Domingo, 03 Noviembre 2019 05:59

Una revolución mundial en marcha

Una revolución mundial en marcha

Puerto Rico, Hong Kong, Ecuador, Haití, Líbano, Irak y ahora, Chile. En todo el mundo, la gente se está alzando contra las políticas de austeridad y la corrupción, desafiando a las fuerzas policiales enviadas para reprimirlos. Muchos de estos movimientos de masas comparten una crítica feroz hacia el capitalismo. En Santiago de Chile, más de un millón de personas inundaron las calles el fin de semana pasado y las protestas masivas continúan. Allí, la brutal dictadura de Pinochet que tuvo lugar entre 1973 y 1990, durante la cual miles de activistas y líderes progresistas fueron torturados, desaparecidos y asesinados, fue seguida por décadas de políticas neoliberales, con privatizaciones desenfrenadas, acoso a sindicatos, salarios estancados y mayores costos de educación, salud, transporte y otros servicios. Chile, uno de los países más ricos de América del Sur, también es uno de los que tiene mayor desigualdad. Al menos 20 personas han sido asesinadas durante las recientes protestas allí, lo que enfureció e incentivó aún más a las multitudes.

Estas protestas globales están también sucediendo en momentos en que el mundo atraviesa un punto de inflexión en su historia, con tan solo una década de tiempo para que la humanidad pase de una economía apoyada en los combustibles fósiles a una impulsada por energía renovable. El miércoles, el multimillonario y asediado presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció abruptamente que su gobierno había decidido cancelar la realización en Chile de dos grandes cumbres internacionales: el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (conocido como APEC) a mediados de noviembre y la cumbre sobre cambio climático de Naciones Unidas, la 25ª "Conferencia de las Partes", o COP25, en las primeras dos semanas de diciembre.

La presidenta designada de la COP 25, la ministra de Medio Ambiente de Chile, Carolina Schmidt, declaró: "Los ciudadanos han expresado de manera contundente sus legítimas demandas sociales que requieren toda la atención y el esfuerzo del gobierno".

La cancelación de la COP por parte de Chile podría ser un golpe para la acción global contra el cambio climático. Pero los activistas en defensa del clima deberían juntar coraje: este renovado espíritu de rebelión en todo el mundo implica un rechazo del status quo y podría presagiar que la movilización de base para evitar un cambio climático irreversible y catastrófico se acelere.

No mucho después de la cancelación de la COP de Chile, la Red de Acción por el Clima expresó en un comunicado: "La injusticia social y la crisis climática tienen una raíz común. La justicia climática y la solidaridad tienen que ver fundamentalmente con la protección de los derechos humanos y una mejor calidad de vida para todos".

La crisis climática nos afecta a todos; en primer lugar, y con más fuerza, a los pobres del mundo. El multitudinario levantamiento en Puerto Rico que condujo a la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló fue la culminación de décadas de frustración con el estatus colonial de Puerto Rico y la contemporánea explotación por parte de los fondos buitres de Wall Street. Pero el descontento se vio alimentado por la impactante devastación causada por los huracanes Irma y María hace dos años, que tuvieron lugar uno atrás del otro.

Pocos días después de la renuncia de Rosselló, Manuel Natal, miembro de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, manifestó en una entrevista para Democracy Now!: "Las políticas de austeridad implementadas no solo por la Junta de Supervisión Fiscal, sino también por el actual gobierno de Roselló y el pasado gobierno de García Padilla, han dejado al pueblo de Puerto Rico en una situación de vulnerabilidad. La desigualdad social ha aumentado a niveles que nunca se habían visto aquí en Puerto Rico". Natal prosiguió: "Necesitamos más democracia, no menos democracia. Estamos al borde de una revolución política aquí en Puerto Rico". El derrocamiento de Rosselló constituye la primera vez en la historia de Estados Unidos que un gobernador se vio forzado a renunciar a su cargo a causa de una protesta popular.

Los pueblos indígenas también están liderando el camino, a menudo en la primera línea de la lucha, confrontando al modelo extractivista con una resistencia pacífica y disciplinada. En Colombia, cientos de líderes sociales indígenas y campesinos han sido asesinados en los últimos años, simplemente por defender la justicia y la protección del medio ambiente.

El acuerdo climático de París señala específicamente la importancia de la justicia climática y se compromete a trabajar "en el contexto del desarrollo sostenible y los esfuerzos para erradicar la pobreza". Uno de los conflictos duraderos que ha obstaculizado las negociaciones internacionales sobre el clima ha sido la negativa de las naciones ricas, principalmente Estados Unidos, para aceptar la simple premisa de que "los contaminadores deben pagar". Estados Unidos es la nación más rica de la historia humana, en parte, porque al utilizar energía barata y sucia ha dejado una estela de contaminación en su camino hacia la cima: centrales eléctricas de carbón, locomotoras diesel y ahora, el gas de extracción por el método de fracturación hidráulica, mal llamado "de combustión limpia".

Se suponía que el Fondo Verde para el Clima iba a recaudar miles de millones de dólares para financiar proyectos de energía renovable en los países más pobres. La semana pasada, la conferencia de donantes del fondo no alcanzó su objetivo, principalmente porque el gobierno de Trump incumplió el compromiso de Estados Unidos de aportar 2.000 millones de dólares al fondo. Australia y Rusia siguieron el ejemplo y se negaron a contribuir.

Un nuevo estudio de Climate Central, una organización científica y de noticias, indica que las inundaciones costeras inducidas por el cambio climático probablemente serán mucho peores de lo previsto, lo que obligará a entre 200 y 600 millones de personas, ricas y pobres, a abandonar sus hogares más adelante en este siglo. Ahora mismo hay numerosos incendios forestales provocados por el cambio climático en California, donde cientos de miles de personas tuvieron que ser evacuadas de sus hogares y al menos un millón de personas permanecen sin electricidad.

AL igual que los incendios forestales, los levantamientos populares contra los líderes corruptos autocráticos, las políticas de austeridad y la desigualdad también se están extendiendo e intensificando. Los pueblos también está inundando las calles a lo largo y ancho del mundo, vinculando los movimientos contra la desigualdad con la lucha por un mundo justo y sostenible, alimentado por energías renovables.

Sábado 2 de noviembre de 2019

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 “Mujeres de luto” caminó en absoluto silencio desde la estación Salvador hasta el Palacio de la Moneda.  Imagen: AFP

Página/12 compartió las dos marchas que este viernes sacudieron el centro de la ciudad. La de "Mujeres de luto",  con los brazos en alto, banderas de Chile en color negro y fotos de los muertos tanto en la dictadura como en estos días. Y la que juntó hasta a los barras de equipos opuestos y terminó reprimida por los Carabineros. Nuevas denuncias de torturas.

 

Chile despertó y no descansará hasta que haya un cambio estructural. Eso es lo que quisieron demostrar las miles de personas que se reunieron en Plaza Italia cerca de las 17 alrededor de una convocatoria denominada “La marcha más grande de todas”, con la intención de replicar el suceso del viernes pasado. Fue una movilización mucho más masiva que la de ayer en el mismo punto, que había agrupado sobre todo a jóvenes estudiantes y que con disfraces y máscaras conectó con el espíritu de Halloween. A quince días de iniciado el estallido, el pueblo se preocupó por dejar en claro que no se cansa. En tanto, el Gobierno le respondió nuevamente con hidrantes y gases lacrimógenos que no perdonan ni al que está lejos.


A lo largo del feriado del Día de los Muertos, la ciudad presentó dos climas bien diferentes. Pasado el mediodía, un conjunto de emotivos rituales dio el protagonismo a los que ya no están y a los que el Estado torturó, desnudó, secuestró, abusó, violó, calcinó y disparó en esta etapa. Un enorme grupo de mujeres que se organizó por redes sociales con la consigna “Mujeres de luto” caminó en absoluto silencio desde la estación Salvador hasta el Palacio de la Moneda.


Todas vestían de negro. Llevaban los brazos en alto, racimos de flores, banderas de Chile en color negro, carteles en memoria de desaparecidos de la última dictadura militar, una tela con fotos de los muertos del Chile despierto. Nadie en esta manifestación se atrevía a faltar el respeto al silencio, y era tan pacífica que si alguien osaba enfrentarse a algún carabinero se lo reprendía (“no hace falta”). La numerosa columna avanzó por una Alameda que contiene todas las huellas del estallido. Vidrios rotos, locales calcinados, importantes edificios públicos --como la Biblioteca Nacional-- totalmente intervenidos por el aerosol. Al llegar a la casa de gobierno, las mujeres entonaron el himno de estas movilizaciones, “El derecho a vivir en paz”, de Víctor Jara, y “La cigarra” de María Elena Walsh.


