Convocan a huelga nacional en Francia en apoyo a los “chalecos amarillos”

La Confederación General del Trabajo de Francia convocó a una huelga nacional para mañana en apoyo a la lucha social iniciada por el movimiento denominado chalecos amarillos, en contra de la política del Gobierno.

‘Debemos actuar por un aumento inmediato de los salarios, las pensiones y la protección social’, indica el llamado del mayor sindicato de esta nación, que aboga por la recuperación del poder adquisitivo de la sociedad.


También se refiere al paro como ‘Gran día de acción el 14 de diciembre en todo el territorio’, donde continúa el descontento y los bloqueos de vías, pese a medidas decretadas el lunes por el presidente, Emmanuel Macron.


Con la intención de frenar las protestas, el Gobierno anunció el aumento del salario mínimo en 100 euros mensuales, la congelación del alza de las cotizaciones para los jubilados con pensiones inferiores a dos mil euros, la exclusión de tributación de las horas extras, entre otras disposiciones.


La convocatoria al paro general se suma a las disímiles acciones de los chalecos amarillos durante el último mes, a las cuales se unieron miles de personas en un llamado a la reivindicación de derechos laborales.


Para el líder del partido de izquierda Francia Insumisa, Jean-Luc Melenchon, las iniciativas gubernamentales no responden a las demandas de la población, pues los sectores más ricos continúan siendo los más privilegiados, y convocó a otra marcha para el sábado.


El Gobierno, que decretó estado de emergencia económica y social, pidió la suspensión de las protestas del movimiento este fin de semana, por la situación que vive el país tras un tiroteo ocurrido el martes, en el que murieron tres personas y resultaron heridas otras 13.


Las protestas se iniciaron el 17 de noviembre contra el alza de los costos del combustible, pero luego los descontentos extendieron sus demandas a la reducción de los impuestos en general y el acceso igualitario a la seguridad social.


Además, piden el respeto a los derechos de los trabajadores, el fin de la política de austeridad y la protección a los migrantes.
Miles de ciudadanos acuden a las demostraciones de los chalecos amarillos y más cuatro mil 500 fueron detenidos por agentes antidisturbios, en tanto cientos resultaron heridos.
(Con información de Prensa Latina)

13 diciembre 2018 

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Emmanuel Macron aumenta cien euros el salario mínimo y libera de impuestos las horas extras

Después de casi cuatro semanas de movilizaciones lideradas por los chalecos amarillos, el jefe del Estado francés rompió el silencio en un intento de responder a algunas de las demandas y reconectarse con una sociedad que se aleja de él

Con un paquete de medidas y retoques de fuerte carácter social, el presidente francés, Emmanuel Macron, salió de su silencio en una corta intervención televisada con la meta de desarticular el movimiento de los chalecos amarillos que, desde el pasado 17 de noviembre, ha puesto a Francia en vilo. Macron anunció un aumento de 100 euros del salario mínimo (SMIC, 1.184,93 euros por mes) a partir de 2019, la desfiscalización de las horas extras así como su objetivo de que las empresas paguen una prima excepcional de fin de año libre de todo impuesto. La desfiscalización de las horas extras no es una decisión nueva. El ex presidente conservador Nicolas Sarkozy la introdujo en 2007 y el ex mandatario socialista François Hollande la abolió en 2012.


Al cabo de casi cuatro semanas de movilizaciones lideradas por los chalecos amarillos, el jefe del Estado rompió el silencio en un intento de responder a algunas de las demandas y reconectarse con una sociedad que se alejaba peligrosamente de él. “Queremos una Francia donde se pueda vivir dignamente de su trabajo, un punto en el que hemos avanzado muy lentamente”, dijo el mandatario. Macron asumió como suya una realidad que le plantean constantemente desde la izquierda cuando constató que existía en Francia “un estado de urgencia económica y social”. En complemento de estas medidas el presidente también anuló el aumento de la CSG (Contribución social generalizada, impuesto pagados por todos para financiar el seguro social) en lo que atañe a las jubilaciones de menos de 2000 euros.


Todo este paquete de iniciativas deja afuera tres cosas. La primera, los gastos estarán asumidos por el Estado. Las empresas no participarán en el montaje financiero de las medidas, que costarán entre 12 y 15 mil millones de euros. Macron no introdujo ningún dispositivo mediante el cual las empresas y los millonarios contribuyan a este esfuerzo. La segunda, y ello es lo más paradójico, el presidente francés no integró una de las exigencias del país, a saber, la reintroducción del ISF, el impuesto sobre las grandes fortunas que él mismo modificó hasta sacarle todo su sentido y regalarle mucho a los ricos cuando asumió la presidencia en 2017. Esta preservación de los intereses de la alta burguesía ya cuestiona de por sí el conjunto de las medidas anunciadas. En una columna publicada por el diario Le Monde y firmada por el economista Thomas Piketty, el autor del best-seller El Capital en el siglo XXI, el intelectual francés advirtió que “si Macron quiere salvar su mandato debe restablecer inmediatamente el impuesto sobre las grandes fortunas”. Como lo demostró esta crisis, ese es, también según Piketty, una de las grandes deudas del Viejo Continente. El ensayista francés escribe: “la crisis de los chalecos amarillos le plantea a Francia y a Europa una pregunta central: la de la justicia fiscal”. Según datos de la OCDE (Organización de cooperación y desarrollo económico), dentro de este organismo Francia es el país donde la recaudación impositiva es la más alta, 46% de su PIB. Al mismo tiempo, el Estado gasta el 56% de su PIB. La tercera es el tema de las jubilaciones. El congelamiento de las jubilaciones se mantuvo tal como había sido decidido para los próximos dos años.


No había anoche una clara dirección sobre lo que podría ocurrir en las semanas siguientes. El jefe del Estado respondió segmentariamente a lo que le pedía la calles: uno, mejorar el poder adquisitivo, dos reforzar la democracia directa. A lo primero respondió con las medidas, a lo segundo con la promesa de entablar un gran “debate nacional” sobre la ecología o la fiscalidad. El cambio de perfil tanto del presidente como del Ejecutivo ha sido notorio. Se pasó de un estilo “despreciativo y centralista” (reproche permanente de los manifestantes) a algo más aperturista con la promesa de organizar un gran debate nacional sobre las jubilaciones, los transportes, la ecología o la fiscalidad. La inflexión populista se deslizó en las declaraciones del jefe del Estado. Emmanuel Macron quiere “poner a la nación en acuerdo consigo misma”. Para ello destapó una de las ideas que Nicolas Sarkozy utilizó en su mandato: la identidad nacional. Entre los temas de la gran concertación nacional figura el de “la identidad profunda” del país y el de la inmigración. Las primeras reacciones de los chalecos amarillos estaban a medio camino, aunque se percibió anoche cierta desmovilización: “levantamos el pie pero seguimos atentos, “dijo uno de sus líderes. Igual, ya le ganaron, y no sólo en los aumentos. Los gastos ocasionados por esta crisis harán que Francia se salte el 3% de déficit exigido por la Unión Europa. Un símbolo enorme, tanto como ver a un presidente joven y patriarca supremo de la globalización volver sobre los pasos de la identidad nacional.
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Domingo, 09 Diciembre 2018 06:07

La represión de Macron agravó la crisis

La represión de Macron agravó la crisis

Museos, teatros, la Torre Eiffel o estaciones de metro cerradas, calles bloqueadas y comercios amurallados con placas de madera, todo estaba listo. Para enfrentar la cólera de su pueblo, el gobierno movilizó a todo su aparato represivo.

