Evo Morales denunció un intento de golpe de Estado

La Organización de Estados Americanos pidió al Gobierno que más allá del resultado que arroje la elección llame al ballotage

 El presidente de Bolivia, Evo Morales, denunció que está en marcha un intento de golpe de Estado orquestado desde la derecha. A su vez, afirmó que el país está en estado de emergencia e hizo un llamado a los organismos internacionales a defender la democracia boliviana. Durante la tarde del miércoles se realizó una masiva marcha en apoyo al presidente boliviano, que copó el centro de La Paz. La opocisión también salió a la calle y tuvo su protesta más fuerte en Santa Cruz de la Sierra .Mientras tanto continúa el escrutinio definitivo que parece orientado a confirmar la victoria en primera vuelta del Movimiento Al Socialismo (MAS), evitando el ballotage. La Organización de Estados Americanos (OEA) pidió al gobierno que más allá del resultado que arroje la elección llame al ballotage.

Evo Morales consideró que las protestas opositoras motivadas por la demora en la difusión de los resultados definitivos forman parte de un intento de golpe de Estado. "¿Cómo se expresa el golpe? No dejan que se haga el conteo de las elecciones. Queman instituciones del estado como las infraestructuras del Tribunal Supremo Electoral en los departamentos (provincias)”, dijo Morales desde el Palacio Quemado, sede del gobierno boliviano. Así hacía referencia a los ataques que sufrieron en los últimos días los órganos electorales en algunas provincias como Chuquisaca y Potosí. En estos lugares es donde se registraron las demoras en la entrega de las actas por las que el escrutinio definitivo se extendió. “Estoy seguro de que con los votos de las áreas rurales vamos a ganar en la primera vuelta”, sostuvo el líder del MAS. Convocó a sus seguidores a permanecer en estado de emergencia y no responder a las provocaciones de la derecha boliviana e internacional.

Centenares de campesinos, mineros, indígenas, sindicalistas y funcionarios estatales marcharon hasta la plaza Mayor de San Francisco con banderas bolivianas y del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), en respaldo a Morales. Los dirigentes que tomaron la palabra reclamaron respeto por sus votos en apoyo al presidente y lanzaron advertencias en contra de la derecha opositora, que según denunciaron quiere desconocer el triunfo de Morales en primera vuelta. "El pueblo trabajador, campesino, el pueblo que vive en los barrios populares urbanos, ese pueblo que ha votado mayoritariamente por Evo, va a defender este proceso y lo va a hacer pacíficamente, con concentraciones multitudinarias en las que están todos los sectores", dijo el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada. Hubo momentos de tensión entre quienes marchaban y algunos ciudadanos que los abuchearon o silbaron, aunque los incidentes no pasaron a mayores.

La oposición cuestiona el resultado de las elecciones por la interrupción en la carga de los cómputos provisorios del domingo a la noche, cuando el escrutinio llegó al 84 por ciento. Sin embargo, en 2014, ese mismo sistema llegó al 70 por ciento durante el día de las elecciones; y en 2016 al 80 por ciento. Los resultados provisorios de la elección del domingo mostraron una diferencia entre Morales y Carlos Mesa, del partido opositor Comunidad Ciudadana (CC), del 7.87 por ciento. El lunes cuando se reactivó el escrutinio la diferencia superaba por milésimas los 10 puntos y le daba el triunfo sin ballotage.

Esto motivó movilizaciones y el llamado a un paro indefinido en varias regiones de Bolivia, convocadas por el colectivo de organizaciones civiles de nueve departamentos. La protesta comenzó a tomar cuerpo en Santa Cruz de la Sierra (900 km al este de La Paz), pero se extendió a Potosí y Cochabamba. El Comité de Defensa de la Democracia, que aglutina espacios cívicos de todo el país, anunció también la resistencia civil ante la posible victoria de Morales y su adhesión al paro. Las oficinas del Tribunal Supremo Electoral fueron el foco de las protestas y algunos de sus locales fueron incendiados.

Por su parte, el candidato presidencial por el CC, Carlos Mesa, segundo en los resultados preliminares, llamó a una movilización permanente en defensa del voto. "Vamos a estar movilizados (...) hasta que se reconozca que la segunda vuelta debe realizarse porque fue lo que legítimamente votó el pueblo boliviano", aseguró Mesa. Además convocó a los otros siete candidatos que participaron de la elección a formar un bloque de unidad en “defensa de la democracia". "Que nuestro amado país no entre en el camino de la dictadura al que quiere llevarnos el presidente Morales", sostuvo.

La Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA en Bolivia consideró como mejor opción la realización del ballotage para dirimir la reñida elección, señaló el vocero de la organización. "En el caso de que, concluido el cómputo, el margen de diferencia sea superior al diez por ciento, estadísticamente es razonable concluir que será por un porcentaje ínfimo. Debido al contexto y las problemáticas evidenciadas en este proceso electoral, continuaría siendo una mejor opción convocar a una segunda vuelta", señaló el director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA.

A pedido del canciller boliviano, Diego Pary, la OEA aceptó hacer un análisis del proceso electoral. Se encargarán de verificar el conteo y todo el proceso, así como los aspectos estadísticos y la cadena de custodia. Pero advirtieron que las conclusiones deben tener un carácter vinculante para todas las partes.

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Violaciones y desapariciones, la represión oculta en Chile

 Después de las protestas del domingo hubo 2.138 personas detenidas, entre ellas 243 niños, niñas y adolescentes y 407 mujeres. Nueve de ellas fueron desnudadas en actos policiales.

 Primero fueron los golpes, las humillaciones y las amenazas, pero en las últimas horas las torturas y violaciones de mujeres en Chile se convirtieron en una realidad. El estado de excepción que implementó el gobierno de Sebastián Piñera trajo las prácticas de la dictadura, también respecto a las desapariciones. Muchas de las mujeres que han sido detenidas hasta el momento se encuentran desaparecidas. Además, las apresadas en Santiago de Chile fueron desnudadas delante del personal masculino, manoseadas en sus genitales y “les han metido la punta del fusil en la vagina mientras las amenazaban con violarlas y asesinarlas”, tal como surge de los testimonios recogidos por compañeras de detención. 

La Comisión de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) expresó su preocupación por denuncias hechas al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) sobre violencia sexual, desnudamientos forzados y torturas en el contexto de las detenciones de manifestantes. "Chile debe investigar y sancionar estos hechos con diligencia, así como la actuación policial y militar en las que se habría hecho uso desproporcionado de la fuerza contra civiles. El uso de la fuerza debe regirse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad", expresó la CIDH.

En primera persona

El pasado sábado Pamela Maldonado, de 31 años, estaba junto a su padre y algunos vecinos en medio del caceroleo, a pocos metros de su departamento en la comuna de Santiago. De pronto una turba de fuerzas especiales rodeó a su padre. Eran más de diez, lo acorralaron en un círculo y empezaron a patearlo, describió El Desconcierto.cl

-Les pedí que por favor pararan, porque mi papá es diabético; tiene sesenta años y lo podían matar, pero me empujaron con los escudos y no pude alcanzarlo -recuerda. A Pamela, entre codazos, la azotaron contra una pared, mientras no podía ver qué pasaba adentro del carro policial. Ella les gritó que dónde se llevaban a su padre y le contestaron que a la Tercera Comisaría de Santiago. Recuerda que un carabinero de apellido Gallardo -que se logra ver en unos de los videos que grabó- le enterró el puño en la espalda y también la metió al furgón. 

Adentro vio como su padre estaba con la nariz ensangrentada. Apenas podía respirar. Pamela quedó en shock. También pudo ver a otros detenidos, golpeados, en muy malas condiciones. Un segundo policía le puso esposas a su padre y las apretó de manera intencional. Rumbo a la comisaría un carabinero comenzó a provocar a los detenidos, gritando contra los mapuches, “que odiaba a los comunistas” e incluso amenazó a Pamela con agredirla sexualmente.

– ¡A ver si te gusta por el culo! –le dijo para asustarla.

A esas alturas ella no podía creer los que estaba pasando, solo abrazó a su padre para que no volvieran a golpearlo.

-Después subieron a un tipo ensangrentado que gritaba por el dolor de riñones, en la constatación de lesiones supimos que era VIH positivo. En un momento pedí que me dejaran limpiarle la cara a mi papá con una botella de agua, ellos lo hicieron, pero lo ahogaban con la mezcla de agua y sangre. Era una tortura -recuerda nerviosa. Después de pasar por el consultorio para la constatación de lesiones, los llevaron hasta la Tercera Comisaría de Santiago.

Una vez en la celda vio cómo carabineros traía a un fotógrafo, ya lo habían herido, pero lo volvieron a golpear y solo se detuvieron por la intervención de un abogado del INDH. Los encerraron en celdas improvisadas, les negaron las frazadas, pasaron frío, y debieron soportar burlas de los mismos carabineros al reclamar por los baños inundados y llenos de heces. A las 12:30 de la noche los soltaron. Con la poca ropa que les quedaba caminaron desde la calle San Martín hasta su hogar. Es de no creer, y lo que sigue será una demanda. No podemos permitir que esto siga pasando, lo que nos hicieron es completamente ilegal -dice Pamela antes de terminar la entrevista con ese medio chileno.

 

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El presidente de Chile pide ahora perdón y anuncia reformas, pero mantiene al Ejército en la calle

- Sebastián Piñera afirma que ha recibido "con humildad el mensaje": "Los distintos Gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer la situación en su magnitud"

- El modelo privatizado de pensiones, el precario sistema de salud o los bajos salarios son algunos de los motivos que han hecho estallar a la población chilena

- Una veintena de organizaciones sociales ha convocado una huelga general y movilizaciones para este miércoles y jueves

 

 

En el quinto día de protestas masivas en Chile, que se desarrollan bajo vigilancia militar y en las que ya han fallecido más de 15 personas, el presidente del país, Sebastián Piñera, ha anunciado reformas sociales, pero ha dejado sin atender la petición de devolver el Ejército a los cuarteles.

 

"Hemos recibido con humildad y claridad el mensaje que los chilenos nos han entregado. Es verdad que los problemas se acumulaban desde hace muchas décadas y que los distintos Gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Reconozco y pido perdón por esta falta de visión", ha dicho ahora Piñera en una alocución televisada a la nación.

 

El modelo privatizado de pensiones, el precario sistema de salud o los bajos salarios son algunos de los motivos que han hecho estallar a la población chilena, que desde la noche del viernes se manifiesta para exigir cambios, y son tres de los principales asuntos de la nueva agenda social de Piñera.

 

El mandatario anunció un incremento "inmediato" en un 20 % de la Pensión Básica Solidaria y de otro 20 % en el Aporte Previsional Solidario, vías por las que el Estado participa en el sistema previsional chileno, que es de capitalización individual y está administrado por empresas privadas.

 

La iniciativa, según Piñera, beneficiará en total a 1,5 millones pensionistas y se unirá a otras medidas de ayuda para los de más de 75 años, para los adultos que no se valen por sí mismos y para complementar el ahorro previsional de la clase media y las mujeres.

 

Anunció también el tratamiento legislativo de "urgencia" de un proyecto de ley para crear un seguro que garantice un techo de gasto en salud en caso de padecer "enfermedades catastróficas" y dos iniciativas para subvencionar el precio de los medicamentos.

 

Creará también un ingreso mínimo garantizado de 350.000 pesos (unos 482 dólares) que complemente el salario de los trabajadores a jornada completa cuando sea inferior a esa cantidad, mientras que rebajará las dietas de los parlamentarios y los altos sueldos de la Administración pública.

 

Para financiar estas medidas, propondrá, entre otras cosas, un proyecto de ley para aplicar un impuesto del 40 % a las rentas superiores a 8 millones de pesos mensuales (unos 11.000 dólares), mediante el cual se espera recaudar 160 millones de dólares. El coste de implementar todas estas medidas será de 1.200 millones de dólares para las arcas fiscales en 2020.

 

La oposición recibió con frialdad los anuncios del presidente. Desde su cuenta de Twitter, el diputado de izquierdas Gabriel Boric, por ejemplo, calificó las medidas como "ayudas sociales" que, aunque necesarias, no solucionan un malestar social que requiere "transformaciones estructurales".

 

La acogida a la reacción de Piñera se verá el miércoles

 

La acogida de la población a las respuestas del presiente se verá este miércoles, jornada para la que de nuevo se han convocado distintas marchas y concentraciones populares en todo el país y una veintena de organizaciones ha convocado una huelga general. Las de este martes fueron de nuevo masivas y en su mayor parte pacíficas y festivas, pero tampoco estuvieron exentas de episodios violentos.

 

Los saqueos continúan y, entre otros sucesos graves, en la ciudad de Talca (centro) se produjo un incendio de grandes proporciones en un almacén de abastecimiento, mientras que en San Pedro de La Paz (sur) un atropello múltiple se cobró la vida de al menos dos personas.

 

La presencia del Ejército en gran parte del país para controlar la seguridad y el establecimiento de toques de queda en varias ciudades y regiones también está generando tensiones. Por las redes sociales circulan vídeos de presuntos abusos por parte de los militares que han enervado aún más el ánimo de los manifestantes, a quienes la presencia de los uniformados en las calles les retrotrae a los tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

 

De hecho, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile ha interpuesto querellas por denuncias de torturas y abusos de agentes de las fuerzas del Estado durante las protestas en los últimos cinco días.

 

Piñera ha dicho querer terminar con los estados de emergencia, los toques de queda y devolver a los militares a sus cuarteles, pero que no lo hará hasta que "el orden público, la seguridad y los bienes, tanto públicos como privados, estén debidamente resguardados".

 


 

El audio de la esposa de Piñera: “Vamos a tener que disminuir nuestros privilegios”  

 

Por Página12

 

La primera dama chilena se refirió a las manifestaciones y las calificó como "una invasión extranjera, alienígena".

