Detenidos en Francia más de 700 estudiantes de secundaria por protestas

Más de 700 estudiantes de secundaria fueron detenidos para ser identificados por la policía en Francia, al cumplirse la cuarta jornada consecutiva de movilización, con incidentes en todo el país, indicó una fuente en el Ministerio de Interior.


Cerca de 280 institutos de secundaria se vieron perturbados, de los cuales 45 fueron totalmente bloqueados por los estudiantes, según la misma fuente.


El Gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron, redoblaba sus esfuerzos este jueves para evitar un nuevo estallido de violencia en las protestas de los “chalecos amarillos” previstas para el sábado, en un clima de descontento general que se extiende a otros sectores.


Las convocatorias a manifestar el sábado proliferaban en las redes sociales, despertando temores entre las autoridades de que se repitan las escenas de caos que dieron la vuelta al mundo el fin de semana pasado.


Para prevenir nuevos desmanes, las autoridades instaron a todas las tiendas y restaurantes de la avenida de los Campos Elíseos a cerrar sus puertas el sábado. La Torre Eiffel, la ópera de París y una decena de museos de la capital, incluyendo el Grand Palais y las Catacumbas, tampoco abrirán al público.


Los cierres preventivos no se limitaban a la capital. En Burdeos, donde se produjeron también choques violentos la semana pasada, la Alcaldía anunció el cierre de una decena de museos.


Gobierno de Francia moviliza medios excepcionales ante manifestaciones


El primer ministro francés, Edouard Philippe, instó esta jornada a mantener la calma en todo el país y anunció la movilización de medios excepcionales para controlar las manifestaciones de los llamados chalecos amarillos el próximo sábado.


Según precisó, los efectivos y recursos se sumarán a los más de 65 mil agentes desplegados en la nación europea, escenario de multitudinarias manifestaciones contra la gestión del presidente Emmanuel Macron.


Philippe pidió realizar los esfuerzos necesarios “para preservar la República” y solicitó a los chalecos amarillos no realizar demostraciones en París, donde -dijo- grupos extremistas promueven la violencia.


Al acercarse el cuarto sábado consecutivo de demostraciones, el Gobierno intentó aplacar a los ciudadanos con la suspensión de medidas como el alza de los precios del combustible.
No obstante, según medios locales, las convocatorias a nuevas acciones aumentan en las redes sociales.


Además, continúan paralizados cientos de colegios, cuyos estudiantes y maestros exigen el respeto a sus derechos y un mayor acceso a la educación .


Bajo presión desde el 17 de noviembre, la dirección del país teme que las protestas no puedan ser controladas y que se repitan los sucesos de los últimos días, cuando cientos de personas fueron arrestadas y más de 200 resultaron heridas.


En un inicio, las manifestaciones fueron organizadas para denunciar el incremento de los costos del combustible, pero después se convirtieron en tribuna de otras demandas como la reducción de los impuestos en general, el acceso igualitario a la seguridad social y el aumento de los pagos por jubilación.


Los participantes también piden el respeto a los derechos de los trabajadores, el fin de la política de austeridad y la protección a los migrantes.


Un estudio divulgado por el diario Le Fígaro apunta que Macron cuenta con el respaldo de sólo el 21 por ciento de los ciudadanos, frente al 64 registrado al comienzo de su mandato.


(Con información de AFP/ Prensa Latina)

6 diciembre 2018 

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Revuelta de chalecos amarillos derrumban el anacrónico neoliberalismo de Macron

Los gasolinazos son inflamables en las democracias occidentales, más en La era de los pueblos, libro del fogoso político francés Jean Luc Mélenchon, que hoy se expresa con la insurrección de los "chalecos amarillos".

En caso de problemas en las carreteras, la ley francesa obliga a portar los ya célebres "chalecos amarillos" que se han vuelto el estandarte corporal de la Francia rural y sus suburbios (https://nyti.ms/2Sv0gH4).

El único que no vio venir la insurrección fue Macron. Inclusive, durante su altisonante querella con el presidente de EU, Trump en forma insolente le hizo notar su muy baja aceptación, de solamente 21 por ciento, en medio del desempleo y la inseguridad (http://bit.ly/2EejWeX).

Una mujer, Priscillia Ludosky, al sudeste de los suburbios de París, lanzó en mayo una petición por Internet exhortando a la disminución del precio de la gasolina: ya estaba incubada la semilla de la revuelta y cinco meses más tarde Éric Drouet, conductor de camiones, circuló la petición con sus amigos en Facebook.

La petición pasó súbitamente de 700 a 200 mil y siete meses más tarde 1.15 millones de firmantes cuentan con el apoyo, según las encuestas más recientes, de 72 por ciento de la opinión publica francesa (http://bit.ly/2SsF7xe).

No faltan quienes exigen la renuncia de Macron.

Los contestatarios aducen que Macron, quien padece xantofobia (fobia al color amarillo), gobierna para la bancocracia a la que beneficia con sus reformas neoliberales, mientras perjudica al "francés promedio" con elevados impuestos.

Le Monde enuncia que el "ejecutivo recula para intentar salir de la crisis". El primer ministro Édouard Philippe anunció el "congelamiento (sic)" de las medidas impopulares (https://lemde.fr/2EhCFqa), mientras Macron esconde su cabeza como avestruz.

La oposición ha sido feroz: exige la disolución de la Asamblea y nuevas elecciones.

Le Figaro comenta que la oposición multicolor fustiga las medidas del gobierno de Macron: "es muy poco" o "es muy tarde" (http://bit.ly/2Ee8Tmf).

Patrice-Hans Perrier, del portal DeDefensa.org asevera que los "chalecos amarillos" han puesto a Macron en peligro” cuando "la Francia que se levanta temprano (léase:la clase trabajadora y los campesinos) apoya en forma masiva un movimiento de insurrección que traduce la miseria de la gente". Cabe señalar que la insurrección amarilla ya alcanzó Bruselas.

atrice-Hans Perrier afirma que "el presidente Macron, sordo y ciego frente al gruñido popular, se refugió en un mutismo de circunstancia", mientras los "chalecos amarillos" piden la cabeza del "rey de la banca".

Macron –anterior funcionario de la banca Rothschild y zelote del neoliberalismo agónico por doquier– pontifica al mundo en cómo conducirse, mediante su absurda semiótica entre "nacionalismo" versus "patriotismo", con tal de favorecer a su decadente globalismo.

El promotor del Brexit, Nigel Farage, opera un diagnóstico demoledor de la delicuescencia de "Occidente": "Existe una inmensa división en todo el mundo occidental. En los últimos 20 años la brecha entre ricos y pobres se profundizó conforme las élites globales ignoraron preocupaciones genuinas. Brexit, Trump, Italia y ahora estas revueltas en Francia sucedieron debido a que la gente común desea sentir que tiene algo de poder sobre su propio futuro" (http://bit.ly/2EeJKrx). Le faltó agregar Occupy Wall Street.

Nigel Farage fustiga a Macron de estar desconectado con sus propios ciudadanos y comenta que no se veía en Francia una violencia de tal magnitud desde la revuelta estudiantil de 1968: "Macron, el gran globalista, el anterior banquero de inversiones que raramente abandona París, pontificando al mundo sobre el calentamiento global o sobre el libre movimiento de las personas", mientras "está ocupado con la política global, y desconectado completamente de la gente común. Macron es el presidente de los ricos y no de los pobres. Necesita pensar también en los pobres".

La crítica del británico Nigel Farage es significativa porque refleja el choque universal entre globalistas y nacionalistas (http://bit.ly/2EezuQe).

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Macron aplaza la subida de los impuestos a los carburantes tras las protestas de los 'chalecos amarillos'

El primer ministro Edouard Philippe anunciará que la subida de la tasa a los carburantes no entrará en vigor el próximo uno de enero.

 

El Gobierno francés va a aplazar la subida de los impuestos a los carburantes ante las violentas protestas que se han venido registrando en los últimos días protagonizadas por los conocidos como chalecos amarillos, según fuentes gubernamentales citadas por varios medios galos.


El encargado de hacer el anuncio de la moratoria en la medida, que estaba previsto que entrara en vigor el próximo 1 de enero y que ahora será aplazada durante unos meses, será el primer ministro, Edouard Philippe, durante un encuentro del grupo parlamentario de La República en Marcha, el partido gobernante.


Según el diario Le Monde, además de la supresión de la controvertida subida de impuestos, el Gobierno va a anunciar otras medidas. Además, el encuentro propuesto con los líderes de las protestas ha sido suspendido, después de que estos hicieran saber que no acudirían a la cita en Matignon, sede de la oficina del primer ministro.


La decisión de aplazar la medida se adoptó durante una reunión convocada por Macron en el Elíseo en la que estuvieron presentes el primer ministro y una decena de ministros, entre ellos los de Transición Ecológica, François de Rugy, y el de Economía, Bruno Le Maire.


Previamente, Philippe se había reunido con los líderes de los partidos con representación parlamentaria para abordar la crisis. Todos ellos, con la excepción de las formaciones ecologistas, se mostraron a favor de una moratoria, según Le Monde.


La crisis de los chalecos amarillos ha tenido un fuerte impacto en la popularidad del presidente francés, Emmanuel Macron, y en la de Philipe, según el sondeo de Ifop-Fiducial publicado este martes por Paris Match y Sud Radio. Así, el presidente cae al 23 por ciento, seis puntos menos que hace un mes, y el primer ministro cede diez puntos hasta el 26 por ciento.

 


 

Agentes parisinos se negaron a reprimir a chalecos amarillos en la última protesta

 

La policía que no le gusta a Pichetto

 

En medio de un clima de máxima tensión, durante la última jornada de protesta de los "chalecos amarillos" en París, un grupo de policías quedó frente a frente con los manifestantes, pero se negó a reprimirlos. A pocos metros de un centenar de personas que protestaba por el aumento de los combustibles, los policías en vez de avanzar contra ellos, se quitaron los cascos y mostraron que no estaban dispuestos a seguir reprimiendo. La actitud de los agentes, motivó el aplauso de los manifestantes, quienes comenzaron a cantar y agitar banderas amarillas y francesas.


La situación hubiese sorprendido al propio Miguel Pichetto, quien al referirse a los incidentes en la final de la Copa Libertadores, había dicho: "La policía francesa, frente a un evento como este, ¿sabés cómo pega? Pega en serio”.


