Sábado, 05 Mayo 2018 06:42

Más allá del 68; los antecedentes

Más allá del 68; los antecedentes

Los años 60 marcaron un punto de inflexión. La Segunda Guerra Mundial trajo desolación y muerte, la caída del nazifascismo recompuso alianzas, los enemigos mutaron en amigos y los aliados se transformaron en el objetivo a destruir. La guerra fría inauguró una estrategia fundada en la lucha anticomunista. Los movimientos antimperialistas y descolonizadores fueron el objetivo. Por primera vez en la historia mundial el eje gravitacional del poder se desplazó. Estados Unidos emergía como la potencia líder, con una Europa endeudada, sumisa, arrodillada a sus pies. Mientras tanto, el proceso descolonizador avanzaba en Asia. India declaró la independencia en 1947, y la larga marcha con Mao a la cabeza, tras años de guerra civil, derrotó al ejército de Chiang Kai-Shek en 1949. África se debatía por romper el yugo imperialista de las potencias que se repartían el continente. Los años 50 fueron un periodo de reacomodo. La amenaza nuclear transformó el escenario. Las alianzas entre liberales, conservadores y socialdemócratas buscaban estabilidad política, llamando a fortalecer las instituciones, bajo el discurso del desarrollo, la seguridad y la defensa de la democracia representativa. Los gobiernos emergentes se dieron a la tarea de crear las condiciones para una etapa expansiva del capitalismo. La década se desplegó en medio del conservadurismo anticomunista y la espada de una guerra nuclear. El plan Marshall favoreció la expansión económica y la tan ansiada movilidad social ascendente fue una realidad. La fisonomía de las grandes ciudades destruidas por los bombardeos fue reconstruida. La sociedad de consumo de masas hizo su aparición. Eran nuevos tiempos. El televisor, el coche, la nevera, las vacaciones pagadas, los derechos sindicales reconocidos y una presencia cada vez mayor de la mujer, aunque siempre residual, en una sociedad conservadora y tradicional, modificaba las estructuras. Un capitalismo capaz de reinventarse lograba avanzar bajo el amanecer del Estado de bienestar. La reconstrucción europea era una realidad. Las secuelas de la guerra se iban difuminando. Eran tiempos de cambio.

Mientras tanto, los países llamados comunistas no perdieron comba. El nivel de vida de sus clases trabajadoras aumentaba. La muerte de Stalin abrió perspectivas. La crítica del flamante secretario general del PCUS, Nikita Kruschev, a los crímenes cometidos por el estalinismo, en el 20 congreso del partido (1953), era una ventana a repensar el comunismo. Sus logros en materia de salud, vivienda, educación, deporte, tecnología y ciencia eran referente para las clases trabajadoras de Occidente. Se implementó por primera vez una política de coexistencia pacífica con Estados Unidos mejorando las relaciones internacionales, al tiempo que un optimismo generalizado invadía el ambiente.

Bien, es cierto, no todo era una balsa de aceite. La invasión de Francia y Gran Bretaña en 1956 a Egipto mostraba las aristas. El derrocamiento del gobierno legítimo de Mohammed Mosaddeq en Irán en 1953 y la incorporación de Estados Unidos a la guerra de Indochina eran señal de la crisis que se desataría en los años 60. Igualmente, la entrada de los tanques soviéticos en la capital de Hungría, Budapest, en octubre de 1956, daba por concluido el experimento. La revuelta se aplacó, abriéndose una brecha entre los partidos de izquierda comunista occidentales.

Europa se levantaba de la pesadilla. Los años 50 habían producido cambios en las estructuras sociales y de poder. Los procesos electorales se consolidaban, los derechos sociales y sindicales daban legitimidad a las negociaciones entre el capital y el trabajo. El largo invierno se trasformó en una cálida primavera. La derecha conservadora estaba en el poder. Militares condecorados con cicatrices de guerra gobernaban en el viejo continente. Charles de Gaulle, en Francia; Winston Churchill y Robert Anthony Eden, en Gran Bretaña; Konrad Adenauer, anticomunista demócrata cristiano, en la recién creada República Federal Alemana. En Italia lo hacía la Democracia Cristiana, con Amintori Fanfani, líder indiscutible y presidente de la república. En Estados Unidos lo hacía el general Dwight Eisenhower.

América Latina vivía tiempos convulsos. Los años 50 fueron de nuevos golpes de Estado, golpes al son de la guerra fría. Guatemala, El Salvador, Argentina, Paraguay, Cuba, Honduras, Venezuela, Colombia y Nicaragua cayeron bajo la doctrina de la seguridad nacional. Los nombres de tiranos, como Batista, Castillo Armas, Pérez Jiménez, Lonardi, Aramburu, Somoza y Stroessner se hicieron famosos. La década siguiente fue completamente diferente. Golpes, pero también esperanzas. El triunfo de la revolución cubana, en 1959, adelantó la década de los 60.

La guerra de independencia en Argelia (1954-1962), la retirada de Francia de Indochina –en 1954–, el levantamiento del muro de Berlín en 1961 y la incorporación de Estados Unidos a la guerra de Vietnam marcaron el rumbo de los acontecimientos. Fueron el lastre de los años 50. La demanda por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos, las reformas universitarias, los movimientos insurreccionales, el bloqueo a Cuba y la crisis de los misiles coparon la nueva década. Las vanguardias artísticas, la contracultura, el movimiento hippy y la revolución sexual irrumpieron con fuerza en los 60. Una década que fue más allá del mayo francés de 68.

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Nicaragua: “Los muertos no dialogan”

Mientras el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, habla de paz en sus discursos televisados, en las calles las fuerzas oficialistas seguían masacrando estudiantes. A cinco días de protestas en este país centroamericano se reportan más de 25 personas fallecidas, entre ellos el periodista Ángel Gaona, de la ciudad de Bluefields, en la Costa Caribe. También se reportan más de 60 heridos y 40 desaparecidos.


Desde el pasado 17 de abril, jóvenes universitarios, trabajadores y jubilados han salido a manifestarse en contra de la reforma de la Seguridad Social, que aumentaría la cuota que empresas y trabajadores dan al sistema, y a su vez quita el 5 % de sus pensiones a los retirados.


