Urge permanecer alerta contra las reformas laboral y pensional en Colombia

Treinta y nueve días de huelga indefinida en Francia llevaron a que el gobierno reversara la propuesta fijar en 64 años la edad obligatoria para la jubilación. Las movilizaciones fueron permanentes, el ánimo no se doblegó, la lucha rindió sus frutos.

No obstante la victoria de las organizaciones sindicales, se convocó a una nueva marcha en el país para el 16 de enero. No hay que bajar la guardia, coinciden en asegurar los dirigentes de las organizaciones obreras.

Esa misma beligerancia es la que debe asistir a las diferentes expresiones organizativas en Colombia ahora que el ministro de Hacienda, Tomás Carrasquilla, considera que los dos asuntos deben abordarse mediante proyectos que hagan tránsito en el Congreso este año, como alternativa para hacer viable la generación de empleo y asegurar el funcionamiento del fondo público Colpensiones.

Aun cuando se trata de una falacia que les hace juego a los empresarios y de la que no quiere ser partícipe la ministra del Trabajo, Alicia Arango porque sabe el costo político que implica, todo indica que estas dos iniciativas serán apuntaladas con el propósito de sacarlas adelante.

El tema pensional

Colpensiones es la joya de la corona. A este fondo están afiliados 6.791.854 colombianos de los cuales 1.367.596 son pensionados. Lo que argumenta el gobierno nacional es que se puede producir un desfinanciamiento, y su brillante salida, es aumentar la edad de jubilación.

Por supuesto, esta propuesta no es fruto de un estudio serio sino más bien, la consecuencia de la recomendación que le hizo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) al presidente Iván Duque.

Esta disposición, en caso de que se apruebe, terminaría perjudicando a buena parte de los 3.362.492 cotizantes activos a Colpensiones. Un enorme volumen de trabajadores verá frustrados sus sueños de salir al menos con salud después de muchísimos años de laborar. Lo que espera el ministro Carrasquilla, es que el jubilado salga con un bastón a dedicar buena parte de su tiempo a practicarse exámenes en la EPS, sacar el perro al parque o, en el mejor de los casos, a hacer mandados en la tienda de la esquina mientras que, para todos, se convierte en un mueblo viejo dentro de la casa al que no se sabe dónde ubicarlo.

Si no se aprueba la reforma pensional en el Congreso, el 30% de los afiliados activos a Colpensiones podrían jubilarse en el corto plazo. Una expectativa apenas justa. Y si hay algo que no podemos olvidar, es que durante su campaña, el hoy presidente Duque prometió no aumentar la edad de pensión.

La reforma laboral, otra papa caliente

En mi lejano Vijes solían repetir los veteranos: “El palo no está para cucharas”. Vigente hoy, ya que el panorama entre los colombianos es de alerta para evitar que el paquetazo de Duque, que tanto se empecinó en negar el gobierno nacional, no vaya a revivirse con nuevo nombre.  En otras palabras: “El mismo perro con diferente guasca”. Los áulicos de Duque y en particular el ministro Carrasquilla, son muy hábiles para eso.

Los empresarios están alimentando esta idea bajo el argumento de que el sistema laboral obedece a una estructura con veinte años de atraso. Eso es cierto, pero en detrimento de la clase obrera y ahora pretenden precarizar aún más su situación. Desmejorar su calidad de vida.

Lo que proponen los empresarios favorece sus propios intereses, como por ejemplo el tema de la flexibilización laboral o trabajo por horas, y va en contravía de lo que sugieren la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión de Empleo de la OCDE.

La movilización popular, un muro de contención

Lo que se avecina es altamente lesivo para la clase trabajadora. Y al igual que los obreros de Francia, no podemos bajar la guardia.

El único muro de contención para frenar las pretensiones del gobierno nacional, de los empresarios, algunos académicos y congresistas afectos al presidente Iván Duque, es la movilización popular. Expresar la inconformidad. No permitir que, como ha ocurrido en otras ocasiones, terminen pisoteando a la base popular.

Si se retoman las marchas, como es apenas previsible en Colombia, es necesario que evitar una reforma laboral y pensional constituyan de nuevo un estandarte de lucha. No de otra manera podremos evitar que se siga pauperizando a la clase trabajadora, históricamente golpeada por quienes tienen el poder político y económico.

Por Fernando Alexis Jiménez | @misnotasdeldia

Blog del autor www.cronicasparalapaz.wordpress.com

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El presidente de Chile anuncia una reforma de las pensiones después de tres meses de estallido social

La reforma del criticado sistema de pensiones pretende implementar un aumento gradual del 6 % en las cotizaciones, que pasarían del 10 % actual hasta el 16 %

Supondrá un aumento promedio del 20% en las pensiones de los hombres y del 32% en el caso de las mujeres

El presidente de Chile, el conservador Sebastián Piñera, ha anunciado este miércoles una reforma al criticado sistema de pensiones, que es privado y se basa en la capitalización individual, cuando están a punto de cumplirse tres meses del grave estallido social que vive el país austral.

La iniciativa, que se presentará esta semana al Parlamento, pretende implementar un aumento gradual del 6 % en las cotizaciones, que pasarían del 10 % actual hasta el 16 %. Un 3 % del incremento de la cotización lo pagará el empleador, se sumará al 10 % actual e irá a la cuenta de ahorro individual del trabajador. El otro 3 % también estará a cargo del empleador, contará con un aporte inicial del Estado y se destinará a un fondo público, denominado Fondo de Ahorro Colectivo y Solidario.

Este fondo es otra de las novedades que presenta la reforma y sumará un pilar de ahorro colectivo al sistema previsional chileno para entregar "un aporte adicional a los jubilados actuales y futuros y beneficiará de manera especial a las mujeres, la clase media y los adultos mayores con dependencia severa", explicó Piñera.

En la actualidad, el modelo de pensiones de Chile se basa en el ahorro individual obligatorio gestionado por empresas privadas, las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y en una pequeña participación estatal a través del llamado Pilar Solidario, dirigido a los más pobres y a quienes tienen las pensiones más bajas.

Aumento del 32% en las pensiones de las mujeres

Esta reforma permitirá un aumento de 56.600 pesos mensuales (cerca de 73 dólares, 65 euros) para los hombres, lo que significa un aumento promedio de 20 % de sus pensiones y beneficiará a más de 500.000 pensionados. En el caso de las mujeres el beneficio será de 70.800 pesos al mes (unos 91 dólares, casi 82 euros), lo que significa un aumento promedio de 32 % de sus pensiones y va a beneficiar a más de 350.000 pensionadas, según dijo el mandatario.

"Con estas reformas, se garantiza que ningún pensionado quede por debajo de la línea de pobreza y que las pensiones de aquellos que hayan cotizado por 30 años o más estén siempre por encima del monto actual del salario mínimo", que es de 300.000 pesos chilenos (cerca de 400 dólares), señaló Piñera.

El presidente ha dicho que esta reforma "representa un cambio estructural" del modelo de pensiones y apuntó otra serie de novedades como la apertura de la administración de los fondos de pensiones a otros actores que no sean las AFP, como sociedades sin fines de lucro o cooperativas de afiliados para "fortalecer la competitividad de la industria", entre otras cosas.

"Chile ha sido un país ingrato con nuestros adultos mayores. Uno de los grandes temores que acechan a muchos de nuestros ciudadanos, además de la enfermedad o la delincuencia, es no tener los recursos necesarios para enfrentar con dignidad la tercera edad", ha reconocido Piñera. Estos cambios propuestos por el presidente se suman a los ya aprobados el pasado diciembre para aumentar en hasta el 50 % las pensiones más bajas.

Modelo de pensiones instaurado durante la dictadura

Ideado por José Piñera, uno de los hermanos del actual mandatario, e instaurado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), el sistema de pensiones chileno tiene como pilar básico el ahorro individual obligatorio.

Su cambio hacia un modelo más solidario es uno de las principales demandas del estallido social que vive el país desde octubre, que es el más grave desde el retorno de la democracia hace tres décadas y que ya se ha cobrado la vida de al menos 27 personas.

Las manifestaciones, que comenzaron en respuesta a un aumento en la tarifa del metro y se convirtieron en un clamor contra la desigualdad, han perdido fuerza, pero sigue existiendo descontento en las calles y la crisis parece lejos de solucionarse, pese a otras medidas sociales anunciadas por el Gobierno y al plebiscito sobre una nueva Constitución.