Desde hace varias semanas se registran violentas concentraciones en parís contra el Gobierno de Emmanuel Macrón, quien recientemente visitó la Argentina por la cumbre de líderes del G20. Como consecuencia de las protestas de los "chalecos amarillos" contra la suba del precio del combustible en Francia, huno 133 personas heridas y 412 detenidas.


No obstante, en medio de ese contexto de extrema tensión, un grupo de policías de París se negó a reprimir a los manifestantes. En un video se observa cómo una decena de agentes de las fuerzas de seguridad quedan cara a cara con los manifestantes, pero en lugar de avanzar contra ellos, se quintan los cascos. La grabación rápidamente se hizo viral.

Tomado de Página12

 

 

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La izquierda francesa se vuelca con el movimiento de los 'chalecos amarillos'

Centenares de bloqueos en las carreteras y una nueva manifestación en los Campos Elíseos son organizadas este sábado en Francia en el tercer sábado de protestas de los automovilistas indignados.

Tarjeta amarilla para Emmanuel Macron. Campeón de la impopularidad desde hace meses, el presidente francés ha visto cómo el malestar provocado por la ineficacia de sus reformas y su arrogancia burguesa se veía reflejado en el movimiento de los “chalecos amarillos”. Dos semanas después de la primera movilización de los automovilistas indignados, los bloqueos de carreteras se repiten en Francia. Las concentraciones y la manifestación de este sábado en los Campos Elíseos servirán de termómetro del futuro de esta movilización que amenaza con ampliarse o bien conformarse con ser la primera advertencia seria ante la ofensiva neoliberal de Macron.


Además de centenares de bloqueos de carreteras por toda Francia, otra manifestación se celebrará este sábado en los Campos Elíseos de París, bajo un importante despliegue de las fuerzas de seguridad. Unos 5.000 agentes de policía controlarán el acceso de los manifestantes e impedirán la circulación de vehículos. Tras las reticencias iniciales en la izquierda francesa, el sindicato Sud-Solidaires —una de las organizaciones sindicales menos mansas en Francia— apoya esta convocatoria. También lo hacen los dirigentes de la Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, partido referente de la izquierda francesa, a pesar de sus fuertes divisiones internas.


La CGT ha convocado para este sábado manifestaciones por toda Francia contra la precariedad y las políticas del gobierno de Macron. El sindicato con un mayor número de afiliados, sin embargo, continúa sin apoyar al movimiento de los “chalecos amarillos”, en un ejemplo más de las reticencias de las direcciones sindicales ante las nuevas formas de lucha. Las organizaciones universitarias también organizan para este sábado protestas contra el aumento de las tasas universitarias en Francia para los estudiantes de fuera de la Unión Europea. Estas aumentarán hasta 2.770 euros en las matrículas de Grado (actualmente cuestan 170 euros) y hasta 3.770 euros en los másteres (ahora son 240 euros).
Apoyo mayoritario de los franceses


Finalmente, ¿se producirá la ansiada convergencia de luchas entre múltiples frentes de protesta, que caracterizaría hace 50 años el Mayo del 68? Esta hipótesis resulta, de momento, muy improbable. Pero las protestas de este sábado representarán seguramente otro capítulo en el divorcio entre Macron y los franceses.


A diferencia de otras movilizaciones sindicales contra la reforma laboral o de la compañía ferroviaria SNCF, el movimiento de los “chalecos amarillos” cuenta con el apoyo mayoritario de los franceses. Y este no ha dejado de aumentar pese a los intentos del ejecutivo de criminalizarlo, con el argumento de las dos desgraciadas muertes relacionadas con las protestas y los más de 400 heridos, la mayoría de ellos leves. Según un sondeo del instituto Odoxa, publicado el miércoles en el diario conservador Le Figaro, el 84% de la población considera “justificada” esta movilización, siete puntos más que la semana pasada.


“Los chalecos amarillos representan los galos, la Francia ordinaria, el espíritu rebelde de la Francia contestataria”, asegura en declaraciones Público el sociólogo Michel Fize, autor de Mai 68 n’a jamais existe! (¡El Mayo del 68 jamás existió!). Este movimiento expresa una “crisis de legitimidad de las instituciones tradicionales”, explica este investigador jubilado del prestigioso CNRS, que observa una continuidad entre el movimiento de los chalecos amarillos y la Nuit Débout, que ocupó la plaza de la República en París en la primavera de 2016. “Pero a diferencia de la Nuit Débout, que básicamente estaba formada por jóvenes urbanitas con estudios superiores, los chalecos amarillos son un movimiento más transversal formado por hombres, mujeres, jóvenes, jubilados”, asegura Fize.


“Ahora, se produce una paradoja evidente. El movimiento de los chalecos amarillos está presente en Albert, Flixecourt o Abbeville —ciudades pauperizadas del norte de Francia a causa de la desindustrialización—, pero mucho menos en París”, aseguró el diputado de la Francia Insumisa François Ruffin, figura emergente de la izquierda francesa. Uno de los impulsores hace dos años de la Nuit Debout, organizó este jueves un mitin en la Plaza de la República de París para movilizar a los “indignados” de la capital francesa y las otras grandes ciudades francesa en apoyo al movimiento de los “chalecos amarillos”.


Fiasco en el intento de diálogo del gobierno francés


“El aumento de los impuestos sobre el carburante ha sido la gota de diésel que ha colmado el vaso de agua”, afirma Jean-Baptiste Voltuan, un activista francés presente en el mitin organizado este el jueves por simpatizantes de la Nuit Debout. Apoyado mayoritariamente por los votantes de la Francia Insumisa (64%) y del ultraderechista Reagrupamiento Nacional (66%), esta movilización expresa el malestar por la pérdida de poder adquisitivo de los franceses y el orden fiscal injusto favorecido por Macron con una reducción de más de 6.000 millones de euros de impuestos a los más ricos y un aumento de las tasas indirectas para los más modestos. El principal punto en común de los manifestantes de este movimiento transversal y apartidista es el rechazo hacia Macron.


Aunque el presidente francés descartó el jueves desde Buenos Aires “cualquier retroceso” en sus reformas, la realidad es que el gobierno francés ha multiplicado desde principios de noviembre sus gestos para intentar calmar la indignación de los “chalecos amarillos”. Además de doblar, hasta 4.000 euros, la prima para cambiar un coche viejo por otro de menos contaminante, el ejecutivo centrista renunció a introducir peajes urbanos para acceder al centro de las grandes ciudades o prohibir en 2040 la venta de vehículos de gasoil y gasolina.
No obstante, estas medidas que no parecen apaciguar la cólera de los automovilistas. En cierta forma, reflejan que el gobierno francés no termina de comprender, o aceptar, que la oposición al aumento de los impuestos sobre el combustible se trata de un pretexto.


De hecho, la operación diálogo de este viernes resultó un fiasco. En la reunión organizada por el primer ministro francés, Édouard Philippe, con “representantes” de los “chalecos amarillos”, solo acudió uno de los miembros de este movimiento. Después de que el “premier” francés se negara a que el encuentro fuera grabado para ser retransmitido en las redes sociales, este no se celebró.


“Macron es incapaz de comprender a su pueblo”, asegura Katarina, A., una militante de la Francia Insumisa, de 55 años, que acudió al mitin de este jueves en la Plaza de la República de París equipada con un chaleco amarillo. Como el 84% de los franceses, esta defensora del ecologismo, que “siempre viaja en bicicleta”, asegura estar decepcionada con el discurso de Macron del martes. En su primera intervención pública para responder al malestar de los “chalecos amarillos”, el presidente francés propuso establecer un mecanismo para adaptar la fiscalidad del combustible en función del precio del petróleo.


Acusados de “incoherentes” y de “desorganizados” por los medios generalistas franceses, los “chalecos amarillos” le respondieron con una treintena de reivindicaciones. Por ejemplo, aumentar en más de 200 euros del salario mínimo hasta 1.300 euros netos, establecer un salario máximo de 15.000 euros, tratar dignamente a los refugiados, fijar un salario mediano para los representantes políticos, establecer un referéndum popular que permita votar una proyecto de ley a partir de 700.000 firmas. La mayoría de ellas eran de carácter social y destituyente. Unas propuestas que mantenía unas similitudes evidentes con lo reivindicado por el 15-M en 2011, exceptuando un par de medidas conservadoras en materia de inmigración. Y que difícilmente podría ser impulsadas por Macron.

 

Por ENRIC BONET
@EnricQuart

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Viernes, 14 Septiembre 2018 06:23

Crisis sin salida del gobierno Macri

Crisis sin salida del gobierno Macri

La crisis económica y política provocada por la presión de los especuladores financieros sobre la cotización del dólar, ha llevado a numerosos analistas y a una parte de la población a comparar la situación actual con la de 2001. Aquella crisis fenomenal provocó una revuelta que estalló el 19 y 20 de diciembre, coronando un ciclo de luchas que se prolongaba desde 1997 y tenía a los desocupados (piqueteros) como principales protagonistas.

La revuelta, o pueblada, o levantamiento forzó la renuncia del presidente Fernando de la Rúa que debió abandonar la Casa Rosada en helicóptero mientras la policía disparaba fuego real para contener a los manifestantes. Fue el fin de un ciclo neoliberal privatizador que dio paso a un ciclo progresista.

En lo personal, comparto el deseo de muchos argentinos de que hechos similares vuelvan a repetirse para poner fin al insoportable gobierno de Macri. No es un deseo utópico. Se apoya en la experiencia viva de los trabajadores argentinos a lo largo del siglo XX, en el que protagonizaron insurrecciones, levantamientos y puebladas desde la Semana Roja de 1909. Las dos acciones populares más importantes fueron el 17 de octubre de 1945, que desarticuló a la oligarquía agro-ganadera, y el Cordobazo del 29-30 de marzo de 1969, cuando los obreros y los estudiantes de la ciudad industrial derrotaron a la policía en una fenomenal batalla callejera que forzó la intervención del ejército pero colocó a la defensiva a la dictadura de Juan Carlos Onganía.

Para hacerse una idea del peso de los levantamientos populares en el imaginario de los argentinos, vale recordar que entre mayo de 1969 y octubre de 1972 hubo por lo menos 15 desbordes desde abajo en una decena de ciudades (Córdoba, Rosario, Salta, Mendoza, Corrientes y Tucumán, entre otras), en los que hubo numerosos combates callejeros y se tomaron e incendiaron dependencias estatales, incluyendo algunos asaltos masivos a comisarías policiales.

