Human Rights Watch denuncia "graves violaciones a los derechos humanos" en Chile

También informó 341 denuncias de torturas y 74 querellas por abusos sexuales. "Carabineros obligaron a detenidos, incluidos niños y niñas, a desvestirse y hacer sentadillas totalmente desnudos en comisarías”, denuncian.

Human Rights Watch (HRW) aseguró que en Chile se cometieron "graves violaciones a los derechos humanos" en el último mes. Las principales conclusiones del informe presentado el martes ratifican el uso excesivo de la fuerza en las calles y los abusos en las detenciones. En ese sentido, la ONG exige una "reforma urgente" de Carabineros y una auditoría que determine los riesgos que implica el uso de escopetas en manifestaciones. También cuestionan la cifra oficial de 23 muertos durante las protestas que empezaron el 18 de octubre. El informe surge del trabajo de campo realizado por HRW en las últimas semanas, incluyendo entrevistas a más de 70 personas. Se trata del tercer llamado de atención al gobierno de Sebastián Piñera, después de los informes presentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional.

"Factores como el uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios; los abusos contra personas detenidas mientras estaban a disposición de las autoridades y sistemas de control internos deficientes facilitaron que se produjeran graves violaciones de los derechos de muchos chilenos", expresó José Miguel Vivanco, director para América de HRW, según recoge el documento.

La organización entrevistó a más de 70 personas durante dos semanas de investigación en Santiago y Valparaíso entre víctimas, agentes policiales y autoridades. El organismo dice haber recolectado "pruebas consistentes" de que el cuerpo policial de Carabineros "utilizó la fuerza de manera excesiva en respuesta a las protestas e hirió a miles de personas, con independencia de si habían participado en hechos violentos o no".

Los abusos y las graves lesiones sufridas por cientos de manifestantes ocurrieron en gran medida, según HRW, "debido a falencias estructurales para asegurar una adecuada supervisión y rendición de cuentas por las actuaciones de carabineros". Por esa razón llamó al gobierno a emprender una "urgente reforma policial".

El organismo señala que una cuestión particularmente alarmante es "el uso de escopetas que disparan perdigones en forma indiscriminada y que, dependiendo de la distancia, pueden herir gravemente a aquellos que se encuentren dentro de su amplia zona de impacto".

Las escopetas antidisturbios causaron más de 220 lesiones oculares documentadas por el INDH. El Ministerio de Salud reportó que 16 personas perdieron la visión total en un ojo y que 34 sufrieron heridas graves que podrían resultar en pérdida de visión total o parcial. El organismo señala que el uso de estas escopetas "debería suspenderse en forma indefinida en todas las circunstancias hasta que autoridades idóneas e independientes lleven a cabo una amplia auditoría para determinar los riesgos que entrañan".

Agentes del cuerpo de Carabineros detuvieron hasta el momento a más de 15 mil personas y, según HRW, la fuerza "cometió abusos contra algunas de ellas. Numerosos detenidos afirman haber sido golpeados brutalmente. Otra de las acusaciones más frecuentes fue que carabineros obligaron a detenidos, incluidos niños y niñas, a desvestirse y hacer sentadillas totalmente desnudos en comisarías", práctica prohibida en los protocolos de la fuerza desde marzo de 2019.

En ese sentido, los agentes de Carabineros son más propensos a obligar a desnudarse a mujeres y niñas que a hombres, según estadísticas del INDH y entrevistas realizadas por HRW. "Una abogada chilena de derechos humanos nos contó de un caso en donde, a pesar de que hombres y mujeres habían sido detenidos en las mismas circunstancias, carabineros obligaron a desvestirse únicamente a las mujeres. También mencionó otros casos en que carabineros tocaron los genitales de las mujeres tras obligarlas a quitarse la ropa", expresa el informe.

Por último, el documento plantea diferencias respecto al recuento oficial de víctimas fatales. Mientras el gobierno chileno contabiliza hasta el momento un total de 23 fallecidos desde el inicio de las protestas el pasado 18 de octubre, HRW da cuenta de que la Fiscalía está investigando 26 muertes. Entre esos casos se encuentra el de un manifestante que murió después de recibir una presunta paliza de carabineros en la calle. Se menciona también el caso de otro manifestante con una afección cardíaca que “murió al no poder recibir atención de emergencia adecuada, debido a que algunos carabineros emplearon armas contra manifestantes y profesionales de la salud que lo estaban atendiendo".

 

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La movilización del 25 de noviembre fue la despedida para Dilan Cruz

El 25 de noviembre una ola llena de alegría, solidaridad, sororidad y resiliencia se tomó las calles de la ciudad de Bogotá. Desde las 4:30 de la tarde el Parque Nacional se convirtió en el lugar de encuentro de miles de mujeres dispuestas a entusiasmo y vitalidad el Día internacional de la no violencia contra las mujeres, día en el que, además, se conmemoran la vida y lucha de las tres mariposas dominicanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal asesinadas en 1960 a manos del dictador Rafael Leonidas Trujillo.

 


Poco a poco la Carrera Séptima se fue colmando de colores diversos, con los morados y violetas –representando la fuerza de los feminismos– destellando con mayor intensidad. Pañoletas, banderas, carteles, pancartas y cuerpos desnudos expresaban mensajes rechazando las violencias de todo orden que desde tiempos inmemorables las afecta, violencia que en tiempos de capitalismo neoliberal comporta especificidades que la distinguen de otras épocas, pero que continúa conservando particularidades en lo económico, político, simbólico, psicológico, físico, político, laboral, entre otras de sus manifestaciones cotidianas.


Una ola que se contagió de otras mareas


Esta movilización, a pesar de su motivo original, se encontró en esta ocasión con una movilización inédita en Colombia. Las fuerzas sociales que se desataron en la ciudad y el país desde el 21 de noviembre con el llamado al Paro Nacional alimentaron como cauces de agua al mar de las mujeres, posibilitando con ello una jornada multitudinaria.

 


Lo multicolor de los colores también se impuso en las formas de sumarse a esta jornada, así como los cánticos entonados. Es así como miles de personas salieron a las calles con cacerolas en mano y gritando consignas que, aunque sin perder de vista el motivo de la movilización del 25, iban agregando múltiples problemáticas e inconformidades que la sociedad colombiana padece a diario, por tanto, no fue extraño escuchar gritos en reclamo de una educación de calidad, en contra de la represión policial, en contra el gobierno de Iván Duque, entre algunas de las más entonadas.

 


Esta movilización se desató como continuación de un fin de semana festivo, en donde desde las barriadas donde habitan sectores populares, pero también medios y altos, se realizaron los denominados cacerolazos en las cuadras y calles de toda la ciudad. El barrio histórico del 20 de Julio al Suroriente de la ciudad (barrio popular), por ejemplo, fue la muestra de una fiesta popular. Igual el barrio La Soledad (clase media) donde un animado mitin se transformó en jolgorio, evidencia de que la lucha contra un gobierno de apariencias y violencias ocultas, aunque muchas veces evidente, puede ser desnudado en sus pretensiones con la fuerza del cántico, la danza, el gozar del cuerpo, el compartir sonrisas y la hermandad del sentido común.

 


Por su parte en el Suroriente bogotano, desde las 6 de la tarde del sábado 23 de noviembre, cientos de habitantes de la localidad de San Cristóbal se reunieron en la plazoleta de la emblemática iglesia del 20 de Julio. Madres cabeza de familia, abuelas/os, niñas, niños, jóvenes y adultos fueron llegando con cacerolas que después de una hora ya eran un rugido de inconformidad. Los tambores de las batucadas, la danza, el fuego, los malabares y cintas acompañaron la alegría popular y motivaron la permanencia de la comunidad en un mitin prolongado por más d tres horas.


De igual manera, en la mañana del domingo 24 de noviembre la ciclovía (espacio para la recreación y el deporte en Bogotá) se convirtió en una nueva jornada de movilización que para el caso de la localidad de San Cristóbal sirvió como jornada preparatoria de la movilización del lunes 25.

Un 25 para la memoria


La inmensa ola de personas que desafío de nuevo la noche bogotana, cargada de frío, cruzó cerca del Hospital Universitario San Ignacio, lugar en donde se encontraba entre la vida y la muerte Dilan Cruz, atacado de manera brutal –como es característico de su actuar– por el Escuadrón Móvil Anti Disturbios (Esmad) el sábado 23.


A la entrada del hospital, miles de personas gritaban su nombre y lo animaban a seguir luchando por mantenerse con vida. No fue suficiente. El trauma sufrido en su cabeza fue fatal.


La marcha traspasó las puertas del San Ignacio y llegó la noticia de que Dilan había empeorado, fue el momento en el que aquel joven se empezaba a despedir tanto de sus seres queridos, como también de las personas que lo recordaron frente al hospital.


Culminó la conmemoración del Día internacional de la no violencia contra las mujeres y fue pública la noticia del deceso de Dilan. A Dilan lo acompaño en su último día el mar de la esperanza, el mar que busca otra realidad en esta Colombia herida. A Dilan lo acompañó en su muerte el calor de las mujeres que con su grito de dignidad van creando otra sociedad posible.

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Decenas de miles de personas han salido a la calle para protestar contra las reformas impuestas por la OCDE, especialmente en Bogotá. Natalie Sánchez

El toque de queda de la noche del viernes 22 de noviembre no frenó la ola. Por cuarto día consecutivo, miles de colombianos salieron a las calles para protestar contra las políticas del Gobierno neoliberal de Iván Duque.

Este movimiento inédito, al igual que los otros que estallaron en la región, echa sus raíces en malestares profundos alimentados por un sistema económico destructivo y excluyente. Pero estas protestas surgen también a tres años de la firma del acuerdo con las FARC, en medio de una prometida paz que todavía se demora en llegar.