"Parece que el presidente Piñera no escuchó bien lo que está pidiendo la calle, que no quiere más el modelo de capitalización individual y quiere dar tránsito a un nuevo modelo mixto de pensiones con la seguridad social como sustento principal", ha lamentado el senador socialista Juan Pablo Letelier.

En Chile, cada trabajador aporta un 10 % mensual de su sueldo bruto a un fondo de pensiones personal del que puede disponer cuando se jubila y que es gestionado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), empresas privadas que obtienen beneficios millonarios tras invertir los fondos en los mercados y son muy criticadas por las bajas pensiones que pagan.

El promedio de la pensión mensual pagada en agosto del año pasado por las AFP fue de unos 220 dólares.

Por EFE - Santiago de Chile

16/01/2020 - 07:38h

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Bitácora del Paro Nacional: algunas impresiones sensibles de un participante cualquiera

21 de noviembre de 2019: inicia el paro nacional y se cierra el día con cacerolazos “espontáneos” en diversas partes del país. 

Acabo de llegar de la marcha-cacerolazo más bella de mi vida: sin importar la madrugada para acudir al trabajo, sin pensar en la productividad económica que continuamente nos desposee de nuestras vidas, decenas de niños, abuelas, gente en pijama, familias con sus compañeros perros, etc., habitaron nocturnamente, sin miedo y con alegría, calles normalmente oscuras y peligrosas, demostrando que, ante la precariedad que nos quiere temerosos, divididos y compitiendo, los hilos que constituyen la vida común son imposibles de desgarrar sin consecuencias. A partir de hoy, las calles, los barrios, el oikos, son un poco más nuestros. Algo está pasando, y está pasando por contagio, micrológicamente, a través de vibraciones que escapan de toda consigna específica. En medio de este invierno capitalino, ha empezado la tan esperada primavera.

23 de noviembre de 2019: tras ser decretado un toque de queda acompañado de la aparición de grupos “vandálicos”, aparentemente conformados por la misma fuerza pública y el gobierno nacional. Estos grupos amedrentaron conjuntos residenciales y provocaron la, de facto, paramilitarización de organizaciones vecinales “espontáneas”.


Es importante reaccionar ante el imperio del miedo, el cual delata a quienes están realmente asustados, a quienes le temen a la oleada de afectos alegres que cerró la primera jornada del paro nacional, a quienes no soportan la reapropiación de los territorios y la creación de vínculos capaces de hacerle frente a la precariedad/desposesión generalizada. Desean familias y sectores populares (para)militarizados, armados, sumidos en el terror y enfrentados a enemigos difusos prefabricados, lo que equivale realmente a un enfrentamiento entre sí que solo ahonda dinámicas de competencia intestina, xenofobia y exclusión; sin embargo, en lugar de su anhelada Purga, tendrán multitudes libres, con ganas de vivir mejor colectivamente, conectadas por vibraciones entre cacerolas que nos recuerdan que habitamos un mismo hogar, que queremos compartir los alimentos y tenerlos garantizados para todo el mundo, que nuestra enfermedad no es la pereza, sino el trabajo desrealizante y explotador sin porvenir alguno, ni para los seres humanos promedio ni para la mayor parte del planeta en su conjunto. ¡Llueva o truene nuestra primavera se mantiene!

27 de noviembre de 2019: dos sospechas frente al paro nacional.


1. A los migrantes venezolanos casi no se los ve en el transporte público por estos días. Es evidente que se encuentran aterrorizados, pero lo peor es que puede que muchos hayan "desaparecido" durante el toque de queda. Sobre todo quienes se resistieron a convertirse en agentes de pánico. Algo similar pudo haber sucedido con algunas personas en situación de calle. Antes del paro las cifras de asesinatos a estas poblaciones eran tan inciertas como desconocidas, no quiero ni imaginar lo que puede estar sucediendo en el contexto actual. Las reformas negociadas y los cambios en curso deben contemplar políticas efectivas a ese respecto.


2. Es probable que algunos representantes de los transportadores hayan sido comprados o amenazados (es conocido el régimen del terror en el que, por ejemplo, viven los conductores y empleados de la empresa Transmilenio en Bogotá). Imagínense lo que estaría pasando si se hubieran sumado al paro. Espero estar equivocado o que ellos se encuentren aguardando para aparecer en el mejor momento.

12 de enero de 2020: después de que Uber anunciara su salida del país y algunos de sus trabajadores decidieran sumarse al paro nacional.


Que los conductores de Uber se sumen al paro a favor de Uber, y no directamente por su precaria situación, no confirma que esta sea la tierra del realismo mágico, sino que los problemas desbordan el clásico diagnóstico que sitúa como fundamento incontrovertible de todos los males a un abstracto neoliberalismo reducido, conceptualmente, al ataque de lo público-estatal y la consecuente aceleración de la privatización. En el fondo, lo que está en juego es cierto flujo deseante, y un conjunto de haceres más o menos imperceptibles macropolíticamente, que intentan reconfigurar, buscando mayor autonomía real o aparente, la manera en que nos movilizamos, contactamos, comunicamos, etc. En otras palabras, Uber, y toda la llamada economía de plataformas, está entendiendo a la perfección el terreno de disputa y nos está ganando cada vez más espacio, solo así se comprende que muchas de esas empresas operen, paradójicamente, con millonarias pérdidas (caso emblemático de Rappi en Colombia): no van solo detrás de ganancias aprovechando la precariedad asociada al desmonte de determinados mecanismos que proveen seguridad social, van detrás de nuestros más profundos deseos y haceres legítimamente antiburocráticos y antiestatales, van detrás de nuestros conatos de autonomía,... En fin, persiguen la plena supeditación de la vida misma al Capital. Vieja historia.

…21 de enero de 2020: A parar para avanzar, ¡viva el paro nacional!

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El Parlamento de Irak exigió la retirada de tropas de EE.UU.

El Parlamento de Irak le exigió al gobierno que ponga fin a la presencia de tropas estadounidense en el país. Así lo había solicitado previamente el primer ministro, Adel Abdelmahdi, en la primera sesión de la Cámara desde el ataque de Estados Unidos contra el comandante iraní Qasem Soleimani. Por la noche, se registró un nuevo ataque con misiles en las cercanías de la embajada de Estados Unidos en Bagdad.


El Parlamento aprobó una moción en la que solicita al Ejecutivo que "trabaje para acabar con la presencia de cualquier fuerza extranjera en el país". Asimismo, el texto solicita al gobierno que anule "la petición de ayuda a la coalición internacional para luchar contra el (grupo terrorista) Estado Islámico" porque considera que las operaciones militares contra los extremistas ya concluyeron en Irak.


El Parlamento también llamó al gobierno a presentar una queja urgente a la ONU y al Consejo de Seguridad contra Estados Unidos por "violar la soberanía y seguridad de Irak". Además, pidió al Ejecutivo llevar a cabo "una investigación de alto nivel para conocer las circunstancias del bombardeo estadounidense e informar a la Cámara de los resultados en un plazo de siete días".


En la votación estuvieron presentes 168 diputados de los 329, debido a la ausencia de partidos kurdos y sunitas. Previo al inicio de la sesión, el primer ministro renunciante, Adel Abdelmahdi, pidió adoptar "medidas urgentes" y "llevar a cabo las gestiones" necesarias para acabar con la presencia de fuerzas extranjeras en el país.

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El retorno de los motines de subsistencia
Publicamos una selección de los artículos más leídos durante el 2019. Fueron seleccionados de los periódicos desdeabajo ediciones 253-264 y Le Monde diplomatique, edición Colombia ediciones 185-196.

La regresión de los salarios, el trabajo precario, tener que soportar sobre los hombros un peso cada vez mayor del financiamiento del Estado por el aumento de los impuestos, el encarecimiento de los servicios públicos y la negación de la educación y la salud como derechos básicos, han llevado a los pueblos a levantarse espontáneamente.


La incertidumbre sobre la subsistencia no puede seguir siendo la norma de vida.

 

“Un fantasma recorre el mundo”: el fantasma de las revueltas populares espontáneas. El recorrido del espectro comenzó el 17 de octubre de 2018 en París, con una convocatoria por medios digitales para protestar por el alza en el precio de los combustibles, la pérdida en el poder adquisitivo del salario y una carga fiscal creciente sobre los sectores con menores ingresos. Las protestas, que ya completan más de un año, han sobrepasado tan sólo en la capital francesa, más de cincuenta manifestaciones saldadas con once muertes relacionadas con los eventos, 24 ojos perdidos por perdigones disparados por la policía, una mano arrancada con explosivos, y más de tres mil condenados –mil de ellos condenados a prisión–, entre otros destrozos provocados por la represión. El nombre del movimiento, un poco extraño y carente de referentes: los chalecos amarillos.