Sin embargo, creo que más allá de los deseos se han registrado por lo menos tres cambios de fondo que pueden neutralizar –aunque no invalidar– esta historia de protagonismos populares y que harán muy difícil que vuelvan a repetirse ese tipo de levantamientos.

La primera son los cambios en las clases medias, que sienten repulsión por el "pueblo" y apuestan al bienestar individual (goo.gl/JkY8aH). Cambios en la conciencia, en el comportamiento cotidiano y en las opciones políticas. El rechazo al kirchnerismo manifiesta un rechazo a los pobres, que no es nuevo en la historia argentina. Ahora los sectores medios han encontrado en el consumismo un modo de vida que los diferencia de los sectores populares. Apelan a un orden impuesto desde arriba y tienden a separarse cada vez más de los que sufren la crisis, salvo en algunas iniciativas como la despenalización del aborto.

La segunda es el perfeccionamiento de los aparatos represivos, muy visible en las protestas de diciembre de 2017 contra la reforma previsional. En aquellas jornadas la represión fue muy fuerte, quizá la más brutal y masiva desde diciembre de 2001. Hubo cientos de heridos y detenidos, pero no hubo muertos. Creo que este es un punto importante porque muestra un aprendizaje del aparato represivo respecto de 2001, cuando el asesinato de manifestantes enardeció la calle. Esto va en paralelo con la masificación: en 20 años la policía bonaerense duplicó sus efectivos, de 45 a 100 mil uniformados.

La tercera es que las bases sociales de los movimientos están atrapadas ("contenidas", dicen los gobiernos) por una red de políticas sociales de control ("protección", dicen ellos). En el anterior ciclo de luchas (1997-2002), los pobres sólo contaban con sus familias y vecinos, y activaron esas solidaridades erigiendo potentes movimientos. Esa fue la clave del primer levantamiento posterior a la centralidad de la clase obrera industrial. Hoy el Estado paga 8 millones de asignaciones mensuales, entre familiares y universales por hijo, a 20 por ciento de la población.

Las clases dominantes renunciaron a la hegemonía y apuestan a dominar con una combinación de coerción y domesticación, abusando del marketing político. "La represión causa beneplácito en el sector de la sociedad a la cual considera su clientela y en sectores que cree que pueden llegar a convertirse en su clientela", señala el periodista Ricardo Ragendorfer (goo.gl/dPJwkA).

Esto es nuevo en Argentina, porque incluye a camadas de los sectores populares que casi siempre tuvieron una actitud anti-represiva. Un cambio tributario del modelo extractivista: esos jóvenes no tienen futuro, ni la menor esperanza de conseguir un empleo decente. Los adultos temen a los jóvenes que no estudian ni trabajan, ya que los consideran delincuentes reales o potenciales, y no condenan ni la represión, ni los feminicidios.

Pero esa juventud es el futuro. Los que no tienen nada que perder. O se los disputamos al narco y al sistema, o los que no tendremos futuro seremos los anticapitalistas.

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Movimientos sociales y el protocolo para la protesta pacífica

A partir del abuso de autoridad padecida en Colombia para contener y desestimular la movilización social, el pasado 31 de julio fue firmado el “Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica”, que sirve para establecer derechos sociales, además de oportunidades políticas, para que la sociedad civil exprese sus demandas. Con lo firmado ¿qué pueden espera los movimientos sociales?

 

La firma de la resolución 1190 del 2018, también adoptada como “Protocolo para la coordinación de acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre circulación, libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a la participación, inclusive de quienes no participan en la protesta pacífica”1, representa para la sociedad civil, especialmente para el sector de los movimientos sociales, un avance en términos de construcción de medios de defensa ante la represión que la Policía Nacional y el Gobierno Nacional acostumbran desplegar en contra de las protestas sociales.

 

Durante el proceso de construcción de este protocolo, llevado a cabo en Bogotá, participaron organizaciones sociales como La Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, la Mesa Nacional de Garantías, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, representantes del Gobierno como: el Ministro de Defensa, la ONU y el Ministro del Interior, además de algunos miembros de la Policía Nacional.

 

Fueron cuatros días para discutir, negociar y ratificar el Protocolo, pretendido desde hace cinco años por la Cumbre Agraria, que ve la necesidad de impulsarlo debido al asesinato de campesinos y líderes sociales a manos de agentes de la Policía y su cuerpo élite, el Esmad, en el curso de protestas, como la del Paro Agrario del año 2013.

 

Al respecto refirió Franklin Castañeda, presidente de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos: “El paro fue tratado con tal nivel de salvajismo que en Bogotá tuvimos 29 personas heridas, una señora en silla de ruedas asesinada, un joven sin un ojo, más de 800 personas detenidas, el toque de queda fue declarado en varios municipios, prohiiendo a la gente salir de la casa; el presidente Santos pronunció un discurso ordenando que 8.000 militares custodiaran la seguridad de Bogotá, medidas que son propias de un estado de sitio”.

 

Ciclo de la protesta social en Colombia

 

Estos casos de abuso de autoridad están enmarcados en el “ciclo de la protesta” conocido por el país durante los últimos diez años, suceso de lucha por derechos paralelo al cual la represión era fortalecida y las vías institucionales para ejercer las demandas de la sociedad civil eran cerradas.

 

Los casos de abuso de autoridad generados por el Esmad se recrudecieron, tal como las cifras lo demuestran: “Entre 2002 y 2014 fueron registradas 448 agresiones con la presunta participación de integrantes de la fuerza pública, que dejaron cerca de 3.950 víctimas, entre ellas 137 casos de personas heridas, 91 detenciones arbitrarias, 107 reportes de amenazas individuales y colectivas, 13 casos de ejecuciones extrajudiciales y 2 de violencia sexual”2.

 

Para Franklin Castañeda: “Se ha vuelto normal, sin que haya mayor reacción social o mediática, que en Colombia en el marco del derecho a la protesta social varias personas resulten asesinadas. En el 2017 catorce personas perdieron la vida bajo este contexto, en el 2016 fueron ocho, en el 2015 fueron siete las que perdieron la vida, y recuerdo que en el 2013 fueron quince”.

 

Las cifras muestran la magnitud de la represión hacia la protesta social, y dan cuenta de un problema estructural, de una visión de Estado. Además, deja en claro el tipo de doctrina con la cual son formados los agentes de policía y los de su cuerpo élite, el Esmad, con la cual prima la criminalización de la protesta social, es decir, el activista es considerado un enemigo, no un ciudadano que levanta su voz en defensa de los derechos básicos.

 

Criminalización de la protesta social

 

La criminalización de la protesta no es un fenómeno contemporáneo, sino que es histórico, visible a través de las políticas de “seguridad” de varios gobiernos, es decir, estamos ante una política de Estado. Vale recordar la implementación del Departamento de Seguridad Nacional por parte del gobierno de Carlos Lleras (1970), también el Estatuto de seguridad con Turbay (1978); el Plan Colombia (1999) implementado por orden de Estados Unidos en el gobierno de Pastrana, y la Seguridad Democrática durante los gobiernos de Uribe (2006). Estas políticas tienen en común legitimar el exterminio del “enemigo interno” a través de la criminalización de la protesta social, interpretada como una acción de terrorismo, vinculada a grupos guerrilleros y no como acciones colectivas propias de la sociedad civil.

 

Este tratamiento ha conllevado a silenciar y aniquilar al otro/a diferente y diverso que se manifiesta con particularidades poblacionales y culturales, cuya expresión en el marco de un contexto de gobierno democrático debería ser posible. Además, la represión política no solamente ha deslegitimado las acciones colectivas sino que también sesga la comprensión del trasfondo de las problemáticas sociales por parte del conjunto social y, con ello, desvirtúa la necesidad de protestar cuando el acceso a diversidad de derechos está bloqueado, además de inyectar temor en amplios segmentos poblacionales.

 

Esta tendencia a la represión violenta de la protesta social, para mantener la “seguridad” y el orden, lleva al incumplimiento de los lineamientos reconocidos en cuanto a las armas que puede usar el cuerpo represivo, llevando a la indiferenciación entre armas letales y no letales. En este sentido, es imprescindible abrir en la sociedad el debate, ¿cuál es la fuerza que puede ejercer la policía y el Esmad?, ¿bajo cuáles criterios debe ser regulado el uso de la fuerza?, o ¿se regula la fuerza o la protesta social?

 

Estos cuestionamientos han sido transversales al debate sobre garantizar la protesta social como un derecho fundamental y, aunque las organizaciones sociales han planteado discusiones en torno al tema, el Gobierno se mostró evasivo, en tanto no cedió ante la demanda por la diferenciación del armamento letal y no letal.

 

Negociación del protocolo

 

Las evasivas gubernamentales, además de tener explicación por una política de control y protección del poder por parte de quienes lo detentan, son influenciadas por las presiones que sectores empresariales ejercen, como los comerciantes y el sector minero, quienes han manifestado la oposición a la protesta social, así mismo al desarrollo del Protocolo sin su revisión, pues para los sectores empresariales un Protocolo negociado abre la posibilidad de pérdidas económicas debido a las consecuencias de los bloqueos de las vías comerciales, al tiempo que pone en riesgo sus negocios mineros y extractivistas en general, al toparse con la oposición de amplios segmentos sociales a tales iniciativas por su impacto ambiental.

 

No obstante, aunque no fueron establecidas regulaciones profundas en torno al tema de la fuerza, se logró que nuevas interpretaciones sobre la protesta social como un derecho fueran reconocidas en el Protocolo, por ende en el marco cultural y político del gobierno nacional y su policía. Así pues, el tratamiento de la fuerza es referido en el texto así: “[…] El último recurso que la Policía Nacional puede ejercer […] El cuerpo de policía intervendrá solo cuando considere que su actuación es necesaria, atendiendo al principio de proporcionalidad, y a la garantía de los derechos de los manifestantes, y de todas las personas, inclusive de quienes no participan”4.

 

Aunque estas concepciones plantean nuevos discursos, debates y propuestas que entran en juego entre la sociedad civil y gobierno nacional, también surgen inquietudes sobre qué tanto el Protocolo garantiza que la fuerza sea utilizada sólo en casos extremos, puesto que puede ocurrir la situación hipotética en que la Policía Nacional arguya el uso de la fuerza por la “defensa” de los sectores de la sociedad que no participan de la protesta social.