COMPARECENCIAS


El presidente Daniel Ortega ha comparecido públicamente dos veces en televisión nacional pregonando que su gobierno quiere paz y llamando a los empresarios para abrir un diálogo. En la primera conferencia, Ortega se refirió a los protestantes como “delincuentes” y dijo que se trata de “jóvenes manipulados por partidos políticos que reciben dinero de Estados Unidos”.


En su segunda comparecencia este domingo 22 de abril, Ortega anunció la derogación de la reforma del seguro social y se presentó con empresarios estadounidenses y asiáticos, quienes declararon sentirse preocupados por las afectaciones al clima de inversión para el país. Ortega dijo que “no quisieron usar a la policía” y que “la inmensa mayoría de los nicaragüenses está condenando estos hechos y está respaldando las acciones que tomamos para restablecer el orden y la estabilidad, ya con el acompañamiento de la población”.


Mientras tanto, la Policía nacional y el Ejército siguen regados por el territorio nacional, en confrontaciones con los manifestantes. Sobre las acusaciones de Ortega los jóvenes son contundentes en rechazarlas: “No somos delincuentes, decir eso es lo más absurdo y manipulador. Yo estuve ahí con gente del mismo Frente. Somos el pueblo contra la opresión”, expresó el joven profesional Hermes Cruz. “Ninguno de nosotros anda de vándalos. Los único que estamos haciendo es ejercer nuestro derecho a expresarnos. ¿Por qué mienten?”, se pregunta la estudiante universitaria Gema Hernández.


LAS PROTESTAS


La primera protesta, que se planeó como un plantón pacífico, escaló rápidamente en violencia. Miembros de la Policía Nacional en conjunto con la Juventud Sandinista, que funciona como un órgano paramilitar del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), robaron y golpearon a manifestantes, incluyendo a periodistas independientes que cubrían el evento.


“Los motorizados pro-Gobierno llegaron con tubos, palos, piedras y machetes a agredir la protesta. Yo logré retirarme e irme a la UCA (Universidad Centroamericana), ahí también nos siguieron para apedrearnos. La policía también nos reprimía”, relata Hernández, estudiante universitaria de 19 años.


Las universidades públicas y privadas del país, otrora bastiones del gobernante FSLN, han sido algunos de los principales focos de batalla. Desde el 18 de abril, los jóvenes se han atrincherado en los recintos universitarios y han librado duras batallas con la policía y miembros de las fuerzas de choque del partido de gobierno.


Gema, estudiante de cuarto año de Derecho, ha participado en las protestas de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y asegura que mientras la policía atacaba con balas y gases lacrimógenos, los universitarios se encontraban desarmados. “Los jóvenes que estamos en las calles no tenemos cómo defendernos, no tenemos armas, no teníamos nada más que nuestra voz. Tuvimos que tirar piedras, pero es lo único”, relata.


El Gobierno ha utilizado operativos combinados para reprimir las protestas, utilizando a las fuerzas del orden público y a los miembros de la juventud partidaria. Según relata Hermes Cruz, un profesional de 24 años que también está participando en las protestas universitarias, lo que han tenido que sortear los jóvenes ha sido extremadamente difícil. “Mientras la policía nos reprimía y agarraba a varios jóvenes para desaparecerlos, la Juventud Sandinista se tomó la universidad y le prendieron fuego a un predio vacío con monte que hay ahí. Nos perseguían, ellos tenían armas y nosotros tuvimos que correr a la catedral”, relata Cruz.


Se han registrado decenas de enfrentamientos de los jóvenes con la Policía y el Ejército, quienes han utilizado armas de alto calibre para disipar las protestas.
EL “SAQUEO”, LA EMPRESA PRIVADA Y LA “VERDAD IMPOLUTA”


El diálogo al que convocó Ortega invitó únicamente al Consejo Superior de Empresa Privada (COSEP), que hasta ahora había mantenido una estrecha alianza con el Gobierno, instaurando durante años un modelo corporativista.Sin embargo, las cámaras empresariales se han distanciado del Gobierno, poniendo como condición para iniciar las negociaciones el cese de la represión a la población. Ortega en su discurso del domingo dijo: “No hay que poner condiciones para paz”.


Por su parte los jóvenes estudiantes rechazan el llamado a diálogo de Ortega, pues les parece excluyente y sin verdadero compromiso. “Yo no estoy renuente al diálogo, pero tiene que ser de verdad e incluirnos a los jóvenes, y a todos los ciudadanos atropellados. Ortega sigue sin mencionar a los muertos en sus discursos. Ese tiene que ser el punto más importante”, manifestó Hernández.


El Gobierno, que ha hecho oído sordos ante estas peticiones, intentó presionar al los empresarios y desprestigiar a los protestantes. Los medios oficialistas reportaron cientos de saqueos en comercios en todo el país, y responsabilizaron a los manifestantes de ser los responsables. Sin embargo, a través de medios independientes y redes sociales, los ciudadanos demostraron que quienes realizaron los robos fueron miembros del partido de gobierno, protegidos por fuerzas policiales.


El modelo comunicacional del gobierno, manejado por la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa de Ortega, ha seguido una línea dura de lo que ellos llaman la “verdad incontaminada”. Los medios del Gobierno reportan solo a fuentes oficiales o partidarias. A su vez a través de entes estatales ha cancelado las transmisiones televisivas de los pocos medios independientes del país, entre ellos el canal 100% noticias y el canal 12.


Reporteros de todo el país han sufrido ataques y robos de sus equipos por parte de grupos afines al Gobierno, incluyendo el periodista asesinado en el Caribe de un balazo en la cabeza, mientras transmitía en vivo en su página de Facebook.


EL MOVIMIENTO SIN LÍDERES Y LA JUVENTUD APÁTICA


Esta es la primera vez en los 11 años consecutivos que Ortega lleva en el poder que se ha realizado una insurrección popular de esta magnitud. El mandatario, que también gobernó el país durante los años 80, llegó a la presidencia en 2006, cambiando el discurso de socialismo duro por la reconciliación social y la alianza con las iglesias católica y evangélica.A través del control de todos los poderes de Estado, Ortega anuló la prohibición de reelección indefinida, que se encontraba en la Constitución política. En 2011 y 2016, Ortega se declaró ganador de las elecciones presidenciales en medio de serias denuncias de fraude electoral.


