Los movimientos sociales bajo el gobierno Santos: legado y perspectivas

Los movimientos sociales conocieron y padecieron la real personalidad del gobierno saliente: decir una cosa y hacer otra; fungir de conciliador y actuar de acuerdo a los intereses del capital. En estos últimos años, decenas de acuerdos firmados en distintos municipios y con diferentes actores comunitarios, como condición para levantar las protestas, quedaron ahí, en las firmas…

 

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) tuvieron lugar las más grandes movilizaciones sociales en la historia reciente de Colombia: el paro universitario de octubre de 2011, el paro nacional cafetero en febrero y marzo de 2013, el paro en el Catatumbo en junio y julio de 2013, el paro nacional agrario en agosto de ese año, otro paro agrario en abril y mayo de 2014, y la “Minga Agraria, Campesina, Étnica y Popular” en mayo y junio de 2016. ¿Cómo se explica este ciclo de protesta y cuáles son los retos de los movimientos de cara al retorno del uribismo al gobierno?

 

Para que las movilizaciones se produzcan no sólo se requieren situaciones que afecten la satisfacción de las necesidades de las personas, también es necesario que exista un contexto político propicio, unas formas organizativas mínimas y unos discursos que posibiliten una interpretación de los problemas, sus causas, sus responsables y sus posibles soluciones, con miras a articular las personas en torno a propósitos comunes.

 

El contexto político en el que tuvo lugar el ciclo de protesta se caracterizó por un cierre relativo de la arena política institucional, que incentivó formas de tramitar demandas sociales alternativas a la política representativa, como la protesta social. Al mismo tiempo, la represión y las consecuencias adversas del conflicto armado sobre las organizaciones y la protesta sociales se mantuvieron como una constante que impone altos costos para la acción colectiva.

 

No obstante, las movilizaciones han sido posibles porque, por una parte, existe una recomposición organizativa y discursiva en los movimientos sociales, necesaria para agenciar acciones colectivas de grandes magnitudes y articular diversos actores, cuyas bases se desarrollaron durante el gobierno Uribe (2002-2010) y, por otra, las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) desde agosto de 2012 incentivaron la movilización, puesto que los potenciales beneficios de posicionar reivindicaciones sistemáticamente bloqueadas en la agenda pública que están en la raíz de la guerra son superiores a los costos en términos de la represión.

 

El cierre institucional

 

En parte, las protestas sociales son un recurso de última instancia que la ciudadanía implementa para hacerse oír de las autoridades públicas. Las masivas protestas indican que los mecanismos de agregación y representación de intereses no funcionan como predice la teoría democrática. En efecto, la política institucional en Colombia se caracteriza por un cierre frente a ciertas demandas y reivindicaciones de los sectores populares que tiene parte de su explicación en sus propias dinámicas.


Para enfrentar la fragmentación partidaria que introdujo la Constitución de 1991, la reforma política de 2003, mediante el Acto Legislativo 1, estableció restricciones de entrada a la arena electoral. El umbral y la cifra repartidora, tenían como fin disminuir el número de partidos legalmente reconocidos y fortalecer los partidos más votados. Pero no se trata únicamente de restricciones formales. La “parapolítica” puso en evidencia otros mecanismos restrictivos, como el alto costo de las campañas y, en general, un problema de legitimidad y crisis de representación.

 

Como consecuencia de la vinculación entre distintas expresiones de la criminalidad organizada y los actores de la política institucional, el principio un ciudadano=un voto difícilmente aplica en ciertos lugares del país, por el secular gamonalismo armado transmutado de formas diversas en medio de la guerra, por los electorados cautivos de las maquinarias clientelistas, o por una combinación de ambos. El “voto de opinión” si acaso opera en algunas de las grandes ciudades, debido a la fluidez entre legalidad e ilegalidad que caracteriza la competencia partidaria. Para completar, tanto la infiltración del crimen organizado como la ausencia de controles efectivos por parte de una autoridad electoral politizada, el Consejo Nacional Electoral, aumentan astronómicamente los costos de las campañas, volviéndolos restrictivos y excluyendo de la competencia a buena parte de los actores políticos representativos.

 

En suma, este cierre de la arena política institucional de cierto modo incentiva la búsqueda de formas alternativas de participación y tramitación de demandas, como la protesta social, entre 2010 y 2016.

 

La ventana de oportunidad del proceso de paz

 

Las dinámicas propias del conflicto armado afectan de distintas formas a la protesta social y a los movimientos sociales, principalmente al vulnerar los derechos de asociación, reunión y expresión, que hacen posible la formación de organizaciones y la construcción de tejido social. En medio de la guerra, las organizaciones sociales son blanco de las acusaciones de los distintos actores armados, quienes tratan de usarlas para conseguir el dominio de la población, presumen que colaboran con su enemigo o impiden los desplazamientos y las comunicaciones. En medio de la confrontación es muy improbable la emergencia de discursos políticos alternativos a la polarización amigo-enemigo, pues tienden a ser reprimidos por todos los bandos. En últimas, la guerra deteriora las redes de confianza interpersonal, tanto entre conocidos como entre extraños, haciendo prácticamente imposibles los procesos organizativos. Por todo ello, el conflicto armado ha tenido como consecuencia global el que los movimientos sociales asuman un comportamiento más defensivo y/o reactivo que propositivo y/o proactivo, puesto que la defensa de la vida desplaza otras demandas urgentes de las poblaciones.

 

El gobierno de Santos implicó una ventana de oportunidad para los movimientos sociales, al suspender algunas de estas dinámicas. El presidente le imprimió a su gobierno un cambio de estilo que, entre otras cosas, se vio reflejado en un tratamiento distinto de la protesta y de los movimientos sociales. La transformación más notable fue en el discurso del propio Presidente, al reconocer la existencia de un conflicto armado, que contrasta con la creencia de su antecesor, quien diagnosticaba la situación de guerra como una agresión terrorista frente a un Estado legítimo, y sostener que la protesta social es un derecho y una forma de participación legítima.

 

La represión es una constante en la historia de Colombia y no mermó pese a la reconfiguración política del gobierno Santos. La represión de la protesta fue ascendiendo conforme esta iba ganando fuerza. Pero también ha persistido la represión política, que se ensaña contra los activistas de organizaciones de víctimas y de distintos movimientos sociales. Sin embargo, la apertura de negociaciones de paz con las Farc desde agosto de 2012 le imprimió una dinámica distinta al escenario político, que no solamente enemistó las élites políticas representadas por Uribe y Santos, sino que amplió la agenda pública a todas aquellas demandas que están en la raíz de la guerra y que habían quedado congeladas desde el fin de las negociaciones de paz con Pastrana en febrero de 2002. Por consiguiente, para los activistas, en la coyuntura del proceso de paz los beneficios de la protesta, posicionar dichas demandas en la agenda política, probablemente superaban los costos en términos de represión.

 

La recomposición organizativa y discursiva

 

La caída del muro de Berlín puso en evidencia la crisis de las formas organizativas que habían soportado la acción colectiva, basadas en el partido de vanguardia y el sindicato. El sindicalismo, además, se vio afectado por la reestructuración capitalista propiciada por las reformas neoliberales, que flexibilizaron y precarizaron las formas de vinculación laboral, por ejemplo al acabar con los contratos a término indefinido, favoreciendo la informalidad. Como consecuencia, los trabajadores fluctúan en el espacio, deben desplazarse a donde exista la posibilidad de trabajar, y el tiempo, una buena parte del cual lo dedican a conseguir trabajo, como desempleados o trabajadores informales. El sindicato, estructurado en función del territorio o del sector económico, no ha podido responder a estas nuevas dinámicas, perdiendo la posibilidad de articular la acción colectiva.

 

Además, tras la apertura política provista por la Constitución de 1991, buena parte de los activistas de movimientos sociales se orientaron a la política institucional, y si bien tuvieron diversos resultados, lo cierto es que abandonaron el campo de los movimientos sociales. Así mismo, el recrudecimiento de la guerra desde mediados de los años noventa, que incrementó el costo de la organización y la movilización social, incentivó a los activistas a formar ONGs, organizaciones que tienen como prioridad influir en la opinión pública y en las decisiones de actores relevantes utilizando como principal recurso la información, más que promover la acción colectiva.

 

Por consiguiente, fue únicamente como consecuencia de la oposición al gobierno de Uribe que se desplegaron renovados procesos organizativos en los movimientos sociales, caracterizados por estructuras flexibles y tendientes a la horizontalidad y abiertas hacia la diversidad de reivindicaciones de diversos sectores sociales. Esta dinámica es coronada a fines de la primera década del siglo XXI con la Minga nacional liderada por el pueblo Nasa en 2008, que significó una influencia definitiva sobre otras iniciativas. En efecto, el encuentro entre el pueblo Nasa y diversos sectores sociales congregados en el campus de la Universidad Nacional, en Bogotá, fue fundamental para la renovación de los lenguajes políticos de los movimientos sociales, empezando precisamente por el movimiento estudiantil. A fines del gobierno Uribe los procesos organizativos se multiplicaron por todo el país, hasta la conformación de la Marcha Patriótica y del Congreso de los Pueblos, espacios de encuentro de los movimientos sociales que reúnen una diversidad de organizaciones sociales de distintos sectores, rurales, urbanos y étnicos, y que dinamizaron el ciclo de protestas desde 2010.