 

Por otro lado, si bien el documento firmado es una resolución, no tiene suficiente peso normativo para no ser modificado. Sin embargo, es una ganancia para el movimiento social haber alcanzado la construcción de este Protocolo; el beneficio de uno similar acordado en Bogotá en positivo: desde su regulación en el año 2015, también por la Cumbre Agraria y la alcaldía de Gustavo Petro, no se volvieron a presentar casos de muertes u otros abusos de poder por parte de la policía y el Esmad al momento de sucederse protestas.

 

Cabe rescatar también que el Protocolo empodera a la sociedad civil para ejercer acciones de control y vigilancia en torno al tratamiento dado por la policía a la protesta social. en este sentido, uno de los puntos metodológicos claves acordados es la conformación de las Comisiones de Verificación (CVI), integradas por organizaciones de Derechos Humanos y otros grupos de la sociedad civil que cuentan con la posibilidad de ejercer acciones de observación y verificación durante la protesta social. Así es expuesto en el Protocolo: “Si durante el desarrollo de las manifestaciones, movilizaciones y protestas se presentan actos de violencia, las CVI podrán mediar, en coordinación con los funcionarios públicos presentes, con el fin de promover el respeto y garantía el ejercicio de la protesta, así como los derechos de los demás actores que participen o se vean afectados. Además, las CVI junto con otros actores de la civilidad pueden realizar ejercicios de informar y denunciar a través de grabaciones o fotografías de situaciones que den visibilidad al tratamiento inapropiado de la protesta social”5.

 

Con el Protocolo se ha abierto camino al andar, esto es significativo para la coyuntura sociopolítica actual, y la que está por venir con la transición de gobierno de Santos a Duque, pues la mayoría de las políticas del nuevo gobierno buscan la implementación, o fortalecimiento, de políticas que acentúan la violencia, la represión política, los conflictos y la desigualdad en el país.

 

Una muestra clara de estos propósitos es la propuesta del nuevo Ministro de Defensa sobre regular la protesta social a través de una ley estatutaria. Es claro que esta propuesta da cuenta de las intenciones de controlar el derecho fundamental y no la fuerza. Por otro lado, recientemente se radicó el nuevo proyecto de ley de tierras, el 0318 del 2018, que modifica varios aspectos que posibilitaban la democratización de la tierra a favor de los pequeños productores en la ley 160 de 1994, proyecto que en cambio acentúa la concentración de la tierra en beneficio de las multinacionales extranjeras y proyectos de agroturismo, dejando de lado las posibilidades para que el campesinado sea reconocido como sujeto político. Este proyecto de ley ha sido ratificado en el Congreso con 81 votos a favor y 23 en contra –los de los sectores alternativos–, lo que evidencia la reducida posibilidad de participación y visibilidad con que cuentan los movimientos sociales en el aparato estatal y gubernamental.

 

En consecuencia, la protesta y la movilización social es una alternativa clave para seguir demandando transformaciones sociales, de ahí que el Protocolo sea una herramienta eficaz para reducir y/o controlar la violencia oficial y para que el conjunto social enfrente y supere el miedo que le han inyectado para que no demande el respeto de sus derechos.

 

1 Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta como una expresión de los derechos de reunión y manifestación pública y pacífica, 2018.
2 Ver https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/28878-por-que-es-necesario-desmontar-el-esmad.html
3 Rodríguez, E. C. (2017). Caminando la palabra. Movimientos Sociales en Colombia 2010-2016. Bogotá: Desde Abajo.
4 Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta como una expresión de los derechos de reunión y manifestación pública y pacífica, 2018.
5 Ibídem.

Publicado enEdición Nº249
A pie. Marcha campesina reaviva la movilización desde abajo en Venezuela

Se despertó el campesinado venezolano, la sal de su tierra, y marchó con paciencia hacia el lejano poder centrado en Caracas con reclamos ensordecidos y acallados durante años por la agudísima polarización política entre gobierno y oposición de derecha. Su cuestionamiento al gobierno es otro: el arrebato de sus tierras, la persecución que sufren del poder judicial y los latifundistas.


El 12 de julio pasado se inició en Acarigua, casi 500 quilómetros al suroeste de Caracas, una marcha popular que modificó el statu quo político en Venezuela. Como “una gota hirviendo en un témpano de hielo” –para usar una frase del teórico y político venezolano Alfredo Maneiro–, unos 2 mil campesinos de distintos movimientos sociales lograron descongelar la política en Venezuela y en la militancia de base del chavismo cuando comenzaron a caminar, desde el estado Portuguesa, para denunciar desalojos de tierras hechos por terratenientes y asesinatos por sicarios, muchas veces respaldados por las fuerzas armadas y otras instituciones estatales, como los tribunales agrarios.


Después del enfrentamiento entre el gobierno y la oposición que acaparó el espacio político en Venezuela durante los últimos años, después de la atención que recibieron la violencia política durante 2017 y la campaña electoral del primer semestre de 2018, la “marcha admirable campesina” (como fue bautizada popularmente, en referencia a la campaña militar con la que Bolívar tomó Caracas en 1813) marcó el resurgimiento de los movimientos sociales en el escenario político venezolano. Estos han cobrado protagonismo por fuera de los partidos de izquierda y derecha, gracias a un tejido social de movilización capaz de activarse y conseguir un espacio propio en la política nacional.


Día tras día estos pequeñísimos productores agrícolas, sin capacidad de compra de semillas o fertilizantes y muchas veces obligados por su condición humilde a sembrar la tierra con las manos, fueron avanzando rumbo a la capital. Rindieron homenaje a Jesús León y Guillermo Toledo, dos campesinos asesinados en la estancia ganadera Palo Quemado, en el estado de Barinas, presuntamente a mano de sicarios.


Después de tres semanas de marcha a pie, los campesinos llegaron, el 2 de agosto, a las inmediaciones de Miraflores, sede del Ejecutivo nacional, y se encontraron con tres piquetes policiales que les cortaron el paso.


CORRIENDO EL FOCO


Aunque no hubo violencia de ningún lado, la decisión del gobierno de no recibirlos provocó un estupor general y enardeció tanto a los grupos que se sumaron a la marcha en la capital como a las redes sociales. No obstante, la respuesta de los campesinos fue la paciencia, dijeron que esperarían la respuesta oficial. Al día siguiente Nicolás Maduro los recibió ante la radio y las cámaras de televisión. Los voceros de los campesinos hicieron un conjunto de planteos que dibujaron la gravedad de la situación que aqueja a los productores del campo, especialmente a los más pobres, y la indefensión en la que los ha dejado el Estado, especialmente después de la muerte del ex presidente Hugo Chávez.


La confrontación de gran calado entre el gobierno y sus adversarios, y el riesgo de confrontación militar internacional o de guerra civil interna que produjo, habían subordinado hasta ahora las demandas locales y sectoriales, y durante años impidieron que surgieran. En esta movilización el movimiento campesino presentó una serie de cuestiones que buena parte del país, incluido el chavismo, se planteaba, pero no había tenido espacio para comunicar. “¿Qué nos motiva? La necesidad. La necesidad que se sufre en el campo. ¿Producto de qué? Quizás no de las políticas implementadas por Maduro, pero sí de personeros internos que se prestan para que las cosas no les lleguen a los campesinos. Los insumos a tiempo, la regularización de las tierras. Esas son nuestras prioridades”, expresó durante la marcha el campesino Arbonio Ortega, representante de la Plataforma de Lucha Campesina, una de las organizaciones que participaron de la marcha. Ortega aprovechó también a hacerle un reclamo al presidente: “Queremos decirle que considere al campesino como el elemento y eslabón principal de la cadena alimenticia. No es posible que se siente con los otros sectores y con el campesino jamás haya una mesa donde nos podamos sentar”, agregó (desafios.com.ve, 2-VIII-18).

 

CRÍTICA RADICAL


En su recorrida los campesinos se fueron reuniendo con diversos sectores de la sociedad (grupos sindicales, barriales, parlamentarios, consejos de trabajadores y otros grupos de campesinos). Se sumaron a la movilización, sobre todo en las proximidades de la capital, movimientos urbanos populares, líderes sociales y grupos de base, y allí realizaron la primera marcha coordinada de diferentes movimientos sociales en al menos los últimos cinco años. Los campesinos se mantuvieron al frente de la caminata y no incorporaron nuevas vocerías. Se declaraban chavistas y no eran contrarios al gobierno de Maduro, pero realizaron la interpelación más radical que haya tenido que confrontar el presidente durante todo su mandato, en tanto denunciaban la sombría realidad que viven las comunidades campesinas que sufren la violencia de las clases oligárquicas y las fuerzas armadas, la criminalización de la que son objeto por parte del andamiaje judicial, y su exclusión de las políticas agrarias.


Como respuesta a sus demandas, Maduro anunció una reestructuración de la institucionalidad agrícola del Estado. Ordenó devolver a los campesinos las tierras otorgadas durante la presidencia de Hugo Chávez, de las cuales han sido despojados sistemáticamente por orden de tribunales agrarios presionados por sectores latifundistas. Delegó en la Asamblea Nacional Constituyente revisar las leyes agrarias y la investigación de los presuntos actos de sicariato, y exhortó también al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, a investigar a los jueces agrarios que han fallado en contra de los campesinos. Las medidas tomadas deberán ser evaluadas en setiembre próximo en el Congreso Campesino Nacional (supuestonegado.com, 3-VIII-18).


Para los movimientos sociales presentes en el encuentro con el presidente, su respuesta fue asumida como una victoria. Para el resto de los movimientos independientes del país, de izquierda y del chavismo de base, el proceso de interpelación y respuesta abrió una ventana para oxigenar al movimiento popular, en un momento de reflujo político.


REPRESALIAS ASESINAS


Apenas tres horas después de culminado el encuentro se supo del asesinato de tres líderes campesinos en Sabaneta de Barinas, el pueblo donde nació Hugo Chávez. Una de las víctimas había acusado de hostigamiento a un terrateniente, ex vicepresidente de la Federación de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), en un video. El caso elevó la indignación de los movimientos sociales y la presión sobre el gobierno, las fuerzas armadas y todo el sistema judicial, ya que la marcha había logrado concientizar a la ciudadanía nacional respecto de la situación que viven los campesinos en el occidente de Venezuela.