La oposición partidaria en el país ha sufrido múltiples fragmentaciones y su representación ha perdido fuerza durante los últimos años. Según una encuesta de la firma CID GALLUP, más del 50% de los nicaragüenses se identifica como “independiente”, es decir que no simpatiza con ningún partido político. Según los jóvenes y el pulso de las redes sociales, ese grupo es el que se ha volcado a las calles.


En los miles de ciudadanos que han protestado durante estos días no hay líderes visibles, y usualmente se organizan en grupos de amigos, vecinos o compañeros de clase, sin distingo de tendencia política. “Yo no pertenezco a ningún partido pero estuve ahí inclusive con gente del mismo Frente, estamos juntos en esto, esto es más que cualquier partido”, expresa Cruz.


La generación de jóvenes que ha encabezado las protestas, que nacieron después del triunfo de la Revolución Popular Sandinista de 1979, había sido duramente criticada por ser apática a los problemas sociales del país.


Sin embargo, en esta vuelta de tuerca se posicionan en un nuevo escenario. El obispo auxiliar de la Iglesia Católica, Silvio Báez, los ha llamado la “reserva moral del país”. Por su parte, la socióloga Elvira Cuadra, ha reinvidicado el papel de la juventud en las luchas sociales de Nicaragua. “Las generaciones adultas les reclamaban frecuentemente por esa supuesta indiferencia y apatía, pero el desborde de energía y beligerancia desplegado en estas movilizaciones muestran que, al igual que el resto de la sociedad, los jóvenes no son apáticos, ni indiferentes, ni están desinformados”, escribió Cuadra en un artículo de opinión publicado en el medio nacional Confidencial.


Al cierre de estas líneas, los manifestantes siguen en las calles de todo el país enfrentándose al ataque de la Policía, el Ejército y las fuerzas de choque pro-Gobierno. Mientras, el “diálogo” propuesto por Ortega queda como palabras al viento, pues no se vislumbra apertura del Gobierno para realizar una discusión franca que incluya a los jóvenes y a otros sectores del país. En muchas de las pancartas que llevan los jóvenes a las protestas se lee: “Los muertos no dialogan”.

Por Dánae Vílchez
23 abril 2018 0

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Decenas de miles de nicaragüenses exigen el fin del régimen de Ortega

Numerosos manifestantes se dirigieron a la Universidad Politécnica, bastión de la resistencia estudiantil, para demandar el cese de la represión, en una demostración de fuerza inédita



Fue una demostración de fuerza cívica inédita en Nicaragua en la última década. Decenas de miles de nicaragüenses, vestidos de blanco y ondeando la bandera nacional, recorrieron varios kilómetros en Managua después de que la represión de las protestas de los últimos días haya dejado al menos 25 muertos. Coreaban consignas contra el régimen del presidente Daniel Ortega, que ha sofocado con dureza las manifestaciones originadas por la reforma al Seguro Social promulgada el pasado martes. Aunque el presidente derogó las reformas, la marcha convocada por las cúpulas empresariales se desarrolló de forma pacífica, una muestra del rechazo de los ciudadanos a la violencia desatada por el Gobierno.

Los manifestantes, en una conmovedora demostración de solidaridad, rompieron con la ruta prevista de la marcha y se dirigieron varios kilómetros más allá, hacia los barrios orientales de Managua. Allí todavía hay barricadas y es donde está la sede de la Universidad Politécnica (UPOLI), bastión de la resistencia estudiantil, atacada la noche del domingo por las fuerzas antidisturbios y los seguidores del Frente Sandinista. A las protestas en Managua se suman las manifestaciones masivas en las ciudades de Estelí, Matagalpa, Masaya, Granada, Bluefields y León.


“¡Qué se vayan, qué se vayan!”, coreaban miles de personas al unísono exigiendo el fin del régimen del presidente Daniel Ortega, que ha gobernando Nicaragua de forma autoritaria durante 11 años. “¡Daniel y Somoza, son la misma cosa!”, gritaban a todo pulmón. Una consigna muy dura para el mandatario, porque lo compara con el dictador contra el que luchó en su juventud.


El ánimo en Managua era de triunfo. La gente formaba parte de una marea humana que contrastaba con el discurso oficial dominado por Rosario Murillo, la vicepresidenta y esposa de Ortega, para quien las protestas eran “minúsculas” y sus manifestantes “vampiros en busca de sangre”. Esta marcha nacional comenzó a las 15.00 hora local, en la céntrica garita de Rubén Darío y avanzó hasta la UPOLI, unos seis kilómetros más allá del destino inicial. Varios manifestantes cargaban imágenes con los nombres de los muertos y exigían la liberación de los detenidos por la Policía Nacional. Entre quienes cargaban pancartas estaba Marcos Olivares, un joven de 28 años que denuncia la captura de uno de sus amigos, Jorge Chamorro Flores, maestro de arquitectura que había llegado hasta la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) a entregar víveres a los estudiantes que estaban atrincherados en esa universidad pública, como lo hicieron decenas de nicaragüenses durante el inicio de la crisis.


“Me estoy manifestando por una patria libre, porque se detenga ya la represión y porque liberen a mi mejor amigo, mi hermano, a quien conozco desde los ocho años”, explicó Olivares, quien aseguró que su amigo lleva cuatro días detenido. “No me puedo quedar tranquilo, en la comodidad de mi casa, mientras él está preso”, agregó

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Para los jóvenes como Olivares la manifestación de este lunes representa una ruptura con la realidad política del país en el que han vivido su vida adulta. Por primera vez decenas de miles de nicaragüenses han tomado las calles de la capital para exigir un cambio en la forma de gobernar el país. A los mayores de la manifestación, les recordaba a las protestas para derrocar la dictadura de Somoza, pero para quienes no vivieron en aquel régimen esta era una novedad. “Esta marcha es increíble. En mis 28 años nunca había visto que el pueblo se levantara. Y es por esta casa justa, noble, por la patria. El pueblo sabe que se puede unir sin violencia”, expresó Olivares.


Las manifestaciones contra el régimen comenzaron el pasado miércoles después de que el presidente decidiera imponer la reforma al Seguro, que establece una reducción del 5% a las pensiones y aumentos en las cuotas que deben pagar la patronal y los trabajadores para evitar la quiebra del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). El Gobierno desató una dura represión contra los manifestantes, que ha dejado al menos 25 muertos.