 

Las dos plataformas representan un esfuerzo por recomponer los proyectos políticos desde abajo. En este sentido, ambos procesos han conllevado una reconfiguración del discurso político que finalmente consigue dar una respuesta al declive de los idearios que trajo consigo la crisis de la izquierda e incorpora la diversidad de reivindicaciones que se fueron decantando a lo largo de las décadas de los noventa y de los dos mil, como las cuestiones ambiental, cultural, étnica, de género, la defensa de los derechos humanos y la salida negociada del conflicto social y armado.

 

Así, aunque Colombia siempre ha sido una excepción en términos de las dinámicas de los procesos políticos latinoamericanos, los actores sociales y políticos poco a poco se han ido permeando de eso que podríamos denominar “revolución semántica”, que ha caracterizado los procesos de transformación, con todo y sus limitaciones, en otros países de la región. Por ejemplo, hoy es común que en el campo de los movimientos sociales se hable de buen vivir, interculturalidad, descolonización, despatriarcalización y sinónimos, pero también se está empezando a hablar de socialismo articulando todos estos conceptos y se ha puesto nuevamente en escena el proyecto de la revolución aunque no sea muy preciso aún, igual que en otros casos de América Latina.

 

Perspectivas hacia el nuevo gobierno uribista

 

Las posibilidades de los movimientos sociales en el gobierno de Iván Duque (2018-2022), dependerán en buena medida de su capacidad para cohesionar el campo popular y articular actores externos a sus reivindicaciones, tal como lo hicieron en el adverso contexto de fines del gobierno de Álvaro Uribe. Claramente, se trata de un retorno de Uribe al poder, pues a diferencia de Santos, quien también fue nominado por el expresidente, Duque no tiene una red de relaciones propia sobre la cual soportar su muy hipotética independencia, teniendo que apoyarse necesariamente en las redes de lealtades de su patrón.

 

Sin embargo, existen considerables diferencias entre la llegada de Uribe al gobierno en 2002 y el arribo de Duque, que pueden significar oportunidades políticas para la acción de los movimientos sociales y otros actores del campo popular. Para empezar, la legitimidad de Duque no es comparable a la de su padrino político, así ahora él mismo opere en la trastienda. Uribe llegó a la presidencia en primera vuelta en 2002 y 2006, nunca contó con una oposición como la que representan los ocho millones de votos de Gustavo Petro. Por otro lado, si bien Duque, al igual que Uribe, ha articulado toda la clase política tradicional, el pegamento de su coalición es distinto y tal vez menos efectivo.

 

En efecto, la coalición uribista estaba cohesionada en función del antagonismo hacia las Farc, que hacia 2002 amenazaba con un repunte en sus acciones urbanas, y de la política de seguridad democrática. En cambio, la coalición que sustenta a Duque no tiene un proyecto análogo. Si bien el antagonismo que los unió en la coyuntura electoral fue el temor frente a Colombia Humana y Petro, el pegamento real es la conocida “mermelada”. Ciertamente, ese antagonismo ideológico persistirá, aunque sea en un nivel retórico, pero al estar Petro en la oposición la estigmatización de sus propuestas como “castrochavismo” pierde efectividad. Por tanto, hay muchas probabilidades de que la coalición de gobierno presente fisuras, una vez se advierta que los recursos públicos no alcanzan para satisfacer los apetitos de corrupción y clientelismo de la totalidad de actores que aglutina.

 

Es por esa razón que desde ya el uribismo busca con desespero un reemplazo a las Farc, un antagonismo capaz de cohesionar más allá de la “mermelada” a su coalición y de brindar una mejor base de legitimidad a su gobierno. No hay mejor escenario para el uribismo que la reactivación de la guerra. De ahí la renovación de la política policiva y represiva contra los cultivos ilícitos, apuntando a erigirlos en un mal análogo al que en su discurso representó las Farc. De ahí también la creciente beligerancia del presidente electo en contra del gobierno venezolano.

 

La represión oficial y paraoficial, que ya ha cobrado la vida de medio millar de líderes sociales y que debería concebirse como otro genocidio político, tenderá a aumentar en el corto plazo. A las élites políticas y económicas no les conviene detener la carnicería, pues de esa manera se debilitan los liderazgos que nacieron y se consolidaron durante el ciclo de protesta, eliminando la base de apoyo a las reformas contenidas en el acuerdo de paz que tanto temen. Pero además los asesinatos y las masacres crean el clima de guerra que, esperan, legitime su discurso de necesidad de “seguridad” y contribuya a la legitimación de la coalición de gobierno. Por consiguiente, los costos de organización y movilización social se incrementarán. La represión debilita las redes de confianza interpersonal, el tejido social y las organizaciones donde anidan los movimientos sociales.

 

Tanto la búsqueda de un factor de legitimación bélico como la represión configuran un contexto político necesariamente polarizado, similar al que operó durante los gobiernos de Uribe. Los movimientos sociales no pueden marginarse de ese contexto, pero pueden articular sus demandas en función de la defensa de los acuerdos de paz y de la implementación de las reformas necesarias para evitar el retorno de la guerra. Incluso ahora pueden hacerlo con más efectividad que bajo el gobierno de Santos, pues su adversario, el gobierno de Duque, ya no tendrá una visión alternativa de la paz, que dispute su significado, sino su contrario.

 

En ese empeño cuentan inicialmente, al menos mientras se fracture la coalición de gobierno, con muy pocos aliados: la comunidad internacional favorable a la paz y la oposición política en el Congreso. Las posibilidades de articular estos actores a su lucha dependen en primer lugar de la cohesión que alcancen los propios movimientos sociales. En este sentido, el principal obstáculo es la dinámica centrífuga que ha tenido en la historia del país la interacción entre los ámbitos político y social. En general, la fragmentación de las organizaciones y los movimientos sociales se explica por las disputas entre los partidos políticos que sobre ellos influyen. La propuesta de Gustavo Petro, para hacer oposición con un pie en la calle y otro en el Congreso, apunta a una articulación de repertorios de acción entre el campo de los movimientos sociales y el de la política institucional. Sin embargo, depende también de la articulación de los actores de la oposición institucional con influencia sobre movimientos y organizaciones sociales de distintas regiones, por el momento reacios a aceptar su liderazgo y, sobre todo, su estilo de política basado en la interpelación directa del pueblo. Pero además, no necesariamente implica un fortalecimiento de los movimientos ni de su autonomía.

 

En fin, bajo el gobierno Duque los movimientos sociales enfrentan un contexto similar al de los gobiernos de Uribe en términos de la represión y de la polarización del campo político. Sin embargo, el gobierno no goza de una legitimidad considerable, no tiene un proyecto político ni un antagonismo que articule su coalición más allá del reparto de recursos públicos, lo cual debilita las probabilidades de que se consolide. Las oportunidades de acción y organización de los movimientos sociales dependerán de su capacidad para articular la oposición política y social, y conseguir aliados, en torno a un proyecto político que no solo dispute el discurso guerrerista del gobierno sino que llene de contenido la defensa de los acuerdos de paz y su implementación.

 

 


 

Recuadro

 

Perspectivas de los movimientos sociales bajo el gobierno de Iván Duque (2018-2022)

Contexto político

 - Polarización en torno a las alternativas de paz y guerra.

- Continúa el cierre institucional.
- Aumenta la represión y los costos de movilización.
- Aliados: la comunidad internacional y la oposición en el Congreso.
- Probabilidades de fragmentación en la coalición de gobierno basada en la “mermelada”.

Estructuras
de movilización
- Organizaciones, liderazgos y tejido social debilitados por la represión.
- Posibilidades de articulación entre organizaciones de movimientos sociales y entre éstas y los partidos de oposición institucional.
Discursos- El gobierno busca un antagonismo que reemplace a las Farc para cohesionarse y ganar legitimidad (el narcotráfico, Venezuela), pero más allá del rechazo a los acuerdos de paz no tiene un proyecto propio.
- Retorno de los discursos contrainsurgentes que estigmatizan toda política alternativa.
- La defensa de los acuerdos de paz y de su implementación puede articular las diversas demandas de los movimientos sociales.

 



 

Publicado enColombia
Los movimientos sociales bajo el gobierno Santos: legado y perspectivas

Los movimientos sociales conocieron y padecieron la real personalidad del gobierno saliente: decir una cosa y hacer otra; fungir de conciliador y actuar de acuerdo a los intereses del capital. En estos últimos años, decenas de acuerdos firmados en distintos municipios y con diferentes actores comunitarios, como condición para levantar las protestas, quedaron ahí, en las firmas…

 

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) tuvieron lugar las más grandes movilizaciones sociales en la historia reciente de Colombia: el paro universitario de octubre de 2011, el paro nacional cafetero en febrero y marzo de 2013, el paro en el Catatumbo en junio y julio de 2013, el paro nacional agrario en agosto de ese año, otro paro agrario en abril y mayo de 2014, y la “Minga Agraria, Campesina, Étnica y Popular” en mayo y junio de 2016. ¿Cómo se explica este ciclo de protesta y cuáles son los retos de los movimientos de cara al retorno del uribismo al gobierno?

 

Para que las movilizaciones se produzcan no sólo se requieren situaciones que afecten la satisfacción de las necesidades de las personas, también es necesario que exista un contexto político propicio, unas formas organizativas mínimas y unos discursos que posibiliten una interpretación de los problemas, sus causas, sus responsables y sus posibles soluciones, con miras a articular las personas en torno a propósitos comunes.

 

El contexto político en el que tuvo lugar el ciclo de protesta se caracterizó por un cierre relativo de la arena política institucional, que incentivó formas de tramitar demandas sociales alternativas a la política representativa, como la protesta social. Al mismo tiempo, la represión y las consecuencias adversas del conflicto armado sobre las organizaciones y la protesta sociales se mantuvieron como una constante que impone altos costos para la acción colectiva.