París amaneció sitiada por las fuerzas del orden. Desde la mañana, la capital francesa era una ciudad medio fantasma. Museos, teatros, la Torre Eiffel o estaciones de metro cerradas, calles bloqueadas y comercios amurallados con placas de madera, todo estaba listo como si fuera una guerra. Para enfrentar la cólera de su pueblo, el gobierno movilizó a 89.000 fuerzas del orden y terminó arrestando a más de 1300 personas, lo que da más del dos por ciento de personas detenidas o interpeladas brutalmente de forma preventiva. Hubo también más de cien heridos. No faltó ni la policía montada. El Estado puso el mejor aparato represivo que tenía y con él superó varias veces el número de manifestantes: en toda Francia habrá habido entre 120.000 y 135.000 personas contras 89.000 policías. En la capital francesa se desplegaron 8000 efectivos y había 8000 chalecos amarillos. La cuarta jornada de protestas de los chalecos dio lugar a unas cuantas escenas de violencia en París, Marsella, Burdeos o Nantes, pero muy lejos de la escenificación dramática montada por la presidencia francesa y el Ejecutivo. El presidente Emmanuel Macron llegó hasta evocar la posibilidad de gente con armas que venían a “matar”. 

 

El color amarillo de los chalecos reemplazó los adoquines de las revueltas de Mayo del 68. La gente estaba indignada por el montaje policial activado por el gobierno. En la Avenida de los Campos Elíseos y los alrededores, donde se produjeron los enfrentamientos más duros con la policía, el grito masivo “Macron Dimisión” era un coro lleno de ira. Algunas personas que no habían participado en las manifestaciones decían con irritación que este “espectáculo lamentable hizo pasar a Francia a otra cosa que no tiene nada que ver con el Estado de derecho” (Julie, 36 años, profesora de matemáticas). Ante una rebelión que no supo manejar a tiempo, el liberalismo parlamentario recurrió a la represión maciza para salvar su modelo de ajustes, aumentos, desempleo y cargas fiscales sobre las clases medias y populares. “Un poder sin rumbo, “un poder que vacila”, “un poder acorralado”, “un poder sin influencia”, “un poder autoritario”. Los comentarios de los medios de prensa, progresistas o conservadores, recorren todo el pentagrama de las críticas. Francia está aturdida. El presidente Emmanuel Macron se ha convertido en el hazmerreír de la sociedad y de los otros dirigentes del planeta que ahora (lo hizo Trump en un tweet y el turco Erdogan, entre otros) se burlan copiosamente de él. El gran reconciliador, el emérito espadachín contra el populismo rampante tuvo que sacar las tropas a la calle para aplacar el hastío de su sociedad. “Tenemos un presidente que no nos escucha y encima se esconde”, decía rojo de arrebato Michel, un intermediario de productos cárnicos que trabaja en el gran mercado de Rungis, en la periferia de París. Los chalecos amarillos son, de hecho, la minoría que se expresa por los demás y han puesto a Francia en estado de convulsión por el cuestionamiento tan sorpresivo como radical de una línea política que consagra la desigualdad. “El poder al pueblo”, decía una pintada que llevaba un chaleco amarillo con la máscara de Emmanuel Macron. ¿ Revolución ? No, escribe el filosofo Jacky Dahomay en el portal de Mediapart; tal vez Francia se esté dirigiendo hacia “una democracia insurgente”. Los mismos chalecos amarillos están sorprendidos por el perfil de los acontecimientos. Robert, un comerciante del centro de Francia, confiesa que “ni por asomo esperábamos este terremoto. Sólo buscábamos que nos escucharan, que nos comprendieran, que nos vieran de una buena vez por todas. Por eso nos vestimos de amarrillo, para dejar de ser invisibles”. Esa visibilidad ya planetaria conseguida con un chaleco obligatorio que se conserva en la guantera de los autos remite directamente al movimiento zapatista que surgió en México el 31 de diciembre de 1993. Esa noche, liderados por el Subcomandante Marcos, los zapatistas irrumpieron en la política mexicana con la cara cubierta con un pasamontañas. Desde ese momento empezaron a explicar lo que hoy en París dicen los chalecos amarrillos: “Nos cubrimos el rostro para dejar de ser invisibles”.


Ni siquiera los editorialistas y analistas más conocidos de la prensa llegan a interpretar con acierto lo que está pasando. Diagnostican los errores garrafales del estilo de Macron –el presidente que mira con desprecio a los de abajo–o sus incongruentes decisiones como fue la transformación del ISF, el impuesto aplicado a las grandes fortunas, en un impuesto que perdona a los afortunados. Los partidos, que sea la extrema derecha, la derecha y la izquierda radical, menos aún. Están más preocupados en validar sus propias retóricas pegándose a los chalecos amarillos que en comprender sinceramente qué le está diciendo a Francia este volcán. Fuera de un pequeño grupo de universitarios que estudió los territorios del país, casi nadie conocía las dolencias de esa mal llamada por todos “Francia invisible”. No es un movimiento obrero, ni un núcleo sindical, no son funcionarios públicos, ni desempleados, ni comerciantes. Empezaron impugnando en las redes sociales el aumento del gasoil y acabaron destruyendo al macronismo, aunando a parte de la sociedad y, al final de cuentas, protagonizando la primera revuelta fiscal de la historia moderna. En París y otras ciudades, la extrema izquierda comparte la calle con la ultra derecha. El gobierno anuló los aumentos previstos para el próximo año sin conseguir que los chalecos amarillos volvieran a casa. Ni los mismos chalecos amarillos son capaces de designar a un representante. Su diversidad ideológica y geográfica es muy amplia. ¿Permanecerán como actores de la tormenta o se retirarán con el paso de los días ?. Una incógnita. Han dejado, no obstante, una herida abierta en el corazón del macronismo. La idea del equipo presidencial de presentarse en las elecciones europeas de mayo próximo con el hilo conductor de que Macron era el muro exquisito contra los populismos, el abanderado de la globalización y liberal se hizo añicos. Nadie creerá en ello. Y las dos otras reformas de peso que estaban en la carpeta presidencial constituyen desde ya dos bombas de tiempo: la reforma del sistema de pensiones y la protección social.


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Detenidos en Francia más de 700 estudiantes de secundaria por protestas

Más de 700 estudiantes de secundaria fueron detenidos para ser identificados por la policía en Francia, al cumplirse la cuarta jornada consecutiva de movilización, con incidentes en todo el país, indicó una fuente en el Ministerio de Interior.


Cerca de 280 institutos de secundaria se vieron perturbados, de los cuales 45 fueron totalmente bloqueados por los estudiantes, según la misma fuente.


El Gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron, redoblaba sus esfuerzos este jueves para evitar un nuevo estallido de violencia en las protestas de los “chalecos amarillos” previstas para el sábado, en un clima de descontento general que se extiende a otros sectores.


Las convocatorias a manifestar el sábado proliferaban en las redes sociales, despertando temores entre las autoridades de que se repitan las escenas de caos que dieron la vuelta al mundo el fin de semana pasado.


Para prevenir nuevos desmanes, las autoridades instaron a todas las tiendas y restaurantes de la avenida de los Campos Elíseos a cerrar sus puertas el sábado. La Torre Eiffel, la ópera de París y una decena de museos de la capital, incluyendo el Grand Palais y las Catacumbas, tampoco abrirán al público.