En América Latina, las mismas causas fueron la chispa que el tres de octubre de éste año incendiaron, primero, la capital ecuatoriana, y luego el resto del país con un saldo no menos trágico: entre cinco y diez muertos, 500 heridos y al menos 1.000 detenidos, luego de diez días de refriegaque obligaron al gobierno a poner en suspenso las medidas que motivaron el gesto insurreccional. Pero, la cereza que coronó el pastel, fue la sorprendente reacción del pueblo chileno, qué iniciada con las protestas de los estudiantes por el alza en el precio del transporte público, rápidamente asumió el carácter de una revuelta popular de gran envergadura, cuyo saldo ha sido de al menos veinte muertos, 600 heridos y cerca de 6.000 detenidos. El estallido popular en este país es aún más significativo, por haber sido Chile el conejo de laboratorio donde la escuela económica conocida como los Chicago Boys ensayó el conjunto de políticas que angostaron, a lo ancho del planeta, la vida de los asalariados hasta los mínimos niveles de subsistencia, para de esa forma darle salida al capital, luego de la crisis de los setenta del siglo pasado, que había puesto en cuestión las tasas de acumulación.

Como una funesta coincidencia de los simbolismos, debe recordarse que fue José Manuel Piñera, hermano mayor del actual presidente, Sebastián Piñera, quién como ministro de la dictadura militar de Augusto Pinochet puso en marcha las reformas anti-populares que por más de cuatro décadas rigieron la economía de aquel país, y cuyos efectos acumulados condujeron al estallido social reciente. El hermano menor, intentando redondear la siniestra obra de su familiar, terminó colmando la paciencia del pueblo chileno que busca como meta sacudirse la pesada herencia.

Pero, las protestas también han tenido lugar en ciudades como Puerto Príncipe, Beirut o Bagdad, en una reedición de los Motines de Subsistencia de los siglos XVII, XVIII y XIX, de los que quizá el más trascendente fue la “Marcha sobre Versalles”, en el que las vivanderas de los mercados parisinos sitiaron el palacio real y obligaron a María Antonieta y a Luis XVI a regresar a la capital francesa a asumir sus responsabilidades, consolidando el levantamiento que dio forma definitiva a la Revolución Francesa. Ya no es el precio del pan la chispa sino el de los combustibles, así como la regresión en las condiciones de la seguridad social y el entender que el financiamiento del Estado ha sido volcado sobre los hombros de los sectores populares, pero, eso no le quita que sean verdaderos motines de subsistencia en versión actualizada, pues su motivación son las extremas condiciones de angustia con las que la mayoría de la población enfrenta la cotidianidad.

 

El camino hacía los límites

 

Más allá de las críticas que puedan hacerse a conceptos como el de sociedad post-industrial, o a ciertas conclusiones derivadas de afirmar el fin de la etapa industrialista del capitalismo, lo cierto es que el innegable dominio de la ocupación en el sector servicios, que en promedio en el mundo ocupa el 50 por ciento de los trabajadores contra el 14 por ciento en las manufacturas –en los países de altos ingresos esos porcentajes son de 74 y 13 por ciento respectivamente–, obliga a considerar las consecuencias de ese hecho, así como de los cambios en la estructura de la fuerza laboral industrial, tanto al interior de los países, como si la miramos globalmente.

La automatización y la robotización son, sin duda, dos de los factores centrales que explican la disminución de la participación relativa de la fuerza de trabajo en la producción de los bienes manufacturados. Para el caso de los países del centro capitalista, además, debe sumarse el proceso de deslocalización, iniciado con fuerza en la década de los ochenta del siglo pasado, que buscó a través de la externalización de un componente importante del proceso de fabricación de bienes, no sólo disminuir costos al usar mano de obra de los países periféricos, sustantivamente más barata, sino debilitar la resistencia interna de los trabajadores, al descomponer o eliminar las unidades productivas que aglomeraban un número considerable de obreros convencionales. La búsqueda de nivelar por lo bajo los salarios, que aún continúa, ha tenido en esa estrategia uno de sus puntales más importantes.

De otro lado, al interior de los países, la subcontratación (conocida como outsourcing, por su acepción en inglés) de las actividades menos automatizables, hizo de la tercerización, como también se le conoce, un mecanismo que descargó de responsabilidades laborales a las grandes empresas y contribuyó a la informalización y precarización de un gran número de trabajadores, pues las pequeñas empresas subcontratistas escapan, en mayor medida, a los controles estatales. En el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del 19 de octubre de este año, sobre autoempleo y pequeñas y medianas empresas –titulado en español como Lo pequeño importa–, ese organismo muestra como en el mundo cerca del 70 por ciento del empleo lo proveen ese tipo de unidades productivas. En los países de bajos ingresos, las empresas de menos de 50 trabajadores proveen el 40 por ciento de la ocupación, el autoempleo el 54 por ciento, mientras que tan sólo el seis por ciento es cubierto por empresas de mayor envergadura. En los países de medianos ingresos el autoempleo (60 por ciento) y el empleo en pequeñas empresas (30 por ciento) representan la casi totalidad de la ocupación, siendo la magra cifra del 10 por ciento el ofertado por las grandes empresas; mientras que en las naciones de altos ingresos, las pequeñas empresas ocupan casi la mitad de la población asalariada (47por ciento), el autoempleo el 11 por ciento y las grandes empresas menos de mitad de la provisión laboral (42 por ciento)–en Colombia, según el Dane, el autoempleo es 43,6 por ciento–. Este proceso, que quiso ser maquillado con el pomposo nombre de “industrias en red”, facilitó la individualización de la contratación y limitó el horizonte político de la clase trabajadora que empezó a tener mayores dificultades para poder articular convergentemente acciones de lucha por sus derechos, limitando su alcance y posibilitando al capital imponer sus condiciones sin apenas resistencia. Acá, lo pequeño no es hermoso.

El debilitamiento estructural de la clase trabajadora tuvo quizá su mayor reflejo en el declive de las tasas de sindicalización de los países más industrializados.En EU la afiliación a los sindicatos va en caida de forma importante, pasando de representar 20,1 por ciento en 1983 a 10,6 en la actualidad. En Alemania y Japón, las otras dos potencias industriales capitalistas, la cifra apenas supera el 17 por ciento en la actualidad, y en Corea del Sur es tan sólo del 9 por ciento, según datos de la Confederación Sindical Internacional (CSI). Esto no es más que el reflejo de la des-colectivización de la relación capital-trabajo, que ha colocado al trabajador individual a negociar de forma aislada con las grandes corporaciones, en una situación de desigualdad cuyos resultados son la precarización de sus condiciones. La informalidad ahora es lo normal; su porcentaje actual a nivel mundial es del 61 por ciento de trabajadores en esa condición, mientras que tan sólo el restante 39 de asalariados están cubiertos con las pocas garantías que las reformas laborales no han abolido para los contratos convencionales (en Colombia la informalidad es del 48 por ciento).

La desregulación del trabajo, que incluye la llamada flexibilización laboral, va acompañada de un traslado de la carga fiscal desde las empresas a los trabajadores. En EU la tasa impositiva a las compañías pasó del 32,1 por ciento en 1952 a 10,8 en 2015; en Europa, del 41 por ciento de 1983 quedó reducida en 2015 al 22, mientras que el impuesto al valor agregado (IVA), pagado esencialmente por la gente del común pasó, en ese período, de 16,1 a 19,2 por ciento. En EU la tasa impositiva marginal, aplicable a los ingresos más elevados, de 70 por ciento en 1980 descendió al 40 en 2010, mientras que en Alemania de estar en 90 por ciento, a fines de la década del cuarenta del siglo pasado, es hoy del 45 por ciento, como lo destaca Thomas Piketty en su libro El capital en el siglo XXI. Además, como lo reseña Oxfam en su informe de 2018, el economista Gabriel Zucman estima que los multimillonarios esconden alrededor de seis billones de dólares en paraísos fiscales, eludiendo al menos 200 mil millones en pagos de impuestos. Esto ha tenido como resultado una concentración de la riqueza sin antecedentes, hasta el punto que en la actualidad las 42 personas más ricas del planeta poseen el equivalente de lo que suman los activos de los 3.700 millones de personas con menor riqueza en el mundo, según datos de la empresa de servicios financieros Credit Suisse. Oxfam calcula que en el 2017 el 82 por ciento de la riqueza creada fue apropiado por el uno por ciento de los más ricos.

