Garantizar los derechos de libertad sindical,  de asociación, negociación y huelga, es fundamental para la paz

El despido de más de cien pilotos de Avianca, la criminalización de la protesta social y sindical, la tercerización del mundo del trabajo, entre otras señales, son la evidencia de que los patrones y el Estado siguen viendo a los trabajadores como enemigos. Una realidad que amerita un análisis.



desde abajo (da): Indican los hechos ocurridos últimamente, sobre todo con el sindicato de pilotos de Avianca, que estamos ante una política de persecución en contra del sindicalismo?
Edgar Mojica Vanegas (EMV): La respuesta me obliga a mirar el contexto, detallar lo que le está ocurriendo a los trabajadores y al movimiento sindical en su conjunto. Y en ello, lo primero por precisar es que vivimos un ataque contra los derechos de libertad sindical, que es un poco lo que ilustra el caso de los pilotos de Avianca.

 

da. ¿A qué se refiere?
EMV. A que los derechos de libertad sindical tienen 3 pilares fundamentales: el derecho de asociación, el de negociación y el derecho a huelga, pilares que deben estar articulados en términos de garantía y desarrollo para consolidar esa libertad sindical.

 

da. ¿Qué sucede con el derecho de asociación?
EMV. Ese es un derecho proscrito para los trabajadores colombianos. La taza de sindicalización acá alcanza un escaso 4 por ciento; es decir, de 22 millones de trabajadores laboralmente activos, solo el 4 por ciento logra sindicalizarse, lo que muestra la pervivencia de una cultura antisindical en nuestro país, es decir, que a los trabajadores que deciden organizarse en un sindicato los persiguen, y a los que no persiguen, los cohíben de manera legal, vía contractual, para que no se sindicalicen.

 

da. ¿Opera el derecho a negociación?
EMV. Ojalá. Dos ejemplos para mostrarlo, en especial en el sector estatal. Solo hasta hace 6 años este sector pudo acceder a negociación de carácter colectiva; y ligado a eso, existe una brecha muy grande en el cumplimiento de lo acordado. Por ejemplo, los pliegos del 2013 y del 2015 de los estatales tienen un incumplimiento del 60 por ciento, especialmente en cubrimiento de nómina, y en nivelación salarial. Y lo mismo pasa con Fecode, cuyo pliego tiene un nivel de incumplimiento del 80 por ciento.

 

Esta situación empeora si miramos el derecho a huelga, pues su legalidad o ilegalidad es un debate internacional. Resalto esto porque en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los empresarios y los gobiernos, que son dos de las tres partes que asisten a la Conferencia –la otra parte son los trabajadores–, están buscando un acuerdo para derogar el derecho a huelga a nivel mundial. Es decir, que no es solamente un problema de Colombia, sino que hay una intencionalidad mundial de proscribir este derecho.

 

da. Entonces, ¿lo sucedido con los pilotos de Avianca es parte de una dinámica mundial?
EMV. Sí, hay un ambiente de arrebatar derechos. Como tal vez recuerde, los pilotos de Avianca, inician un proceso de negociación, que fue maltratado por buena parte de la prensa colombiana, ridiculizando lo que se pretendía en ese ejercicio de negociación colectiva; luego deslegitiman la huelga declarando ilegal el derecho a la misma, inclusive con casos de prejuzgamiento como el de la Ministra de Trabajo, que cataloga el conflicto como ilegal antes de que un juez así procediera. Al final, despiden a más de cien, incluyendo sus directivos; los sancionados también son por docenas.

 

da. Pero el derecho esta estipulado hasta en la Constitución Política…
EMV. Así es, pero la enseñanza es que no basta con que los derechos, como el de libertad sindical, estén enunciados en la Constitución Política, sino que tiene que existir un ejercicio de parte del gobierno y de los empresarios para su reconocimiento, garantía y desarrollo.

 

da. ¿Podría decirse que esta negación vía legal, legitimada en lo social con apoyo de los medios oficiosos de información, también se materializa vía negación de los derechos humanos?
EMV. Sí. En la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), como en otros sectores sociales, a esa realidad la denominamos criminalización de la protesta social y sindical. Sobre este tema, entre la CUT y la CTC realizamos un seminario en el 2015 (Protestar no es delito), y discutimos sobre la criminalización de la protesta social-sindical; allí identificamos, primero, el trato militar de los conflictos laborales, donde Ejército y Esmad entran a violentar algo que en cualquier parte del mundo es resuelto de manera formal, pero aquí no, aquí implica intimidación, miedo, encarcelamiento y hasta muertos.
Lo segundo que identificamos fue el incremento de amenazas contra la dirigencia sindical, punto relacionado con el conjunto del movimiento social que en el 2017 sufrió el asesinato de 252 líderes sociales, y en enero del 2018, otros 23. Esto, junto con el incremento y la presencia efectiva del paramilitarismo, que sigue controlando territorios y sus recursos, como lo demostró con el paro realizado hace unos meses en Antioquia, Chocó y zonas de Córdoba.

 

da. ¿Cómo es el diagnóstico de esta violencia en el campo sindical?
EMV. Durante los 8 años del mandato Santos, han asesinado 160 líderes sindicales, con una impunidad del 90 por ciento. Esto ligado a un consolidado histórico – últimos 40 años– de 3.500 asesinatos de dirigentes sindicales, con índices de impunidad por encima del 90 por ciento,

 

da. Un tema relacionado con la lucha por el derecho al trabajo es el modelo de contratación que han impuesto los patrones con ayuda del Estado, ¿puede decirnos algo sobre este partículas?
EMV. En términos clásicos, valga decir, los trabajadores regulamos nuestro ejercicio laboral mediante una figura denominada contrato laboral, con el cual, bien que mal, existen unas garantías de carácter legal, y en ocasiones de carácter convencional –cuando se accede al derecho de negociación colectiva. Pero esa figura está desapareciendo, y de ello da cuenta la tercerización laboral, con la cual la contratación laboral queda reducida a una relación netamente comercial en la que usted, por una orden de prestación de servicios, o por un contrato completamente informal sin ningún tipo de garantía laboral, vende su fuerza de trabajo en condiciones, algunas veces infrahumanas, como las del teletrabajo, o las de los trabajadores del sector textil o agrario en varias partes de nuestro país, a los que ni siquiera les reconocen el salario mínimo.