Los cierres preventivos no se limitaban a la capital. En Burdeos, donde se produjeron también choques violentos la semana pasada, la Alcaldía anunció el cierre de una decena de museos.


Gobierno de Francia moviliza medios excepcionales ante manifestaciones


El primer ministro francés, Edouard Philippe, instó esta jornada a mantener la calma en todo el país y anunció la movilización de medios excepcionales para controlar las manifestaciones de los llamados chalecos amarillos el próximo sábado.


Según precisó, los efectivos y recursos se sumarán a los más de 65 mil agentes desplegados en la nación europea, escenario de multitudinarias manifestaciones contra la gestión del presidente Emmanuel Macron.


Philippe pidió realizar los esfuerzos necesarios “para preservar la República” y solicitó a los chalecos amarillos no realizar demostraciones en París, donde -dijo- grupos extremistas promueven la violencia.


Al acercarse el cuarto sábado consecutivo de demostraciones, el Gobierno intentó aplacar a los ciudadanos con la suspensión de medidas como el alza de los precios del combustible.
No obstante, según medios locales, las convocatorias a nuevas acciones aumentan en las redes sociales.


Además, continúan paralizados cientos de colegios, cuyos estudiantes y maestros exigen el respeto a sus derechos y un mayor acceso a la educación .


Bajo presión desde el 17 de noviembre, la dirección del país teme que las protestas no puedan ser controladas y que se repitan los sucesos de los últimos días, cuando cientos de personas fueron arrestadas y más de 200 resultaron heridas.


En un inicio, las manifestaciones fueron organizadas para denunciar el incremento de los costos del combustible, pero después se convirtieron en tribuna de otras demandas como la reducción de los impuestos en general, el acceso igualitario a la seguridad social y el aumento de los pagos por jubilación.


Los participantes también piden el respeto a los derechos de los trabajadores, el fin de la política de austeridad y la protección a los migrantes.


Un estudio divulgado por el diario Le Fígaro apunta que Macron cuenta con el respaldo de sólo el 21 por ciento de los ciudadanos, frente al 64 registrado al comienzo de su mandato.


(Con información de AFP/ Prensa Latina)

6 diciembre 2018 

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Revuelta de chalecos amarillos derrumban el anacrónico neoliberalismo de Macron

Los gasolinazos son inflamables en las democracias occidentales, más en La era de los pueblos, libro del fogoso político francés Jean Luc Mélenchon, que hoy se expresa con la insurrección de los "chalecos amarillos".

En caso de problemas en las carreteras, la ley francesa obliga a portar los ya célebres "chalecos amarillos" que se han vuelto el estandarte corporal de la Francia rural y sus suburbios (https://nyti.ms/2Sv0gH4).

El único que no vio venir la insurrección fue Macron. Inclusive, durante su altisonante querella con el presidente de EU, Trump en forma insolente le hizo notar su muy baja aceptación, de solamente 21 por ciento, en medio del desempleo y la inseguridad (http://bit.ly/2EejWeX).

Una mujer, Priscillia Ludosky, al sudeste de los suburbios de París, lanzó en mayo una petición por Internet exhortando a la disminución del precio de la gasolina: ya estaba incubada la semilla de la revuelta y cinco meses más tarde Éric Drouet, conductor de camiones, circuló la petición con sus amigos en Facebook.

La petición pasó súbitamente de 700 a 200 mil y siete meses más tarde 1.15 millones de firmantes cuentan con el apoyo, según las encuestas más recientes, de 72 por ciento de la opinión publica francesa (http://bit.ly/2SsF7xe).

No faltan quienes exigen la renuncia de Macron.

Los contestatarios aducen que Macron, quien padece xantofobia (fobia al color amarillo), gobierna para la bancocracia a la que beneficia con sus reformas neoliberales, mientras perjudica al "francés promedio" con elevados impuestos.

Le Monde enuncia que el "ejecutivo recula para intentar salir de la crisis". El primer ministro Édouard Philippe anunció el "congelamiento (sic)" de las medidas impopulares (https://lemde.fr/2EhCFqa), mientras Macron esconde su cabeza como avestruz.

La oposición ha sido feroz: exige la disolución de la Asamblea y nuevas elecciones.

Le Figaro comenta que la oposición multicolor fustiga las medidas del gobierno de Macron: "es muy poco" o "es muy tarde" (http://bit.ly/2Ee8Tmf).

Patrice-Hans Perrier, del portal DeDefensa.org asevera que los "chalecos amarillos" han puesto a Macron en peligro” cuando "la Francia que se levanta temprano (léase:la clase trabajadora y los campesinos) apoya en forma masiva un movimiento de insurrección que traduce la miseria de la gente". Cabe señalar que la insurrección amarilla ya alcanzó Bruselas.

atrice-Hans Perrier afirma que "el presidente Macron, sordo y ciego frente al gruñido popular, se refugió en un mutismo de circunstancia", mientras los "chalecos amarillos" piden la cabeza del "rey de la banca".

Macron –anterior funcionario de la banca Rothschild y zelote del neoliberalismo agónico por doquier– pontifica al mundo en cómo conducirse, mediante su absurda semiótica entre "nacionalismo" versus "patriotismo", con tal de favorecer a su decadente globalismo.

El promotor del Brexit, Nigel Farage, opera un diagnóstico demoledor de la delicuescencia de "Occidente": "Existe una inmensa división en todo el mundo occidental. En los últimos 20 años la brecha entre ricos y pobres se profundizó conforme las élites globales ignoraron preocupaciones genuinas. Brexit, Trump, Italia y ahora estas revueltas en Francia sucedieron debido a que la gente común desea sentir que tiene algo de poder sobre su propio futuro" (http://bit.ly/2EeJKrx). Le faltó agregar Occupy Wall Street.

Nigel Farage fustiga a Macron de estar desconectado con sus propios ciudadanos y comenta que no se veía en Francia una violencia de tal magnitud desde la revuelta estudiantil de 1968: "Macron, el gran globalista, el anterior banquero de inversiones que raramente abandona París, pontificando al mundo sobre el calentamiento global o sobre el libre movimiento de las personas", mientras "está ocupado con la política global, y desconectado completamente de la gente común. Macron es el presidente de los ricos y no de los pobres. Necesita pensar también en los pobres".

La crítica del británico Nigel Farage es significativa porque refleja el choque universal entre globalistas y nacionalistas (http://bit.ly/2EezuQe).

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Macron aplaza la subida de los impuestos a los carburantes tras las protestas de los 'chalecos amarillos'

El primer ministro Edouard Philippe anunciará que la subida de la tasa a los carburantes no entrará en vigor el próximo uno de enero.

 

El Gobierno francés va a aplazar la subida de los impuestos a los carburantes ante las violentas protestas que se han venido registrando en los últimos días protagonizadas por los conocidos como chalecos amarillos, según fuentes gubernamentales citadas por varios medios galos.


El encargado de hacer el anuncio de la moratoria en la medida, que estaba previsto que entrara en vigor el próximo 1 de enero y que ahora será aplazada durante unos meses, será el primer ministro, Edouard Philippe, durante un encuentro del grupo parlamentario de La República en Marcha, el partido gobernante.


Según el diario Le Monde, además de la supresión de la controvertida subida de impuestos, el Gobierno va a anunciar otras medidas. Además, el encuentro propuesto con los líderes de las protestas ha sido suspendido, después de que estos hicieran saber que no acudirían a la cita en Matignon, sede de la oficina del primer ministro.