 

Las clases trabajadoras al borde del abismo

 

El aumento de la dispersión locativa de los trabajadores de un mismo sector –tal el caso de conductores, empleados de los comercios minoristas, docentes, médicos, etcétera– propiciada por el continuo crecimiento del sector servicios, las facilidades para la deslocalización internacional y el predominio de las pequeñas empresas, fueron algunos aspectos de la piedra de toque que facilitó al capital reducir al mínimo los derechos de los trabajadores. Que estos empiecen a ser considerados como “prestadores de servicios independientes”, desligados de sus colegas de labor, ha llevado en la actualidad a hacer posible la existencia de empresas sin apenas trabajadores presenciales, como en el caso de la llamada “industria de plataforma”, cuya actividad central es ser coordinadora informatizada de actividades. El avance de la economía gig, también conocida como economía colaborativa, o economía de los freelance, ocupa predominantemente trabajadores jóvenes que aportan sus conocimientos y habilidades a empresas por horas o días sin que medie un contrato.

En el imaginario ideologizado, entonces, lo que quiere presentarse es el fin del trabajo como actividad subordinada, y justificar así el avance de la eliminación de éste como sujeto de derechos. La subordinación moderna de los trabajadores queda basada, de esa forma, en lo que Robert Castel denominó el ascenso de las incertidumbres: la inseguridad sobre el mañana como instrumento de sujeción en el presente, pues los derechos económicos positivos son, de hecho, eliminados. Según la CSI, el 60 por ciento de los países tienen prohibiciones de sindicalización en algunos sectores de la economía, el 83 por ciento ha vulnerado el derecho de huelga y el 82 han violentado la negociación colectiva, todo bajo el argumento que los derechos de los trabajadores son contrarios a la buena marcha de la sociedad, y de que tal marcha no es otra cosa que la ampliación de la riqueza apropiada por el capital.

El avance del capital a costa del trabajo, es innegable. Según el Fondo Monetario Internacional el pago a los trabajadores en los países desarrollados, de representar 55 por ciento del PIB en 1972 fue reducido a 40 en la actualidad, mientras que en los países emergentes y los subordinados, de 50 por ciento en 1994 pasó en el presente a 37. El estancamiento de las salarios medios y bajos tuvo en el divorcio presentado entre las mejoras en la productividad y los aumentos en las remuneraciones al trabajo, una de las causas más importantes, y desde 1972 sigue ensanchándose. El salario por semana en Estados Unidos, cuyo promedio actual es de 746 dólares, sería hoy de 1.377 dólares si las remuneraciones hubiesen aumentado en la misma proporción que lo hicieron hasta 1972 respecto de las mejoras en la productividad, lo que indica, sin equívocos, que ésta última ha sido apropiada en su práctica totalidad desde esa fecha por los capitalistas.

Pero, de otro lado, a partir de las crisis de los setenta, la brecha al interior de las mismas remuneraciones salariales ha ido en aumento, dejando a la gran masa de trabajadores sin mando en unas condiciones cada vez más desventajosas, puesto que mientras en la década de los setenta del siglo pasado la relación del salario entre gerentes y trabajadores era de 45 a 1, es hoy de 794 a 1. Y, lo que es aún más preocupante, al interior de los mismos trabajadores no directivos la brecha también es enorme, pues según la OIT mientras que la remuneración en el decil más bajo es de 266 dólares anuales (750.000 pesos colombianos mensuales, aproximadamente) en el noveno decil es de 36.903 dólares (10 millones de pesos mensuales aproximadamente, es decir, 133 veces más). Esto ha llevado a una fragmentación de la clase trabajadora que hoy ya no está dividida entre trabajadores de “cuello blanco” (empleados) y trabajadores de “cuello azul” (obreros) sino entre trabajadores con derechos y trabajadores precarios que ahora son la inmensa mayoría.

Para completar el cuadro, el encarecimiento de algunos consumos básicos ha limitado aún más las condiciones vitales de los grupos subordinados. La privatización de los servicios públicos domiciliarios, y los de salud y educación, por ejemplo, convertidos en mercancías, y por tanto anulados como derechos, fueron convertidos en bienes plenos para unos pocos, amplificando la monumental disparidad social que experimentamos. La deuda estudiantil en EU, por ejemplo, suma 1,6 billones de dólares, el doble que hace diez años y afecta ya a 44 millones de personas, que dados los bajos salarios percibidos quedan hipotecadas prácticamente de por vida. En Colombia, la cartera del Icetex es de alrededor de cinco billones de pesos distribuidos entre 700.000 deudores, en una espiral creciente de acreencias a la que empiezan a sumarse como prestamistas los bancos privados. En cuanto a los servicios públicos, basta señalar como ilustración que el precio medio de la energía que cobran las empresas privadas en los 34 países de la Ocde es 23,1 por ciento mayor que el de las empresas públicas, lo que ha obligado a que en la última década 235 municipalidades hayan re-estatizado el servicio.

El multimillonario Warren Buffet, al expresar que "Hay una guerra de clases, de acuerdo, pero es la mía, la de los ricos, la que está haciendo esa guerra, y vamos ganando", dejaba claro que los resultados de la concentración económica es producto de una ofensiva consciente y no de “los automatismos del mercado” o de la “correcta asignación de recursos”, argumentos clásicos del cretinismo de los profesionales de la economía convencional. Debe ponerse en primer plano, entonces, como lo planteaba ya la economía clásica, que la estructura de la distribución del ingreso es un resultado de la correlación de fuerzas entre las clases y no un dato técnico, y que es definida en el espacio de la política. Recoger el guante del desafío que los Buffet lanzan, parece una tarea demorada por parte de los movimientos sociales si bien, vistos retrospectivamente, tanto el movimiento de los Indignados como Occupy Wall Street podrían considerarse como escaramuzas, y los recientes motines de subsistencia como movimientos de avanzada que empiezan a responder. Es, pues, el desarrollo de formas organizativas ágiles y pertinentes una tarea urgente a desarrollar.

En Colombia, la reciente visita del Secretario General de la Ocde, José Ángel Gurría, para presentar al gobierno un informe sobre la situación del país, muestra que para la burocracia internacional los motines de subsistencia no son aún motivo de alarma, pues el funcionario recomendó, entre otras cosas, reducir los costos laborales no salariales, el valor del registro de empresas, revisar el “elevado” salario mínimo y aumentar la edad de jubilación. Aunque, para ser justos, lo del “elevado” salario mínimo y el aumento en la edad de jubilación, son también viejos argumentos de nuestra tecnocracia ultraliberal, defendidos, entre otros, por funcionarios criollos como el inefable Alberto Carrasquilla –el mismo de los bonos de agua–, qué en la Ley de Financiamiento, declarada inexequible por la Corte Constitucional, en nombre de las posiciones más ultraderechistas, quiso aprobar una reducción a las empresas en el impuesto a la renta así como exonerarlas de pagar el IVA a los bienes de capital, ahorrándoles casi seis billones de pesos. Quizá, los tecnócratas confían en la pasividad de los movimientos sociales colombianos, pero, en eso también confiaba Piñera, y si “Chile despertó”, ¿será que dura mucho nuestro adormilamiento?

 

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Macron insiste en que llevará adelante la reforma de las pensiones pese a las protestas

El presidente francés defiende el proyecto en medio de un prolongado paro de trenes y transporte metropolitano

El presidente francés, Emmanuel Macron, defendió la noche del martes la reforma de las pensiones, su proyecto de campaña más ambicioso pero que, desde que fue anunciado a comienzos de diciembre, ha provocado una de las movilizaciones más duras en contra de su Gobierno. En su discurso de Nochevieja, en el que tradicionalmente los mandatarios galos expresan sus “propósitos” para el año entrante, Macron aseguró que el proyecto “se llevará a cabo”. Al mismo tiempo, pidió un “apaciguamiento” de las protestas, que han superado ya las que en 1995 obligaron al entonces primer ministro, Alain Juppé, a retirar su propia reforma, e insistió en que su propuesta para cambiar el actual sistema de pensiones para convertir los 42 regímenes diferentes en uno “universal” por puntos es más “justo” para todos los franceses.