 

Más derechos en peligro

 

da: En un documento la Anif (Asociación Nacional de Instituciones Financieras) le propone a los candidatos presidenciales desregularizar aun más el mundo del trabajo, inclusive rebajar el salario por debajo del mínimo como “únicas medidas” para mantener el desarrollo económico en el país, así como reducir los tributos al empresariado, ¿qué opinión tiene sobre esto?
EMV: El gobierno nacional ha descargado desde siempre, y en gran medida, el costo fiscal del país en los trabajadores. Asimismo, los patrones, con la ayuda del Estado, siempre han pretendido reducir hasta el mínimo posible lo que devengamos quienes vendemos nuestra fuerza de trabajo. No aceptan que realmente somos nosotros el mayor motor de la economía, no solamente por nuestra capacidad productiva sino por nuestra capacidad de acceder al mercado para adquirir bienes de consumo, es decir que con nuestros salarios movemos la economía del país.

 

Para sus propuestas y medidas se valen de supuestas recomendaciones –que más bien son mandatos– de organizaciones internacionales. En este caso lo están haciendo a partir de lo dicho el año pasado por la calificadora de riesgos financieros Standard & Poor’s, que expresó sobre nuestro país, palabras más, palabras menos: “definitivamente su puntaje no es el ideal para que se haga inversión, le sugiero que realice nuevamente una reforma tributaria, y que realice una reforma de carácter pensional”.

 

da. ¿Qué dijo el gobierno sobre este particular?
EMV. El Ministro de Hacienda y Santos fueron a Estados Unidos a reunirse con esa calificadora, de lo cual sale un documento de 600 páginas, en el cual, de nuevo, nos transfieren a los trabajadores la responsabilidad de cubrir lo que está haciendo falta en los ingresos nacionales, para lo cual recomiendan realizar una nueva reforma tributaria, y otra a las pensiones, con la que pretenden aumentar la cotización y disminuir el monto de la pensión, para que pase del 75 al 65 por ciento (sobre el promedio de los últimos 10 años cotizados); así como igualar y aumentar el tiempo de pensión para hombres y mujeres, argumentando que tenemos un promedio de vida que nos permite trabajar hasta los 68 años de edad, Como si fuera poco, y de acuerdo a las exigencias de los fondos de pensiones, el gobierno pretende eliminar Colpensiones, y pasar a fortalecer los fondos privados.

 

da. La ofensiva es total: ilegalizan huelgas, niegan el derecho a sindicalizarse, reducen salarios, criminalizan la protesta sindical y social..
EMV. Así es, con lo cual demuestran que existe una alianza del capital y el Estado para defender sus intereses macroeconómicos, para que los trabajadores paguen por sus derechos con acciones como el despido. Entonces, el llamado que hacemos desde la CUT es a que, hoy más que nunca, los derechos de libertad sindical y la defensa de los derechos humanos deben ser reivindicados en este país.

 

Sino proceden así están proscribiendo cualquier posibilidad real de pacificación. Vamos a trabajar por una paz con cambios y transformaciones reales, con tres pilares fundamentales: los derechos de libertad sindical, de asociación, negociación y huelga.

Publicado enEdición Nº244
Lunes, 29 Enero 2018 07:02

Protestas en Bolivia

Protestas en Bolivia

 

Y van dos...: En Bolivia, en diciembre de 2010, el vicepresidente Álvaro García Linera firmó, en ausencia del presidente Evo Morales, un aumento de 20 por ciento de la gasolina, que el pueblo rechazó. La protesta fue tal, que Evo Morales, a su retorno, abrogó el incremento. Ahora volvió a suceder: el 15 de diciembre pasado, también durante un viaje presidencial, García Linera firmó una modificación sustancial al Código Penal y dijo, según El Debate: Ya está firmado, se acabó el debate, no hay nada qué hacer, hay que aplicar el código. El resultado fue una huelga de más de 60 días de los médicos (protestaban por la inclusión de los errores médicos en el Código Penal) otra de periodistas (creían limitada la libertad de prensa) y un paro indefinido de los transportistas de minerales y de petróleo (consideraban posible la penalización de los accidentes). Las movilizaciones fueron tales –informa La Razón–, que el presidente anuló la semana pasada los artículos 205 y 137 del código para terminar eliminando en ésta todo el código mediante la promulgación de una ley, comunican La Razón y Página 7. La consiguiente sensación de inseguridad se agrava, debido a la insistencia de García Linera en la candidatura presidencial de Morales –tercera consecutiva– a pesar de los resultados de un referendo, que la rechazó. La derecha realiza continuas manifestaciones de repudio a la re-re-elección, el índice de popularidad de Morales cayó 24 puntos y la oposición es agresiva e insultante. La Razón, por ejemplo, dice que Página 7 fue condenada por la justicia por remplazar en una foto las caras de las actrices del filme Las malcogidas con las de una ministra y algunas parlamentarias y dirigentes campesinas. La Central Obrera Boliviana, que se está acercando a la oposición y expulsó a varios dirigentes pro Morales, decretó un paro para el primero de febrero. El Diario reporta que 35 por ciento de la población rural vive en extrema pobreza. Por último, el ya citado Página 7 dice que el presidente Donald Trump fue abucheado en Davos al atacar a la prensa y que la bolsa de Sao Paulo llegó a 85 mil 530 puntos debido a la condena a 12 años al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva para inhabilitarlo para la relección.

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Juan Orlando toma posesión como presidente de la mitad de Honduras

El mandatario asumió el cargo este sábado en medio de violentas manifestaciones en las calles de Tegucigalpa en protesta por una reelección que consideran ilegítima


El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, asumió hoy su cargo como jefe del Estado para los próximos cuatro años. Orlando gobernará un país dividido en el que la oposición no reconoce su victoria electoral y donde crecen las voces que señalan el giro autoritario en su gestión.


Mientras prometía un futuro mejor para el país, miles de personas llegadas de todos lados hasta la capital, Tegucigalpa, protestaban en contra de lo que consideran una reelección ilegítima y una turbia victoria electoral que ganó en noviembre por poco más de 50.000 votos.


Precisamente el miedo a las protestas marcó la ceremonia, y hasta pocas horas antes de su toma de posesión se desconocía la hora y el lugar desde donde juraría el cargo —con la mano sobre la Biblia— y se dirigiría al país, con la banda presidencial cruzándole el pecho.