 

En Chile comenzó a circular un audio desde el domingo en el que la primera dama Cecilia Morel le habla a una amiga sobre la situación de crisis en el país y deja algunas definiciones que causaron indignación. El diario chileno La Tercera confirmó la veracidad del audio tras chequear con fuentes de La Moneda.

 

“Amiga, yo creo que lo más importante es tratar de nosotros mantener la cabeza fría, no seguir calentándonos, porque lo que viene es muy, muy, muy grave”, comienza la nota de voz.

 

Luego expresa: “Adelantaron el toque de queda porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento, de alimentos, incluso en algunas zonas el agua, las farmacias, intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto, o sea, estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirlas”, detalla.

 

Sobre el final deja la frase que causó más rechazo en medio de las masivas protestas contra el gobierno de su marido, Sebastián Piñera. “Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen de racionar la comida, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás“, dice Morel.

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Imagen: AFP

El mandatario Piñera habla de guerra y a la vez de plan de reconstrucción. Mientras tanto, miles de personas inundan las calles con sus reclamos.

 

“Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, el metro, los supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible". Con esas palabras, el presidente de Chile, Sebastián Piñera intentó calmar a la ciudadanía la noche del domingo, cuando las manifestaciones y cacerolazos, daban paso a los saqueos, asaltos, vandalismo y destrucción perpetrados por turbas dispuestas a todo. La desafortunada frase del mandatario se sumó a una seguidilla de desaciertos comunicacionales de sus ministros que en vez de calmar los ánimos, han incendiado más la pradera a niveles no vistos desde la dictadura de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990.

Pero estamos en 2019 y los tiempos han cambiado, al menos eso estima la gente que ha hecho caso omiso a los toque de queda y las medidas de excepción decretadas para Santiago y las principales ciudades del país, manteniéndose en las calles protestando de manera pacífica algunos y otros delinquiendo. 

"Que se vayan los milicos" y "¡Chile despertó!", gritaban a coro los manifestantes en la céntrica plaza Italia, frente a los Carabineros dispuestos en un gran operativo de seguridad en el centro de la capital chilena, que continúa bajo estado de emergencia.

Más de veinte organizaciones sociales convocaron a manifestarse en apoyo el reclamo estudiantil y denunciar “la represión y el uso de la fuerza desmedida” ejercida por los Carabineros.  Para este miércoles llamaron a una huelga general 

"Porque no es solo por les estudiantes, es por nuestros padres y madres. Por nuestros abueles. Es por todos los abusos y las violaciones a los derechos humanos, por la represión contra la lucha justa del pueblo, por la dignidad de la vida, decimos fuerte y claro #PiñeraRenuncia”, sostuvieron desde la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.

En este escenario revuelto, donde se mezclan lo que reclaman con razón como los jubilados, los enfermos que no tienen cama en un hospital, los jóvenes que ven que no les alcanza para estudiar, los que no tienen como llegar a fin de mes o a los que los pesos no les da para pagar un subte de más de un dólar, con otros que aprovechan el caos para producir algunos saqueos. Fue un militar el que puso algo de cordura la mañana del lunes.

El Jefe de Defensa Nacional, general Javier Iturriaga, se desmarcó temprano de Piñera: “soy un hombre feliz y la verdad, no estoy en guerra con nadie". Con ello puso paños fríos a la situación y dio un positivo balance sobre el funcionamiento de Santiago, la capital del país durante el inicio de la jornada luego que a las seis de la mañana se levantara el toque de queda. Tras sobrevolar la ciudad, el militar aseguró que “estamos muy conformes con lo que hemos visto. Ha sido un despertar lento de la ciudad, en calma, en paz, lo que nos tiene por supuesto muy tranquilos, pero al mismo tiempo muy alertas para solucionar cualquier inconveniente que pudieran provocar algunos desadaptados…tenemos todas las fuerzas necesarias para prever cualquier situación de riesgo o algún desmán que pudieran producir durante la mañana”.

Luego, a eso de las 4 de la tarde, el militar reculó justo cuando se anunció que Piñera hablaría más tarde y las manifestaciones recrudecían.

“No corresponde especular sobre una frase que yo dije hoy en la mañana. En mis palabras nunca hubo una doble intención”, dijo leyendo un comunicado al tiempo que aseguró entender “perfectamente” su cargo y “la autoridad máxima que representa el Presidente”. También anunció un nuevo toque de queda dado que las movilizaciones en Santiago y en varias ciudades del país no se aplacaron con la presencia de los militares en las calles.

Desde que comenzaron las movilizaciones a fines de la semana pasada, primero con la subida del valor del subte y las evasiones masivas espontáneas que esa medida ocasionó, los cacerolazos y posteriores desmanes, mucha gente , asustada y cansada de ver como se destruía su entorno, decidió armarse y cuidar sus pertenencias y las instalaciones privadas. En ese escenario, Iturriaga pidió a la población que “no se defienda por sí misma. Nosotros somos los responsables de dar esa protección y estamos haciendo todos los esfuerzos para llegar a todos los rincones de la ciudad”, esto a pesar que sostuvo que los 8.700 uniformados desplegados en las calles “son insuficientes para toda la Región Metropolitana. Siempre van a producirse actos vandálicos a los cuales vamos a llegar seguramente con mayor lentitud, pero estamos haciendo todos los esfuerzos para darle tranquilidad a la población”.

Por la noche, Piñera se refirió nuevamente a la crisis que se vive en el país y anunció que este martes se reunirá con presidentes de partidos políticos de todos los sectores. "Esperamos mañana analizar nuestras ideas y las que nos propongan tanto nuestros partidos, como los de la oposición. Estamos trabajando en un plan de reconstrucción", señaló el mandatario.

Junto a ello, sostuvo que “a veces he hablado duro… lo hago porque me indigna ver el daño y el dolor que esta violencia provoca". Además anunció un cambio de ministros y una agenda rápida para salir del caos actual.

“Hoy estamos trabajando en un conjunto de medidas, para poder potenciar la mejoría de las pensiones, bajar el precio de los medicamentos, reducir las listas de esperas, mejorar la calidad en la atención de salud y también implementar un seguro catastrófico para controlar lo que significa el gasto de medicamentos”, agregó Piñera sin dar mayores detalles de estas acciones.

En paralelo, el presidente del Senado, Jaime Quintana, pidió retomar el diálogo para una nueva constitución y que el mundo político se haga cargo “del dolor profundo de la sociedad chilena”.

En ese sentido se refirió a las anteriores declaraciones belicosas de Piñera: “No es el camino. Es el momento que vuelva la sensatez a La Moneda, que gobierne y creo que la expresión del Presidente fue lo más lejano a eso, a gobernar”, sostuvo Quintana. Agregó que “lo que tenemos hoy son hechos de violencia, actos vandálicos, sin ninguna duda. Y eso hay que condenarlo enérgicamente”. Asimismo, el líder del Senado aseguró que “aquí hay una acumulación de un conjunto de desatenciones, de decisiones del mundo político probablemente erradas, seguramente por décadas. En esto tenemos que ser justos, no podemos achacarle toda la responsabilidad a este gobierno”.

Finalmente, consultado por las voces que piden la renuncia de Piñera, Quintana se desmarcó, asegurando que “este país decidió al Presidente Piñera para gobernar”.

Otra personalidad que opinó fue la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien exhortó al gobierno de Piñera a trabajar con todos los sectores que ayuden a calmar la situación que enfrenta el país, por las protestas que se han desarrollado en la última semana.

 La exmandataria instó a llevar las protestas de manera pacífica, después de que se reportara la muerte de 11 personas durante el fin de semana.

“Exhorto al gobierno a que trabaje con todos los sectores de la sociedad hacia soluciones que contribuyan a calmar la situación e intentar abordar los agravios de la población en interés de la nación”, dijo.

Y agregó que “es esencial que todos los actos que han provocado lesiones y muerte, tanto por parte de las autoridades como de los manifestantes, sean sometidos a investigaciones independientes, imparciales y transparentes”.

Junto a ello, sostuvo que “el uso de una retórica inflamatoria solo servirá para agravar aún más la situación, y se corre el riesgo de generar miedo en la población”.

Desde La Moneda, la ministra de Gobierno, Cecilia Pérez, realizó una vocería donde abordó las distintas manifestaciones sociales que se han desarrollado en el país durante los últimos días.

En ese sentido, la secretaria de Estado aseguró que ningún ministro ha presentado su renuncia al presidente Piñera.

“No ha puesto ningún ministro su cargo a disposición del presidente, porque lo que nos corresponde como colaboradores de él, es estar trabajando en nuestros lugares, dado lo que estamos viviendo”, indicó.

Consultada por la evaluación y la autocrítica del gobierno respecto a lo que vive el país, Pérez aseguró que “críticas, autocríticas, nos hacemos todos los días…Y esa es una diferencia de actitud. Eso significa que cada día podríamos hacerlo mejor”, indicó.

La secretaria de Estado, en la misma línea del presidente y del ministro del Interior Andrés Chadwick responsabilizó a “grupos organizados” detrás de algunos hechos de violencia que han afectado la capital.

Para entender la génesis de la situación en Chile, lo primero es descartar de plano que el estallido social -que ya ha costado la vida a 11 personas, la destrucción y saqueo de cientos de supermercados y negocios y la pérdida de millones de dólares en daños a la infraestructura- se deba solo al alza del pasaje del metro. Un análisis del El Mercurio, el diario de derecha más influyente del país lo explica así: "En un escenario en que las instituciones políticas, judiciales, militares y religiosas están cuestionadas, surge luego de las protestas un vandalismo que ataca bienes de uso común. Mientras tanto, se mantiene la fragmentación política, sin consenso ante la forma de combatir a la violencia". 

En la última encuesta de Paz Ciudadana dada a conocer hace pocos días, Carabineros había alcanzado su nota más baja desde 2011. Hace tan solo cinco meses, otra encuesta (UDD) mostraba que el 81% de los chilenos cree que las instituciones están en crisis y revelaba una baja evaluación de autoridades políticas, del Poder Judicial y las fiscalías, del sector empresarial, de las instituciones armadas, de Carabineros y de las iglesias. Y quizás esto último es, según distintos sectores, un rasgo que en ocasiones anteriores era clave. En episodios de crisis social, la Iglesia Católica tenía una voz preponderante y asumía un rol de garante ante las demandas de polos en conflicto. Hoy, pese a sus llamados a la paz, no es un actor central. 

Mientras el Gobierno y el Parlamento intentan controlar la crisis con medidas como el congelamiento de las tarifas del transporte público, y las Fuerzas Armadas y Carabineros buscan poner orden ante los saqueos, no parece haber una mirada transversal sobre cómo abordar la crisis y qué reformas son las que se deben priorizar.

“El caso del metro es paradigmático. Si bien la evasión se inició luego del alza de la tarifa de ese medio de transporte, lo que vino después, con la quema de las estaciones y la destrucción de sus instalaciones, ha significado no solo una pérdida millonaria para la Región Metropolitana: se ha traducido en que una especie de baluarte del progreso de Santiago, que se ha ido extendiendo por distintas comunas en los últimos años, quede prácticamente inservible y deje a miles de chilenos sin uno de sus medios de transporte esenciales para la vida en la ciudad. Esa "herida", que será difícil de recuperar, ha significado que vecinos comiencen a reaccionar en defensa de los sectores afectados, saliendo a las calles y limpiando sectores que han sido gravemente dañados.

Por otro lado, los disturbios que se registraron en Chile el fin de semana, dañan la imagen de estabilidad del país, indicó The Economist.

“Las prácticas que sustentan la prosperidad no son populares”, indicó la publicación británica en un reportaje en que destacó también que los hechos han sacudido el modelo económico.

“La violencia ha impactado a muchos chilenos. Su país es uno de los más prósperos y pacíficos de América del Sur. Ahora ha sufrido el tipo de agitación que ocurrió recientemente en Ecuador, un país mucho más pobre, cuando su gobierno aumentó los precios del combustible para cumplir con los términos de un acuerdo con el FMI (también cedió)”, indicó.

The Economist señala que los chilenos “no solo están enojados por el precio del transporte. Pagan un montón por el sistema de salud y generalmente tienen que esperar largos períodos para ver un doctor. La educación pública es pobre. Las pensiones, manejadas por firmas privadas bajo un sistema establecido por el régimen de Pinochet, son bajas. La creciente inequidad aviva el enojo. En 2017, los ingresos del decil más rico fue 39,1 veces más alto que el del decil más pobre, de acuerdo con una encuesta del Ministerio de Desarrollo Social.

“Piñera hasta ahora ha fallado en generar una empuje económico notable, una de sus principales promesas de campaña. El crecimiento anual fue de solo 1,9% en el segundo trimestre de 2019. Sin una mayoría en el congreso. Piñera ha sido lento en lograr reformas de pensiones y tributarias, haciendo que el gobierno se vea como ineficiente”, subraya The economist.

El medio británico recuerda que pronto Chile debe ser sede de la cumbre Apec y de la COP25, para lo cual Chile “se mostraba como un bastión de estabilidad en América del Sur. Piñera no tiene mucho tiempo para convencer a los dignatarios que esto sigue siendo cierto”.

Como corolario del día, el derechista alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, solicitó al gobierno un “gabinete de unidad con otras fuerzas políticas”, para enfrentar la situación que hoy se vive en el país tras las masivas protestas por derechos sociales.

En Canal 13, el edil hizo un llamado al presidente Sebastián Piñera a realizar cambios en los ministerios. “El gabinete actual, cuando salgamos de esta crisis, tiene que poner a disposición sus cargos”, dijo.

“Frente a una situación extrema, como la que estamos viviendo hoy día -el país es otro-, (necesitamos) medidas extremas”, añadió.

Hasta anoche se encontraban en toque de queda la región Metropolitana, Antofagasta, Copiapó, Caldera, Vallenar, La Serena y Coquimbo, Valparaíso, Rancagua, Talca, Concepción, Valdivia, Osorno y Puerto Montt.

