Minga indígena y popular. Retos y aprendizajes: El sur occidente colombiano intenta poner freno al gobierno de Duque, ¿Lograrán sus objetivos?

En medio de asesinatos sistemáticos de líderes y lideresas sociales –226 durante el 2018 y alrededor de 30 en lo corrido del 2019–, reactivación del conflicto armado, políticas económicas, ambientales, sociales y militares que afectan la vida de millones de colombianos, el pueblo indígena nasa, en unión con organizaciones sociales del departamento del Cauca, dan un empujón para superar la somnolencia imperante en amplios sectores de la sociedad colombiana, y confrontar el gobierno de Iván Duque, ¿Qué le espera a la Minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz luego de más de 10 días de movilización? ¿Cuáles son las lecciones para las organizaciones y los movimientos sociales del país?


El domingo 10 de marzo miles de indígenas Nasa, agrupados en el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), acompañados por campesinos del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (Pupsoc), el Coordinador Nacional Agrario (CNA), y distintas organizaciones sociales, ambientales y populares de esta parte del país, decidieron darse cita en el resguardo “Las Mercedes” ubicado en la vereda “El Pital” del municipio de Caldono, Cauca, para dar inicio a la “Minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz”, tras el propósito de un diálogo político alrededor de temas fundamentales para el país con el gobierno encabezado por Iván Duque.

 


La movilización fue masiva y su peso se sintió de inmediato. Con anterioridad el Cric había invitado al gobierno nacional ha llegar a este sitio para entablar el diálogo y la negociación pretendida. Tras dos días de espera, el 12 de marzo, ante más de 15 mil personas, llegó la ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez, el comisionado de paz, Miguel Ceballos, el ministro de agricultura, Andrés Valencia, y otros funcionarios, con quienes se instaló una mesa de diálogo para acordar la agenda de trabajo con el presidente.


Terminada la agenda, sin el logro de acuerdos claros, que se cumplan –sin vivir los incumplimientos que hoy resaltan en infinidad de agendas firmadas en otras Mingas– en tanto comprometen a todo el gobierno, cuya cabeza se niega a dialogar en directo con las comunidades, y firmar los compromisos a que de lugar, la comunidad allí reunida insiste en la demanda de que el Presidente asuma con su presencia la negociación. Un reiterado no, es lo único que obtienen. Ante tal reiteración deciden cerrar La Panamericana (vía principal que conecta el sur del país). El peso de su decisión empieza a sentirse casi de inmediato, con la larga fila de camiones, buses y automotores que a lo largo de kilómetros, y en ambas direcciones, congestionan la autopista.

La respuesta que llega desde Bogotá es la misma de siempre: represión. El Esmad entra con toda fuerza a reprimir, pero los miles allí reunidos resisten. Los primeros choques dejan ahogados, algunos contusos menores, y la vía en igual situación.


Mientras esto sucede, delegaciones de otros pueblos indígenas y de otras organizaciones sociales llegan al sitio de concentración y potencian la Minga, entre ellas delegaciones de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), del Comité de Integración del Macizo Colombiano (Cima), del Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec), del Consejo Regional Indígena del Huila (Crihu) y otros cabildos del Valle del Cauca.


¿Cuáles son los temas de diálogo que plantea la Minga?


Para las organizaciones actoras de esta Minga, la agenda de diálogo político con Iván Duque debe tocar múltiples aspectos, enmarcados ellos en cuestiones sectoriales, regionales y coyunturales de la realidad del país, entre ellos: derechos humanos (desmonte del paramilitarismo, atención y respuesta sobre los cientos de líderes y lideresas sociales asesinados y amenazados, reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, entre algunos de los ítems que integran este subpunto). Del mismo modo está la bandera ambiental (modelo de desarrollo actual y las políticas que afectan los páramos y zonas estratégicas de aguas en el país, la ley Zidres, el uso de glifosato y el modelo extractivo minero energético que da vía libre al Fracking en Colombia; respuesta al crimen ambiental del Río Cauca con Hidroituango, entre otras).


En cuanto a temas sociales, resaltan: el del Plan Nacional de Desarrollo, Código de Policía, la ley de financiamiento (reforma tributaria), incumplimiento a la implementación de los acuerdos firmados con las Farc, las objeciones a la Jurisdicción Especial para la Paz. De igual manera está la exigencia del cumplimiento del decreto 1811 de 2017, que fija mecanismos para el cumplimiento de alrededor de 1.500 acuerdos y renegociaciones entre los pueblos indígenas del Cauca con el Estado y que han sido incumplidos, los que a la fecha suman 3,6 billones de pesos para ser implementados y que comprenden temas de salud, educación, compra de tierras y otros.

 

 


La agenda es integral, y ante la misma el establecimiento se escuda en que las propuestas de discusión de la Minga no son de su competencia, pues para ello existe el Congreso de la República como el lugar para dar y posicionar estas discusiones; sostiene, asimismo, que los indígenas confunden sus peticiones con su ideología; se escuda el Gobierno, además, en que las exigencias de los indígenas ya están saldadas en el Plan Nacional de Desarrollo donde hay comprometido un presupuesto de 10 billones de pesos para ellos y por ejecutar durante los próximos cuatro años. Tema que increpan los indígenas al indicar que el engaño a la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos indígenas es lo realmente realizado por el Gobierno, toda vez que en el presupuesto presentado por éste al Congreso los referidos 10 billones no tienen asignación presupuestal, por lo que están agregados en anexos, lo que quiere decir que son opcionales para su ejecución e implementación.


Tratamiento de guerra a la movilización social


La respuesta de Duque luego de su negativa a desplazarse hasta el Cauca para dialogar fue enviar al Escuadrón Móvil Anti Disturbios (Esmad), Escuadrón Móvil de Carabineros (Emcar), Policía Nacional y Ejército; helicópteros, gases lacrimógenos, papas bomba, tiros recalzados, disparos y ráfagas de fusil son los principales “negociadores” del Gobierno.

 

 


Ante tales “negociadores”, la vía Panamericana se transformó en el escenario de prolongados enfrentamientos entre el Gobierno y la Minga. Desde la madrugada de cada día comienza la pugna por el control de la vía, y cada día que pasa el escenario se pone más complicado pues ya son varios los heridos con armas no convencionales y de fuego. Aún no hay un reporte oficial de heridos, pese a que todo subió de tono con la muerte del policía Boris Alexander Benítez –adscrito al Esmad–, quien perdió la vida, según el Gobierno, producto de disparos realizados por disidencias de las Farc.


Con este antecedente, y tomando en cuenta la larga experiencia de protestas sociales y las violentas respuestas desplegadas por el establecimiento, con procedimientos paramilitares tras bastidores, no es de extrañar que esta Minga, como otras, quede estigmatizada y/o criminalizada, justificando con ello procedimientos violentos que afecten la vida de sus protagonistas.


Retos y discusiones para el conjunto del movimiento social


Aunque es claro que esta movilización se presenta en medio de la parálisis social propiciada, entre otros factores, por la persistente política autoritaria y de terror que reina en Colombia, también lo es que esta Minga prende una chispa de aliento y esperanza para superar la atomización social, pero también el miedo producido por el prolongado desangre, procesándolo, haciéndolo consciente y, por tanto, precisando canales para superarlo.


Esta Minga, por tanto, factor positivo y luz en el horizonte, invita a una reflexión al interior de las organizaciones y movimientos sociales del país, la misma que debe ser concretada sin dilaciones.

 

 


¿Elecciones o vía armada? Esta es la vieja discusión sobre el quehacer político de organizaciones, movimientos y partidos, que generalmente enmarcan todas sus fuerzas en una u otra de estas dos formas de lucha, centrando todo su quehacer alrededor de la captura del poder, en un caso, y en otro en el ascenso al gobierno. En ambos casos el Estado es el referente central, y éste es quien determina la agenda política y las acciones de quienes pretenden confrontarlo. Las consecuencias de este dilema, y la concentración de fuerzas en una y otra opción, hoy muestran su desgaste y límite.


Por un lado, quienes optaron por las armas, militarizan la política y llevan a sus activos a concentrar todas sus energías en fortalecer el aparato militar. El poder es lo real, y ese poder descansa en las armas, en el potencial de fuego que cada día debe ser mayor. Disciplina y acriticidad se imponen. Todo cuestionamiento puede terminar en un debate de fuerza y no de razones. El respeto al mando no permite el debate libre y desprevenido, por lo cual el aparato termina primando sobre la realidad, es decir, sobre el mismo entorno que pretende transformar.


En estas circunstancias, el accionar social termina condicionado o determinado por el facto fundamental –el armado–, lo que finalmente desnaturalizar la autonomía y el potencial y alcance de la protesta social.


En la lógica armada, tras el poder, por una parte (los insurgentes), y su protección, por otra (el establecimiento), se impone una lógica de acción-reacción, que no tiene límite: el Estado incrementa su aparato y accionar militar, y la contraparte no puede quedarse atrás, adquiriendo más poder de fuego y alistando más integrantes a sus filas, no importa su real consciencia de clase ni la comprensión profunda de lo que hacen y para qué lo hacen. Al final, lo que se tiene es tropa –quien haga y obedezca– pero pocos liderazgos con capacidad de Estado. No es extraño, por tanto, que ocurran desmanes, irrespeto a las decisiones de la comunidad, y que se imponga una moral y ética que no corresponden al sueño de un cambio profundo de las estructuras sociales.