La decisión de aplazar la medida se adoptó durante una reunión convocada por Macron en el Elíseo en la que estuvieron presentes el primer ministro y una decena de ministros, entre ellos los de Transición Ecológica, François de Rugy, y el de Economía, Bruno Le Maire.


Previamente, Philippe se había reunido con los líderes de los partidos con representación parlamentaria para abordar la crisis. Todos ellos, con la excepción de las formaciones ecologistas, se mostraron a favor de una moratoria, según Le Monde.


La crisis de los chalecos amarillos ha tenido un fuerte impacto en la popularidad del presidente francés, Emmanuel Macron, y en la de Philipe, según el sondeo de Ifop-Fiducial publicado este martes por Paris Match y Sud Radio. Así, el presidente cae al 23 por ciento, seis puntos menos que hace un mes, y el primer ministro cede diez puntos hasta el 26 por ciento.

 


 

Agentes parisinos se negaron a reprimir a chalecos amarillos en la última protesta

 

La policía que no le gusta a Pichetto

 

En medio de un clima de máxima tensión, durante la última jornada de protesta de los "chalecos amarillos" en París, un grupo de policías quedó frente a frente con los manifestantes, pero se negó a reprimirlos. A pocos metros de un centenar de personas que protestaba por el aumento de los combustibles, los policías en vez de avanzar contra ellos, se quitaron los cascos y mostraron que no estaban dispuestos a seguir reprimiendo. La actitud de los agentes, motivó el aplauso de los manifestantes, quienes comenzaron a cantar y agitar banderas amarillas y francesas.


La situación hubiese sorprendido al propio Miguel Pichetto, quien al referirse a los incidentes en la final de la Copa Libertadores, había dicho: "La policía francesa, frente a un evento como este, ¿sabés cómo pega? Pega en serio”.


Desde hace varias semanas se registran violentas concentraciones en parís contra el Gobierno de Emmanuel Macrón, quien recientemente visitó la Argentina por la cumbre de líderes del G20. Como consecuencia de las protestas de los "chalecos amarillos" contra la suba del precio del combustible en Francia, huno 133 personas heridas y 412 detenidas.


No obstante, en medio de ese contexto de extrema tensión, un grupo de policías de París se negó a reprimir a los manifestantes. En un video se observa cómo una decena de agentes de las fuerzas de seguridad quedan cara a cara con los manifestantes, pero en lugar de avanzar contra ellos, se quintan los cascos. La grabación rápidamente se hizo viral.

Tomado de Página12

 

 

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La izquierda francesa se vuelca con el movimiento de los 'chalecos amarillos'

Centenares de bloqueos en las carreteras y una nueva manifestación en los Campos Elíseos son organizadas este sábado en Francia en el tercer sábado de protestas de los automovilistas indignados.

Tarjeta amarilla para Emmanuel Macron. Campeón de la impopularidad desde hace meses, el presidente francés ha visto cómo el malestar provocado por la ineficacia de sus reformas y su arrogancia burguesa se veía reflejado en el movimiento de los “chalecos amarillos”. Dos semanas después de la primera movilización de los automovilistas indignados, los bloqueos de carreteras se repiten en Francia. Las concentraciones y la manifestación de este sábado en los Campos Elíseos servirán de termómetro del futuro de esta movilización que amenaza con ampliarse o bien conformarse con ser la primera advertencia seria ante la ofensiva neoliberal de Macron.


Además de centenares de bloqueos de carreteras por toda Francia, otra manifestación se celebrará este sábado en los Campos Elíseos de París, bajo un importante despliegue de las fuerzas de seguridad. Unos 5.000 agentes de policía controlarán el acceso de los manifestantes e impedirán la circulación de vehículos. Tras las reticencias iniciales en la izquierda francesa, el sindicato Sud-Solidaires —una de las organizaciones sindicales menos mansas en Francia— apoya esta convocatoria. También lo hacen los dirigentes de la Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, partido referente de la izquierda francesa, a pesar de sus fuertes divisiones internas.


La CGT ha convocado para este sábado manifestaciones por toda Francia contra la precariedad y las políticas del gobierno de Macron. El sindicato con un mayor número de afiliados, sin embargo, continúa sin apoyar al movimiento de los “chalecos amarillos”, en un ejemplo más de las reticencias de las direcciones sindicales ante las nuevas formas de lucha. Las organizaciones universitarias también organizan para este sábado protestas contra el aumento de las tasas universitarias en Francia para los estudiantes de fuera de la Unión Europea. Estas aumentarán hasta 2.770 euros en las matrículas de Grado (actualmente cuestan 170 euros) y hasta 3.770 euros en los másteres (ahora son 240 euros).
Apoyo mayoritario de los franceses


Finalmente, ¿se producirá la ansiada convergencia de luchas entre múltiples frentes de protesta, que caracterizaría hace 50 años el Mayo del 68? Esta hipótesis resulta, de momento, muy improbable. Pero las protestas de este sábado representarán seguramente otro capítulo en el divorcio entre Macron y los franceses.


A diferencia de otras movilizaciones sindicales contra la reforma laboral o de la compañía ferroviaria SNCF, el movimiento de los “chalecos amarillos” cuenta con el apoyo mayoritario de los franceses. Y este no ha dejado de aumentar pese a los intentos del ejecutivo de criminalizarlo, con el argumento de las dos desgraciadas muertes relacionadas con las protestas y los más de 400 heridos, la mayoría de ellos leves. Según un sondeo del instituto Odoxa, publicado el miércoles en el diario conservador Le Figaro, el 84% de la población considera “justificada” esta movilización, siete puntos más que la semana pasada.


“Los chalecos amarillos representan los galos, la Francia ordinaria, el espíritu rebelde de la Francia contestataria”, asegura en declaraciones Público el sociólogo Michel Fize, autor de Mai 68 n’a jamais existe! (¡El Mayo del 68 jamás existió!). Este movimiento expresa una “crisis de legitimidad de las instituciones tradicionales”, explica este investigador jubilado del prestigioso CNRS, que observa una continuidad entre el movimiento de los chalecos amarillos y la Nuit Débout, que ocupó la plaza de la República en París en la primavera de 2016. “Pero a diferencia de la Nuit Débout, que básicamente estaba formada por jóvenes urbanitas con estudios superiores, los chalecos amarillos son un movimiento más transversal formado por hombres, mujeres, jóvenes, jubilados”, asegura Fize.


“Ahora, se produce una paradoja evidente. El movimiento de los chalecos amarillos está presente en Albert, Flixecourt o Abbeville —ciudades pauperizadas del norte de Francia a causa de la desindustrialización—, pero mucho menos en París”, aseguró el diputado de la Francia Insumisa François Ruffin, figura emergente de la izquierda francesa. Uno de los impulsores hace dos años de la Nuit Debout, organizó este jueves un mitin en la Plaza de la República de París para movilizar a los “indignados” de la capital francesa y las otras grandes ciudades francesa en apoyo al movimiento de los “chalecos amarillos”.


Fiasco en el intento de diálogo del gobierno francés


“El aumento de los impuestos sobre el carburante ha sido la gota de diésel que ha colmado el vaso de agua”, afirma Jean-Baptiste Voltuan, un activista francés presente en el mitin organizado este el jueves por simpatizantes de la Nuit Debout. Apoyado mayoritariamente por los votantes de la Francia Insumisa (64%) y del ultraderechista Reagrupamiento Nacional (66%), esta movilización expresa el malestar por la pérdida de poder adquisitivo de los franceses y el orden fiscal injusto favorecido por Macron con una reducción de más de 6.000 millones de euros de impuestos a los más ricos y un aumento de las tasas indirectas para los más modestos. El principal punto en común de los manifestantes de este movimiento transversal y apartidista es el rechazo hacia Macron.