Está por verse el impacto que esta demostración de fuerza tendrá en el régimen de Ortega, que ya sufrió una dura derrota en su intransigencia y autoritarismo al tener que derogar las reformas al Seguro. Hasta el momento queda claro que el comandante perdió el control de las calles y que hay un movimiento civil que después de una semana histórica de manifestaciones marca un antes y un después para el poder en Nicaragua.

 

Managua 24 ABR 2018 - 04:55 COT

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Ortega acepta dialogar tras tres días de violencia y diez muertos en Nicaragua

El Gobierno pide “sentarse a la mesa” con el sector empresarial, pero no se pronuncia sobre la represión y la violencia que se ha extendido por el país.

 

Tras tres días de manifestaciones, 10 muertos y decenas de heridos, el Gobierno de Daniel Ortega reculó la noche del viernes en su posición intransigente y afirmó que está dispuesto a un “diálogo” con la empresa privada, que horas antes se había distanciado del Ejecutivo sandinista y anunciado una marcha nacional para el próximo lunes. El anuncio lo hizo Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Ortega, quien informó que el presidente comparecerá ante la nación este sábado al mediodía, hora local de Nicaragua, junto al jefe del Ejército, Julio César Avilés, y la jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera. Murillo, sin embargo, no se refirió a la represión oficial desatada contra las manifestaciones que se desarrollan en todo el país y que han dejado una decena de fallecidos, una radio incendiada, saqueos y edificios públicos ardiendo en llamas.

 

“El Gobierno ha aceptado reinstalar la mesa de diálogo. Al escuchar el llamado del COSEP [Consejo Superior de la Empresa Privada ] respondemos a ese llamado y confirmamos nuestra disposición de continuar el diálogo”, dijo Murillo, quien afirmó que la reforma de la Seguridad Social que desató la indignación de miles de nicaragüenses no es más que “una resolución administrativa”, aunque en realidad el presidente Daniel Ortega la promulgó por decreto y la publicó en el diario oficial del Estado, en una decisión unilateral que fue rechazada por las principales cámaras empresariales del país.


El Gobierno, que hasta ahora había mantenido su cerrazón sin importarle la violencia desatada a nivel nacional, dijo que estaba abierto a discutir estas reformas, escuchar y “seguir trabajando” en ellas, porque, según la también primera dama Murillo, “no fueron discutidas de la mejor manera”.


De esta manera, el Gobierno acepta la escalera que la empresa privada le brinda para salir de la crisis, pero también recula en su intento de imponer sus reformas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, lo que demuestra que Ortega solo está dispuesto a negociar en situaciones extremas y con un único interlocutor. Está por verse cuál será la respuesta de la cúpula empresarial, que el jueves compareció en pleno ante los medios de comunicación exigiendo un cese de la represión, el respeto al derecho de la población a manifestar su descontento y el fin de la censura contra los medios de comunicación.


“Daniel Ortega hará el sábado una puesta en escena”, dijo a EL PAÍS la periodista y líder feminista Sofía Montenegro. “Esto es una tercia, pero no cambia el panorama. El hecho es que hay una ley sobre la Seguridad Social, publicada en La Gaceta, que generó un movimiento de indignación. El enojo en Nicaragua es de tal magnitud, que el Consejo Superior de la Empresa privada (COSEP, la principal cámara empresarial del país) camina sobre una delgada línea roja. Cualquier acuerdo entre Ortega y el COSEP es un arreglo entre cúpulas, porque el COSEP es un representante más de la sociedad civil, pero no representa a la ciudadanía”, explicó Montenegro. “Una verdadera mesa de diálogo tiene que tener representaciones de todos los sectores, un debate nacional público y transparente. Antes que eso se debe suspender la represión de inmediato, restablecer la libertad de expresión y dejar de perseguir a los estudiantes”, agregó la analista.


Se abre de esta manera un nuevo escenario en Nicaragua, en el que está por verse si los empresarios volverán al modelo de “consenso” en el que discutían todos los temas importantes solo con el Gobierno, sin tomar en cuenta a otros interlocutores o se abre un verdadero diálogo público en el que participen otros sectores de la sociedad.


También está por verse si esta marcha atrás del Gobierno cesará la indignación de cientos de miles de nicaragüenses que han salido a las calles en todo el país a manifestar un descontento por años incubado. El viernes se mantenía la represión contra miles de estudiantes que se manifestaban en las principales universidades públicas del país. La cifra de muertos ascendió a diez, entre ellos Álvaro Conrado, de 15 años, y un estudiante universitario identificado como Michael Cruz.


“Lamentamos la pérdida de valiosas vidas de nicaragüenses. Estamos hablando de diez hermanos fallecidos. Mañana (sábado) vamos a hablar de los nombres de esta tragedia”, dijo la vicepresidenta Murillo.


Managua era la noche del viernes un polvorín. En varios puntos de la ciudad se podían escuchar detonaciones y disparos. Los manifestantes quemaron varios Árboles de la Vida, estrafalarios monumentos de hierro y luces que Murillo mandó a plantar en toda la ciudad y que son considerados el símbolo del poder de Ortega y su esposa. Las imágenes mostraban a grupos de nicaragüenses luchando bajo el fiero sol para derribar esas moles de metal. También se quemaron letreros enormes de la pareja presidencial, pero las escenas más dramáticas se vivieron en León, donde incendiaron la sede del INSS y otros edificios públicos, además de Radio Darío, una emisora crítica con el Gobierno; en Masaya, donde decenas de personas construyeron barricadas en las calles y se registraron saqueos a negocios; y la turística Granada, donde hubo un intento de quemar la alcaldía. En Managua los manifestantes intentaron quemar la Radio Ya, afín al Ejecutivo.


La crisis que vive Nicaragua ha demostrado que Ortega solo está dispuesto a negociar al borde del abismo, pero también ha hecho evidente un malestar nacional con el régimen que se ha trasladado a los estudiantes de las universidades públicas, hasta ahora silenciados por el Gobierno. Son ellos los que marcarán el paso en las próximas horas.