 

No obstante, las movilizaciones han sido posibles porque, por una parte, existe una recomposición organizativa y discursiva en los movimientos sociales, necesaria para agenciar acciones colectivas de grandes magnitudes y articular diversos actores, cuyas bases se desarrollaron durante el gobierno Uribe (2002-2010) y, por otra, las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) desde agosto de 2012 incentivaron la movilización, puesto que los potenciales beneficios de posicionar reivindicaciones sistemáticamente bloqueadas en la agenda pública que están en la raíz de la guerra son superiores a los costos en términos de la represión.

 

El cierre institucional

 

En parte, las protestas sociales son un recurso de última instancia que la ciudadanía implementa para hacerse oír de las autoridades públicas. Las masivas protestas indican que los mecanismos de agregación y representación de intereses no funcionan como predice la teoría democrática. En efecto, la política institucional en Colombia se caracteriza por un cierre frente a ciertas demandas y reivindicaciones de los sectores populares que tiene parte de su explicación en sus propias dinámicas.


Para enfrentar la fragmentación partidaria que introdujo la Constitución de 1991, la reforma política de 2003, mediante el Acto Legislativo 1, estableció restricciones de entrada a la arena electoral. El umbral y la cifra repartidora, tenían como fin disminuir el número de partidos legalmente reconocidos y fortalecer los partidos más votados. Pero no se trata únicamente de restricciones formales. La “parapolítica” puso en evidencia otros mecanismos restrictivos, como el alto costo de las campañas y, en general, un problema de legitimidad y crisis de representación.

 

Como consecuencia de la vinculación entre distintas expresiones de la criminalidad organizada y los actores de la política institucional, el principio un ciudadano=un voto difícilmente aplica en ciertos lugares del país, por el secular gamonalismo armado transmutado de formas diversas en medio de la guerra, por los electorados cautivos de las maquinarias clientelistas, o por una combinación de ambos. El “voto de opinión” si acaso opera en algunas de las grandes ciudades, debido a la fluidez entre legalidad e ilegalidad que caracteriza la competencia partidaria. Para completar, tanto la infiltración del crimen organizado como la ausencia de controles efectivos por parte de una autoridad electoral politizada, el Consejo Nacional Electoral, aumentan astronómicamente los costos de las campañas, volviéndolos restrictivos y excluyendo de la competencia a buena parte de los actores políticos representativos.

 

En suma, este cierre de la arena política institucional de cierto modo incentiva la búsqueda de formas alternativas de participación y tramitación de demandas, como la protesta social, entre 2010 y 2016.

 

La ventana de oportunidad del proceso de paz

 

Las dinámicas propias del conflicto armado afectan de distintas formas a la protesta social y a los movimientos sociales, principalmente al vulnerar los derechos de asociación, reunión y expresión, que hacen posible la formación de organizaciones y la construcción de tejido social. En medio de la guerra, las organizaciones sociales son blanco de las acusaciones de los distintos actores armados, quienes tratan de usarlas para conseguir el dominio de la población, presumen que colaboran con su enemigo o impiden los desplazamientos y las comunicaciones. En medio de la confrontación es muy improbable la emergencia de discursos políticos alternativos a la polarización amigo-enemigo, pues tienden a ser reprimidos por todos los bandos. En últimas, la guerra deteriora las redes de confianza interpersonal, tanto entre conocidos como entre extraños, haciendo prácticamente imposibles los procesos organizativos. Por todo ello, el conflicto armado ha tenido como consecuencia global el que los movimientos sociales asuman un comportamiento más defensivo y/o reactivo que propositivo y/o proactivo, puesto que la defensa de la vida desplaza otras demandas urgentes de las poblaciones.

 

El gobierno de Santos implicó una ventana de oportunidad para los movimientos sociales, al suspender algunas de estas dinámicas. El presidente le imprimió a su gobierno un cambio de estilo que, entre otras cosas, se vio reflejado en un tratamiento distinto de la protesta y de los movimientos sociales. La transformación más notable fue en el discurso del propio Presidente, al reconocer la existencia de un conflicto armado, que contrasta con la creencia de su antecesor, quien diagnosticaba la situación de guerra como una agresión terrorista frente a un Estado legítimo, y sostener que la protesta social es un derecho y una forma de participación legítima.

 

La represión es una constante en la historia de Colombia y no mermó pese a la reconfiguración política del gobierno Santos. La represión de la protesta fue ascendiendo conforme esta iba ganando fuerza. Pero también ha persistido la represión política, que se ensaña contra los activistas de organizaciones de víctimas y de distintos movimientos sociales. Sin embargo, la apertura de negociaciones de paz con las Farc desde agosto de 2012 le imprimió una dinámica distinta al escenario político, que no solamente enemistó las élites políticas representadas por Uribe y Santos, sino que amplió la agenda pública a todas aquellas demandas que están en la raíz de la guerra y que habían quedado congeladas desde el fin de las negociaciones de paz con Pastrana en febrero de 2002. Por consiguiente, para los activistas, en la coyuntura del proceso de paz los beneficios de la protesta, posicionar dichas demandas en la agenda política, probablemente superaban los costos en términos de represión.

 

La recomposición organizativa y discursiva

 

La caída del muro de Berlín puso en evidencia la crisis de las formas organizativas que habían soportado la acción colectiva, basadas en el partido de vanguardia y el sindicato. El sindicalismo, además, se vio afectado por la reestructuración capitalista propiciada por las reformas neoliberales, que flexibilizaron y precarizaron las formas de vinculación laboral, por ejemplo al acabar con los contratos a término indefinido, favoreciendo la informalidad. Como consecuencia, los trabajadores fluctúan en el espacio, deben desplazarse a donde exista la posibilidad de trabajar, y el tiempo, una buena parte del cual lo dedican a conseguir trabajo, como desempleados o trabajadores informales. El sindicato, estructurado en función del territorio o del sector económico, no ha podido responder a estas nuevas dinámicas, perdiendo la posibilidad de articular la acción colectiva.

 

Además, tras la apertura política provista por la Constitución de 1991, buena parte de los activistas de movimientos sociales se orientaron a la política institucional, y si bien tuvieron diversos resultados, lo cierto es que abandonaron el campo de los movimientos sociales. Así mismo, el recrudecimiento de la guerra desde mediados de los años noventa, que incrementó el costo de la organización y la movilización social, incentivó a los activistas a formar ONGs, organizaciones que tienen como prioridad influir en la opinión pública y en las decisiones de actores relevantes utilizando como principal recurso la información, más que promover la acción colectiva.

 

Por consiguiente, fue únicamente como consecuencia de la oposición al gobierno de Uribe que se desplegaron renovados procesos organizativos en los movimientos sociales, caracterizados por estructuras flexibles y tendientes a la horizontalidad y abiertas hacia la diversidad de reivindicaciones de diversos sectores sociales. Esta dinámica es coronada a fines de la primera década del siglo XXI con la Minga nacional liderada por el pueblo Nasa en 2008, que significó una influencia definitiva sobre otras iniciativas. En efecto, el encuentro entre el pueblo Nasa y diversos sectores sociales congregados en el campus de la Universidad Nacional, en Bogotá, fue fundamental para la renovación de los lenguajes políticos de los movimientos sociales, empezando precisamente por el movimiento estudiantil. A fines del gobierno Uribe los procesos organizativos se multiplicaron por todo el país, hasta la conformación de la Marcha Patriótica y del Congreso de los Pueblos, espacios de encuentro de los movimientos sociales que reúnen una diversidad de organizaciones sociales de distintos sectores, rurales, urbanos y étnicos, y que dinamizaron el ciclo de protestas desde 2010.

 

Las dos plataformas representan un esfuerzo por recomponer los proyectos políticos desde abajo. En este sentido, ambos procesos han conllevado una reconfiguración del discurso político que finalmente consigue dar una respuesta al declive de los idearios que trajo consigo la crisis de la izquierda e incorpora la diversidad de reivindicaciones que se fueron decantando a lo largo de las décadas de los noventa y de los dos mil, como las cuestiones ambiental, cultural, étnica, de género, la defensa de los derechos humanos y la salida negociada del conflicto social y armado.

 

Así, aunque Colombia siempre ha sido una excepción en términos de las dinámicas de los procesos políticos latinoamericanos, los actores sociales y políticos poco a poco se han ido permeando de eso que podríamos denominar “revolución semántica”, que ha caracterizado los procesos de transformación, con todo y sus limitaciones, en otros países de la región. Por ejemplo, hoy es común que en el campo de los movimientos sociales se hable de buen vivir, interculturalidad, descolonización, despatriarcalización y sinónimos, pero también se está empezando a hablar de socialismo articulando todos estos conceptos y se ha puesto nuevamente en escena el proyecto de la revolución aunque no sea muy preciso aún, igual que en otros casos de América Latina.

 

Perspectivas hacia el nuevo gobierno uribista

 

Las posibilidades de los movimientos sociales en el gobierno de Iván Duque (2018-2022), dependerán en buena medida de su capacidad para cohesionar el campo popular y articular actores externos a sus reivindicaciones, tal como lo hicieron en el adverso contexto de fines del gobierno de Álvaro Uribe. Claramente, se trata de un retorno de Uribe al poder, pues a diferencia de Santos, quien también fue nominado por el expresidente, Duque no tiene una red de relaciones propia sobre la cual soportar su muy hipotética independencia, teniendo que apoyarse necesariamente en las redes de lealtades de su patrón.