En un país acostumbrado a grandes movilizaciones políticas desplegadas gracias a una inmensa infraestructura de transporte, comida y tarimas (por ejemplo en cada acto electoral), la marcha campesina iniciada en julio tuvo un simbolismo particular por lo épico de su acción y la máxima humildad de sus actores. En tiempos de auge petrolero y de masas se abandonaron las formas tradicionales de acción política de los sujetos históricos venezolanos, y la maquinaria de movilización electoral dificultaba analizar la temperatura política del país; que el chavismo lograra concretar una marcha multitudinaria no era indicativo de que fuera a ganar las siguientes elecciones. Más o menos lo mismo ha ocurrido con la oposición.


MUY LEJOS DE TWITTER


La “marcha admirable” partió y llegó desprovista de transporte y alojamiento, elementos imprescindibles para las movilizaciones políticas de los últimos 20 años. Fue censurada por los medios de comunicación públicos y privados y sólo se sabía de ella por las redes sociales, aunque los campesinos no tenían ninguna cuenta propia a través de la cual se los pudiera seguir. Por ello, a medida que avanzaba, fue despertando la estima en movimientos y organizaciones que han sido relegados por el conflicto internacional y electoral en que ha estado inmerso el país. Éstos vieron en los campesinos marchando una oportunidad para dar vuelta el escenario político y presentar la agenda política de la institucionalización y burocratización que vienen denunciando.


La movilización campesina conmovió al chavismo de base y desató un debate dentro de esa fuerza política. En la actualidad el chavismo es la única fuerza política de peso. La oposición se encuentra en un estado de disolución general; muchos de sus líderes están en el exterior y los que se quedaron en Venezuela no han tenido la capacidad de reorganizar sus filas después de las derrotas de la violencia de calle de 2017 y de las elecciones presidenciales de mayo pasado, que ganó Maduro, aunque con una amplia abstención y sin una fuerza opositora que pudiera hacerle de contrapeso. Este nuevo panorama político nacional junto con las crecientes protestas de corte social han permitido que emerja con inusitada fuerza la diatriba interna contra el chavismo.


CRECIMIENTO DE LA PROTESTA SOCIAL


Quienes pensaron que el triunfo de Maduro en las presidenciales y la dispersión opositora implicarían la muerte de la política durante el mandato presidencial de seis años han quedado sorprendidos por el aumento de la protesta social pasadas apenas diez semanas de los comicios.
En enero de 2018 a lo largo y ancho del país se registraron saqueos como una expresión de protesta social. Estos actos fueron mermando hasta el punto que desaparecieron y dieron paso al debate electoral que culminó en las presidenciales del 20 de mayo. Pero a las pocas semanas comenzaron a resurgir protestas de corte social en medio de una crisis económica que no da tregua y que ninguna política del gobierno parece mitigar. Los saqueos no volvieron, la violencia política de 2017 tampoco, pero las movilizaciones sociales y gremiales sí han emergido con fuerza.


Primero las aguas se agitaron con una andanada de críticas –tanto a la política petrolera como a la falta de recambio en la dirección del partido oficialista, Psuv– que llovieron sobre el gobierno desde diversos sectores del chavismo político e intelectual (véase “Sobrevivir después de la victoria”, Brecha, 22-VI-18). Luego, el incumplimiento del gobierno en la puesta en marcha del Plan 50, que buscaba consensuar el precio de 50 productos entre el Estado, los productores y los vendedores, aumentó el nivel de malestar. Posteriormente han surgido protestas cada vez más grandes en sectores laborales organizados; por ejemplo, el gremio de las enfermeras ha sostenido manifestaciones durante un mes y medio, aproximadamente. Y el gremio de los trabajadores eléctricos también ha montado protestas. Al igual que muchas otras movilizaciones, las dos mencionadas están atravesadas por la demanda de un aumento exponencial del salario, que ha caído a mínimos históricos, en medio de la hiperinflación y una devaluación exagerada de la moneda.


Muchos de los gremios, sindicatos y federaciones de trabajadores de estos sectores responden a Acción Democrática, partido de la oposición que hegemonizó la política nacional durante 40 años (1958-1998) hasta la llegada de Chávez al poder. Su matriz política y el diseño de protestas en años anteriores, relacionadas más con campañas políticas de la oposición que con demandas sociales, genera suspicacia en el gobierno y sus aliados y dificulta un posible acuerdo.

Publicado enInternacional
Los movimientos sociales bajo el gobierno Santos: legado y perspectivas

Los movimientos sociales conocieron y padecieron la real personalidad del gobierno saliente: decir una cosa y hacer otra; fungir de conciliador y actuar de acuerdo a los intereses del capital. En estos últimos años, decenas de acuerdos firmados en distintos municipios y con diferentes actores comunitarios, como condición para levantar las protestas, quedaron ahí, en las firmas…

 

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) tuvieron lugar las más grandes movilizaciones sociales en la historia reciente de Colombia: el paro universitario de octubre de 2011, el paro nacional cafetero en febrero y marzo de 2013, el paro en el Catatumbo en junio y julio de 2013, el paro nacional agrario en agosto de ese año, otro paro agrario en abril y mayo de 2014, y la “Minga Agraria, Campesina, Étnica y Popular” en mayo y junio de 2016. ¿Cómo se explica este ciclo de protesta y cuáles son los retos de los movimientos de cara al retorno del uribismo al gobierno?

 

Para que las movilizaciones se produzcan no sólo se requieren situaciones que afecten la satisfacción de las necesidades de las personas, también es necesario que exista un contexto político propicio, unas formas organizativas mínimas y unos discursos que posibiliten una interpretación de los problemas, sus causas, sus responsables y sus posibles soluciones, con miras a articular las personas en torno a propósitos comunes.

 

El contexto político en el que tuvo lugar el ciclo de protesta se caracterizó por un cierre relativo de la arena política institucional, que incentivó formas de tramitar demandas sociales alternativas a la política representativa, como la protesta social. Al mismo tiempo, la represión y las consecuencias adversas del conflicto armado sobre las organizaciones y la protesta sociales se mantuvieron como una constante que impone altos costos para la acción colectiva.

 

No obstante, las movilizaciones han sido posibles porque, por una parte, existe una recomposición organizativa y discursiva en los movimientos sociales, necesaria para agenciar acciones colectivas de grandes magnitudes y articular diversos actores, cuyas bases se desarrollaron durante el gobierno Uribe (2002-2010) y, por otra, las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) desde agosto de 2012 incentivaron la movilización, puesto que los potenciales beneficios de posicionar reivindicaciones sistemáticamente bloqueadas en la agenda pública que están en la raíz de la guerra son superiores a los costos en términos de la represión.

 

El cierre institucional

 

En parte, las protestas sociales son un recurso de última instancia que la ciudadanía implementa para hacerse oír de las autoridades públicas. Las masivas protestas indican que los mecanismos de agregación y representación de intereses no funcionan como predice la teoría democrática. En efecto, la política institucional en Colombia se caracteriza por un cierre frente a ciertas demandas y reivindicaciones de los sectores populares que tiene parte de su explicación en sus propias dinámicas.


Para enfrentar la fragmentación partidaria que introdujo la Constitución de 1991, la reforma política de 2003, mediante el Acto Legislativo 1, estableció restricciones de entrada a la arena electoral. El umbral y la cifra repartidora, tenían como fin disminuir el número de partidos legalmente reconocidos y fortalecer los partidos más votados. Pero no se trata únicamente de restricciones formales. La “parapolítica” puso en evidencia otros mecanismos restrictivos, como el alto costo de las campañas y, en general, un problema de legitimidad y crisis de representación.

 

Como consecuencia de la vinculación entre distintas expresiones de la criminalidad organizada y los actores de la política institucional, el principio un ciudadano=un voto difícilmente aplica en ciertos lugares del país, por el secular gamonalismo armado transmutado de formas diversas en medio de la guerra, por los electorados cautivos de las maquinarias clientelistas, o por una combinación de ambos. El “voto de opinión” si acaso opera en algunas de las grandes ciudades, debido a la fluidez entre legalidad e ilegalidad que caracteriza la competencia partidaria. Para completar, tanto la infiltración del crimen organizado como la ausencia de controles efectivos por parte de una autoridad electoral politizada, el Consejo Nacional Electoral, aumentan astronómicamente los costos de las campañas, volviéndolos restrictivos y excluyendo de la competencia a buena parte de los actores políticos representativos.

 

En suma, este cierre de la arena política institucional de cierto modo incentiva la búsqueda de formas alternativas de participación y tramitación de demandas, como la protesta social, entre 2010 y 2016.

 

La ventana de oportunidad del proceso de paz

 

Las dinámicas propias del conflicto armado afectan de distintas formas a la protesta social y a los movimientos sociales, principalmente al vulnerar los derechos de asociación, reunión y expresión, que hacen posible la formación de organizaciones y la construcción de tejido social. En medio de la guerra, las organizaciones sociales son blanco de las acusaciones de los distintos actores armados, quienes tratan de usarlas para conseguir el dominio de la población, presumen que colaboran con su enemigo o impiden los desplazamientos y las comunicaciones. En medio de la confrontación es muy improbable la emergencia de discursos políticos alternativos a la polarización amigo-enemigo, pues tienden a ser reprimidos por todos los bandos. En últimas, la guerra deteriora las redes de confianza interpersonal, tanto entre conocidos como entre extraños, haciendo prácticamente imposibles los procesos organizativos. Por todo ello, el conflicto armado ha tenido como consecuencia global el que los movimientos sociales asuman un comportamiento más defensivo y/o reactivo que propositivo y/o proactivo, puesto que la defensa de la vida desplaza otras demandas urgentes de las poblaciones.

 

El gobierno de Santos implicó una ventana de oportunidad para los movimientos sociales, al suspender algunas de estas dinámicas. El presidente le imprimió a su gobierno un cambio de estilo que, entre otras cosas, se vio reflejado en un tratamiento distinto de la protesta y de los movimientos sociales. La transformación más notable fue en el discurso del propio Presidente, al reconocer la existencia de un conflicto armado, que contrasta con la creencia de su antecesor, quien diagnosticaba la situación de guerra como una agresión terrorista frente a un Estado legítimo, y sostener que la protesta social es un derecho y una forma de participación legítima.

 

La represión es una constante en la historia de Colombia y no mermó pese a la reconfiguración política del gobierno Santos. La represión de la protesta fue ascendiendo conforme esta iba ganando fuerza. Pero también ha persistido la represión política, que se ensaña contra los activistas de organizaciones de víctimas y de distintos movimientos sociales. Sin embargo, la apertura de negociaciones de paz con las Farc desde agosto de 2012 le imprimió una dinámica distinta al escenario político, que no solamente enemistó las élites políticas representadas por Uribe y Santos, sino que amplió la agenda pública a todas aquellas demandas que están en la raíz de la guerra y que habían quedado congeladas desde el fin de las negociaciones de paz con Pastrana en febrero de 2002. Por consiguiente, para los activistas, en la coyuntura del proceso de paz los beneficios de la protesta, posicionar dichas demandas en la agenda política, probablemente superaban los costos en términos de represión.