Mientras esto sucede en el/los proyecto/s armado/s, quienes optan por lo electoral no recorren caminos muy diferentes, ya que todo el esfuerzo de sus organizaciones –del conjunto de su militancia– está enfocado a fortalecer la capacidad del aparato, en este caso para capturar votos. Parece una exageración, pero en este proceder político también todas las acciones de mediano plazo están predeterminadas: las elecciones, lo que termina por determinar y someter la acción social, pues más allá de sus particularidades y afanes deben garantizar el mejor resultado electoral posible.


Es una deformación de la acción política que lleva al extremo de romper las dinámicas sociales, a determinar sus ritmos, a tal punto que entre elección y elección –en época fría– con participación directa y dinámica de las comunidades las agendas de lucha social ganan tono, pero una vez llega la coyuntura electoral lo que se traía queda a un lado para poder atender la coyuntura proveniente desde el establecimiento, la misma que, supuestamente, lleva al máximo la “participación social” y, con ella, la “vida democrática”. Sin duda, todo un contrasentido.


El paso del tiempo, y las experiencias vividas en distintas partes del mundo, parecen confirmar que entre estas dos formas de lucha, al final, en su más estrictas pretensiones y procederes, no existe mucha diferencia. La captura del poder y el ascenso al gobierno, sin el debido alzamiento social, el cual debe mantenerse siempre como parte sustancial de una transformación cultural que rompa de base la razón capitalista, que rompa el Estado y el mismo gobierno, termina en lo mismo: la reconstrucción capitalista.


¿Dónde está la democracia y el poder? Con frecuencia se dice que el poder está en las calles, que es la sociedad la base fundamental de la democracia, sin embargo todo este discurso queda cuestionado cuando las acciones demuestran que la visión del poder y democracia dominantes giran en torno a las instituciones estatales, haciendo el juego a lógica de los funcionarios gubernamentales que dejan claro que “las discusiones que plantea la Minga son asuntos formales que se discuten en el Congreso de la República”.


Es una lógica no consciente pero sí producto de esa lógica de la política que pone a girar todo alrededor del Estado y el gobierno, sin preocuparse, de manera debida, por la construcción de un contrapoder que garantice autonomía a las comunidades. Desmontar esta lógica, es desestructurar la idea que el poder es el aparato –cualquiera sea– y no la misma comunidad. No hay que olvidar que el Estado es una construcción social, y así como nació así también puede –debe– morir.


Proceder dominante que no significa que a pesar de hacer contrapoder las comunidades y las organizaciones que las representen no puedan entablar periodos de negociación con el establecimiento, pero tal dinámica no es el centro de su accionar, que sí lo es la defensa y el cultivo de la vida, de lo cual no sabe el Estado ni el gobierno, artífices de la muerte –en toda la extensión de tal significado: agrotóxicos, latifundio, fracking, imposición, cárcel, etcétera.
Tal vez, de así proceder, logre romperse el círculo poco virtuoso que maniata a los movimientos sociales: movilización-negociación-incumplimiento-movilización-renegociación-incumplimiento, lo que es igual a centrar todas las fuerzas en el poder, el aparato y lo que él mismo pueda resolver, cuando la misma historia muestra que son las propias comunidades las que han construido y resuelto lo básico de todo aquello que les garantiza la vida: vivienda, sembrados, trazados de calles, protección de fuentes de agua, construcción de centros de salud, etcétera.


Estamos, por tanto, ante el reto de observar en profundidad lo realizado en el largo plazo como comunidades para resolver la vida, y las limitantes en que caemos cuando nos preguntamos por el Estado y el poder en su forma clásica. Romper esta visión invita a valorar el potencial que concentra y significa cada comunidad cuando se identifica como tal, abordando el mismo reto de la democracia, más allá de lo formal –electoral– para reivindicarla como el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

 


Un reto que implica tejer lazos de acción entre diferentes grupos humanos y comunidades, para ir más allá del entorno donde cada una se ubica, a la par de construir entre todas y todos, producto del intercambio de ideas siempre abierto, el sentido de la vida por el cual propugnamos.


Es una estructuración-desestructuración de lo que hemos entendido por política, poder, Estado, gobierno, sociedad, etcétera, que no se logra de la noche a la mañana; es un proceso que tomará un largo tiempo, más largo aún si postergamos los primeros ejercicios en tal dirección.


Toca por ahora, revisando la agenda social que por estos días ha tomado curso en el país, cuestionarnos por qué no logramos articular de manera dinámica las múltiples agendas de los actores sociales. Es el caso del paro que también tuvo como epicentro al Cauca, en esta ocasión en cabeza de la Asociación de educadores del Cauca (Asoinca) y de la “Mesa de derechos humanos en defensa de la vida y el territorio”, con participación de los campesinos de esta parte del país reunidos en la Anuc, que desde el 25 de febrero y hasta al 9 de marzo hicieron sentir su protesta con un paro, producto del cual lograron un acuerdo sobre agricultura, tierras, vivienda urbana-rural y temas centrales para la organización sindical.


Así mismo, en las ciudades se plantearon jornadas de velatón el 6 de marzo, y los días 12 y 18 de marzo se realizaron marchas para defender la JEP; los días 19 y 20 de marzo los maestros de Fecode salieron nuevamente a las calles en un paro de 48 horas y para el 25 de abril se tiene proyectada una jornada de paro nacional a la que seguramente no asistirán los que hoy o ayer se movilizaron.


Son las realidades de una acción política desarticulada, y sin una agenda común, dependiente de una visión tradicional sobre el poder, en todas sus variables, como producto, también, de disparidad de visiones sobre el qué y cómo hacer.


Estamos ante retos mayúsculos. Las exigencias y debates que plantea la Minga tocan temas profundos del país que sin el apoyo de la mayoría nacional quedan limitados y sesgados. Resalta de ello que los movimientos sociales tienen un reto ante sí: lograr construir una respuesta que convoque y aglutine al país nacional, para el aquí y el ahora, como para el mañana, de manera horizontal, honesta, sin amarres, pedagógica, con metodologías de encuentro que hagan sentir que vale la pena estar ahí, donde se discutan los problemas y se vislumbren las soluciones para la vida digna en Colombia, y de esta manera superar esta realidad caótica que ahoga cada día a millones de connacionales.


El debate y la discusión están abiertos, ¿Cómo superar esta atomización?


Fuentes consultadas
https://www.youtube.com/watch?v=Qle2CP6Xn2M
http://www.asoinca.com/circulares/504-circular-281-historica-huelga-mesa-de-derechos-humanos-en-defensa-de-la-vida-y-el-territorio
https://www.lafm.com.co/colombia/nancy-patricia-gutierrez-dice-que-indigenas-confunden-sus-peticiones-con-sus-ideologias?fbclid=IwAR1RcQpquYVDqrygcOsz2jCF_9OGw6gWXAGegdUHilScGva1MaapCgp_Npg
https://nasaacin.org/en-que-consiste-la-minga-social-que-se-realiza-en-el-suroccidente-colombiano/
https://nasaacin.org/pronunciamiento-aclaratorio-frente-a-los-medios-de-comunicacion/
https://www.semana.com/nacion/articulo/cuanto-vale-el-paro-indigena-del-cauca/605491
https://colombia2020.elespectador.com/territorio/la-minga-indigena-le-responde-al-presidente-duque
https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/2855-tratamiento-militar-a-la-minga-social-del-suroccidente
https://www.cric-colombia.org/portal/comunicado-a-la-opinion-publica-nacional-e-internacional-ante-ataques-indiscriminados-del-esmad-emcar-y-ejercito-nacional-contra-comuneros-as-de-la-minga-por-la-defensa-de-la-vida-el-territorio-la/
https://www.semana.com/nacion/articulo/paro-indigena-en-el-cauca-ya-causo-un-muerto-y-seis-heridos/606103

 


 

Cuadro

 

Comunicado a la opinión pública nacional e internacional ante la masacre de la guardia indígena en Dagua Valle


21 marzo, 2019

Los pueblos indígenas, organizaciones sociales, procesos populares del sur occidente colombiano concentrados en territorio ancestral de Sa’th Tama Kiwe en el Pital, Caldono, Departamento del Cauca que participan de la Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz

 

DENUNCIAMOS.

 

Ante la opinión pública nacional e internacional, defensores y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, y ante la comunidad en general, que hoy 21 de marzo de 2019 se ha presentado una masacre que deja ocho guardias indígenas fallecidos y cuatro gravemente heridos, los cuales estaban encargados de la adecuación logística para sumarse a la movilización que se adelanta en el sur occidente colombiano en el sector de la Delfina.

Teniendo en cuenta que el sitio de la Delfina era pequeño para atender a más de cinco mil indígenas que iban a llegar, las autoridades decidieron buscar otro espacio en el corregimiento de Juntas, resguardo indígena de Papitas municipio de Dagua.