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Cuatro muertos durante las protestas en Nicaragua contra las reformas de Ortega

 

Al menos cuatro personas han muerto, entre ellas un policía y dos estudiantes, durante la tercera jornada de protestas en Managua contra las reformas de la seguridad social impuestas por decreto por el presidente Daniel Ortega. Las manifestaciones han sido contrarrestadas en las calles tanto por las policías del país como por fuerzas irregulares de paisano. Los heridos se cuentan ya por decenas. Mientras, el Gobierno ha censurado tres canales de televisión al tiempo que el presidente Ortega mantiene su ausencia tras tres días de durísimas protestas por todo el país.

 

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, endureció la represión contra centenares de manifestantes que se oponen al cambio en el régimen de pensiones (se aumenta la contribución de empleadores, trabajadores e impone una deducción del 5% a pensionistas). El Gobierno –liderado por la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo– había convocado a sus simpatizantes a manifestarse en la capital en una muestra de fuerza.

Managua era una ciudad sitiada por la Policía Nacional y las huestes del Frente Sandinista. Varios comercios decidieron cerrar sus puertas y empresas suspendieron sus labores, mientras se anunciaban nuevas manifestaciones en Granada –a 45 kilómetros de Managua–, Estelí –localizada en el norte del país y célebre bastión del sandinismo– y otras ciudades del centro de Nicaragua.

El policía fallecido ha sido identificado como Jilton Rafael Manzanares, de 38 años, pereció a causa de un disparo de escopeta en las cercanías de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), según ha detallado la portavoz de la Policía Nacional, Vilma González, en rueda de prensa. En ese mismo recinto universitario murieron dos jóvenes, uno identificado como Darwin Urbina por medios oficiales, y otro de identidad aún desconocida, de acuerdo con la información preliminar. El cuarto fallecido fue identificado como Richard Edmundo Pavón Bermúdez, un estudiante de secundaria que fue asesinado en el municipio de Tipitapa, vecino de Managua, según la Policía Nacional.

El jueves Ortega decidió censurar a las dos principales televisiones independientes del país, cortando su transmisión, así como un canal de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Ante la censura oficial, los nicaragüenses acudieron a las redes sociales para mantenerse informados y convocar a las manifestaciones.

El presidente Ortega no ha comparecido ante los graves disturbios que afectan al país. Ha sido su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo quien ha enfrentado la crisis. Murillo calificó como “minúsculos grupos alentadores del odio” y como “mediocres” a los manifestantes, a quien les deseó un “castigo divino”. Las imágenes que recorrieron las redes sociales, sin embargo, mostraban a miles de nicaragüenses que protestaban en las principales ciudades del país.

En Granada, ciudad colonial localizada a 45 kilómetros de Managua, los manifestantes bajaron la bandera rojinegra del Frente Sandinista de la Plaza de Armas, en un acto cargo de simbolismo en este país donde Ortega ha gobernado durante once años prácticamente sin oposición y con un control total del Estado.

La noche del jueves centenares de capitalinos salieron de sus casas sonando cacerolas como forma de protesta contra el Gobierno, mientras en Matagalpa, en el norte del país, decenas de personas se tomaron la plaza central de la ciudad. Las manifestaciones también se registraron en Estelí, bastión del sandinismo, y en Masaya, donde en el barrio de Monimbó, simbólico por su resistencia a la dictadura somocista, se alzaron barricadas.

Las principales cámaras empresariales del país rechazaron la represión contra la población y la censura a los medios de comunicación independientes. La Cámara Minera de Nicaragua exigió al Gobierno a través de un comunicado que “garantice el derecho ciudadano de expresar pública y libremente sus puntos de vista”, a la vez que advirtió que las reformas impuestas a la Seguridad Social “ponen en riesgo la estabilidad de la nación”.

Por su parte, el Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE), que aglutina a importantes organismo del sector privado, exigió respeto “al derecho a la libre movilización e irrestricta libertad de expresión”. El Consejo Superior de la Empresa Privada, la principal cámara empresarial del país, pidió al Gobierno “diálogo” y exigió el respeto a la “libertad plena de información”.

El sector privado ha marcado distancia de las reformas impuestas por Ortega al Sistema de Seguridad Social, que han sido el detonante del descontento popular. La noche del jueves se mantenía la convocatoria a nuevas manifestaciones y para este viernes se esperaban protestas en la región del Caribe, donde miles de campesinos se oponen al Gobierno de Ortega tras la entrega de la concesión a un empresario chino Wang Jing para la construcción de un Canal Interoceánico, un proyecto estancado que es visto como una amenaza para miles de familias de la zona. El mandatario, sin embargo, guarda silencio ante un país movilizado.

 

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Garantizar los derechos de libertad sindical,  de asociación, negociación y huelga, es fundamental para la paz

El despido de más de cien pilotos de Avianca, la criminalización de la protesta social y sindical, la tercerización del mundo del trabajo, entre otras señales, son la evidencia de que los patrones y el Estado siguen viendo a los trabajadores como enemigos. Una realidad que amerita un análisis.



desde abajo (da): Indican los hechos ocurridos últimamente, sobre todo con el sindicato de pilotos de Avianca, que estamos ante una política de persecución en contra del sindicalismo?
Edgar Mojica Vanegas (EMV): La respuesta me obliga a mirar el contexto, detallar lo que le está ocurriendo a los trabajadores y al movimiento sindical en su conjunto. Y en ello, lo primero por precisar es que vivimos un ataque contra los derechos de libertad sindical, que es un poco lo que ilustra el caso de los pilotos de Avianca.

 

da. ¿A qué se refiere?
EMV. A que los derechos de libertad sindical tienen 3 pilares fundamentales: el derecho de asociación, el de negociación y el derecho a huelga, pilares que deben estar articulados en términos de garantía y desarrollo para consolidar esa libertad sindical.

 

da. ¿Qué sucede con el derecho de asociación?
EMV. Ese es un derecho proscrito para los trabajadores colombianos. La taza de sindicalización acá alcanza un escaso 4 por ciento; es decir, de 22 millones de trabajadores laboralmente activos, solo el 4 por ciento logra sindicalizarse, lo que muestra la pervivencia de una cultura antisindical en nuestro país, es decir, que a los trabajadores que deciden organizarse en un sindicato los persiguen, y a los que no persiguen, los cohíben de manera legal, vía contractual, para que no se sindicalicen.