“¡Qué viva el paro nacional!”, “¡Duque renuncia!”, “¡Primero salud y educación!”, estos fueron algunos de los lemas que se escucharon en Bogotá y otras partes de Colombia. La protesta no perdió aliento desde el jueves 21 de noviembre, cuando centenares de miles de personas se movilizaron en todo el país.

Este rechazo masivo de la política del presidente conservador Iván Duque fue inicialmente convocado por sindicatos, partidos de oposición, ONG y una miríada de organizaciones sociales. Entre los puntos de partida de la movilización, figura una reforma laboral y de pensiones que se están cocinando en el marco de las exigencias de ajustes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE).

Con el pretexto de reducir la informalidad, forma de sustento para la mayoría de los trabajadores colombianos, el Gobierno insta a una mayor “flexibilización” del mercado e llegó incluso a plantear un “salario mínimo diferencial” para los jóvenes, en un país donde su monto no alcanza los 220€ mensuales. El partido de Duque, el Centro Democrático, dirigido por el exmandatario Álvaro Uribe, radicó un proyecto que permitiría contratar por horas a los colombianos que tienen entre 18 y 28 años, pero también a los que siguen trabajando después de la edad legal de jubilación. Una edad que podría cambiar a raíz de los llamados de la OCDE a remodelar un sistema de pensiones, que todavía goza de un fondo público, aunque está lejos de proteger a todos los que lo necesitarían.

De las condiciones laborales en las ciudades al rechazo de la guerra sin fin el campo

En un país entre los más desiguales del mundo, ubicado en el puesto 90 en una clasificación de la ONU que se basa sobre el índice de desarrollo humano y el coeficiente GINI, entre otros indicadores, esta voluntad del Ejecutivo de incentivar más precariedad despertó el descontento social, lo cual no sorprende al vivir semanas de 48 horas mal pagas debido a un sistema de redistribución casi inexistente, en una coyuntura en la que cabría mencionar el peso de unos servicios públicos deficientes.

Iván Duque tendrá seguramente que atender estas demandas durante la “Conversación Nacional” que prometió impulsar para apaciguar la crisis, pero las peticiones laborales están lejos de ser el único factor que llenó las calles de Colombia.

La llegada de Duque a la jefatura del Estado marcó el regreso del ‘uribismo’ al poder, esta tendencia ultraderechista encarnada por Álvaro Uribe Vélez, quien gobernó al país entre 2002 y 2010, en medio del auge del paramilitarismo y la guerra permanente contra la guerrilla. Un período de repetidas crisis humanitarias en la regiones periféricas afectadas por el conflicto armado, que produjo millones de desplazamientos forzados y durante el que el Estado perpetró crímenes de lesa humanidad. Así calificó la justicia el actuar de altos rangos militares que ordenaron asesinar civiles para luego hacerlos pasar por guerrilleros, cumpliendo así con la cuota establecida por la cúpula que instauraba también primas financieras por cada “enemigo” dado de baja. Una política que cobró la vida de hasta más de 10.000 inocentes conocida con el nombre de ‘falsos positivos’.

En mayo pasado, The New York Times reveló la existencia de órdenes internas del Ejercito que podrían hacer vislumbrar el regreso de estas violaciones. La investigación pone en evidencia la presión ejercida sobre los soldados para incrementar el número de criminales o insurgentes capturados, o abatidos, en medio de una aceptación tacita de víctimas civiles. El Gobierno rechazó categóricamente estos señalamientos, que llegaron poco después del estallido de otro escándalo, que implicó la muerte de un ex-guerrillero.

Desmovilizado e integrado en el proceso de paz, Dimar Torres, murió a causa de los disparos de militares en un retén del noreste colombiano. En los últimos tres años, son cerca de 150 los excombatientes de las FARC que resultaron muertos en su intento de regreso a la vida legal.

Tres años de proceso de paz titubeante

La ‘paz’, firmada en su versión definitiva el 24 de noviembre de 2016, luego de que el primer acuerdo pactado entre el Estado y la guerrilla fuera rechazado en las urnas, está aun lejos de concretarse. Los veedores internacionales evalúan en un 40% el avance de la implementación del texto, con puntos positivos, como las políticas reintegración de los excombatientes, pero también con rezagos mayores, en particular en lo que concierne a la seguridad en los territorios.

En la mayoría de los epicentros del conflicto, el Estado no llegó donde las FARC hacían presencia, dejando así vía libre a grupos mafiosos, neoparamilitares o a la ultima guerrilla activa, el Ejercito de Liberación Nacional (ELN). Las lideresas y líderes campesinos, indígenas, comunitarios o gremiales terminaron siendo el principal blanco de la reconfiguración de la zonas sensibles. La Defensoría del Pueblo estima acerca de 500 los líderes sociales asesinados desde 2016.

En un clamor inédito para mejorar la suerte de los territorios olvidados, las principales ciudades de Colombia marcharon repetidas veces en los últimos dos años para denunciar esta matanza y la impotencia de las autoridades para frenarla. En una primicia del movimiento actual, además de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, los jóvenes hicieron crecer masivamente estas manifestaciones.

Tras una enésima falla en la acción de seguridad del Gobierno, Guillermo Botero, ministro de Defensa, renunció a principios de noviembre. Se le reprocha haber ignorado las señales enviadas en cuanto a la presencia de menores reclutados forzosamente por disidentes de la FARC en un campo que bombardeó el ejército. En este operativo, que fue una respuesta a la creación de una “nueva guerrilla” dirigida por el exlíder Iván Márquez que terminó desertando del proceso de paz, murieron al menos 18 niños. “¿De qué me hablas viejo?”, lanzó Duque a un periodista que le preguntaba sobre este bombardeo. Una frase que el presidente popularizó hoy muy a su pesar en las calles.

Un movimiento que cogió un impulso sin precedentes

María Fernanda, de 21 años, reconoce que este caso que sacude nuevamente a las fuerzas armadas fue un “detonante” para incitarla a salir a protestar. En una conversación con El Salto durante una concentración este sábado 23 de noviembre, esta estudiante dijo estar cansada de un “Gobierno que no respeta la vida” y querer estar movilizada “por las personas que no pueden estar acá por estar reprimidas día a día”.

 “Nos van a dejar sin país, lo están entregando a las multinacionales”, agregó Ángela, su amiga y compañera de plantón, de la misma edad. Afirmó que ya llegó el momento de actuar ante “políticas ambientales desastrosas”. En Colombia, el modelo extractivista sobrevive a las alternancias en el poder. Mientras que las comunidades se levantan a menudo contra unos proyectos mineros, sigue abierta la puerta para el fracking y peligra la integridad de varios páramos, primera fuente de agua del país.

No hay consideración “ni para los humanos ni para los animales”, denunció María Fernanda al tiempo que Ángela insistió en que “el listado es largo” para motivarse a salir a las calles. Las jóvenes evocaron también el incumplimiento de las autoridades de los puntos sobre financiación de la educación superior luego de las marchas estudiantiles del año pasado, pero, sobre todo, resaltaron su rechazo hacia un “modelo” y su ausencia de “miedo”, en un contexto de patrullas militares en las calles de Bogotá.

La noche anterior, la del viernes, fue particularmente caótica y angustiante. Con el argumento de apagar unos focos de violencia, el presidente Duque decretó un toque de queda en toda la capital, un decisión nunca vista desde el movimiento social de 1977. Soldados y policías actuaron juntos en contra de supuestos intentos de saqueos de viviendas ante los cuales vecinos se ‘organizaron’ a punta de guardias, machetes y bates, en lo que pareció ser más un pánico colectivo que una amenaza real.

Muchos manifestantes del sábado afirmaban movilizarse contra este temor que se propagó, que fue “inducido” según algunos. La intensidad de esta jornada, durante la cual se organizaron marchas espontáneas y concentraciones a punta de cacerolazos en muchos barrios y ciudades, demostró que este paro nacional no perdió de vista a sus objetivos.

Según Martín, este movimiento constituye “algo sin antecedentes en Colombia”. Este ingeniero de 38 años oriundo del departamento sureño del Putumayo ondea orgullosamente una wiphala, símbolo de los pueblos indígenas, porque “forman también parte de esta lucha” dijo a El Salto, refiriéndose también a los contextos ecuatorianos y bolivianos. Este manifestante resaltó un trasfondo “profundo” de estas protestas que responde a “lo que ha venido ocurriendo durante los últimos 25 años en el país”. Instó a la consolidación de un movimiento pacifico que supere “el cuento arcaico de la izquierda y la derecha” y que promueva una verdadera ruptura en las políticas actuales.

Mientras que Iván Duque ya empezó las discusiones con responsables políticos, en los balcones o las calles las cacerolas seguían sonando este domingo en nuevos eventos improvisados. La chispa que prendió esta movilización el jueves 21 de noviembre tiene aromas de algo desconocido hasta ahora y suma a Colombia en un movimiento que atraviesa a los Andes reivindicando la dignidad de la gente frente al descaro de los dirigentes.

 

Por Tristan Ustyanowski

Bogotá (Colombia)


publicado

2019-11-25 11:00

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La CIDH ratificó que hay violaciones a los derechos humanos en Chile

Al menos 22 muertos, miles de heridos y todo tipo de maltratos a detenidos

Para la entidad, existen denuncias y testimonios contundentes de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que cuenta con "testimonios y denuncias muy claras" que documentan las violaciones a los derechos humanos en Chile. El secretario ejecutivo de la comisión, el brasileño Paulo Abrão, señaló que las denuncias recaen sobre miembros de Carabineros. Desde el inicio de las protestas el 18 de octubre, la CIDH contabiliza al menos 22 muertos, miles de heridos y todo tipo de maltratos a detenidos.