 

Sin embargo, existen considerables diferencias entre la llegada de Uribe al gobierno en 2002 y el arribo de Duque, que pueden significar oportunidades políticas para la acción de los movimientos sociales y otros actores del campo popular. Para empezar, la legitimidad de Duque no es comparable a la de su padrino político, así ahora él mismo opere en la trastienda. Uribe llegó a la presidencia en primera vuelta en 2002 y 2006, nunca contó con una oposición como la que representan los ocho millones de votos de Gustavo Petro. Por otro lado, si bien Duque, al igual que Uribe, ha articulado toda la clase política tradicional, el pegamento de su coalición es distinto y tal vez menos efectivo.

 

En efecto, la coalición uribista estaba cohesionada en función del antagonismo hacia las Farc, que hacia 2002 amenazaba con un repunte en sus acciones urbanas, y de la política de seguridad democrática. En cambio, la coalición que sustenta a Duque no tiene un proyecto análogo. Si bien el antagonismo que los unió en la coyuntura electoral fue el temor frente a Colombia Humana y Petro, el pegamento real es la conocida “mermelada”. Ciertamente, ese antagonismo ideológico persistirá, aunque sea en un nivel retórico, pero al estar Petro en la oposición la estigmatización de sus propuestas como “castrochavismo” pierde efectividad. Por tanto, hay muchas probabilidades de que la coalición de gobierno presente fisuras, una vez se advierta que los recursos públicos no alcanzan para satisfacer los apetitos de corrupción y clientelismo de la totalidad de actores que aglutina.

 

Es por esa razón que desde ya el uribismo busca con desespero un reemplazo a las Farc, un antagonismo capaz de cohesionar más allá de la “mermelada” a su coalición y de brindar una mejor base de legitimidad a su gobierno. No hay mejor escenario para el uribismo que la reactivación de la guerra. De ahí la renovación de la política policiva y represiva contra los cultivos ilícitos, apuntando a erigirlos en un mal análogo al que en su discurso representó las Farc. De ahí también la creciente beligerancia del presidente electo en contra del gobierno venezolano.

 

La represión oficial y paraoficial, que ya ha cobrado la vida de medio millar de líderes sociales y que debería concebirse como otro genocidio político, tenderá a aumentar en el corto plazo. A las élites políticas y económicas no les conviene detener la carnicería, pues de esa manera se debilitan los liderazgos que nacieron y se consolidaron durante el ciclo de protesta, eliminando la base de apoyo a las reformas contenidas en el acuerdo de paz que tanto temen. Pero además los asesinatos y las masacres crean el clima de guerra que, esperan, legitime su discurso de necesidad de “seguridad” y contribuya a la legitimación de la coalición de gobierno. Por consiguiente, los costos de organización y movilización social se incrementarán. La represión debilita las redes de confianza interpersonal, el tejido social y las organizaciones donde anidan los movimientos sociales.

 

Tanto la búsqueda de un factor de legitimación bélico como la represión configuran un contexto político necesariamente polarizado, similar al que operó durante los gobiernos de Uribe. Los movimientos sociales no pueden marginarse de ese contexto, pero pueden articular sus demandas en función de la defensa de los acuerdos de paz y de la implementación de las reformas necesarias para evitar el retorno de la guerra. Incluso ahora pueden hacerlo con más efectividad que bajo el gobierno de Santos, pues su adversario, el gobierno de Duque, ya no tendrá una visión alternativa de la paz, que dispute su significado, sino su contrario.

 

En ese empeño cuentan inicialmente, al menos mientras se fracture la coalición de gobierno, con muy pocos aliados: la comunidad internacional favorable a la paz y la oposición política en el Congreso. Las posibilidades de articular estos actores a su lucha dependen en primer lugar de la cohesión que alcancen los propios movimientos sociales. En este sentido, el principal obstáculo es la dinámica centrífuga que ha tenido en la historia del país la interacción entre los ámbitos político y social. En general, la fragmentación de las organizaciones y los movimientos sociales se explica por las disputas entre los partidos políticos que sobre ellos influyen. La propuesta de Gustavo Petro, para hacer oposición con un pie en la calle y otro en el Congreso, apunta a una articulación de repertorios de acción entre el campo de los movimientos sociales y el de la política institucional. Sin embargo, depende también de la articulación de los actores de la oposición institucional con influencia sobre movimientos y organizaciones sociales de distintas regiones, por el momento reacios a aceptar su liderazgo y, sobre todo, su estilo de política basado en la interpelación directa del pueblo. Pero además, no necesariamente implica un fortalecimiento de los movimientos ni de su autonomía.

 

En fin, bajo el gobierno Duque los movimientos sociales enfrentan un contexto similar al de los gobiernos de Uribe en términos de la represión y de la polarización del campo político. Sin embargo, el gobierno no goza de una legitimidad considerable, no tiene un proyecto político ni un antagonismo que articule su coalición más allá del reparto de recursos públicos, lo cual debilita las probabilidades de que se consolide. Las oportunidades de acción y organización de los movimientos sociales dependerán de su capacidad para articular la oposición política y social, y conseguir aliados, en torno a un proyecto político que no solo dispute el discurso guerrerista del gobierno sino que llene de contenido la defensa de los acuerdos de paz y su implementación.

 

 


 

Recuadro

 

Perspectivas de los movimientos sociales bajo el gobierno de Iván Duque (2018-2022)

Contexto político

 - Polarización en torno a las alternativas de paz y guerra.

- Continúa el cierre institucional.
- Aumenta la represión y los costos de movilización.
- Aliados: la comunidad internacional y la oposición en el Congreso.
- Probabilidades de fragmentación en la coalición de gobierno basada en la “mermelada”.

Estructuras
de movilización
- Organizaciones, liderazgos y tejido social debilitados por la represión.
- Posibilidades de articulación entre organizaciones de movimientos sociales y entre éstas y los partidos de oposición institucional.
Discursos- El gobierno busca un antagonismo que reemplace a las Farc para cohesionarse y ganar legitimidad (el narcotráfico, Venezuela), pero más allá del rechazo a los acuerdos de paz no tiene un proyecto propio.
- Retorno de los discursos contrainsurgentes que estigmatizan toda política alternativa.
- La defensa de los acuerdos de paz y de su implementación puede articular las diversas demandas de los movimientos sociales.

 



 

Publicado enEdición Nº248
Viernes, 27 Julio 2018 06:59

Crisis en Nicaragua cumple 100 días

Crisis en Nicaragua cumple 100 días

Un total de 448 muertos, 2 mil 830 heridos y 595 desaparecidos ha dejado la crisis que sacude Nicaragua, que este jueves cumplió 100 días, reportó Alvaro Leiva, titular de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, mientras continúan las protestas antigubernamentales en el país.

Al divulgar un reporte sobre la violaciones de derechos humanos en esta crisis, Leiva indicó que de los 448 muertos, 399 están debidamente identificados y los otros 49 aún no, pero hay pruebas como fotos, noticias y otros soportes.


Aseguró que 425 fueron ejecutados, de los cuales 358 murieron por heridas de armas de fuego, que incluyen 115 con disparos en la cabeza, 76 en el tórax y 58 en el cuello, abdomen y espalda. Añadió que del total de los heridos, 72 quedaron con lesiones permanentes.


Explicó que los pasados 15 días fueron particularmente sangrientos , debido a que se registraron otras 97 víctimas, con un promedio de seis fallecidos por día, y advirtió que la gran mayoría eran manifestantes civiles que protestaban contra el gobierno del presidente, Daniel Ortega.


El estudio, elaborado entre el 19 de abril y el 25 de julio, asegura que unas 718 personas fueron secuestradas por grupos parapoliciales y paramilitares que actúan motivados por un fanatismo partidario e ideológico a favor de Ortega. Muchos de los plagiados han aparecido luego en prisiones y enfrentan procesos judiciales que según el organismo de derechos humanos son ilegales.


Ante ello, Leiva exigió al gobierno desarticular los grupos paramilitares, a los que acusa de capturar, torturar, asesinar y causar terror a pobladores a raíz de las protestas antigubernamentales. Si verdaderamente, como lo ha expresado el presidente Ortega, (estos grupos) no pertenecen al gobierno, que tome cartas en el asunto y garantice el derecho a la seguridad ciudadana y a la vida, demandó.
Afirmó que los ciudadanos se encuentran en un estado de profundo miedo, terror, indefensión e impotencia por la presencia de paramilitares que, según denuncias, operan coordinados con la policía.


En esta capital cientos de opositores realizaron un plantón para conmemorar los 100 días del inicio de las protestas contra el gobierno de Ortega, en homenaje a las víctimas y en solidaridad con los presos políticos.


Nicaragua vive su peor crisis política en 40 años desde que comenzó la protesta estudiantil el 18 de abril en rechazo a una reforma al sistema de seguridad social, que fue derogada. Las manifestaciones continuaron ante el incrementó de la violencia gubernamental y para exigir la salida de Ortega, que la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia pide sea con elecciones anticipadas.


En Washinton, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, acusó este viernes a Ortega de estar librando una guerra contra la Iglesia católica en Nicaragua, que es mediadora de las mesas de dialogo entre el gobierno y la oposición.

Publicado enInternacional
Activistas, intelectuales y académicos se pronuncian contra la represión al pueblo de Nicaragua

Activistas sociales, intelectuales y académicos se pronunciaron contra “la gravísima situación de violencia política estatal y violación de los Derechos Humanos que atraviesa Nicaragua”, ante la brutal represión comandada por el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo desde hace tres meses, “lo cual se ha traducido en unos trescientos muertos en los últimos tres meses”.