En este lugar se realizó el trabajo logístico, una vez terminada las labores de adecuación del sitio, la guarida se encontraba descansando dentro de una casa cuando minutos después ocurrió una explosión aproximadamente a las 3:00 de la tarde. Según el consejero de Derechos Humanos de la ORIVAC manifestó que “presuntamente una persona lanzó un artefacto explosivo, causando la muerte de ocho guardias indígenas y dejando gravemente heridos a tres de los guardias pertenecientes al pueblo Waunan, Nasa y Embera”.

En estos momentos la comisión de derechos humanos de ORIVAC, Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC y organismos internacionales están en el ejercicio de verificación para identificar los cuerpos y determinar la cantidad de daños causados en materiales.

Por lo anterior, se exige al Gobierno Nacional que atienda e investigue estos lamentables hechos acaecidos en medio de la movilización y acate los estándares en el marco internacional de los derechos humanos, para garantizar el ejercicio del derecho fundamental a la protesta pacífica contenido en nuestra Constitución Política y en tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos y que protegen los derechos de los pueblos indígenas.

Hacemos un llamado a los organismos defensores de DD.HH. nacionales e internacionales, al Alto Comisionado para los DD.HH. de la ONU, a la Comisión Interamericana de DD.HH., a la Misión de Verificación de la ONU, a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, a la Comisión Nacional de DD.HH. del Senado de la República, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación, para que, en el marco de sus funciones y competencias acompañen a las comunidades y familias afectadas por este hecho que enluta la Minga social del Sur Occidente Colombiano, enviamos un mensaje de solidaridad a nuestros hermanos indígenas, familiares y organización indígena ORIVAC en estos momentos difíciles.

 

Pueblos indígenas, organizaciones sociales y procesos populares

Minga suroccidente colombiano

 

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El gobierno de Macron, en la encerrona amarilla

Los meses pasan y el presidente francés Emmanuel Macron no termina de salir de la pesadilla política e institucional que surgió en noviembre de 2018 cuando estallaron las primeras manifestaciones de los chalecos amarillos. Sábado tras sábado, con mayor o menor éxito, la ola amarilla no se disuelve. El Ejecutivo empezó a respirar con alivio durante las últimas semanas cuando se notó claramente que la movilización amarilla perdía su fuerza. Pero este fin de semana la convergencia en la Avenida de los Campos Elíseos entre los chalecos amarillos y los llamados “black bloc” derivó en un nuevo episodio de escenas de violencia y destrozos espectaculares cuyos objetivos fueron los símbolos de la riqueza ostentativa: los grupos de violentos aprovecharon la manifestación de los chalecos para saquear y destruir uno de los emblemas mundiales de la opulencia y el signo distintivo de los Campos Elíseos, el restaurant Le Fouquet’s. También arremetieron contra el local central de Hugo Boss, un banco, Lacoste, Nespresso, Foot Locker, Longchamp o Zara. La gran Avenida donde se concentran los comercios más caros del planeta atraviesa uno de los barrios más acomodados de la capital francesa. Desde el principio de las manifestaciones, los chalecos amarillos hicieron de esa exquisita zona urbana su plato de resistencia. El 24 de noviembre y el primero de diciembre de 2018 hasta el Arco de Triunfo y su Tumba del Soldado desconocido fueron saqueados. El impacto de las últimas imágenes ha sido enorme y el gobierno tuvo que salir a apagar el incendio político que se le venía encima por su incapacidad de mantener el orden público. El Primer Ministro francés, Édouard Philippe, anunció que, en adelante, las manifestaciones en el barrio y en la misma Avenida de los Campos Elíseos estaban prohibidas. Luego del anuncio cayó la primera cabeza: Philippe adelantó la destitución del Prefecto de París, Michel Delpuech. 

El Jefe del gobierno le reprochó a los responsables policiales que la “estrategia” que se había elaborado en la contención de los manifestantes esta vez no se aplicó “en condiciones satisfactorias”. El problema radica en que esas “condiciones satisfactorias” implican el uso reiterado de un arma represiva, el BLD, la cual, en estos cuatro meses de protestas, dejó decenas de personas mutiladas con ojos, pies y manos arrancadas por los proyectiles BLD. El poder traslada así su gestión aproximativa de esta crisis hacia la actuación de la policía. No queda alternativa: si reprime demasiado son unos salvajes, y si no lo hace no cumple con su deber. El uso desmedido de la fuerza por parte de las unidades policiales motivó incluso una advertencia de las Naciones Unidas. El pasado seis de marzo, La Comisaria de la ONU encargada de los Derechos Humanos, la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet, interpeló a las autoridades francesas para que se llevara a cabo una “investigación profunda sobre el uso excesivo de la fuerza”.


Toda la construcción política diseñada por la presidencia para salir de la crisis amarilla se vino abajo. El poder inventó un “debate nacional” entre los franceses durante el cual se debía discutir sobre los grandes problemas del país, entre ellos los planteados por los chalecos amarillos. Macron participó en persona y hasta la indigestión en esos debates transmitidos por la televisión. La receta pareció dar sus resultados. El “Presidente de los ricos” descendió a las arenas del pueblo al tiempo que, entre divisiones internas, cierto cansancio, infiltraciones radicales y violencia, los chalecos amarillos perdían su movimiento ascendente. Emmanuel Macron reencarnó en Francia el perfil de nuestro Domingo Faustino Sarmiento: “la espada, la pluma y la palabra”. Con la espada reprimió, con la pluma se dirigió a Francia para convocarla al debate y con la palabra instauró un diálogo con la sociedad. La invariable lógica que se instituyó en esta confrontación no varió y el gobierno vuelve a estar en la encerrona amarilla. Las manifestaciones nunca fueron extraordinariamente masivas pero si muy extendidas y violentas. El último fin de semana de vandalismos en los Campos Elíseos los Black Bloc se infiltraron entre los chalecos amarillos y repitieron las escenas que habían protagonizado el primer de mayo de 2018 en el distrito 5 de París cuando destruyeron un McDonald’s. Los Black Bloc están compuestos por activistas de la ultraizquierda y otras corrientes oriundas de horizontes políticos diversos. Aunque la gran mayoría de los chalecos amarillos no son ultra violentos, estos episodios tienen una doble consecuencia: al mismo tiempo que apuntan a la inoperancia del gobierno también empañan la imagen de los chalecos y los arrincona en el espacio público.


El poder no encuentra la salida, tanto más cuanto que, en lo esencial, no ha expuesto sus respuestas a la triple crisis que lo acecha: política, social e institucional. Ese es el diagnóstico que hacen todos los comentaristas, desde la derecha hasta la izquierda. En su último editorial, el vespertino liberal Le Monde escribió: “es la eficacia del Estado y de su jefe así como la de los poderes públicos la que está en tela de juicio”. Le Monde sugiere que, a partir de los chalecos amarillos, es “el mandato de Macron lo que está en suspenso”. Esa es la sensación que subsiste: la de una leve pero persistente sombra amarilla que perturba el sueño del gobernante, lo mantiene en “suspenso” sin que este acierte con la ventana que lo extraiga de la pesadilla.


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Los chalecos amarillos volvieron a copar París

Por decimosexto fin de semana, el movimiento de los chalecos amarillos volvió a marchar Francia en protesta contra las políticas económicas del presidente Emmanuel Macron. París ha sido el epicentro de la movilización, que tuvo réplicas en otras ciudades, como Lyon, Burdeos, Lille y Toulouse.

En la capital francesa, los manifestantes se concentraron en puntos emblemáticos, como la Torre Eiffel y el Arco de Triunfo. Un fuerte cordón policial custodió la marcha, que se extendió por más de diez kilómetros, luego de los incidentes registrados en movilizaciones anteriores. Apenas hubo algunos roces con la Policía, durante la marcha en la que se reclamó la renuncia del presidente.


A diferencia de otras marchas anteriores, la de hoy no fue particularmente numerosa. Se estima que hubo unas 40 mil personas, lejos de las casi 300 mil que llegaron a marchar al comienzo de la protesta, en noviembre, cuando el gobierno de Macron implementó un fuerte aumento en los combustibles, que luego retrotrajo.


“Seguimos protestando todos los sábados porque Macron no responde en absoluto a las demandas de los chalecos amarillos. Queremos reconstruir nuestra democracia y cambiar el sistema político", dijo Sophie Tissier, coordinadora de la protesta en la capital francesa. "Macron es despectivo y ni siquiera trata de entender que hay personas que viven en total pobreza y que hay tantas desigualdades ", agregó sobre la lucha del movimiento.


Dentro de dos semanas culminará lo que Macron definió como “gran debate nacional”. Se trata de una iniciativa que el presidente lanzó el 15 de enero para acercar posiciones durante dos meses con el fin de “transformar la ira en soluciones”. Macron dio el puntapié con una reunión masiva con 600 alcaldes que le llevaron las quejas y las inquietudes de los ciudadanos. Así ha querido canalizar la crisis desatada hace cuatro meses.


Para los observadores, la marcha de hoy bien pudo haber servido de prólogo a una gran convocatoria dentro de dos semanas, cuando termine el debate propuesto por Macron. Ese día podría volver a verse una marea humana en las calles como al comienzo de las protestas.