"Sí, hay violaciones a los derechos humanos. Hay denuncias y testimonios muy claros en ese sentido", expresó Paulo Abrão en declaraciones a la prensa. El secretario de la CIDH sostuvo que están "recopilando toda esa información en este momento, y las propias autoridades del país han reconocido abusos cometidos por las fuerzas de seguridad". 

En tanto, destacó que ahora "lo importante es verificar si estos abusos respondieron a un tipo de patrón, cuál fue su escala y su alcance, y qué se debe hacer en esa instancia para intentar reparar todas estas situaciones".

Abrão precisó que la misión, que lleva adelante una visita técnica en el país desde el 18 de noviembre, buscará "sistematizar toda esa información, analizarla, contrastar con los estándares latinoamericanos de derechos humanos a los cuales Chile tiene la obligación de cumplimiento”. La última vez que el organismo realizó una visita a Chile fue en 1974, en plena dictadura de Augusto Pinochet. 

A lo largo de un mes, se acumularon denuncias sobre violaciones a los derechos humanos contra agentes del Estado, como aplicación de torturas, detenciones ilegales, disparos contra civiles indefensos y todo tipo de abusos y maltratos. Esas denuncias también están siendo investigadas por una comisión del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

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Miércoles, 20 Noviembre 2019 06:13

El gobierno de Colombia criminaliza la protesta

El gobierno de Colombia criminaliza la protesta

La desinformación y la propaganda de terror en contra de la movilización, crecen cada hora. Hubo allanamientos irregulares a casas de estudiantes.

Colombia prepara una movilización nacional para expresar el descontento con el gobierno de Iván Duque y sus propuestas de reformas laboral y jubilatoria que afectarían los salarios de los más jóvenes y alejarían aún más las posibilidades de pensionarse de los trabajadores actuales, además del asesinato creciente de líderes sociales, pueblos indígenas y ataques a la protesta social y movimiento estudiantil. 

A dos días del paro nacional, el Estado desplegó una serie de decisiones que generaron el rechazo de las organizaciones sociales. En ciudades capitales las residencias de jóvenes estudiantes, algunos de los principales promotores del paro junto a las centrales obreras, sufrieron allanamientos por parte de la Policía y el CTI (Cuerpo Técnico de Investigaciones) de la Fiscalía.

El abogado Wiston Gallego, de la Corporación Jurídica LIbertad, le explicó a PáginaI12 que “desde las primeras horas de la mañana se presentaron allanamientos en Bogotá, Cali y Medellín. No había orden de captura para estos jóvenes, y tampoco hubo hallazgos. Incautaron elementos legales como libros y comunicados que convocan al paro nacional”. El defensor de Derechos humanos detalló que los tres jóvenes son estudiantes del Instituto Metropolitano de Educación (ITM) y que varios estudiantes de ésta y otras instituciones locales han denunciado que desde la semana pasada son víctimas de seguimientos de personas vestidas de civil que se acercan a sus barrios y residencias preguntando por su ubicación.

“En los allanamiento de ayer hubo irregularidades pues participó policía vestida de civil, no dejaron ver en su totalidad la orden de allanamiento e impidieron dejar observaciones en la misma; por último no hubo presencia de la Procuraduría”, explicó Gallego. Estos jóvenes y millones en el país del movimiento estudiantil reclaman al gobierno de Duque por el incumplimiento en las promesas que realizaron tras meses de paros universitarios que exigieron más financiación a las universidades públicas. Jennifer Pedraza, reconocida líder de este sector, dijo a los medios desde Bogotá que seguirán motivando a la ciudadanía a manifestarse pacíficamente por las reformas que, a pesar de que el gobierno dice que no son ciertas, son una propuesta real. Explicó que hay una propuesta de ley ya radicada por la bancada del Centro Democrático para la reforma laboral, y que los cambios en el régimen previsional han sido ampliamente divulgados por ministros en medios de comunicación.

PáginaI12 habló con un estudiante de Medellín quien contó que los uniformados llegaron a sus casas en la madrugada e “ingresaron armados y de forma muy intimidante a nuestras residencias, en la cual proceden a desordenar y ultrajar las pertenencias de todos nosotros, muchas de las cuales fueron incautadas como un supuesto material probatorio”.

“Nos sentimos perseguidos, criminalizados, psicológica y emocionalmente decaídos”, explicó a este diario el joven que pidió omitir su nombre, y agregó que tienen miedo a salir de sus casas y que sus familias “están fuertemente afectadas provocando incluso complicaciones a su salud, puesto que observar sujetos encapuchados y armados entrar a nuestras residencias fue un impacto total y destructivo a nuestra integridad”.

La desinformación y la propaganda de terror en contra de la movilización, crecen cada hora. Ayer se supo, en videos circulados en redes sociales, que cientos de militares se desplazaban en camiones hacia Bogotá. Esto tras la orden de acuartelamiento que dio el comando de las Fuerzas MIlitares para contener, dicen las amenazas de orden público por el paro. En los medios comerciales y en cadenas falsas de whatsapp, se recomienda a los ciudadanos no salir durante esta fecha. Sin embargo, importantes sectores y personalidades defienden el derecho a la protesta e invitan a movilizarse pues también están inconformes con las propuesta a futuro de Duque que beneficiarían solo a los más poderosos empresarios, y también con la realidad presente: violación de derechos humanos, guerras por los cultivos de coca, incumplimientos en el Acuerdo de Paz, impunidad en casos de corrupción como Odebrecht y aumento de precios de alimentos y desempleo.

De acuerdo con la Revista Semana, más allá de las razones del paro, “ese día planteará una prueba ácida para el gobierno porque medirá la temperatura social del país con solo año y medio de mandato”. En medio del clima creciente de estigmatización y criminalización de una protesta que aún no ocurre, los ánimos y emociones crecen generando que el paro nacional sea tema de conversación en todos los espacios. En Medellín, en colegios decidieron cancelar clases, mientras en muchas empresas de Bogotá dieron el día a sus empleados para salir a marchar o trabajar desde casa.

Según Wiston Gallego, los allanamientos de ayer “están orientados desde la misma Fiscalía antiterrorista para las tres principales capitales. Y las incautaciones son ridículas: témperas, pinceles, como se puede observar en los noticieros nacionales”:

PagínaI12 consultó a la Fiscalía de Medellín y la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía para confirmar el allamiento e incautación de libros a tres estudiantes de Medellín, y ambas entidades dijeron no tener información. Sin embargo, la Corporación Jurídica Libertad confirmó los hechos así como un allanamiento más en la sede del sindicato de maestros (Adida) que no tendría que ver con el paro pero que por realizarse horas antes de la movilización podría tener como fin causar temor entre los manifestantes. En Medellín, el comandante de la Meval dijo que hicieron 5 allanamientos, en vez de los 3 que tiene conocimiento la Corporación Jurídica Libertad, y que encontraron elementos que no son de uso ilegal como botas y material publicitario de la marcha pero “no son elementos terroristas”.

Por su parte la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que realizó este martes  más de 27 diligencias judiciales y allanamientos, en conjunto con la Fiscalía con el fin de, según ellos, encontrar a los encapuchados que cometieron “vandalismo y terrorismo” en protestas pasadas.

PáginaI12 confirmó que algunos de los afectados fueron jóvenes artistas de la capital que realizaron un mural con las cifras de más de 5 falsos positivos (ejecuciones extrajudiciales) cometidas por el Ejército y que incluyeron el nombre de altos oficiales; éste fue borrado y censurado, y luego replicado en otras capitales. El colectivo “PUro Veneno” y “Cartel Urbano” habrían sido allanados con orden judicial sin capturas “como parte de la estrategia de terror de Duque”, según dijo una fuente cercana a la organización a este diario. 

En Bogotá fueron incautados objetos de venta y circulación legal como latas de aerosol, pintura,, overoles, líquidos, pañoletas, carteles, y camisetas. Para Gallego, todo esto busca “una afectación directa entre los organizadores del paro”. Sin embargo, las voces que invitan a manifestarse pacífica y masivamente van más allá de los sectores organizados y la oposición a Duque. El cantante Carlos Vives, la Iglesia Católica, gremios económicos liderados por Bruce Mac Master, y hasta la recién elegida reina de la belleza de Colombia, han invitado a salir a las calles a expresar el rechazo a las propuestas de Duque. El llamado, insisten todos y todas, es a realizarlo sin violencia.

Por Katalina Vásquez Guzmán

Desde Medellín

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Un manifestante en Hong Kong sostiene la bandera de EE UU. Vincent Yu AP

El texto pone bajo revisión anual el estatus especial del territorio autónomo y desata las críticas de China

El Senado de Estados Unidos aprobó este martes por unanimidad un proyecto de ley que supone un espaldarazo a los activistas de Hong Kong, que llevan cinco meses en pie de guerra contra el Gobierno y por la democracia, y establece sanciones a las autoridades responsables de abusos de derechos humanos. Como medida de presión, la legislación también contempla someter a un examen periódico el estatus especial otorgado por Washington a este territorio autónomo en materia de comercio, que es independiente del marco con China. El departamento de Estado tendrá que ratificar cada año si, en efecto, Hong Kong sigue siendo lo suficientemente autónomo de Pekín como para justificar ese acuerdo especial.

La Cámara de Representantes ya había aprobado el mes pasado una versión muy parecida de este proyecto legislativo, bautizado como Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong, así que es previsible que ambas cámaras armonicen sin muchos problemas los textos y presenten el proyecto común al presidente de Estados Unidos para su firma. Donald Trump ha mantenido un perfil bajo a lo largo de estos meses de protestas en Hong Kong y no ha dicho esta boca es mía sobre esta proyecto de ley, que supone un nuevo frente con el régimen de Xi Jinping en un momento de negociaciones comerciales complejas.