Solo cuando apareció sobre el pasto junto a su esposa y rodeado de guardaespaldas, se supo que la investidura sería en el Estadio Nacional. A pesar de que tiene una capacidad para 35.000 espectadores, el mandatario definió el acto como algo “sencillo”, alejado de la ostentosidad de otras veces. Esta vez se querían evitar los disturbios ante una potencial movilización de miles de personas.


La oposición, liderada por Salvador Nasralla y Manuel Zelaya, no reconoce los resultados de las elecciones del pasado 26 de noviembre que dieron la victoria al mandatario conservador por unos 50.000 votos. Hasta el momentoEstados Unidos ha dado por bueno el resultado pero la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió nuevas elecciones al constatar graves irregularidades antes durante y después del día de votación. El conflicto desató una ola de protestas en todo el país que han dejado hasta el momento 34 muertos, según cifras de organizaciones de Derechos Humanos, decenas de heridos y negocios quemados y saqueados.


Consciente de su escaso apoyo popular, Orlando reconoció la división que su reelección ha generado. “Si una casa está dividida no puede permanecer y soy consciente de las diferencias políticas en el país, pero no hay diferencias que justifiquen la violencia (...). No es justo generar ese temor”, señaló.


Durante una hora, defendió su gestión en tres aspectos: la economía, la reducción de homicidios y su lucha contra la corrupción. “Hemos reducido los homicidios y pusimos en orden las finanzas públicas. Somos el país que mejor lo hizo en Centroamérica” presumió. Sobre corrupción, en un ejercicio de impúdico de funambulismo, el mandatario citó a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) como ejemplo de su compromiso solo unos días después de que el Congreso mutilara las principales competencias de esta Comisión creada por la Organización de Estados Americanos (OEA) para combatir la impunidad.


Desde hoy Juan Orlando tendrá que gobernar un país de más de nueve millones personas, que expulsa anualmente 75.000 migrantes y que produce cada año cinco millones de piñas.


Sin embargo, el enérgico abogado de 49 años, que con 22 entró en política, es hoy un mandatario sobre el que recaen sospechas de fraude electoral y acosado por la corrupción y el narcotráfico. El presidente del congreso, de su partido, ha sido acusado de apropiarse de fondos destinados a organizaciones no gubernamentales y al jefe de la policía está señalado por encubrir el envío de una tonelada de cocaína.


“Soy Juan Orlando Hernandez y estoy listo para darlo todo por honduras, por mi pueblo, por todos...el trabajo lo vence todo”, terminó gritando mientras agitaba el puño a la multitud que lo aplaudía. Mientras esto ocurría una batalla campal entre policías y manifestantes se libraba en las calles de Tegucigalpa.

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Los desafíos del décimo tercer año del gobierno de Evo Morales

Ampliar su legitimidad y crecer por encima del 4 por ciento representan los dos desafíos más importantes del presidente Evo Morales en un año que, como el mismo ha reconocido, será bastante duro.

 

Tras alcanzar en 2017 un rendimiento económico menor al proyectado -pero que no le quita al país su condición de líder en crecimiento de la región-, y de enfrentar una avalancha de conflictos políticos, con expresiones de resurgimiento de la violencia y el racismo, Evo Morales inicia este 22 de enero su décimo tercer año consecutivo como presidente de Bolivia –el más largo de la historia nacional-, con el objetivo de superar el 4% de crecimiento y, mucho más importante que lo anterior, de ampliar su legitimidad en la perspectiva de las elecciones de 2019.


Para lograr ambos objetivos, en un año que será decisivo en la construcción de relaciones de fuerza para el gobierno y la oposición, el titular del Estado Plurinacional estima continuar con el ambicioso plan de inversión que desde 2015 se ha propuesto ejecutar hasta 2020, estimado en unos 50.000 millones de dólares, para potenciar la economía nacional. Avanzar en la industrialización de los recursos naturales, mantener el ritmo en la construcción de carreteras, creación del empleo juvenil y la otorgación de servicios, donde los programas de acceso a agua potable y riego son esenciales, figuran en los planes gubernamentales.


En realidad, aunque los economistas partidarios de la escuela de Chicago se esfuerzan en desconocer y descalificar de manera más o menos sostenida, Bolivia ha conquistado por quinto año consecutivo el sitial de país con mayor crecimiento de la región sudamericana gracias a la dinámica de su demanda interna, lo que ha compensado los bajos precios de las materias primas. En 2018, Morales aspira que Bolivia sea la primera economía en crecimiento de toda América Latina.


Lo que no se conoce todavía es qué hará Evo Morales en el campo de lo político, donde parecen concentrarse los mayores problemas del gobierno. Desde el 21 de febrero de 2016, cuando la propuesta de modificar el artículo 168 de la Constitución fue derrotada por estrecho margen en un referéndum en el que la oposición, asesorada por Estados Unidos- basó su campaña en una estrategia de la mentira que tuvo como hilo conductor del relato a un inexistente hijo del Presidente, la iniciativa política –empleando similar estrategia y método- está de lado de las fuerzas que se oponen al proceso de cambio. Esto se nota, por ejemplo, en el uso político del nuevo Código del Sistema Penal que, a pesar de los problemas de redacción en varios de sus artículos-, expresa un paso adelante en la búsqueda de eliminar la retardación de justicia. La modificación parcial de su gabinete político apunta a resolver el vacío dejado por el ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana en enero de 2017.


En realidad, la causa principal de las movilizaciones propiciadas por la oposición desde diciembre pasado es el rechazo a la candidatura de Morales en 2019, luego que el Tribunal Constitucional Plurinacional diera curso a un Recurso Abstracto de Inconstitucionalidad contra cuatro artículos de la Constitución que limitan la aplicación del derecho preferente.


Las reacciones ante el fallo del TCP, al que la oposición rechaza por desconocer el resultado del referéndum del 21 de febrero, han sido duras y en las calles en un primer momento, aunque luego tomaron forma en la movilización, principalmente de médicos, contra el código penal. Pronunciamiento conjunto de una parte de la oposición, agresión contra varias instituciones del Estado en Santa Cruz, comunicado del Departamento de Estado de EEUU, intervención de una congresista cubano-americana en el Congreso de ese país, llamados a desatar la guerra en varios columnistas de los medios hegemónicos, resurgimiento de las acciones de racismo como en Santa Cruz y Beni, así como decir que “prefiero una dictadura de botas y no de ojotas” de parte de una diputada, representan apenas una rápida descripción de la tensa situación que Morales enfrentó desde diciembre.