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El pasado12 de febrero, en el Champ de Mars de Puerto Príncipe, un manifestante haitiano llevaba una bandera venezolana en solidaridad con la revolución bolivariana. La actual insurrección en Haití es consecuencia del hambre y la ira reinantes, pero también de la traición de Jovenel Moïse a Nicolás Maduro. Daniel Tercier, Haïti Liberté

Desde hace siete días* en Haití reina el caos. Los haitianos continúan sublevados en todo el país contra el presidente Jovenel Moïse para derrocarlo por su corrupción, su arroganciasus promesas incumplidas y sus descaradas mentiras. Pero la crisis no se solucionará con la renuncia de Moïse, que según parece es inminente.


La revolución de hoy día muestra claras señales de ser tan profunda e imparable como la que hace 33 años acabó con el régimen del dictador y playboy Jean-Claude “Baby Doc” Duvalier, cuya huída de Haití a bordo de un avión de carga C-130 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos el 7 de febrero de 1986 –después de dos meses de rebelión– en búsqueda de un exilio dorado en Francia fue el inicio de cinco años de revueltas populares.


A pesar de una feroz represión, las matanzas, unas falsas elecciones y tres golpes de Estado, esa rebelión culminó en la importante revolución política del 16 de diciembre de 1990, cuando el teólogo de la liberación y antiimperialista Jean-Bertrand Aristide fue elegido presidente abrumadoramente y después asumió el cargo el 7 de febrero de 1991, cuando declaró la “segunda independencia” de su país.


En un tiempo en que los sandinistas de Nicaragua y la Unión Soviética acababan de ser derrotados, el pueblo haitiano venció a la ingeniería electoral de Washington por primera vez en América latina después de la victoria de Salvador Allende en Chile, dos década antes. El ejemplo de Haití inspiró a un joven oficial del ejército de Venezuela, Hugo Chávez, quien adoptó el mismo guión y de ese modo dio inicio a una “marea izquierdista” de revoluciones políticas mediante triunfos electorales en Latinoamérica.


Así como Washington había alentado un golpe contra Aristide el 30 de septiembre de 1991, organizó otro similar contra Chávez el 11 de abril de 2002. Pero, en este caso, la jugada fue frustrada en dos días por el pueblo y por los soldados rasos el ejército regular de Venezuela.


A pesar de la victoria obtenida, Chávez comprendió que la revolución política de 1998 en Venezuela, que lo había llevado al poder, no podría sobrevivir sola, que la utilización por parte de Washington de su vasta maquinaria subversiva y económica desgastaría su proyecto de fundar un “socialismo del siglo XXI” en Venezuela y que para ello su revolución tendría que construir puentes que mostraran un ejemplo a sus vecinos latinoamericanos también dominados por el Tío Sam.


De este modo, utilizando la enorme riqueza del petróleo, Chávez empezó un experimento que no tenía precedentes: la Alianza PetroCaribe –lanzada en 2005– que acabó abarcando a 17 países de América Central e insulares del mar Caribe. Esta alianza aseguró derivados del petróleo a bajos precios a sus habitantes y fabulosas condiciones crediticias a los países miembros, lo que para ellos significó una importante ayuda económica en unos momentos en que el crudo se estaba vendiendo a 100 dólares el barril. En 2006, Washington castigó al pueblo haitiano por haber dado dos veces (en 1990 y 2000) su voto a Aristide con sendos golpes de Estado (en 1991 y 2004) y otras tantas ocupaciones militares con la aquiescencia de Naciones Unidas. El pueblo haitiano se las arregló para conseguir algo parecido a un empate eligiendo a René Préval (un antiguo aliado de Aristide) como presidente.


En la ceremonia de toma de posesión, el 14 de mayo de 2006, Préval ratificó el tratado del PetroCaribe lo que irritó sobremanera a Washington, como señaló Haïti Liberté en su informe de 2011 basado en cables diplomáticos secretos obtenidos por medio de WikiLeaks. Préval, después de dos años de intentos, finalmente consiguió que Venezuela le suministrara petróleo y le concediera crédito, pero Washington le advirtió de que también sería castigado. Tras el terremoto en Haití del 12 de enero de 2010, el Pentágono, el departamento de Estado y el por entonces jefe de la Comisión Provisional de Recuperación de Haití (IHRC, por sus siglas en inglés), Bill Clinton, junto con algunos lacayos de la elite haitiana,prácticamente se hicieron con el gobierno del país y en el proceso electoral –desde noviembre de 2010 a marzo de 2011– desplazaron al candidato presidencial de Préval, Jude Célestin, y colocaron a uno propio: Michel Martelly.


Entre 2011 y 2016, el grupo a las órdenes de Martelly procedió a malversar, malgastar y perder la mayor parte de los fondos del PetroCaribe, que fundamentalmente habían mantenido a flote a Haití desde su creación en 2008.


Además, Martelly usó ese dinero para ayudar a que su protegido Jovenel Moïse se hiciera con el poder en 7 de febrero de 2017. Desgraciadamente para Moïse (que llegó al poder al mismo tiempo que lo hacía Donald Trump), estaba a punto de convertirse en un daño colateral en la escalada bélica contra Venezuela.


Trump, rodeado de una pandilla de neocons anticomunistas, se apresuró a hostilizar a la república bolivariana imponiendo sanciones económicas de largo alcance al gobierno de Nicolás Maduro. Haití ya se había atrasado en los pagos que debía hacer a Venezuela, pero las sanciones de EEUU ha convertido la factura del petróleo de PetroCaribe en algo impagable (o al menos intentar una excusa aceptable); así, de hecho, la Alianza PetroCaribe acabó en octubre de 2017.


La vida en Haití, que ya era extremadamente difícil, ahora es prácticamente imposible. Cerrado el grifo del petróleo venezolano, el Fondo Monetario Internacional (FMI) le dijo a Jovenel que debía aumentar el precio del gas, y este intentó hacerlo el 6 de julio de 2018. El resultado fue un estallido popular que duró tres días; este fue el precursor de la revuelta actual.
Más o menos en ese mismo momento, un movimiento de masas empezó a preguntar qué había pasado con los 4.300 millones de dólares provenientes del petróleo venezolano que Haití había recibido en la década anterior: “Kot kòb PetroCaribe a?”, en la lengua criolla hablada en ese país (¿Dónde está el dinero del PetroCaribe?), era el grito de cada vez más miles de manifestantes. Se suponía que los fondos del PertoCaribe debían financiar la salud, la educación, la construcción y mantenimiento de las carreteras y otros proyectos sociales, pero la gente no veía que se hubiese cumplido nada de eso. Dos investigaciones del Senado realizadas en 2017 confirmaron que el dinero (el segundo informe hablaba de 1.700 millones de dólares) había sido desviado a los bolsillos de algunas personas.


Entonces, ¿cuál fue la gota que colmó el vaso? Fue la traición de Jovenel Moïse a los venezolanos después de su ejemplar solidaridad. El 10 de enero de 2019, en una votación realizada en la Organización de Estados Americanos (OEA), Haití votó a favor de una moción presentada por Washington que declara la “ilegitimidad” de Nicolás Maduro después de que él ganara en las elecciones de mayo de 2018 con más de dos tercios de los votos.


Los haitianos ya estaban enfadados por la corrupción desenfrenada, por la inflación y el desempleo disparados y frustrados después de años de promesas incumplidas y de humillación y violencia por parte de fuerzas armadas extranjeras. Pero esta espectacularmente cínica traición de Jovenel y sus compinches en un intento de ganarse el auxilio de Washington para que los rescatara de las hogueras que ardían detrás de ellos fue la gota que faltaba.


Sorprendido y paralizado por la falta de opciones –y sus propias disputas internas–, Washington está mirando con horror el previsible derrumbe de la corrompida construcción política y económica que había erigido en Haití en los últimos 28 años desde el primer golpe de Estado contra Aristide en 1991 hasta el reciente “golpe de Estado electoral que llevó a Jovenel al sillón presidencial en 2017.


Con toda seguridad, la embajada de EEUU está tratando febrilmente de improvisar una solución de emergencia con la ayuda de Naciones Unidas, la OEA, Brasil, Colombia y la elite haitiana. Pero es probable que los resultados no sean más perdurables que los conseguidos en los ochenta del siglo pasado.


Irónicamente, fue la solidaridad de Venezuela lo que aplazó durante una década el huracán político que hoy abisma a Haití.


Es adecuado destacar que la agresión estadounidense contra la revolución bolivariana de Venezuela ha dado origen a una cascada de consecuencias y reacciones no buscadas alimentadas por el profundo sentido de gratitud y reconocimiento de los haitianos por el socorro venezolano recibido; como Hugo Chávez y Nicolás Maduro han dicho a menudo, PetroCaribe fue la forma de “cancelar la deuda histórica que Venezuela tiene con el pueblo de Haití”

Por Kim Ives
Haïti Liberté

Traducción del inglés para Rebelión de Carlos Riba García

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* El original en inglés de esta nota fue publicado el 13 de febrero de 2019. (N. del T.)
Fuente: https://haitiliberte.com/haitis-unfolding-revolution-is-directly-linked-to-venezuelas/

Publicado enCrisis Venezuela
Viernes, 15 Febrero 2019 06:43

Paralizaron Puerto Príncipe

Paralizaron Puerto Príncipe

La capital permanece con las escuelas y los bancos cerrados, así como los negocios y las estaciones de combustibles, que temen más saqueos como los que se han producido en las protestas, en las que al menos nueve personas han muerto.