Aunque el presidente francés descartó el jueves desde Buenos Aires “cualquier retroceso” en sus reformas, la realidad es que el gobierno francés ha multiplicado desde principios de noviembre sus gestos para intentar calmar la indignación de los “chalecos amarillos”. Además de doblar, hasta 4.000 euros, la prima para cambiar un coche viejo por otro de menos contaminante, el ejecutivo centrista renunció a introducir peajes urbanos para acceder al centro de las grandes ciudades o prohibir en 2040 la venta de vehículos de gasoil y gasolina.
No obstante, estas medidas que no parecen apaciguar la cólera de los automovilistas. En cierta forma, reflejan que el gobierno francés no termina de comprender, o aceptar, que la oposición al aumento de los impuestos sobre el combustible se trata de un pretexto.


De hecho, la operación diálogo de este viernes resultó un fiasco. En la reunión organizada por el primer ministro francés, Édouard Philippe, con “representantes” de los “chalecos amarillos”, solo acudió uno de los miembros de este movimiento. Después de que el “premier” francés se negara a que el encuentro fuera grabado para ser retransmitido en las redes sociales, este no se celebró.


“Macron es incapaz de comprender a su pueblo”, asegura Katarina, A., una militante de la Francia Insumisa, de 55 años, que acudió al mitin de este jueves en la Plaza de la República de París equipada con un chaleco amarillo. Como el 84% de los franceses, esta defensora del ecologismo, que “siempre viaja en bicicleta”, asegura estar decepcionada con el discurso de Macron del martes. En su primera intervención pública para responder al malestar de los “chalecos amarillos”, el presidente francés propuso establecer un mecanismo para adaptar la fiscalidad del combustible en función del precio del petróleo.


Acusados de “incoherentes” y de “desorganizados” por los medios generalistas franceses, los “chalecos amarillos” le respondieron con una treintena de reivindicaciones. Por ejemplo, aumentar en más de 200 euros del salario mínimo hasta 1.300 euros netos, establecer un salario máximo de 15.000 euros, tratar dignamente a los refugiados, fijar un salario mediano para los representantes políticos, establecer un referéndum popular que permita votar una proyecto de ley a partir de 700.000 firmas. La mayoría de ellas eran de carácter social y destituyente. Unas propuestas que mantenía unas similitudes evidentes con lo reivindicado por el 15-M en 2011, exceptuando un par de medidas conservadoras en materia de inmigración. Y que difícilmente podría ser impulsadas por Macron.

 

Por ENRIC BONET
@EnricQuart

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Viernes, 14 Septiembre 2018 06:23

Crisis sin salida del gobierno Macri

Crisis sin salida del gobierno Macri

La crisis económica y política provocada por la presión de los especuladores financieros sobre la cotización del dólar, ha llevado a numerosos analistas y a una parte de la población a comparar la situación actual con la de 2001. Aquella crisis fenomenal provocó una revuelta que estalló el 19 y 20 de diciembre, coronando un ciclo de luchas que se prolongaba desde 1997 y tenía a los desocupados (piqueteros) como principales protagonistas.

La revuelta, o pueblada, o levantamiento forzó la renuncia del presidente Fernando de la Rúa que debió abandonar la Casa Rosada en helicóptero mientras la policía disparaba fuego real para contener a los manifestantes. Fue el fin de un ciclo neoliberal privatizador que dio paso a un ciclo progresista.

En lo personal, comparto el deseo de muchos argentinos de que hechos similares vuelvan a repetirse para poner fin al insoportable gobierno de Macri. No es un deseo utópico. Se apoya en la experiencia viva de los trabajadores argentinos a lo largo del siglo XX, en el que protagonizaron insurrecciones, levantamientos y puebladas desde la Semana Roja de 1909. Las dos acciones populares más importantes fueron el 17 de octubre de 1945, que desarticuló a la oligarquía agro-ganadera, y el Cordobazo del 29-30 de marzo de 1969, cuando los obreros y los estudiantes de la ciudad industrial derrotaron a la policía en una fenomenal batalla callejera que forzó la intervención del ejército pero colocó a la defensiva a la dictadura de Juan Carlos Onganía.

Para hacerse una idea del peso de los levantamientos populares en el imaginario de los argentinos, vale recordar que entre mayo de 1969 y octubre de 1972 hubo por lo menos 15 desbordes desde abajo en una decena de ciudades (Córdoba, Rosario, Salta, Mendoza, Corrientes y Tucumán, entre otras), en los que hubo numerosos combates callejeros y se tomaron e incendiaron dependencias estatales, incluyendo algunos asaltos masivos a comisarías policiales.

Sin embargo, creo que más allá de los deseos se han registrado por lo menos tres cambios de fondo que pueden neutralizar –aunque no invalidar– esta historia de protagonismos populares y que harán muy difícil que vuelvan a repetirse ese tipo de levantamientos.

La primera son los cambios en las clases medias, que sienten repulsión por el "pueblo" y apuestan al bienestar individual (goo.gl/JkY8aH). Cambios en la conciencia, en el comportamiento cotidiano y en las opciones políticas. El rechazo al kirchnerismo manifiesta un rechazo a los pobres, que no es nuevo en la historia argentina. Ahora los sectores medios han encontrado en el consumismo un modo de vida que los diferencia de los sectores populares. Apelan a un orden impuesto desde arriba y tienden a separarse cada vez más de los que sufren la crisis, salvo en algunas iniciativas como la despenalización del aborto.

La segunda es el perfeccionamiento de los aparatos represivos, muy visible en las protestas de diciembre de 2017 contra la reforma previsional. En aquellas jornadas la represión fue muy fuerte, quizá la más brutal y masiva desde diciembre de 2001. Hubo cientos de heridos y detenidos, pero no hubo muertos. Creo que este es un punto importante porque muestra un aprendizaje del aparato represivo respecto de 2001, cuando el asesinato de manifestantes enardeció la calle. Esto va en paralelo con la masificación: en 20 años la policía bonaerense duplicó sus efectivos, de 45 a 100 mil uniformados.

La tercera es que las bases sociales de los movimientos están atrapadas ("contenidas", dicen los gobiernos) por una red de políticas sociales de control ("protección", dicen ellos). En el anterior ciclo de luchas (1997-2002), los pobres sólo contaban con sus familias y vecinos, y activaron esas solidaridades erigiendo potentes movimientos. Esa fue la clave del primer levantamiento posterior a la centralidad de la clase obrera industrial. Hoy el Estado paga 8 millones de asignaciones mensuales, entre familiares y universales por hijo, a 20 por ciento de la población.

Las clases dominantes renunciaron a la hegemonía y apuestan a dominar con una combinación de coerción y domesticación, abusando del marketing político. "La represión causa beneplácito en el sector de la sociedad a la cual considera su clientela y en sectores que cree que pueden llegar a convertirse en su clientela", señala el periodista Ricardo Ragendorfer (goo.gl/dPJwkA).

Esto es nuevo en Argentina, porque incluye a camadas de los sectores populares que casi siempre tuvieron una actitud anti-represiva. Un cambio tributario del modelo extractivista: esos jóvenes no tienen futuro, ni la menor esperanza de conseguir un empleo decente. Los adultos temen a los jóvenes que no estudian ni trabajan, ya que los consideran delincuentes reales o potenciales, y no condenan ni la represión, ni los feminicidios.