Morales ha encontrado en las redes sociales su principal flaqueza y el arma que mejor emplea la oposición para atacar su gestión. La aseveración no está fuera de foco, en un país en que el predominio en el manejo de las redes sociales está principalmente en manos de los sectores no populares, a lo que coadyuva el papel de la mayor parte de los medios de comunicación, periodistas y analistas.


Lo que sí, la interpretación de Morales -que en realidad hace referencia al enorme impacto de la llamada Guerra de Cuarta Generación en la manipulación de la subjetividad de la gente-, se matiza al observar el fortalecimiento de las corrientes de ultraizquierda en los movimientos sociales que, como en la década de los 70 y 80, fueron un factor de desestabilización y caída de los gobiernos populares de Juan José Torres y Hernán Siles Suazo.


La explicación de este momento difícil, en el que la alta aprobación de Morales no condice con la intención de voto, aunque sigue en primer lugar en las preferencias si las elecciones fueran ahora, parece centrarse en la ausencia de trabajo político de sus flácidas organizaciones en la sociedad, que es donde se construye hegemonía, como señala el teórico italiano Antonio Gramsci y al que el vicepresidente Álvaro García Linera lo citó varias veces.

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Sábado, 20 Enero 2018 09:27

El año que ya fue y el que llegó

El año 2017 no dejó beneficios para los marginados, aunque sí enseñanzas; entre el incumplimiento de sus compromisos firmados con diversidad de movimientos sociales y el direccionamiento económico de acuerdo con la regla fiscal, con el favor del gobierno los ricos prosiguen abultando sus bolsillos, apropiando sólo para ellos lo producido por las mayorías nacionales.

 

El año 2017 fue fuerte en protestas en Colombia: más de 100 movilizaciones sociales con eco nacional y 44 consultas populares así lo atestiguan. De las primeras, las acaecidas en Buenaventura y el Chocó (territorios con historia y población común), desprendieron los ecos más fuertes sobre el conjunto nacional; de las segundas, las votaciones a través de las cuales en nueve municipios dijeron no al extractivismo minero sobresalen por su significado y potencial.

 

Desde el establecimiento

 

El presidente Juan Manuel Santos, en su discurso de final de año (31 de diciembre), afirmó que el 2017 fue de transición en términos de paz, economía, sociedad y política; enfatizando que su gobierno trabajaba para que la paz fuera un “árbol frondoso que diera sombra a todos” y admitiendo que su mandato no ha sido ni es perfecto, pero que en los 7 meses que le quedan seguirá trabajando para garantizar una vida mejor a todos los que aquí habitamos.

 

En su discurso, claro está, dejó a un lado el coletazo de la reforma tributaria, cuyos efectos comprimieron al extremo la economía y las posibilidades de sobreviviencia en infinidad de familias populares de todo el país; tampoco aludió a las más de 200 mujeres muertas por violencia feminicida, ni a los operativos del Esmad que dejaron un rosario de heridos por todo el país, así como varios muertos; menos aún aludió a los 63 líderes y lideresas que perdieron la vida por defender lo justo, como tampoco recordó los falsos positivos judiciales y los miles de jóvenes para los cuales es cada vez más difícil ingresar a la educación básica y universitaria.

 

Es extraña la manera de ver la realidad de quienes detentan el poder, su prisma funciona de manera similar a la ley del embudo: acercan al ojo la parte ancha del utensilio, de suerte que su visión se reduce para ver solo lo que quieren observar, lo demás no existe –o al menos así lo consideran y quieren que el resto de connacionales también reduzcan su visión–, es por ello que afirman que su gestión es impoluta así la realidad indique lo contrario; es por ello que Santos tampoco retomó los incumplimientos de su gobierno con lo firmado con diferentes movimientos sociales tras las duras luchas que estos se vieron obligados a entablar en diversos territorios nacionales para obligar a los de arriba a respetar los derechos básicos y fundamentales de los de abajo.

 

¿Derramamiento de sangre?

 

Cada año, el Gobierno y su modelo, dan razones suficientes para que las comunidades decidan irse a la protesta, al paro, salgan a movilizarse y accionen jurídicamente para hacer respetar sus derechos fundamentales. Protesta que no es fácil concretar: los esfuerzos por parte de los actores alternativos para ganar el consenso social a favor de la resistencia activa son grandes, sobre todo en tiempos en que las comunidades están dispersas, algunas despolitizadas, vulnerables ante el accionar intimidatorio o violento por parte del Estado colombiano.

 

Es así, por medio de la violencia institucional y los incumplimientos de lo firmado, como quien termina su mandato en agosto próximo demostró a lo largo del 2017 que no está dispuesto a poner en riesgo los intereses políticos y económicos de los dueños del país, así tal decisión les cueste la vida a miles de colombianos. Dando fiel evidencia de los intereses que representa, abrió mayores canales de inversión para que el capital nacional e internacional profundice su presencia, esta vez en territorios que por décadas estuvieron, como efecto de la guerra, por fuera de la economía capitalista. Lo que vendrá en los próximos años será una lluvia de dólares y euros por efecto de los cuales miles de campesinos se verán obligados a continuar monte adentro o emigrar a los cascos urbanos de sus municipios a las capitales del departamento.

 

Al tiempo que esto sucede, la guerra contra las drogas mantendrá en su foco a los pequeños cultivadores, mientras los industriales del ramo siguen en la sombra, favorecidos por la banca, la industria y el comercio, vías para el lavado de sus fortunas.

 

Es todo un contubernio entre los poderes económicos, político, militar, nacional e internacional. Contubernio que favorece la dilación de la investigación que pesa sobre su gobierno por haber aceptado los dineros provenientes de la multinacional Odebrech, los que potenciaron sus campañas electorales que lo llevaron en dos periodos consecutivos a la Casa de Nariño.

 

Mientras esto sucede y pese a lo expresado el 31 de diciembre en cadena nacional, los pronósticos para 2018 no son los mejores, no hay duda: en su primera semana se registró el asesinato de dos líderes sociales ¿año nuevo, muerte segura?