 

Haití entró ayer en su octavo día consecutivo de paralización y protestas en reclamo de la renuncia del presidente del país, Jovenel Moise, situación que está provocando pérdidas millonarias en diferentes sectores.


La capital del empobrecido país, Puerto Príncipe, sigue paralizada, con las escuelas y los bancos cerrados, así como los negocios y las estaciones de combustibles, que temen más saqueos como los que se han producido en estos días de protestas, en las que al menos nueve personas han muerto en los violentos disturbios.


En la exclusiva zona de Petionville, al sureste de la capital, algunos negocios se animaron este jueves a abrir sus puertas, pero el transporte público, al igual que en el resto de la capital, es prácticamente nulo, mientras la situación sigue deteriorándose.


Los 78 detenidos de la prisión de la ciudad de Aquin, una pequeña ciudad costera del sur de Haití, escaparon este martes, confirmó el portavoz de la policía nacional. Una investigación se inició para determinar las circunstancias precisas de la fuga. Según testigos, una manifestación contra el presidente Jovenel Moise se estaba realizando frente a la comisaría vecina al penal de Aquin, una ciudad de unos 100.000 habitantes.

Los promotores de las protestas anunciaron más movilizaciones para ayer, al tiempo que volvieron a rechazar cualquier tipo de conversaciones con el presidente Moise, quien permanece en silencio desde el sábado cuando hizo un llamado al diálogo. Las protestas, convocadas por el Sector Democrático y Popular, integrado por líderes de partidos de oposición y por grupos populares, se iniciaron el 7 de febrero, coincidiendo con el segundo aniversario de la llegada a la Presidencia de Moise, un empresario del sector banano que llegó al poder sin experiencia en la política.


Las manifestaciones, que han aumentado la inseguridad en esta nación caribeña y provocado un clima de caos e incertidumbre, se producen en medio de una severa crisis económica, que se agravó este año por una fuerte depreciación del gourde, la moneda oficial, y por la crisis de electricidad derivada de la escasez de gasolina.


La economía de Haití, donde más de la mitad de los 10 millones de habitantes sobrevive con menos de 2 dólares diarios, creció apenas 1,4 por ciento en 2018, una de las más bajas de la región y muy por debajo del 2,2 por ciento que se pronosticó a principios del pasado año y que después fue reducido al 1,8 por ciento. Los manifestantes también exigen justicia en las supuestas irregularidades en el programa Petrocaribe, a través del cual Venezuela suministra petróleo a este país a precios blandos.


Una auditoría presentada la semana pasada por el Tribunal de Cuentas reveló irregularidades entre 2008 y 2016 en este programa y señaló a 15 exministros y actuales funcionarios que están involucrados en este caso, así como una empresa que dirigía Moise antes de llegar a la Presidencia.


Por su parte el gobierno canadiense decidió ayer cerrar temporalmente su embajada en Puerto Príncipe frente a las protestas antigubernamentales que están sacudiendo las principales ciudades de Haití, en momentos en que un centenar de turistas de Quebec no pueden salir del país caribeño.


“Debido a la incertidumbre actual, la Embajada de Puerto Príncipe está cerrada hoy. Continuaremos evaluando la situación en los próximos días para garantizar que nuestros diplomáticos y sus familias estén a salvo”, sostuvo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá en un comunicado. Los nuevos enfrentamientos entre la policía y manifestantes opositores dejaron al menos un muerto el miércoles en Puerto Príncipe. Al menos siete personas perdieron la vida desde que comenzaron las protestas hace una. En medio de las protestas se registraron situaciones de violencia con armas de fuego y el bloqueo de varias carreteras por parte de manifestantes que instalaron barricadas.

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El presente no perdona: el gobierno Duque y los movimientos sociales

El primer semestre del gobierno Duque ha tenido a la protesta social como uno de sus protagonistas, en gran medida aunque no exclusivamente debido al paro universitario, que tras más de dos meses de movilización consiguió un acuerdo para mitigar la crisis de financiamiento de la educación superior pública. Los organizadores de esta protesta presentaron el acuerdo como una victoria. En efecto, este desenlace parcial es contraintuitivo si se tiene en cuenta el sesgo antiprotesta del gobierno, que se ha manifestado en iniciativas tendientes a “regular” este derecho y, sobre todo, en la exagerada criminalización y represión.

 

En el auge de la protesta convergen factores estructurantes del escenario político incluso desde el anterior gobierno, como el cierre del sistema político institucional y de la política electoral, cada vez percibidos como más corruptos, menos representativos e insuficientes para dar trámite a las demandas de distintos sectores sociales, aplazadas por décadas debido al conflicto armado pero ubicadas con fuerza en la agenda pública durante las negociaciones de paz. Sin embargo, quizás el principal elemento explicativo del ascenso de la protesta es la frustración de las reivindicaciones de transformación social y política, presentes tanto entre los votantes de Duque como entre los de sus opositores.

 

Los problemas del gobierno Duque no se explican principalmente por su falta de liderazgo o experiencia, como han advertido algunos analistas, sino por su carácter anacrónico: se trata de un gobierno que ha calcado sus marcos cognitivos y estrategias de lo que fueron los dos gobiernos de Uribe en un contexto radicalmente distinto.

 

La dominación por el espectáculo

 

En primer lugar, la dominación por el espectáculo: un modo de gobierno que apuesta por resolver los problemas reales del país a partir de cortinas de humo, para tapar un escándalo con otro, y de una estrategia de comunicación política que se esfuerza por vender una imagen popular del presidente. La frivolidad de Duque, quien ha tenido más tiempo para departir con personajes de la farándula, jugar pelota o cantar, que para dialogar con los estudiantes en paro o apoyar la agenda legislativa producto de la consulta anticorrupción, no es para nada accidental. Muy probablemente, si a Uribe se le hubiera dado hacer “cabecitas” con el balón o trovar, no lo recordaríamos tomando tinto encima de un caballo o nadando en un río.

 

La estrategia ha resultado ineficaz, no solo porque es una segunda parte mala, comedia más que tragedia, sino porque desde que se implementó a principios del gobierno Uribe el panorama ha cambiado: el expresidente se reeligió con mayorías y nunca tuvo una oposición con más de ocho millones de votos, lo que muestra que su liderazgo ha ido sufriendo un lento pero real descenso y que el actual gobierno no cuenta con el mismo respaldo.

 

Además, si bien el uribismo, y a su lado los sectores más retardatarios de las élites políticas y económicas, conservan el dominio de los medios de comunicación, fuentes alternativas casi inexistentes hace tres lustros, como las redes sociales virtuales, funcionan como un contrapeso muy relevante. La movilización social, el creciente descontento no son un asunto mediático: el panorama se ha transformado mucho desde cuando Uribe envió a cada uno de sus potenciales votantes una carta con los 100 puntos de gobierno, en 2002.

 

Aunque en general las redes funcionan como un terreno en disputa como cualquier otro, no es menos cierto que en muchos casos determinan la agenda informativa hasta el punto de que los medios de comunicación convencionales y tradicionales se ven obligados a replicar lo que sucede en las ellas. Medios de comunicación como RCN, anteriormente volcado totalmente a acompañar el gobierno Uribe, hoy experimenta su peor crisis. En fin, a juzgar por las encuestas, el fracaso de esta estrategia no solo ha dado por resultado un récord en lo que a la (im)popularidad de Duque se refiere sino que ha minado la del expresidente mentor.

 

Contrainsurgencia en tiempos de paz

 

Un segundo aspecto anacrónico del actual gobierno es su apuesta contrainsurgente, pues no solo es totalmente contraria a la implementación de los acuerdos de paz que la mayoría de la sociedad reclama, sino que le ha impedido hacer una lectura objetiva de la transformación experimentada en el escenario político después del acuerdo de paz.

 

Respecto de problemas como la protesta social, las garantías para la oposición y la implementación de los acuerdos de paz, el gobierno parece leer la realidad política en los mismos términos en que lo hacía la retórica justificatoria de la “seguridad democrática”: reactivando un imaginario contrainsurgente, la creencia en que existe un “enemigo interno” conspirando contra el orden social. Este imaginario tomó fuerza durante la campaña presidencial, cuando incluso líderes alternativos replicaron el discurso uribista en contra del “castrochavismo” representado por el candidato Gustavo Petro, y en la práctica significó una estigmatización a cualquier propuesta de cambio, especialmente si viene de la izquierda.

 

Ese hecho es comprensible si se tiene en cuenta que el uribismo debe su legitimidad a la guerra y, en consecuencia, necesita con urgencia reemplazar el enemigo absoluto que representó la guerrilla de las Farc. De ahí el retorno de una política antidrogas centrada en la represión, las amenazas tácitas y explícitas de guerra con Venezuela, el hecho de que más que programas para la construcción de la paz existan ambiciosos planes e inversiones militares y el sesgo anti-protesta.

