor, resaltó diferentes aspectos de la coyuntura nacional, de la situación actual del movimiento social-popular, retomando distintas propuestas para los pueblos indígenas, entre algunas de ellas: la importancia de empezar a consolidar un sistema económico propio alternativo al hegemónico. Además realizó un llamado de unidad a todos los sectores alternativos para consolidar un bloque popular o un frente amplio “Es tiempo de consolidar la unidad en medio de la diversidad, son tiempos de lucha indeclinable, son momentos de seguir globalizando la resistencia” sostuvo. Solo queda esperar y ver qué tanto de estas palabras se llevarán a la práctica.

 

Una vez instalado el evento, las delegaciones tomaron sus responsabilidades en todas y cada una de las 9 comisiones previamente definidas para el debate (ver recuadro), las cuales arrojaron mandatos como –mesa de salud– darle mayor dinamismo al Sistema indígena de salud propia (Sispi), y resaltar la labor de los médicos tradicionales en los territorios, con la búsqueda de recursos para su manutención y para su participación en eventos políticos. Así como, buscar fuentes de financiación, para el caso de la mesa de gestión administrativa con autonomía indígena, en la cual hubo consenso para sacar adelante proyectos de embotellamiento de agua mineral y manantial, congelamiento de frutas y certificación de semillas y productos propios.

 

Tensión al cierre

 

El día decisivo del Congreso fue el jueves 13, donde se llevó a cabo la conclusión y elección de la nueva Consejería de la Onic. Por una parte, cada una de las mesas entregó sus respectivos mandatos y conclusiones. Entre las propuestas más importantes leídas, destacan: consolidación de una guardia indígena nacional, que debe contar con una formación política vinculada a la Escuela de formación indígena nacional –Efin. La consolidación de autonomía y gobiernos propios estuvo en la mayoría de los mandatos, pero la propuesta que más causó debate fue la de realizar una reforma estructural a la Onic, que pretende transformar sus estatutos, descentralizar el poder, cambiar perspectiva política, consolidar mecanismos de control y rendición de cuentas, añadir o eliminar consejerías, y buscar nuevos mecanismos de participación e incidencia en las bases.

 

La decisión de esta propuesta se debatió en una asamblea de delegados por región, la que finalmente decidió abocar tal reto dentro de una asamblea nacional por realizar dentro de dos años. Lo así decidido que causó prevención en muchos de los asistentes, pues temen que la asamblea pueda ir “amañada”, sin incidencia real en las bases de la organización, reduciéndose a “una reunión de burócratas”. La reforma organizativa aprobada, en todo caso, puede ser decisiva para el rumbo y continuidad de este proceso social que ya suma 34 años, y que ahora acusa críticas por su excesiva concentración en Bogotá y en los Consejeros, y por el debilitamiento del proceso de toma de decisiones colectivas.

 

Contradicciones en medio de la diversidad

 

Las horas corrían y el tiempo atentaba contra la posibilidad de cerrar con éxito el Congreso. Con esa realidad en contra, las discusiones tomaron mayor ritmo. Ya era el amanecer del viernes y el ambiente se caldeó al momento de abrirse la elección de los Consejeros. Al así anunciarse, una vez más fue visible la tensión al interior del movimiento indígena, donde la disputa por hegemonía resalta entre el Cauca organizado (Cric), contra una mayoría que aún no define un bloque concreto. Algunas regiones iban por consejerías específicas, por ejemplo, la Orinoquia exigió la de territorio y planes de vida, también requerida por las delegaciones provenientes del Tolima. Al final, la Orinquía logra su propósito, con lo cual se evitó repetir lo acaecido en el Congreso del 2012 y su intento de ruptura. La importante Consejería de comunicaciones –que ha perdido protagonismo en los últimos años– quedó en manos del pueblo Koreguaje –Caquetá–.