 


 

Multitudinaria movilización en el centro de Santiago

 

Chile: masiva protesta de los estudiantes y huelga general

 

Por, Página12

La medida de fuerza se cumple este lunes en medio de las protestas por el aumento del subte. Fue convocada por más de veinte organizaciones luego de que los estudiantes llamaran a movilizarse.

Miles de manifestantes comenzaron a concentrarse este mediodía en las plazas de Santiago en el marco de la huelga general convocada por organizaciones sociales y sindicatos para apoyar el reclamo de los estudiantes en contra del aumento del boleto del metro. "Que se vayan los milicos" y "¡Chile despertó!", gritaban a coro los manifestantes en la céntrica plaza Italia, frente a los Carabineros dispuestos en un gran operativo de seguridad en el centro de la capital chilena, que continúa bajo estado de emergencia.

La nueva huelga general fue convocada después de un fin de semana de manifestaciones violentas y con la ciudad completamente militarizada. Más de veinte organizaciones sociales convocaron a manifestarse en apoyo el reclamo estudiantil y denunciar “la represión y el uso de la fuerza desmedida” ejercida por los Carabineros. La cifra de víctimas fatales se elevó a diez el domingo por la noche tras el hallazgo de dos cuerpos calcinados en el incendio de un supermercado de productos industriales.

El segundo toque de queda ordenado por el presidente Sebastián Piñera terminó este lunes a las 9 de la mañana, con un enorme despliegue policial y militar en las calles de la ciudad. El metro de Santiago abrió parcialmente una de sus líneas luego de estar totalmente paralizado desde el viernes cuando comenzaron las protestas por la suba del pasaje.

Si bien desde el Gobierno anunciaron que además de la Línea 1 del metro, que recorre de este a oeste la capital chilena, se dispondrían micros municipales e interurbanos para satisfacer la demanda de transporte, las organizaciones sociales convocaron a una huelga general enfatizando que el llamado es no ir a trabajar para poder “luchar y marchar junto a los jóvenes”.

“Porque no es solo por les estudiantes, es por nuestros padres y madres. Por nuestros abueles. Es por todos los abusos y las violaciones a los derechos humanos, por la represión contra la lucha justa del pueblo, por la dignidad de la vida, decimos fuerte y claro #PiñeraRenuncia”, sostuvieron desde la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.

Anoche Piñera había dicho que su gobierno estaba "en guerra contra un enemigo poderoso", razón por la cual el mandatario decretó el estado de emergencia en la ciudad de Santiago y otras nueve regiones del país. Por la presión social el presidente tuvo que dar marcha atrás con el aumento de la tarifa del metro que subió de los 800 pesos a los 830 (1,7 dólares).

 

La convocatoria a la huelga general

 

La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) llamó a la movilización de este lunes para exigir “transporte público digno y de calidad” y expresar “que no aceptaremos más abusos”. Los jóvenes, reunidos tanto en la Confederación como en otras entidades estudiantiles, y con el apoyo de organizaciones sociales y sindicales, llamaron a “copar y evadir” nuevamente las estaciones de metro.

Pese a que el disparador de las protestas fue la suba del boleto del metro, el estallido social desencadenó el repudio generalizado contra las políticas económicas del gobierno de Piñera. “Gran parte de nuestras familias deben vivir con el ingreso mínimo”, sostuvieron los estudiantes ante la nueva convocatoria, quienes remarcaron a su vez la grave situación de los jubilados con “pensiones indignas” otorgadas bajo el sistema de AFP.

 “Se hace difícil para nuestras familias soportar alzas injustificadas en el sistema de transporte, el cual no otorga condiciones dignas al viajar hacinados, posee pésima conectividad especialmente en zonas rurales y zonas extremas del país, no existe una frecuencia coherente con la demanda y entrega pésimas condiciones laborales”, afirmaron los estudiantes.

La convocatoria a la huelga de este lunes también remarca que en los últimos años movilizarse por el territorio nacional “se ha vuelto cada vez más caro producto de las constantes alzas en los peajes” en las rutas que son concesionadas y “amasan grandes fortunas con este robo amparado por los gobiernos”.

Por últimos, la Confech repudió la represión y el uso de la fuerza “desmedida” ejercida durante el fin de semana por los carabineros, que tiraron gases lacrimógenos dentro de las estaciones del metro. Los estudiantes se sumaron también al reclamo de los trabajadores del metro que piden estatizar el servicio y retirar a los Carabineros de las estaciones. 

 


 

A un metro de la insurrección

 

Gabriel Morales

Carcaj

 

Las ruinas no nos dan miedo. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas, porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero -le repito- a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Ese mundo está creciendo en este instante (Buenaventura Durruti)

El capitalismo ha dejado caer su máscara democrática. El paraíso neoliberal chileno se desgarra y saca sus garras ante la revuelta popular, que viene desde los subterráneos del Metro de Santiago, salió a la superficie y se expandió arrasándolo todo. Son los estallidos de la insubordinación popular que ha venido gestándose desde hace años de forma subterránea, alimentada en el diario descontento, haciendo eco de la reciente revuelta ecuatoriana, y encontrando hace tan solo unos días atrás su propia chispa en el alza de los pasajes del Metro.  

Fueron solo 30 pesos de aumento, pero es la violencia del sistema entero, con toda su injusticia y desigualdad, lo que está representado en el alza. “No es por 30 pesos, es por 30 años”, dicen las pancartas.

 ¿Y quiénes podían haber iniciado esta revuelta sino lxs estudiantes, que han sido precisamente los sujetos más criminalizados en estos últimos meses? En junio el Gobierno había mandado a militarizar los liceos, y los estudiantes salieron ahora a las estaciones del Metro y centraron sus acciones en la repentina alza de los pasajes. Mediante una efectiva acción directa y colectiva, saltando o pasando por debajo de los torniquetes del Metro, lxs estudiantes abrieron las puertas de la rebeldía e invitaron al resto de la gente a pasar sin pagar, a esos casi tres millones de esclavos convertidos en usuarios que viven buena parte de sus vidas hacinados en los túneles subterráneos de la ciudad, y endeudándose por eso. ¿Cómo no hacer caso al llamado a evadir?

“¡Evadir, no pagar, otra forma de luchar!” fue una de las consignas que acompañaron las evasiones masivas, descubriendo lo que en el fondo ya intuíamos: que en cada carga de la Bip le inyectábamos plata a gran parte del circuito capitalista cuyos edificios arden esta noche, como los bancos y AFP.

Esto sucede porque el sistema del Metro está intensamente interconectado, pero no sólo con la superficie vial y el sistema de transporte superficial, sino también con la red financiera que vehicula gran parte de los capitales públicos y privados hacia las fortunas de las pocas familias dueñas de Chile y de nuestras vidas; los dueños de las empresas para las cuales trabajamos, las cadenas que fabrican los productos que consumimos y los mismos supermercados que nos los venden, los medios de comunicación que ocupamos, los equipos de fútbol que seguimos, las universidades donde elegimos estudiar y las AFP que nos roban gran parte de nuestros sueldos. ¿Cómo no evadir, entonces, cómo no destruir los validadores, las estaciones? Esa es la pregunta que ya no nos dejará de asaltar jamás.

La acción colectiva ha demostrado su eficacia y su potencia. Consiguió rápidamente interrumpir el flujo continuo del transporte público hasta lograr su paralización total, sin banderas ni consignas partidistas. Frente a esto, la represión policial ha sido desde un comienzo desmedida: hemos visto repetidamente durante la semana a los pacos pegándole lumazos a lxs estudiantes, disparando balines a los cuerpos de lxs manifestantes, y tirando bombas lacrimógenas directamente a los rostros de nuestrxs compañerxs, sin importarles la presencia de niñxs o ancianxs.

La protesta no tardó en emerger a la superficie, a las calles, para interrumpir el orden de la ciudad y traer a la luz consigo todos los casos de abusos sistemáticos que antes nos parecían aislados -las miserables pensiones, los aumentos en las cuentas de luz e implementación de medidores inteligentes, el robo del agua, la discusión por la reducción de la jornada laboral y la flexibilización del trabajo, el progresivo aumento de los arriendos, etc.-.

Mientras tanto, la prensa oficial sólo muestra el caos y difunde una sensación de pánico generalizado. Se repiten imágenes de los supermercados, farmacias, buses y estaciones del Metro en llamas, sin mostrar los múltiples videos de los enormes abusos policiales cometidos. Pero el pueblo, cansado de la opresión, de la represión y la injusticia, está librando una lucha ya no contra el alza, sino contra todo lo que significa la precarización de las vidas, y está consiguiendo abrir una herida en el centro del sistema de la cual difícilmente éste podrá recuperarse. La normalidad se encuentra felizmente quebrada.

Felizmente, digo, porque lo que nos parecía más grave hasta ahora no era solo que este mundo se estuviera cayendo a pedazos, que las deudas nos acogotaran todos los meses para tratar de satisfacer nuestras necesidades básicas, o que hasta la comunidad científica estuviese de acuerdo en que el planeta será inhabitable en tres décadas, mientras el extractivismo no descansa un segundo. Lo que nos parecía en verdad más grave era que, ante toda la evidencia del desastre, pudiésemos seguir viviendo nuestras vidas como si nada ocurriese: yendo, como siempre, de nuestra casa al trabajo, al liceo, universidad o instituto, y de vuelta a la casa otra vez como si nada. Después de los últimos días ya no podremos decir lo mismo. Algo se ha removido en nosotrxs. Y todxs quienes albergamos un mundo nuevo en el corazón sentimos que algo ha comenzado a agitarse.

La ministra secretaria general de Gobierno llamó ayer a “normalizar la ciudad”, pero la ciudad se ha transformado hace rato en un campo de batalla, y ha sido bloqueada por el pueblo en sus principales canales de transporte y comunicación. Los flujos normales han sido completamente paralizados. El llamado del Gobierno es a recuperar lo antes posible la normalidad, limpiar las calles, asegurar las tiendas, rehabilitar los semáforos y reestablecer la normal circulación de trabajadores y mercancías. Pero si de algo podemos estar seguros es de que la normalidad ya no es posible.

Lo único que ahora existe, en cambio, es la violencia desmedida y desnuda que la normalidad camufla: la brutal represión policial y militar, las balas y bombas lanzadas sobre la gente, los cobardes asesinatos de nuestrxs compañerxs, así como la inmensa brecha entre ricos y pobres, la miseria silenciada, la evasión legal y sin sanción de los dueños de Chile, los derechos sociales privatizados desde la dictadura.

Desde el viernes la red del Metro se encuentra destruida. Ayer, Vecinxs de muchas comunas de la ciudad comenzaron a ocupar las plazas, saliendo a reunirse en medio del enorme despliegue policial, solo para manifestarse y compartir su descontento. Se levantaron barricadas en la mayoría de las comunas de Santiago, en la mayoría de las ciudades de Chile.

Ayer 19 de octubre se ha decretado Estado de Emergencia, un arma del gobierno empresarial para tratar de silenciar el permanente estado de emergencia en el que vivimos. Piñera llama al diálogo, mientras declara Estado de Emergencia y llama a los militares a las calles. ¿Qué tipo de diálogo es posible en esas circunstancias? Al menos ninguno que nos favorezca.

Salen los pacos y milicos, los verdaderos delincuentes que han robado miles de millones de pesos, a reestablecer el orden público. La razón dictatorial está desnuda en el centro de la querida democracia. Luego, en la tarde, el general Javier Iturriaga decreta toque de queda (que no había sido implementado desde 1987). En la noche, la locomoción sigue paralizada y la gente continúa en las calles. En un gesto de hospitalidad, lxs compañerxs por todas partes ofrecen sus casas para alojar a quienes lo necesiten.

Miles de personas en todo el país decidimos no retroceder, no volvernos a nuestras casas, y preferimos quedarnos en la calle bailando, caceroleando, gritando, haciendo bulla, resistiendo a las balas y gases lacrimógenos. Los milicos pasean armados por las calles, golpeándonos y disparándonos, paseando con sus tanques, helicópteros, fusiles y todo el aparataje que poseen para defender los privilegios de la oligarquía.

Se pensaba que la presencia de los militares en las calles el día de ayer iba a tener un efecto disuasivo en el pueblo. Creían que nos íbamos a retirar a nuestras casas en silencio, pero no: ver a los milicos en nuestros barrios ha reactivado el dolor de nuestra memoria histórica. Así que desafiamos el toque de queda, protestamos y nos rebelamos contra la militarización de los espacios públicos. Resistimos a la verdadera violencia ejercida en nuestros territorios.

El Gobierno, en tanto, responde igual que siempre, reprimiendo a la vez que evadiendo el problema, reduciendo las protestas a un asunto de seguridad pública, acusándonos a lxs manifestantes de ser “delincuentes”. Pero precisamente ese, que era uno de los significantes que había triunfado en Chile en las últimas décadas, ahora se encuentra vacío y ha caído en el descrédito. Y la gran cantidad de casos de corrupción de las altas esferas del poder -Soquimich, Penta, Pacogate, milicogate, etc.- ha acelerado esa caída. ¿Qué sentido tiene tratar de delincuente a alguien que rompe un sensor bip, mientras los grandes delincuentes siguen evadiendo millonarios impuestos, sobornando jueces y quedando libres de condena? ¿Qué sentido tiene criminalizar la evasión mientras el presidente es el campeón nacional de la evasión fiscal y del no pago de contribuciones?

Durante estos días de intensas movilizaciones, el poder no ha hecho más que intentar por todos los medios criminalizar el comportamiento de los manifestantes, pero la lógica de la revuelta es ciega para el poder; no tiene rostro, no tiene líder, ni bandera, ni partido. La insurrección popular esta vez no tiene planificación global, sino que responde a una multitud de acciones espontáneas, desplegándose y coordinándose en la acción. Y ahora tenemos a nuestro favor, además de diversas experiencias de organización en pequeños colectivos, una opinión pública cada vez más favorable a las demandas sociales.