Republicanos y demócratas, irreconciliables en el grueso de la política interna estadounidense, se han puesto de acuerdo en este frente. Este martes aprobaron también una medida que prohibiría la venta de gases lacrimógenos, balas de goma y otros equipamientos para las fuerzas de seguridad hongkonesas. El respaldo al proyecto de ley es tan amplio que podría superar un veto de Trump. "Hoy, el Senado de Estados Unidos envió un mensaje claro a los hongkoneses que luchan por sus libertades tan preciadas: les escuchamos, seguimos apoyándoles y no nos quedaremos sin hacer nada mientras Pekín socava su autonomía", dijo el senador republicano Marco Rubio.

De momento, China ya ha protestado. El objetivo de Estados Unidos es "apoyar a los extremistas y elementos antichinos que están tratando de causar estragos en Hong Kong (...) para lograr su siniestro propósito de obstaculizar el desarrollo de China aprovechando el problema de Hong Kong", dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Geng Shuang, en un comunicado recogido por AFP.

El País

Washington 20 NOV 2019 - 02:58 COT

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Varios manifestantes, en las inmediaciones de la Universidad Politécnica de Hong Kong, el 18 de noviembre de 2019. THOMAS PETER (REUTERS) / VÍDEO: ATLA

 El Gobierno autónomo insinúa por primera vez la posibilidad de aplazar las elecciones municipales previstas para este fin de semana

El cerco de la policía a la Universidad Politécnica de Hong Kong no da señales de abatirse pese a los choques de gran fiereza que han ocurrido en las últimas 24 horas. Varios centenares de jóvenes permanecen rodeados en el campus, cada vez más exhaustos y con unos avituallamientos que disminuyen. Los agentes de policía que acotan la zona, aparentemente convencidos de que tienen allí atrapados a los manifestantes más radicales, insisten en que detendrán a todo aquel que se encuentre dentro. Desde hace una semana impiden la entrada y, sobre todo, la salida, a cualquiera que no demuestre una razón profesional para estar en la zona acotada.

La policía parece haber adoptado en las últimas horas la táctica de esperar a que el cansancio, el aislamiento y la falta de suministros vayan haciendo mella entre los estudiantes y que los últimos acaben por entregarse. Ello después de haber advertido de que responderá con fuego real si los estudiantes utilizan “armas letales” en su defensa de la universidad. El lunes, un agente había sido herido en un gemelo por la flecha lanzada por uno de los manifestantes.

"El asedio de la policía contra la Universidad Politécnica es la confrontación más violenta hasta el momento en las protestas de Hong Kong. Al crear un cerco y disparar gas lacrimógeno y balas de plástico contra quienes intentan escapar, la Policía de Hong Kong nuevamente agita las llamas de la violencia, cuando deberían intentar apagarlas", ha indicado Amnistía Internacional.

Cada intento de los estudiantes por abrir una brecha por la que salir, o cada maniobra de distracción de sus simpatizantes desde fuera, recibe como respuesta una lluvia de rondas de gas lacrimógeno y de balas de plástico. Los jóvenes responden con el lanzamiento de adoquines y cócteles Molotov.

Por la mañana, un intento de los estudiantes de salir en masa acabó con unos pocos que lograron escapar; otros, detenidos; la mayoría, en retirada a cubierto ante un aire cargado de sustancias lacrimógenas. A lo largo del día se repitieron escaramuzas similares, todas con el mismo resultado. Según la policía, ha detenido a 51 personas con chalecos reflectantes que los identifican como administradores de primeros auxilios o prensa. Aunque, según su versión, los primeros desconocen cómo suministrar la asistencia más básica y los reporteros carecen de acreditación (no necesaria para ejercer antes de que comenzaran los cinco meses de protestas contra el Gobierno y en favor de la democracia). Desde el inicio de las manifestaciones, la cifra de arrestos ya roza los 4.500.

Esta tarde salían en ambulancia una veintena de jóvenes que necesitaban hospitalización, bien por heridas o bien por hipotermia después de haber quedado empapados por el agua de los cañones con los que la policía ha intentado abrirse paso.

Entre los jóvenes rodeados en la Politécnica podrían encontrarse hasta un centenar de alumnos de secundaria, según han puesto de relieve un grupo de directores de instituto que reclaman que se les permita sacar a sus estudiantes del cerco. La policía insiste en que todo aquel que salga de la zona será detenido y acusado de provocar disturbios, un cargo que puede acarrear hasta 10 años de prisión. Varias docenas de padres han organizado una sentada en uno de los puntos de control de la policía para pedir la liberación de sus hijos.

Soldados

Este fin de semana, por primera vez desde que comenzaron las movilizaciones en junio pasado, soldados del cuartel del Ejército Popular de Liberación chino (EPL) salieron a las calles de Hong Kong públicamente para limpiar algunos de los destrozos dejados por los encontronazos. Según afirma este lunes el periódico South China Morning Post, esos soldados pertenecen a unidades de élite experimentadas en Tíbet y Xinjiang, donde se han llevado a cabo contundentes campañas de represión contra las minorías tibetana y uigur.

La aparición de los soldados en las calles, aunque en ropa deportiva y en un área extremadamente limitada, ha causado una fuerte polémica en Hong Kong. Los simpatizantes de los manifestantes apuntan que el principio “un país, dos sistemas” que rige la antigua colonia británica prohíbe que las tropas chinas participen en tareas internas hongkonesas —aunque sean, aparentemente, tan inocuas como retirar adoquines— si no lo pide expresamente el Gobierno local. Algo que este Ejecutivo no ha hecho, según han precisado sus portavoces. Preguntado sobre la presencia de esas tropas, un portavoz de Defensa chino, Wu Qian, indicó en Bangkok (Tailandia) que “restablecer el orden” en las calles de la antigua colonia británica “es la tarea primordial”.

Máscaras

Los manifestantes sí se han apuntado un importante triunfo legal y moral. El Alto Tribunal de Hong Kong ha declarado inconstitucional la ley que prohíbe llevar máscaras en actos públicos o contra las órdenes de la policía, impuesta desde el 4 de octubre. “Las restricciones que impone a los derechos fundamentales […] van mucho más allá de lo que es razonablemente necesario”, han indicado los jueces, que han dado así la razón a los legisladores de la oposición pandemócrata que habían interpuesto un recurso contra la medida.

La policía ya ha anunciado que dejará de exigir el cumplimiento de la norma, muy polémica —y muy poco respetada— desde su nacimiento el pasado 4 de octubre. Para aprobarla sin pasar por el Legislativo autónomo, el Gobierno local invocó una vetusta ley de la era colonial que concede poderes extraordinarios al ministro principal en casos de grave amenaza nacional.

La tensión, agravada desde que la semana pasada los manifestantes declararan una campaña para multiplicar los incidentes de protesta, ya amenazaba con ensombrecer las elecciones municipales previstas para el fin de semana, en las que se espera un fuerte voto de castigo al gobierno local que encabeza Carrie Lam: una encuesta que publicaba el periódico Mingpao en octubre solo concedía al bloque pro-Pekín un 6% de los votos.

Este lunes, por primera vez, el Ejecutivo fue explícito sobre la posibilidad de aplazarlas, una posibilidad que los manifestantes siempre han temido. Según la cadena de televisión RTHK, el secretario para Asuntos Constitucionales, Patrick Nip, ha subrayado que los incidentes de la última semana han hecho “menos probable” la celebración de los comicios el día previsto. Precisamente, una de las demandas de los estudiantes esta última semana exigía garantías de que no se aplazaría la cita con las urnas. Posponerla podría elevar aún más los niveles de violencia de los últimos días.

Por Macarena Vidal Liy

Pekín 19 NOV 2019 - 03:55 COT

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Carlos Ruiz Encina: "En Chile se está gestando un gran cambio histórico"

A un mes de uno de los movimientos sociales más extraordinarios de la historia de Chile, el investigador analiza las causas de la protesta, las demandas de la calle tras décadas de promesas incumplidas y la resistencia del gobierno de Sebastián Piñera para tomar medidas a la altura.

 

Carlos Ruiz Encina es sociólogo, doctor en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile, y Presidente de la Fundación Nodo XXI, centro de pensamiento ligado al Frente Amplio (FA). En diálogo con Página/12, Ruiz Encina explica por qué era previsible que la calle explotara como lo hizo, quiénes son los nuevos actores sociales en el marco de este "gran cambio histórico", y las agendas de corto y largo plazo. La mercantilización de la vida, la urgencia de evitar "las provocaciones de la derecha y aferrarse a la democracia", y su preocupación ante las masivas violaciones a los derechos humanos.

--El 18 de octubre último estalló la crisis política y social más profunda de las últimas décadas en Chile. ¿Sorprendió la magnitud de las manifestaciones que le siguieron o era previsible que en algún momento sucediera algo semejante?

--Sí y no a la vez. Por un lado, tengamos presente que anteriormente se dio una serie de manifestaciones con más de un millón de personas contra el sistema de pensiones, tuvimos el 8 de marzo más grande de todo América Latina, y la marcha del orgullo gay, que fue gigantesca. Hay un malestar que viene en crecimiento desde 2006, desde la marcha de los estudiantes en adelante. Por otro, hay cierta elite chilena conservadora que sí dice “fuimos sorprendidos”. En realidad, lo que sucede es que no han querido ver. Al mismo tiempo es cierto que se trata de una dimensión completamente nueva; esto no es la simple sumatoria de lo anterior. Se terminaron de articular ciertas demandas, como las demandas por la soberanía de las pensiones y las luchas por la soberanía y el control del agua, en contra de su privatización. Nuestra vida social cotidiana es de las más privatizadas, mientras el nivel de incertidumbre es enorme: la tasa de rotación de los empleos es altísima, la protección de servicios estatales es completamente inexistente, etc. Como decía un cartel por ahí: “no son treinta pesos, son treinta años”. Esto limpia todos los gobiernos para atrás. Los fondos del gasto social estatal se entregan a concesionarios privados que ofrecen estos servicios. Clínicas privadas, universidades privadas... Es el sistema neoliberal del voucher que terminó creando un capitalismo de servicio público. Este tipo de privatización en el resto de América Latina no existe. Todos conocen sobre privatizaciones de telefonías y líneas aéreas, pero no de servicios sociales. Es importante que esto se sepa para comprender por qué la gente explotó como lo hizo.