 

Muerte que desde ya anuncian lo que recurrentemente ocurre en Colombia cada que hay campaña electoral con proyección nacional, acontecer que pondría al filo la débil paz hasta ahora lograda: de ahí que nos preguntemos: ¿tendremos un frenesí de violencia –popular– en el curso de la coyuntura electoral que marca el primer semestre del año que ahora empieza a dejar pasar sus horas?

 


 

Recuadro 1


Algunos retos al frente


El afán de expoliar aún más el bolsillo popular late entre los gremios que reúnen a los dueños del país, de ahí que sus propuestas para supuestamente “mejorar la economía nacional” retomen las medidas que ya están en marcha en Brasil, Argentina y otros países que siguen a ojo cerrado las recomendaciones de los organismos multilaterales: reformar las pensiones –aumentando la edad para acceder a la misma, así como las semanas por cotizar–; poner en marcha una nueva reforma tributaria y privatizar todo bien público que aún permanezca como tal (¿seguirá otro porcentaje Ecopetrol en la lista?).

 

Dicen por ahí que al que no quiere sopa le dan dos tazas. Pues bien, si el conjunto social no logra reunirse como una sola voz en el año que empieza, los oligarcas cumplirán con sus propósitos, ahora, o en el 2019, o en el 2020, o en el año que sigue, concretando una de las dos medidas estructurales que pretenden, o las dos, y continuarán con otras privatizaciones.

 

El reto que tienen ante si los excluidos y negados, los que trabajan por cuenta propia, pero también los contratados a término indefinido o por años, además del resto del país nacional, es cerrar el paso, como un solo cuerpo, a éstas y otras medidas de tufillo oligárquico.

 

En las semanas que siguen, de intensa campaña electoral, todos los candidatos a la presidencia, unos y otros dirán que no ejecutarán estas reformas, pero con seguridad una vez elegidos procederán por vía contraria. Ante el canto de las sirenas, como Ulises, hay que taparse los oídos, en este caso con los tapones de la experiencia. El modelo es uno sólo, por ello quien entre a administrar el establecimiento está sometido a las decisiones del capital internacional y los intereses de sus aliados criollos.

 

¡No pasarán!, hay que decir desde ahora.

Publicado enEdición Nº242
Irán eleva a cuatro los muertos en las masivas protestas contra el gobierno de Rohaní

Las protestas contra las políticas económicas estatales también han dejado fallecidos y heridos en la ciudad de Ize. 

 

Otras dos personas han muerto y varias resultaron heridas anoche en la ciudad de Ize, en provincia de Juzestán, en el sur de Irán, durante las masivas manifestaciones contra la política económica del Gobierno, el coste de la vida y la corrupción. Las dos víctimas de Ize elevan ahora a cuatro el número de fallecidos desde el inicio de las protestas el 28 de diciembre, las mayores contra el Régimen de los ayatolás desde la ‘Revolución verde’ de 2009.

 

El diputado de la localidad, Hedayatolá Jademí, ha informado este lunes que "el pueblo de Ize, como algunas otras ciudades de Irán, se manifestó contra las políticas económicas del Gobierno”. La movilización “lamentablemente acabó con la muerte de dos personas y varias resultaron heridas", ha agregado según la agencia local de noticias ILNA. Las dos personas fallecidas la jornada anterior participaban en las protestas de Dorud, en la provincia occidental de Lorestan.

 

Jademí lamentó la muerte de estas dos personas y aseguró que todavía desconoce si el tiroteo fue iniciado por la Policía o los manifestante. Según las justificaciones del diputado, en la región mucha gente cuenta con armas de fuego. Ha defendido que la multitud "rompió los cristales de los bancos y continuaron las manifestaciones hasta medianoche, cuando la Policía entró en acción para restablecer el orden", afirmó Jademí. Aunque no ha ofrecido ninguna cifra de detenidos, ha detallado que la Policía intervino explosivos al registrar las viviendas de los detenidos.

 

Las protestas contra las políticas económicas del Gobierno del presidente iraní, Hasan Rohaní, comenzaron este jueves y esta Nochevieja sumaron su cuarta jornada consecutiva, pese a que el Ejecutivo había bloqueado las redes sociales para minimizar el alcance de las convocatorias. La red social Telegram, la más usada y popular entre los iraníes, donde se llevaban a cabo los llamamientos a participar en las protestas ha dejado por completo de funcionar.

 

Asimismo, la policía se empleó a fondo para reprimir las manifestaciones del sábado en Teherán, donde al menos 200 personas fueron detenidas, según cifras oficiales.

 

El presidente Hasan Rohaní valoró este domingo por primera vez las movilizaciones y, aunque reconoció que los iraníes tienen derecho a protestar y criticar al Gobierno, sus acciones no deben generar violencia ni daños a la propiedad pública. “Los iraníes entienden la delicada situación de Irán y la región y actuarán en función de sus intereses nacionales”, dijo.

 

El dirigente criticó los recientes tuits del presidente estadounidense, Donald Trump, en los que expresaba su apoyo las protestas. “El que llama terrorista al pueblo iraní no tiene derecho a simpatizar con nuestro pueblo”, declaró Rohaní. En referencia a Arabia Saudí, agregó que tampoco pueden simpatizar con los iraníes “los países árabes de la región que durante estos años se han esforzado en actuar en contra del pueblo iraní”.

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Viernes, 15 Diciembre 2017 07:05

El peor momento para la gestión de Macri

El peor momento para la gestión de Macri

Cambiemos quiso forzar el debate sobre el ajuste a los jubilados pero tuvo que levantar la sesión. Luego Macri amagó con dictar un DNU para saltear al Congreso pero el rechazo de Carrió y la advertencia de la CGT de un posible paro obligaron a dar marcha atrás. 

 

A dos años y dos meses de sus respectivos triunfos electorales, Cambiemos provocó ayer su primera gran crisis de gobierno. El oficialismo desató una brutal represión que derivó en el fracaso de la sesión convocada para aprobar la reforma previsional. En ese contexto, desencadenó un conflicto interno con sus principales socios y abrió una línea de confrontación con los gobernadores peronistas y con la CGT, que amenazó con paro general. La decisión de avanzar con el ajuste en los haberes jubilatorios terminó con decenas de heridos de balas de goma, unas 30 personas detenidas y el presidente, Mauricio Macri, titubeando sobre la posibilidad de dictar un Decreto de Necesidad y Urgencia tras la derrota parlamentaria. El rechazo público de Elisa Carrió y la advertencia de la CGT parecieron forzar anoche la marcha atrás del Ejecutivo Nacional. En horas de la tarde el jefe de Gabinete, Marcos Peña, había salido a acusar a sectores de la oposición por los hechos de violencia y ratificar el respaldo oficial a la iniciativa. A última hora fuentes de Cambiemos adelantaban la posibilidad de volver a sesionar el lunes.