 

Llegada la hora para la elección de la Consejería Mayor, la tensión creció. Los ánimos, a pesar del cansancio, estaban a flor de piel. Como candidatos/as: Aída Quilcue y Luis Fernando Arias (repitente). Por parte del Cric hicieron calle de honor para su candidata, lo que elevó ánimos y creó un ambiente de fuerza y triunfo. Por su parte, Luis Fernando fue presentado por su padre, vocero de la macro regional norte. Se escuchaban gritos del Cauca que decían “no a la reelección”, pero al momento de la decisión fue ganador absoluto el cancuamo. Uno de los cambios significativos fue el del secretario general, Juvenal Arrieta, quien fue reemplazado por Higinio Obispo.

 

Así, con la luz del sol casi despuntando en el oriente bogotano, las decenas de cuerpos cansados que aún aguantaban el debate y la tensión, levantaron sus humanidades para ir a buscar descanso, y tras un corto sueño tomar bus rumbo a sus respectivos destinos. Por mi parte, meditando en el bus con destino a la casa, ubicada en el opuesto de la localidad de Bosa, entre cabeceo y cabeceo, bostezo y bostezo, no me dejaba dormir la intensidad de la imagen que había visto: hablar de unidad es muy fácil, pero llevarla a la práctica es un proceso largo que necesita de verdadera disposición para lograrlo.

 


 

Recuadro 1

 

 


 

Recuadro 2

 


 

Recuadro 3

 

 


 

 

 

 


 

 

 

Publicado enEdición Nº229
Jueves, 20 Octubre 2016 16:50

Comienza la fiesta del fútbol popular

Suacha, fútbol comunitario

El próximo 23 de octubre comenzará la tan esperada Liga de fútbol popular, en su versión de campo, de 8 a 11 integrantes. El pasado domingo 16 de octubre arrancó La Liga de fútbol popular en su versión de balompié salón.


Bogotá. La segunda edición de la Liga de fútbol popular “Del barrio a la academia”, contará con la participación de 5 equipos en la categoría Sócrates (6 a 10 años), 8 en la categoría Carlos Caszely (11 a 13 años), en las categorías Honey Thaljieh (14 a 17 años) participarán 8 equipos, y en la categoría Éric Cantona (18 en adelante) 4 equipos participantes.

 

Bukaneros, fútbol popular


La liga empezará el 23 de octubre y se jugará hasta el 4 de diciembre, entrará en receso y reanudará el 12 de febrero del año entrante, hasta el 5 de marzo. Las organizaciones que hacen parte de la Liga, en sus diferentes categorías, invitan a todos/as los/as vecinos y habitantes de Bogotá para que se acerquen y disfruten de los encuentros que prometen hacer del fútbol juvenil de nuestra ciudad una fiesta popular.

 

Forza Bogotá
 
 
 
 
 
 
Publicado enSociedad
Sábado, 08 Octubre 2016 12:34

¡Arranca la liga!

¡Arranca la liga!
La liga de microfútbol, perteneciente a la Liga de Fútbol Popular, iniciará la temporada 2016-2017 el próximo 16 de octubre.

 

La segunda edición de la Liga de microfútbol popular contará con la participación de 6 equipos en la categoría Sócrates (6 a 10 años), 9 en la categoría Carlos Caszely (11 a 13 años) y de los y las más grandes, las categorías Honey Thaljieh (14 a 17 años) y Éric Cantona (18 en adelante) con 7 y 4 equipos participantes, respectivamente.


La Liga empezará el 16 de octubre y se jugará hasta el 11 de diciembre, entrará en receso y reanudará el 5 de febrero del año entrante. Las organizaciones que hacen parte de la Liga en sus diferentes categorías, invitan a todos los vecinos y habitantes de Bogotá para que se acerquen y disfruten de los encuentros que prometen el mejor fútbol popular juvenil de nuestra ciudad.