 

da. ¿Opera el derecho a negociación?
EMV. Ojalá. Dos ejemplos para mostrarlo, en especial en el sector estatal. Solo hasta hace 6 años este sector pudo acceder a negociación de carácter colectiva; y ligado a eso, existe una brecha muy grande en el cumplimiento de lo acordado. Por ejemplo, los pliegos del 2013 y del 2015 de los estatales tienen un incumplimiento del 60 por ciento, especialmente en cubrimiento de nómina, y en nivelación salarial. Y lo mismo pasa con Fecode, cuyo pliego tiene un nivel de incumplimiento del 80 por ciento.

 

Esta situación empeora si miramos el derecho a huelga, pues su legalidad o ilegalidad es un debate internacional. Resalto esto porque en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los empresarios y los gobiernos, que son dos de las tres partes que asisten a la Conferencia –la otra parte son los trabajadores–, están buscando un acuerdo para derogar el derecho a huelga a nivel mundial. Es decir, que no es solamente un problema de Colombia, sino que hay una intencionalidad mundial de proscribir este derecho.

 

da. Entonces, ¿lo sucedido con los pilotos de Avianca es parte de una dinámica mundial?
EMV. Sí, hay un ambiente de arrebatar derechos. Como tal vez recuerde, los pilotos de Avianca, inician un proceso de negociación, que fue maltratado por buena parte de la prensa colombiana, ridiculizando lo que se pretendía en ese ejercicio de negociación colectiva; luego deslegitiman la huelga declarando ilegal el derecho a la misma, inclusive con casos de prejuzgamiento como el de la Ministra de Trabajo, que cataloga el conflicto como ilegal antes de que un juez así procediera. Al final, despiden a más de cien, incluyendo sus directivos; los sancionados también son por docenas.

 

da. Pero el derecho esta estipulado hasta en la Constitución Política…
EMV. Así es, pero la enseñanza es que no basta con que los derechos, como el de libertad sindical, estén enunciados en la Constitución Política, sino que tiene que existir un ejercicio de parte del gobierno y de los empresarios para su reconocimiento, garantía y desarrollo.

 

da. ¿Podría decirse que esta negación vía legal, legitimada en lo social con apoyo de los medios oficiosos de información, también se materializa vía negación de los derechos humanos?
EMV. Sí. En la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), como en otros sectores sociales, a esa realidad la denominamos criminalización de la protesta social y sindical. Sobre este tema, entre la CUT y la CTC realizamos un seminario en el 2015 (Protestar no es delito), y discutimos sobre la criminalización de la protesta social-sindical; allí identificamos, primero, el trato militar de los conflictos laborales, donde Ejército y Esmad entran a violentar algo que en cualquier parte del mundo es resuelto de manera formal, pero aquí no, aquí implica intimidación, miedo, encarcelamiento y hasta muertos.
Lo segundo que identificamos fue el incremento de amenazas contra la dirigencia sindical, punto relacionado con el conjunto del movimiento social que en el 2017 sufrió el asesinato de 252 líderes sociales, y en enero del 2018, otros 23. Esto, junto con el incremento y la presencia efectiva del paramilitarismo, que sigue controlando territorios y sus recursos, como lo demostró con el paro realizado hace unos meses en Antioquia, Chocó y zonas de Córdoba.

 

da. ¿Cómo es el diagnóstico de esta violencia en el campo sindical?
EMV. Durante los 8 años del mandato Santos, han asesinado 160 líderes sindicales, con una impunidad del 90 por ciento. Esto ligado a un consolidado histórico – últimos 40 años– de 3.500 asesinatos de dirigentes sindicales, con índices de impunidad por encima del 90 por ciento,

 

da. Un tema relacionado con la lucha por el derecho al trabajo es el modelo de contratación que han impuesto los patrones con ayuda del Estado, ¿puede decirnos algo sobre este partículas?
EMV. En términos clásicos, valga decir, los trabajadores regulamos nuestro ejercicio laboral mediante una figura denominada contrato laboral, con el cual, bien que mal, existen unas garantías de carácter legal, y en ocasiones de carácter convencional –cuando se accede al derecho de negociación colectiva. Pero esa figura está desapareciendo, y de ello da cuenta la tercerización laboral, con la cual la contratación laboral queda reducida a una relación netamente comercial en la que usted, por una orden de prestación de servicios, o por un contrato completamente informal sin ningún tipo de garantía laboral, vende su fuerza de trabajo en condiciones, algunas veces infrahumanas, como las del teletrabajo, o las de los trabajadores del sector textil o agrario en varias partes de nuestro país, a los que ni siquiera les reconocen el salario mínimo.

 

Más derechos en peligro

 

da: En un documento la Anif (Asociación Nacional de Instituciones Financieras) le propone a los candidatos presidenciales desregularizar aun más el mundo del trabajo, inclusive rebajar el salario por debajo del mínimo como “únicas medidas” para mantener el desarrollo económico en el país, así como reducir los tributos al empresariado, ¿qué opinión tiene sobre esto?
EMV: El gobierno nacional ha descargado desde siempre, y en gran medida, el costo fiscal del país en los trabajadores. Asimismo, los patrones, con la ayuda del Estado, siempre han pretendido reducir hasta el mínimo posible lo que devengamos quienes vendemos nuestra fuerza de trabajo. No aceptan que realmente somos nosotros el mayor motor de la economía, no solamente por nuestra capacidad productiva sino por nuestra capacidad de acceder al mercado para adquirir bienes de consumo, es decir que con nuestros salarios movemos la economía del país.

 

Para sus propuestas y medidas se valen de supuestas recomendaciones –que más bien son mandatos– de organizaciones internacionales. En este caso lo están haciendo a partir de lo dicho el año pasado por la calificadora de riesgos financieros Standard & Poor’s, que expresó sobre nuestro país, palabras más, palabras menos: “definitivamente su puntaje no es el ideal para que se haga inversión, le sugiero que realice nuevamente una reforma tributaria, y que realice una reforma de carácter pensional”.