Desde la mañana las afueras del Congreso estuvieron militarizadas, con un despliegue de fuerzas de seguridad del que no se tenían recuerdos ni siquiera en la crisis de 2001. “Connie, sentalos a todos. ¡Que no se pare nadie!”, le ordenó Nicolás Massot, jefe del bloque de Diputados del PRO a su compañera Cornelia Schmidt Liermann. Eran las casi las dos de la tarde y los diputados de Cambiemos comenzaban a salir del Salón Delia Parodi y cruzaban unos pocos metros hasta el recinto de la Cámara Baja con la intención de iniciar el tratamiento de la reforma previsional. De a poco empezaban a llegar las primeras noticias de la fuerte represión con balas de goma y gas pimienta y las imágenes de los heridos, entre ellos diputados nacionales como Mayra Mendoza y Matías Rodríguez, del FpV-PJ. Algunos legisladores que estuvieron afuera hasta ese momento, ingresaron al Palacio e intentaron vencer la resistencia de los hombres de seguridad. “¡Soy yo! ¡Correte! ¡Somos diputados, dejanos pasar!”, le gritaba el chubutense Santiago Igón al personal que bloqueaba el acceso al hemiciclo. Atrás suyo se agolpaban, entre otros, Felipe Solá, Axel Kicillof, Daniel Filmus, además de asesores y periodistas. Agustín Rossi acababa de pasar, también a los empujones.


Minutos más tarde y en medio de un escándalo que incluyó un intento del presidente de la Cámara de golpear al diputado Leopoldo Moreau, Carrió pidió que se levante la sesión. “Monzó, decidite, sos el presidente de la Cámara o el jefe de la policía”, le había dicho Moreau al titular del cuerpo, que se paró de su silla y le lanzó sin éxito un puñetazo al grito de “¿a mi me venís a decir, Moreau?”. Asesores y otros legisladores tuvieron que intervenir para tranquilizar la situación que recién se descomprimió cuando Cambiemos aceptó que no podía continuar.


Operativo y represión


Desde la mañana, varias cuadras a la redonda del Congreso estaban valladas y completamente cubiertas por un enorme operativo de seguridad ordenado por el ministerio a cargo de Patricia Bullrich. Se preparaban para la movilización convocada por la dos CTA, movimientos sociales y organizaciones políticas, acompañadas por la CGT. Según se informó extraoficialmente, intervenían más de 1500 efectivos entre Gendarmería, Prefectura, Policía Federal. Además, se sumaron camiones hidrantes que en reiteradas oportunidades lanzaron agua mezclada con gas pimienta sobre los manifestantes. El Cels advirtió que también había en la zona un camión del Ejército. En horas de la noche, según la Correpi existían al menos 30 personas detenidas. Manifestantes, periodistas, fotógrafos y dirigentes políticos sufrieron disparos, golpes, palazos y empujones. El jefe de Gabinete responsabilizó a los diputados opositores por esos hechos, al igual que lo había hecho Carrió durante su intervención en el recinto. “Esa violencia comenzó con ataques a los funcionarios que fueron a exponer sobre el proyecto de ley en las reuniones de comisión y vimos hoy, como ayer, también la búsqueda de violencia primero desde la calle y después desde el propio recinto, cruzando una raya que no se había cruzado en el último tiempo”, sostuvo Peña. La líder de la Coalición Cívica había dicho que los diputados “tienen que tener cuidado de no avasallar a las fuerzas del orden”.


El desafío del quórum


La sesión especial de ayer estaba pautada para las 14 mientras que los manifestantes comenzaron a concentrarse en algunos puntos de la ciudad a partir de las 11. La tensión política y social había comenzado en la reunión de comisión del martes, en la que también se habían producido incidentes, tanto entre diputados como entre un grupo de jubilados y algunos funcionarios públicos como el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.


El objetivo principal del oficialismo era lograr que ayer se sentaran en sus bancas 129 diputados, el quórum suficiente para sesionar. Después, sostenían, sería más sencillo aprobar la reforma porque necesitarían juntar solo la mayoría de los legisladores presentes. Cambiemos llevó 106 propios y se estiró hasta los 128 con diputados del Frente Cívico por Santiago del Estero, los misioneros del Frente Renovador de la Concordia y un grupo del interbloque Argentina Federal que responde a los gobernadores peronistas. Si bien Diego Bossio y la mayoría del BJ no se sentó, sí lo hicieron los tucumanos Gladys Medina, José Orellana y Pablo Yedlin, el sanjuanino Walberto Allende, los chaqueños Juan Mosqueda y Elda Pértile y los cordobeses Martín Llaryora, Juan Brügge, Alejandra Vigo y Paulo Cassinerio.


A las 14.35, el tablero de la Cámara de Diputados marcó por un instante 129 presentes y 128 ausentes. Antes de que Emilio Monzó terminara de decir “con la presencia de 129 señores diputados, queda abierta la sesión especial conforme el requerimiento efectuado por los señores diputados, número reglamentario...”, el tablero volvió a marcar un diputado por debajo del quórum. Un grupo de legisladores del Frente para la Victoria se acercó a los gritos a la presidencia, le dejó sobre el escritorio a Monzó varios cartuchos de balas de goma recogidos de la represión que continuaba afuera. Horacio Pietragalla, Máximo Kirchner, Guillermo Carmona, Martín Doñate, Carlos Castagneto, entre otros, se trenzaron en una discusión con Monzó sobre el quórum que duró varios minutos. También Victoria Donda, de Libres del Sur, se acercó con muletas y la pierna lastimada por la mordida de un perro de Gendarmería en la represión del martes.