 

Calendario

Liga de fútbol popular II. Edición microfútbol

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Todos contra todos, pasan los cuatro primeros para jugar la semifinal y la final

 

Categoría CARLOS CASZELLY

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Categoría HONEY THALJIEH

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Categoría ÉRIC CANTONA (18 EN ADELANTE)

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"Del barrio a la academia"

 

Publicado enColombia
¿Es una tarea pendiente la reconstrucción de lo popular?

Transcurrido medio siglo de la muerte en combate del sacerdote-guerrillero Camilo Torres Restrepo, el Estado colombiano da muestras de querer poner fin al secuestro de sus despojos mortales. En efecto, el 16 de enero de este año, Juan Manuel Santos, actual presidente de los colombianos, declaraba que: “Busquemos dónde están los restos de Camilo Torres para que en un gesto simbólico podamos continuar en ese proceso de terminar esta guerra”. Reconociendo, de paso, que el ocultamiento de la tumba de Camilo ha hecho parte de la contienda, en este caso, en el terreno del simbolismo.

Esconder su sepultura fue siempre parte de querer ocultar su legado a la par de distorsionarlo. La idea más difundida por quienes buscan velar el ejemplo de su parábola vital, es la de que Camilo fue una víctima de las manipulaciones de los “amigos del desorden”. A Fernando Torres, hermano del guerrillero –y a quien supuestamente le fueron entregados lo restos–, le es atribuida una carta en la que, entre otras cosas, al parecer escribió: “[...] el deber de los verdaderos amigos de Camilo es impedir que su imagen y la imagen de su muerte y su cadáver sean objeto de demostraciones vulgares y estentóreas promovidas por aquellos que sólo lo vieron en vida y lo consideran después de muerto un arma para crear el desorden y sacar provecho para sus propias ambiciones”. El objetivo de ese tipo de declaraciones, por velado no deja de ser claro, mostrar a Camilo, uno de los pocos colombianos que ha ejercido la academia y participado en la dirigencia política con un espíritu realmente crítico, como un menor de edad en el sentido kantiano de la expresión, rebajándolo de su condición de ser histórico autónomo, y libre elector de una estrategia que en lo político consideró la mejor opción, dadas las condiciones del momento. Culpar de su sacrificio a la organización guerrillera a la que Camilo eligió pertenecer es otro de los argumentos que ha hecho carrera y que es utilizado sutilmente para disminuir la estatura política y humana del sacerdote rebelde, pues afirmar que su participación en el combate fue forzada y prematura tiene por objeto, nuevamente, exhibir al sacrificado como alguien engañado y que no sabía lo que hacía. Pero, hoy está claro que esa es otra manera de esquivar las verdaderas causas que en una sociedad como la colombiana obligaron a un hombre como Camilo a elegir el camino de la lucha armada.

Los asesinatos de quienes hasta ese momento habían sido los más grandes disidentes del siglo XX en la política colombiana, Rafael Uribe Uribe y Jorge Eliecer Gaitán, no eran un antecedente muy halagüeño a mediados de las sesenta del siglo pasado para los que sentían la necesidad de hacer oposición real a un régimen, que además utilizaba sistemáticamente la violencia sobre millones de colombianos a los que logró enfrentar entre sí como militantes antagónicos de los partidos tradicionales. Ese ambiente, y el hecho que la entonces joven revolución cubana hubiera triunfado con el impulso de un movimiento guerrillero, eran motivos más que suficientes para que un pensador verdaderamente radical, y además amenazado –Camilo había sido agredido físicamente en Medellín y Bogotá, y detenido brevemente–, decidiera elegir el camino de la insurgencia armada. Querer apuntalar esa decisión en “perversos” intereses de los “enemigos” de la patria, o en miopías políticas, es buscar ponerle los lentes del achicamiento a una figura que por su desprendimiento y su entereza escapa completamente al modelo del ser histórico de la tradicional dirigencia política colombiana.