Ahí es donde el relato del poder se queda corto. No es capaz de explicar ni entender lo que está sucediendo. Insiste en tratar las manifestaciones como hechos delictuales aislados, en criminalizar a las personas que protestan, evaden, cacerolean, levantan barricadas o destruyen sus preciados símbolos de estatus.

Aunque los títeres del gobierno y los medios intenten desplazar el debate, sabemos que el problema no tiene que ver con la violencia, o al menos no en los términos en que ellos lo quieren plantear.

Por supuesto que usamos y seguiremos usando la violencia, pero nuestra violencia es mayoritariamente contra la propiedad, contra los símbolos de la división y la injusticia social, y contra aquellos policías que nos reprimen. En cambio, la violencia política y económica, la violencia policial y militar es contra nuestrxs cuerpos y contra nuestras vidas. A la violencia contra la propiedad en Chile se le responde con balas asesinas.

Nuestra violencia, al contrario de la suya, no busca la muerte, pero busca sin embargo algo mucho peor para ellos: la total decapitación del poder. Lo que ellos llaman violencia es en realidad la acción directa que muestra la fragilidad de los propios símbolos de su poder. En nuestra ética, las vidas no tienen el mismo valor que las cosas. Las primeras hay que defenderlas, las segundas, en cambio, no nos importa destruirlas. No nos asustan las ruinas.

Por eso, los saqueos que han ocurrido y los que vendrán son insignificantes ante el saqueo sistemático y la devastación capitalista de la tierra, los cuerpos, los servicios básicos y las relaciones humanas. Y son insignificantes, sobre todo, ante el asesinato de nuestrxs compañerxs a manos de milicos armados en este monstruoso instante en el que escribo, con todo el peso de la noche encima.

Chile está en llamas. Arden estaciones del metro y peajes de las carreteras, arden buses del Transantiago, cajeros automáticos, bancos y supermercados. Se registran múltiples ataques a estaciones de policía y edificios del gobierno. Hay vidrios quebrados, humo y ceniza por todo el país.

¿Cómo es posible que unas simples manifestaciones estudiantiles en el metro hayan generado la interrupción total del transporte, primero, y luego la respuesta policial más brutal, dejando en un par de días al desnudo la dictadura encubierta en la que vivimos?

Esto sólo se entiende en el contexto de un país donde los derechos sociales han sido secuestrados por empresas privadas y entregados a un mercado que depende en última instancia de que todxs paguen su pasaje, su arriendo o hipoteca, sus deudas y matrículas. Las evasiones de los estudiantes fueron ejemplares en ese sentido, porque invitaban a todos los usuarios a no pagar. Y la fuerza de ese ejemplo es lo que más teme el poder.

Esta noche se derrumbó la legitimidad del capitalismo chileno. Y como dijo alguna vez Durruti, cuando los ricos ven que el poder se les escapa de las manos, recurren al fascismo para proteger sus privilegios. Ahora los milicos están en las calles repartiendo balas a destajo. ¿Cuántos muertos contaremos al amanecer?

Desde el 2011 hasta ahora, no estábamos durmiendo. Nos hemos reunido, hemos conversado, intercambiado experiencias de lucha y resistencia, hemos ido fortaleciéndonos en nuestras propias organizaciones, territoriales, feministas, ecológicas y antiextractivistas, de la economía popular y solidaria, de la disidencia sexual o desde la pedagogía crítica, hemos articulado distintas luchas, y hemos mejorado exponencialmente nuestra capacidad de acción. Nuestro instinto de desobediencia ha crecido igualmente. Hemos aprendido a ocupar mejor las redes sociales para agilizar nuestra comunicación, y a desconfiar de ellas como dispositivos policiales. Somos mucho más rápidxs y estamos mejor organizadxs, somos más solidarixs y más desobedientes que antes.

Nos convoca y nos une ahora la lucha por el bien común y la vida en sus múltiples manifestaciones, así como la resistencia ante la dictadura implacable del capital. Sabemos que las soluciones a nuestros problemas no vendrán de parte del Estado ni de la elite empresarial. El mundo nuevo lo construiremos nosotrxs, y lo celebraremos bailando, pensando y combatiendo colectivamente.

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El gobierno del Líbano busca aplacar la protesta social

El movimiento de protesta comenzó el jueves pasado tras el anuncio de un nuevo impuesto a los llamados efectuados a través de las aplicaciones de mensajería de internet como WhatsApp, una decisión finalmente anulada.

 

El gobierno de Líbano, que enfrenta una movilización popular inédita en años, adoptó este lunes varias reformas bloqueadas desde hacía tiempo, pero no logró templar los ánimos de los manifestantes contra una clase política acusada de hundir el país.

Tras un Consejo de Ministros extraordinario, el primer ministro Rafic Hariri anunció ante la prensa que la coalición gubernamental que lidera adoptará "medidas esenciales y necesarias".

En este sentido, prometió un "presupuesto para 2020 sin impuestos adicionales para la población", una bajada del 50 por ciento de los sueldos del presidente y de los expresidentes, de los ministros y los diputados, y nuevos impuestos para los bancos.

Hariri afirmó que apoyaba el reclamo de los manifestantes de celebrar elecciones anticipadas. "Los hemos escuchado. Si su petición es elecciones parlamentarias anticipadas [...] yo, Saad Hariri, estoy con ustedes en esta petición", declaró.

Las últimas elecciones legislativas tuvieron lugar en mayo de 2018.

 

 "Mentira"

 

Pero los anuncios de Hariri, retransmitidos en directo por altavoces por el centro de Beirut, en los principales puntos de encuentro de los manifestantes, no parecieron convencer demasiado.

Miles de manifestantes respondieron al grito de "¡revolución, revolución!" y "el pueblo quiere la caída de régimen", principales lemas coreados en estos cinco días de protestas.

"Mentira, es una mentira", declaró Chantal, una manifestante de 40 años, que llevaba la bandera libanesa pintada en la cara. "Es puro maquillaje. ¿Quién puede garantizar que las reformas se aplicarán?", preguntaba.

"Estas decisiones no se tomaron como moneda de cambio", declaró Hariri en la rueda de prensa. El gobierno "no pretende pedirles que dejen de manifestarse y de expresar su indignación", agregó.

"Ustedes son la brújula, son ustedes quienes hicieron actuar al Consejo de Ministros, es su movimiento el que condujo a estas decisiones", sostuvo Hariri.

Pero esto no hizo que los manifestantes cambiaran de postura, y el lunes por la noche continuaban pidiendo que toda la clase política dimitiera, acusándola de incompetente y corrupta. "¡Todos quiere decir todos!", se escuchaba en las calles.

El movimiento de protesta comenzó de manera espontánea el jueves tras el anuncio de un nuevo impuesto a los llamados efectuados a través de las aplicaciones de mensajería internet como WhatsApp, una decisión finalmente anulada, pero el malestar siguió.

"Es difícil apagar el volcán con soluciones de último minuto", declaró Imad Salamey, profesor de ciencias políticas de la Universidad Libanesa Americana de Beirut, entrevistado el lunes antes de que se anunciaran las reformas.

 

 Escasez de agua y de electricidad 

 

Según la prensa libanesa, el objetivo es provocar un "shock" prometiendo la puesta en marcha de reformas que fueron imposibles por disputas y divisiones políticas.

En los últimos años, la vida cotidiana de los libaneses se ha degradado, con incesantes cortes de agua y electricidad, 30 años después del fin de la guerra civil (1975-1990). Más de una cuarta parte de la población vive bajo el umbral de la pobreza, según el Banco Mundial.

Desde la mañana del lunes, manifestantes cortaron varias rutas en todo el país para impedir que los empleados puedan ir a sus lugares de trabajo, mientras que en las redes sociales se multiplicaban las convocatorias para salir a las calles.

Bancos, universidades y escuelas estaba cerrados este lunes, en medio de este movimiento de protesta que paraliza al país.

El domingo, cientos de miles de libaneses salieron a las calles en todo el país, reclamando un cambio radical de un sistema político acusado de corrupción y clientelismo, en medio de la crisis económica.

En un ambiente festivo, los manifestantes apuntaron directamente contra sus líderes, otrora tan temidos y respetados. Algunas veces, incluso, las críticas surgieron en sus propios feudos electorales, algo inusual hasta la fecha.

También el dirigente chiíta Nabih Berri, que lleva casi 30 años como presidente del parlamento, fue blanco de las críticas, acusado de haberse aferrado al poder. "¿Qué había antes de Nabih Berri? ¡Adán y Eva!", rezaba una pancarta en la capital.

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Cacerolazos, saqueos y represión en Chile

Continúan las movilizaciones y los saqueos en el país, con los militares sofocando las manifestaciones. El presidente Piñera volvió a declarar el toque de queda y afirmó: "estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable" en alusión a los grupos que causan barricadas, robos e incendios.

Crece la protesta social y la violencia en las calles de Chile. Según datos oficiales, ocho personas murieron y más de 200 resultaron heridas, la gran mayoría de ellas en la capital, Santiago. La Fiscalía Nacional informó que hasta este domingo son 1462 los detenidos tras las protestas que iniciaron este viernes como producto del rechazo al aumento del boleto de subte, que fue finalmente suspendido el sábado. Sin embargo, se extienden las movilizaciones y los cacerolazos en el país, se producen nuevos enfrentamientos entre civiles y fuerzas militares y policiales, y se repiten los saqueos en varios puntos de la ciudad. El presidente Sebastián Piñera volvió a declarar el toque de queda y dijo que el país está "en guerra contra un enemigo poderoso e implacable", en relación a los grupos violentos que han sumido al país en un estado de emergencia que ya se ha cobrado varias vidas humanas.

"Estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite incluso cuando significa la pérdida de vidas humanas, con el único propósito de producir el mayor daño posible", dijo Piñera en una comparecencia pública ante la prensa. El mandatario conservador afirmó que entiende que los ciudadanos se manifiesten por lo que les preocupa, pero agregó que las personas que están causando incendios, barricadas y saqueos son "verdaderos criminales". 

Los muertos reconocidos hasta el momento fallecieron en circunstancias similares. Por un lado, dos mujeres murieron en medio de un saqueo a un supermercado en la comuna de San Bernardo, y una tercera persona permanece internada en grave estado, con el 75 por ciento de su cuerpo quemado. También el sábado por la noche, un hombre murió en otro incendio dentro de un supermercado, esta vez en la comuna de Quinta Normal. Mientras tanto, el domingo por la tarde el cuerpo de bomberos de la comuna de Renca informó la muerte de cinco personas, cuyos cuerpos se encontraron calcinados en las bodegas de Kaiser. La tienda de ropa interior femenina fue primero saqueada y luego incendiada. Los fallecidos no serían trabajadores del local.

El Ministro Chadwich sostuvo además que dos civiles fueron heridos de bala, pero no dio más detalles al respecto. La Fiscalía Nacional informó que, hasta este domingo, son 1462 los detenidos en Chile. El ministerio público dijo que del total de detenciones, 614 ocurrieron en Santiago y 848 en el resto del país.

Violentos enfrentamientos entre policías y manifestantes volvieron a desatarse el domingo en varios puntos de Santiago. Un cacerolazo popular, que sonó fuerte en gran parte de la capital, volvió a derivar en enfrentamientos con las fuerzas militares y los carabineros, que reprimieron a los manifestantes con gases lacrimógenos y disparos de balas de goma. 

Frente al caos en las calles, el presidente Sebastián Piñera decretó por segundo día consecutivo el toque de queda. Esta vez el inicio de la medida se adelantó a las 19 horas, extendiéndose hasta las 6 de la mañana del lunes. "El toque de queda regirá a partir de las siete de la tarde; estén en calma y estén todos en sus casas", dijo el general Javier Iturriaga, al anunciar la medida tomada en medio del "estado de emergencia" que rige para cinco regiones de Chile.

Luego de mantener una reunión en casa de gobierno con los presidentes de la Cámara de Diputados, el Senado y la Corte Suprema, Piñera dijo: "La democracia no solamente tiene el derecho, tiene la obligación de defenderse usando todos los instrumentos que entrega la propia democracia y el estado de derecho para combatir a aquellos que quieren destruirla".

“Un verdadero oasis”

El jueves, cuando el malestar social empezaba a verse reflejado en las estaciones de metro, el presidente dio una entrevista al Financial Times donde calificó a Chile como “un verdadero oasis en medio de esta América Latina convulsionada”. Antes, el Ministro de Trabajo Nicolás Monckeberg había sugerido entrar al trabajo a las 7.30 para llegar más rápido, y el Ministro de Economía Juan Andrés Fontaine recomendaba tomar el metro a las 7 para evitar las subas. Los distintos funcionarios no hicieron más que avivar el conflicto.

Los incidentes estallaron con fuerza el viernes tras el alza en las tarifas del pasaje del metro, medida suspendida por el gobierno el sábado. Sin embargo, el anuncio no fue suficiente porque las protestas derivaron en diversos reclamos sociales. Detrás de una supuesta estabilidad política y de las cifras macroeconómicas positivas que exhibe el país, amplios sectores sociales quedaron excluidos, evidenciando una profunda desigualdad social.

Muchos en Chile recordaron los años de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) por la imponente presencia de militares en las calles, que no sólo custodian los puntos críticos de la ciudad (centros de reunión de manifestantes y todas las estaciones del subte), sino que además patrullan las calles con tanquetas y jeeps. Aviones militares completan el escenario sobrevolando las calles de Santiago, mientras se extienden las barricadas en las calles.

Los protagonistas de las manifestaciones que coparon las calles de Santiago son en su mayoría los jóvenes, que recorren las calles en grupos y con pañuelos en el cuello. "Tenemos que traer estos pañuelos no para taparnos la cara sino para protegernos de los gases", explicó Elisa. Otro de los jóvenes manifestantes llevaba un cartel que decía: "El robo y el saqueo lo hacen ustedes, HDP". "El pueblo unido jamás será vencido", gritaban a coro los estudiantes, repitiendo una consigna que se hizo popular durante las protestas contra la dictadura de Augusto Pinochet.