 

Desde el comienzo del gobierno, tanto los discursos del Presidente como los del ministro de defensa se mostraron explícitamente contrarios a la protesta, reduciendo el ejercicio de un derecho constitucional a la generación de odio y desorden, a la afectación de terceros y acusando a las organizaciones de recibir financiación de “grupos armados”. De esa manera, el gobierno erigió la protesta en uno de esos enemigos con los que intenta usufructuar algo de legitimidad. En esta perspectiva debe entenderse el llamado a “regular” la protesta social, la exagerada represión que sufrió el paro universitario e incluso el hecho de que los asesinatos de líderes sociales (más de 30 en lo que va del gobierno) aun no se reconozcan como un problema “sistemático”.

 

Pedir una mayor “regulación” del derecho a la protesta en un contexto en donde repertorios de acción básicos como el bloqueo de vías están catalogados como conductas punibles, con altas penas y un amplio margen de interpretación que beneficia a las autoridades, solo puede catalogarse de absurdo. Esa misma consideración merece el argumento de que las protestas benefician a minorías en detrimento de los derechos de las mayorías, porque desconoce que cuando la protesta tiene lugar es debido a que determinados sectores sociales no tienen más recurso para hacerse oír, pero además está basado en una idea antiliberal de la democracia que no favorece los derechos de las minorías. Si se aceptara ese argumento, habría que prohibir o “regular” también los gremios que cabildean en función de sus intereses particulares. Pero el gobierno es consciente de que lo único que escapa a aquello que garantiza su gobernabilidad, la “mermelada”, es la protesta social y por eso hará todo lo que esté a su alcance para deslegitimarla y restringirla.

 

La escalada represiva

 

La guerra funcionó como un obstáculo insalvable para la representación de diversas reivindicaciones de resolución de los problemas estructurales que la desencadenaron –redistribución de la tierra, participación política, etc.-. Es lógico que una vez mermada la confrontación esas reivindicaciones emerjan y que lo hagan de la única manera que pueden hacerlo en un contexto de cierre del sistema político institucional: la protesta. Construir o consolidar la paz pasa necesariamente por garantizar el derecho a la protesta social, precisamente como una vía para la resolución de dichos problemas estructurales que estuvieron en la raíz de la guerra. Por esa razón, un tercer anacronismo del gobierno Duque es la descomunal represión que ha demostrado frente a la protesta, en particular frente al paro universitario.

 

Las marchas estudiantiles fueron tratadas como si fueran actos de guerra y como si sus participantes fueran insurgentes, más que ciudadanos ejerciendo un derecho. No solo fueron contrarrestadas con todo el poder de fuego del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), que dejó una cantidad no determinada de heridos, entre ellos tres estudiantes que perdieron uno de sus ojos cada uno por causa de lo que solo puede calificarse de sevicia en el uso de las armas “de letalidad reducida”, sino que incluso fueron infiltradas por agentes de la Policía no uniformados, como si en realidad representaran una amenaza para la seguridad del Estado y el orden social. Si bien es cierto que el Esmad ya antes ha demostrado que no es un cuerpo para garantizar derechos sino para conculcarlos a la fuerza, en esta coyuntura la represión está totalmente articulada a la estigmatización de la protesta y al retorno del discurso contrainsurgente en el alto gobierno.

 

La desproporción con la que se trató la movilización universitaria no habría sido notoria de no ser por la apuesta explícita de las organizaciones estudiantiles por las manifestaciones sin violencia y los repertorios de acción lúdicos y expresivos. Inicialmente, se retomaron repertorios exitosos en la movilización de 2011 como los abrazos y la entrega de flores a los policías, apostando por evitar así la represión. El 24 de octubre de 2011 el abrazo espontáneo de policías por parte de estudiantes en una manifestación en la Plaza de Bolívar de Bogotá, sorprendió tanto a la Policía como a los medios de comunicación, hasta el punto de que la revista Semana incluyó como su portada una fotografía del suceso, y contribuyó a afincar la legitimidad y el respaldo social al movimiento estudiantil.

 

En contraste, lo que demuestra la represión en 2018 es que tanto la policía como los medios aprendieron la lección: una vez que fracasó la treta de negociar con los rectores, con la que el gobierno pretendió desactivar la movilización, se incrementó notablemente la represión y en los medios predominó el “vandalismo” y los “disturbios”, que por lo demás son ocasionados por la intervención violenta de la fuerza pública, en lugar de la información de fondo sobre las protestas y sus reivindicaciones. De manera que, si se pudiera extraer una lección para los movimientos sociales sería la necesidad de innovar en los repertorios de acción para hacer frente a la represión, cosa que no es nada fácil pues muchas veces –incluyendo el abrazo a los policías- resulta más de la espontaneidad que de la planeación estratégica.

 

Horizontes despejados

 

A corto plazo los costos para la protesta social en términos de represión no se van a reducir. Sin embargo, no es muy probable que las movilizaciones disminuyan. Paradójicamente, su disminución está en función de la capacidad que tenga el gobierno Duque para regresar al presente y reconocer los aspectos estructurantes del contexto político posterior al acuerdo de paz.

 

En la medida en que el gobierno insista, como lo ha hecho, en “volver trizas” los acuerdos de paz y en ese empeño cuente con el respaldo de la mayoría de la clase política, dejará como única alternativa para escuchar la voz de los excluidos a la protesta. Lo más probable es que la moderación de Duque llegue por la vía de la desarticulación de su coalición inicial, debido al carácter escaso de la “mermelada” con que está pegada. Pero en ese caso abriría oportunidades políticas para los movimientos sociales, que tendrían más posibilidades de encontrar aliados en el terreno social o en el político.

 

En el auge de la protesta social confluyen vectores estructurales que tarde o temprano requerirán una respuesta más allá de la represión. En el terreno sociopolítico, han salido a flote, para no sumergirse nuevamente, demandas bloqueadas durante medio siglo a causa de la guerra y que no se limitan a la implementación de los acuerdos, aunque eso puede en última instancia articularlas. La creciente desigualdad, que ubica al país en los primeros lugares del ranking hemisférico, no va a resolverse a punta de “economía naranja” o reformas tributarias regresivas. Los conflictos socioambientales tampoco se van a resolver restringiendo los mecanismos de participación y consulta a las comunidades afectadas.


Pero sobre todo existe una población mayoritariamente joven que ha empezado a experimentar una frustración ante la falta de alternativas vitales. En efecto, el 68,3 por ciento de la población del país se ubica en el rango de edades entre 15 y 64 años. Como ocurre en el campo de los movimientos sociales, la franja más joven intenta tomar el relevo generacional en los distintos ámbitos, pero se encuentran con bloqueos de distinto tipo y falta de oportunidades para desarrollar sus capacidades. Para no ir más lejos, Duque hizo campaña ofreciendo un relevo generacional que no se ve por ningún lado. Tampoco es casual que en esta coyuntura la mayor fortaleza la haya demostrado el movimiento universitario.

 

El desafío para los movimientos será armonizar el descontento social que producen esos vectores estructurales con la esfera política. Como es bien sabido, las organizaciones de los movimientos sociales tienen fuertes vínculos con organizaciones políticas y partidos de izquierda. Por esa razón, las competencias electorales y la división de los actores políticos que conllevan siempre se han traducido en la desarticulación de los movimientos sociales. El escenario ideal sería una articulación de los esfuerzos en los dos ámbitos, el social y el político propiamente dicho, pero incluso evitar que los movimientos sociales se desestructuren en función de las disputas partidistas y electorales puede crear los espacios y los incentivos para que los problemas sociales mencionados se expresen por vía de la protesta.

 

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Publicado enEdición Nº253
Domingo, 27 Enero 2019 06:13

El debate oficial no canalizó la rabia

El debate oficial no canalizó la rabia

La jornada número XI los tomó ya divididos, algunos tentados por la acción política tradicional y la idea ya asumida de presentar una lista para las elecciones europeas de mayo próximo, otros alejados del núcleo del movimiento.

 Ocuparon un día y un color: el sábado y el amarillo. Fueron llenando puntualmente el espacio público en ese día y con ese color hasta la jornada número XI. El movimiento de los chalecos amarillos volvió a desplegar este sábado su emblema y su protesta en varias ciudades de Francia: sobre todo París, Toulouse, Burdeos. Durante las fiestas de Navidad y fin de año, la movilización decayó para recuperar su pujanza el 5 de enero –50 mil manifestantes, luego el 12 y el 19 con cerca de 90 mil personas que salieron a la calle según las cifras oficiales–. La jornada número XI los tomó ya divididos, algunos tentados por la acción política tradicional y la idea ya asumida de presentar una lista para las elecciones europeas de mayo próximo, otros alejados del núcleo del movimiento y todos bajo los lentos efectos anestésicos del debate nacional organizado por el presidente Emmanuel Macron en torno a unas 30 preguntas divididas cuatro temas: poder adquisitivo, fiscalidad, democracia y medio ambiente. El debate tiene como objetivo desactivar esta gran crisis política y social. Con todo, la determinación permanece en pie. El debate nacional no canalizó la rabia popular y este fin de semana los chalecos amarillos cubrieron las calles con cerca de 70 mil personas. La represión fue feroz. En la Plaza de la República donde debía llevarse a cabo “la noche amarilla” había más policías que manifestantes. Llovieron los palos y los gases lacrimógenos para impedir que la noche parisina se vistiera de amarillo. 