 

“El que escruta elige”

 

 

Los partidos tradicionales acordaron como mecanismo central para dar fin a las masacres sistemáticas que la historiografía ha identificado como la Violencia, alternarse la presidencia entre 1958 y 1970, y repartirse las cuotas burocráticas por partes iguales a través de un pacto conocido como Frente Nacional. Con esto, terminaban reconociendo de forma tácita que tal violencia no tenía origen distinto que una lucha por el botín llamado Estado y que dentro de la lógica, aún hoy vigente en Colombia, la administración pública no es nada diferente a un coto de caza de los grupos dominantes, por el que bien vale la pena sacrificar millones de vidas.

El proceso de modernización (sin modernidad) que vive el país a mediados del siglo pasado homogeniza los grupos dominantes y les permite zanjar las diferencias que los enfrentaba desde el siglo XIX. La llamada “revolución verde” en el campo, con su “tractorización” y relativa salarización de las relaciones sociales quita filo a las visiones más conservadoras y confesionales, eliminando las principales contradicciones de las élites, surgidas del apego y dependencia de uno de sus sectores a relaciones marcadamente precapitalistas y que, desde el nacimiento mismo de la república, fueron institucionalizadas como el casus belli que los enfrentaría de forma cruenta por el poder del Estado.

Camilo percibe rápidamente la nueva realidad y la plasma explícitamente en su mensaje a los sindicalistas de septiembre de 1965: “El Frente Nacional acelera la lucha social en Colombia al instituirse como el primer partido de clase en Colombia, partido de la clase privilegiada, que consolida la unión de los opresores contra los oprimidos, lanzando un reto a la clase popular colombiana para que constituya, siguiendo los consejos de José Antonio Galán: ‘La unión de los oprimidos contra los opresores’”.

La creciente figuración pública de Camilo, que alcanza su cenit en 1965, lo coloca bien pronto en la necesidad de decidir si va a ser partícipe de las elecciones que tendrán lugar en 1966, como cabeza de un movimiento que enfrente en las urnas a ese “nuevo” partido de clase. El análisis de la situación lo lleva a concluir que el sistema electoral es inmoralmente restringido, y a acuñar la famosa frase “el que escruta elige”, en la que debe entenderse lo asimétrico del sistema no sólo en cuanto a la mecánica electoral, sino en todo su conjunto: “Una oligarquía que no le ha temblado la mano para matar jefes revolucionarios, para lanzar al país a la violencia y para respaldar gobiernos militares, creo yo que no va a entregar el poder por el simple hecho de una mayoría oposicionista en la votación, mayoría que como ya lo hemos demostrado es moralmente imposible que pueda resultar”, escribe Camilo en el artículo que titula “Por qué no voy a las elecciones”.

El grotesco fraude de 1970 –del que Camilo no pudo ser testigo por su temprana muerte–, en el que le fueron robados los comicios a Gustavo Rojas Pinilla, probaría las prevenciones manifiestas del revolucionario, y condicionaría, más adelante, a otro grupo de jóvenes a conformar el M-19 –dichas elecciones tuvieron lugar el 19 de abril de 1970– y a decidirse igualmente por la lucha armada.

Camilo nunca consideró como principio la abstención, su decisión estuvo motivada por la coyuntura del momento, hasta el punto que en el primer párrafo del mencionado artículo señala que nada ha sido definido sobre la participación electoral: “La plataforma del Frente Unido del Pueblo Colombiano no tiene definición de la lucha electoral como táctica revolucionaria”, y también va a ser claro en que la determinación de la no participación en los comicios fue tomada para no sumar un motivo más de división a los opositores al régimen. Sin embargo, paradójicamente, va a ser esa decisión la que termina alejando del Frente Unido a movimientos como el Partido Socialdemócrata Cristiano y el Partido Comunista y, para colmo de las ironías, la división entre abstencionistas y “electoreros” va a convertirse en la piedra de toque que calibra la corrección o incorrección de las posiciones de los diferentes grupos de la izquierda colombiana de ahí en adelante, en una muestra del reduccionismo reflexivo y la estrechez teórica de los movimientos políticos alternativos de nuestro país.
El olvido de que coadyuvar en la organización, el fortalecimiento y la coordinación de los movimientos sociales es el eje de cualquier acción realmente transformadora, para centrar los esfuerzos y las discusiones en la participación electoral, le ha costado a la izquierda colombiana ser la más atrasada del sur de América.