La antigua Iglesia San Francisco estaba empapelada con las fotos de los jóvenes fallecidos en los últimos días, como Joshua Osorio, de 17 años, que murió calcinado. O la artista callejera Daniela Cardoso (36 años), colgada frente a sus vecinos, luego de ser abusada sexualmente por uniformados. Los familiares de desaparecidos y fallecidos no eran visibles en la marcha, si es que estaban. Muchos aún no han hecho denuncias y prefieren no hablar de lo sucedido. “Esta generación no pensaba que iba a vivir esto, por eso no le tuvimos miedo al toque de queda”, dice Valentina Barrios, una joven que todos los viernes participa de las rondas alrededor de la Moneda, organizadas por familiares de detenidos y desaparecidos. Dentro de las Juventudes Comunistas ella es compañera de un joven que fue detenido y torturado en un regimiento granadero de Iquique, del cual circularon impactantes fotos ayer. “Estaba en una marcha, lo agarraron, con patadas, hubo simulación de fusilamiento, abuso sexual, le pusieron corriente, le pegaron, tiene un derrame en el ojo”, enumeró trágicamente Valentina.


Más temprano, una comunidad de sahumadoras había homenajeado a desaparecidos y muertos --29, según dijeron-- con una ceremonia en Plaza Baquedano que tomaba aspectos de una tradición mexicana. “Sahumar es armonizar, liberar energías, dar paz. Sanar. Limpiar, también, en algún sentido”, explicó Roxana Campos Araya, la mujer que conducía el ritual. Reunidas en ronda, con caracolas y sahumerios, las mujeres iban colocando en la tierra cruces con los nombres de los caídos. Pensaban enterrarlas en el Museo Nacional de Bellas Artes. “Quisimos ponerles cuerpo a los muertos y hacer un homenaje colorido. Era importante trenzar un rezo para ayudarles a elevarse y hacerlos visibles”, comentó otra de las sahumadoras, llamada Sayen. Un tercer grupo femenino ofreció una performance de expresión corporal respecto de los heridos. Estaban vestidas de negro y tenían gasas en los ojos.


Si por esas horas la calle era de las mujeres que reivindicaban los derechos humanos y hacían visibles a las víctimas de la violencia del Estado, hacia la tarde el clima de Plaza Italia cambió radicalmente. El pueblo todo con sus variados reclamos en carteles se juntó allí después de que Carabineros dispersara con hidrantes --aquí conocidos como guanacos-- a manifestantes en la Moneda. Los gases eran poderosos. No son pocos los que dicen que son cada vez más tóxicos. Eran arrojados, como ayer, desde la estación de metro de Baquedano, y también había un foco represivo en el Parque Bustamante. Los manifestantes entregaban agua con bicarbonato y barbijos. Los parques linderos estaban también colmados.


“¿Qué otra figura más que Piñera logró juntar a dos barrabravas opuestas?”, decía Jorge, que tomaba una cerveza y señalaba las banderas de Colo Colo y Universidad de Chile agitadas por sus hinchas en cercanía. Por todos lados sonaban cacerolas, tambores, silbatos; flameaban banderas chilenas y mapuches. “El que no salta es paco” fue uno de los cánticos más repetidos. Como dato de color, la movilización sumó a un grupo de manifestantes llegados de Limache (región de Valparaíso) en una caminata. “Mi hijo recibió siete perdigones en la espalda por venir a ayudar a la Cruz Roja. Tengo 79 años y salgo a pelear igual”, expresaba Carlos sosteniendo un cartón que cuestionaba el sistema jubilatorio. Daba especial importancia al hecho de poder expresarse en un medio de comunicación: “El periodismo acá oculta todo. No muestra esto”. A quince días de la explosión social, el pueblo de Chile demostró entonces varias cosas: que luchará por sus muertos, que buscará a sus desaparecidos y que no dejará las calles hasta ser escuchado.

 

Por María Daniela Yaccar

Desde Santiago

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Al menos dos muertos en enfrentamientos en Bolivia, donde ya arrancó la auditoría de la OEA

Ni el comienzo de la auditoría del escrutinio de las elecciones del 20 de octubre por parte de la OEA ha traído paz a un país convulsionado. Ya hay dos muertos y decenas de heridos en distintos enfrentamientos.

 

Pese a que desde ayer se audita el escrutinio que determinó la reelección de Evo Morales para un cuarto mandato presidencial, Bolivia sigue convulsionada. "Nosotros no podemos manipular a toda una organización compuesta por 33 países", señaló esta mañana el canciller Diego Pary respecto a las intrigas sembradas por la oposición ante el acuerdo firmado con la Organización de Estados Americanos para transparentar el proceso electoral y despejar las denuncias de fraude. También pidió que no se estigmatice al gobierno, exponiendo que el clima de conspiración, de crisis institucional e incluso de golpismo explícito ha llegado para quedarse y el día a día resulta poco predecible.

Lo mismo puede decirse de la mentada pacificación social, proclamada por el oficialismo y la oposición, ya que finalmente los enfrentamientos violentos se cobraron las primeras dos vidas -en Montero, Santa Cruz-, elevando la tensión en los reclamos al punto de que en el multitudinario cabildo convocado anoche en la ciudad de La Paz, miles de personas apuntaron directamente a la responsabilidad del Poder Ejecutivo al grito de "Evo asesino". Luego hubo fuertes choques entre manifestantes y la policía que resguardaba la Casa Grande del Pueblo.

Mario Salvatierra -de 55 años- y Marcelo Terrazas -de 41- murieron el miércoles por la noche en enfrentamientos entre bloqueadores, con quienes colaboraban las víctimas, y desbloqueadores. También hubo seis heridos y, al día siguiente, en el barrio Cofadena de Montero se perpetró la venganza con agresiones a pobladores y destrozos de viviendas. Hay versiones disímiles, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, responsabiliza a "hordas fascistas que se hacen llamar Unión Juvenil Cruceñista" -grupo de choque del Comité Cívico conducido por el separatista Luis Fernando Camacho-, los habitantes hablan de infiltrados, y la policía apresó a cuatro sospechosos anoche.

Estos hechos se suman a los ocurridos el martes en Plan Tres Mil, una populosa zona de la ciudad de Santa Cruz donde hubo decenas de personas heridas -uno de ellos, gremialista, de gravedad-, esta vez sí con claro involucramiento de jóvenes cruceños visiblemente armados.

En el plano político, la reticencia de la oposición representada por Carlos Mesa, de avalar el monitoreo del escrutinio que se realiza con especialistas de la OEA, más la consolidación de los radicalizados comités cívicos como parte de la pulseada para anular todo el proceso electoral y promover la destitución del presidente Morales, desgastan a un gobierno que durante los últimos días ha buscado bajar el tono de la confrontación.

En el cabildo de La Paz cobraron fuerza las dos nuevas consignas: “Anulación de las elecciones” y “Ni Evo ni Mesa”. Ambas ponen en aprietos al gobierno y al MAS, pero también generan interrogantes hacia las filas de Comunidad Ciudadana, cuyo candidato sería el único beneficiario si se realizase una segunda vuelta o se impugnase la primera, en caso de que se constate fraude según se determine a partir de las conclusiones de la OEA, cuyo plazo es perentorio en el contexto: de diez a doce días contando desde ayer.

La incitación de los cívicos a radicalizar posiciones frente a la eventual salida institucional que derivaría de la auditoría, llamamiento asentado sobre la intransigencia de clases medias y altas acerca de que hubo fraude, ahora mediante el pedido de que se anule la votación y se descabece a Morales, es una baza ya lanzada por los sectores que más apostaron por desestabilizar. Esto plantea, como tercer elemento cuyas reacciones son más difíciles de calcular que en el tira y afloje político, otro desafío a las dos principales fuerzas electorales.

Para Mesa significa, entre sus propios devaneos y errores, que el civismo le ha quitado protagonismo y que su propio accionar depende de la mayor polarización que están manejando los emergentes comités departamentales. La nueva consigna de las marchas urbanas se lo enrostra y lo corre por derecha.

Para el gobierno y el MAS implica la constatación de que el escenario de estabilidad institucional que existía hasta el 20 de octubre, y su propio destino como proceso de cambio, ha sido modificado diametralmente. Sí, como afirman el propio Morales y los principales cuadros de su gabinete, hay un golpe de Estado en marcha, sus piezas parecen ir ensamblándose de a poco. Y si, como también explicitan varios dirigentes, la auditoría puede darle un respiro a la convulsión, independientemente de cuáles sean sus resultados, la tregua sólo durará hasta entonces.

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Miércoles, 30 Octubre 2019 06:17

¿Qué pasa en Bolivia?

¿Qué pasa en Bolivia?

Bolivia vive una crisis política en la que el Gobierno denuncia golpe y la oposición fraude. El triunfo de Evo Morales en primera vuelta por un escaso margen dio lugar a masivas protestas opositoras y contramarchas del oficialismo, con enfrentamientos en las calles de distintas ciudades del país

 

Las elecciones presidenciales del 20 de octubre sumieron a Bolivia en una crisis política. Ese día, el presidente Evo Morales buscó un cuarto mandato en la contienda más abierta desde su llegada al Palacio Quemado en enero de 2006, con 54% de los votos. Desde entonces, el «primer presidente indígena» triunfó, elección tras elección, con más de 60% de los votos y enormes distancias respecto de sus contrincantes, y conectó como ninguno de sus antecesores con la Bolivia indígena y popular. Pero en esta ocasión la coyuntura era diferente: por primera vez, existía la posibilidad cierta de una segunda vuelta. Para evitarla, Morales debía obtener más de 50% de los votos o 40% con diez puntos de diferencia sobre el segundo.