“La reforma de las pensiones se llevará a cabo porque es un proyecto de justicia y de progreso social”, sostuvo Macron en su discurso, de 18 minutos, en el que dedicó casi una cuarta parte a esta cuestión. Por ello, manifestó su esperanza de que su primer ministro, Édouard Philippe, encargado de las negociaciones, “encuentre la vía de un compromiso rápido” con todos aquellos sindicatos y patronales “que quieran” dialogar.

A pesar de su firme decisión de completar la reforma, el mandatario aseguró que no hace oídos sordos a los “miedos” y “angustias” expresadas estas últimas semanas, pero entre las que también ha habido, subrayó, “mentiras y manipulaciones”.

“No cederé ante el pesimismo ni el inmovilismo”, advirtió el presidente francés, e instó a los franceses a abrirse también a esos cambios a los que son a menudo reticentes. “¿Hay que renunciar a cambiar nuestro país y nuestra vida diaria? No, porque sería abandonar lo que el sistema ya ha abandonado”, afirmó. “Y sería traicionar a nuestros hijos y a los hijos de estos, que tendrán que pagar el precio de nuestra renuncia”, alertó.

En un fin de año marcado por un único tema en Francia, la huelga en contra de la reforma de las pensiones -que desde hace casi un mes perturba profundamente el tráfico ferroviario nacional y los servicios de transporte metropolitanos de las principales urbes, especialmente París-, el discurso del mandatario era esperado con una expectación inusitada. Al fin y al cabo, pese a que era una de sus reformas estrella, Macron apenas se ha pronunciado al respecto, dejando el peso de las negociaciones —y de la comunicación— a su primer ministro.

Sin embargo, el Elíseo ya había adelantado que en su discurso Macron no entraría en detalles de la reforma ni en la posibilidad de hacer concesiones, como la eliminación o modificación de la edad de jubilación a los 64 años, tal como indicó el Gobierno a mediados de diciembre, en plena escalada de las tensiones con los sindicatos. Aunque la edad legal para el retiro siguen siendo los 62 años, al presentar la propuesta de reforma, Philippe indicó que para lograr la pensión completa pasaría a los 64 años, hecho que puso en su contra hasta a los sindicatos moderados como la CFDT, que hasta entonces no se habían unido a las protestas pero que consideraron que ese cambio “cruza una línea roja”.

A esta postura se han unido casi dos decenas de diputados del ala más a la izquierda del partido de Macron, La República en Marcha (LREM), que en una tribuna publicada en el diario Libération afirman que establecer para todos los sectores la referencia de los 64 años es una decisión “socialmente injusta” y piden por ello una “alternativa”.

“El carácter universal del régimen de pensiones debe poder garantizar una jubilación digna para todos, especialmente gracias a su mecanismo de solidaridad, pero se debe también adaptar a los caminos de vida de cada uno”, escriben los 18 signatarios.


Gestos sin respuesta

En vísperas de la Nochebuena, el presidente anunció que renunciará a su pensión vitalicia como jefe de Estado, de 6.220 euros mensuales. Además, pidió una tregua por las fiestas navideñas. Ni su gesto ni su llamamiento surtieron efecto y la huelga ha continuado todos estos días, con más o menos intensidad y sin visos de aplacarse, mientras el mandatario permanecía mudo y retirado con su familia en el fuerte Brégançon, la residencia vacacional de los jefes de Estado en el sur de Francia.


Tampoco parece calmarse el pulso entre Gobierno y sindicatos, que se echan mutuamente la culpa del punto muerto en que se encuentra la situación. El domingo, el secretario de Estado de Transportes, Jean-Baptiste Djebbari, acusó en el Journal du Dimanche a la CGT, uno de los sindicatos más combativos en este conflicto, de “practicar un sindicalismo de oposición sistemática a toda reforma, de bloqueo y, a veces, de intimidación”. Desde las mismas páginas del semanario, el líder de la CGT, Philippe Martinez, acusó al Gobierno de “jugar a la putrefacción” de la situación para que esta se torne insostenible y forzar así la mano de los que se oponen a su reforma.

“Emmanuel Macron se ve como el hombre del nuevo mundo, pero imita a Margaret Thatcher”, dijo. Según Martinez, que exige la retirada total del proyecto de pensiones, el discurso de Nochevieja del presidente debía servir para que el mandatario admita que “se ha equivocado”, algo que no ocurrió.

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Chile decidirá el futuro de su Constitución el 26 de abril en un referéndum 

El presidente del país, Sebastián Piñera, ha convocado el plebiscito tras las protestas sociales que reclamaban una solución a la desigualdad desde el pasado octubre. La votación planteará dos opciones: deshacerse definitivamente del texto normativo vigente desde la dictadura de Pinochet y redactar uno nuevo o una nueva reforma del mismo. 

 

La incansable lucha social de los chilenos por un cambio en su Constitución finalmente ha dado sus frutos. Después de llenar las calles de protestas desde el pasado 18 de octubre, el presidente del país, Sebastián Piñera, ha escuchado sus reclamas y ha convocado un referéndum en el que los ciudadanos podrán decidir sobre el futuro de su principal texto normativo. 

El plebiscito presentará dos opciones: o bien redactar una nueva Constitución o bien reformar la actual, vigente desde el año 1980 y creada durante la dictadura de Augusto Pinochet. La votación ha sido finalmente confirmada por Piñera este viernes con la firma de un decreto en el Palacio de la Moneda, sede del Ejecutivo.

"No es una elección cualquiera, porque con esta acción democrática y republicana vamos a tener que optar entre dos alternativas, las dos igualmente legítimas y democráticas", ha explicado Piñera.

La redacción de una nueva Carta Magna es uno de los principales clamores del estallido social, que deja al menos 24 fallecidos, ya que es considerada por la ciudadanía como el principal origen de las desigualdades en el país. En la Constitución actual, que ha sido reformada decenas de veces, se le concedió al Estado un papel "subsidiario" (secundario) en la provisión y administración de los recursos básicos, lo que favoreció su privatización.

En el caso de que los chilenos elijan redactar una nueva Constitución, también tendrán que votar qué procedimiento se elige para ello: una convención mixta de parlamentarios y ciudadanos o una asamblea de personas escogidas únicamente para ese fin.

"Nos va a permitir que los chilenos podamos decidir los caminos del futuro. Los chilenos vamos a tener la primera palabra en escoger qué camino queremos seguir y qué mecanismos queremos adoptar", señaló el mandatario.

Los plazos para una nueva Constitución

Si el plebiscito es aprobado, la elección de los constituyentes se realizará en octubre, coincidiendo con las elecciones regionales y municipales, y la nueva Constitución –que debe redactarse en un máximo de un año– se ratificará en otro plebiscito, este con voto obligatorio.

Este proceso constitucional se acordó en noviembre entre casi todas las fuerzas políticas del Parlamento chileno –a excepción del Partido Comunista– después de que la ciudadanía pidiera en las calles de todo el país una nueva Carta Magna desde el pasado 18 de octubre.

27/12/2019 17:36 Actualizado: 27/12/2019 17:36

PÚBLICO / EFE

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Yuri Camargo, una de las heridas oculares durante las manifestaciones en Colombia. Estaba en la primera línea y recibió un impacto del Esmad.

Al menos 8 personas han sufrido heridas en sus ojos. Estos son los relatos de varios de los que han perdido la vista. Congresistas y ONG piden desmontar el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)

Yuri Camargo se graduó el 20 de noviembre pasado. Salió a marchar por las calles de Bogotá el 21, el 22 y el 26 recibió un impacto de la policía antidisturbios que le quitó la posibilidad de ver por su ojo izquierdo. “Era un día normal de marcha en la Universidad Nacional. El Esmad [Escuadrón Móvil Antidisturbios] arremete con lacrimógenos, yo estoy en la primera línea pero bajo la guardia y siento el proyectil, me disparan con una bala de goma directo al ojo. Me desmayo, me levantan. Veo destellos, veo negro, me pongo a llorar del dolor”. Yuri habla en presente, según ella, porque lo revive y porque los casos siguen ocurriendo.

Las imágenes de jóvenes llorando sangre por uno de sus ojos tras recibir impactos de la policía antidisturbios obligan a esquivar la mirada, pero están ahí y se han convertido en las últimas imágenes de las protestas en Colombia, que ya completan un mes. Los vídeos se hacen virales y recuerdan a las lesiones oculares que ocurrieron en Chile, donde Naciones Unidas señaló al Gobierno por estas violaciones graves a los principios internacionales. Allá la policía suspendió el uso de perdigones tras herir a 1.000 personas.