Una organización política establecida desde abajo, fue un principio explícito y remarcado por Camilo en su corto accionar como político. En la conferencia dictada en la sede del Sindicato de Bavaria, en Bogotá, el 14 de julio de 1965, decía: “Esto es lo primero que debemos hacer distinto de lo que hacen las clases dirigentes: no imponerles dirigentes a las mayorías porque nosotros creemos que también en la forma de organizar el movimiento del Frente Unido tenemos que ser revolucionarios y cambiar este sistema de estar imponiendo cosas de arriba hacia abajo. Vamos a tratar ahora de que la organización venga de abajo hacia arriba; no vamos a repetir la carrera de los partidos tradicionales, no vamos a seguir con esta dependencia a la clase dirigente que sistemáticamente ha traicionado al país y los ideales nacionales”. Y en esa misma conferencia dejaba claro que ni la abstención ni la lucha armada eran formas de hacer política en sí mismas, sino que recurrir a ellas dependía del tipo de resistencia de la clase hegemónica a la aceptación del poder de lo popular, alcanzado a través de una sólida organización desde abajo. “Cuando tengamos esa organización representativa desde las veredas hasta la capital y sea un movimiento con un amplio respaldo popular unido y disciplinado entonces sí nos podremos tomar el poder; porque en ese momento podremos controlar las elecciones y si no nos permiten las elecciones recurriremos a cualquier otro medio pero nos tomaremos el poder”. Es claro, entonces, que lo que descartaba Camilo era la participación electoral en las condiciones tan desventajosas en las que lo hacen siempre los sectores populares, y que un triunfo electoral era poca cosa sin una sólida organización de los movimientos sociales.

 

El “huevo de la serpiente”

 

El desmonte de las guerrillas partidistas –liberales y conservadoras–, que era una de los requisitos para la instauración del llamado Frente Nacional fue, sin embargo, incompleto, pues las condiciones de la desmovilización dejan insatisfecha a parte significativa del campesinado que no ve que sus necesidades de tierra hayan tenido solución. Los campesinos entienden, entonces, que su lucha no es contra su vecino sino contra un Estado que los ha engañado y marginado. El paso de las guerrillas partidistas a las guerrillas clasistas, independientemente de lo que pueda pensarse de su resultado, no puede entenderse separadamente del paso de los partidos políticos tradicionales desde el “policlasismo”, y su mayor o menor cercanía a lo confesional, a una posición definida sin ambigüedades por la búsqueda consciente de favorecer la acumulación de capital y a quienes lo detentan.

El período que va de 1962 a 1966 –intervalo de la vida pública de Camilo–, muy poco estudiado integralmente, y que coincide con la presidencia del terrateniente caucano Guillermo León Valencia, marca el inicio de una particular conformación estructural del país que lo conducirá al medio siglo de guerra que llevamos, y cuyo hito iniciático puede considerarse el bombardeo a los campesinos de la llamada “república independiente de Marquetalia”, como parte de los operativos del denominado Plan Laso (Latin American Security Operation, por su denominación en inglés), diseñado en Washington para todo el subcontinente, y enmarcado en la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional, que fue parte integral de la lucha anticomunista de la “guerra fría”.