La noche del 20 de octubre concluyó con el balotaje como un resultado probable: la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) fue cortada cuando el conteo alcanzaba el 83% de las actas y la diferencia era de siete puntos. La encuesta en boca de urna de la empresa Viaciencia –la única autorizada– dio resultados similares. Al día siguiente, cuando se completó la TREP, ya se anunciaba un ajustado triunfo en primera vuelta para Morales. Estos guarismos fueron confirmados días después por el conteo oficial, que culminó con Morales obteniendo 47,08% y Carlos Mesa, 36,51%; es decir, una diferencia de 10,54 puntos porcentuales, 0,57 por encima de la necesaria para ganar en primera vuelta.

¿Qué pasó entonces? Por un lado, la oposición venía preparada para denunciar fraude en cualquier escenario que no fuera de balotaje. Pero la suspensión de la TREP y el significativo aumento del porcentaje de Morales, junto con el margen exiguo para lograr la fórmula del «40 más 10», contribuyeron a que, en un clima de fuerte polarización, la mitad de Bolivia quedara convencida de que hubo una alteración de los resultados, más allá de la posibilidad de confirmarlo revisando acta por acta (están en internet), y de que el presidente buscaba quedarse en el poder a como diera lugar.

Que un conteo rápido como la TREP no llegue al 100% no es necesariamente motivo de alarma. Pero, como mostró el periodista Fernando Molina, en este caso el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Gobierno dieron al menos cuatro explicaciones diferentes para justificar la suspensión del conteo: que no querían que se superpusiera el conteo rápido con el oficial –que ya comenzaba a esa hora–; que hubo una alerta de ataque cibernético y se paró por seguridad; que siempre se para en alrededor de 80%; que no se incluyó el 17% de las actas porque esas regiones alejadas que supuestamente faltaban no tienen internet para poder enviar las fotos correspondientes.

Para peor, el vicepresidente del TSE, Antonio Costas, renunció indicando que no fue consultado ni informado sobre la orden de cortar la TREP y señaló que « no fue una buena decisión» . Su renuncia fue enigmática: dijo que lo hacía por una cuestión de principios pero que no había habido una alteración de los resultados. Al mismo tiempo, el Gobierno acusaba a la oposición «racista» de querer invisibilizar el voto rural que, supuestamente, explicaba el salto del candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) en el último tramo del conteo.

Más allá de la discusión «fina» sobre el escrutinio –el Gobierno propuso una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA)–, hay tres problemas de fondo detrás de una crisis que está provocando una profunda grieta entre la Bolivia rural y la urbana, incluso con enfrentamientos físicos.

- Evo Morales llegó a esta elección con su legitimidad erosionada por la derrota en el referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F), cuando su propuesta de cambio constitucional para habilitar la reelección indefinida fue derrotada por escaso margen . Tras ese traspié, el oficialismo se dedicó durante meses a evaluar «otras vías» para la reelección y lo consiguió a través de un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional . Por eso ahora la denuncia de fraude –que debe ser probada– se confunde con la denuncia sobre la «ilegitimidad» de Morales para postularse, lo que construye un enredo de difícil salida. Para «borrar» lo más posible los resultados del referéndum, el presidente boliviano necesitaba un triunfo contundente. Pero si bien obtuvo ventaja sobre Mesa, apenas pasó la barrera mágica de los diez puntos de diferencia para evitar un balotaje en el que podría perder. Es decir, este resultado no solo no logró hacer olvidar el del 21F, sino que lo trajo explosivamente al presente.

- El MAS no logra incorporar en su imaginario la posibilidad de salida del poder como un acontecimiento no catastrófico. Evo Morales nunca abandonó fácilmente los cargos que ocupó: fue el único diputado del MAS que internamente tenía la posibilidad de reelección indefinida y tras ganar la Presidencia se mantuvo como máximo ejecutivo de la Federación Especial de Trabajadores Campesinos del Trópico de Cochabamba (organización matriz de los cultivadores de coca). En ese sentido, pese al discurso oficialista, Morales nunca fue «un campesino más». Y más recientemente, su imagen fue construida incluso como la de un líder excepcional («Hay un solo Fidel, un solo Gandhi, un solo Mandela y un solo Evo», dijo en una oportunidad el ahora ex-canciller David Choquehuanca). Esto, sumado a una idea clásica de revolución, aunque construida en un marco democrático, dificulta la idea básica de alternancia democrática, con el MAS como eje potencial de una oposición, que en caso de derrota luche contra cualquier intento de debilitar las conquistas sociales, materiales y simbólicas indudables de estos 14 años de «Revolución Democrática y Cultural». La democracia seguiría así la metáfora del tranvía, en el que alguien se sube, llega a su destino (el Estado) y luego se baja.

- Dentro de una oposición que en líneas generales es democrática (el propio Mesa es un centrista moderado) y hoy más numerosa que en el pasado, aparecen grupos radicales con discursos revanchistas, racistas y violentos. La aparición de cuestionadas figuras del pasado, como el ex-ministro Carlos Sánchez Berzaín , prófugo en Estados Unidos por su responsabilidad en la masacre de civiles durante la Guerra del Gas, no ayuda a la oposición y refuerza el discurso oficialista contra la «vuelta al pasado». La decisión del flamante Comité de Defensa de la Democracia (Conade), que agrupa a las principales fuerzas opositoras, de rechazar la auditoría internacional y luchar por la anulación de las elecciones puede contribuir, también, a radicalizar la situación, posiblemente con escasas posibilidades de victoria opositora. (Extrañamente, Bolivia es el único país de la región en el cual el secretario general de la OEA, Luis Almagro, es visto por muchos como un «populista», casi chavista, por haber avalado la postulación de Morales).

En este marco, Bolivia puede avanzar hacia una versión soft de lo ocurrido en Venezuela: una situación en la que el Gobierno se impone, pero con fuertes déficits de legitimidad, en el marco de un desconocimiento mutuo entre oficialismo y oposición y con una radicalización de esta última. No obstante, como escribió Fernando Molina, es cierto que el nivel de violencia en Bolivia es mucho menor, no hay crisis económica (por el contrario, la macroeconomía es uno de los puntos fuertes de Morales) y la clase política es más pragmática y menos ideológica que la venezolana.

No obstante, existe el riesgo de una mayor polarización y enfrentamientos callejeros entre oficialistas y opositores, así como un excesivo uso estatal de los movimientos sociales como fuerza de choque contra quienes protestan; de hecho ya hubo varios heridos. Morales respondió usando la misma expresión que Lenín Moreno o Sebastián Piñera –golpe, desestabilización–, llamó «delincuente» a Mesa, acusó a los jóvenes de protestar por plata o por «notas» (un supuesto y no comprobado beneficio de los estudiantes universitarios por ir a las marchas) y llevó su discurso al terreno de la dicotomía « Patria o muerte» . Todo esto ocurre tras una campaña electoral estadocéntrica, en la que los movimientos sociales, sin la épica de antaño, se limitaron a seguir las iniciativas trazadas desde el aparato estatal, con sus inercias y formas tradicionales de conservación del poder. La oposición, por su parte, rechaza la auditoría y llama a «radicalizar» los bloqueos y paros en las ciudades para «asfixiar al Estado» (de hecho, ya fueron quemadas algunas sedes locales del tribunal electoral).

Es significativo que referentes como el argentino Juan Grabois argumenten que hay que desechar cualquier observación sobre la elección en nombre de la « estabilidad de Sudamérica» (curiosa figura en la pluma de un líder social). Esta es la otra cara de la moneda de quienes comenzaron a denunciar fraude antes de que se comenzaran a contar los votos. Lo cierto es que Morales tuvo durante sus 14 años de gobierno elevadísimos niveles de legitimidad (hasta el punto de ganar en 2014 en la región de Santa Cruz) y que su erosión se debe, en gran medida, a la decisión de no respetar los resultados de un referéndum.

Esta es, sin duda, una mala noticia, en un contexto en el que la crisis del «oasis» chileno (con su combinación desigualitaria de colonización mercantil de todos las dimensiones de la vida social y jerarquías de vieja data) y el triunfo del Frente de Todos en Argentina parecen estar dándoles una nueva oportunidad a los progresismos latinoamericanos.

Por Pablo Stefanoni

Nueva sociedad

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Piñera agota las fórmulas para conjurar una crisis que mantiene el estallido en Chile

El ministro de Justicia reconoce por primera vez la veracidad de las denuncias por vulneraciones de los derechos humanos

Se había autoconvocado a través de las redes sociales como "La Marcha Más grande de Chile II", para dar continuidad a la movilización que el pasado 25 de octubre congregó a más de 1,2 millones de personas, convirtiéndose en la protesta más masiva desde el retorno a la democracia. Sin embargo, las cifras quedaron lejos de conseguirlo y, según Carabineros, fueron unas 15.000 personas las que salieron a la calle la tarde de este martes.