--En virtud de la envergadura de los acontecimientos, ¿puede considerarse un cambio de clivaje en Chile, en el sentido de un antes y un después en su historia?

--Chile no vuelve atrás. Hasta aquí fue el tiempo en que las reformas neoliberales gozaron de algún nivel de imposición por la fuerza, y que gozaban de cierta efectividad. En este momento la desobediencia civil ha rebasado todo ese tipo de marco y no hay vuelta atrás. En Chile se está gestando un gran cambio histórico. Y uno de los sujetos que empieza a tomar forma es una suerte de nuevo pueblo chileno, que no es el pueblo del siglo XX, no es el pueblo de los obreros industriales y de la clase media desarrollista; esos sectores fueron desmantelados por la transformación neoliberal. Este es el pueblo que engendró el neoliberalismo, y de alguna manera su propio engendro se empezó a poner de a pie. Si en este país fue donde nació el neoliberalismo es posible que sea también en este país donde primero se lo sepulte. Es claro que desde que se generó la transición a la democracia funcionaba mucho en Chile el temor a lo que se llamaba "la regresión autoritaria". De alguna manera eso contenía las protestas. El modelo económico de Pinochet no se modificó en la transición; se hizo una reforma del sistema político pero no del sistema económico. Al contrario, las privatizaciones se profundizaron. Esta cuestión está arrasando con moros y cristianos. Hoy en las marchas no hay banderas de ningún partido. Hay una sociedad que se quiere hacer ver, porque la política estuvo muy encerrada. La distancia entre política y sociedad es muy grande. La participación electoral ronda el 40%. Los segundos gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera han tenido un respaldo de menos del 25% del total del electorado potencial. No hay grandes mayorías políticas. Y en ese gigantesco divorcio entre política y sociedad fue apareciendo todo esto. La última encuesta de la Universidad de Chile indica un respaldo del 83% de la población a la protesta. La gente explotó más allá de ser de izquierda o derecha. Hasta hay gente de acuerdo con Pinochet que hoy sale a protestar.

--¿Y esto por qué?

--Porque terminaron convirtiendo en mercancía cosas de nuestra reproducción de la vida cotidiana. La vejez es una mercancía en este momento. Entonces ya nadie sabe qué tipo de vejez va a tener. Te venden mucho acerca de nuevas clases medias, pero basta que alguien se enferme para que caiga tres o cuatro estratos. Tal grado de volatilidad genera en el individuo una gran crisis de incertidumbre.

--Estos nuevos modos de manifestación exigen nuevos modos de representación. ¿Qué debería revisar la izquierda para volver a ser la referente política de muchas de estas demandas?

--La izquierda tiene que dejar atrás algunas fórmulas del siglo XX. Hoy estamos lidiando, por un lado, con una demanda de derechos sociales universales, que implica poner más Estado en ciertos puntos; por otro, el mismo individuo está pidiendo una mayor autonomía individual. En este punto, la izquierda históricamente no ha sabido lidiar con las demandas de autonomía individual. Para decirlo bien autocríticamente, el precio a pagar por la igualdad en el siglo XX era sacrificar la libertad. Eso hoy no funciona; tenemos una sociedad distinta. Además, de alguna manera, el ciclo capitalista neoliberal en Chile cambió toda la estructura de clases. Ya no está la vieja clase obrera industrial -por eso es que no se ven sindicatos en las marchas, ni tampoco está la vieja clase media desarrollista, porque todo eso ha sido desmantelado y expulsado del Estado. Tenemos que hablarle a otro pueblo y a otro panorama social. El desafío de la izquierda es apropiarnos del presente, de esta nueva geografía social que está explotando con sus demandas, con sus nuevos factores culturales, y no seguir más bien en una especie de repliegue identitario en una cueva donde los que se reúnen son los convencidos de siempre. Hoy hay que salir a la calle. Necesitamos una nueva izquierda para un nuevo pueblo.

--En diversos sectores y países Chile gozaba de buena reputación económica internacional. De alguna manera, la protesta social desnudó la fuerte desigualdad social y le sacó el disfraz al "oasis" defendido por Piñera.

--La paradoja chilena, que confunde afuera, plantea lo siguiente: al mismo tiempo que disminuye la pobreza aumenta la desigualdad. Es cierto que disminuyó la pobreza y que ya no es la de niños sin zapatos. Pero creció la desigualdad en paralelo. Hay un sector que se apodera de todo ese crecimiento de una manera brutal. Y contra eso se está rebelando esta historia. La oposición que se crea entre este nuevo pueblo y esta nueva neo-oligarquización neoliberal es distinta al conflicto social que hayamos podido tener en el siglo XX. El "oasis" de Piñera es uno en el que está su casa y la de sus vecinos. Hay un nivel de mercantilización y privatización de la vida que, en nombre de la libertad que nos trajo el neoliberalismo, nos terminó robando la soberanía y el control de nuestras propias vidas. La Concertación no privatizó, pero concesionó. Los gobiernos de la Concertación fueron simplemente neoliberales. En Chile no existe nada público hace ya mucho tiempo. Y entonces, en esa distancia entre política y sociedad, la situación explota con estos niveles que han sido advertidos de inorganicidad política. Aquí es donde empieza a ocurrir algo interesante, que tiene que ver con la aparición de un enjambre de nuevas coordinadoras.

--¿Coordinadoras en tanto nuevos actores sociales?

--Diferentes a los viejos actores sociales. Me refiero a las coordinadoras de la soberanía del agua, de las pensiones, las distintas coordinadoras feministas, etc. Coordinadoras que responden a nuevos focos de conflicto propios de este siglo de expansión capitalista de fines del siglo XX. Chile es un laboratorio, por el nivel extremo al que han llegado estas cosas. Se empiezan a constituir nuevas formas de organización para responder a esas cuestiones. Se verá en qué medida madurarán o no como los grandes actores sociales de este período, pero es indiscutible que son quienes más efectividad tienen para llamar a las marchas. En cambio, las viejas centrales sindicales en este momento no movilizan a nadie. Lo que ocurre en las calles es impresionante. Chile ya despertó. Las versiones más lucidas del empresariado deberían darse cuenta de que si quieren paz social eso tiene un costo y tienen que meterse las manos en el bolsillo. En algunos sectores empresariales esa discusión está transcurriendo, pero todavía no hay una claridad con cómo enfrentar esta situación. El sistema de presiones que se expresa arriba de la figura presidencial es tremendo. Piñera pasó de decir que escuchó al pueblo a decir que estábamos en guerra.

--Se habla de 22 personas fallecidas, más de 2 mil heridos y 6 mil detenidos. ¿Hay registros de esto?

--Es muy preocupante. Recién ahora se están construyendo los registros de lo ocurrido. Tenemos una delicada situación con los derechos humanos. Las cifras que se manejan a este respecto son muy dispares e indeterminadas. Los casos más emblemáticos en el último tiempo son los de pérdida de visión; un alto número de jóvenes víctima de trauma ocular por el uso de balines disparados directamente a la cara. Hay una cosa conservadora contra la adolescencia que es brutal. Se habla también de violaciones masivas a muchachas jóvenes en cuarteles policiales y centros de detención. Lamentablemente la sociedad ha tenido que pagar un costo muy grande para empezar a sacarse de encima una Constitución que va para 40 años.

--Sobre este último punto, el jueves 14 se llegó a un acuerdo parlamentario para una nueva Constitución. ¿Cómo cree que seguirá todo a partir de este anuncio?

--Lo que queda claro es que el pueblo chileno no está pidiendo ser representado sino que está exigiendo participar. Por lo tanto, el tema de una nueva Constitución tiene que llevar a formas de participación muy relevantes. El cómo no es secundario. La oferta presidencial apunta más bien a una especie de reforma constitucional encerrada en el Parlamento. De modo que es muy difícil que así vayan a resolver los instintos de movilización popular. El gobierno continúa con una defensa cerrada del modelo socioeconómico, de las ventajas y privilegios que establece para una casta muy pequeña. Eso deja las cosas en muy mal pie para poder vislumbrar avances hacia cualquier acuerdo social mayor. Es necesario avanzar también en una agenda de corto plazo, más allá de una agenda de mediano plazo.

--¿Qué cuestiones debería atender cada una?

--Por un lado, hay una agenda de mediano plazo, que es sobre la que se está insistiendo y que tiene que ver en el fondo con deshacernos de la Constitución que nos heredó Pinochet. Transformar esa Constitución significa una discusión sobre cómo cambiar el modelo de desarrollo, el tipo de inversión extranjera, y cómo construir derechos sociales sobre ciertas cosas mercantilizadas de la vida, entre otros puntos. Pero una nueva Constitución no va a estar operando en el corto plazo; hay que avanzar pero sabiendo que es de mediano plazo. Y habrá que buscar los mecanismos participativos, en medio de la crisis de legitimidad de las instituciones políticas, que permitan dar garantías de modificar ese camino. Por otro lado se necesita una agenda corta, en la que se atiendan cuestiones muy concretas como la cuenta de la gente a fin de mes, los precios de los medicamentos, el acceso a los ahorros de los fondos de pensión... Porque en nombre de la libertad no nos dejan acceder a nuestros fondos de pensiones. Hay 37 mil enfermos terminales que no tienen acceso a sus fondos de pensiones de ahorro. Se trata de abrir un nuevo ciclo histórico, con un cambio de modelo de desarrollo, con una reforma al sistema de Estado y un cambio de régimen político. En torno a esa posibilidad de liderar un horizonte para ese ciclo histórico es donde van a tener que madurar ciertos liderazgos políticos. Ahí se va a probar realmente cuál empieza a ser la izquierda del siglo XXI.