Varios incidentes de cierta seriedad empañaron la marcha en la capital francesa. Grupos de fachos salieron al encuentro de algunas columnas amarillas. En la Plaza de la Bastilla, el ambiente era una mezcla muy extraña de gente caminando tranquila con sus hijos, otros que hacían compras, un montón de turistas de todas las nacionalidades que acudieron a la Bastilla para ver y filmar a los chalecos con sus teléfonos y chalecos amarillos desplegados en la Plaza en medio de varios ejércitos de policías antimotines. Los gritos “Macron Demisión”, los gases lacrimógenos y los proyectiles lanzados desde uno y otro bando volvieron a ser el ingrediente común. Los enfrentamientos dejaron varios heridos graves, entre ellos una de las figuras de los chalecos amarillos, Jérôme Rodrigues, herido en un ojo. Todas las historias comunes a media humanidad daban vueltas alrededor de la Plaza de la Bastilla. Gente que no llega a fin de mes, otros que no pueden pagar la luz o el gas, jubilados que apenas sobreviven con su pensión y matrimonios torturados por un banquero a causa de un descubierto de 150 euros. El acoso y la destrucción cotidiana del liberalismo opresor contra los más vulnerables. La rutina demoledora de un sistema infectado que se venga con los más frágiles lo que le perdona y regala a los poderosos y acomodados.


Ahora, el tema del futuro del movimiento se plantea como nunca en un momento en que las contra manifestaciones organizadas por las “pañuelos rojos” toman también la calle en defensa de Emmanuel Macron. Una de las figuras iniciales de los chalecos amarillos, Ingrid Levavasseur, decidió integrar una lista electoral amarilla de cara a las elecciones europeas de este año. Ello provocó un cisma dentro de un grupo que no se hace ninguna ilusión con los encantos desiguales de la democracia representativa. Los encontronazos a los que dio lugar el ingreso en el repudiado espacio político tradicional de Ingrid Levavasseur traducen las dos corrientes que fracturan hoy al movimiento: por un lado están quienes no renuncian a derrocar al gobierno en la calle con la repetición de las manifestaciones y mantienen una desconfianza radical hacia los representantes políticos: por el otro, los moderados. Este sector está convencido de que no se debe dejar flotando en el vacío todo e capital acumulado por los chalecos amarillos y que estos deben imperativamente comprometerse en el campo político. Uno de los líderes de los chalecos, Maxime Nicolle, alias Fly Rider, impugnó la candidatura de Levavasseur, a la que calificó de “traición”. Según Fly Rider, competir en “las elecciones europeas equivale a permanecer en el sistema actual e ingresar en un juego en el cual nosotros no fijamos las reglas. No crean que participando en las elecciones van a cambiar algo. Si ese fuera el caso, hace mucho tiempo que las cosas habrían cambiado”. Presentar una lista para las elecciones europeas de mayo de 2019 es, para el ala más radical, una triple traición: va contra la identidad fundamental del movimiento, introduce la figura del líder, algo que no existe entre los chalecos según la interpretación tradicional del término. Y, por ultimo, rompe el equilibrio horizontal de los procesos de decisiones tal y como lo conciben los chalecos. Levavasseur se lanzó sola, sin consultar con nadie y tomó a todos por sorpresa. Los opositores acusan hoy a la candidata de “estar robando los valores y la identidad del movimiento”. El sector más intransigente no cambia de hoja de ruta. Su representante más visible, el camionero Eric Drouet, estimó que la candidatura de Ingrid Levavasseur es pura y simplemente una “recuperación abyecta”. Luego convocó a un “bloqueo general” de Francia desde el 5 de febrero. Drouet es el principal adversario de todo contacto con las normas de la democracia representativa. En su pagina Facebook realizó un sondeo de opinión: de los 19 mil votantes, el 98% se opuso a que exista una lista “chalecos amarillos” en la consulta europea. La mujer, de profesión enfermera y hasta hace unas semanas extremadamente popular, puede pagar esa oposición masiva en las urnas. No es la única que ha sido puesta en la picota. Todos los demás chalecos que coquetearon con un sistema al que la mayoría repudia fueron expulsados o aislados de forma masiva. Esa es la posición contraria que defiende la futura candidata. Según explica, se “trata de ir a Bruselas para que las demandas ciudadanas sean escuchadas”.


El Ejecutivo, gracias al debate nacional, ha recuperado en los últimos 10 días un poco de popularidad. Pero basta con caminar un rato con los chalecos amarillos o acercarse a las muchas rotondas que aún ocupan para sentir una ceniza espesa, algo que no se traga, una suerte de desesperanza a la que ninguna de las tantas artimañas de la comunicación política logra, por ahora, apaciguar.
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Convocan a huelga nacional en Francia en apoyo a los “chalecos amarillos”

La Confederación General del Trabajo de Francia convocó a una huelga nacional para mañana en apoyo a la lucha social iniciada por el movimiento denominado chalecos amarillos, en contra de la política del Gobierno.

‘Debemos actuar por un aumento inmediato de los salarios, las pensiones y la protección social’, indica el llamado del mayor sindicato de esta nación, que aboga por la recuperación del poder adquisitivo de la sociedad.


También se refiere al paro como ‘Gran día de acción el 14 de diciembre en todo el territorio’, donde continúa el descontento y los bloqueos de vías, pese a medidas decretadas el lunes por el presidente, Emmanuel Macron.


Con la intención de frenar las protestas, el Gobierno anunció el aumento del salario mínimo en 100 euros mensuales, la congelación del alza de las cotizaciones para los jubilados con pensiones inferiores a dos mil euros, la exclusión de tributación de las horas extras, entre otras disposiciones.


La convocatoria al paro general se suma a las disímiles acciones de los chalecos amarillos durante el último mes, a las cuales se unieron miles de personas en un llamado a la reivindicación de derechos laborales.


Para el líder del partido de izquierda Francia Insumisa, Jean-Luc Melenchon, las iniciativas gubernamentales no responden a las demandas de la población, pues los sectores más ricos continúan siendo los más privilegiados, y convocó a otra marcha para el sábado.


El Gobierno, que decretó estado de emergencia económica y social, pidió la suspensión de las protestas del movimiento este fin de semana, por la situación que vive el país tras un tiroteo ocurrido el martes, en el que murieron tres personas y resultaron heridas otras 13.


Las protestas se iniciaron el 17 de noviembre contra el alza de los costos del combustible, pero luego los descontentos extendieron sus demandas a la reducción de los impuestos en general y el acceso igualitario a la seguridad social.


Además, piden el respeto a los derechos de los trabajadores, el fin de la política de austeridad y la protección a los migrantes.
Miles de ciudadanos acuden a las demostraciones de los chalecos amarillos y más cuatro mil 500 fueron detenidos por agentes antidisturbios, en tanto cientos resultaron heridos.
(Con información de Prensa Latina)

13 diciembre 2018 

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Emmanuel Macron aumenta cien euros el salario mínimo y libera de impuestos las horas extras

Después de casi cuatro semanas de movilizaciones lideradas por los chalecos amarillos, el jefe del Estado francés rompió el silencio en un intento de responder a algunas de las demandas y reconectarse con una sociedad que se aleja de él

Con un paquete de medidas y retoques de fuerte carácter social, el presidente francés, Emmanuel Macron, salió de su silencio en una corta intervención televisada con la meta de desarticular el movimiento de los chalecos amarillos que, desde el pasado 17 de noviembre, ha puesto a Francia en vilo. Macron anunció un aumento de 100 euros del salario mínimo (SMIC, 1.184,93 euros por mes) a partir de 2019, la desfiscalización de las horas extras así como su objetivo de que las empresas paguen una prima excepcional de fin de año libre de todo impuesto. La desfiscalización de las horas extras no es una decisión nueva. El ex presidente conservador Nicolas Sarkozy la introdujo en 2007 y el ex mandatario socialista François Hollande la abolió en 2012.


Al cabo de casi cuatro semanas de movilizaciones lideradas por los chalecos amarillos, el jefe del Estado rompió el silencio en un intento de responder a algunas de las demandas y reconectarse con una sociedad que se alejaba peligrosamente de él. “Queremos una Francia donde se pueda vivir dignamente de su trabajo, un punto en el que hemos avanzado muy lentamente”, dijo el mandatario. Macron asumió como suya una realidad que le plantean constantemente desde la izquierda cuando constató que existía en Francia “un estado de urgencia económica y social”. En complemento de estas medidas el presidente también anuló el aumento de la CSG (Contribución social generalizada, impuesto pagados por todos para financiar el seguro social) en lo que atañe a las jubilaciones de menos de 2000 euros.