La oposición denunció que los 129 diputados se habían logrado con “diputruchos”. Se referían al legislador electo Jorge Enriquez y a Astrid Hummel, reemplazante de la macrista Ana Martínez, quienes todavía no habían jurado. Horas después Enriquez y otros integrantes del oficialismo desmintirían categóricamente esa versión, que calificaron como una “infamia”. En las filmaciones, imágenes y testimonios no se pudo probar que alnguno de ellos hubiera ocupado efectivamente una banca. En medio de la confusión y mientras Monzó intentaba arrancar la sesión, por un momento el tablero marcó 130 diputados presentes. Fue también fugaz. Nunca más el oficialismo logró conseguir el quórum. Carrió, el jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri y Monzó, mantuvieron una pequeña reunión en la que acordaron, con el consenso de la Casa Rosada, levantar la sesión.


Fuentes del bloque oficialista le admitieron más tarde a PáginaI12 que si bien ellos no habían cometido ninguna irregularidad, “el número no estaba cerrado” y que eso influyó en la decisión de dar marcha atrás. Tampoco descartaban que algún diputado opositor se hubiera sentado “accidentalmente” en su silla.


Los diputados del FpV-PJ, el Frente Renovador, el Movimiento Evita, el Bloque Justicialista y hasta el Frente de Izquierda festejaron la derrota del oficialismo.


Por la tarde, mientras continuaba la represión y las detenciones, Macri se reunió de urgencia con Peña, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio y el de Hacienda, Nicolás Dujovne. Dejaron trascender que firmaría un DNU con la reforma previsional y, además, un “bono” de compensación para que los jubilados y pensionados no perdieran ingresos por el “empalme” en el cambio de la fórmula de actualización de los haberes. “Carrio y la Coalición Cívica juraron respetar la Constitución Nacional y no la van a violar bajo ningún concepto. Un DNU violaría gravemente la Constitución Nacional”, advirtió Lilita en su Twitter. “Si hay DNU, hay paro nacional”, afirmó Héctor Daer, triunviro de la CGT, minutos más tarde.


Anoche los responsables de la negociación política con los gobernadores adelantaban que intentarán sesionar nuevamente el lunes, luego de buscar un nuevo acuerdo con los mandatarios provinciales para que les garanticen el respaldo de sus legisladores. Será un intento por revertir, al menos en parte, la peor crisis del gobierno de Mauricio Macri desde su llegada al poder.

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Martes, 05 Diciembre 2017 17:03

Luna llena de Honduras

Luna llena de Honduras

 

La luna roja de diciembre por la ventana
(llena en la noche larga)
sonríe por sus adentros.
Las corridas furtivas del toque de queda
la llenan de orgullo.

 

 

 

Nadie lo sabe pero en Honduras
se prepara el mejor café de Centroamérica
y las mujeres salen a la calle
para vender rábanos y lanzar consignas
defienden hijas y mueren por montones
Son lencas y la luna les sonríe porque ama el agua
son chortís, garífunas, mestizas
todas tienen niñas ancestrales en el río Gualcarque.
Son las que resisten a las masacres
y están locas, locas de pinturas y versos.

 

¿Puede una copla lo que la prensa calla?
En el universo de neón de las noches urbanas del norte
las pantallas titilan en la nada
de pronto es caliente el trópico a oscuras
las ametralladoras erizan la piel de miedo.
Los cuerpos de agua de la luna roja
se van secretos porque el ejército dispara
en los ojos de una muchachita en el torso de un hermano
son cuerpos de mujeres y cargan antorchas
por las calles de Tegucigalpa.

 

 

Inmensas, unen el fuego del norte y el agua del sur
las que piden favores a la luna
y gritan se enojan se ríen a carcajadas
desparajientas.

 

Nadie lo sabe pero la tierra de Honduras
es la más firme del istmo que corre de Belice a Panamá
roca que congrega el magma de sus hermanas.
La prensa calle que Honduras no es un portaviones
no es una estrategia geopolítica
no es sólo maquila. Honduras es una pacifista
que se viste de guerra como su Morazán
y cultiva zanahorias, se enfrenta a la palma de aceite
a la riqueza que empobrece.
La luna roja de diciembre descansa en la roca firme de Honduras.

Francesca Gargallo Celentani
2 de diciembre de 2017

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El Gobierno hondureño ha decretado el toque de queda en todo el país ante las protestas ciudadanas.

Las protestas en Honduras por un supuesto fraude electoral en perjuicio del candidato presidencial de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, han causado al menos siete muertos y más de una veintena de heridos, informan hoy medios locales.


El portavoz de la Policía de Honduras, Jair Meza, no confirmó la cifra de víctimas. "Dicen que hay muertos, pero no pueden ser reconocidos con autoridad pública", señaló Meza.


Según los medios hondureños, tres de las víctimas se produjeron anoche cerca del Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, norte del país, debido a las heridas de bala que recibieron durante un supuesto enfrentamiento con policías militares.


Los cadáveres de dos personas que supuestamente fallecieron durante las protestas en el sector de Choloma ingresaron anoche en el departamento de Medicina Forense del Ministerio Público de San Pedro Sula, según apuntan algunos medios hondureños.


Por otro lado, un hombre falleció la noche del jueves en la ciudad de La Ceiba, en el Caribe hondureño, según informaron algunos medios, mientras que la séptima víctima es una adolescente de 14 años, quien murió también anoche en Tegucigalpa, supuestamente por heridas de bala que sufrió durante una manifestación.


"No puedo ocultar la verdad que sale en los medios, pero en los datos oficiales no tenemos y no es porque los queremos ocultar, sino porque no ha habido el reconocimiento legal debido", explicó el portavoz policial.


Las protestas de los simpatizantes de la Alianza de Oposición contra la Dictadura se han registrado desde el miércoles en las grandes ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, entre otras.


El Tribunal Supremo Electoral de Honduras (TSE) aún no ha anunciado al ganador de los comicios presidenciales del domingo pasado, de los que Nasralla y el actual gobernante y aspirante a la reelección, Juan Orlando Hernández, se proclamaron vencedores.


La votación en Honduras está muy cerrada. Hernández suma 1.333.264 votos, mientras Nasralla 1.286.572 con el 94,31% de las actas escrutadas, según datos publicados por el TSE en su página web.


Las manifestaciones también dejan alrededor de una veintena de lesionados, incluidos militares y policías, en varias ciudades del país.


El portavoz policial indicó que más de un centenar de personas han sido detenidas en las últimas horas por actos vandálicos en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba.