 

La recomposición organizativa y discursiva

 

La caída del muro de Berlín puso en evidencia la crisis de las formas organizativas que habían soportado la acción colectiva, basadas en el partido de vanguardia y el sindicato. El sindicalismo, además, se vio afectado por la reestructuración capitalista propiciada por las reformas neoliberales, que flexibilizaron y precarizaron las formas de vinculación laboral, por ejemplo al acabar con los contratos a término indefinido, favoreciendo la informalidad. Como consecuencia, los trabajadores fluctúan en el espacio, deben desplazarse a donde exista la posibilidad de trabajar, y el tiempo, una buena parte del cual lo dedican a conseguir trabajo, como desempleados o trabajadores informales. El sindicato, estructurado en función del territorio o del sector económico, no ha podido responder a estas nuevas dinámicas, perdiendo la posibilidad de articular la acción colectiva.

 

Además, tras la apertura política provista por la Constitución de 1991, buena parte de los activistas de movimientos sociales se orientaron a la política institucional, y si bien tuvieron diversos resultados, lo cierto es que abandonaron el campo de los movimientos sociales. Así mismo, el recrudecimiento de la guerra desde mediados de los años noventa, que incrementó el costo de la organización y la movilización social, incentivó a los activistas a formar ONGs, organizaciones que tienen como prioridad influir en la opinión pública y en las decisiones de actores relevantes utilizando como principal recurso la información, más que promover la acción colectiva.

 

Por consiguiente, fue únicamente como consecuencia de la oposición al gobierno de Uribe que se desplegaron renovados procesos organizativos en los movimientos sociales, caracterizados por estructuras flexibles y tendientes a la horizontalidad y abiertas hacia la diversidad de reivindicaciones de diversos sectores sociales. Esta dinámica es coronada a fines de la primera década del siglo XXI con la Minga nacional liderada por el pueblo Nasa en 2008, que significó una influencia definitiva sobre otras iniciativas. En efecto, el encuentro entre el pueblo Nasa y diversos sectores sociales congregados en el campus de la Universidad Nacional, en Bogotá, fue fundamental para la renovación de los lenguajes políticos de los movimientos sociales, empezando precisamente por el movimiento estudiantil. A fines del gobierno Uribe los procesos organizativos se multiplicaron por todo el país, hasta la conformación de la Marcha Patriótica y del Congreso de los Pueblos, espacios de encuentro de los movimientos sociales que reúnen una diversidad de organizaciones sociales de distintos sectores, rurales, urbanos y étnicos, y que dinamizaron el ciclo de protestas desde 2010.

 

Las dos plataformas representan un esfuerzo por recomponer los proyectos políticos desde abajo. En este sentido, ambos procesos han conllevado una reconfiguración del discurso político que finalmente consigue dar una respuesta al declive de los idearios que trajo consigo la crisis de la izquierda e incorpora la diversidad de reivindicaciones que se fueron decantando a lo largo de las décadas de los noventa y de los dos mil, como las cuestiones ambiental, cultural, étnica, de género, la defensa de los derechos humanos y la salida negociada del conflicto social y armado.

 

Así, aunque Colombia siempre ha sido una excepción en términos de las dinámicas de los procesos políticos latinoamericanos, los actores sociales y políticos poco a poco se han ido permeando de eso que podríamos denominar “revolución semántica”, que ha caracterizado los procesos de transformación, con todo y sus limitaciones, en otros países de la región. Por ejemplo, hoy es común que en el campo de los movimientos sociales se hable de buen vivir, interculturalidad, descolonización, despatriarcalización y sinónimos, pero también se está empezando a hablar de socialismo articulando todos estos conceptos y se ha puesto nuevamente en escena el proyecto de la revolución aunque no sea muy preciso aún, igual que en otros casos de América Latina.

 

Perspectivas hacia el nuevo gobierno uribista

 

Las posibilidades de los movimientos sociales en el gobierno de Iván Duque (2018-2022), dependerán en buena medida de su capacidad para cohesionar el campo popular y articular actores externos a sus reivindicaciones, tal como lo hicieron en el adverso contexto de fines del gobierno de Álvaro Uribe. Claramente, se trata de un retorno de Uribe al poder, pues a diferencia de Santos, quien también fue nominado por el expresidente, Duque no tiene una red de relaciones propia sobre la cual soportar su muy hipotética independencia, teniendo que apoyarse necesariamente en las redes de lealtades de su patrón.

 

Sin embargo, existen considerables diferencias entre la llegada de Uribe al gobierno en 2002 y el arribo de Duque, que pueden significar oportunidades políticas para la acción de los movimientos sociales y otros actores del campo popular. Para empezar, la legitimidad de Duque no es comparable a la de su padrino político, así ahora él mismo opere en la trastienda. Uribe llegó a la presidencia en primera vuelta en 2002 y 2006, nunca contó con una oposición como la que representan los ocho millones de votos de Gustavo Petro. Por otro lado, si bien Duque, al igual que Uribe, ha articulado toda la clase política tradicional, el pegamento de su coalición es distinto y tal vez menos efectivo.

 

En efecto, la coalición uribista estaba cohesionada en función del antagonismo hacia las Farc, que hacia 2002 amenazaba con un repunte en sus acciones urbanas, y de la política de seguridad democrática. En cambio, la coalición que sustenta a Duque no tiene un proyecto análogo. Si bien el antagonismo que los unió en la coyuntura electoral fue el temor frente a Colombia Humana y Petro, el pegamento real es la conocida “mermelada”. Ciertamente, ese antagonismo ideológico persistirá, aunque sea en un nivel retórico, pero al estar Petro en la oposición la estigmatización de sus propuestas como “castrochavismo” pierde efectividad. Por tanto, hay muchas probabilidades de que la coalición de gobierno presente fisuras, una vez se advierta que los recursos públicos no alcanzan para satisfacer los apetitos de corrupción y clientelismo de la totalidad de actores que aglutina.

 

Es por esa razón que desde ya el uribismo busca con desespero un reemplazo a las Farc, un antagonismo capaz de cohesionar más allá de la “mermelada” a su coalición y de brindar una mejor base de legitimidad a su gobierno. No hay mejor escenario para el uribismo que la reactivación de la guerra. De ahí la renovación de la política policiva y represiva contra los cultivos ilícitos, apuntando a erigirlos en un mal análogo al que en su discurso representó las Farc. De ahí también la creciente beligerancia del presidente electo en contra del gobierno venezolano.

 

La represión oficial y paraoficial, que ya ha cobrado la vida de medio millar de líderes sociales y que debería concebirse como otro genocidio político, tenderá a aumentar en el corto plazo. A las élites políticas y económicas no les conviene detener la carnicería, pues de esa manera se debilitan los liderazgos que nacieron y se consolidaron durante el ciclo de protesta, eliminando la base de apoyo a las reformas contenidas en el acuerdo de paz que tanto temen. Pero además los asesinatos y las masacres crean el clima de guerra que, esperan, legitime su discurso de necesidad de “seguridad” y contribuya a la legitimación de la coalición de gobierno. Por consiguiente, los costos de organización y movilización social se incrementarán. La represión debilita las redes de confianza interpersonal, el tejido social y las organizaciones donde anidan los movimientos sociales.

 

Tanto la búsqueda de un factor de legitimación bélico como la represión configuran un contexto político necesariamente polarizado, similar al que operó durante los gobiernos de Uribe. Los movimientos sociales no pueden marginarse de ese contexto, pero pueden articular sus demandas en función de la defensa de los acuerdos de paz y de la implementación de las reformas necesarias para evitar el retorno de la guerra. Incluso ahora pueden hacerlo con más efectividad que bajo el gobierno de Santos, pues su adversario, el gobierno de Duque, ya no tendrá una visión alternativa de la paz, que dispute su significado, sino su contrario.

 

En ese empeño cuentan inicialmente, al menos mientras se fracture la coalición de gobierno, con muy pocos aliados: la comunidad internacional favorable a la paz y la oposición política en el Congreso. Las posibilidades de articular estos actores a su lucha dependen en primer lugar de la cohesión que alcancen los propios movimientos sociales. En este sentido, el principal obstáculo es la dinámica centrífuga que ha tenido en la historia del país la interacción entre los ámbitos político y social. En general, la fragmentación de las organizaciones y los movimientos sociales se explica por las disputas entre los partidos políticos que sobre ellos influyen. La propuesta de Gustavo Petro, para hacer oposición con un pie en la calle y otro en el Congreso, apunta a una articulación de repertorios de acción entre el campo de los movimientos sociales y el de la política institucional. Sin embargo, depende también de la articulación de los actores de la oposición institucional con influencia sobre movimientos y organizaciones sociales de distintas regiones, por el momento reacios a aceptar su liderazgo y, sobre todo, su estilo de política basado en la interpelación directa del pueblo. Pero además, no necesariamente implica un fortalecimiento de los movimientos ni de su autonomía.

 

En fin, bajo el gobierno Duque los movimientos sociales enfrentan un contexto similar al de los gobiernos de Uribe en términos de la represión y de la polarización del campo político. Sin embargo, el gobierno no goza de una legitimidad considerable, no tiene un proyecto político ni un antagonismo que articule su coalición más allá del reparto de recursos públicos, lo cual debilita las probabilidades de que se consolide. Las oportunidades de acción y organización de los movimientos sociales dependerán de su capacidad para articular la oposición política y social, y conseguir aliados, en torno a un proyecto político que no solo dispute el discurso guerrerista del gobierno sino que llene de contenido la defensa de los acuerdos de paz y su implementación.

 

 


 

Recuadro

 

Perspectivas de los movimientos sociales bajo el gobierno de Iván Duque (2018-2022)

Contexto político

 - Polarización en torno a las alternativas de paz y guerra.

- Continúa el cierre institucional.
- Aumenta la represión y los costos de movilización.
- Aliados: la comunidad internacional y la oposición en el Congreso.
- Probabilidades de fragmentación en la coalición de gobierno basada en la “mermelada”.