Señalaron que la indignación “es doble” sobre todo cuando la violencia es ordenada por “líderes y gobiernos que se dicen de izquierda” y a ella se le suma “el silencio cómplice de líderes políticos y referentes intelectuales (auto)proclamados de izquierda.

Los firmantes se solidarizaron con el pueblo de Nicaragua y señalaron que “denunciar esta situación tan dolorosa como inaceptable, alzar la voz contra los atropellos a las más elementales libertades y derechos que el actual gobierno nicaragüense viene realizando, no es sólo un deber de solidaridad humanitaria”, sino también “un acto y un llamado colectivo a defender la Memoria revolucionaria” y a “procurar evitar la consumación de esta degeneración política en curso”.

Los activistas llamaron a la sociedad y enviar sus adhesiones al correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

A continuación, el comunicado completo:

DECLARACIÓN URGENTE POR NICARAGUA

19 de julio de 2018

Enviar adhesiones a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Por la presente, como intelectuales, activistas sociales y académicos, queremos manifestar nuestro profundo rechazo frente a la gravísima situación de violencia política estatal y violación de los Derechos Humanos que atraviesa Nicaragua, responsabilidad del actual régimen de Ortega-Murillo, lo cual se ha traducido en unos trescientos muertos en los últimos tres meses.

La indignación, el dolor, el sentido de frustración histórica es doble cuando semejante aberración política es producto de líderes y gobiernos que se dicen de izquierda. ¡Qué puede doler más que la ironía de un líder que se dice revolucionario, emulando las prácticas criminales de aquel dictador contra el que se supo levantar! Y esa indignación se hace más intensa aún cuando este panorama de violencia política estatal es completado con el silencio cómplice de líderes políticos y referentes intelectuales (auto)proclamados de izquierda. La connivencia de cierto establishment intelectual -una izquierda oficialista que suele arrogarse la representación exclusiva de la ‘izquierda’-, ha mutado al calor del poder gubernamental en un sucedáneo del más desbocado cinismo.

Denunciar esta situación tan dolorosa como inaceptable, alzar la voz contra los atropellos a las más elementales libertades y derechos que el actual gobierno nicaragüense viene realizando, no es sólo un deber de solidaridad humanitaria. Es también un acto y un llamado colectivo a defender la Memoria revolucionaria; a procurar evitar la consumación de esta degeneración política en curso.

No hay peor latrocinio que la defraudación política de la esperanza de los pueblos.

No hay peor saqueo que aquel que va dirigido a depredar las energías rebeldes por un mundo justo.

No hay peor imperialismo que el colonialismo interno que se torna violencia opresiva revestido con retórica anti-imperial.

Todo eso está aconteciendo en Nicaragua. La Tierra que fuera símbolo fértil de la esperanza emancipatoria a fines de los ’70, se ha convertido en un campo más de autoritarismo.

La memoria mancillada de una de las revoluciones más nobles y esperanzadoras de Nuestra América, como lo fue y sigue siendo Sandino; la memoria de luchas anti-capitalistas de un pueblo sufrido pero valiente, ahora pisoteada para (intentar) encubrir la típica violencia ordinaria de un régimen dictatorial más, de esos que sobran y se repiten en nuestra historia. El otrora líder revolucionario, honrado por la confianza de su pueblo, hoy convertido en dictador, ciego de poder y con sus manos manchadas de sangre joven. Tal, el paisaje violentamente amargo de nuestra querida Nicaragua.

Alzamos nuestra voz para condenar públicamente la dictadura en la que se ha convertido el gobierno de Ortega-Murillo. Expresamos nuestra solidaridad para con el pueblo y la juventud hoy, una vez más, levantados en resistencia. Para apoyar y acompañar sus exigencias de diálogo y de paz, de poner fin a un gobierno ilegítimo y criminal que hoy usurpa la memoria sandinista. Lo hacemos con la convicción de que lo se trata no es sólo “salvar el honor” del pasado, sino sobre todo, de rescatar y cuidar las semillas emancipatorias del futuro, que hoy se han puesto en riesgo.

Primeras Firmas

Alberto Acosta (economista, Ecuador),

Maristella Svampa (socióloga y escritora, Argentina),

Raúl Zibechi (ensayista y escritor, Uruguay),

Horacio Machado Araoz (politólogo, Argentina),

Hugo Blanco (activista, director de “Lucha indígena”, Perú),

Joan Martinez Alier (Revista Ecología política, España),

Pierre Salama (economista, Francia),

Raphael Hoetmer (historiador, Perú),

Manfred Max-Neef (Universidad Austral de Chile),

Yaku Pérez Guartambel (presidente de la Confederación de los Pueblos Kichwas del Ecuador – ECUARUNARI y de Coordinadora Andina de Organizaciones Indìgenas- CAOI),

Decio Machado (Sociólogo, periodista español radicado en Ecuador),

Pablo Solon (Fund. Solon, Bolivia),

Roberto Gargarella (abogado, constitucionalista, Argentina),

Massimo Modonesi (Unam, México),

Edgardo Lander (sociólogo, Venezuela),

Arturo Escobar (antropólogo, ambientalista, Colombia/USA),

Enrique Leff (filósofo, ambientalista, México),

Pierre Beaudet (Profesor Cs Sociales, Quebec, Canada),

Boaventura de Sousa Santos (abogado, sociólogo, Portugal),

Gina Vargas Valente (socióloga, feminista, Perú),

Horacio Tarcus (Historiador, Argentina),

Juanca Giles Macedo (Educador Popular, Perú),

Beatriz Sarlo (ensayista, Argentina),

Paulina Garzón (activista, Ecuador),

Carlos Antonio Martín Soria Dall’Orso (Abogado, docente y activista ambiental, Perú),

Reinhold Sohns, economista, Alemania,

Mateo Martínez Abarca (filosofo, Secretario de Participación Ciudadana y Control social, Ecuador),

Manuela Lavinas Picq, (Profesora, Universidad San Francisco de Quito, Ecuador),

Ramiro Avila Santamaría (Abogado, Ecuador),

Pedro Machado Orellana (Ecuador);

Juan Cuvi (Fundación Donun, Prof.universitario, Ecuador),

Víctor M. Toledo (UNAM, México),

Enrique Viale (Abogado Ambientalista, Argentina),

Boris Marañon (UNAM-México),

Elizabeth Peredo (psicóloga social, Bolivia),

Carlos de la Torre (sociólogo, Ecuador),

Carlos Zorrilla (Intag, Ecuador),

Carolina Ortiz Fernández (UMSM-Perú),

Carlos Castro Riera, Presidente del Colegio de Abogados del Azuay,- Ecuador,

Santiago Arconada Rodríguez (Activista del Agua, Venezuela),

Santiago Cahuasquí Cevallos (Antropólogo, Abogado, Ecuador),

María Fernanda López (Geógrafa, Ecuador),

Pablo Ospina (Historiador, Ecuador),

Gerhard Dilger (periodista, Brasil),

Danilo Quijano (Perú),

Ezequiel Adamovsky (Historiador, Argentina),

Hernán Rivadeneira J., (Presidente de la Rama Ecuatoriana de la Asociación Americana de Juristas),

Pablo Alabarces (profesor e investigador, Argentina),

Martín Bergel (Historiador-Argentina),

Piedad Vásquez (Ex-Capacitadora- Técnica Voluntaria en la Campaña de Alfabetización Augusto Cesar Sandino -Ex-Directora y Fundadora del Aula de Derechos Humanos Universidad de Cuenca, Ecuador),

Alberto Chirif (antropólogo, Perú),

Andrés Cabanas, (periodista y escritor, Guatemala),

Jürgen Schuldt (economista, Perú),

Ricardo Napurí (militante socialista, Argentina),

Nora Ciapponi, (militante socialista, Argentina),

Arturo Villanueva Imaña (Sociólogo, Bolivia),

Antonio Elizalde Hevia (sociólogo, director fundador de “Polis, Revista Latinoamericana, Chile),

Elsie Monge (Defensora de derechos humanos, Ecuador) ,

Carmen Diana Deere (Universidad de Florida, Estados Unidos).

Fernando Muñoz-Miño (historiador, integrante de El Colectivo, Ecuador),

Nancy Esoasandin (maestra y politóloga, Uruguay ),

Francisco Javier Velasco (antropólogo y ecologista, Venezuela),

Jaime Coronado del Valle (Sociólogo, Perú),

Roberto Espinoza, Sociólogo, Perú),

Fernando Hugo Azcurra (Economista, Argentina),

Sergio Nicanoff (historiador y docente UBA, Argentina),

Aldo Casas (activista, revista Herramienta, Argentina,

Juan Manuel Crespo (Cientista social y activista – Ecuador),

Cecilia Chérrez (ecologista, Ecuador),

Carlos Arcos Cabrera (escritor, Ecuador),

José Luis Coraggio (Economista, Argentina),

Rubén Lo Vuolo, economista, argentina (Ciepp),

Walter Actis (Sociólogo, activista ecologista, España), Guillermo Almeyra, periodista y escritor (Argentina-México),

Juan Pablo Casiello (Docente – Secretario gremial de Amsafe Rosario, Congresal de Ctera, Argentina),

Gabriela Wyczykier, (UNGS-CONICET, Argentina),

Alberto Wiñazky (Economista-Argentina),

Hermann Klosius (Presidente de la Solidaridad con Guatemala de Austria), Catherine Walsh (intelectual militante, Ecuador),

Carlos Walter Porto-Gonçalves (Geógrafo. Brasil),

Jaime Pastor (editor de la revista Viento Sur, España),

Koldo Unceta (Universidad País Vasco, España),

Maxime Combes (Economista, Francia),

Olmedo Beluche ( Profesor de Sociología de la Universidad de Panamá),

Juan Wahren (Sociólogo, UBA/CONICET, Argentina),

Gustavo Soto Santiesteban (escritor y activista, Bolivia),

Pedro Morazán,(Economista, Honduras / Alemania),

Danilo Assis Clímaco (latinoamericanista, Brasil),

José Angel Quintero Weir (Wainjirawa-Zulia-Venezuela),

Miriam Lang (socióloga, Alemania / Ecuador),

Alejandro Olmoa Gaona, (economista, Argentina),

Pocho Alvarez (cineasta, Ecuador),

María Daquilema, (defensora de los derechos de las mujeres, Ecuador)

Enviar adhesiones a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Publicado enInternacional
En Los Angeles, repudio a los llamados centros de detención.Foto Afp

Nueva York

"Vergüenza, vergüenza, vergüenza", corearon ayer decenas de miles de manifestantes en más de 100 ciudades denunciando la política de separación de niños de sus padres migrantes impulsada por el régimen de Donald Trump.