El último hecho ocurrió el pasado jueves en Bogotá,  cuando jóvenes que integran la Primera Línea, un grupo de defensa similar al de las protestas de Hong Kong, recibieron impactos y pasaron 40 minutos esperando para ser trasladados a un hospital. Pero los casos vienen desde las protestas del 21 de noviembre e incluso antes, por lo cual congresistas de oposición exigen el desmonte del Esmad. Según la Campaña Defender la Libertad van ocho lesionados oculares. EL PAÍS escuchó los relatos de seis de ellos en Bogotá y Medellín.

Bárbara Zárate no ha sido capaz de ver los vídeos de su hijo Cristian Rodríguez, que perdió su ojo el lunes 16 de diciembre. Según los relatos de los testigos, el joven de 26 años, estudiante de Trabajo Social, recibió el impacto de una bomba aturdidora en el rostro. El diagnóstico: trauma ocular severo. “Soy una mujer que ama a su país. Si acá le suben el pasaje al Transmilenio, uno paga; si le suben los impuestos, también agacha la cabeza. Esta es otra generación, los chicos de ahora no se aguantan. Lo que duele es que los califiquen de vándalos cuando no lo son. Con mi hijo cometieron una injusticia”, dice la mujer que comenzó un proceso judicial contra el Esmad. La Policía ha dicho que estaban bloqueando una vía, pero testigos aseguran que el muchacho no estaba en ese grupo y que recibió el impacto de frente. “Él nos cuenta que corrió y que el policía lo persiguió para lanzarle la bomba”, agrega.

Las afectaciones no solo han ocurrido en Bogotá, donde se han concentrado las protestas. En Medellín, Alexis Lopera Quiceno, estudiante de Educación Física perdió la visión en el ojo derecho. Había participado en la marcha del 21 de noviembre que fue pacífica hasta las seis de la tarde. A esa hora llegó el Esmad a las inmediaciones de la Universidad de Antioquia, y lanzó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes pacíficos y también a algunos encapuchados que los enfrentaron. “Cuando lanzaron gases toda la gente toda salió corriendo del lugar, me entré a la universidad y luego, cuando se calmó todo, salí a buscar a mis amigos. De repente, me lanzaron una mina aturdidora que me impactó en el rostro. Casi todos los días he llorado por lo que sucedió, de haber sabido me habría parado en otro punto o no hubiera buscado a mis amigos. Pero tampoco me arrepiento de haber ido a la marcha, eso fue muy bonito”, dijo Alexis, cuya foto de perfil de WhatsApp revela su nueva vida: un animé con la mitad del rostro destrozado y un ojo sangrante.

También interpuso denuncia por abuso de autoridad. La Policía lo buscó y lo citó a una reunión pero no sabe cuál es la intención. “Lo más duro fue cuando el médico me dijo que ya no había nada que hacer en ese ojo, que perdía la visión. Yo soy deportista y trabajo en una fundación que ayuda a niños con lesiones cerebrales. Me gano el salario mínimo y con eso me pago la universidad”.

El Ministerio de Salud le informó a EL PAÍS de que entre el 21 de noviembre y el 16 de diciembre “se han presentado 807 lesionados [433 civiles y 374 de la fuerza pública] de los cuales tres permanecen hospitalizados y hay cuatro personas fallecidas”. Sin embargo, no discriminan cuántos de esos lesionados han tenido heridas oculares o de otro tipo. Solo el “trauma ocular grave” de Cristian Rodríguez, cuyas heridas se conocieron a través de redes sociales.

Las protestas en Colombia contra el llamado “paquetazo” económico del presidente Iván Duque, vienen desde antes. Durante todo el 2019, los estudiantes han estado en las calles. En una de esas manifestaciones, el 10 de octubre, se registró el caso de Alejandro Hernández, estudiante de periodismo, que recibió un impacto de “bala marcadora de pintura” bajo su ojo mientras grababa un enfrentamiento entre encapuchados y el Esmad. “Me acerqué para grabar. Salió el Esmad y no tardó más de 6 segundos y recibí un impacto, se me incrustó un material plástico de forma ovalada, de más o menos 2 centímetros en la pestaña. En ese momento pierdo la vista por el ojo izquierdo, ahí no volví a ver nada, solo veía blanco. La angustia fue tremenda y empecé a gritar, voy a perder el ojo, voy a perder el ojo”. El vídeo de su celular muestra el momento en que grababa y cuando a su alrededor gritan que le dieron. Después de varias cirugías, pagadas de forma particular y tras un recorrido por varios hospitales donde no lo atendieron, Alejandro ve borroso y doble. Ya interpuso una demanda.

Todos ellos han vuelto a marchar aunque con más temor. “Da miedo, pero da más miedo pensar que todo lo que hemos hecho, que la muerte de Dilan Cruz o que mi ojo, quede impune”, dice Alejandro. Y otros, como Sebastián Ramírez, herido en 2017 se preguntan, ¿Cuántos ojos más?. “Yo siento que esta es una política para cegar a una generación que está viendo”, dice el joven que resultó herido cuando iba a un curso de natación y va por su quinta cirugía. Su caso también llegó a los tribunales y un miembro del Esmad recibió una sanción disciplinaria de tres días


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PRESIDENTE DUQUE FORTALECERÁ EL ESMAD

Mientras congresistas de la oposición piden el desmonte del Escuadrón Antidisturbios de la Policía ante denuncias de abuso de la fuerza, el presidente Iván Duque anunció que lo fortalecerá. En los últimos diez años 96 integrantes del Esmad han sido judicializados, 9 de ellos por homicidio, de acuerdo con la respuesta que el Ministerio de Defensa entregó a tres congresistas. La Fuerza Pública ha recibido condenas en 54 procesos por las acciones de los integrantes del Esmad y esto le ha costado al país 9 mil millones de pesos. Isabel Fajardo, abogada de la Red Popular de Derechos Humanos, que lleva algunos casos, llama la atención porque las investigaciones van a la justicia penal militar donde quedan en el limbo y que hay una "clara violación de los protocolos". La Policía no respondió la solicitud de información de este medio.

La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos informó a EL PAÍS que están haciendo seguimiento al paro en Colombia, “en el marco del respeto a los estándares internacionales que garantizan el derecho a la protesta pacífica. En este sentido estamos dando seguimiento a casos de presunto uso excesivo de fuerza por parte de fuerza pública, incluyendo el Esmad -de entre otras heridas oculares y craneales-; detenciones arbitrarias y ataques y detenciones a periodistas”.

En el senado, Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, anunció un proyecto de Ley para desmontar el Esmad; el gobierno ha dicho que los escuadrones antidisturbios son necesarios y funcionan en 125 países, pero congresistas como Iván Cepeda y Maria José Pizarro señalan que el contexto colombiano, después de un proceso de paz, exige una nueva doctrina de las fuerzas militares. “No vemos investigación seria ni replanteamiento por parte del gobierno, por el contrario han salido a felicitar el Esmad en una actitud claramente connivente”, dijo Cepeda.

Por CATALINA OQUENDO

Bogotá 22 DIC 2019 - 17:44 COT

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Domingo, 22 Diciembre 2019 07:24

Chile y los héroes de “la primera línea”

 En la primera fila los jóvenes se protegen con improvisados escudos, mientras otros intentan "ahogar" las bombas lacrimógenas.Foto Gerardo Magallón

Con todo en contra, protegen las manifestaciones

 La primera batalla que se ganó fue contra el individualismo

 

Santiago De Chile., La primera línea de las marchas en la capital chilena se ha convertido en el emblema de las movilizaciones. Con todo en contra, la conforman las y los héroes de la protesta. En los medios de comunicación los llaman vándalos, vagos, delincuentes. Adentro de la marcha les aplauden, los vitorean, casi los alzan en hombros. Existen.

Son cientos de hombres y mujeres, jóvenes en su mayoría, que enfrentan a los carabineros todos los días. Se colocan en los puntos estratégicos para impedir que los gases lacrimógenos, los disparos de municiones y los chorros de agua con químicos lleguen al resto de la movilización pacífica. Son las y los guardianes de las decenas de miles de personas que llevan más de dos meses protestando en las calles contra un sistema que los excluye.