La marcha registró nuevos episodios de saqueos, enfrentamientos entre policía y pequeños grupos de manifestantes e incendios, uno de ellos en una parte del cerro de Santa Lucía, un punto emblemático del centro de la ciudad, que habría sido causado por una bomba lacrimógena disparada por Carabineros.

Después de más diez días de protestas, la crisis política y social que estalló con el aumento del precio del transporte público se mantiene muy viva. Luego de suspender el estado de emergencia y el toque de queda, el lunes el presidente Sebastián Piñera concretó un cambio de gabinete “profundo” que cambió a un total de ocho ministros: dos de ellos miembros del Comité Político, además de los titulares de las carteras de Hacienda, Economía y Trabajo. El mandatario apostó por un plantel ministerial “con calle, mucho más joven, capacidad negociadora y de perfil más liberal de centro.

Pero las demandas de los manifestantes van mucho más allá del reparto de cargos y nuevos nombramientos, y la calle se acusó que el flamante gabinete no llegó con otras propuestas que superen la "agenda social" presentada la semana pasada, que fue considerada “insuficiente, y que apunten a los problemas sociales de fondo.

Escenario oculto por la incertidumbre

La torpeza y el mal manejo político del estallido que enfrenta el país –a base de represión policial y militar y respuestas tardías, superficiales y poco apegadas a los reclamos de la ciudadanía– ha desembocado en un escenario tapado por la incertidumbre. Un panorama que da la sensación que está totalmente fuera de control de las autoridades políticas. "Nuestro Gobierno ha escuchado el llamado fuerte y claro de los chilenos que piden un Chile con más dignidad y sin abuso y también un Chile próspero y más en paz. Tenemos que actuar con seriedad, responsabilidad, sin populismos y sin demagogias", declaró Piñera luego de que asumieran los nuevos cargos. Y agregó: "La democracia tiene el deber de protegerse de sus adversarios respetando los derechos humanos de todos los ciudadanos. Sabemos que tenemos que modernizar y fortalecer nuestras organizaciones democráticas y nuestro sistema de inteligencia y de seguridad ciudadana".

Las movilizaciones han dejado, hasta ahora, al menos 20 fallecidos –cinco de ellos a manos de militares o policías– y, según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entregados a última hora del martes, hay más de 3.700 personas detenidas –más de 400 menores– y más de 1.200 heridos por disparos de balas, balines, perdigones o armas de fuego no identificadas. También hay 140 personas con lesiones oculares.

El organismo ha presentado hasta el momento 138 acciones judiciales, de las cuales cinco son querellas por homicidio, 92 por torturas y 18 por violencia sexual. Una de las denuncias recoge el caso de un estudiante de medicina homosexual que declaró haber recibido golpes, amenazas y vejaciones de parte de los agentes de policía. "Fue desnudado y abusado sexualmente en el contexto de tortura que estaba sufriendo […] Lo obligaron a gritar su identidad sexual, mientras los policías uniformados proseguían con los golpes" aseguraron desde el INDH.

Los informes que ha emitido el organismo han provocado la apertura de 14 sumarios para investigar las eventuales responsabilidades de los funcionarios. Este martes, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, uno de los salvados del cambio de gabinete, reconoció por primera vez la veracidad de las denuncias: "Estamos muy complicados porque se han producido situaciones que, efectivamente, aparentemente, parecen ser violaciones a los derechos humanos”, asumió.

Al trabajo desempeñado por los trabajadores del Instituto, uno de los cuales resultó herido por siete balines durante las protestas de este martes, se le sumará el aporte de una misión de observadores del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas que, desde hoy, se desplegará por todo el país.

Las cifras del Gobierno, por otra parte, se centran en 228 querellas y un total de 997 imputados durante el contexto del estallido social, “ya sea por seguridad del Estado o por incendios asociados a las estaciones del Metro”, en palabras del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla. 

La oposición prepara una acusación constitucional

Los últimos sondeos han dejado la aprobación del presidente por los suelos. Según la encuesta Cadem, dada a conocer el fin de semana, el mandatario chileno tiene un respaldo de un 14%, la cifra más baja que ha registrado un jefe de Estado desde 1990.

El Partido Socialista, el Partido Comunista y el Frente Amplio –una coalición de izquierda– están preparando una acusación constitucional contra Piñera que, de salir adelante, llevaría al presidente a enfrentarse a un proceso de impeachment. Sin embargo, eso es poco probable, porque los promotores necesitan los votos de los senadores de derecha.

La oposición también promueve un proyecto de reforma constitucional que permita la convocatoria de un plebiscito. Una consulta ciudadana que pregunte a los chilenos y chilenas si están dispuestos a abrir un proceso constituyente para redactar una nueva Carta Magna que deje atrás la que rige hoy, diseñada e implementada en 1980, bajo la dictadura de Pinochet.

Efectos para la proyección internacional

La urgencia del Gobierno para salir de la crisis no es poca. Además de la necesidad de reconstruir las ciudades y permitir recuperar la cotidianidad de los ciudadanos, el país tiene encima dos acontecimientos internacionales clave para relevar su imagen mundial.

El 16 y 17 de noviembre se celebrará el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), que convoca a los líderes de los países del Pacífico para abordar temas relacionados con el intercambio comercial y la cooperación económica. Este martes, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ya anunció que no viajará a Chile. Se mantiene, en cambio, la asistencia de Donald Trump y del presidente chino, Xi Jinping.

Por otro lado, a principios de diciembre Santiago será sede de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), que acogerá a los principales líderes mundiales. Un grupo de 46 eurodiputados firmaron una carta dirigida a la Alta Comisionada de la Unión Europea para asuntos de Relaciones Exteriores y Seguridad, Federica Mogherini, en la que solicitan que no se realice ningún encuentro internacional en Chile –tampoco la COP25– hasta que no se retiren “el Ejército y la represión” y critican “la falta de posicionamiento público de la UE” ante la situación que mantiene al país desbordado.

La pulsión de la calle se medirá de nuevo hoy con la segunda convocatoria de huelga general, como antesala de un fin de semana largo que se prevé movido.

30/10/2019 09:05 Actualizado: 30/10/2019 09:05

Por Meritxell Freixas

@MeritxellFr

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Los libaneses celebran la dimisión del primer ministro Saad Hariri entre la alegría y la cautela

El Gobierno cede tras trece días de masivas protestas en todo el país en las que se exigía la dimisión del ejecutivo y el fin de la corrupción. Los manifestantes consideran que este es solo el primer paso en la respuesta a sus demandas.

Y las calles le ganaron el pulso al gobierno. El primer ministro libanés Saad Hariri anunció su dimisión el jueves por la tarde, décimotercer día de manifestaciones, bloqueos de carreteras y huelgas en todo Líbano, para protestar contra la corrupción de la clase política y las medidas de austeridad, en un clima de agravada crisis económica. En un escueto discurso de apenas dos minutos, Hariri anunciaba su renuncia a seguir gobernando tras haber llegado a un “callejón sin salida” y ponía su cargo a disposición del presidente Michel Aoun.

Al escuchar el anuncio, los libaneses estallaron en júbilo. Miles de personas volvieron a concentrarse en las principales plazas y puntos neurálgicos del país, donde la afluencia había caído ligeramente en los últimos días, para celebrar lo que sienten como una victoria colectiva. En la Plaza de los Mártires, epicentro de las protestas en la capital, así como en la cercana plaza Riad el Solh, situada frente a la sede del gobierno, los manifestantes celebraban, se felicitaban entre sí, y discutían, en pequeños grupos o en asambleas, cuáles debían ser los siguientes pasos a seguir.

“Estamos increíblemente contentos, aún no nos lo podemos creer”, aseguraba Laetitia Malkoun, psicóloga de 27 años, mientras agitaba la bandera libanesa, que en las protestas de estos días ha sustituido a las tradicionales de partidos políticos. “Pero este es solo el primer paso, queremos que se vayan todos. Vamos a ver qué ocurre ahora”, añadía cauta Cyntia Sfeir, estudiante de ingeniería medioambiental. “Revolución” y “ahora es el turno del pueblo” eran algunos de los cánticos más escuchados. Las celebraciones se han repetido en todo el país, de Sidón en el sur –considerado un bastión del ahora exprimer ministro– a Trípoli, en el norte.

“Siento que es la primera vez que contribuyo a un cambio real en mi país”, afirmaba Mohammad Lawah, joven originario de la ciudad norteña, que ha pasado la mayor parte de los días de protesta en Beirut participando en debates, manifestaciones o bloqueos de carreteras. “Pero ahora tenemos que seguir trabajando, hablando con la gente para convencerla de que hay que acabar de verdad con el sectarismo y luchar contra la corrupción”.