La brutal práctica de separación de miles de niños de sus padres y enjaularlos bajo la política de "tolerancia cero" –anunciada en abril pasado– generó una respuesta tan amplia, que el presidente finalmente fue obligado a firmar una orden ejecutiva para supuestamente suspenderla y prometer la reunificación de esas familias con sus más de 2 mil niños que les fueron arrebatados.

Pero eso no logró frenar la ola de ira que ello provocó ni la oposición a la propuesta del gobierno de sustituir su política de separación de familias por la detención indefinida de familias enteras.

Ayer, ese repudio quedó registrado a lo largo y ancho del país, desde esta ciudad hasta Los Ángeles, entre decenas más, donde algunos discursos y pancartas, incluyendo sobrevivientes y familiares de las víctimas, compararon esas prácticas con las de los nazis, como también con otras llevadas a cabo en la historia de Estados Unidos, cuando niños fueron separados de esclavos afroestadunidenses y de familias indígenas. Muchos subrayaron que a estas alturas, con esas políticas, esta lucha ya se trata de "salvar la democracia" en el país.

De Foley Square al sur de Manhattan, a través del puente de Brooklyn, miles de familias, líderes de derechos y libertades civiles, defensores de migrantes, sindicalistas, artistas, maestros, dirigentes políticos, doctores y estudiantes marcharon con mantas y pancartas en inglés y español –algunas más en otros de los más de 200 idiomas de esta metrópoli– exigiendo la reunificación inmediata de familias y su liberación.

"Ningún humano es ilegal", afirmaban. "El único niño que debería ser enjaulado", decía una pancarta con un dibujo de Trump dentro de una celda. Otra expresaba: "Que los niños se queden, que deporten a los racistas".

"Alguien está intentado arrebatar al niño Jesús de los brazos de María", advirtió el reverendo Al Sharpton, veterano líder nacional de derechos civiles y de afroestadunidenses. "Los blancos, los musulmanes y los judíos, todos juntos, no lo vamos a permitir. Muchos venimos de una historia de separaciones de niños. Los judíos, nosotros los afroestadunidenses y ahora es nuestro momento para decir que no lo permitiremos, no nos quedaremos callados".

Héctor Figueroa, presidente del poderoso sindicato local de servicios SEIU, gritó: "Vamos a luchar por las familias. Son nuestras familias las que están deshumanizando". Y recordó que dos de cada tres agremiados en su sindicato nacieron en otros países.

En Washington, en el parque Lafayette (nombrado por el inmigrante francés que ayudó en la lucha por la independencia de este país), frente a la Casa Blanca, miles escucharon que Lin Manuel Miranda, famoso creador de Hamilton, una de las obras más exitosas y famosas en Broadway, entonó una canción de cuna (de esa obra) para todas las madres que no podían cantar y arrullar a sus hijos separados.

La cantante Alicia Keys, con la misma intención, dio lectura a un cuento para niños separados. Declaró, al igual que otros en diversas ciudades, que con la resistencia a esas políticas esto se trata de "salvar el alma" de este país.

Tanto en Nueva York y Washington, como en otras urbes del país, políticos federales y locales, así como artistas famosos, se sumaron a las marchas. En Chicago, el senador Dick Durbin declaró: "Tenía que estar aquí".

En Boston, la senadora Elizabeth Warren llamó a deshacer la agencia de migración ICE y comentó ante los congregados que "madres me han dicho que en las noches creen que están escuchando el llanto de sus hijos. Esto se trata de niños en jaulas, de seres humanos".

En Los Ángeles, el músico John Legend –ganador de múltiples Grammy y un Óscar– tocó una de sus rolas. La diputada federal Maxine Waters llamó a destituir al presidente, y la senadora Kumala Harris declaró que "cuando sabemos que tenemos a esos 2 mil niños llorando por sus padres, sabemos que somos mejores que esto".

Ecos de esto retumbaron en otras ciudades, de El Paso a Denver, de Burlington a Vermont, de Tampa a Indianápolis, incluyendo urbes y pueblos pequeños del país. "Tal vez nuestros antepasados llegaron a estas tierras en buques diferentes, pero ahora todos estamos en el mismo barco. No hay tal cosa como un ser humano ilegal. Todos somos humanos", declaró el diputado federal e icono del movimiento de derechos civiles John Lewis en la manifestación de Atlanta.

En un editorial, el New York Times afirmó que "las marchas que se realizan en el país este fin de semana realmente son sobre el alma de Estados Unidos". Subrayó que la separación forzada de niños no se puede justificar. "El gobierno de Trump ha cometido una grave ofensa. Es deber de todo estadunidense decente demandar que de inmediato estos niños vuelvan con sus padres".

Publicado enInternacional
El gobierno de facto de Brasil pierde una pieza vital. Cae el CEO de Petrobras

Parente presentó su renuncia luego de diez días de paro de camioneros contra el aumento del diésel, que llegó al 50 por ciento desde julio contra un cuatro por ciento de inflación.

Cayó el presidente de  Petrobras, Pedro Parente, pieza central del gobierno de Michel Temer, hundido en una crisis  de desenlace incierto. El ahora ex titular de Petrobras presentó su renuncia luego de diez días de paro de los camioneros en demanda de la baja del diesel, cuyo preció subió el 50 por ciento desde julio del año pasado, período en el cual la inflación rozó el 4 por ciento .Ligado políticamente al ex mandatario Fernando Henrique Cardoso, de quien fue ministro, Parente gestionó la petrolera estatal como si fuera privada. Optimizó las ganancias de los accionistas nacionales y extranjeros, incrementó la importación de diesel, redujo la actividad de las refinerías y cedió plataformas a las multinacionales en licitaciones controvertidas. 


Parente además estableció una política de precios sujeta al aumento del barril en el mercado internacional, cuando el grueso del gasoil y la nafta brasileños se producen con petróleo nacional. Esta fórmula hizo que el diesel aumentara, casi a diario, siguiendo las oscilaciones externas.


En los dos años de gestión Temer-Perente fue revertida la política petrolera implementada en los 13 años de gobierno del PT, durante los cuales se reforzó la presencia del Estado, hubo regulación de precios para impedir el contagio de las oscilaciones internacionales del petróleo y se construyeron plataformas y refinerías, con el propósito de alcanzar el pleno autoabastecimiento. El fin de la era Parente debilita aún más a Temer y acota la influencia de Fernando Henrique Cardoso y los neoliberales del Partido de la Socialdemocracia Brasileña.


La noticia  se conoció poco antes del mediodía, tras lo cual la Bolsa de Valores de San Pablo (Bovespa) suspendió durante media hora la oferta de papeles de Petrobras. Al reabrirse la ronda de negocios, las acciones de la compañía se hundieron hasta el 20 por ciento, una baja similar a la sufrida en Wall Street.


La permanencia de Parente se tornó inviable luego del paro de los transportistas que hizo colapsar al país dejándolo sin suministros esenciales. Según dos encuestas de esta semana, la mayoría de los brasileños apoyó los piquetes y rechazó una eventual privatización de Petrobras. El miércoles, la Federación Única de los Petroleros realizó una huelga nacional contra la política de precios abusiva y reclamando la renuncia del titular de Petrobras. 
“Está claro que ante este cuadro, mi permanencia (en el cargo) dejó de ser positiva”, escribió Parente en la carta de dimisión “irrevocable” dirigida a Temer. En su despedida recomendó que se escoja un sucesor inmune a las injerencias “políticas”. Su labor al frente de Petrobras fue desastrosa dijo Luiz Inácio Lula da Silva durante el encuentro que mantuvo ayer con Dilma Rousseff en la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba. Gleisi Hoffmann, presidenta del PT, conmemoró hoy la despedida de un  “entreguista” responsable de la “ofensiva privatista” que buscaba quedarse con las reservas gigantescas de los campos de “pre-sal”, en aguas ultraprofundas del mar brasileño.

Publicado enInternacional
Mayo de 1968:  La revolución cultural

La década de 1960, en todo el mundo, fue de transformaciones y revoluciones en lo político, lo cultural y los modos de pensar. 1968 fue un año de revolución, un año libertario, un evento histórico-universal, donde los seres humanos fueron más pensantes y más conscientes. Fue un año, antimperialista, anticapitalista y alegre que recordaba a Marx con eso de “la felicidad es la lucha”.