Además de los cambios en el campo de la represión, el país también inauguraba una nueva época en la política económica con la aplicación de los llamados principios de austeridad bajo la égida del FMI, que hoy siguen aplicándose. Empezaron a ser parte de la doctrina oficial las consabidas estrategias de fuertes devaluaciones de la moneda y la consecuente inflación por el encarecimiento de los bienes importados, así como la deriva hacía una tributación regresiva basada en los impuestos indirectos (inaugurada con el llamado impuesto a las ventas) y un persistente retraso en los salarios reales.

En el ámbito de las relaciones internacionales, el refuerzo de un plegamiento absoluto a los dictados de Washington, hizo que el país, por ejemplo, jugara un papel activo en el bloqueo a Cuba. Pues bien, no hay duda que el conjunto de todas estas políticas fueron el “huevo de la serpiente” donde incubaron las condiciones que dieron lugar al desangre que le ha costado a los colombianos 220 mil muertos, 25 mil desaparecidos, 4 millones de desplazados y al menos 10 millones de hectáreas arrebatadas a los campesinos, entre otras cifras de escándalo, en un saldo del que los grupos dominantes no quieren reconocer responsabilidad alguna.

 

El terror a lo diferente

 

La aparición pública de Camilo Torres fue un hecho inesperado en un ambiente tan profundamente conservador. Su concepción del cristianismo, que lo condujo a un fuerte debate con las jerarquías católicas, fue quizá el primer motivo de escándalo. En el Mensaje a los cristianos, donde acuña su concepto de amor eficaz, que parece ser lo que más quiere destacarse en la actualidad del pensamiento de Camilo, podemos leer en extenso los argumentos que lo llevaron a considerar la revolución como el instrumento más idóneo de realizar lo que consideró el verdadero cristianismo: “Este amor para que sea verdadero tiene que buscar la eficacia. Si la beneficencia, la limosna, las pocas escuelas gratuitas, los pocos planes de vivienda, lo que se ha llamado “la caridad”, no alcanza a dar de comer a la mayoría de los desnudos, ni a enseñar a la mayoría de los que no saben, tenemos que buscar medios eficaces para el bienestar de las mayorías. [...] Esos medios no los van a buscar las minorías privilegiadas que tienen el poder, porque generalmente esos medios eficaces obligan a las minorías a sacrificar sus privilegios. [...].

Es necesario, entonces, quitarles el poder a las minorías privilegiadas para dárselo a las mayorías pobres. Esto, si se hace rápidamente es lo esencial de una revolución, la revolución puede ser pacífica si las minorías no hacen resistencia violenta, la Revolución, por lo tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe, que cumpla con las obras de caridad, de amor al prójimo no solamente en forma ocasional y transitoria, no solamente para unos pocos sino para la mayoría de nuestros prójimos”.

Y como no es difícil deducirlo el alboroto estalló, el negacionismo sobre la situación del país, que Camilo denunciaba, y que trascendió las fronteras, lo convirtió en un réprobo para las élites económicas, políticas y eclesiásticas, marcadamente ultramontanas, que veían en la unión de los conceptos de amor eficaz y revolución una amenaza sin antecedentes.

La plutocracia colombiana, que denunciara Gaitán, puede definirse orgánicamente como mediocre, en el sentido que definiera la mediocridad José Ingenieros, hasta el punto que tras doscientos años de dominación y con todas las ventajas a su favor no ha sido capaz de formar siquiera un individuo de sus filas con trascendencia en alguno de los campos de la creación humana. En Colombia, los grupos dominantes han logrado esterilizar los terrenos propicios para lo diferente, no hemos podido ver germinar figuras del talante de un José Martí o un José Carlos Mariátegui, por ejemplo, pues impermeabilizar la sociedad al cambio y la innovación ha sido una estrategia cultural de la dominación. Que un Santos, sobrino-nieto de otro Santos que gobernó hace setenta años, tenga como segundo al mando y heredero de su presidencia a un Lleras, nieto de otro Lleras, que a su vez había sido ministro de ese Santos y también heredero de la presidencia, es más que una anécdota o casi un trabalenguas, es un ejemplo viviente de una sociedad estancada en la que “no pasa nada”, porque 200 mil muertos, 25 mil desparecidos y cuatro millones de desplazados son nada para un grupo de privilegiados que ha logrado sustituir el conocimiento y la reflexión por astucia, crueldad y ausencia de escrúpulos.