En la autopista de circunvalación de Beirut, cortada durante varios días seguidos, el sentimiento de triunfo era si cabe mayor: pocas horas antes, seguidores de los partidos chiitas Amal y Hizbolá habían atacado a los manifestantes con extrema dureza, antes de quemar la mayoría de tiendas y puestos de la vecina acampada en la plaza de los Mártires, en un intento de impedir la renuncia del primer ministro. En un discurso televisado la semana anterior, Hassan Nasrallah, líder de Hizbolá, había advertido que la dimisión del gobierno era una línea roja que no debía ser traspasada. El Partido de Dios, cuyo poder salió afianzado de las pasadas elecciones legislativas, ha sido el principal defensor del mantenimiento del statuos quo. Entre la postura adoptada por Nasrallah y los ataques de sus partidarios a manifestantes, la imagen de Hizbolá ha quedado gravemente dañada durante la crisis.

 

A la espera de un nuevo ejecutivo

 

La renuncia de Hariri implica de facto la de todo su gabinete. El presidente Aoun debe ahora aceptar la dimisión y declarar gobierno en funciones al ejecutivo actual. Aoun iniciará en breve consultas parlamentarias para designar un nuevo primer ministro, que deberá a su vez formar un gobierno de transición, previa aprobación del jefe de Estado. “Aunque estas consultas podrían llevar un tiempo considerable”, advierte Lahham Wissam, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Saint Joseph de Beirut, recordando que la última vez se tardó nueve meses en llegar a un acuerdo.

La primera y principal exigencia de los libaneses era la dimisión en bloque del Gobierno, pero no la única. En estos días han aflorado otras demandas claras, entre ellas la de un ejecutivo de transición formado por tecnócratas capaces de estabilizar la malograda economía del país. También, una reforma de la ley electoral con circunscripción única para acabar con el actual sistema de reparto de poder por cuotas confesionales, que en la práctica se ha traducido en sectarismo, corrupción y creciente desigualdad por culpa de una pésima gestión económica y política.

En todo caso, un hipotético gobierno de expertos “debería trabajar contra los intereses establecidos de las fuerzas políticas que controlan la administración pública que implementa las decisiones gubernamentales. Una clase política que no tiene ningún interés en ese gobierno tenga éxito en su tarea”, subrayaba el analista Michael Young del Carnegie Institute for the Middle East en un artículo en el diario The National.

Por delante, el nuevo ejecutivo también tendrá la hercúlea tarea de tratar de aliviar una deuda pública desbordada equivalente a más del 150% del PIB, reducir el desempleo y reformar sectores como el eléctrico –Líbano sufre cortes de electricidad de entre 3 y 12 horas diarias– o el de las telecomunicaciones, con unas de las tarifas más caras de todo Oriente Medio. No en vano, fue el anuncio de un nuevo impuesto a las llamadas hechas por redes sociales como WhatsApp (empleadas masivamente por el alto precio de las llamadas telefónicas) lo que encendió la mecha de la protesta.

Revolución social

La movilización ciudadana, que en su punto álgido sacó a las calles a un millon y medio de personas en un país de seis millones, ha destacado no solo por el pacifismo y la creatividad de las propuestas (desde conciertos espontáneos a clases de yoga para bloquear autopistas o una cadena humana de norte a sur del país), sino también por derribar un muro que parecía infranquable: el de la división sectaria. Las críticas a la clase política han venido de personas de todas las confesiones, que han incluido en sus diatribas a los representantes de sus propias comunidades religiosas, haciendo llamamientos continuados a la unidad de todos los libaneses. Quienes han participado en las manifestaciones se muestran unánimes al señalar que hay un antes y un después en la forma de ver y tratar a sus conciudadanos.

La reapropiación de los espacios públicos especialmente en la capital, donde los lugares de encuentro no privatizados brillan por su ausencia, ha sido otra de las grandes conquistas del movimiento, con la ocupación de edificios emblemáticos cerrados durante décadas y la presencia masiva de gente en las calles del centro de Beirut, generalmente semidesiertas.

Las asambleas ciudadanas que se han venido organizando en las últimas dos semanas, estaban más concurridas que nunca en la noche del martes. “No queremos un nuevo gobierno cualquiera, queremos uno que sepa gobernar”, afirmaba una mujer de mediana edad en su turno de palabra durante uno de los debates celebrado en un parking junto a la Plaza de los Mártires. Aunque las ideas sobre cómo mantener la presión divergían, todo el mundo tenía claro que la renuncia del gobierno era solo el primer paso en su batalla: la movilización en las calles, afirman, debe continuar.

BEIRUT

30/10/2019 07:34 Actualizado: 30/10/2019 07:34

Por Andrea Olea

@lea_corr

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“El diluvio es tan fuerte que nubla la vista”. Entrevista a Raúl Zibechi sobre las actuales revueltas latinoamericanas

De las actuales revueltas latinoamericanas, del papel de los pueblos indígenas, los jóvenes y las mujeres, del rol de Estados Unidos, de las elecciones en Bolivia y en Argentina, de la coyuntura en México, de la ultraderecha y del qué sigue para quienes buscan un mundo más digno, habla en entrevista Raúl Zibechi, periodista y escritor uruguayo, conocedor, caminante y acompañante de diversas luchas de América Latina.

¿Qué está pasando en Latinoamérica? ¿Por qué ahora las revueltas en Ecuador, Haití, Chile?

Estamos ante el fin de un período marcado por el extractivismo, fase actual del neoliberalismo o Cuarta Guerra Mundial. En este sentido, creo que estamos ante el otoño del extractivismo, porque su período de oro fue antes de la crisis de 2008, cuando los altos precios de la commodities permitieron mejorar la renta de los más pobres sin tocar a los ricos, sin reformas estructurales, como reforma agraria, urbana, impositiva, y así.

Las revueltas son bien diferentes en cada país. En Ecuador tenemos un levantamiento -han habido una decena desde 1990- bien organizado y dirigido por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que por primera vez fue parcialmente desbordada por los pobres urbanos. En Chile, en cambio, es un estallido, sin convocantes ni direcciones pero con una creciente organización territorial a través de asambleas populares. Los sectores más organizados son los mapuche, los estudiantes y las mujeres, que están jugando un papel destacado.

Creo que la gente está harta, enojada, cansada de tanta desigualdad y de empleos, salud y educación basura. Lo que hay son servicios pésimos para gente descartable. Eso es percibido sobre todo por los más afectados, las y los jóvenes, que ven que no tienen futuro en este sistema. La gente aprovecha grietas, como el paro de los transportistas en Ecuador, para hacerse escuchar.

¿Cuál es tu lectura de lo que ocurre en Bolivia, en cuanto a las elecciones presidenciales en las que se reeligió Evo Morales y las posteriores movilizaciones?

Un fraude más. Evo Morales y la camarilla que lo rodea, como el vicepresidente Álvaro García, se aferran al poder que es lo único que les importa. Ésta es una lección importante: carentes de toda ética, a los dirigentes de izquierda sólo les queda su obsesión por el poder. Esto merece un análisis profundo. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué sucedió para que el interés único sea el poder y todo lo que lo reviste, como el lujo y el control de la vida de los demás?

Morales no debió presentarse a estas elecciones porque convocó un referendo y ganó el No a su candidatura. Violentó la voluntad popular y ahora vuelve a hacerlo. Es claro que la derecha pretende aprovechar esta situación, pero no olvidemos que la OEA a través de Luis Almagro defiende el régimen de Morales y esto me parece muy sintomático. Quienes hablan de golpe de Estado ocultan que hay un pacto con la derecha, los militares y la OEA, o sea Estados Unidos, para sostener al gobierno de Morales.

Debemos reflexionar por qué la izquierda no imagina soltar el poder, porqué no conciben la política sin aferrarse al Estado. Entre otras cosas, porque abandonaron la construcción de poderes populares, porque no les interesa que la gente esté organizada y hacen todo lo posible por evitarlo, incluso a través de la represión y el terrorismo de Estado, como en Nicaragua.

¿Qué papel juegan los pueblos indígenas en las revueltas?

Son el núcleo principal, junto a las mujeres y los jóvenes. Lo que sucede en Chile tiene tres antecedentes: la lucha del pueblo mapuche, la de los estudiantes desde hace más de un década y la de las mujeres que el año pasado ocuparon universidades y plantaron cara al patriarcado académico. Me hace mucha gracia cuando dicen que Chile se despertó. Los que despertaron fueron los periodistas y académicos que estaban en el limbo. Los de abajo nunca durmieron. Un año atrás la respuesta de todo Chile al asesinato de Camilo Catrillanca fue impresionante, con cortes de calles durante un mes en Santiago y en otras treinta ciudades.

Los pueblos originarios tienen dos grandes cualidades. La primera es la organización territorial comunitaria que se está profundizando al aparecer el activismo juvenil y de mujeres, que democratizan las comunidades. La segunda es que encarnan formas de vida potencialmente no capitalistas, algo que ningún otro sector de la sociedad puede ofrecer a las luchas. Educación, salud y alimentos en clave no mercantil, a lo que debe sumarse la construcción de poderes de otro tipo, no estatales.