--Con la aprobación de Piñera en un 13%, ¿cómo imagina los meses venideros del gobierno?

--Su situación es muy precaria. Un régimen político tan marcadamente presidencialista como el chileno está en este momento con una figura presidencial muy débil; el panorama es de un régimen presidencialista sin presidente. Algunos días atrás anunció la promulgación de más leyes represivas, con formas de detención mucho más arbitrarias de las que ya teníamos, un repliegue autoritario que no facilita llegar a un diálogo. De momento la situación es muy cerrada. Quedan no pocos intersticios para aventuras más autoritarias, sobre todo de sectores más de ultraderecha. No creo que pueda haber una hegemonía muy larga de ese tipo de aventuras, pero sí puede haber una situación de dos o tres semanas muy negras. De ahí que la protesta social tenga que ser muy responsable, porque tiene que entender que la única vía para resolver sus problemas, sus intereses sociales, es la democracia. Cierto empresariado no la está defendiendo y el presidente tampoco. Nosotros somos los que tenemos que evitar las provocaciones de la derecha y aferrarnos a la democracia.

--Señala que hoy la defensa de la democracia en Chile está en manos del pueblo. En paralelo, en la últimas horas se perpetró un golpe de Estado en Bolivia.

--De manera muy clara, hay que condenar cualquier aventura golpista. En América Latina sabemos a un precio muy alto lo que eso significa. La injerencia militar, y en particular esas oligarquías racistas que hay en Bolivia, son condenables de manera irrestricta. A esto añadiría, y lo haría como un reclamo a las fuerzas progresistas y de izquierda en general, que tenemos que reflexionar acerca de por qué pasan estas cuestiones. Una reflexión que no existió, por ejemplo, sobre lo sucedido en Nicaragua. Cómo se terminan desvirtuando ciertos procesos de transformación popular. En el caso boliviano hay un ensanchamiento y una mayor complejidad de la alianza social sobre la que se sostenía el proyecto de transformación que no fue adecuadamente incorporada en los últimos años en términos políticos y de participación. Por lo tanto ahí se produce también cierta dosis de resquebrajamiento de esa alianza social de sustento político, y esto lo aprovechan el militarismo, las oligarquías racistas y la que nunca falta en América Latina, la injerencia extranjera. 

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Iraq se fusiona finalmente en un soplo revolucionario. Entrevista

Tácticas inéditas, enfrentamientos internos en el ámbito chiita, debilitamiento del prisma confesional, amplitud de la represión...La investigadora Loulouwa al-Rachid vuelve a las manifestaciones revolucionarias que sacuden Iraq desde hace un mes.

Entre los países que las han conocido este año 2019, Iraq es donde al mismo tiempo la represión ha sido más sangrienta y la protesta más sorprendente: manifestantes chiitas se enfrentan a un poder mayoritariamente chiita, revuelta de adolescentes en vertiente táctica de los juegos de video, papel central de los conductores de triciclos motorizados, sacudida de las visiones confesionales y étnicas normalmente adoptadas cuando se analiza el país…

Para la investigadora Loulouwa al-Rachid, especialista en Iraq y hasta hace poco vinculada al Carnegie Middle East Center (Beirut), la situación inédita, prerrevolucionaria, supone choques múltiples y flagrantes del régimen forjado en 2003 después de la caída de Saddam Hussein y amenaza el statu quo, tanto dentro del país como en sus fronteras, con mayor fuerza de la que se benefician sólo unos pocos.

La entrevista la realizó Joseph Confavreux.

¿Es inédita la actual movilización en Iraq?

Sí y no. Iraq experimenta ciclos constantes de manifestaciones de mayor o menor alcance, más o menos duraderas y se conoce como un país de revueltas. En el imaginario colectivo, es un país en ebullición constante, indomable e ingobernable. Iraq ha conocido manifestaciones en 2011, otras explosiones en 2015, en 2017 y durante el verano de 2018 en Basora. Sobre lo único que están de acuerdo los iraquíes, es que viven en un país de intifada desde al menos 1920 y el levantamiento nacional contra el mandato británico, cuya represión, con los primeros bombardeos aéreos en la historia del país implicó miles de muertos.

Así pues, cada rebelión se inscribe en un continuum revolucionario. La cólera, su rapidez de propagación, la virulencia de los manifestantes, el coraje de luchar, aunque les cueste la vida, la denuncia de la corrupción: todo eso ya estaba presente en los movimientos previos, pero sin duda no con la intensidad que se ha visto desde principios de octubre.

Sin embargo, este levantamiento es inédito; ante todo porque ha estallado donde menos se le esperaba. Normalmente, estalla en el sur, en Basora, ciudad muy afectada en términos sanitarios y socioeconómicos. Pero a partir del levantamiento del verano de 2018, el gobierno mejoró el aprovisionamiento eléctrico en esta segunda gran ciudad del país para “comprar” la paz social. En esta ocasión, el conflicto estalló en Bagdad, más concretamente en el cinturón de pobreza que rodea la capital, precisamente en Sadr City. Este arrabal, edificado a finales de 1950 para alojar a los campesinos venidos a la ciudad, reúne hoy casi la cuarta parte de los habitantes de la capital. A partir de allí la revuelta se extendió a las grandes ciudades del centro (Nadjaf, Kerbala, et.) y sur del país (Nassiriyya y Basora).

Este levantamiento también es inédito porque implica olvidar las visiones confesionales o étnicas que se mencionan siempre al hablar de Iraq. Hoy el conflicto surge con bases estrictamente socio-económicas. La parte de los sunnitas que rechazaban el orden político posterior a 2003 no existe. En su lugar aparecen manifestantes chiitas que se enfrentan a un poder manejado por la mayoría chiita. Los kurdos y los sunnitas quedan como espectadores no sin cierta satisfacción de ver como los chiitas se destruyen entre sí, aunque también tengan quejas contra el poder central.

Además, es la primera vez que las mujeres tienen tanta visibilidad en la plaza Tahrir. Eso muestra que desde 2003 la sociedad iraquí se mueve, pese a la losa de plomo del conservadurismo impuesto por el islamismo chiita en el poder o el salafismo de las regiones sunnitas. Se ven mujeres jóvenes, sin velo y en pantalones, mezclarse en las manifestaciones sin temor al acoso sexual. Lo que muestra a la vez evoluciones ocultas sobre el papel de la mujer, y que vivimos un momento de cambio en los marcos sociales habituales que se tambalean.

Finalmente, otro elemento es la vuelta al escenario de órganos constituidos, de los sindicatos, que estaban en coma. Los médicos, los obreros del sector petrolero, los profesores han llamado a la huelga general, lo que es nuevo. Los trabajadores del puerto de Basora llaman a bloquear lo que supone el pulmón económico del país, decisivo en este caso dado que la mayor parte de los productos de primera necesidad se importan por allí. Es como si toda la sociedad iraquí se fusionara finalmente en un soplo revolucionario.

¿También es inédita la amplitud de la represión?

Sí, sobre todo si la comparamos con Argelia movilizada desde hace meses sin que haya ni un muerto. En Iraq, el balance es terriblemente pesado, con más de 250 muertos y 8.000 heridos en un mes. Además de la represión directa de las manifestaciones con tiros y gases lacrimógenos, se producen campañas de arrestos; de desapariciones de intelectuales y militantes.

Y sin embargo estamos en un país que teóricamente es democrático. Se han celebrado desde 2005 varias campañas electorales, con cierto grado de pluralismo y de alternancia política, así como libertad de prensa. En Iraq como en Líbano, no nos enfrentamos a un dictador como en Egipto, o a una institución todopoderosa, el ejército, como en Argelia; sin embargo, tanto los manifestantes iraquíes como libaneses quieren “la caída del régimen”.

La razón es que, a pesar de esta fachada democrática, el régimen está en un callejón sin salida y se muestra incapaz de asegurar un mínimo de regulación socio-económica. Por supuesto la explicación es la gran corrupción de las élites dirigentes y las administraciones públicas, pero hay que entender que esta corrupción equivale a un sistema bien engrasado de depredación de los recursos públicos a gran escala; el dinero de la renta petrolera se desvía en provecho de una oligarquía dispuesta a defender sus privilegios al coste de una represión brutal y sanguinaria. Si quiere preservar el statu quo, el régimen apenas tiene otra opción que convertirse en régimen autoritario y represivo, imitando a sus homólogos árabes.

La particularidad de Iraq es que nos encontramos con un Estado que reprime, ¡pero que afirma no conocer a los agentes de su represión! Las fuerzas armadas -policía, ejército, tropas anti-motines y anti-terroristas- afirman que no es en su seno donde se encuentran los francotiradores que disparan sobre los manifestantes. La comisión de investigación sobre la violencia contra los manifestantes fue incapaz de señalar a los culpables. Aún no se sabe a quien obedecen los hombres uniformados, a veces de negro, otras de verde, que se han visto actuando.

Subraya que se trata de un conflicto interno del mundo chiita. ¿A qué se refiere y qué implica esto?