Todo este paquete de iniciativas deja afuera tres cosas. La primera, los gastos estarán asumidos por el Estado. Las empresas no participarán en el montaje financiero de las medidas, que costarán entre 12 y 15 mil millones de euros. Macron no introdujo ningún dispositivo mediante el cual las empresas y los millonarios contribuyan a este esfuerzo. La segunda, y ello es lo más paradójico, el presidente francés no integró una de las exigencias del país, a saber, la reintroducción del ISF, el impuesto sobre las grandes fortunas que él mismo modificó hasta sacarle todo su sentido y regalarle mucho a los ricos cuando asumió la presidencia en 2017. Esta preservación de los intereses de la alta burguesía ya cuestiona de por sí el conjunto de las medidas anunciadas. En una columna publicada por el diario Le Monde y firmada por el economista Thomas Piketty, el autor del best-seller El Capital en el siglo XXI, el intelectual francés advirtió que “si Macron quiere salvar su mandato debe restablecer inmediatamente el impuesto sobre las grandes fortunas”. Como lo demostró esta crisis, ese es, también según Piketty, una de las grandes deudas del Viejo Continente. El ensayista francés escribe: “la crisis de los chalecos amarillos le plantea a Francia y a Europa una pregunta central: la de la justicia fiscal”. Según datos de la OCDE (Organización de cooperación y desarrollo económico), dentro de este organismo Francia es el país donde la recaudación impositiva es la más alta, 46% de su PIB. Al mismo tiempo, el Estado gasta el 56% de su PIB. La tercera es el tema de las jubilaciones. El congelamiento de las jubilaciones se mantuvo tal como había sido decidido para los próximos dos años.


No había anoche una clara dirección sobre lo que podría ocurrir en las semanas siguientes. El jefe del Estado respondió segmentariamente a lo que le pedía la calles: uno, mejorar el poder adquisitivo, dos reforzar la democracia directa. A lo primero respondió con las medidas, a lo segundo con la promesa de entablar un gran “debate nacional” sobre la ecología o la fiscalidad. El cambio de perfil tanto del presidente como del Ejecutivo ha sido notorio. Se pasó de un estilo “despreciativo y centralista” (reproche permanente de los manifestantes) a algo más aperturista con la promesa de organizar un gran debate nacional sobre las jubilaciones, los transportes, la ecología o la fiscalidad. La inflexión populista se deslizó en las declaraciones del jefe del Estado. Emmanuel Macron quiere “poner a la nación en acuerdo consigo misma”. Para ello destapó una de las ideas que Nicolas Sarkozy utilizó en su mandato: la identidad nacional. Entre los temas de la gran concertación nacional figura el de “la identidad profunda” del país y el de la inmigración. Las primeras reacciones de los chalecos amarillos estaban a medio camino, aunque se percibió anoche cierta desmovilización: “levantamos el pie pero seguimos atentos, “dijo uno de sus líderes. Igual, ya le ganaron, y no sólo en los aumentos. Los gastos ocasionados por esta crisis harán que Francia se salte el 3% de déficit exigido por la Unión Europa. Un símbolo enorme, tanto como ver a un presidente joven y patriarca supremo de la globalización volver sobre los pasos de la identidad nacional.
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Domingo, 09 Diciembre 2018 06:07

La represión de Macron agravó la crisis

La represión de Macron agravó la crisis

Museos, teatros, la Torre Eiffel o estaciones de metro cerradas, calles bloqueadas y comercios amurallados con placas de madera, todo estaba listo. Para enfrentar la cólera de su pueblo, el gobierno movilizó a todo su aparato represivo.

París amaneció sitiada por las fuerzas del orden. Desde la mañana, la capital francesa era una ciudad medio fantasma. Museos, teatros, la Torre Eiffel o estaciones de metro cerradas, calles bloqueadas y comercios amurallados con placas de madera, todo estaba listo como si fuera una guerra. Para enfrentar la cólera de su pueblo, el gobierno movilizó a 89.000 fuerzas del orden y terminó arrestando a más de 1300 personas, lo que da más del dos por ciento de personas detenidas o interpeladas brutalmente de forma preventiva. Hubo también más de cien heridos. No faltó ni la policía montada. El Estado puso el mejor aparato represivo que tenía y con él superó varias veces el número de manifestantes: en toda Francia habrá habido entre 120.000 y 135.000 personas contras 89.000 policías. En la capital francesa se desplegaron 8000 efectivos y había 8000 chalecos amarillos. La cuarta jornada de protestas de los chalecos dio lugar a unas cuantas escenas de violencia en París, Marsella, Burdeos o Nantes, pero muy lejos de la escenificación dramática montada por la presidencia francesa y el Ejecutivo. El presidente Emmanuel Macron llegó hasta evocar la posibilidad de gente con armas que venían a “matar”. 

 

El color amarillo de los chalecos reemplazó los adoquines de las revueltas de Mayo del 68. La gente estaba indignada por el montaje policial activado por el gobierno. En la Avenida de los Campos Elíseos y los alrededores, donde se produjeron los enfrentamientos más duros con la policía, el grito masivo “Macron Dimisión” era un coro lleno de ira. Algunas personas que no habían participado en las manifestaciones decían con irritación que este “espectáculo lamentable hizo pasar a Francia a otra cosa que no tiene nada que ver con el Estado de derecho” (Julie, 36 años, profesora de matemáticas). Ante una rebelión que no supo manejar a tiempo, el liberalismo parlamentario recurrió a la represión maciza para salvar su modelo de ajustes, aumentos, desempleo y cargas fiscales sobre las clases medias y populares. “Un poder sin rumbo, “un poder que vacila”, “un poder acorralado”, “un poder sin influencia”, “un poder autoritario”. Los comentarios de los medios de prensa, progresistas o conservadores, recorren todo el pentagrama de las críticas. Francia está aturdida. El presidente Emmanuel Macron se ha convertido en el hazmerreír de la sociedad y de los otros dirigentes del planeta que ahora (lo hizo Trump en un tweet y el turco Erdogan, entre otros) se burlan copiosamente de él. El gran reconciliador, el emérito espadachín contra el populismo rampante tuvo que sacar las tropas a la calle para aplacar el hastío de su sociedad. “Tenemos un presidente que no nos escucha y encima se esconde”, decía rojo de arrebato Michel, un intermediario de productos cárnicos que trabaja en el gran mercado de Rungis, en la periferia de París. Los chalecos amarillos son, de hecho, la minoría que se expresa por los demás y han puesto a Francia en estado de convulsión por el cuestionamiento tan sorpresivo como radical de una línea política que consagra la desigualdad. “El poder al pueblo”, decía una pintada que llevaba un chaleco amarillo con la máscara de Emmanuel Macron. ¿ Revolución ? No, escribe el filosofo Jacky Dahomay en el portal de Mediapart; tal vez Francia se esté dirigiendo hacia “una democracia insurgente”. Los mismos chalecos amarillos están sorprendidos por el perfil de los acontecimientos. Robert, un comerciante del centro de Francia, confiesa que “ni por asomo esperábamos este terremoto. Sólo buscábamos que nos escucharan, que nos comprendieran, que nos vieran de una buena vez por todas. Por eso nos vestimos de amarrillo, para dejar de ser invisibles”. Esa visibilidad ya planetaria conseguida con un chaleco obligatorio que se conserva en la guantera de los autos remite directamente al movimiento zapatista que surgió en México el 31 de diciembre de 1993. Esa noche, liderados por el Subcomandante Marcos, los zapatistas irrumpieron en la política mexicana con la cara cubierta con un pasamontañas. Desde ese momento empezaron a explicar lo que hoy en París dicen los chalecos amarrillos: “Nos cubrimos el rostro para dejar de ser invisibles”.


Ni siquiera los editorialistas y analistas más conocidos de la prensa llegan a interpretar con acierto lo que está pasando. Diagnostican los errores garrafales del estilo de Macron –el presidente que mira con desprecio a los de abajo–o sus incongruentes decisiones como fue la transformación del ISF, el impuesto aplicado a las grandes fortunas, en un impuesto que perdona a los afortunados. Los partidos, que sea la extrema derecha, la derecha y la izquierda radical, menos aún. Están más preocupados en validar sus propias retóricas pegándose a los chalecos amarillos que en comprender sinceramente qué le está diciendo a Francia este volcán. Fuera de un pequeño grupo de universitarios que estudió los territorios del país, casi nadie conocía las dolencias de esa mal llamada por todos “Francia invisible”. No es un movimiento obrero, ni un núcleo sindical, no son funcionarios públicos, ni desempleados, ni comerciantes. Empezaron impugnando en las redes sociales el aumento del gasoil y acabaron destruyendo al macronismo, aunando a parte de la sociedad y, al final de cuentas, protagonizando la primera revuelta fiscal de la historia moderna. En París y otras ciudades, la extrema izquierda comparte la calle con la ultra derecha. El gobierno anuló los aumentos previstos para el próximo año sin conseguir que los chalecos amarillos volvieran a casa. Ni los mismos chalecos amarillos son capaces de designar a un representante. Su diversidad ideológica y geográfica es muy amplia. ¿Permanecerán como actores de la tormenta o se retirarán con el paso de los días ?. Una incógnita. Han dejado, no obstante, una herida abierta en el corazón del macronismo. La idea del equipo presidencial de presentarse en las elecciones europeas de mayo próximo con el hilo conductor de que Macron era el muro exquisito contra los populismos, el abanderado de la globalización y liberal se hizo añicos. Nadie creerá en ello. Y las dos otras reformas de peso que estaban en la carpeta presidencial constituyen desde ya dos bombas de tiempo: la reforma del sistema de pensiones y la protección social.


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