Pero esa juventud es el futuro. Los que no tienen nada que perder. O se los disputamos al narco y al sistema, o los que no tendremos futuro seremos los anticapitalistas.

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Movimientos sociales y el protocolo para la protesta pacífica

A partir del abuso de autoridad padecida en Colombia para contener y desestimular la movilización social, el pasado 31 de julio fue firmado el “Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica”, que sirve para establecer derechos sociales, además de oportunidades políticas, para que la sociedad civil exprese sus demandas. Con lo firmado ¿qué pueden espera los movimientos sociales?

 

La firma de la resolución 1190 del 2018, también adoptada como “Protocolo para la coordinación de acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre circulación, libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a la participación, inclusive de quienes no participan en la protesta pacífica”1, representa para la sociedad civil, especialmente para el sector de los movimientos sociales, un avance en términos de construcción de medios de defensa ante la represión que la Policía Nacional y el Gobierno Nacional acostumbran desplegar en contra de las protestas sociales.

 

Durante el proceso de construcción de este protocolo, llevado a cabo en Bogotá, participaron organizaciones sociales como La Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, la Mesa Nacional de Garantías, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, representantes del Gobierno como: el Ministro de Defensa, la ONU y el Ministro del Interior, además de algunos miembros de la Policía Nacional.

 

Fueron cuatros días para discutir, negociar y ratificar el Protocolo, pretendido desde hace cinco años por la Cumbre Agraria, que ve la necesidad de impulsarlo debido al asesinato de campesinos y líderes sociales a manos de agentes de la Policía y su cuerpo élite, el Esmad, en el curso de protestas, como la del Paro Agrario del año 2013.

 

Al respecto refirió Franklin Castañeda, presidente de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos: “El paro fue tratado con tal nivel de salvajismo que en Bogotá tuvimos 29 personas heridas, una señora en silla de ruedas asesinada, un joven sin un ojo, más de 800 personas detenidas, el toque de queda fue declarado en varios municipios, prohiiendo a la gente salir de la casa; el presidente Santos pronunció un discurso ordenando que 8.000 militares custodiaran la seguridad de Bogotá, medidas que son propias de un estado de sitio”.

 

Ciclo de la protesta social en Colombia

 

Estos casos de abuso de autoridad están enmarcados en el “ciclo de la protesta” conocido por el país durante los últimos diez años, suceso de lucha por derechos paralelo al cual la represión era fortalecida y las vías institucionales para ejercer las demandas de la sociedad civil eran cerradas.

 

Los casos de abuso de autoridad generados por el Esmad se recrudecieron, tal como las cifras lo demuestran: “Entre 2002 y 2014 fueron registradas 448 agresiones con la presunta participación de integrantes de la fuerza pública, que dejaron cerca de 3.950 víctimas, entre ellas 137 casos de personas heridas, 91 detenciones arbitrarias, 107 reportes de amenazas individuales y colectivas, 13 casos de ejecuciones extrajudiciales y 2 de violencia sexual”2.

 

Para Franklin Castañeda: “Se ha vuelto normal, sin que haya mayor reacción social o mediática, que en Colombia en el marco del derecho a la protesta social varias personas resulten asesinadas. En el 2017 catorce personas perdieron la vida bajo este contexto, en el 2016 fueron ocho, en el 2015 fueron siete las que perdieron la vida, y recuerdo que en el 2013 fueron quince”.

 

Las cifras muestran la magnitud de la represión hacia la protesta social, y dan cuenta de un problema estructural, de una visión de Estado. Además, deja en claro el tipo de doctrina con la cual son formados los agentes de policía y los de su cuerpo élite, el Esmad, con la cual prima la criminalización de la protesta social, es decir, el activista es considerado un enemigo, no un ciudadano que levanta su voz en defensa de los derechos básicos.

 

Criminalización de la protesta social

 

La criminalización de la protesta no es un fenómeno contemporáneo, sino que es histórico, visible a través de las políticas de “seguridad” de varios gobiernos, es decir, estamos ante una política de Estado. Vale recordar la implementación del Departamento de Seguridad Nacional por parte del gobierno de Carlos Lleras (1970), también el Estatuto de seguridad con Turbay (1978); el Plan Colombia (1999) implementado por orden de Estados Unidos en el gobierno de Pastrana, y la Seguridad Democrática durante los gobiernos de Uribe (2006). Estas políticas tienen en común legitimar el exterminio del “enemigo interno” a través de la criminalización de la protesta social, interpretada como una acción de terrorismo, vinculada a grupos guerrilleros y no como acciones colectivas propias de la sociedad civil.

 

Este tratamiento ha conllevado a silenciar y aniquilar al otro/a diferente y diverso que se manifiesta con particularidades poblacionales y culturales, cuya expresión en el marco de un contexto de gobierno democrático debería ser posible. Además, la represión política no solamente ha deslegitimado las acciones colectivas sino que también sesga la comprensión del trasfondo de las problemáticas sociales por parte del conjunto social y, con ello, desvirtúa la necesidad de protestar cuando el acceso a diversidad de derechos está bloqueado, además de inyectar temor en amplios segmentos poblacionales.

 

Esta tendencia a la represión violenta de la protesta social, para mantener la “seguridad” y el orden, lleva al incumplimiento de los lineamientos reconocidos en cuanto a las armas que puede usar el cuerpo represivo, llevando a la indiferenciación entre armas letales y no letales. En este sentido, es imprescindible abrir en la sociedad el debate, ¿cuál es la fuerza que puede ejercer la policía y el Esmad?, ¿bajo cuáles criterios debe ser regulado el uso de la fuerza?, o ¿se regula la fuerza o la protesta social?

 

Estos cuestionamientos han sido transversales al debate sobre garantizar la protesta social como un derecho fundamental y, aunque las organizaciones sociales han planteado discusiones en torno al tema, el Gobierno se mostró evasivo, en tanto no cedió ante la demanda por la diferenciación del armamento letal y no letal.

 

Negociación del protocolo

 

Las evasivas gubernamentales, además de tener explicación por una política de control y protección del poder por parte de quienes lo detentan, son influenciadas por las presiones que sectores empresariales ejercen, como los comerciantes y el sector minero, quienes han manifestado la oposición a la protesta social, así mismo al desarrollo del Protocolo sin su revisión, pues para los sectores empresariales un Protocolo negociado abre la posibilidad de pérdidas económicas debido a las consecuencias de los bloqueos de las vías comerciales, al tiempo que pone en riesgo sus negocios mineros y extractivistas en general, al toparse con la oposición de amplios segmentos sociales a tales iniciativas por su impacto ambiental.

 

No obstante, aunque no fueron establecidas regulaciones profundas en torno al tema de la fuerza, se logró que nuevas interpretaciones sobre la protesta social como un derecho fueran reconocidas en el Protocolo, por ende en el marco cultural y político del gobierno nacional y su policía. Así pues, el tratamiento de la fuerza es referido en el texto así: “[…] El último recurso que la Policía Nacional puede ejercer […] El cuerpo de policía intervendrá solo cuando considere que su actuación es necesaria, atendiendo al principio de proporcionalidad, y a la garantía de los derechos de los manifestantes, y de todas las personas, inclusive de quienes no participan”4.