El levantamiento tiene innegablemente rasgos chiitas. A partir de la gran manifestación del 1 de octubre, reprimida sangrientamente, las manifestaciones han continuado, pero no obstante siempre han marcado una tregua para respetar la marcha del Arbain. Esta importante fiesta religiosa chiita señala el final del duelo del martirio del imán Hussein, que implica la marcha a pie a la ciudad santa de Kerbala, donde lo mataron. A lo largo de las carreteras que convergen en Kerbala, los habitantes, las familias acomodadas en particular, abren sus puertas y alimentan a los peregrinos, exactamente como lo han hecho esta vez, llevando ollas enormes de alimentos a los manifestantes de la plaza Tahrir.

Desde luego, en esta revuelta juvenil, hay elementos que se repiten en otros países árabes: el empobrecimiento masivo de la población, infraestructuras lamentables, una tasa de desempleo astronómica...Podríamos aplicar este marco de referencia socio-económica al Líbano, Sudán, Egipto, al Rif marroquí, a Argelia. Pero en cada país, la revuelta se inscribe en un texto distinto; en una trama nacional concreta; por ejemplo, en Argelia, la manifestación del 1 de noviembre inscribe la revuelta popular alineada con la guerra de independencia contra Francia, como la voluntad de liberarse de un régimen militar percibido como extraño a la sociedad.

En Iraq existe esta problemática concreta del chiismo, llegado al poder después de 2003 favorecido por el derrocamiento de Sadam Hussein por los norteamericanos. ¿Qué ha hecho de este poder? Es un fracaso total con todas las letras. La clase política dominante chiita no ha sabido hacer funcionar socio-económicamente el país ni el nuevo régimen político; ni elaborar un proyecto nacional consensuado. Me temo, que si hoy hiciéramos un sondeo, una aplastante mayoría de iraquíes, integrando todas las confesiones, no dejarían de preferir la vuelta del antiguo régimen frente a lo que viven hoy…

Ahora bien, detrás de la movilización popular actual, se leen, entre bastidores, las intensas rivalidades del mundo político chiita que es un mundo plural, ideológica, cultural y económicamente: está atravesado por una violente lucha de clases que se niega en nombre de la unidad y defensa del chiismo.

¿Cuáles son las fuerzas rivales en el seno del mundo chiita iraquí?

Hay, ante todo, los islamistas del poder, vueltos del exilio en 2003, que lo monopolizan desde todos los engranajes políticos. Mayoritariamente han salido de las grandes formaciones políticas como el partido Al-Dawa (La llamada Islámica) consideran que tienen una legitimidad histórica: el precio de la sangre vertida frente a la dictadura de Sadam Hussein. Al-Dawa ha dado al país varios primeros ministros (Nouri al-Malikj y Haider al-Abadi). Son islamistas “moderados” que sobresalen en el pragmatismo y la política, “política”; hoy no pueden pretender ninguna dirección moral, tanto les ha corrompido el poder y la renta petrolera. Forman más bien una élite solo preocupada por el desmembramiento del poder y por sus prebendas.

Al lado de esto, desde 2003 ha emergido otro islamismo chiita en el interior. Es un chiismo populista y miliciano. Su componente más sólido está encarnado por Moqtad al-Sadr, que tiende ampliamente a la demagogia, con escasa experiencia de poder y de escenarios internacionales, pero que puede vanagloriarse de representar a los desheredados.

También hay todas las otras milicias armadas que han proliferado en el país en nombre de la lucha contra el Daesh, hasta el punto de convertirse en instituciones. Es la llamada “movilización popular”. Estas milicias poseen una legitimidad religiosa ya que dicen haber nacido de una fatwa religiosa del ayatolá Sistani, que representa la más alta autoridad religiosa del chiismo iraquí. Hoy reclaman su parte de la tarta, con tanto más vigor al estar coronados con la victoria contra el Estado islámico. Ideológicamente están próximos a Irán y se consideran sobre todo un modelo de los Guardias de la revolución iraníes.

Las últimas elecciones legislativas de 2018, han cambiado las cartas, dado que la corriente sadrista y la de la movilización popular han entrado con fuerza en el parlamento, hasta el punto de constituir respectivamente, el primero y el segundo bloque. Este chiismo armado tiene un pie en el poder y otro fuera. Controla ministerios y núcleos administrativos lucrativos, pero se presenta como virgen de la corrupción del poder y amenaza romper la baraja en cualquier momento, si no obtiene una mayor parte del pastel.

La cuestión central hoy en Iraq radica en la salida de esta relación de fuerzas entre dos chiismos políticos, a veces aliados, a veces enfrentados.

Lo que sorprende, cuando se ven las manifestaciones en Iraq, es la extrema juventud de los manifestantes y el hecho de que, entre los muertos y los heridos solo se ven habitualmente caras de adolescentes...

Esta revolución es una revolución de jóvenes e incluso de muy jóvenes, llegados de los márgenes desheredados de la sociedad. En efecto, entre 15-25 años, a menudo adolescentes, son los actores principales de la revuelta. Buen número de entre ellos han tenido que transformarse en cabezas de familia, con padres muertos, desaparecidos o huidos por la violencia y las sucesivas guerras. Trabajan en la economía informal para alimentar a toda la familia. Según el Banco Mundial, el 60% de los iraquíes son menores de 25 años y su tasa de desempleo supera el 40%.

Pero esta movilización es sorprendente más allá de las condiciones socio-económicas en que están los jóvenes. Así, los héroes de este levantamiento son los conductores de triciclos que transportan diariamente paquetes y trabajadores a jornal, en la construcción y el comercio, venidos de los arrabales. Mientras que, a los ojos de muchos iraquíes, encarnan los bajos fondos y las clases peligrosas, acusados de acosar a sus hijas y de comportarse como delincuentes que embotellan las ciudades, han estructurado la movilización distribuyendo agua a los manifestantes y haciendo servicios de ambulancia.

Otro aspecto sorprendente es la forma en que estos jóvenes contemplan su entrada en el escenario político como un juego de video. Se les denomina la “generación PUBG” por el nombre de un juego de video que tiene millones de adeptos en Iraq, Players Unknown’s Battlegrounds. El jugador es lanzado en paracaídas sobre un campo de batalla desconocido y ha de espabilarse para encontrar víveres y armas. En la forma como se desplazan, como erigen barricadas, los jóvenes manifestantes se inspiran en los que juegan diariamente. En abril 2019, el Parlamento iraquí, que no se corta un pelo en legislar sobre lo que sea, ya había votado una ley prohibiendo estos juegos de video que incitan a la violencia. Pero como el gobierno iraquí no tiene ninguna capacidad de acción, la prohibición se quedó en letra muerta, aunque fue apoyada por los clérigos chiitas.

¿Qué se puede decir del “campo de batalla” de los jóvenes revolucionarios?

Como en el juego PUBG, hay que tomar una fortaleza; a saber, la “zona verde”. Esta se encuentra, respecto a la plaza Tahrir, que constituye el epicentro de la revuelta, al otro lado del Tigris, pasado el puente de la República, Esta zona verde, fuertemente vigilada, concentra los lugares del poder: el Parlamento; los ministerios; la sede del Consejo de Ministros y prácticamente todas las embajadas extranjeras, las de Irán y Francia aparte. Se ha convertido en una ciudad dentro de la ciudad, con hoteles de lujo, clubs de deporte, inmunizada respecto al resto de la sociedad iraquí.

Lo que es interesante, es que a la entrada del puente, un edificio denominado el “restaurante turco”, cuya historia y la forma actual de explotación explican muchas cosas sobre lo que es Iraq. Este edificio de 14 plantas construido en 1983, debía ser un gran centro comercial que nunca nació, aunque se instaló un restaurante panorámico turco en la última planta, con una vista dirigida sobre el Tigris y la plaza Tahrit. Fue duramente bombardeado en 1991, durante la guerra del Golfo, reconstruido después, antes de ser nuevamente bombardeado por los norteamericanos en 2003.

En esta ocasión el edificio fue totalmente abandonado, mientras circulaba el rumor de que había sido contaminado con sustancias radiactivas, Pero en el momento de la primavera árabe de 2011, las fuerzas del orden del gobierno de Maliki ocuparon el edificio y los francotiradores dispararon desde los pisos vacíos sobre los manifestantes contribuyendo a ahogar en su inicio el levantamiento.

Para evitar que la historia se repita, a principios de este mes de octubre, el primer objetivo de los manifestantes fue ocupar este edificio. Los jóvenes fueron allí, escalaron las fachadas y lo han convertido en cuartel general de la revolución ondeando pancartas y banderas iraquíes. La forma en que los revolucionarios se refieren a dicho edificio es muy significativa. Algunos lo denominan “los jardines colgantes de Babilonia”, en referencia a los racimos humanos sentados en los pisos sin barandillas, con las piernas colgando en el vacío. Esta referencia permite acercarse a la historia de Mesopotamia, la de un Iraq cuna de civilizaciones.

Otros lo llaman “Jabal Uhud”, nombre tomado de la hagiografía islámica, dado que el monte Uhud, situado al norte de Medina, fue el lugar donde se reagruparon los primeros musulmanes que libraron batalla a los herejes y con los que se identifican los jóvenes alzados.

Iraq siempre ha oscilado entre estos dos polos de identidad nacional: ¿se insiste en Mesopotamia para superar las divisiones étnicas y confesionales o sobre la religión, con el peligro de atizar las tensiones entre sunnitas y chiitas?

A esto se añade una minoría que se manifiesta mediante la expresión “intifada oktober”. Pero la expresión oktober no existe en el árabe iraquí, en el que el mes de octubre jamás se ha llamado así. La referencia por tanto se ha hecho directamente a la revolución de octubre de 1917, muestra del hecho de que Iraq fue el país que antes tuvo el Partido Comunista más potente del mundo árabe.