 

Aunque la década del sesenta fue una de las más movidas de la historia del siglo veinte, tiene un pasado que puede verse desde distintas revoluciones: la China de 1949, la boliviana de 1952, la vietnamita de 1954, la cubana de 1959, la Gran revolución cultural proletaria de 1966, la ofensiva del Tet, el auge de los movimientos chicanos en EEUU, las luchas estudiantiles de Tlatelolco, el Cordobazo argentino, el otoño haitiano, el Movimiento de Sengakuren de Japón, la primavera de Praga, la Comuna de Shanghái, los distintos movimientos de masas en Latinoamérica y el proceso de descolonización africano; movimientos, estos y otros, que extendieron su furor hasta la década de 1970.

 

Contexto pre 68 en Francia y el mundo

 

El tren capitalista pos Segunda Guerra Mundial parecía avanzar a toda máquina, de los cual daban cuenta “los treinta años gloriosos” (1945-1975) con crecimiento económico y prosperidad en los Estados Unidos y Europa. También se presentaban inicios de calamidades; huelgas de mineros en 1963, dos millones de trabajadores que ganaban el salario mínimo; surgían barrios pobres o bidón-villes como en Nanterre.

 

Francia tuvo un antecedente muy especial relacionado con su derrota en la guerra de Indochina, en particular la batalla de Dien-Bien-Phu que dio el triunfo a Vietnam del Norte en 1954. Con el orgullo colonialista herido las clases dominantes francesas no iban a perder Argelia, así que en 1961 los argelinos que vivían en Francia, apoyados por parisinos, le dieron forma a una manifestación de protesta que las fuerzas especiales francesas reprimieron salvajemente: 2.000 cadáveres de activistas fueron arrojados al río Sena y en 1962 otros muertos en charonne, todo lo cual llevó a la formación del Frente Unido Antifascista y a la conformación de organizaciones estudiantiles. Argelia fue liberada. Las huelgas de mineros y otros obreros en Inglaterra, Italia y Alemania tenían también caldeado el ambiente político y económico.

 

En otra parte del mundo, en los Estados Unidos, toman forma movilizaciones como no se habían visto antes, protestas de gran calado lideradas por sectores populares en contra de la guerra de Vietnam, levantamientos por los derechos civiles de los afro-americanos, los inmigrantes y las mujeres; en sentido más amplio, movilizaciones por los derechos democráticos fundamentales.

 

Vestigio de otro mundo posible

 

Aunque hubo luchas de tipo económico laboral, el aspecto principal de las luchas fue cultural e ideológico, en contra de los sistemas educativos y universitarios autoritarios y antidemocráticos. En ese momento se estaba viviendo un cambio en la educación superior, pasando de la universidad elitista a la universidad masificada, lo que generó una transformación en las concepciones de ser estudiante.

 

Estamos, entonces, ante un levantamiento social-popular con eco en todos los continentes y países del mundo, pero también en todos los órdenes del saber. Se presentaron duras luchas por la libertad de expresión, se manifestó una gran creación en el arte –música, pintura, afiches, murales, esculturas, literatura, cine, teatro, dramaturgia– en las demandas respecto de la libertad sexual, en la filosofía, psiquiatría, psicología, sociología, antropología, economía, medicina y demás aspectos del saber. Por eso la consigna “prohibido prohibir”.

 

Cambio cultural. La sociedad se organizaba de nuevas formas, se creaban comunas, viviendas colectivas, cooperativas, talleres, centros para mujeres maltratadas, guarderías comunitarias, medios de comunicación alternativos; se ocuparon tierras, edificios; se tomó el control de fábricas. Todo esto a partir de distintas formas de lucha como las barricadas, las huelgas generales, la toma de universidades y colegios, las sentadas, los carnavales, las fiestas y conciertos. Y algo fundamental: en todas partes la alianza entre los estudiantes y los obreros.

 

Por eso, si bien es verdad que fue una revolución cultural, no fue únicamente de las ideas, sino de ellas en unas duras luchas políticas y culturales, revolucionarias. Fue una revolución por un nuevo orden diferente al capitalista, no fue una acción cultural liberal. Por ello la consigna “la imaginación al poder”.

 

Mayo del 68 en Francia

 

En Paris de 1968, el 10 de mayo sucedió la “noche de las barricadas”, la represión violenta, aunque sin muertos, sí fue dura, de lo cual quedó como testimonio los numerosos heridos en el barrio latino. Como repuesta a la actitud policial del gobierno De Gaulle, los estudiantes de universidades y liceos, junto a profesores, intelectuales, obreros organizados o no, organizaciones revolucionarias de varias tendencias, se movilizaron para protagonizar la huelga general más grande en la historia de Europa Occidental, con más de 10 millones de participantes en condiciones casi de insurrección popular.

 

Los revolucionarios se manifestaron en Paris, Nanterre, Nantes, Le Mans, Boulogne-Billancourt; ocuparon fábricas y promovieron el control obrero; en las huelgas participaron controladores aéreos, mineros del carbón, obreros del transporte, gas, electricidad, automotrices; periodistas de radio y televisión. Se realizaron cortes de rutas por obreros y campesinos como en Nantes; los revolucionarios controlaron los precios de los productos y las tiendas podían atender con permiso del comité de huelga. Durante unos días, Francia conoció un poder obrero y revolucionario.

 

No hay acción sin reacción, lo cual quedó concretado por la marcha de la derecha, con más de 300.000 movilizados por la “defensa de la república” apoyando al presidente De Gaulle. El 30 de mayo, cuando el movimiento revolucionario estaba a punto de ser derrotado y seguían las negociaciones y luchas callejeras, De Gaulle habló por radio, disolvió el Parlamento, y convocó a elecciones para el mes de junio. El 12 de junio De Gaulle ilegaliza el movimiento revolucionario, disuelve las organizaciones de izquierda, prohíbe las protestas callejeras, envía a la cárcel a los activistas y censura a los periódicos de izquierda. El 15 de junio quedan en libertad 50 paramilitares de la OAS* y los convierten en “grupos de acción ciudadana” para el control de población, el 23 y 30 de junio elecciones, gana De Gaulle.

 

Lecciones del 68: nuevas formas de organización y de lucha

 

La revolución cultural de la década de 1960, en especial Mayo 68, nos dejó el movimiento obrero de base anticapitalista, antimperialista e internacionalista; el movimiento medio ambiental, el movimiento de mujeres y el feminismo; la crítica a la moral burguesa, el rechazo al marxismo tipo soviético, al Estado y al militarismo; el movimiento estudiantil antiautoritario, las organizaciones sociales y de masas radicales; teorías y prácticas de economía y sociedades alternativas, donde el arte y la cultura son fundamentales; debates sobre el poder, los partidos y los tipos de revolución.

 

Una experiencia histórica que nos dejó una lección, para decirlo en los términos de Marx: sin una revolución comunista nada tendrá el pueblo.

 

* Organización del Ejército Secreto.

Publicado enEdición Nº246
Mayo del 68: ¡es posible cambiar el mundo!

La historia del marxismo es lo suficientemente amplia para que ni siquiera toda una vida de estudio pueda agotar su riqueza. El Mayo francés de 1968 es uno de los momentos más particulares de esta historia, junto a la Revolución bolchevique y la Revolución cubana, por ejemplo, traza una línea que impone nuevos retos y que altera una única melodía, al aparecer como una pieza disonante en el mundo de la Guerra Fría y del Socialismo Real. Los meses de mayo y junio de 1968 son testigos de una de las posibilidades revolucionarias más importantes del siglo XX. En medio del ocaso de las sociedades del bienestar europeas construidas después de la Segunda Guerra Mundial, algo que palpitaba en el centro de Europa mostró su rostro al mundo entero. Lo que en principio se dio sólo como una seguidilla de protestas estudiantiles se vio fortalecido por la adhesión de los trabajadores y la intelectualidad francesa.

 

De oídas quizás todos sepamos que en aquellas jornadas de Mayo del 68 en París, estudiantes y fuerzas armadas del Estado se enfrentaron convirtiendo las calles en un campo de batalla. Las mismas calles que prestaron sus adoquines para la construcción de improvisadas barricadas en el Barrio Latino –uno de los más famosos y representativos de París– y que soportaron durante varios días las marchas y consignas de la juventud francesa que veía en su espontánea afrenta al capitalismo la posibilidad de convertir su sociedad en algo diferente de lo ya establecido. Así, lo que comenzó como una protesta contra la normatividad de la institución universitaria fue tomando cada vez más fuerza, hasta desembocar en un movimiento general de protesta que puso al gobierno francés contra las cuerdas. A 50 años de aquel momento histórico, tomamos unos minutos de nuestro tiempo para esta breve reseña. En ella no se tratará de relatar en detalle lo sucedido, más bien pretende tomarlo como excusa para mostrar que sí es posible cambiar el mundo, y que un diálogo provechoso con aquel momento pasa más por entender su espíritu que por retratar infructuosamente los hechos y los datos que ha dejado.