Para frenar la violencia desatada en las calles, el Gobierno hondureño decretó anoche el estado de excepción durante 10 días, mientras el TSE espera iniciar este sábado un escrutinio especial de más de un millar de actas para definir al nuevo presidente.


Durante la vigencia del decreto queda "prohibida la libre circulación" entre las "6 de la tarde y las 6 de la mañana en todo o parte del territorio nacional", aunque de esto se exceptúa a los miembros y todo el personal del Tribunal Supremo Electoral, los representantes de los partidos políticos, observadores y periodistas acreditados por el organismo de comicios.


Los hondureños votaron el pasado domingo por un presidente, tres vicepresidentes, 128 diputados para el Parlamento local, 20 para el Centroamericano y 298 alcaldías municipales.


En Honduras no hay segunda vuelta electoral y gana el aspirante que obtenga más votos.

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Honduras: Paro Cívico contra el Fraude Electoral

ALAI AMLATINA, 30/11/2017.- Algo que era imposible en materia estadística, a criterio de analistas y futurólogos del Partido Nacional, caso de Chano Rivera y Ebal Díaz, se está dando en Honduras. El Partido Nacional de Honduras con Juan Orlando Hernández (JOH) a la cabeza, presenta documentación donde él gana las elecciones generales del 26 de noviembre y no Salvador Nasralla de la Alianza Opositora contra la Dictadura, aun cuando después de haberse escrutado el 60% de las actas válidas, el triunfo le favorecía a este último por un margen de 5%.

Después de la primer declaratoria sobre las elecciones en Honduras por miembros del Tribunal Nacional Electoral (TNE), su presidente, David Matamoros Batson, militante de dicho partido político, anunció que ya no se darán más resultados hasta que se tenga el 100% de las actas, lo que sucederá el jueves 30 de Noviembre de 2017; hoy se habla que puede ser la semana próxima. Sin embargo, en las páginas del TNE siguieron aparecieron actas cuyos resultados dan como ganador a JOH con un margen de menos de 1%. El Ingeniero Salvador Nasralla denunció que David Matamoros autorizó solo la promulgación de actas donde los resultados le favorecen a JOH, dejando para nueva orden aquellas que le favorecen a él, caso de los departamentos y centros de mayor población urbana y joven.

Salvador Nasralla de buena Fe, firmó un acuerdo con miembros de la OEA encabezados por el golpista Jorge Quiroga, donde se compromete a respetar los resultados del TNE siempre y cuando se respeten los números de las actas en poder de todos, pero seguidamente los miembros del Tribunal Electoral conformado por miembros del Partido Nacional, Democracia Cristiana (cuyo dueño es Arturo Corrales Álvarez, el Gurú caído, Unión Democrática y el Partido Liberal), no así por representantes de miembros de los Partidos de la Alianza ( LIBRE, PINU-SD y del PAC robado a Nasralla), anunciaron que el sistema se cayó, por lo que no ingresaran nuevas actas, que para los militantes de la Alianza Opositora corresponden a departamentos y municipios donde se gana holgadamente la casilla presidencial.

El argumento de Salvador Nasralla para suscribir dicho acuerdo sin el consentimiento de las bases de la Alianza, es que JOH, una vez que alcanzara y superara a Nasralla, el TNE lo declararía Presidente. Ello, además, fue denunciado por autoridades del Partido Alianza contra la Dictadura, por lo que han llamado a todos los militantes para que se vengan a la ciudad capital a defender el triunfo de Nasralla, ya que se lo quieren robar con un fraude.

Han habido protestas en todo el país, denunciado esta nueva maniobra del Partido Nacional en contubernio con miembros del Tribunal Electoral (se excluye a Ramiro Lobo de la UD) y algunos representantes de los observadores internacionales que, según el argumento de las autoridades de la Alianza, todavía no se pronuncian sobre la falta de ingreso de las actas procedentes de los departamentos y municipios donde le dan el triunfo a su candidato. Los observadores hablan y exigen mayor celeridad al TNE, pero solo se procesan actas donde JOH ganó. Nasralla exige un contento aleatorio, para evitar y no permitir un fraude electoral que solo beneficia a JOH y su grupo.

Al parecer, la suerte está echada, y el TNE con apoyo de la OEA, iglesias evangélicas fundamentalistas, cierto grupo de la empresa privada ligada a la industria maquiladora y empresas extractivas, dirigentes campesinos corruptos y la mayor parte de los medios televisivos, darán a conocer resultados donde JOH gana por poco margen, pero gana. En el caso de la Embajada Americana, llama la atención su silencio cómplice, y es de esperar que reconozca a JOH como presidente de Honduras por segundo periodo consecutivo aunque sea una elección ilegitima, y su gobierno haya sido cuestionado por actos de corrupción.

Todos estos elementos, permiten argumentar que en Honduras se está fraguando un fraude electoral de magnitudes insospechables para la economía y sociedad hondureña. El calificativo político es el de Golpe Técnico o de Mano Blanda, ya que lo poderes seguirán funcionando pero la voluntad popular ha sido de nuevo burlada. Muestran además una institucionalidad electoral viciada y corrupta, que responde al interés de grupos y poderes fácticos, más que a los deseos y manifestaciones de los electores.

Si este robo de una elección presidencial se consuma, los dirigentes de la Alianza Opositora deben convocar a un Paro Cívico a toda la población hondureña para protestar de dicha forma en contra del fraude. Igualmente, en aquellos casos donde existe alteración de actas, pedir un conteo público por urna y municipio con representación de ellos y observadores independientes. El paro cívico es una forma de protesta pacífica de la mayor parte de la población que rechaza el continuismo ilegitimo de JOH y el robo de las elecciones a Salvador Nasralla. El coteo, para demostrar que su lucha ha sido limpia.

Este fraude y las denuncias que vienen de todo el país, deben ser documentados y trasladados a la Fiscalía General de la Republica, para que proceda de oficio, igual a la Corte Suprema de Justicia. A criterio de miembros del equipo antifraude del Partido de Alianza contra la Dictadura, no importa que dichas instituciones sean controladas por el Presidente de la Republica, lo que importante es mostrar la evidencia del zarpazo a la democracia y que sirva de evidencia para que el mundo se pronuncie en contra de esta práctica corrupta y antidemocrática.

Tegucigalpa, DC, 30 de Noviembre de 2017

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