Prácticamente todos los comercios permanecen cerrados y hay escaso transporte público, en tanto se repiten suspensiones y cancelaciones de vuelos. Hay además cortes de luz y se registra falta de agua en algunas regiones de Chile. Los estudiantes llaman a seguir movilizando en las próximas horas. Para el lunes, la mayoría de las universidades y los colegios ya suspendieron sus clases.

 


 

El “Chile despierto” cuestiona el modelo de país heredado tras la dictadura

 

El sábado y el domingo, Chile estalló. Las revueltas se fueron haciendo más intensas una vez que Piñera cedió el control político a los militares y decretó medidas extraordinarias nunca vistas en democracia.

Andrea Ana Gálvez

@Ana_Gaher

El Salto

2019-10-21 11:00

 

Son tiempos convulsos para América Latina. Apenas nos habíamos recuperado de las protestas masivas por el paquetazo de ajustes de Ecuador, cuando pocos días después el gobierno chileno anunciaba la subida del pasaje del metro. Este hecho fue leído por amplias capas de la sociedad como el detonante del descontento social acumulado, que se vio intensificado con las políticas económicas del actual gobierno. Las revueltas estudiantiles de inicios de siglo y la contundencia del movimiento feminista de los últimos tiempos hicieron soñar al pueblo chileno con un sueño antiguo, que se manifestó con intensidad estos días en las calles del país.

 

Evasiones masivas y desobediencia civil

El jueves comenzó la tensión en Chile, después de que el gobierno anunciara la subida del billete de metro días antes. El viernes comenzaron las protestas y las primeras evasiones masivas en el metro de Santiago de Chile. Ante esto, La Moneda tachó a las primeros impagos en las estaciones de metro como “delincuencia pura y dura”. Este discurso fue extendiéndose, de la misma manera que lo hacía el cansancio de amplios sectores del país. La olla empezó a hervir gradualmente, hasta que las protestas, los disturbios y los saqueos se intensificaron en el territorio.

El sábado y el domingo, Chile estalló. Las revueltas se fueron haciendo más intensas una vez que Piñera cedió el control político a los militares y decretó medidas extraordinarias nunca vistas en democracia: el Estado de Emergencia y el toque de queda total en algunas provincias. Estos hechos fueron leídos por la sociedad civil como una suerte de reminiscencia de la dictadura que vivió Chile durante casi veinte años.

Mientras los tanques y los soldados trataban de controlar la ciudad, el desacuerdo crecía exponencialmente por todo Chile, los manifestantes decidieron quedarse en las calles durante estos dos días a pesar del toque de queda, para exigir que los militares se replegaran.

Hasta el momento y según el balance oficial del gobierno, el Ministro del Interior de Chile, Andrés Chadwick, informó que por los disturbios del sábado y el domingo, hay al menos ocho muertos, más de sesenta y cinco heridos, cuarenta saqueos y casi mil detenciones.

 

“No son 30 pesos, son 30 años”

Esta es una de las consignas que se gritaban con más fuerza en las revueltas de Chile estos días. Las protestas comenzaron con la punta del iceberg que supuso la subida del precio del pasaje del metro, una chispita que cayó sobre un bidón de gasolina.

Según el sociólogo Carlos Ruiz, “el país lleva sumido en una fuerte privatización y mercantilización de las condiciones de reproducción de la vida cotidiana desde los años 60 y que continuó intensificándose después de la llegada de la democracia. Como explica Carlos y denuncian más de 300 organizaciones sociales en un comunicado emitido el domingo, el aumento del pasaje es el detonante para un país que sufre la precarización generalizada de la vida y las privatizaciones de los suministros básicos como el agua, la energía, la educación y la salud. A esto se añaden salarios y pensiones muy bajos en amplios sectores de la población.

El modelo chileno, admirado por su solvencia y estabilidad económica, “es hoy el país más desigual y con mayor concentración de riqueza de la OCDE, no sólo de América Latina”, nos cuenta Carlos en una entrevista para El Salto.

“El chileno es un individuo privatizado que no tiene ningún sistema de protección, al revés, hay subsidios estatales para la acumulación privada, para que el individuo pueda acudir a una clínica privada para curarse. Estos niveles no se dan en ningún lugar de América Latina ni de Europa”. Por eso hay una propensión a la movilización muy alta que tiene que ver con esa privatización excesiva que asfixia la vida. Esto podría ser una de las fuentes del descontento social que hoy se expresa en las calles, continúa el sociólogo Carlos Ruiz.

 

Cuando la sociedad desborda la política

Una de las cosas que más llama la atención en las revueltas de Chile es la ausencia de dirigencia política. Según las fuentes consultadas y algunos vecinos y ciudadanos de diversa clase, las protestas fueron protagonizadas por amplias capas de población sin necesariamente una tutela partidaria. Son jóvenes profesionales, estudiantes, mujeres, escolares, trabajadores, gente mayor la que está protestando en las calles del país. “Yo estuve en el cacerolazo anoche cerca de mi casa y estaba la gente con sus niños en el cochecito, abuelos, gente en sillas de ruedas. Es el pueblo chileno, es la generalidad de la gente, inclusive hay personas de los sectores altos que nunca antes se habían manifestado y que hoy también han estado en la calle pidiendo sobre todo la retirada de los militares en las calles”, cuenta María Emilia Tijoux que participó en la acción de su barrio durante el toque de queda de la noche del sábado.

“Nosotros teníamos una boda y de camino a la celebración vimos cómo la gente se empezaba agolpar con sus cacerolas, empezaron las hogueras y después las barricadas, una vez que el gobierno declaró el toque de queda también en Valparaíso. La gente se fue uniendo de manera espontánea, sin ninguna dirigencia, era una suerte de revuelta popular que expresaba el cansancio que se había acumulado durante mucho tiempo” cuenta una de las vecinas de Valparaíso que fue sorprendida por el toque de queda en su ciudad.

Carlos Ruiz sugiere que una de las claves para entender estas revueltas, vendría de la mano de este divorcio entre política y sociedad que se lleva incubando en Chile. “La política no está recogiendo los procesos sociales, y esto no es sólo un problema del gobierno actual sino también del anterior. Los últimos dos gobiernos tienen un respaldo de un cuarto del electorado posible. Este es un país que desde hace mucho tiempo no está con grandes mayorías políticas y tiene las tasas más bajas de participación electoral que hay en América Latina. Hay una desindentificación con la política muy fuerte y esto no ha sido canalizada por ningún partido hasta el día de hoy, ni siquiera por el Frente Amplio (fuerza de izquierdas alternativa a los partidos mayoritarios)”.

Ahora bien, continúa Carlos, esto no debiera ser leído por un desinterés en la política de una sociedad anestesiada, sino que desde los 2000 en adelante, las huelgas estudiantiles, las manifestaciones contra el sistema de pensiones y las marchas feministas estarían advirtiendo de un cansancio acumulado que requeriría de algún tipo de respuesta política.

Estos reclamos sociales y este descontento que llevaban expresándose con mayor contundencia estas dos últimas semanas fueron de alguna manera dejados a un lado por el presidente chileno que leyó las protestas como “una marcha más” y según cuenta Lucía Dammert, experta en seguridad y gobernabilidad, “esta indolencia del ejecutivo pudo provocar la rapidez del estallido”. Según sugieren las investigadoras Dammert y M. Tijoux las tensiones podrían haberse aliviado si el gobierno hubiera optado por el diálogo político, sin embargo el presidente decidió una respuesta policial y militar sin precedentes desde la venida de la democracia explica la socióloga Lucía Dammert.

 

¿Y cómo continúa la historia?

Las protestas siguen en Chile, las cacerolas no vuelven a sus casas, las ciudades chilenas a pesar del toque de queda siguen bullendo en varios puntos del país. Los sindicatos están evaluando un paro nacional y huelga para las próximas jornadas.

Ante esta situación, desde las organizaciones sociales han emitido una carta en la que señalan la necesidad de “un nuevo pacto social” que toque los temas que se quedaron enquistados durante la Transición. Según las analistas consultadas, la sociedad civil está pidiendo resultados en el presente, algún tipo de señal a favor del clamor ciudadano si no será muy difícil que Chile abandone las revueltas. Después de la virulencia de los disturbios y de las acciones represivas que han dejado muertos, baleados, calcinados, heridos y casi mil detenidos, algunos piden la renuncia del Presidente.

Con este tablero, la gran incógnita será cómo gestionará esta situación Piñera. Chile en tan solo un mes celebrará dos eventos internacionales de gran seguimiento mediático: la Cumbre del Clima y la Final de la Copa Libertadores. “El presidente tiene que encontrar una estrategia si quiere sobrevivir con algo de legitimidad y yo creo que es ineludible hacerse cargo del llamado ciudadano, pero por otro lado no hay que olvidarse que en Chile también existe una derecha económica muy dura que valora el control y el orden, tampoco es tan claro que el presidente vaya a firmar un nuevo contrato social porque puede perder una base importante de su electorado”, afirma Lucía Dammert.

Lo que sí parece que se dibuja es que, como dicen los chilenos, “el país ya no es el mismo”, las protestas tocaron la sociedad chilena en profundidad, atravesaron generaciones y revivieron antiguos terrores.

Las preguntas y los debates son muchos, ¿cómo será canalizada esta revuelta popular por las instituciones? ¿será posible un diálogo entre el gobierno y la sociedad civil movilizada que asiente las bases para un entendimiento?
El Chile del crecimiento y la estabilidad económica parece hacer aguas con virulencia y con una sensación de no retorno en uno de los contextos más complicados de su historia democrática.

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Domingo, 20 Octubre 2019 06:12

El analista de arriba y la calle

El analista de arriba y la calle

 Los pueblos y los sectores populares, las mujeres y los varones de abajo, están ganando las calles en todo el mundo. En Barcelona y en Hong Kong, en París y en Quito, y en un largo etcétera imposible de abarcar en pocas líneas. A mi modo de ver, este sólo hecho da para celebrar, para el regocijo de quienes deseamos el fin del capitalismo, porque éste no sucederá sin confrontación y lucha de calles, entre otras formas similares de pelea.

La poderosa reorganización de los aparatos represivos los ha hecho casi invulnerables a la protesta, de modo que desbordes como los que vimos en periodos anteriores (siempre recuerdo el mítico Cordobazo de 1969, cuando obreros y estudiantes derrotaron en la calle a la policía del régimen militar), son cada vez más infrecuentes. Por eso la lucha de calles, es tan importante, como escuela y como horizonte.

Es cierto, por otro lado, que con marchas y acciones directas no es posible trascender el sistema, que hacen falta por lo menos dos cuestiones centrales: una crisis sistémica profunda, como las que se registraron en Europa hacia el final de la guerra de 1914-1918, y una potente organización de los pueblos, no sólo para afrontar la crisis, sino de modo muy especial para construir los mundos otros llamados a expandirse mientras vamos deshidratando la hidra capitalista.

Los pueblos organizados y los militantes celebramos las pequeñas victorias, la multiplicación de caracoles en Chiapas o el frenazo al paquetazo del FMI en Ecuador. Nos conmovemos con esos miles que arañaron las piedras, literalmente hasta sangrarse, para erigir barricadas con adoquines y trozos de edificios en Quito. Nos indignamos con la represión que provocó una decena de muertos y mil 300 heridos.

Festejamos los avances. "En Loja y Azuay se crearon asambleas populares autónomas, espacios organizativos de abajo para construir poder popular, dar continuidad al proceso y articular planes y acciones", nos dice un militante contra la minería del sur. Valora, de forma muy especial, que los 12 días de lucha hayan sido la primera experiencia para toda una generación, porque no está pensando en tomar el palacio, sino en la continuidad de la pelea.

Otros compas estiman la trascendencia de que haya emergido una nueva generación de militantes y dirigentes indígenas y populares, así como la importancia del protagonismo masivo de las mujeres. En paralelo, se emocionan con los estudiantes que armaron centros de acopio, albergues y cocinas comunitarias, "integrando así una lucha campo-ciudad".

Son los temas estratégicos que deberían preocuparnos, porque de ellos depende el futuro, y no si la acción favorece a tal o cual potencia global, a tal o cual político que quiere llegar o volver al palacio.

Por eso nos indigna, por lo menos a quien esto escribe, cuando el analista de arriba se limita, desde su escritorio, a censurar a los dirigentes, sean de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), del pueblo mapuche o del EZLN, porque no hicieron lo que ellos consideran oportuno o necesario.

Los pueblos no son acarreados por los dirigentes, como suele creer el analista de arriba, porque no se molesta en preguntar y, sobre todo, en escuchar razones de la gente común. Si lo hiciera, descubriría una lógica propia, diferente por cierto a la del académico o del político profesional, porque responde a necesidades concretas que no pasan por la academia y la literatura especializada.

Sinceramente, me parece insignificante, por decirlo en tono amable, si la lucha nuestra beneficia a China, a Rusia o a Estados Unidos. Son tres potencias imperiales que están dispuestas a masacrar pueblos, para seguir acumulando poder y capital.

Me parece igualmente poco importante si una lucha de abajo, con toda su cuota de dolor y sangre, termina beneficiando a tal o cual candidato a la presidencia. No es ése el camino de los pueblos. Todo lo que fortalezca el protagonismo y la organización de los de abajo es muy positivo, más allá de consecuencias que nunca se pueden medir a priori.

Hubo un tiempo en que el analista de arriba era, sistemáticamente, parte del sistema. En las pasadas décadas, sobre todo a partir de la caída del socialismo real y de las derrotas de la revoluciones centroamericanas, han surgido multitud de analistas que se dicen de izquierda, pero no se manchan las manos, ni ponen el cuerpo en las barricadas, ni escuchan a los pueblos.