 

Según el historiador inglés Eric Hobsbawm, hubo dos momentos fundamentales en la movilización de protestas revolucionarias en el Mayo francés. Entre el 3 y el 11 de aquel mes se movilizaron los estudiantes, activistas que no tuvieron gran oposición y que rápidamente aglutinaron a la totalidad de la población estudiantil de París. La opinión pública ofreció un importante reconocimiento a estas movilizaciones y el gobierno de Charles De Gaulle decidió no prestar demasiada atención a los estudiantes y al así obrar no se dio cuenta que, lejos de dejarlo pasar de largo en el transcurso de los días, contribuía con ello a la intensificación del movimiento que encontró su decisiva fortaleza en el apoyo de clase trabajadora francesa. En un segundo momento, entre el 14 y 27 del mismo mes, se propagó una huelga general espontánea que terminó con el rechazo, por parte de los trabajadores en huelga, de los acuerdos que los grupos sindicales y el gobierno adelantaron en pleno movimiento de protesta. Además de esto, Hobsbawm señala que en realidad sólo el segundo momento, el de la huelga general, tuvo posibilidades reales de hacer una revolución, pues los estudiantes en soledad sólo conformaban una gran tensión, pero ningún peligro político.

 

La hostilidad que manifestaban los estudiantes hacia el gaullismo era de la misma intensidad que la que manifestaban hacia el partido comunista. Las consignas que marcaron los muros de la universidad de La Sorbona apelaban a los ciudadanos que encontraban más seductora una revolución cultural que una revolución política. La famosa consigna de “Imaginación al poder”, ponía en entredicho las formas tradicionales de elaborar la política, una nueva formación social basada en la experiencia juvenil del pueblo francés era la promesa revolucionaria de los estudiantes, aquellos que propagaron rápidamente su revuelta hasta otros círculos sociales y que con la misma rapidez vieron apagar la llama revolucionaria con el llamado por parte del presidente De Gaulle a las elecciones legislativas a finales de junio de 1968. Después de estas elecciones, que fueron la respuesta a la inestabilidad de Francia ocasionada por el movimiento estudiantil y los trabajadores, la estrategia política esta vez vería fortalecido al partido gaullista Unión de Demócratas por la República que para el año siguiente emprendería una serie de reformas que, paulatinamente harían desaparecer los residuos del malestar social que ardió algunos días bajo el cielo francés.

 

El espontaneísmo revolucionario del movimiento estudiantil en Francia mostró en un par de meses todo el poderío de sus nuevas formas de entender la sociedad, de sus nuevas concepciones sobre la política y del surgimiento de lo que se dio en llamar La Nueva Izquierda. Ésta, claramente en resistencia y rechazo de los tradicionales partidos políticos tanto de derecha como de izquierda, supuso una gran renovación del marxismo y terminó por desatar a Marx del dominio soviético que lo había convertido a él y su obra en un evangelio. Las nuevas comprensiones del marxismo después del Mayo francés pusieron en tela de juicio la configuración del mundo del marxismo a partir de la normatividad soviética, y encontraron nuevas formas que hoy hacen factible continuar pensando en las posibilidades de hacerle frente al capitalismo sin el dogma autoritario que privilegiaba las condiciones materiales de los individuos a cambio de la pérdida paulatina de sus capacidades espirituales, de la imposibilidad de pensar diferente, de crear el mundo y de movilizar todas sus energías en función del despliegue vital, artístico e intelectual de la humanidad.

 

Mayo de 1968 fue un evento histórico del pensamiento revolucionario en la medida en que puso en jaque al poder, en la medida en que también hizo emerger la ocasión para una reelaboración del marxismo, de los movimientos de protesta, de la unión social y de las formas de articular reclamaciones de diversos niveles con miras a la transformación social de un pueblo entero. El suspenso de este momento revolucionario hace que hoy posemos nuevamente nuestros ojos en las irrenunciables posibilidades de transformación del mundo.

 

Transcurridos cincuenta años de aquellas jornadas emancipatorias, las recientes fotografías de los diarios que muestran el apretón de manos entre los actuales presidentes de Francia y de los Estados Unidos, pueden ver debilitado el espíritu revolucionario de aquel Mayo que parece desaparecer lentamente entre todos los que hoy resistimos a las formas degradantes de un mundo en función de la acumulación de capital y la destrucción del mundo humano y natural sobre la Tierra. Sin embargo, hoy más que nunca debe insistirse en la idea de una segunda nueva izquierda, creativa, activista y revolucionaria que cuestione con todas sus armas la configuración de un mundo en medio de las bombas, de la exclusión política y de las deshilachadas democracias que maquillan los espacios políticos a los cuales hoy nos toca asistir.

Publicado enEdición Nº246
Sábado, 19 Mayo 2018 06:48

Pactan tregua de 48 horas en Nicaragua

Pactan tregua de 48 horas en Nicaragua

El gobierno de Nicaragua se comprometió ayer a retirar de las calles a policías, fuerzas de choque y activistas sandinistas, como parte de una tregua por 48 horas acordada con los manifestantes, quienes comenzaron protestas hace un mes.

Esto ocurrió luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos, exigió al presidente Daniel Ortega el cese de la represión de las protestas. Ello, en la primera declaración pública de una delegación que arribó al país.

El texto del acuerdo fue anunciado por el cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la conferencia espiscopal, al concluir la primera sesión de trabajo del diálogo nacional, instalado el pasado miércoles, del cual los obispos son mediadores. “Todos los sectores se comprometen a realizar una tregua el sábado 19 y domingo 20.

Por su parte, la sociedad civil deberá aunar esfuerzos para propiciar mejores condiciones para el diálogo, normalizar el tránsito y continuar (las conversaciones) en un mejor clima el lunes 21 mayo, agregó.

En su primera intervención, la misión de la CIDH, encabezada por la relatora especial de derechos humanos para Nicaragua, Antonia Urrejola, exigió a Managua tomar medidas urgentes para garantizar las libertades públicas.

El organismo reiteró su condena a las muertes, desapariciones y detenciones arbitrarias de manifestantes, activistas y periodistas que se han registrado en el país desde el inicio de las protestas, e instó a las autoridades a investigar esos hechos, juzgar y sancionar a los responsables y reparar a las víctimas.

La misión de la CIDH llegó el jueves a Managua tras obtener la anuencia de Ortega para realizar una visita de campo de cuatro días, con el fin de observar la situación de los derechos humanos en el contexto de las protestas.

Al tiempo que la CIDH realizaba su trabajo en el país, manifestantes protestaron en la capital, frente a la sede donde se realiza el diálogo nacional, y demandaron justicia para las víctimas de la violencia, y se registraron enfrentamientos entre policías antimotines y manifestantes en la norteña ciudad de Jinotega.

Tambiém hubo choques en otros puntos del país, pese al diálogo entre gobierno, estudiantes, empresarios y grupos de la sociedad civil, con mediación de la Iglesia católica.

Publicado enInternacional
El ejército de Nicaragua toma distancia del presidente Ortega

* Las protestas, imparables; continúan en al menos 10 ciudades de todo el país

* No tenemos por qué reprimir a la población que se manifiesta, subraya el vocero de los militares

* La Conferencia Episcopal busca fijar fecha para el diálogo que ponga fin a la crisis

Managua.


Las protestas y bloqueos carreteros contra el gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, continuaron ayer en al menos 10 ciudades de las 17 provincias del país, tras dos noches marcadas por actos de vandalismo y enfrentamientos violentos, al tiempo que el ejército tomó distancia del mandatario al afirmar que no reprimirá las manifestaciones antigubernamentales.


El episcopado, en tanto, busca fijar fecha para el diálogo con Ortega para poner fin a la crisis, que ya dejó decenas de muertos, cientos de heridos y detenidos y varios desaparecidos.


Por la madrugada se reportaron ataques contra sedes del partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en las ciudades de Chinandega, Granada, La Concepción y León.


En Matagalpa, Estelí y el histórico barrio indígena de Monimbó de Masaya, antiguos enclaves de la lucha sandinista contra la dictadura de los Somoza (1934-1979), los manifestantes levantaron barricadas de más de un metro de altura.


En Chontales, más de mil campesinos bloquearon la circulación vehicular, lo que afectó a camiones que trasladan alimentos a los mercados de la capital. Hubo manifestaciones similares en Rivas.


En el famoso Mercado Oriental de esta capital, considerado el mayor centro mercantil del país, los comerciantes levantaron barricadas con adoquines para defenderse de saqueadores, quienes el viernes intentaron atacar los negocios.


Además, taxistas managüenses comenzaron un paro y bloquearon con sus automóviles calles y avenidas, lo que provocó caos vehicular. Las personas tuvieron que llegar a sus trabajos caminando.


Simpatizantes del FSLN y empleados públicos gritaron consignas y ondearon banderas de Nicaragua y la rojinegra del Frente Sandinista en favor de Ortega en la rotonda Hugo Chávez, ubicada en el antiguo centro de Managua.


Estudiantes universitarios, protagonistas de las movilizaciones, niegan haber cometido actos de vandalismo. Culpan a la agrupación pro gubernamental Juventud Sandinista de causar disturbios para justificar la represión policial del jueves pasado, que dejó tres muertos por impacto de bala.


En este contexto, el coronel Manuel Guevara, vocero del ejército, indicó: No tenemos por qué reprimir a la población que se manifiesta en las calles. Creemos que el diálogo es la solución. Subrayó que la posición de las fuerzas armadas en esta crisis, que lleva casi un mes, está apegada al mandato constitucional de “proteger objetivos vitales para el funcionamiento del país.


Rechazamos informaciones manipuladas que nos quieren hacer aparecer reprimiendo las protestas, enfatizó.


La jornada de protestas se produce en medio de los esfuerzos que realiza la Conferencia Episcopal por calmar los ánimos y convocar a un diálogo propuesto por el gobierno. La crisis comenzó el 17 de abril con una protesta de estudiantes contra una reforma al seguro social, la cual aumentaba las aportaciones de trabajadores y empresas.

Publicado enInternacional