Por eso los pueblos son referentes para todos los que luchan. Por eso los blancos urbanos agitan banderas mapuche y las mujeres, estudiantes y campesinas ecuatorianas aceptan la orientación de los indígenas. Me gustaría decir que los pueblos originarios son hoy el principal referente de las revueltas, incluso de sectores de las clases medias urbanas. En Quito las mujeres profesionales limpiaban diariamente los baños de la Casa de la Cultura, mientras las mujeres y varones originarios debatían en asambleas improvisadas. Lo hicieron como gesto de respeto y de aceptación activa de su liderazgo, en una actitud que debe hacernos reflexionar desde el corazón, porque emociona profundamente.

Uruguay rechaza la Guardia Nacional que, por cierto, en México se aprobó. ¿Cual es el saldo de las fuerzas armadas en las calles?

En los próximos años veremos cada vez más militares en las calles. Lula y Dilma, en Brasil, los llevaron a las favelas y nadie levantó a voz, porque son negros y porque son “delincuentes”. El tema del crimen organizado es una pretexto perfecto, porque sirve para limpiar la conciencia de las clases medias de la izquierda, que son las que menos violencia sufren.

El futuro ministro de Interior del Frente Amplio en Uruguay, Gustavo Leal, se desempeña ahora en ese ministerio y se dedica a perseguir las bocas de venta de pasta base, con una saña especial ya que derriba sus viviendas cuando son encarcelados. No son narcos, en el sentido estricto, sino pobres que sobreviven en la delincuencia, a los que aplica métodos represivos idénticos a los que utiliza Israel con los palestinos. Sin embargo, se han descubierto en Europa cargamentos de cocaína de hasta cinco toneladas embarcados en el puerto de Montevideo.

La salida de los militares es inevitable, porque los de arriba declararon la guerra a la población. Y eso no tiene ninguna relación con izquierda o derecha, es una cuestión de clase y de color de piel, es la política del 1% para sostenerse arriba.

¿Qué lectura le das a México en este contexto latinoamericano?

Desde hace tiempo en México se viene incubando algo similar a lo de Chile, un fenomenal estallido que ha sido postergado por la guerra primero y ahora por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero la olla acumula presión y es inevitable que en algún momento suceda un enorme levantamiento, cuando la rabia supere el miedo. No sabemos cuándo, pero el proceso está en marcha, porque la política de profundización del extractivismo del actual gobierno es una maquinaria de acumulación de rabias.

Por otro lado, veo en México un poder débil, un gobierno que se echa atrás frente al narco como sucedió en Culiacán, pero le mete presión a los pueblos como sucedió en Morelos, cuando asesinaron al defensor comunitario Samir Flores Soberanes. AMLO negocia con el narco y pasa por encima de los pueblos originarios, lo que revela la miseria ética de su gobierno. Dice que se trató de salvar vidas, lo que puedo entender. Pero, ¿quién defendió la vida de Samir y de tantos otros asesinados en ste, su primer año de gobierno?

Argentina y las elecciones ¿Es la solución el regreso al progresismo?

El problema es que regresa otra cosa que no es el progresismo. En Argentina no vuelve el kirchenismo de 2003, sino un régimen peronista muy represivo, que será más parecido al Perón de 1974 o al de Menem de 1990. El ciclo progresista se terminó, aunque haya gobiernos que se reclaman de esa corriente. El progresismo fue un ciclo de altos precios de las commodities, que permitió traspasar ingresos a los sectores populares por los altos superávits comerciales. Pero además de este factor económico, el ciclo se termina por otro factor decisivo: se termina la pasividad, el consenso entre clases, se activan los movimientos y esto marca un límite claro al ciclo que sólo era posible por la aceptación abajo de las políticas de arriba.

Creo que el nuevo gobierno tiene que enfrentar enormes dificultades por el peso de la deuda que deja Macri, que fuerza a una política de austeridad. El problema es la expectativa popular de que las cosas cambien rápidamente y se produzca una mejora notable en la actividad económica y los salarios.

Sabemos que esto no es posible, entonces se abre un período de imprevisibilidad en el cual la gente no va a esperar pasivamente que le entreguen beneficios. En Argentina veremos una potente profundización del extractivismo, en particular el petróleo y el gas de Vaca Muerta.

Costa Rica y Panamá con revueltas estudiantiles. ¿Qué papel juegan los juegan los jóvenes?

Los jóvenes son uno de los sectores más activos. Si los indígenas están siendo despojados y las mujeres violadas y asesinadas, los jóvenes saben que no tienen futuro, porque una vida digna no puede consistir en trabajo ocho o diez horas en un Oxxo, que con el viaje de ida y vuelta a la casa suma casi catorce horas sometidos al empleo, sin tiempo ni ánimo para hacer otra cosa que consumir con lo poco que le queda de su salario. En el mejor de los casos que tenga un salario.

Sólo una minoría tiene acceso a estudios superiores, con becas que les garantizan hasta los 40 años una vida cómoda, lo que supone un contraste agudo con los jóvenes de los sectores populares, indígenas y negros. Salen de sus barrios y son objeto de la violencia policial o del narco, lo que sugiere que viven en una situación de aguda fragilidad. Esto los lleva en ciertos momentos a integrarse al crimen organizado, que les garantiza una vida más cómoda. Pero sobre todo acumulan rabia, mucha rabia.

En Ecuador, veteranos dirigentes comunitarios estaban sorprendidos de que los jóvenes se les fueran encima a los gendarmes, a mano pelada, por pura bronca, sin medir consecuencias. Consiguieron reducir a cientos de policías que luego fueron entregados a la ONU o a otras autoridades, porque los dirigentes intervinieron para que no los lastimaran, que si fuera por ellos los liquidaban ahí mismo, al pie de las barricadas. Porque esta juventud pobre no tiene experiencias de lucha organizada y tiende a sacarse la rabia atacando a sus enemigos, en lo que puede generar auténticas masacres. Pero están ahí, desbordando todas contenciones imaginables: desde la familia y el barrio hasta los aparatos represivos y, por supuesto, las organizaciones de izquierda. Aquí tenemos que trabajar duro para organizar.

El papel de la ultraderecha y el caso de Bolsonaro en Brasil

Desde el momento que Bolsonaro accedió al gobierno, atraviesa una sucesión de tropiezos, enseñando una enorme incapacidad para gobernar. Se han desatado crisis en su propio partido, entre el presidente y sus aliados, con los empresarios y los grandes agricultores. La verdadera ultraderecha son las fuerzas armadas, en particular el ejército, que juega el papel de estabilizador del gobierno.

Creo que el gran problema de Brasil es la tremenda inseguridad en la vida cotidiana que sufren las camadas populares, en general pobres y negras, que las lleva a buscar refugio en las iglesias evangélicas y pentecostales, así como en figuras que dan una imagen de “seguridad”, como Bolsonaro. Lo que debemos respondernos es porqué los sectores populares abandonaron al Partido del Trabajo (PT) y se volcaron hacia la ultraderecha.

La respuesta simplista es que están influidos por los medios. Una posición que defienden académicos que se creen inmunes a los medios y que subestiman las capacidades populares. La realidad es que la vida de quienes viven en favelas es tremenda: precariedad laboral, abrumadora presencia de la policía militar, crímenes y asesinatos por parte del Estado, salud y educación de pésima calidad, temor por los hijos, que caen víctimas de las balas en porcentajes alucinantes. Las madres temen por sus hijos y éstos por su futuro. Un clima ideal para la captura ultraderechista, en particular de los varones que se sienten desplazados por el empoderamiento de sus pares.

En este contexto, ¿cuál es el papel de Estados Unidos?

La región está siendo escenario de una disputa por la hegemonía global entre Estados Unidos y China. La penetración china está mostrando que es incluso peor que la yanqui. En Ecuador se construyen obras de infraestructura, como represas hidroeléctricas, con esclavos chinos que conmutan sus condenas trabajando en condiciones forzadas, con castigos corporales inclusive. Nadie debe creer que el capitalismo y el imperialismo chinos seas menos opresivos o agresivos que el yanqui.

El problema es que Estados Unidos necesita reposicionarse en América Latina para compensar su creciente debilidad en África, Asia y Oriente Medio. Una de las tendencias que veremos en el futuro inmediato, es la destrucción de los Estados-nación, proceso que ya ha comenzado en México y en países de Centroamérica. Por ese lado, debemos esperar lo peor.

¿Hacia dónde?

La principal característica de este período post ciclo progresista, es la inestabilidad. Las derechas no pueden gobernar, como lo demuestran Chile y Ecuador. Pero los progresismos tampoco, como lo demuestran Bolivia y Nicaragua. Pero cuidado, el problema no es tal o cual gobierno (el gobierno siempre es un problema), sino el sistema. Estas revueltas no son contra un presidente sino contra un modelo de destrucción de la naturaleza y de control social masivo a través de políticas sociales y militarización, que se complementan para mantener a la población sojuzgada.