 

Aunque estas concepciones plantean nuevos discursos, debates y propuestas que entran en juego entre la sociedad civil y gobierno nacional, también surgen inquietudes sobre qué tanto el Protocolo garantiza que la fuerza sea utilizada sólo en casos extremos, puesto que puede ocurrir la situación hipotética en que la Policía Nacional arguya el uso de la fuerza por la “defensa” de los sectores de la sociedad que no participan de la protesta social.

 

Por otro lado, si bien el documento firmado es una resolución, no tiene suficiente peso normativo para no ser modificado. Sin embargo, es una ganancia para el movimiento social haber alcanzado la construcción de este Protocolo; el beneficio de uno similar acordado en Bogotá en positivo: desde su regulación en el año 2015, también por la Cumbre Agraria y la alcaldía de Gustavo Petro, no se volvieron a presentar casos de muertes u otros abusos de poder por parte de la policía y el Esmad al momento de sucederse protestas.

 

Cabe rescatar también que el Protocolo empodera a la sociedad civil para ejercer acciones de control y vigilancia en torno al tratamiento dado por la policía a la protesta social. en este sentido, uno de los puntos metodológicos claves acordados es la conformación de las Comisiones de Verificación (CVI), integradas por organizaciones de Derechos Humanos y otros grupos de la sociedad civil que cuentan con la posibilidad de ejercer acciones de observación y verificación durante la protesta social. Así es expuesto en el Protocolo: “Si durante el desarrollo de las manifestaciones, movilizaciones y protestas se presentan actos de violencia, las CVI podrán mediar, en coordinación con los funcionarios públicos presentes, con el fin de promover el respeto y garantía el ejercicio de la protesta, así como los derechos de los demás actores que participen o se vean afectados. Además, las CVI junto con otros actores de la civilidad pueden realizar ejercicios de informar y denunciar a través de grabaciones o fotografías de situaciones que den visibilidad al tratamiento inapropiado de la protesta social”5.

 

Con el Protocolo se ha abierto camino al andar, esto es significativo para la coyuntura sociopolítica actual, y la que está por venir con la transición de gobierno de Santos a Duque, pues la mayoría de las políticas del nuevo gobierno buscan la implementación, o fortalecimiento, de políticas que acentúan la violencia, la represión política, los conflictos y la desigualdad en el país.

 

Una muestra clara de estos propósitos es la propuesta del nuevo Ministro de Defensa sobre regular la protesta social a través de una ley estatutaria. Es claro que esta propuesta da cuenta de las intenciones de controlar el derecho fundamental y no la fuerza. Por otro lado, recientemente se radicó el nuevo proyecto de ley de tierras, el 0318 del 2018, que modifica varios aspectos que posibilitaban la democratización de la tierra a favor de los pequeños productores en la ley 160 de 1994, proyecto que en cambio acentúa la concentración de la tierra en beneficio de las multinacionales extranjeras y proyectos de agroturismo, dejando de lado las posibilidades para que el campesinado sea reconocido como sujeto político. Este proyecto de ley ha sido ratificado en el Congreso con 81 votos a favor y 23 en contra –los de los sectores alternativos–, lo que evidencia la reducida posibilidad de participación y visibilidad con que cuentan los movimientos sociales en el aparato estatal y gubernamental.

 

En consecuencia, la protesta y la movilización social es una alternativa clave para seguir demandando transformaciones sociales, de ahí que el Protocolo sea una herramienta eficaz para reducir y/o controlar la violencia oficial y para que el conjunto social enfrente y supere el miedo que le han inyectado para que no demande el respeto de sus derechos.

 

1 Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta como una expresión de los derechos de reunión y manifestación pública y pacífica, 2018.
2 Ver https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/28878-por-que-es-necesario-desmontar-el-esmad.html
3 Rodríguez, E. C. (2017). Caminando la palabra. Movimientos Sociales en Colombia 2010-2016. Bogotá: Desde Abajo.
4 Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta como una expresión de los derechos de reunión y manifestación pública y pacífica, 2018.
5 Ibídem.

Publicado enEdición Nº249
A pie. Marcha campesina reaviva la movilización desde abajo en Venezuela

Se despertó el campesinado venezolano, la sal de su tierra, y marchó con paciencia hacia el lejano poder centrado en Caracas con reclamos ensordecidos y acallados durante años por la agudísima polarización política entre gobierno y oposición de derecha. Su cuestionamiento al gobierno es otro: el arrebato de sus tierras, la persecución que sufren del poder judicial y los latifundistas.


El 12 de julio pasado se inició en Acarigua, casi 500 quilómetros al suroeste de Caracas, una marcha popular que modificó el statu quo político en Venezuela. Como “una gota hirviendo en un témpano de hielo” –para usar una frase del teórico y político venezolano Alfredo Maneiro–, unos 2 mil campesinos de distintos movimientos sociales lograron descongelar la política en Venezuela y en la militancia de base del chavismo cuando comenzaron a caminar, desde el estado Portuguesa, para denunciar desalojos de tierras hechos por terratenientes y asesinatos por sicarios, muchas veces respaldados por las fuerzas armadas y otras instituciones estatales, como los tribunales agrarios.


Después del enfrentamiento entre el gobierno y la oposición que acaparó el espacio político en Venezuela durante los últimos años, después de la atención que recibieron la violencia política durante 2017 y la campaña electoral del primer semestre de 2018, la “marcha admirable campesina” (como fue bautizada popularmente, en referencia a la campaña militar con la que Bolívar tomó Caracas en 1813) marcó el resurgimiento de los movimientos sociales en el escenario político venezolano. Estos han cobrado protagonismo por fuera de los partidos de izquierda y derecha, gracias a un tejido social de movilización capaz de activarse y conseguir un espacio propio en la política nacional.


Día tras día estos pequeñísimos productores agrícolas, sin capacidad de compra de semillas o fertilizantes y muchas veces obligados por su condición humilde a sembrar la tierra con las manos, fueron avanzando rumbo a la capital. Rindieron homenaje a Jesús León y Guillermo Toledo, dos campesinos asesinados en la estancia ganadera Palo Quemado, en el estado de Barinas, presuntamente a mano de sicarios.


Después de tres semanas de marcha a pie, los campesinos llegaron, el 2 de agosto, a las inmediaciones de Miraflores, sede del Ejecutivo nacional, y se encontraron con tres piquetes policiales que les cortaron el paso.


CORRIENDO EL FOCO


Aunque no hubo violencia de ningún lado, la decisión del gobierno de no recibirlos provocó un estupor general y enardeció tanto a los grupos que se sumaron a la marcha en la capital como a las redes sociales. No obstante, la respuesta de los campesinos fue la paciencia, dijeron que esperarían la respuesta oficial. Al día siguiente Nicolás Maduro los recibió ante la radio y las cámaras de televisión. Los voceros de los campesinos hicieron un conjunto de planteos que dibujaron la gravedad de la situación que aqueja a los productores del campo, especialmente a los más pobres, y la indefensión en la que los ha dejado el Estado, especialmente después de la muerte del ex presidente Hugo Chávez.