Se sienten portadores de la verdad, cuando deberían ser apenas trasmisores del pensamiento y la acción colectivas. No puede haber análisis valederos que subestimen a los pueblos. Siempre fue y será una actitud propia de la derecha, funcional al sistema.

No se vale que unos pongan los muertos y otros usen los cuerpos ultrajados como escaleras, materiales o símbolos. "No queremos ser escaleras de ustedes", dicen los aymaras a los políticos corruptos. Sólo sirven los análisis nacidos del compromiso, no con los de abajo, sino abajo y a la izquierda.

Publicado enSociedad
Tras seis días de protestas, el presidente conservador Sebastián Piñera se vio obligado a revocar el aumento en las tarifas del Metro en Santiago. Sin embargo, las movilizaciones se extendieron a varias ciudades y derivaron en reclamos contra el modelo económico heredado de la dictadura de Augusto Pinochet. La prohibición de salir aplica de las 10 de la noche a las 7 de la mañana. Al amparo del estado de emergencia impuesto tras los violentos disturbios del viernes, los militares volvieron a las calles después de 19 años. La imagen, en Santiago, donde ayer el Metro continuaba cerrado. Foto Afp

Movilizaciones se extienden a todo el país // El hashtag#chiledesperto se multiplica en redes sociales

Santiago. Manifestantes desafiaban anoche en esta capital el toque de queda impuesto luego que el presidente chileno, el conservador Sebastián Piñera, se vio obligado a revocar un aumento en las tarifas del Metro en Santiago, tras seis días de protestas que el viernes se intensificaron y sembraron el caos en prácticamente toda la ciudad.

A pesar de la revocación de las tarifas, las movilizaciones continuaron aquí y se extendieron a otras ciudades como Concepción, Valparaíso, Viña del Mar, Iquique, Antofagasta y Coquimbo, entre otras, en las mayores protestas en décadas en Chile.

En las primeras horas de este domingo fue impuesto el toque de queda en Valparaíso y el estado de excepción en Concepción.

Convocadas inicialmente en redes sociales bajo la consigna #EvasionMasivaTodoElDia en rechazo al alza del pasaje del Metro, miles de personas –en su mayoría estudiantes– se congregaron desde el lunes pasado para derribar las rejas de acceso y saltar los torniquetes del ferrocarril metropolitano.

La evasión de pago derivó en reclamos contra un modelo económico heredado de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), en el que el acceso a la salud y la educación es prácticamente privado, contra la desigualdad social, las bajas pensiones y el alza de los servicios básicos, entre otras demandas, con una fuerza que sorprendió al gobierno de Piñera y a la clase política.

Al amparo del estado de emergencia decretado antenoche por Piñera tras los disturbios del viernes en la capital, los militares volvieron a las calle desde que el país recuperó la democracia en 1990.

Vamos a suspender el alza de los pasajes del Metro, lo que requerirá la aprobación de una ley que debe ser muy urgente, anunció Piñera en una declaración desde el presidencial Palacio de La Moneda, en un discurso en el que afirmó escuchar con humildad y atención la voz de mis compatriotas. Pero amenazó: los responsables, los violentistas van a pagar por sus culpas.

En el contexto del estado de emergencia, el general Javier Iturriaga decretó toque de queda en la capital de las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. La medida, anunciada con apenas dos horas de anticipación, fue desafiada por grupos de personas que al cierre de esta edición marchaban por las calles y continuaban instalando barricadas, muchas con fuego.

A mediodía se inició un cacerolazo en Santiago, con miles de personas haciendo sonar ollas y sartenes. Se reportaron más tarde enfrentamientos entre encapuchados y las fuerzas especiales de la policía en la céntrica Plaza Italia, el frontis de la casa de gobierno y la plaza de armas de Maipú.

El detonante de estas protestas, en las que destaca el hashtag en redes sociales #chiledesperto, fue el alza de 800 a 830 pesos (de 1.12 a 1.17 dólares) en las tarifas del Metro.

En la Plaza Italia, escenario de algunas de las peores protestas del viernes, se desplegaron decenas de militares, incrementando la molestia de los manifestantes, algunos de los cuales los increparon directamente o les arrojaron fotografías de desaparecidos durante la dictadura pinochetista, que se saldó con más de 3 mil 200 muertos y desaparecidos.

El caos se extendió el viernes por todo Santiago, con enfrentamientos en varios puntos, saqueos e incendios. Al menos 167 heridos, en su mayoría policías, 308 personas detenidas y 78 de las 136 estaciones del Metro vandalizadas fue el saldo preliminar de las manifestaciones en la capital chilena, se informó ayer.

El Metro permanecerá cerrado este domingo y las autoridades no saben cuándo volverá a estar completamente operativo.

La sede de la empresa eléctrica Enel sufrió un incendio en sus escaleras exteriores, informaron autoridades. La compañía, de capital italiano, indicó que manifestantes atacaron el inmueble poco antes del siniestro.

Además, al menos 20 autobuses del transporte público fueron quemados ayer en los alrededores de la Plaza Italia, lo que llevó a la empresa Transantiago a la suspensión temporal de todo el servicio, lo que dejó a la capital prácticamente sin transporte público.

A pesar de llevar 24 horas cerradas al público, nuevos incendios se reportaron en las estaciones de San Pablo, Elisa Correa, Las Rejas y Macul. Otros incendios se registraron en casetas y comercios durante la noche. También se reportaron saqueos en diferentes partes de la ciudad y ciudades del interior.

Las protestas se extendieron a otras partes, como las comunas de Ñuñoa y Providencia, donde los vecinos salieron pacíficamente a las calles para hacer sonar sus ollas, al igual que en otras regiones y ciudades como Valparaíso y Viña del Mar.

Incendian El Mercurio

En Valparaíso las oficinas del diario El Mercurio y un supermercado, antes saqueado, fueron incendiados.

En Iquique manifestantes sustrajeron cañones de una intendencia militar.

En Coquimbo se incendió la Cruz del Tercer Milenio, principal monumento de la ciudad.

Una fotografía de Piñera comiendo pizza con su familia en un restaurante capitalino en el mismo momento en que Santiago ardía, azuzó aún más la furia en un país con un largo historial de protestas violentas, pero que en años recientes se mantenía en relativa calma.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó ayer a Chile a garantizar el orden público protegiendo la integridad de los manifestantes.

Con casi 140 kilómetros, el Metro es el de mayor extensión de Sudamérica. En América Latina sólo es superado por el de la Ciudad de México. Es el eje central del transporte público, con 3 millones de pasajeros diarios.

Chile carece de combustibles fósiles y debe importar todo el petróleo y gas natural que necesita para funcionar, lo que se traduce en pasajes del transporte público caros, elevados precios de gasolinas, diésel y energía eléctrica, entre otros.

El Metro sube el valor de los pasajes cuando se suman factores como el alza del dólar, del petróleo y el desgaste del material del subterráneo. El pasaje subió a comienzos de mes en casi 4 por ciento, aunque el costo para adultos mayores y escolares no fue incrementado.

Con el ingreso per cápita más alto de América Latina, un crecimiento estimado para este año de 2.5 por ciento del producto interno bruto y una inflación de 2 por ciento, el malestar en la sociedad chilena creció a la par de sucesivas alzas en los costos de la salud y la electricidad, las bajas pensiones y una crónica –y elevada– desigualdad social.

La masiva protesta tomó por sorpresa al gobierno de Piñera, que sólo días antes había afirmado que Chile era una especie de oasis en la región, y que se prepara para ser sede de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en noviembre y la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en diciembre.


La olla de presión revienta en el oasis chileno

El aumento del costo de la vida y la desconexión de los políticos con la ciudadanía explicarían en parte el estallido social que tiene el país bajo el control de los militares

 

El País

Rocío Montes

Santiago de Chile 20 OCT 2019 - 04:04 COT

Aparentemente Chile era un oasis dentro de una América Latina convulsionada, como dijo hace unas semanas el presidente Sebastián Piñera. Pero entre jueves y viernes explotó una especie de olla de presión con violentas protestas sociales que este sábado tienen la capital bajo control militar, como no sucedía desde la dictadura. Las movilizaciones se originaron por el alza del precio del pasaje del metro, pero parece existir cierta coincidencia en que lo de la tarifa del boleto se trata apenas de la expresión de un descontento mayor de la sociedad chilena. La acción del Ejército apoyado por los carabineros no ha logrado aplacar la protesta en diferentes zonas de Santiago de Chile, donde este sábado se han seguido produciendo enfrentamientos, ataques incendiarios y saqueos en el comercio. Las manifestaciones comienzan a irradiarse a otras regiones del país, lo que obligó al Gobierno a decretar un toque de queda.

Por las redes sociales circula una imagen que intenta explicar el problema. Como punta del iceberg –se muestra–, aparecen las protestas por el alza de la tarifa del metro, que comenzaron la semana pasada con entradas masivas de jóvenes saltando los accesos del metro sin pagar. Pero de acuerdo al dibujo, existe una parte profunda del iceberg que no se ve: “Pensiones indignas, salud precaria, sueldos miserables, educación de mala calidad, licencias médicas por depresión, deuda universitaria vitalicia, sueldos de la élite política, delincuencia sin control, empleos precarios, Pagogate y Milicogate [los escándalos de corrupción en Carabineros y el Ejército, respectivamente]”. En definitiva, que lo que ocurre tendría relación a un hartazgo que ni este Gobierno ni los anteriores han logrado apaciguar.

La economía crece en torno a un 2,5%, menor a lo prometido por la Administración de Piñera, aunque ciertamente mejor que muchos de los vecinos de Chile en la región. Pero vivir se ha vuelto caro, sobre todo en Santiago, donde el precio de la vivienda ha aumentado hasta un 150% en la última década, mientras los sueldos apenas un 25%, según un estudio de la Universidad Católica. Chile pertenece a la OCDE, pero un 70% de la población gana menos de 770 dólares mensualmente y 11 de los 18 millones de chilenos tienen deudas, según cálculos de la Fundación Sol.

El mes pasado se anunció que las cuentas de luz aumentarán hasta un 10% y las alzas del precio del transporte –justificadas por la guerra comercial y el aumento del precio del dólar, entre otros asuntos– motivaron declaraciones desafortunadas de las autoridades. Como lo que aumenta es el precio del billete del metro en horario punta, el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, indicó: “Alguien que sale más temprano y toma el metro a las siete de la mañana, tiene la posibilidad de una tarifa más baja que la de hoy”. Fue una especie de bofetada a los habitantes de Santiago que pueden tardar hasta dos horas en llegar a sus lugares de trabajo.

Para la analista política y académica de la Universidad de Santiago, Lucía Dammert, las protestas que estallaron en Chile son “un fenómeno que se ha incubado por mucho tiempo”. “De partida, es protagonizada por una nueva generación de chilenos, de menos de 30 años, que no conocieron la dictadura, abiertos para expresar sus angustias y que, desesperanzados, sienten que no tiene nada que perder, por lo que sus reclamos fácilmente pueden llegar a la violencia”. Dammert destaca, a su vez, “la relación carnal” entre la elite política y económica, que les impide ver lo que está ocurriendo en los sectores medios. “Existe mayor conexión hacia arriba que hacia abajo”, señala la experta en seguridad, en referencia a todos los últimos mandatos (desde el de Michelle Bachelet de 2006 en adelante). “A este escenario se suma una policía que ha actuado con falta de profesionalismo y la indolencia de las actuales autoridades”.

De acuerdo al abogado y cientista político Carlos Huneeus, “existe una falla brutal de liderazgo del presidente Piñera, porque tiene cero sensibilidad política para controlar lo que ocurre”. “En un régimen presidencial en que el presidente está inmovilizado y de paso inmoviliza a todos, el gobernante se transforma en un obstáculo para el restablecimiento democrático. Lo mismo que la oposición, que no existe”, indica Huneeus.

Las revueltas actuales eran difíciles de predecir, según indica el experto electoral y académico de la Universidad Católica, Roberto Méndez, porque la chispa podría haber explotado por cualquier asunto. "En la población chilena existe una dualidad. Por una parte, reconoce el tremendo progreso que ha tenido Chile en los últimos 30 años, que pasó de ser uno de los países de mayor pobreza de la región a tener de los mejores ingresos. Se valora que haya reducido la pobreza a menos del 10% y que se hayan mejorado las condiciones de vida de la mayoría". La gente quiere mantener este progreso, explica Méndez, "pero, por otro lado, existe una sensación de malestar que quizá el mismo crecimiento ha alimentado, porque las expectativas de las personas han crecido con mayor rapidez que los ingresos". Se trata de una paradoja del crecimiento que no se sabe cómo combatir, dice el analista. Sobre si los chilenos quieren un cambio de modelo económico, Méndez no tiene dudas: "Aunque probablemente un sector de la política chilena volverá a malinterpretar las protestas, la ciudadanía no pide un cambio de modelo, sino que una mejoría de los servicios públicos y mayor acceso al bienestar de un país de ingresos medios-altos".

Para Ernesto Ottone, sociólogo y doctor en Ciencias Políticas, “este estallido violento tiene un apoyo del resto de la sociedad que es interesante de analizar”. Según el académico y escritor, se trata de “una clase media que vive mejor que lo que vivía antes, pero que está frustrada ante sus aspiraciones y, sobre todo, tiene una mala opinión del conjunto de instituciones del Estado y del sector privado. "Los sueldos se consideran bajos, existe una percepción de abusos y todo estalla con medidas como el alza del pasaje”. Pero para Ottone, "el sector social que aplaude y toca las cacerolas en señal de apoyo, anhela las mejoras, pero a la vez es tremendamente individualista”. Si a este cuadro se le suman todos los escándalos recientes –graficados en la figura del iceberg que circula por las redes– y “un Gobierno y una oposición ineptos”, se desata la tormenta perfecta.