Por lo que se refiere a los eslóganes, dos son los dominantes: “Salgo para ejercer mis derechos” y “Quiero una patria”. Más allá de la denuncia de la corrupción y de las injusticias sociales, se vuelve a la identidad de Iraq y sus componentes: el pasado mesopotámico, el islam, el islamismo, el viejo fondo revolucionario marxistizante, las relaciones con el entorno regional, empezando con Irán…

¿En qué condiciones es probable una salida de la crisis? ¿Cuál puede ser ante todo el papel de Moqtada al-Sadr, a la vez encabezando un poder miliciano y del primer bloque parlamentario?

Actualmente hay en Iraq una negación de la profundidad de la crisis, y que tiene tal entidad que resulta difícil mirarla de cara. No basta con anunciar algún desbloqueo de fondos como pueden calmarse las cosas. El sistema político en realidad está huérfano de toda capacidad de actuación. El gobierno no tiene el monopolio de la violencia legítima y ha perdido su palanca financiera, considerando el coste de la guerra contra el Daesh y la caída del precio del petróleo desde 2013-2014.

Cuando Maliki era primer ministro, el precio del barril se situaba por encima de los 100 dólares y el gobierno aun podía tratar de comprar la paz social a golpe de subvenciones y de creación de empleos en la función pública, cuyo tamaño se multiplicó por cuatro desde 2003. Actualmente, está obligado a recurrir al endeudamiento para financiar sus gastos, principalmente militares. La deslegitimación de ese poder es tal que se oye a ciertos manifestantes apelar a una tutela internacional, o cuando menos a elecciones controladas por las Naciones Unidas, que desembocarían en una nueva Constitución.

En ese contexto, un elemento clave será la variable Moqtada al-Sadr, que es el principal aguafiestas del sistema lo que lo dice todo, que es conocido por sus cambios de aliados; un día puede incitar a sus tropas a quemar la bandera iraní y al día siguiente estar en Teherán al lado de los altos dignatarios iraníes. Es el chiquillo turbulento del sistema imposible del Iraq post-baasista. El mismo está dividido entre la matriz del islam político chiita y una iraquidad a la que le cuesta transformar en una fórmula de gobierno. Así, acaba de ordenar a sus partidarios retirarse de la plaza Tahrir, después de haberles impulsado a hacerlo. Ha llamado a dimitir al primer ministro, antes de cambiar de criterio.

Moqtada, cuyo padre fue un dignatario religioso muy popular, asesinado por el régimen de Saddam en 1999, tiene una capacidad de movilización inmensa, que heredó, pero que corre el riesgo de dilapidar, de la forma en que Saad Hariri, en Líbano, malgastó la herencia económica y política de su padre asesinado.

Desde 2003, Moqtada al-Sadr lo ha intentado todo. Al comienzo llamó a tomar las armas contra la ocupación norteamericana, envió tropas contra el gobierno de Maliki, contra el clero encabezado por el ayatolá Sistani...Posteriormente ha terminado por adoptar una posición legalista y reformista, con un bloque parlamentario y ministerios, pero entonces ha vivido lo que les había sucedido a otros partidos de gobierno: corrupción, cambios de alianzas, compromisos...Esto debilitó su credibilidad y la solidez de su organización.

Haga lo que haga Moqtada, en ese contexto de tensiones internas en el mundo chiita, no habrá solución mientras no se aborden las injusticias sociales y las infraestructuras. La sociedad iraquí se halla fuertemente polarizada entre cinturones de pobreza y de pequeñas y grandes burguesías urbanas que se benefician de los empleos en la función pública y los circuitos de redistribución de renta. Por su parte, la clase política dirigente, ha amasado fortunas inmensas y se apoya en los dirigentes religiosos, que se sitúan también en posiciones de ambigüedad, unas veces llamando a la calma y otras sosteniendo a los jóvenes chiitas rebeldes. Los clérigos chiitas, que también son una institución económica y financiera, tienen todo que perder con la tabla rasa de una cólera popular que también los toman como objetivo, por haber sido cómplices del sistema.

¿Cuáles son los escenarios posibles?

La única capacidad de actuación que todavía tiene el régimen, es bloquear todo cambio auténtico. Y no veo tampoco que incluso un cambio del primer ministro pueda bastar para hacer volver a sus casas a los manifestantes convencidos de hacer tabla rasa. Podemos imaginarnos que la represión vencerá a los entusiastas revolucionarios; podemos imaginar que la situación permanezca equilibrada; incluso que la represión aumente el peligro de una guerra civil entre chiitas en una sociedad donde todo el mundo está armado. Bagdad concentra, como ninguna otra ciudad del país, fuerzas armadas, regulares o no. Si la situación se escapa de control en la capital, habrá que esperar un baño de sangre, de cuyo potencial ha dado muestras las primeras semanas de manifestaciones.

El futuro dependerá también de Irán, que trata de arbitrar las cosas para mantener un statu quo concreto forjado por los norteamericanos, pero del que se aprovecha sobremanera. En efecto los iraníes están muy presentes en la economía y la sociedad iraquíes. Irán no puede desinteresarse de Iraq, porque es una palanca de influencia regional, con un suministro de combatientes susceptibles de intervenir en Siria o en otras partes; un país petrolero; una salida para la exportación de sus productos y un sistema bancario que le permite, por su intermediación, zafarse del yugo de las sanciones norteamericanas. Pero Iraq es también para ellos, una cuestión de política interna.

Kerbala y Nadjaf constituyen importantes centros religiosos con clérigos venidos del conjunto del universo chiita. El ayatolá Sistani, él mismo de origen iraní, que encabeza a los clérigos de Nadjaf, representa un chiismo apolítico, más liberal, preparado para jugar el papel de la democracia representativa, que propone otro modelo diferente al de la República Islámica de Irán, donde los clérigos están a la cabeza del Estado. Así pues, Irán se encuentra constreñido a arbitrar entre diferentes facciones chiitas iraquíes, para evitar un vuelco hacia una guerra entre chiitas que sólo podría perjudicarle.

Es usted especialista en Iraq, pero vive actualmente en Beirut. Se oyen eslóganes del tipo: “Bagdad, Beirut, el mismo combate. ¿Es algo más que un eslogan?

Se habían oído eslóganes de este tipo en 2015, cuando los libaneses se movilizaban diciendo: “You Stink”, (Apestáis, NdT) dirigidos a la clase política incapaz de gestionar la crisis de las basuras, y al mismo tiempo había un inicio de movilizaciones en la plaza Tahrir de Bagdad. Siempre es bueno para la moral de los manifestantes, de ambas partes, insertarse en un continuum revolucionario, aunque sea virtual y se circunscriba a las redes sociales.

Pero, por una parte, no existen contactos reales entre los manifestantes de Beirut y los de Bagdad; por otra, hay una territorialización clara y neta de esas dinámicas, en cada país. En Iraq, las manifestaciones se dan en Bagdad y las grandes ciudades chiitas, nada en el Kurdistan o en las provincias sunnitas destruidas y traumatizadas. Si ya es difícil unir Bagdad a Mosul, aún los es menos con Beirut.

Por Loulouwa al-Rachid

15/11/2019

investigadora especializada en Iraq y vinculada al Carnegie Middle East Center (Beirut)

Fuente:

https://www.mediapart.fr/journal/international/101119/l-irak-fusionne-enfin-dans-un-souffle-revolutionnaire

Traducción:

Ramón Sánchez Tabarés

Publicado enInternacional
El líder supremo de la revolución iraní, el ayatolá Ali Khamenei

El líder supremo de la revolución iraní, el ayatolá Ali Khamenei, ha respaldado las medidas del gobierno de Teherán para incrementar el precio de la gasolina que esta semana han causado disturbios en distintos puntos del país.

El bloqueo impuesto por Estados Unidos contra Irán está empezando a hacer daño y muy posiblemente la situación económica continuará deteriorándose en un futuro próximo, algo que puede conducir a una mayor inestabilidad interior y también en el conjunto de Oriente Próximo.

Se ha de decir que la inestabilidad en Oriente Próximo no causa ningún temor a Estados Unidos e Israel, las potencias hegemónicas que promueven la inestabilidad allá donde pueden, no solo por la venta masiva de armas sino también porque beneficia a sus objetivos estratégicos.

«Algunas personas sin duda están preocupadas por esta decisión», dijo Khamenei, «pero el sabotaje y los incendios son obra de hooligans y no de nuestro pueblo. La contrarrevolución y los enemigos de Irán siempre han apoyado el sabotaje y la quiebra de la seguridad, y van a continuar haciéndolo».

La policía antidisturbios se enfrentó en los últimos días a los manifestantes en Teherán y en otras localidades, unas protestas que en algunos casos fueron violentas.

El precio de de gasolina ha subido un 50 por ciento, de 10.000 riales a 15.000 riales el litro, es decir unos diez céntimos de euro. Además, la adquisición de este líquido se ha racionado y las compras adicionales de gasolina costarán a 30.000 riales el litro, es decir unos 20 céntimos de euro.

En las protestas han muerto varias personas, según admitió Khamenei, y se ha destruido propiedad privada y gubernamental en distintas localidades.

Aunque inicialmente tenían un carácter económico y denunciaban la carestía de la vida, las protestas pronto han adquirido tintes políticos.

Según Khamenei, el incremento del precio de la gasolina fue recomendado por expertos económicos y se debe aplicar, pero el líder supremo añadió que las autoridades no deberían aplicar el incremento de los precios a otros productos.

La medida del gobierno indica a las claras que la situación económica es delicada y no hay que descartar que tenga repercusiones políticas. Las sanciones podrían conducir a un endurecimiento de las condiciones de vida en el país, y también al endurecimiento de las condiciones políticas.

Por Eugenio García Gascón

18 noviembre 2019

Publicado enInternacional