La confrontación de gran calado entre el gobierno y sus adversarios, y el riesgo de confrontación militar internacional o de guerra civil interna que produjo, habían subordinado hasta ahora las demandas locales y sectoriales, y durante años impidieron que surgieran. En esta movilización el movimiento campesino presentó una serie de cuestiones que buena parte del país, incluido el chavismo, se planteaba, pero no había tenido espacio para comunicar. “¿Qué nos motiva? La necesidad. La necesidad que se sufre en el campo. ¿Producto de qué? Quizás no de las políticas implementadas por Maduro, pero sí de personeros internos que se prestan para que las cosas no les lleguen a los campesinos. Los insumos a tiempo, la regularización de las tierras. Esas son nuestras prioridades”, expresó durante la marcha el campesino Arbonio Ortega, representante de la Plataforma de Lucha Campesina, una de las organizaciones que participaron de la marcha. Ortega aprovechó también a hacerle un reclamo al presidente: “Queremos decirle que considere al campesino como el elemento y eslabón principal de la cadena alimenticia. No es posible que se siente con los otros sectores y con el campesino jamás haya una mesa donde nos podamos sentar”, agregó (desafios.com.ve, 2-VIII-18).

 

CRÍTICA RADICAL


En su recorrida los campesinos se fueron reuniendo con diversos sectores de la sociedad (grupos sindicales, barriales, parlamentarios, consejos de trabajadores y otros grupos de campesinos). Se sumaron a la movilización, sobre todo en las proximidades de la capital, movimientos urbanos populares, líderes sociales y grupos de base, y allí realizaron la primera marcha coordinada de diferentes movimientos sociales en al menos los últimos cinco años. Los campesinos se mantuvieron al frente de la caminata y no incorporaron nuevas vocerías. Se declaraban chavistas y no eran contrarios al gobierno de Maduro, pero realizaron la interpelación más radical que haya tenido que confrontar el presidente durante todo su mandato, en tanto denunciaban la sombría realidad que viven las comunidades campesinas que sufren la violencia de las clases oligárquicas y las fuerzas armadas, la criminalización de la que son objeto por parte del andamiaje judicial, y su exclusión de las políticas agrarias.


Como respuesta a sus demandas, Maduro anunció una reestructuración de la institucionalidad agrícola del Estado. Ordenó devolver a los campesinos las tierras otorgadas durante la presidencia de Hugo Chávez, de las cuales han sido despojados sistemáticamente por orden de tribunales agrarios presionados por sectores latifundistas. Delegó en la Asamblea Nacional Constituyente revisar las leyes agrarias y la investigación de los presuntos actos de sicariato, y exhortó también al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, a investigar a los jueces agrarios que han fallado en contra de los campesinos. Las medidas tomadas deberán ser evaluadas en setiembre próximo en el Congreso Campesino Nacional (supuestonegado.com, 3-VIII-18).


Para los movimientos sociales presentes en el encuentro con el presidente, su respuesta fue asumida como una victoria. Para el resto de los movimientos independientes del país, de izquierda y del chavismo de base, el proceso de interpelación y respuesta abrió una ventana para oxigenar al movimiento popular, en un momento de reflujo político.


REPRESALIAS ASESINAS


Apenas tres horas después de culminado el encuentro se supo del asesinato de tres líderes campesinos en Sabaneta de Barinas, el pueblo donde nació Hugo Chávez. Una de las víctimas había acusado de hostigamiento a un terrateniente, ex vicepresidente de la Federación de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), en un video. El caso elevó la indignación de los movimientos sociales y la presión sobre el gobierno, las fuerzas armadas y todo el sistema judicial, ya que la marcha había logrado concientizar a la ciudadanía nacional respecto de la situación que viven los campesinos en el occidente de Venezuela.


En un país acostumbrado a grandes movilizaciones políticas desplegadas gracias a una inmensa infraestructura de transporte, comida y tarimas (por ejemplo en cada acto electoral), la marcha campesina iniciada en julio tuvo un simbolismo particular por lo épico de su acción y la máxima humildad de sus actores. En tiempos de auge petrolero y de masas se abandonaron las formas tradicionales de acción política de los sujetos históricos venezolanos, y la maquinaria de movilización electoral dificultaba analizar la temperatura política del país; que el chavismo lograra concretar una marcha multitudinaria no era indicativo de que fuera a ganar las siguientes elecciones. Más o menos lo mismo ha ocurrido con la oposición.


MUY LEJOS DE TWITTER


La “marcha admirable” partió y llegó desprovista de transporte y alojamiento, elementos imprescindibles para las movilizaciones políticas de los últimos 20 años. Fue censurada por los medios de comunicación públicos y privados y sólo se sabía de ella por las redes sociales, aunque los campesinos no tenían ninguna cuenta propia a través de la cual se los pudiera seguir. Por ello, a medida que avanzaba, fue despertando la estima en movimientos y organizaciones que han sido relegados por el conflicto internacional y electoral en que ha estado inmerso el país. Éstos vieron en los campesinos marchando una oportunidad para dar vuelta el escenario político y presentar la agenda política de la institucionalización y burocratización que vienen denunciando.


La movilización campesina conmovió al chavismo de base y desató un debate dentro de esa fuerza política. En la actualidad el chavismo es la única fuerza política de peso. La oposición se encuentra en un estado de disolución general; muchos de sus líderes están en el exterior y los que se quedaron en Venezuela no han tenido la capacidad de reorganizar sus filas después de las derrotas de la violencia de calle de 2017 y de las elecciones presidenciales de mayo pasado, que ganó Maduro, aunque con una amplia abstención y sin una fuerza opositora que pudiera hacerle de contrapeso. Este nuevo panorama político nacional junto con las crecientes protestas de corte social han permitido que emerja con inusitada fuerza la diatriba interna contra el chavismo.


CRECIMIENTO DE LA PROTESTA SOCIAL


Quienes pensaron que el triunfo de Maduro en las presidenciales y la dispersión opositora implicarían la muerte de la política durante el mandato presidencial de seis años han quedado sorprendidos por el aumento de la protesta social pasadas apenas diez semanas de los comicios.
En enero de 2018 a lo largo y ancho del país se registraron saqueos como una expresión de protesta social. Estos actos fueron mermando hasta el punto que desaparecieron y dieron paso al debate electoral que culminó en las presidenciales del 20 de mayo. Pero a las pocas semanas comenzaron a resurgir protestas de corte social en medio de una crisis económica que no da tregua y que ninguna política del gobierno parece mitigar. Los saqueos no volvieron, la violencia política de 2017 tampoco, pero las movilizaciones sociales y gremiales sí han emergido con fuerza.


Primero las aguas se agitaron con una andanada de críticas –tanto a la política petrolera como a la falta de recambio en la dirección del partido oficialista, Psuv– que llovieron sobre el gobierno desde diversos sectores del chavismo político e intelectual (véase “Sobrevivir después de la victoria”, Brecha, 22-VI-18). Luego, el incumplimiento del gobierno en la puesta en marcha del Plan 50, que buscaba consensuar el precio de 50 productos entre el Estado, los productores y los vendedores, aumentó el nivel de malestar. Posteriormente han surgido protestas cada vez más grandes en sectores laborales organizados; por ejemplo, el gremio de las enfermeras ha sostenido manifestaciones durante un mes y medio, aproximadamente. Y el gremio de los trabajadores eléctricos también ha montado protestas. Al igual que muchas otras movilizaciones, las dos mencionadas están atravesadas por la demanda de un aumento exponencial del salario, que ha caído a mínimos históricos, en medio de la hiperinflación y una devaluación exagerada de la moneda.


Muchos de los gremios, sindicatos y federaciones de trabajadores de estos sectores responden a Acción Democrática, partido de la oposición que hegemonizó la política nacional durante 40 años (1958-1998) hasta la llegada de Chávez al poder. Su matriz política y el diseño de protestas en años anteriores, relacionadas más con campañas políticas de la oposición que con demandas sociales, genera suspicacia en el gobierno y sus aliados y dificulta un posible acuerdo.

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