El sociólogo Carlos Ruiz, académico de la Universidad de Chile, señala que las protestas se explican “por el nivel extremo en que en Chile se ha privatizado la reproducción de la vida cotidiana, lo que crea una cantidad de fuentes de incertidumbre que –al menos en este nivel– no existen en otras sociedades del mundo”. Han salido a las calles niños y jóvenes apoyados por sus familias, opina Ruiz, que considera que estas protestas son la continuación de las que han explotado en Chile desde 2006 a la fecha. “Es una ola que arrasa con moros y cristianos. Con los Montesco y los Capuleto. Es la razón por la que la política queda muda”.

Para Ruiz, "se trata un malestar inorgánico y carente de representación política que ninguna fuerza se puede atribuir, ni siquiera el Frente Amplio" de izquierda, que se formó luego de las protestas estudiantiles de 2011 y actualmente tiene 20 parlamentarios en el Congreso, otras de las instituciones con el prestigio por el suelo. "La única organización que sigue siendo bien valorada en Chile son los bomberos", explica.

Publicado enCrisis Chile
Cientos de personas han salido a las calles nuevamente para exigir la renuncia del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ante la actual crisis sociopolítica que vive ese país.

 Las protestas populares en Haití son un episodio de las consecuencias, cada vez más estructurales y catastróficas, de una historia de saqueo y olvido.

 

En Haití la crisis de régimen se agudiza luego de semanas de protestas ininterrumpidas. Los disturbios actuales son la culminación de más de un año de agitación y casi tres años de descontento con el actual mandatario, Jovenel Moïse. Los manifestantes se aglutinan en el Palacio Nacional, en las oficinas de la ONU y en las calles para demandar la renuncia del presidente. La crisis política no es nueva sino que condensa, cuanto menos, los dos últimos gobiernos del Partido Haitiano Tet Kale (PHTK). Su fundador, Michel Martelly (2011-2016), al igual que su discípulo Moïse, son acusados de desviar los fondos de la ayuda internacional de las dos últimas catástrofes climáticas que azotaron la isla. Como consecuencia, la población fue condenada al hambre, la pandemia y el debacle de su economía. Lucrar con la desgracia de millones de compatriotas parece ser la receta del “capitalismo del desastre”[1]. Una vez más, tal como lo hiciera en su origen como “la otredad incómoda” de la Revolución Francesa, Haití muestra que, por encima de cualquier valor universal de humanidad, para la comunidad internacional los “negocios son negocios”[2].



Haití presenta uno de los mayores niveles de inseguridad alimentaria del mundo, con más de la mitad de la población –y el 22% de los niños del país- con desnutrición crónica. Su Índice de Desarrollo Humano la posiciona entre los últimos puestos, no sólo de la región sino del mundo: 168 sobre 189 países[3]. Los indicadores de la calidad de vida de la población son apabullantes y, además, Haití debe hacer frente a las catástrofes naturales que azotan el Caribe. El Índice de Riesgo Climático Global de 2019 coloca a Haití en cuarto lugar de entre los países más afectados por los desastres climáticos anuales, ranking que encabezan Puerto Rico –donde se logró en las calles la renuncia de su gobernador[4], también acusado de malversar fondos de ayuda- y Honduras, sobre cuyo presidente pesan graves acusaciones de fraude, corrupción y narcotráfico[5].

A casi diez años del terremoto más devastador y mortífero de su historia, Haití no sólo sigue sin recuperarse de esos destrozos, sino que sufre una nueva crisis política y social que se agravó desde mediados de septiembre. En un contexto de inflación del 15%, un déficit de $89,6 millones de dólares, y una moneda (gourde) en rápida devaluación, se espera que este año la crisis humanitaria solo empeore. Sumado a esto, la crisis del suministro de electricidad, debido a la falta de gasolina, terminó por desatar el descontento social frente a una cotidianeidad desbaratada: no funcionan el transporte público, el comercio ni las escuelas.

Así, las habituales catástrofes naturales han terminado por naturalizar las consecuencias sociales de los problemas políticos, los cuales involucran a actores locales que de ningún modo lograrían sortear la crisis sin la venia de los intereses internacionales y la invisibilización de la crisis por parte de sus vecinos latinoamericanos, concentrados en la situación venezolana.

Un presidente ilegítimo, el origen de la crisis actual

Moïse llegó a la política como un outsider[6], representando a la elite agraria gracias a su rol como dirigente de Agritrans, una empresa bananera del nordeste. Su experiencia política previa era nula, pero fue escogido por Martelly (PHTK) como su sucesor. En las elecciones primarias de octubre de 2015 Moïse obtuvo el primer lugar con un 32,81%. Sin embargo, los comicios estuvieron signados por las denuncias de fraude, intimidación de votantes y protestas callejeras, por lo que finalmente fueron anulados. Martelly, con el apoyo de los Estados Unidos (EE. UU)., la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de otros gobiernos extranjeros, quería cuanto antes resolver el traspaso del Gobierno a su sucesor. Sin embargo, los funcionarios electorales -debido a las persistentes protestas sociales y una nueva catástrofe, el paso del huracán Matthew- demoraron en tres oportunidades consecutivas una nueva votación ante la amenaza de violencia incontenible[7].

El malestar social que aglutinó al arco opositor, líderes religiosos y empresariales, así como miembros de la diáspora haitiana y organizaciones de derechos humanos, se condensó en la falta de transparencia de los procesos electorales y la necesidad de reformar el proceso de votación. Entre febrero de 2016 y febrero de 2017 se estableció un Gobierno interino a cargo de Jocelerme Privert, quien fue electo por la Asamblea Nacional para llenar el vacío de poder tras la finalización del mandato de Michel Martelly. Unas nuevas elecciones se desarrollaron en noviembre de 2016 y, a contrapelo de la coyuntura, Moïse resultó electo en primera vuelta con el 55,67% de los votos[8]. Nuevamente, la denuncia de fraude empañó unos comicios que demoraron más de un mes en ser validados.

Sumada a la escasa legitimidad de origen, el incremento de la conflictividad social y la crisis política tienen tres elementos clave: (1) la crisis del combustible; (2) un gran recambio institucional y (3) la manifiesta corrupción de sus funcionarios.

En cuanto al precio del combustible, desde 2005 el Gobierno de Hugo Chávez creó el Programa Petrocaribe, el cual permitió a Haití comprar, desde 2006, petróleo a precio subsidiado. Los fondos liberados por este beneficio permitían favorecer al desarrollo de infraestructura y programas sociales, de salud y educación. Producto del bloqueo y la crisis económica que atraviesa, en marzo de 2018 Venezuela detuvo los envíos de barriles a precio subsidiado. Sumado al fin del beneficio, el Gobierno haitiano anunció en julio del mismo año la eliminación de los subsidios a la energía. Esta impopular medida estuvo en consonancia con lo acordado en febrero de 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI): un paquete de reformas estructurales a su economía, eufemismo utilizado para nombrar el ajuste. A cambio, el organismo prometió préstamos financieros por 96 millones de dólares para ayudar al país a pagar su deuda[9]. El ciclo de una nueva crisis política comenzó con el aumento del petróleo y sus derivados: 38% la gasolina, 47% el diesel y 51% el kerosene[10]. Frente a ello, la calle volvió a estallar, las protestas se masificaron y la policía reprimió, generando más muerte y más caos. Finalmente, la medida fue derogada.

Como consecuencia del ajuste impulsado por el FMI, se agudizó la crisis institucional caracterizada por un recambio permanente de funcionarios, especialmente del primer ministro, cargo que tiene como función la mediación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo para lograr gobernabilidad y consenso. Luego de la oleada masiva de protestas de julio de 2018, Jack Guy Lafontant presentó su renuncia. Moïse, entonces, buscó reemplazarlo con un conocido abogado y exrival presidencial, Jean-Henry Céant, intentando de esta forma lograr la unidad con la oposición. Tan sólo seis meses después, Céant fue removido. Su sucesor fue Jean-Michel Lapin, quien duró apenas cuatro meses en el cargo para finalmente presentar su renuncia proclamando la falta de acuerdo entre los actores políticos. Horas más tarde, el presidente Moïse nombró a su cuarto primer ministro, Fritz-William Michel, portador de un perfil más tecnócrata y hasta entonces funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas. A diferencia de sus antecesores, Lapin ni siquiera consiguió la ratificación de su cargo por parte del Senado –no porque el oficialismo careciera de mayoría sino debido a los disturbios ocasionados-, por lo que formalmente todo el Gabinete carece de institucionalidad. La última intentona de lograr la designación de Lapin, en septiembre de este año, culminó con un senador del oficialismo, Jean-Marie Ralph Féthière, descargando un arma de fuego contra los manifestantes en el Parlamento con el saldo de un fotógrafo y un guardaespaldas heridos[11].

Por último, en febrero de 2019 estalló el escándalo de corrupción popularizado como #PetroCaribeChallenge. El hashtag se originó mediante un tweet que preguntaba en creole: ¿Dónde está el dinero de PetroCaribe? Desde entonces comenzaron el activismo por una auditaría colectiva y una nueva oleada de movilizaciones contra el Gobierno haitiano, acusado de malversar miles de millones de dólares provenientes del subsidio venezolano. Como corolario de la gran movilización ciudadana, a fines de mayo el Tribunal de Cuentas entregó al Senado un informe mediante el cual concluyó que al menos 14 exfuncionarios malversaron más de 3.800 millones de dólares del programa Petrocaribe entre 2008 y 2016. Sobre el actual mandatario, el informe detalla que Agritrans fue adjudicataria de contratos para construir proyectos bananeros y carreteras que jamás fueron realizados, a pesar de recibir el dinero para tales fines[12].

¿Ayuda o injerencia internacional?

¿Es Haití un Estado fallido? Desde su independencia y su primera Constitución, en 1804, Haití pasó por 30 golpes de Estado y tuvo 20 constituciones. Actualmente, vive una de sus mayores crisis sociopolíticas desde la ocurrida en su bicentenario (2004) con el golpe a Jean Bertrand Aristide, luego de que éste manifestara que Haití exigiría una reparación histórica a Francia, su exmetrópoli. Finalmente, Francia tomó la iniciativa en la solución de la crisis haitiana y forzó la dimisión de Aristide. En febrero de 2004 el mandatario abandonó Haití en un avión estadounidense, escoltado por militares de ese país. Desde entonces y hasta octubre de 2017 el país fue intervenido por la ONU (Organización de Naciones Unidas) mediante la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas para Haití (MINUSTAH)[13]. Posteriormente, se adoptó la forma de Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH), una misión que buscó estandarizar el sistema de administración de Justicia de Haití a los modelos implementados en las últimas dos décadas en la región. La MINUJUSTH garantizó un contingente policial como forma de “alivianar” el uso de la fuerza. No obstante, con la tendencia regional de militarización de las fuerzas de seguridad esto se traduce en el mantenimiento de la ocupación y la represión. La prórroga de existencia de la misión concluyó su mandato el 15 de octubre de 2019, lo que no implica que la ONU abandone Haití sino, más bien, que busque nuevas formas de injerencia[14][15].

Si bien laayuda humanitaria tiene como objetivo proporcionar alimento, asistencia sanitaria y psicológica con aprobación del Gobierno y sin violar su soberanía -especialmente frente a catástrofes naturales- en la práctica ha sido desvirtuada paraintervenir militarmentenaciones, derrocar gobiernos y apoderarse de su riqueza natural[16]. Luego del terremoto de 2010, la MINUSTAH “colaboró” con una comisión de 7 mil soldados y policías. El saldo: cientos de denuncias de abusos sexuales y una epidemia de cólera causada por quienes fueron a brindar “asistencia”[17][18].

De acuerdo al exdirector del Fondo de Asistencia Económico y Social (FAES) de Haití entre 2012 y 2015, Klaus Eberwein, sólo el 0,6% de las donaciones internacionales terminó en manos de organizaciones haitianas, un 9,6% en manos del Gobierno haitiano y el 89,8% restante fue canalizado a organizaciones no haitianas. Lamentablemente, Eberwein fue hallado sin vida con un disparo en la sien en un hotel en Miami antes de comparecer frente a una comisión anticorrupción del Senado haitiano sobre los fondos de Petrocaribe y las malas prácticas de la Fundación Clinton[19].

Los fondos se tradujeron en la proliferación de ONGs que comenzaron a proveer funciones que solía cubrir el Estado, consolidando una nueva etapa en la agenda del sistema neoliberal. Mientras las ONGs avanzaban el Estado se retraía, incidiendo tanto en la soberanía como en la autodeterminación del país[20]. La intermediación de las organizaciones permite que quienes las financian, como el Banco Mundial, el Gobierno de EE. UU. , el Fondo Monetario Internacional o empresas transnacionales, obtengan la liberación de las barreras arancelarias, lo que termina por devastar la producción interna y, por tanto, la economía del país mediante la privatización de los servicios públicos y la contratación de empresas privadas internacionales para ofrecerlos. Este mapa configura lo que la economista Naomi Klein ha denominado como “capitalismo de desastre”, que opera junto con la “doctrina del shock”. Según su tesis las crisis derivadas de catástrofes, como en el caso de Haití, habilitan oportunidades de negocios para la inversión privada, así las potencias y los intereses de las multinacionales consiguen anclarse en el territorio arrasado de la mano de las ONGs.

A modo de conclusión

El PHTK es el actual garante de los negocios del capital internacional, fundamentalmente mediante el traspaso de tierras campesinas a transnacionales estadounidenses. Para ello sólo cuenta con un escueto sector de la oligarquía local, quien se beneficia con una parte del desvío de fondos a expensas de la mayoría de la población. La exacerbación de la dependencia de la ayuda internacional combina el tradicional colonialismo con una nueva fase del neoliberalismo como gestor del desastre. La influencia norteamericana consolidó una economía haitiana predominantemente extractiva -aproximadamente 2.000 millones en depósitos minerales explotados principalmente por corporaciones estadounidenses y canadienses-[21]. Actualmente, dicha influencia es el único sostén de un presidente impopular, cuya dimisión sigue exigiendo el pueblo en sus protestas masivas.