La esquina de Ramón Corvalán con la calle Carabineros de Chile es uno de los campos de la desigual batalla. Piedras contra tanquetas desde las que disparan municiones que han dejado tuertas a más de 300 personas, bombas lacrimógenas o los vehículos conocidos como guanacos que disparan chorros de agua con químicos lacerantes que dejan ardiendo la piel por días. Chile es experto en este tipo de miserias.

Las noches son un hervidero. De un lado grupos de jóvenes quiebran el pavimento con mazos para dotar de piedras a la primera línea. Hileras de chicos con costales de pedazos de concreto atraviesan las calles y se las dejan a quienes repelen los ataques frontales de los carabineros. “Gracias hermanos”, se escucha desde la refriega y el humo. Y es que sí, la primera batalla que se ganó fue contra el individualismo y el ego, aquí todo es colectivo.

Decenas, cientos de personas esperan a los manifestantes que corren con los ojos llorosos. “¡Agua con bicabornato! ¡Agua con bicabornato!”, gritan. Y los gaseados se acercan para que les rocíen el rostro, les digan palabras de aliento, los socorran. Por cada persona lesionada se acercan cuatro o cinco de inmediato. Es el desborde.

Sigue la primera línea. Al oscurecer se juntan manifestantes frente a los guanacos y tanquetas y los desconciertan con la luz verde de cientos de rayos láser en los parabrisas. El espectáculo de luz y sonido inunda la calle. El guanaco retrocede. Los muchachos gritan de júbilo.

De pronto la infantería carabinera se despliega a pie. Parapetados en los vehículos reciben la orden de atacar y corren detrás de los jóvenes y golpean y patean a todo el que se les atraviese, detienen a alguno y sus compañeros tratan de rescatarlo en una batalla cuerpo a cuerpo. A veces lo consiguen. Otras el chico o chica pasa a engrosar las filas en las comisarías. Se habla ya de más de 20 mil detenidos en 60 días de protestas, aunque la mayoría son liberados.

A la primera línea llega Claudia Aranda, reportera y activista de tiempo completo. Durante nuestro encuentro recibe por WhatsApp la imagen del ultrasonido de su próximo nieto. Está feliz. Hace 50 años lo dejó todo y se fue a vivir a una casa okupa para mantenerse disponible todo el tiempo. “La tía del agua”, le dicen sus miles de nuevos sobrinos en las calles. “¡Hidrátense cabros!”, les grita con su bidón de cinco litros en la mano. En su mochila carga el láser para cuando toca desorientar a los carabineros, y su libreta y cámara, para sus crónicas.

En otra esquina del escenario grupos de jóvenes intentan tumbar un semáforo. Lo jalan con un lazo para arrancarlo del concreto y formar con el poste una barricada. Decenas de esquinas ya no tienen semáforo, por lo que otro grupo de voluntarios dirige el tránsito, recibiendo como pago el sonido del claxon de los automovilistas que lo mismo le regalan una botella de agua o algo para comer.

Decenas de médicos, enfermeros y sicólogos cubren los puntos de salud. Llegan aquí luego de largas jornadas de trabajo en hospitales públicos y privados, y durante horas atienden a los heridos de la revuelta. Al parecer, dicen, cada vez le ponen químicos más agresivos al agua que avientan los carabineros, pues en los días recientes los chicos llegan con quemaduras severas de la piel.

Una joven que trabaja como productora de fiestas es ahora la encargada de la logística en el centro de salud. Recibe y clasifica las bolsas de donaciones de la gente: tapabocas, analgésicos, vendas, sueros y un sinfín de artículos que se amontonan a un costado. La solidaridad, por ahora, es más grande que la emergencia.

En la primera fila los jóvenes se protegen con escudos hechos con láminas arrancadas de cortinas de tiendas, con tapas de tambos, con los discos de las antenas satelitales. Son unos gladiadores. Hay hombres y mujeres bombers cuya misión es “ahogar” las bombas lacrimógenas con garrafas de agua con bicarbonato y sosa cáustica. Se llevan la peor parte, pues sus pulmones se llenan de tóxicos. El aplauso de sus compañeros es el único pago por cada bomba desactivada.

En la manifestación no se pasa hambre. Y menos en la primera línea, pues se organizan ollas comunes y se reparten gratos en carritos recuperados del supermercado. Lentejas y papas nunca faltan. A veces llegan contingentes de ciclistas con ayuda, otra veces son ellos los que la necesitan

¿Qué pasaría si no existiera esta primera línea? Hace unos día intentó llegar a la Plaza de la Dignidad, antes conocida como Plaza Italia, el centro neurálgico de las movilizaciones, una marcha organizada por maestras de kínder, y contra ellas arremetió la policía con gases lacrimógenos. La primera línea sirve para que ellas y muchas como ellas puedan acceder a la plaza y manifestarse pacíficamente.

Las resorteras y ballonetas improvisadas son las armas de la primera línea. Barricadas de piedras, láminas, llantas, todo lo que sirva para obstaculizar el paso de los carabineros, cuya misión es cada tanto romper esa línea, atravesar las barricadas a como dé lugar e ir tras los manifestantes. Más de 40 días después la mecánica es clara. Rompen la línea, los jóvenes salen disparados, se dispersan y luego retoman sus lugares. Hasta el nuevo ataque. Y así.

“¡Encerrona! ¡Encerrona!”, gritan cuando vienen los guanacos de los dos lados. No hay mucho que hacer más que agacharse y protegerse con los cuerpos. Se avisan igual cuando uno de ellos con un cóctel molotov está a punto de arrojarlo. “¡Mecha, mecha!”, gritan para que sus compañeros abran cancha. La bomba artesanal vuela por los aires y cae cerca de los carabineros. El júbilo se expande, pues eso les da un tiempo para acercarse a los carabineros y continuar el combate con piedras.

En medio del ataque no falta la batucada o un saxofonista que se acerca con El derecho de vivir en paz e inunda con sus notas el ambiente. Anochece y los bloqueos se van apagando. Por semioscuras calles aparecen grupos de carabineros patrullando. Y de entre las sombras, como fantasmas, se escuchan los gritos: ¡Milicos de mierda! ¡Cabros de mierda! ¡Asesinos! Una chica con una enorme piedra en la mano pasa junto a la hilera de carabineros. Los insulta de frente con la piedra escondida. Los carabineros se siguen. Ella también. Aquí se perdió el miedo.

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A un mes del 21N – Balance: “No son treinta años: ¡es toda la vida!”

Cumplido un mes del 21N es posible intentar un balance de lo dejado por las jornadas de protesta social, tanto desde la perspectiva del gobierno como de las numerosas fuerzas sociales involucradas. Numerosas lecturas e interpretaciones han surgido desde entonces, pero ya hay cierta perspectiva que permite aclarar el sentido de los hechos más allá de lo anecdótico o casuístico. Quizás, una de las pancartas vistas durante las manifestaciones, portada por una familia representada en tres generaciones, un abuelo, una madre y una hija universitaria, reveló sucintamente, el profundo significado de los hechos: “No son treinta años, ¡es toda la vida!

 

Al parecer, las protestas del último mes catalizan el descontento de tres o más generaciones de colombianos que han padecido, desde que nacieron, un país convulsionado, violento, intolerante, inequitativo, huérfano de soberanía estatal en todo el territorio, gobernado por políticos ineptos y corruptos, usufructuado por elites que se favorecen entre ellas y se inclinan a los intereses extranjeros, sacudido por mafias, violentos y delincuentes. Pero, quizás, lo más significativo, se trata de jóvenes generaciones marcadas por un profundo desaliento de vivir en un país sin oportunidades claras de educación de alta calidad, desoladas al enfrentarse, desde temprano, a altos niveles de endeudamiento si quieren mejorar las oportunidades laborales, indignadas de no contar con sistemas de salud efectivos, rabiosas de carecer de oportunidades de empleo que no conduzcan a la precarización del trabajo. En resumen, anhelan una mejora sustancial en su calidad de vida y en la de las generaciones venideras. En otras palabras, van tras la utopía aquí y ahora; sin concesiones.


Si se va más profundo, varias implicaciones se decantan tras cuatro semanas de expresiones populares: en primer lugar, el acumulado inconformismo social sigue más latente que nunca; la protesta social no se ha extinguido sino seguramente continuará el año entrante. En segundo lugar, el presidente Duque ha desnudado su debilidad para gobernar con sentido social. Tercero, la imposibilidad de enmarcar o encasillar a los manifestantes dentro de vertientes ideológicas, políticas o sociales discretas. Finalmente, la gran cantidad de reivindicaciones que emergieron en las múltiples manifestaciones demuestran la amplitud y profundidad de la inconformidad social.