Estructuras
de movilización
- Organizaciones, liderazgos y tejido social debilitados por la represión.
- Posibilidades de articulación entre organizaciones de movimientos sociales y entre éstas y los partidos de oposición institucional.
Discursos- El gobierno busca un antagonismo que reemplace a las Farc para cohesionarse y ganar legitimidad (el narcotráfico, Venezuela), pero más allá del rechazo a los acuerdos de paz no tiene un proyecto propio.
- Retorno de los discursos contrainsurgentes que estigmatizan toda política alternativa.
- La defensa de los acuerdos de paz y de su implementación puede articular las diversas demandas de los movimientos sociales.

 



 

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Los movimientos sociales bajo el gobierno Santos: legado y perspectivas

Los movimientos sociales conocieron y padecieron la real personalidad del gobierno saliente: decir una cosa y hacer otra; fungir de conciliador y actuar de acuerdo a los intereses del capital. En estos últimos años, decenas de acuerdos firmados en distintos municipios y con diferentes actores comunitarios, como condición para levantar las protestas, quedaron ahí, en las firmas…

 

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) tuvieron lugar las más grandes movilizaciones sociales en la historia reciente de Colombia: el paro universitario de octubre de 2011, el paro nacional cafetero en febrero y marzo de 2013, el paro en el Catatumbo en junio y julio de 2013, el paro nacional agrario en agosto de ese año, otro paro agrario en abril y mayo de 2014, y la “Minga Agraria, Campesina, Étnica y Popular” en mayo y junio de 2016. ¿Cómo se explica este ciclo de protesta y cuáles son los retos de los movimientos de cara al retorno del uribismo al gobierno?

 

Para que las movilizaciones se produzcan no sólo se requieren situaciones que afecten la satisfacción de las necesidades de las personas, también es necesario que exista un contexto político propicio, unas formas organizativas mínimas y unos discursos que posibiliten una interpretación de los problemas, sus causas, sus responsables y sus posibles soluciones, con miras a articular las personas en torno a propósitos comunes.

 

El contexto político en el que tuvo lugar el ciclo de protesta se caracterizó por un cierre relativo de la arena política institucional, que incentivó formas de tramitar demandas sociales alternativas a la política representativa, como la protesta social. Al mismo tiempo, la represión y las consecuencias adversas del conflicto armado sobre las organizaciones y la protesta sociales se mantuvieron como una constante que impone altos costos para la acción colectiva.

 

No obstante, las movilizaciones han sido posibles porque, por una parte, existe una recomposición organizativa y discursiva en los movimientos sociales, necesaria para agenciar acciones colectivas de grandes magnitudes y articular diversos actores, cuyas bases se desarrollaron durante el gobierno Uribe (2002-2010) y, por otra, las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) desde agosto de 2012 incentivaron la movilización, puesto que los potenciales beneficios de posicionar reivindicaciones sistemáticamente bloqueadas en la agenda pública que están en la raíz de la guerra son superiores a los costos en términos de la represión.

 

El cierre institucional

 

En parte, las protestas sociales son un recurso de última instancia que la ciudadanía implementa para hacerse oír de las autoridades públicas. Las masivas protestas indican que los mecanismos de agregación y representación de intereses no funcionan como predice la teoría democrática. En efecto, la política institucional en Colombia se caracteriza por un cierre frente a ciertas demandas y reivindicaciones de los sectores populares que tiene parte de su explicación en sus propias dinámicas.


Para enfrentar la fragmentación partidaria que introdujo la Constitución de 1991, la reforma política de 2003, mediante el Acto Legislativo 1, estableció restricciones de entrada a la arena electoral. El umbral y la cifra repartidora, tenían como fin disminuir el número de partidos legalmente reconocidos y fortalecer los partidos más votados. Pero no se trata únicamente de restricciones formales. La “parapolítica” puso en evidencia otros mecanismos restrictivos, como el alto costo de las campañas y, en general, un problema de legitimidad y crisis de representación.

 

Como consecuencia de la vinculación entre distintas expresiones de la criminalidad organizada y los actores de la política institucional, el principio un ciudadano=un voto difícilmente aplica en ciertos lugares del país, por el secular gamonalismo armado transmutado de formas diversas en medio de la guerra, por los electorados cautivos de las maquinarias clientelistas, o por una combinación de ambos. El “voto de opinión” si acaso opera en algunas de las grandes ciudades, debido a la fluidez entre legalidad e ilegalidad que caracteriza la competencia partidaria. Para completar, tanto la infiltración del crimen organizado como la ausencia de controles efectivos por parte de una autoridad electoral politizada, el Consejo Nacional Electoral, aumentan astronómicamente los costos de las campañas, volviéndolos restrictivos y excluyendo de la competencia a buena parte de los actores políticos representativos.

 

En suma, este cierre de la arena política institucional de cierto modo incentiva la búsqueda de formas alternativas de participación y tramitación de demandas, como la protesta social, entre 2010 y 2016.

 

La ventana de oportunidad del proceso de paz

 

Las dinámicas propias del conflicto armado afectan de distintas formas a la protesta social y a los movimientos sociales, principalmente al vulnerar los derechos de asociación, reunión y expresión, que hacen posible la formación de organizaciones y la construcción de tejido social. En medio de la guerra, las organizaciones sociales son blanco de las acusaciones de los distintos actores armados, quienes tratan de usarlas para conseguir el dominio de la población, presumen que colaboran con su enemigo o impiden los desplazamientos y las comunicaciones. En medio de la confrontación es muy improbable la emergencia de discursos políticos alternativos a la polarización amigo-enemigo, pues tienden a ser reprimidos por todos los bandos. En últimas, la guerra deteriora las redes de confianza interpersonal, tanto entre conocidos como entre extraños, haciendo prácticamente imposibles los procesos organizativos. Por todo ello, el conflicto armado ha tenido como consecuencia global el que los movimientos sociales asuman un comportamiento más defensivo y/o reactivo que propositivo y/o proactivo, puesto que la defensa de la vida desplaza otras demandas urgentes de las poblaciones.

 

El gobierno de Santos implicó una ventana de oportunidad para los movimientos sociales, al suspender algunas de estas dinámicas. El presidente le imprimió a su gobierno un cambio de estilo que, entre otras cosas, se vio reflejado en un tratamiento distinto de la protesta y de los movimientos sociales. La transformación más notable fue en el discurso del propio Presidente, al reconocer la existencia de un conflicto armado, que contrasta con la creencia de su antecesor, quien diagnosticaba la situación de guerra como una agresión terrorista frente a un Estado legítimo, y sostener que la protesta social es un derecho y una forma de participación legítima.

 

La represión es una constante en la historia de Colombia y no mermó pese a la reconfiguración política del gobierno Santos. La represión de la protesta fue ascendiendo conforme esta iba ganando fuerza. Pero también ha persistido la represión política, que se ensaña contra los activistas de organizaciones de víctimas y de distintos movimientos sociales. Sin embargo, la apertura de negociaciones de paz con las Farc desde agosto de 2012 le imprimió una dinámica distinta al escenario político, que no solamente enemistó las élites políticas representadas por Uribe y Santos, sino que amplió la agenda pública a todas aquellas demandas que están en la raíz de la guerra y que habían quedado congeladas desde el fin de las negociaciones de paz con Pastrana en febrero de 2002. Por consiguiente, para los activistas, en la coyuntura del proceso de paz los beneficios de la protesta, posicionar dichas demandas en la agenda política, probablemente superaban los costos en términos de represión.

 

La recomposición organizativa y discursiva

 

La caída del muro de Berlín puso en evidencia la crisis de las formas organizativas que habían soportado la acción colectiva, basadas en el partido de vanguardia y el sindicato. El sindicalismo, además, se vio afectado por la reestructuración capitalista propiciada por las reformas neoliberales, que flexibilizaron y precarizaron las formas de vinculación laboral, por ejemplo al acabar con los contratos a término indefinido, favoreciendo la informalidad. Como consecuencia, los trabajadores fluctúan en el espacio, deben desplazarse a donde exista la posibilidad de trabajar, y el tiempo, una buena parte del cual lo dedican a conseguir trabajo, como desempleados o trabajadores informales. El sindicato, estructurado en función del territorio o del sector económico, no ha podido responder a estas nuevas dinámicas, perdiendo la posibilidad de articular la acción colectiva.

 

Además, tras la apertura política provista por la Constitución de 1991, buena parte de los activistas de movimientos sociales se orientaron a la política institucional, y si bien tuvieron diversos resultados, lo cierto es que abandonaron el campo de los movimientos sociales. Así mismo, el recrudecimiento de la guerra desde mediados de los años noventa, que incrementó el costo de la organización y la movilización social, incentivó a los activistas a formar ONGs, organizaciones que tienen como prioridad influir en la opinión pública y en las decisiones de actores relevantes utilizando como principal recurso la información, más que promover la acción colectiva.

 

Por consiguiente, fue únicamente como consecuencia de la oposición al gobierno de Uribe que se desplegaron renovados procesos organizativos en los movimientos sociales, caracterizados por estructuras flexibles y tendientes a la horizontalidad y abiertas hacia la diversidad de reivindicaciones de diversos sectores sociales. Esta dinámica es coronada a fines de la primera década del siglo XXI con la Minga nacional liderada por el pueblo Nasa en 2008, que significó una influencia definitiva sobre otras iniciativas. En efecto, el encuentro entre el pueblo Nasa y diversos sectores sociales congregados en el campus de la Universidad Nacional, en Bogotá, fue fundamental para la renovación de los lenguajes políticos de los movimientos sociales, empezando precisamente por el movimiento estudiantil. A fines del gobierno Uribe los procesos organizativos se multiplicaron por todo el país, hasta la conformación de la Marcha Patriótica y del Congreso de los Pueblos, espacios de encuentro de los movimientos sociales que reúnen una diversidad de organizaciones sociales de distintos sectores, rurales, urbanos y étnicos, y que dinamizaron el ciclo de protestas desde 2010.

 

Las dos plataformas representan un esfuerzo por recomponer los proyectos políticos desde abajo. En este sentido, ambos procesos han conllevado una reconfiguración del discurso político que finalmente consigue dar una respuesta al declive de los idearios que trajo consigo la crisis de la izquierda e incorpora la diversidad de reivindicaciones que se fueron decantando a lo largo de las décadas de los noventa y de los dos mil, como las cuestiones ambiental, cultural, étnica, de género, la defensa de los derechos humanos y la salida negociada del conflicto social y armado.