 

“Socialismo práctico” y anti-dogmatismo

 

No cabe duda que Camilo entendió muy bien lo que enfrentaba, y su convencimiento de que los antagonismos de las élites en su disputa por el Estado abandonaban las características del pasado para asumir conscientemente el poder con un sentido moderno de clase, lo lleva a propugnar por la creación de un bloque que desde lo popular enfrente la nueva situación. Creía firmemente que la unidad de los grupos subordinados podía alcanzase sobre la base de una plataforma de mínimos, a los que no podría negarse ningún amigo de una sociedad mejor, y acuñó el término de “socialismo práctico” para ese conjunto de mínimos, que es muy cercano a la defensa de lo que la jurisprudencia considera derechos positivos. Eso, consideraba el sacerdote rebelde, debería evitar las discusiones bizantinas entre los amigos del cambio, así como orillar los dogmatismos; sin embargo, no fue así, pues al final la afición por la retórica impuso sus condiciones.

Corresponde, entonces, a los jóvenes desenterrar las ideas y el ejemplo de uno de los muy escasos líderes políticos que en nuestro país aunó visión de cambio, acción política y entereza; desentierro que debe hacerse con mirada crítica y aguda pero sin dogmatismos. Que no haya paz ni olvido para la figura de Camilo, sino agitación y trabajo creativo; que el descanso venga cuando la tarea de construir una sociedad mejor haya sido hecha, como era su deseo.

Pedagogías y metodologías de la educación popular “Se hace camino al andar”

“No nací marcado para ser un profesor;
así me fui haciendo de esta manera
en el cuerpo de las tramas, en la reflexión sobre la acción,
en la observación atenta de otras prácticas,
o de la práctica de otros sujetos,
en la lectura persistente y crítica de los textos teóricos,
no importa si estaba o no de acuerdo con ellos.
Es imposible practicar el estar siendo de ese modo
sin una apertura a los diferentes y a las diferencias
con quienes y con los cuales es posible que aprendamos”.

Política y educación, Paulo Freire

Jueves, 26 Noviembre 2015 11:20

La calle del destiempo

Calle 53 - Bogotá

Sucede en Bogotá, que en Colombia es la capital del capital: árboles plásticos con iluminación navideña, muñecos rojos con barba blanca que recuerdan que llega el final de año, pesebres, guirnaldas que cuelgan por aquí y por allá, y otras decoraciones que llenan vitrinas pretendiendo llamar la atención –y atrapar– al desprevenido peatón que recorre la calle 53, entre carreras 17 y 20. Buscan su bolsillo.

 

Como si habitáramos en otros territorios y sociedades, colonizados por una identidad de no sé dónde y no sé qué, que nos deja descuadernados, esa decoración, acompañada de los techos "cubiertos de nieve", disputa espacio a las calabazas y otros objetos similares que atraen la atención sobre la llamada "fiesta de los niños", ahora también transformada sin recato alguno para muchos adultos en "fiesta de disfraces", la misma que en otros países con mejor memoria festeja la efemérides que los acerca a sus difuntos, a todos aquellos que los han dejado para "pasar a mejor vida", según el decir popular.