La respuesta de hacia dónde, no puede ser otra que la organización popular en cada territorio, para resistir y construir los mundos nuevos. Me gusta hablar de arcas, porque es necesario sobrevivir colectivamente el diluvio que viene. Desinformémos puede ser considerada como un arca de la inter-información de los abajos, como el mecanismo para acoplar nuestras conductas, como diría Alberto Maturana. O sea, una información hacia adentro del campo popular o arcas colectivas, que es imprescindible para orientarnos en algún sentido emancipatorio, pero sobre todo para mover-nos en medio de una tormenta que no deja ver nada, porque el diluvio es tan fuerte que nubla la vista.

28 octubre 2019 0

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Lunes, 28 Octubre 2019 06:57

La afrenta continental

La afrenta continental

Latinoamérica, que nominalmente comienza al sur del río Bravo y llega hasta la vecindad Antártica, anida más de una veintena de naciones que ahora, en tiempos de redes sociales y trascendentes despertares indígenas, parecen estarse hablando como nunca después del ciclo independentista en la segunda década del siglo XIX.

Se dice fácil. La dudosa "integración" regional siempre brilló en el discurso, aunque no quedase claro si con ella se pretendía poner en orden el "patio trasero" de Estados Unidos, su "zona de interés" irrenunciable desde la Doctrina Monroe, o por el contrario construir un bloque regional para dejar de ser del interés exclusivo de Washington, el Pentágono y las grandes corporaciones estadunidenses que han ocupado, cultivado, explotado, extraído y extenuado las riquezas naturales del subcontinente durante 170 años. Un proceso que se inicia con la invasión a México y la enajenación de la mitad de su territorio, y lo continúan las bananeras, petroleras y mineras que ocuparon y saquearon la que algunos románticos llaman "Nuestramérica". El número de golpes de Estado, invasiones militares y filibusteras, guerras civiles y amafiamientos territoriales propiciados, patrocinados y sostenidos por Estados Unidos es tal que a ningún país del área la faltan episodios de injerencia y daño directo.

La afrenta imperial, permanente hasta hoy, nunca generó respuestas continentales. Para impedirlo han servido la Cuarta Flota, la CIA, la devaluadísima Organización de Estados Americanos (OEA), los tratados de libre comercio y la "renta" permanente de territorios (plantaciones, bases militares, campos petroleros) en Centroamérica, grandes extensiones de Sudamérica y colonias explícitas como Puerto Rico: el síndrome de Guantánamo devora las ambiciones yanquis. Este sí que ha sido nuestro destino manifiesto, la verdadera maldición de la Malinche.

Sin esquematizar demasiado, las revueltas populares en aparente reacción en cadena, revelan un descontento unánime contra el estado de cosas propiciado por los intereses yanquis. Así como los países se libraron de España hace dos siglos, ¿podrán desafiar con eficacia la tutela imperial de Washington? Es mucho estirar la liga tal vez, pero no se recuerda un ciclo de concatenaciones y simultaneidades en la revuelta como ahora. Contra las políticas económicas impuestas por las agencias internacionales. Contra los gobiernos que las implementan y sostienen corrupta y autoritariamente. Contra desigualdad inherente al capitalismo. Chile es la última mecha que prende, pero ya antes de Ecuador vimos desafíos nacionales en Haití, Nicaragua, Honduras, Brasil y Argentina, así como la reacción electoral, antineoliberal en principio, y por hartazgo ante la violencia y la corrupción en México, que ha de verse a la luz de las recientes experiencias "progresistas" en la región, que no dejaron de obedecer las reglas del capitalismo y le fueron funcionales hasta ser sustituidas inestablemente por gobiernos proyanquis.

El actual ciclo de protesta popular –al que los gobiernos responden con violencia, mala fe, manipulación mediática y criminalización estúpida como vemos en Haití, Ecuador y Chile, y antes en Nicaragua– encuentra al imperio sumergido en una bancarrota moral interna sin precedente, a merced del granguiñolesco titular de la Casa Blanca y sus pocos émulos en la región, más allá del peligrosísimo payaso Bolsonaro y el desvergonzado títere Almagro, quien degradó totalmente lo que quedaba de la OEA. Macri ya se va.

Cuba y Venezuela, en resistencia nacional, atraviesan una dificultad crónica bajo bloqueo, que en el caso venezolano hace poco alcanzó para generar grandes protestas de signo contrario a las que vemos en Haití, Ecuador y Chile, y que a diferencia de éstas, cuentan con el respaldo de Washington, la OEA, el trono de España y la Comunidad Europea. Bolivia también experimenta turbulencia. Con un gobierno incómodo para Washington, el Fondo Monetario Internacional y la OEA, las protestas no revisten tanto reclamos contra la política económica impulsada por el FMI y los intereses estadunidenses, como por el presunto fraude electoral y un descontento larvado en muchos sectores bolivianos, no sólo en la derecha, tras la tercera relección de Morales y el grupo de empresarios y políticos que lo rodean.

Para que el actual ciclo de descontento no acabe como la "primavera árabe" en un reforzamiento autoritario, una brutalidad neoliberal más descarnadamente fascista y fundamentalista (adelantada por Bolsonaro, no se rían) y un desmembramiento de las fuerzas reunidas (estudiantes, mujeres, indígenas, trabajadores, artistas, intelectuales), se necesita poner en primer lugar de cualquier estrategia aquello que cancele el predominio imperial de Washington.

¿Qué sigue después de inundar las plazas, tumbar o arrodillar presidentes? La ilusión de lograrlo votando gobiernos que prometen cambiar el rumbo no ha sido suficiente, y como vimos en Brasil, Chile y Argentina, rebota en regímenes de ultraderecha. Falta mucho por andar.

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Viernes, 25 Octubre 2019 06:08

La rebelión humana

La rebelión humana

La rebelión humana es como el amor: siempre lo creemos imposible, pero es inevitable. Argentina, Francia, Argelia, Hong Kong, Egipto, Ecuador, Chile o el Líbano han desmontado de forma espectacular el espejo deformado cuya imagen reenviaba el reflejo de una humanidad resignada, sometida a las nuevas tecnologías, que son en realidad nuevas cleptomanías, vaciada de conciencia política o social, entregada al ritual del sacrificio liberal o la dictadura eterna. América (Argentina, Chile, Ecuador), África con Argelia (el Magreb, que es la zona occidental de África) y Egipto, Medio Oriente con el Líbano y Asia con Hong Kong atraviesan colapsos y revueltas desatadas por dos causas distintas: en América Latina y el Líbano surgieron como repudio a aumentos de precios o impuestos cargados a los más pobres: en Argelia, Egipto y Hong Kong los pueblos se levantaron en defensa de su libertad o contra autocracias que perduran estrangulando las libertades y los derechos e hicieron de las cárceles un depósito de opositores. A ello se le suma un movimiento mundial en defensa del medio ambiente, el Extinction Rebellion. Lo que estamos viendo es la convergencia de pueblos muy distantes que acuden a reactivar la vigencia de la igualdad, la justicia social, la democracia o la protección del planeta. Las insurrecciones en curso van al rescate de la base social, de la base democrática y la base ecológica. Falta una más que no tardará en llegar mientras los poderes políticos sigan trasladando a las poblaciones las medidas que deberían ser pagadas por los ricos: la base fiscal. La evasión de impuestos y las construcciones del sistema para evitarles la obligación impositiva a los grandes grupos y fortunas son un atentado a todas las formas de coexistencia. Los delitos de cuello blanco no se ven como un robo en la calle, pero causan más estragos que un ejército de motochorros.

La secuencia rebelde la abrió la Argentina en 2017 cuando el poder macrista reprimió la protesta social contra la reforma de las pensiones. Siguió en Francia a partir de noviembre de 2018 con el movimiento de los chalecos amarillos que se opuso al aumento del gasoil. Este inédito episodio nació en la Francia rural o semirural para la cual el auto es uno de los instrumentos de la existencia. El presidente Emmanuel Macron pretendía que esos sectores que usaban mayoritariamente vehículos de gasoil pagaran el combustible al mismo precio que la nafta común como una forma de financiar la “transición ecológica”. Afuera de impuestos y aumentos quedaban las industrias contaminantes. Macron retrocedió ante la persistencia del movimiento y los estragos provocados, por primera vez en la historia, en los barrios más ricos de París. En el medio quedó el tendal de una represión feroz: miles y miles de detenidos y personas heridas o mutiladas por las balas de la policía. De la base social se pasó a la base política en Argelia. La juventud argelina se negó a aceptar el simulacro de elecciones diseñado por una casta cívicomilitar que más se parece a una gerontocracia sangrienta que a un poder político. Desde el mes de febrero de 2019, viernes tras viernes, cientos de miles de jóvenes desarmaron en la calle la estafa democrática que debía concluir el 4 de junio con unas elecciones de guiñol. 