 

Así, aunque Colombia siempre ha sido una excepción en términos de las dinámicas de los procesos políticos latinoamericanos, los actores sociales y políticos poco a poco se han ido permeando de eso que podríamos denominar “revolución semántica”, que ha caracterizado los procesos de transformación, con todo y sus limitaciones, en otros países de la región. Por ejemplo, hoy es común que en el campo de los movimientos sociales se hable de buen vivir, interculturalidad, descolonización, despatriarcalización y sinónimos, pero también se está empezando a hablar de socialismo articulando todos estos conceptos y se ha puesto nuevamente en escena el proyecto de la revolución aunque no sea muy preciso aún, igual que en otros casos de América Latina.

 

Perspectivas hacia el nuevo gobierno uribista

 

Las posibilidades de los movimientos sociales en el gobierno de Iván Duque (2018-2022), dependerán en buena medida de su capacidad para cohesionar el campo popular y articular actores externos a sus reivindicaciones, tal como lo hicieron en el adverso contexto de fines del gobierno de Álvaro Uribe. Claramente, se trata de un retorno de Uribe al poder, pues a diferencia de Santos, quien también fue nominado por el expresidente, Duque no tiene una red de relaciones propia sobre la cual soportar su muy hipotética independencia, teniendo que apoyarse necesariamente en las redes de lealtades de su patrón.

 

Sin embargo, existen considerables diferencias entre la llegada de Uribe al gobierno en 2002 y el arribo de Duque, que pueden significar oportunidades políticas para la acción de los movimientos sociales y otros actores del campo popular. Para empezar, la legitimidad de Duque no es comparable a la de su padrino político, así ahora él mismo opere en la trastienda. Uribe llegó a la presidencia en primera vuelta en 2002 y 2006, nunca contó con una oposición como la que representan los ocho millones de votos de Gustavo Petro. Por otro lado, si bien Duque, al igual que Uribe, ha articulado toda la clase política tradicional, el pegamento de su coalición es distinto y tal vez menos efectivo.

 

En efecto, la coalición uribista estaba cohesionada en función del antagonismo hacia las Farc, que hacia 2002 amenazaba con un repunte en sus acciones urbanas, y de la política de seguridad democrática. En cambio, la coalición que sustenta a Duque no tiene un proyecto análogo. Si bien el antagonismo que los unió en la coyuntura electoral fue el temor frente a Colombia Humana y Petro, el pegamento real es la conocida “mermelada”. Ciertamente, ese antagonismo ideológico persistirá, aunque sea en un nivel retórico, pero al estar Petro en la oposición la estigmatización de sus propuestas como “castrochavismo” pierde efectividad. Por tanto, hay muchas probabilidades de que la coalición de gobierno presente fisuras, una vez se advierta que los recursos públicos no alcanzan para satisfacer los apetitos de corrupción y clientelismo de la totalidad de actores que aglutina.

 

Es por esa razón que desde ya el uribismo busca con desespero un reemplazo a las Farc, un antagonismo capaz de cohesionar más allá de la “mermelada” a su coalición y de brindar una mejor base de legitimidad a su gobierno. No hay mejor escenario para el uribismo que la reactivación de la guerra. De ahí la renovación de la política policiva y represiva contra los cultivos ilícitos, apuntando a erigirlos en un mal análogo al que en su discurso representó las Farc. De ahí también la creciente beligerancia del presidente electo en contra del gobierno venezolano.

 

La represión oficial y paraoficial, que ya ha cobrado la vida de medio millar de líderes sociales y que debería concebirse como otro genocidio político, tenderá a aumentar en el corto plazo. A las élites políticas y económicas no les conviene detener la carnicería, pues de esa manera se debilitan los liderazgos que nacieron y se consolidaron durante el ciclo de protesta, eliminando la base de apoyo a las reformas contenidas en el acuerdo de paz que tanto temen. Pero además los asesinatos y las masacres crean el clima de guerra que, esperan, legitime su discurso de necesidad de “seguridad” y contribuya a la legitimación de la coalición de gobierno. Por consiguiente, los costos de organización y movilización social se incrementarán. La represión debilita las redes de confianza interpersonal, el tejido social y las organizaciones donde anidan los movimientos sociales.

 

Tanto la búsqueda de un factor de legitimación bélico como la represión configuran un contexto político necesariamente polarizado, similar al que operó durante los gobiernos de Uribe. Los movimientos sociales no pueden marginarse de ese contexto, pero pueden articular sus demandas en función de la defensa de los acuerdos de paz y de la implementación de las reformas necesarias para evitar el retorno de la guerra. Incluso ahora pueden hacerlo con más efectividad que bajo el gobierno de Santos, pues su adversario, el gobierno de Duque, ya no tendrá una visión alternativa de la paz, que dispute su significado, sino su contrario.

 

En ese empeño cuentan inicialmente, al menos mientras se fracture la coalición de gobierno, con muy pocos aliados: la comunidad internacional favorable a la paz y la oposición política en el Congreso. Las posibilidades de articular estos actores a su lucha dependen en primer lugar de la cohesión que alcancen los propios movimientos sociales. En este sentido, el principal obstáculo es la dinámica centrífuga que ha tenido en la historia del país la interacción entre los ámbitos político y social. En general, la fragmentación de las organizaciones y los movimientos sociales se explica por las disputas entre los partidos políticos que sobre ellos influyen. La propuesta de Gustavo Petro, para hacer oposición con un pie en la calle y otro en el Congreso, apunta a una articulación de repertorios de acción entre el campo de los movimientos sociales y el de la política institucional. Sin embargo, depende también de la articulación de los actores de la oposición institucional con influencia sobre movimientos y organizaciones sociales de distintas regiones, por el momento reacios a aceptar su liderazgo y, sobre todo, su estilo de política basado en la interpelación directa del pueblo. Pero además, no necesariamente implica un fortalecimiento de los movimientos ni de su autonomía.

 

En fin, bajo el gobierno Duque los movimientos sociales enfrentan un contexto similar al de los gobiernos de Uribe en términos de la represión y de la polarización del campo político. Sin embargo, el gobierno no goza de una legitimidad considerable, no tiene un proyecto político ni un antagonismo que articule su coalición más allá del reparto de recursos públicos, lo cual debilita las probabilidades de que se consolide. Las oportunidades de acción y organización de los movimientos sociales dependerán de su capacidad para articular la oposición política y social, y conseguir aliados, en torno a un proyecto político que no solo dispute el discurso guerrerista del gobierno sino que llene de contenido la defensa de los acuerdos de paz y su implementación.

 

 


 

Recuadro

 

Perspectivas de los movimientos sociales bajo el gobierno de Iván Duque (2018-2022)

Contexto político

 - Polarización en torno a las alternativas de paz y guerra.

- Continúa el cierre institucional.
- Aumenta la represión y los costos de movilización.
- Aliados: la comunidad internacional y la oposición en el Congreso.
- Probabilidades de fragmentación en la coalición de gobierno basada en la “mermelada”.

Estructuras
de movilización
- Organizaciones, liderazgos y tejido social debilitados por la represión.
- Posibilidades de articulación entre organizaciones de movimientos sociales y entre éstas y los partidos de oposición institucional.
Discursos- El gobierno busca un antagonismo que reemplace a las Farc para cohesionarse y ganar legitimidad (el narcotráfico, Venezuela), pero más allá del rechazo a los acuerdos de paz no tiene un proyecto propio.
- Retorno de los discursos contrainsurgentes que estigmatizan toda política alternativa.
- La defensa de los acuerdos de paz y de su implementación puede articular las diversas demandas de los movimientos sociales.

 



 

Publicado enEdición Nº248
Viernes, 27 Julio 2018 06:59

Crisis en Nicaragua cumple 100 días

Crisis en Nicaragua cumple 100 días

Un total de 448 muertos, 2 mil 830 heridos y 595 desaparecidos ha dejado la crisis que sacude Nicaragua, que este jueves cumplió 100 días, reportó Alvaro Leiva, titular de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, mientras continúan las protestas antigubernamentales en el país.

Al divulgar un reporte sobre la violaciones de derechos humanos en esta crisis, Leiva indicó que de los 448 muertos, 399 están debidamente identificados y los otros 49 aún no, pero hay pruebas como fotos, noticias y otros soportes.


Aseguró que 425 fueron ejecutados, de los cuales 358 murieron por heridas de armas de fuego, que incluyen 115 con disparos en la cabeza, 76 en el tórax y 58 en el cuello, abdomen y espalda. Añadió que del total de los heridos, 72 quedaron con lesiones permanentes.


Explicó que los pasados 15 días fueron particularmente sangrientos , debido a que se registraron otras 97 víctimas, con un promedio de seis fallecidos por día, y advirtió que la gran mayoría eran manifestantes civiles que protestaban contra el gobierno del presidente, Daniel Ortega.


El estudio, elaborado entre el 19 de abril y el 25 de julio, asegura que unas 718 personas fueron secuestradas por grupos parapoliciales y paramilitares que actúan motivados por un fanatismo partidario e ideológico a favor de Ortega. Muchos de los plagiados han aparecido luego en prisiones y enfrentan procesos judiciales que según el organismo de derechos humanos son ilegales.


Ante ello, Leiva exigió al gobierno desarticular los grupos paramilitares, a los que acusa de capturar, torturar, asesinar y causar terror a pobladores a raíz de las protestas antigubernamentales. Si verdaderamente, como lo ha expresado el presidente Ortega, (estos grupos) no pertenecen al gobierno, que tome cartas en el asunto y garantice el derecho a la seguridad ciudadana y a la vida, demandó.
Afirmó que los ciudadanos se encuentran en un estado de profundo miedo, terror, indefensión e impotencia por la presencia de paramilitares que, según denuncias, operan coordinados con la policía.


En esta capital cientos de opositores realizaron un plantón para conmemorar los 100 días del inicio de las protestas contra el gobierno de Ortega, en homenaje a las víctimas y en solidaridad con los presos políticos.


Nicaragua vive su peor crisis política en 40 años desde que comenzó la protesta estudiantil el 18 de abril en rechazo a una reforma al sistema de seguridad social, que fue derogada. Las manifestaciones continuaron ante el incrementó de la violencia gubernamental y para exigir la salida de Ortega, que la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia pide sea con elecciones anticipadas.


En Washinton, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, acusó este viernes a Ortega de estar librando una guerra contra la Iglesia católica en Nicaragua, que es mediadora de las mesas de dialogo entre el gobierno y la oposición.

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