Mientras los líderes de la oposición llaman a los manifestantes a no claudicar hasta obtener la renuncia de Moïse, la consigna se hace carne: “les estamos diciendo a las personas que viven en el área de Cité Soleil y a la población haitiana que se levanten para derrocar a este Gobierno” afirmó Francois Pericat, un participante en las protestas del 27 de septiembre a The Associated Press en alusión a un barrio pobre y sobrepoblado de Puerto Príncipe.”El presidente Jovenel Moïse no está haciendo nada por nosotros, sólo nos está matando”[22]. Moïse asumió la Presidencia un 7 de febrero, fecha emblemática que recuerda el final de casi 30 años de dictadura (1957-1986) de la familia Duvalier, François (Papa Doc) y su hijo Jean-Claude (Baby Doc), quien finalmente huyó de la isla producto de las protestas generalizadas. Luego del anuncio del cierre de la MINUJUSTH, Moïse ha afirmado que no presentará su renuncia y dice no querer tener otro 1986 [23]; sin embargo, la sublevación popular está cada vez más cerca de repetir la hazaña.

 

Por Bárbara Ester

CELAG

 

Notas:

[1] Naomi Klein, La doctrina del shock. El auge del capitalismo de desastre, Paidós, Argentina, 2008.

[2] https://www.celag.org/haiti-herida-abierta-de-america-latina/

[3] https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Haiti%20Country%20Brief_%20August_2019.pdf

[4] https://www.celag.org/puerto-rico-afilando-cuchillos/

[5] https://www.celag.org/honduras-una-decada-de-golpes-e-inestabilidad/

[6] https://www.voanoticias.com/a/haiti-presidente-moise-investidura-trump-eeuu/3705034.html

[7] https://www.nytimes.com/es/2016/02/06/editorial-haiti-democracia-en-pausa/

[8] https://www.celag.org/informe-electoral-haiti/

[9] https://www.nodal.am/2019/10/decadas-de-neoliberalismo-neocolonialismo-e-injusticia-climatica-han-llevado-a-haiti-al-limite-por-keston-k-perry/

[10] https://pulsonoticias.com.ar/8911/el-fmi-agita-las-llamas-de-la-insurreccion-en-haiti/

[11] https://www.ap.org/ap-in-the-news/2019/ap-photographer-wounded-in-haiti-shooting

[12] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48711839

[13] http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE-131.pdf

[14] https://news.un.org/es/story/2019/10/1463911

[15] https://mundo.sputniknews.com/america-latina/201910161088993267-mision-de-paz-de-la-onu-concluye-mandato-en-haiti-sin-impedir-brotes-de-violencia/

[16] https://www.theguardian.com/world/2019/oct/11/haiti-and-the-failed-promise-of-us-aid

[17] https://www.celag.org/haiti-resultado-intervencion-humanitaria/

[18] https://www.nytimes.com/2017/06/26/world/americas/cholera-haiti-united-nations-peacekeepers-yemen.html

[19] http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/08/08/hallan-muerto-a-un-funcionario-de-haiti-que-iba-a-denunciar-a-la-fundacion-clinton/

[20] https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37614689

[21] https://www.nodal.am/2019/10/decadas-de-neoliberalismo-neocolonialismo-e-injusticia-climatica-han-llevado-a-haiti-al-limite-por-keston-k-perry/

[22] https://www.nytimes.com/2019/09/28/world/americas/haiti-protests-moise.html

[23] https://www.jornada.com.mx/2019/10/16/mundo/026n4mun

Fuente: http://www.celag.org/haiti-protestas-interminables-en-una-republica-olvidada/

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El paro y la protesta se extienden en Ecuador

 

Ecuador amaneció por segundo día consecutivo sin transportes y con ccortadas en varios puntos. Moreno dijo que no va a permitir que se bloqueen camiones cargados con productos básicos.

Ecuador amaneció por segundo día consecutivo sin transportes y con calles y carreteras cortadas en varios puntos. El presidente Lenín Moreno decretó ayer el “estado de excepción” para intentar sofocar las manifestaciones contra el "paquetazo" impulsado con el apoyo del FMI. Ayer la liberación del precio de los combustibles produjo aumentos de hasta un 123 por ciento. Sin embargo Moreno volvió a defender su decisión. “Que se oiga bien, no voy a cambiar la medida, se eliminó el subsidio, se acabó la zanganería”, dijo.

Luego de los disturbios del jueves, los dirigentes del sector de transporte decidieron continuar con el paro nacional. "No queremos desestabilizar el país, pero lamentablemente en este momento lo que se está tratando es de sobrevivir", dijo a la prensa el presidente de la Federación Nacional de Transportistas Pesados, Luis Vizcaíno. "Si se logra bajar un poco las tarifas del combustible creo que puede haber una salida para que el Ecuador vuelva a la paz", añadió.

En Quito, solo opera el servicio municipal de transporte, que no se adhirió a la medida de fuerza. Una de las empresas que prestan este servicio, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), informó cierres viales en varios puntos de la ciudad y que taxistas colocaron barricadas y encendieron neumáticos en la céntrica avenida Teniente Hugo Ortiz para impedir el paso de los vehículos. Para contrarrestar los efectos del paro, el gobierno decidió que las Fuerzas Armadas habilitaran sus vehículos para movilizar a los ciudadanos. El servicio se prestó en las ciudades de Quito, Guayaquil, Manabí, Ibarra y Pastaza. Las autoridades suspendieron las clases en las escuelas primarias y secundarias y para los institutos de formación superior y técnica.

En su perfil de Twitter, la Fiscalía indicó que fueron detenidos el secretario general del Sindicato de Chóferes y el presidente de la Cámara de Transporte de la ciudad andina de Cuenca, a los que identifica como Mesías V. y Manolo S., respectivamente.

El saldo de la jornada de protesta de ayer fueron 21 policías heridos y 277 detenidos, informó el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín. “Cometieron actos de vandalismo y atentaron contra la propiedad", dijo Jarrín. "Con el estado de excepción se está logrando el propósito fundamental, el cual es restablecer el orden y la paz social", expresó el ministro desde la casa presidencial.

Desde Guayaquil, Moreno afirmó que las medidas no fueron fáciles de tomar, pero que está dispuesto a dialogar con aquellos que respeten los derechos humanos. “Conversar sí, habrá mecanismos de palear un poco el efecto que pueda tener en algunos sectores (la medida), claro que sí, estamos dispuestos a hacerlo, pero bajo ninguna circunstancia vamos a cambiar la medida”, dijo. Señaló que aproximadamente 60 mil millones de dólares se destinaron a subsidios durante estos años. “Pongamos los pies en la realidad, sepamos exactamente a qué nos habíamos enfrentado, no queremos beneficiar a los que más tienen, no queremos a los contrabandistas, eso sí no me pidan: que dialogue con los contrabandistas que se han enriquecido pasando combustibles hacia países vecinos”, afirmó el mandatario. Moreno también dijo que no va a permitir que se bloquee la circulación de camiones con productos básicos. Informó que se requisaron dos camiones que bloqueaban el paso en el sur de Guayaquil y que se va a seguir requisando lo que sea necesario.

Legisladores de Revolución Ciudadana, el partido del ex presidente Rafael Correa, que forma parte de la Asamblea Legislativa, solicitaron la destitución de Lenín Moreno y adelantar las elecciones presidenciales y legislativas. "Esta Asamblea tiene que revisar el estado de excepción y determinar el incumplimiento de funciones del presidente", afirmó la legisladora Gabriela Rivadeneira.

La ola de reclamos comenzó luego de que, acosado por el endeudamiento y la falta de liquidez en una economía dolarizada, Moreno pactó un millonario programa de créditos con el FMI. El paquete de medidas incluye la quita de subsidios a los combustibles, que demandaban 1.300 millones de dólares al año. También despidos de empleados públicos y reforma tarifaria. La liberación de los precios provocó el aumento del galón de nafta (equivalente a 3,78 litros) desde US$ 1,85 a US$ 2,22. 

El ministro de Transporte, Gabriel Martínez, indicó que el Ejecutivo hará un "ajuste" en los pasajes de autobuses interprovinciales. También impulsará que los municipios hagan lo mismo con el transporte urbano y de taxis, que están a su cargo. "Pero esta subida del pasaje, que será moderada, que será justa y que será técnica, no deberá tener consecuencias en los (precios de los) demás productos", añadió.

Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos criticaron la represión policial del jueves. "Repudiamos el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía, como evidencian imágenes de represión a las protestas sociales. (...) Seguimos con preocupación la situación de un centenar de detenidos en todo el país, por lo menos 19 heridos y 20 periodistas agredidos", indicó el organismo vía Twitter. El relator para Ecuador del Comité de la ONU de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Mikel Mancisidor, cuestionó las medidas tomadas por Lenín Moreno. “Rechazamos que los derechos a la libertad de asociación, asamblea y movimiento hayan sido suspendidos", dijo.

Además del FMI, otros organismos multilaterales también entregarán 6.070 millones de dólares en préstamos a la administración de Moreno, que por falta de liquidez ha emitido bonos por más de 10.000 millones de dólares. La deuda externa pública de Ecuador subió en 47 por ciento en el actual gobierno, llegando a 39.491 millones de dólares. Esto representa el 36,2 por ciento del PIB.


Lenín Moreno: un converso contra las cuerdas

Por Juan Manuel Karg

 

La declaración de Estado de Excepción que Lenín Moreno Garcés ordenó este jueves en Ecuador termina de mostrar su conversión total a nivel político: fue antecedida por una serie de protestas y movilizaciones contra el alza en el precio de los combustibles, dispuesto tras la quita del subsidio estatal, lo que provocó el fastidio en amplios sectores sociales que eligieron las calles para manifestar su descontento.

 Antes, el Fondo Monetario Internacional había pedido la implementación a la brevedad de otras dos medidas ortodoxas, las reformas laborales y tributarias, para así desembolsar unos 4200 millones de dólares. Moreno, que se mostró como un alumno ejemplar de Donald Trump en el encuentro que el Jefe de Estado norteamericano tuvo con algunos mandatarios de nuestra región en el marco de la Asamblea General de la ONU, viene de retirar el busto de Néstor Kirchner de la sede de la Unión de Naciones Sudamericanas que lleva el nombre del ex presidente argentino en Mitad del Mundo. Antes, había sido pieza clave en el lanzamiento de Prosur, el esquema integracionista que pretende reemplazar a la Unasur y es solo un maquillaje sin sede, funcionarios ni atribuciones.

Como se ve en el artículo tres del Estado de Excepción, Moreno suspende "en todo el territorio nacional el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y reunión", lo cual "consiste en limitar la conformación de aglomeraciones en espacios públicos durantes las veinticuatro horas del día". Este decreto, que tiene dos meses de rigor a partir de la firma del Jefe de Estado, tuvo su fatídico estreno en las inmediaciones del Palacio de Carondelet el mismo jueves, con una represión policial que incluyó detenciones arbitrarias y ataques a los periodistas allí presentes (dos cronistas de El Comercio fueron golpeados, según se advierte en diversos videos subidos a las redes sociales). 

Luego Moreno se desplazó hasta Guayaquil. "La tarea de mi presencia es evitar que aquellos que saquearon el país sigan saqueando el Ecuador" dijo allí Lenín, intentando sin pruebas mezclar lo que sucedía en las calles de esa ciudad -además de movilizaciones genuinas, hubo desbordes con saqueos a comercios incluídos- con el gobierno de Rafael Correa (del cual el fue funcionario de alto rango, vale decir, hasta el último día, y al cual valoraba como "el mejor gobierno de la historia de Ecuador").

 La derecha sudamericana enfrenta un momento de serias convulsiones que sobrepasan Ecuador: Argentina se precipita a un fin de mandato de Mauricio Macri con alarmantes índices de pobreza y una impagable deuda con el propio FMI; Paraguay está en recesión económica; Perú naufraga en una disputa fraticida entre el Ejecutivo y el Legislativo, que hizo que este último quede disuelto; Brasil se prende literalmente fuego mientras Bolsonaro cae en su popularidad y Lula permanece detenido injustamente en Curitiba; Colombia asiste a una escisión de las FARC ante un acuerdo de paz que se debilita, entre otros datos que dan cuenta del complejo momento que viven los gobiernos conservadores en la región. 

Sin embargo, el caso ecuatoriano amerita especial tratamiento: Moreno tiene una fuerza social, política y electoral escasa, casi irrelevante, y para gobernar debe apoyarse en los sectores más conservadores del país, tanto a nivel político como económico. Del otro lado, el correísmo muestra músculo: en las últimas elecciones conquistó dos de las tres gobernaciones más importantes del país (Pichincha y Manabí). Hay un líder, en el extranjero, que aún tiene la capacidad de aglutinar a un segmento no menor de la población de ese país ante el ajuste en curso: este elemento puede ser significativo a mediano plazo.

 La decisión de Moreno tiene que ver con un dato inequívoco de la política ecuatoriana: las calles le toman el pulso a los gobiernos que deciden ajustar a la población. Le pasó a Jamil Mahuad, que contaba con el mismo asesor con el que cuenta Moreno: Jaime Durán Barba, que tiene un 2019 para el olvido, visto y considerando además la estruendosa derrota de Mauricio Macri en las PASO de Argentina. Por este dato histórico, que tiene que ver con la tradición de un pueblo decidido a salir a las calles para confrontar los abusos del poder, y por la debilidad estructural del gobierno de Moreno, habrá que prestar atención al día a día de una crisis que acaba de empezar y nadie sabe como puede terminar. El converso está contra las cuerdas y todos los actores políticos y económicos del país notan su debilidad. La huelen. Moreno, que dejó de ser Lenín hace ya mucho tiempo, vive sus horas más complicadas.

Politólogo UBA. IIGG - Facultad de Ciencias Sociales. @jmkarg 

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