En Egipto, en septiembre de 2019, la misma juventud que había ocupado la Plaza Tahrir en 2011 para derrocar al presidente dictador Hosni Mubarak intentó recuperar la Primavera árabe que el general Sisi convirtió en un largo y represivo invierno luego de encabezar la contrarevolución conservadora que se robó literalmente la democracia conquistada en la plaza. Entre tanto, lo impensable ya estaba en marcha en Hong Kong desde el mes de junio. Empezaron a llevarse a cabo concentraciones callejeras impresionantes contra un proyecto de ley de extradición a China --Fugitive Offenders and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Legislation (Amendment) Bill-- presentado por el gobierno de Carrie Lam. Para los hongkoneses, el proyecto podía poner a este enclave autónomo bajo el mismo régimen legal que impera en China, es decir, reprimir a los opositores políticos tal y como se hace en China, que es la dictadura liberal más grande del planeta.

La base social cambió de continente y volvió a surgir en Ecuador, entre el 2 y el 13 de octubre. El presidente Lenín Moreno leyó el cuadernito del FMI y lo aplicó al pie de la letra: medidas económicas asfixiantes, represión y sangre. La muerte social regresó a América Latina en Ecuador de la mano del liberalismo, siete muertos, y siguió por Chile. Al presidente Piñera se le ocurrió lo mismo que a Macron y a Lenín Moreno: que paguen los que trabajan de sol a sol. Hoy, Chile, que era la democracia liberal de América Latina citada como ejemplo universal de administración y obediencia, está sometida en partes al Estado de emergencia. Y como si ello fuera poco, con veinte muertos por la represión, el presidente chileno se inspiró para decir “estamos en guerra”. ¿ En guerra contra quién si no hay comunistas, ni revolucionarios, ni islamistas infiltrados ? Para él, los pobres son enemigos, por eso está en guerra contra su propio pueblo. Y la Argentina, que antaño se soñaba a sí misma como granero del mundo, se encuentra en emergencia alimentaria.

Medio Oriente se reactivó en el Líbano con otro despropósito: el primer ministro Saad Hariri se despertó iluminado y decidió cobrar la llamada “tasa WhatsApp”. Se trata de un impuesto de 5,4 euros mensuales aplicado a las llamadas de voz a través de WhatsApp. En un país carcomido por la corrupción y la inoperancia, la juventud libanesa no se lo perdonó y salió a la calle. La medida de Saad Hariri funciona aquí como revelador de la desigualdad y la corrupción enquistadas en el planeta: Facebook, propietario de WhatsApp, gana miles y miles de millones robándole sus datos a la gente. Pero no paga impuestos. A cambio, Hariri pretendió que los pagara el pueblo.

De América Latina a Europa, de allí a África, pasando por Medio Oriente o Asia, los poderes parecen convencidos de que el iletrado que inventó el slogan de la campaña para la reelección del presidente Macri tiene razón: “Sí se puede”. Ya no. Se podía, pero ya no. Ni aquí, ni en otros continentes. Lo que estamos viendo con estas revueltas en defensa de la base social, política o ecológica es que la gente ha perdido el miedo. Estamos viendo “las venas abiertas” del mundo. Estamos viendo el despuntar de una masa planetaria hecha de hartazgo, hambre, bronca, injusticia y soledad que después de haberlo sacrificado todo no tiene absolutamente nada. No son ni Che Guevaras, ni Ghandis, ni Hồ Chi Minhs. Son gente común. Exponen su libertad y su integridad física para salvar un mundo violado y destruido por una casta de lobos mezquinos que no dudan en matar a sus propios hijos.

Por  Eduardo Febbro

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Viernes, 25 Octubre 2019 05:56

La revuelta chilena

La revuelta chilena

Santiago, Chile. Se trata de quizá el momento político más convulsionado desde el traumático golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Este país austral lleva ya cinco de un estado de excepción disfrazado de "emergencia" por actos violentos que han sido perpetrados premeditadamente por agentes infiltrados. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "centenares de personas habrían resultado heridas, algunas de ellas afectadas por la utilización indiscriminada de gas lacrimógeno y un uso desproporcionado de la presión por parte de fuerzas de seguridad". Asimismo, "al menos 2 mil 128 habrían sido detenidas y 376 personas habrían resultado heridas, de las cuales al menos 173 por arma de fuego", además de 18 víctimas fatales. Aunque el presidente Sebastián Piñera pidió perdón a sus "compatriotas" y anunció una agenda social, insiste en gobernar con el toque de queda nacional y con el ejército en las calles. ¿Hasta dónde quiere llegar el gobierno con esta situación insostenible?

Los estudiantes que evadieron masivamente la entrada al Metro sólo hicieron evidente que con la imposición de 30 pesos, la injusticia es estructural. Esa acción, en realidad, representó la bandeja de plata para la articulación de un operativo premeditado de un grupo de infiltrados para la destrucción simultánea de cinco estaciones del transporte colectivo Metro. Sin ninguna fuerza policiaca de contención en esos puntos, la desconfianza en el gobierno fue sembrada en la sociedad. Hay evidencias videograbadas incluso, de que la policía carabinera ha provocado diversos incendios en establecimientos comerciales.

Que esa provocación deviniera en la imposición del estado de emergencia y en las restricciones de manifestación y tránsito, indignó a una sociedad chilena que ahora se volcó a las calles para hacer sonar esas emblemáticas cacerolas como símbolos del descontento de miles de hogares y sus familias. Un movimiento independiente, horizontal y pacífico se levanta para gritar, bailar y expresar las demandas que desde hace 29 años se han incubado en la desigual sociedad chilena.

El gobierno derechista de Piñera intentó administrar el conflicto los primeros tres días, pero la noche del martes en cadena nacional, tuvo que asumir mayor responsabilidad y otorgar desde el púlpito, las reformas sociales a las pensiones, salud, salario mínimo, tarifa eléctrica, reducción de sueldos de los congresistas, el plan de reconstrucción de infraestructura y reasignación del gasto público. Pero la sociedad civil sin partidos ni organizaciones quieren la renuncia del presidente. Mientras tanto, se difunden videos de policías y militares disparando con balas letales a civilies, no hay ningún cambio, destitución o renuncia en el gabinete.

Los nombres de los muertos aparecen a cuenta gotas, sus historias y trágicos desenlaces. Según la CIDH, hasta este miércoles hay además 12 mujeres violadas, 121 desaparecidos y miles de torturados. Y con la política de control del gobierno seguirán creciendo los caídos, heridos y golpeados, vejados y humillados en las comisarías.

Mientras las organizaciones como la Central Unitaria de Trabajadores y otros sindicatos convocaron a un paro laboral de 48 horas, la clase política en el Congreso exhibió su pleito entre diputadas y la mesa directiva en cadena nacional, fruto de la evidente fractura que ya existe en el gobierno. No sólo llamaron al ministro del Interior, Andrés Chadwick Piñera, "asesino", le han exigido dar marcha atrás al ejército en la calle y su renuncia.

La clase política ha quedado sobrepasada, la salida a esta crisis social sólo podría venir de la sociedad civil. Tampoco la posición de Sergio Mico, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ha sido contundente, sino más bien blanda ante las flagrantes violaciones a los derechos humanos. Incluso, como si se tratara de otro partido político, visitó al presidente en La Moneda para hablar desde ahí con la prensa. No obstante, ha recibido al menos 20 querellas que denuncian un centro de tortura clandestino en los túneles del Metro Baquedano. Así, las historias de los muertos comenzaron a publicarse como la de Alex Nuñez Zandoval, de la comuna Maipu, quien falleció por la paliza propinada por carabineros. José Miguel Uribe, Manuel Rebolledo, Kevin Gómez y Romario Veloz fueron asesinados por soldados. Y es que ante la provocación violenta y el estado de excepción impuesto para controlar militarmente la capital, se está orillando a los sectores más empobrecidos a atacar a las infraestructuras públicas. Así, se desprestigia al movimiento pacífico y se exacerba la zozobra entre la gente.

Aunque se intente gobernar con las fuerzas castrenses, éstas están descoordinadas y existe confusión entre unas y otras, por ejemplo en al menos un punto de la ciudad de San Antonio, pues la gente en los supermercados se siente protegida por los militares, pero no con los ataques de los carabineros. Éste, por una parte es el punto de intervención del movimiento social pacífico e independiente que se articula en torno a esta revuelta de las cacerolas. Y es que los residentes han formado grupos de autodefensa civiles con chalecos amarillos que vigilan sus barrios e incluso previenen que los comercios sean quemados. Por otro lado, la esperanza de transformación social parece emerger de esa avalancha de jóvenes y sus familias de todas las clases sociales que caminan, cacerolean, bailan y cantan por miles en Santiago y también en la sureña Concepción, con más de 80 mil personas.

Se trata de una verdadera revuelta popular nacional capaz de sostenerse por más días y que no dejará que le arrebaten su dignidad y tampoco la perpetuación del viejo lastre de la dictadura militar (1973-1990). Lo que vendrá, está en los pies y en las manos de esos jóvenes que hoy son incansables y caminan hasta las últimas consecuencias.

Juan Trujillo Limones, antropólogo

Publicado enCrisis Chile