 

Sin apenas poder despertar ante lo que ve, el peatón cierra y abre una y otra vez sus ojos. ¡Pero si apenas es octubre!, tal vez atina a responderse así mismo el aturdido y desprevenido transeúnte, que por azar cruza las calles llenas de vitrinas surtidas con los objetos festivos de la época, que en esta ocasión como un acairós denota un exceso de prontitud, sin duda alguna potenciado por el afán de venta, de potenciar aquella sed de mercado y de consumo, sumo de la sociedad que vivimos. Cierre de un ciclo de 12 meses que pretende adelantar, y con ello despertar, un mayor afán de compras. Cierre del ciclo que también bulle por las dependencias oficiales donde pretenden acelerar, imaginado lo que no es, el cumplimiento de sus metas anuales; afanes, deseos y nostalgias que incluso llegan hasta los calabozos que llenan el país, donde los presos sienten caer sobre ellos con mayor peso el dolor de la ausencia de los suyos, con quienes desearía gozar y reir.

 

Con asombro, mirando vitrinas, el desprevenido que enruta su andar por este barrio de la alcaldía de Teusaquillo, lo asalta sin darle oportunidad alguna la pregunta por el tiempo que vive, ¡pero si apenas es octubre!, tal vez atina a contestarse para sí mismo el aturdido transeúnte, sin caer en cuenta que el tiempo de ahora es el cronos impuesto por la veloz rueda del capital, la que circula cada vez con mayor velocidad, llevando de sus manos y garganta a toda una población de miles de millones que no atina a pisar el freno dispuesto ante sus manos y pies para tratar de controlar la dictadura de la mercancía, del dinero, del consumo desmedido que desde hace décadas ya no cuenta con el kairós necesario para poder gozar el 'preciado' objeto que en cada ocasión pretende llenar la sed de consumo de unos y otros.

 

¿Estaré en el túnel del tiempo?, no es para menos que este interrogante también llene por unos segundos el pensamiento de quien mira las vitrinas y se frota sus ojos, sin llegar a comprender lo que sucede, ¿acaso no es octubre? ¿por qué la calabaza, el disfraz, los recuerdos de brujas, junto al pesebre decembrino?

 

¿A dónde fue a parar el sentido de cada época? ¿En dónde reposa aquello que alguna vez fue denominado por un pueblo como identidad? Los interrogantes van llegando uno a uno, o en cascada, al cerebro de quien prosigue sus pasos sin dejar de mirar una y otra vitrina. Fiesta de niños, también de brujas, que en México y Ecuador es día de muertos –porque la muerte bien llegada también debería ser fiesta– recordándonos desde su saber que son pueblos con memoria, esa que tanto nos hace falta para buscar y encontrar a nuestros difuntos, regados por aquí y por allá por la mano criminal de un poder que no permite hacerles duelo.

 

Calle del destiempo. Decoraciones que simulan nieve cayendo de los techos, como evocando un deseo insulso de lo que no debe ser pues ese frío –con temperaturas bajo cero– nadie debería desearla, muchos menos quienes habitamos y gozamos de un territorio benevolente en sus temperaturas, donde por fortuna no suceden las llamadas estaciones, con las cuales en unas ocasiones llega la nieve y con ella el tremendo frío que no conocemos, el cual hace huir de su territorio a quienes lo habitan, en procura del trópico, estaciones que en otras jornadas lleva el termómetro a más de cuarenta grados, ahogándolos e inmovilizándolos, dejándolos pasmados como lagartija al sol.

 

Entre interrogantes y meditaciones, mirando el decorado que hace parecer estas calles de la capitalina Bogotá como escenario de un no sé que ni un no se sabe, calles sacadas de alguna película, se cae en cuenta que Aión, el tiempo de la poética y de la estética, tiempo subjetivo, del eterno estar y retornar, debería ser el que nos determinara, para con él poder volver al ritmo natural en nuestra cotidianidades, para que cada fiesta sea un motivo para gozar y compartir y no simplemente para embadudarnos de todo aquello que cada día es más evidente que ni satisface ni es útil.

 

¡Qué calles! ¡Qué tiempos los del destiempo! ¡Qué lleguen las fiestas, pero que las podamos gozar con toda libertad!

Publicado enEdición Nº219