 

da. ¿Qué dijo el gobierno sobre este particular?
EMV. El Ministro de Hacienda y Santos fueron a Estados Unidos a reunirse con esa calificadora, de lo cual sale un documento de 600 páginas, en el cual, de nuevo, nos transfieren a los trabajadores la responsabilidad de cubrir lo que está haciendo falta en los ingresos nacionales, para lo cual recomiendan realizar una nueva reforma tributaria, y otra a las pensiones, con la que pretenden aumentar la cotización y disminuir el monto de la pensión, para que pase del 75 al 65 por ciento (sobre el promedio de los últimos 10 años cotizados); así como igualar y aumentar el tiempo de pensión para hombres y mujeres, argumentando que tenemos un promedio de vida que nos permite trabajar hasta los 68 años de edad, Como si fuera poco, y de acuerdo a las exigencias de los fondos de pensiones, el gobierno pretende eliminar Colpensiones, y pasar a fortalecer los fondos privados.

 

da. La ofensiva es total: ilegalizan huelgas, niegan el derecho a sindicalizarse, reducen salarios, criminalizan la protesta sindical y social..
EMV. Así es, con lo cual demuestran que existe una alianza del capital y el Estado para defender sus intereses macroeconómicos, para que los trabajadores paguen por sus derechos con acciones como el despido. Entonces, el llamado que hacemos desde la CUT es a que, hoy más que nunca, los derechos de libertad sindical y la defensa de los derechos humanos deben ser reivindicados en este país.

 

Sino proceden así están proscribiendo cualquier posibilidad real de pacificación. Vamos a trabajar por una paz con cambios y transformaciones reales, con tres pilares fundamentales: los derechos de libertad sindical, de asociación, negociación y huelga.

Publicado enColombia
“¡Alto a la guerra contra la educación pública!”, claman decenas de miles de docentes

Decenas de miles de maestros y personal de apoyo escolar abandonaron las aulas en Oklahoma y Kentucky coreando “alto a la guerra contra la educación pública”, en una acción sin precedente en décadas recientes, mientras sus colegas en otros estados contemplan sumarse a lo que algunos bautizan como la “rebelión de los maestros”.

Grupos de docentes se congregaron frente a sus escuelas en Oklahoma esta mañana, pero en lugar de ingresar para iniciar el día de clases, marcharon de todas partes del estado para dirigirse al capitolio estatal; según algunos informes, más de 200 distritos escolares de un total de 500 fueron cerrados por la acción. Estudiantes y familias se sumaron en apoyo de sus maestros y sus exigencias que no se limitaban a su remuneración –entre las más bajas de todo el país–, sino en revertir las severas reducciones del gasto público en educación a lo largo de la década anterior.

Los recortes en Oklahoma y otros estados han dejado escuelas en el país más rico del mundo sin suficientes libros de texto y otros materiales, con instalaciones en deterioro peligroso, y estudiantes y maestros tiritando en los inviernos por falta de calefacción. Varios distritos escolares se han visto obligados a reducir la jornada a sólo cuatro días a la semana por falta de recursos, resultado de una reducción de casi 30 por ciento en el presupuesto de educación en los pasados 10 años.

En Oklahoma, el índice salarial de los maestros ocupa el penúltimo lugar de los 50 estados. Eso, para muchos, implica que han tenido que tomar un empleo secundario para sostener a sus familias, trabajando como meseros en restaurantes de cadena, en supermercados o como choferes de Uber, entre otros. Algunos han tenido que recurrir a programas de asistencia alimentaria o a caridades para atender necesidades básicas de sus familias y han llegado incluso a donar sangre por dinero.

El paro en Oklahoma fue acompañado de otro en Kentucky, con miles de maestros en el capitolio de ese estado coreando: ya basta y no cederemos, obligando al cierre de todas las escuelas públicas de la entidad. Esto, después de que decenas de planteles en 28 distritos escolares tuvieron que cerrar el vienes, cuando miles de maestros se declararon “enfermos” y se congregaron en el capitolio estatal para protestar por cambios en los planes de pensiones.

En Arizona se han repetido las manifestaciones de maestros en semanas recientes y se está evaluando estallar una huelga contra las reducciones en el presupuesto de educación estatal y en busca de un incremento de 20 por ciento al salario.

Maestros en Wisconsin, Pensylvania y Nueva Jersey también están considerando emprender acciones parecidas.

Los docentes señalan que la huelga triunfante de nueve días de sus colegas en West Virginia el mes pasado con exigencias parecidas ayudaron a su decisión de emprender acciones como la de ayer, detonadas por el hartazgo e ira ante las políticas estatales contra la educación pública (en Estados Unidos, la educación pública es financiada y regulada por el gobierno estatal).

Estos estados son gobernados por republicanos, y estas nuevas movilizaciones podrían tener implicaciones para las próximas elecciones intermedias en noviembre a nivel federal, al renacer parte del movimiento sindical en esta coyuntura política.

Más aún, estas acciones sindicales son en muchos casos ilegales según las leyes estatales, y aún más notable, no son autorizadas por el propio liderazgo sindical, sino resultado de organización y coordinación entre las bases que se comunican a través de las redes sociales. Algunos expertos dicen que si esto sigue creciendo, se convertirá en una ola de huelgas no autorizadas sin precedente desde tiempos de la Gran Depresión.

El fin de semana, el senador Bernie Sanders publicó un tuit: “empezó en West Virginia. Continuó en Oklahoma y ahora se está ampliando a Arizona. Maestros están exigiendo respeto por la educación y los educadores. Se están alzando, luchando y logran avances reales. Viene el cambio.

 

Publicado enInternacional
Garantizar los derechos de libertad sindical,  de asociación, negociación y huelga, es fundamental para la paz

El despido de más de cien pilotos de Avianca, la criminalización de la protesta social y sindical, la tercerización del mundo del trabajo, entre otras señales, son la evidencia de que los patrones y el Estado siguen viendo a los trabajadores como enemigos. Una realidad que amerita un análisis.



desde abajo (da): Indican los hechos ocurridos últimamente, sobre todo con el sindicato de pilotos de Avianca, que estamos ante una política de persecución en contra del sindicalismo?
Edgar Mojica Vanegas (EMV): La respuesta me obliga a mirar el contexto, detallar lo que le está ocurriendo a los trabajadores y al movimiento sindical en su conjunto. Y en ello, lo primero por precisar es que vivimos un ataque contra los derechos de libertad sindical, que es un poco lo que ilustra el caso de los pilotos de Avianca.

 

da. ¿A qué se refiere?
EMV. A que los derechos de libertad sindical tienen 3 pilares fundamentales: el derecho de asociación, el de negociación y el derecho a huelga, pilares que deben estar articulados en términos de garantía y desarrollo para consolidar esa libertad sindical.