En cuanto al primer punto, la variada agenda del paro, a diferencia de lo ocurrido en meses anteriores en países vecinos, es sintomática de los múltiples factores que condujeron a las protestas. Si bien Colombia ha mostrado ser un país tradicio-nalmente mesurado para desplegar grandes y prolongados movimientos sociales, en este caso parece haber un cambio de tendencia significativo.


Por otra parte, el presidente ha minimizado y desconocido el alcance de la protesta social generalizada. Desde los días anteriores del 21N, se evidenció su incapacidad de sintonizarse con el país. El mandatario quedó atrapado, de un lado, entre su discurso vehemente contra “los violentos”, como si ellos representaran la mayoría de los que salieron a las calles, y del otro, en una estrategia equivocada de intentar bajar los ánimos afirmando que escuchaba al país, y plantear una “gran conversacional nacional” que nació fallida al no involucrar a los que de verdad salieron a protestar. Por ello, desconoció los intereses más profundos que llevaron a las movilizaciones. Igualmente, el presidente se equivocó al tratar de atribuirle a Petro, su principal opositor político, la responsabilidad de la continuidad e intensificación de las protestas, en un afán de encontrar un “enemigo” contra quien dirigir todas las baterías y así seguir exacerbando los odios que tanto daño hacen al país. Por otra parte, Duque y su partido quisieron ver en las jornadas de protesta una presencia mayor de la que en realidad tuvieron los grupos subversivos que quedan en el país.


En ese sentido ha quedado expuesta la inexperiencia del gobierno para negociar -que no dialogar- con unos viejos conocedores del mecanismo de la negociación colectiva como son los sindicatos de trabajadores, organizaciones muy versadas en la negociación de conflictos laborales, pero que, extrapolada la situación a un escenario extralaboral, las reglas, estrategias y tácticas suelen ser similares: la dilación, los plazos y las dinámicas juegan a favor de la parte más débil de la ecuación capital-trabajo.


Desde la tercera perspectiva, la de los manifestantes, lo cierto es que estos se expresaron a través de la difusa pero conspicua masa de lo que Negri y Hardt, llaman “la multitud”, una nutrida y casi siempre anónima masa de manifestantes de todas las edades y condiciones sociales, convocada por un liderazgo multifocal difícil de puntualizar. En la mayoría de los casos, la gente salió de manera espontánea y casi viral. Caso aparte, pero aún más notorio, fueron los cacerolazos, expresiones de descontento imposibles de atribuir a una estrategia dirigida por intereses ideológicos. Estos se explican como el desfogue de una sociedad cansada de esperar que el Estado acometa los problemas más inmediatos como son seguridad, salud, empleo y educación.


En cuarto y último lugar, el 21N dejó aflorar una agenda compleja de pretensiones, colmada de puntos de diverso alcance, y que exceden los 13 ejes temáticos planteados por el Comando Central del Paro (un grupo heterogéneo de federaciones sindicales, maestros, asociaciones estudiantiles sociales, agrarias, campesinas, indígenas y ambientales). Las pretensiones van desde lo más ambicioso, como es el replan-teamiento del modelo económico, social y político del país, a lo más urgente, como el respeto a los acuerdos de paz y la reanudación los diálogos de paz con el Eln, hasta lo más puntual como la disolución del Esmad.


A las acusaciones del gobierno que señalaban que las protestas estaban mani-puladas por “politiqueros oportunistas” o por intereses de la subversión, los manifestantes respondieron con una incontrovertible oleada de nuevas movilizaciones pacíficas. Las jornadas del 8 y 9 de diciembre, dos semanas y media después de iniciadas las protestas, demostraron, a través de las artes, la música, y el ambiente festivo, que el sentido de la protesta no era de naturaleza violenta, ni tampoco que estaba manipulada por intereses ideológicos o políticos. Los hechos vandálicos que se presentaron, como suele suceder en estos casos, no pueden ser tomados de manera metonímica, es decir tomando la parte por el todo, como quiso presentar el gobierno para descalificar la legitimidad de las protestas.


Entonces, la pregunta que aflora, tras treinta días del 21N, es: ¿Qué queda tras las expresiones de descontento social que se vieron en la calle en el último mes? El asunto parece ir más allá de la batalla entre dos relatos sobre los hechos, como lo afirma el director de Razón Pública en un artículo reciente: un relato del gobierno y otro de los diversos sectores de los manifestantes; uno, impregnado de un tono seudoconciliador y otro marcado por un fuerte acento de vindicaciones sociales insatisfechas.


La respuesta, más profunda, la que parece emerger con claridad, parece estar contenida en la pancarta portada por tres generaciones de una misma familia. Es toda una vida de frustraciones vividas por la inmensa mayoría de la población colombiana. No hay colombiano, por más centenario que sea, que haya vivido una época marcada por la paz, por el bienestar generalizado o por la prosperidad al alcance de cualquiera. Esta dilatada historia nacional, llena de carencias, violencia e injustica social ha potenciado la presión sobre una sociedad que parece haber llegado a su límite de tolerancia. El país no solo ha despertado sino que ha madurado y tiene claro lo que no está dispuesto a seguir consintiendo. A través de la voz de los millones de manifestantes, el país ha expresado de viva voz, la hora de cesar de vivir en una atmósfera de eterno conflicto, que se cansó de vivir en una de las sociedades más desiguales del mundo; un país donde la corrupción reina desde las más altas esferas del gobierno hasta el último rincón de la geografía; un país donde la soberanía del Estado solo llega a privilegiados lugares; un país donde los beneficios y exenciones tributarias se dan para los más pudientes a costa de los más vulnerables; un país que no se resigna a seguir siendo gobernado por movimientos mesiánicos, ni manejado por consignas de odio o a ser dividido entre polaridades artificiales, o atemorizado por fantasmas creados con intenciones políticas o por tergiversaciones de la realidad.


El presidente ha salido deteriorado en su imagen con un 70% de desfavorabilidad , (la de su mentor, Uribe, ha llegado al 69%) tras un mes de protestas. La estrategia para enfrentar el masivo descontento social ha revelado una profunda desconexión con el sentir más profundo de los manifestantes. Al querer mantener una postura de “comando y control” y de minimizar el alcance y la significación de los hechos se ha logrado el efecto contrario, el de minar la credibilidad y la confianza en el gobierno. El uso desmedido de la fuerza pública, en un momento donde se ha revivido el terror de los falsos positivos, ha revelado, una vez más, el alcance represivo del Estado para socavar toda expresión pública en contra del gobierno. Como si no fuera suficiente, el fraccionamiento del partido del presidente, que oscila entre criticarlo o juzgarlo por su manejo de la situación, tampoco ayuda para su gobernabilidad.


Otro asunto ha quedado a flote: la implementación pronta y total de los Acuerdos de Paz sigue siendo una de las más grandes deudas que tiene este gobierno con el país. Este factor no ha sido ajeno a los manifestantes. Hay que recordar que el Acuerdo Final de Paz parte de la premisa de un gran cambio cultural. En Colombia han imperado viejas culturas de violencia en su sociedad, acompañadas de otras de intolerancia por la diferencia política, de estigmatización por las inclinaciones políticos de los adversarios, de autoritarismo por parte de grupos y opositores, incluyendo el mismo Estado, del uso de las armas para hacerse justicia, de privatización de la seguridad, pero también una cultura de no participación política, por indiferencia o por miedo, una cultura de represión a la expresión de la protesta social y popular, y una cultura de irrespeto por los derechos humanos de las mujeres, de los niños, de los adolescentes, por sólo mencionar algunas de estas «culturas« que han imperado, prosperado y se han enquistado en el país.


El país que se quiere es uno de ampliación democrática, de fortalecer el pluralismo, de tener más representación de las diferentes visiones políticas, de promover la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización, de proveer garantías para ejercer la oposición y para que los movimientos sociales de protesta tengan también las garantías necesarias.


No es fácil aventurar los escenarios que veremos en el 2020, pero con toda seguridad, el 21N no se reduce a un día o a un mes o a unas cuantas semanas de inconformidad social. El 21N es, todo apunta a ello, el inicio de un gran despertar nacional que debe conducir, con todas las vicisitudes y dificultades, hacia un nuevo país, una nueva democracia, una nueva sociedad.

 

* Escritor, integrante del Consejo de Redacción de Le Monde Diplomatique, edición Colombia.

 

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