 

da. ¿Qué sucede con el derecho de asociación?
EMV. Ese es un derecho proscrito para los trabajadores colombianos. La taza de sindicalización acá alcanza un escaso 4 por ciento; es decir, de 22 millones de trabajadores laboralmente activos, solo el 4 por ciento logra sindicalizarse, lo que muestra la pervivencia de una cultura antisindical en nuestro país, es decir, que a los trabajadores que deciden organizarse en un sindicato los persiguen, y a los que no persiguen, los cohíben de manera legal, vía contractual, para que no se sindicalicen.

 

da. ¿Opera el derecho a negociación?
EMV. Ojalá. Dos ejemplos para mostrarlo, en especial en el sector estatal. Solo hasta hace 6 años este sector pudo acceder a negociación de carácter colectiva; y ligado a eso, existe una brecha muy grande en el cumplimiento de lo acordado. Por ejemplo, los pliegos del 2013 y del 2015 de los estatales tienen un incumplimiento del 60 por ciento, especialmente en cubrimiento de nómina, y en nivelación salarial. Y lo mismo pasa con Fecode, cuyo pliego tiene un nivel de incumplimiento del 80 por ciento.

 

Esta situación empeora si miramos el derecho a huelga, pues su legalidad o ilegalidad es un debate internacional. Resalto esto porque en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los empresarios y los gobiernos, que son dos de las tres partes que asisten a la Conferencia –la otra parte son los trabajadores–, están buscando un acuerdo para derogar el derecho a huelga a nivel mundial. Es decir, que no es solamente un problema de Colombia, sino que hay una intencionalidad mundial de proscribir este derecho.

 

da. Entonces, ¿lo sucedido con los pilotos de Avianca es parte de una dinámica mundial?
EMV. Sí, hay un ambiente de arrebatar derechos. Como tal vez recuerde, los pilotos de Avianca, inician un proceso de negociación, que fue maltratado por buena parte de la prensa colombiana, ridiculizando lo que se pretendía en ese ejercicio de negociación colectiva; luego deslegitiman la huelga declarando ilegal el derecho a la misma, inclusive con casos de prejuzgamiento como el de la Ministra de Trabajo, que cataloga el conflicto como ilegal antes de que un juez así procediera. Al final, despiden a más de cien, incluyendo sus directivos; los sancionados también son por docenas.

 

da. Pero el derecho esta estipulado hasta en la Constitución Política…
EMV. Así es, pero la enseñanza es que no basta con que los derechos, como el de libertad sindical, estén enunciados en la Constitución Política, sino que tiene que existir un ejercicio de parte del gobierno y de los empresarios para su reconocimiento, garantía y desarrollo.

 

da. ¿Podría decirse que esta negación vía legal, legitimada en lo social con apoyo de los medios oficiosos de información, también se materializa vía negación de los derechos humanos?
EMV. Sí. En la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), como en otros sectores sociales, a esa realidad la denominamos criminalización de la protesta social y sindical. Sobre este tema, entre la CUT y la CTC realizamos un seminario en el 2015 (Protestar no es delito), y discutimos sobre la criminalización de la protesta social-sindical; allí identificamos, primero, el trato militar de los conflictos laborales, donde Ejército y Esmad entran a violentar algo que en cualquier parte del mundo es resuelto de manera formal, pero aquí no, aquí implica intimidación, miedo, encarcelamiento y hasta muertos.
Lo segundo que identificamos fue el incremento de amenazas contra la dirigencia sindical, punto relacionado con el conjunto del movimiento social que en el 2017 sufrió el asesinato de 252 líderes sociales, y en enero del 2018, otros 23. Esto, junto con el incremento y la presencia efectiva del paramilitarismo, que sigue controlando territorios y sus recursos, como lo demostró con el paro realizado hace unos meses en Antioquia, Chocó y zonas de Córdoba.

 

da. ¿Cómo es el diagnóstico de esta violencia en el campo sindical?
EMV. Durante los 8 años del mandato Santos, han asesinado 160 líderes sindicales, con una impunidad del 90 por ciento. Esto ligado a un consolidado histórico – últimos 40 años– de 3.500 asesinatos de dirigentes sindicales, con índices de impunidad por encima del 90 por ciento,

 

da. Un tema relacionado con la lucha por el derecho al trabajo es el modelo de contratación que han impuesto los patrones con ayuda del Estado, ¿puede decirnos algo sobre este partículas?
EMV. En términos clásicos, valga decir, los trabajadores regulamos nuestro ejercicio laboral mediante una figura denominada contrato laboral, con el cual, bien que mal, existen unas garantías de carácter legal, y en ocasiones de carácter convencional –cuando se accede al derecho de negociación colectiva. Pero esa figura está desapareciendo, y de ello da cuenta la tercerización laboral, con la cual la contratación laboral queda reducida a una relación netamente comercial en la que usted, por una orden de prestación de servicios, o por un contrato completamente informal sin ningún tipo de garantía laboral, vende su fuerza de trabajo en condiciones, algunas veces infrahumanas, como las del teletrabajo, o las de los trabajadores del sector textil o agrario en varias partes de nuestro país, a los que ni siquiera les reconocen el salario mínimo.

 

Más derechos en peligro

 

da: En un documento la Anif (Asociación Nacional de Instituciones Financieras) le propone a los candidatos presidenciales desregularizar aun más el mundo del trabajo, inclusive rebajar el salario por debajo del mínimo como “únicas medidas” para mantener el desarrollo económico en el país, así como reducir los tributos al empresariado, ¿qué opinión tiene sobre esto?
EMV: El gobierno nacional ha descargado desde siempre, y en gran medida, el costo fiscal del país en los trabajadores. Asimismo, los patrones, con la ayuda del Estado, siempre han pretendido reducir hasta el mínimo posible lo que devengamos quienes vendemos nuestra fuerza de trabajo. No aceptan que realmente somos nosotros el mayor motor de la economía, no solamente por nuestra capacidad productiva sino por nuestra capacidad de acceder al mercado para adquirir bienes de consumo, es decir que con nuestros salarios movemos la economía del país.

 

Para sus propuestas y medidas se valen de supuestas recomendaciones –que más bien son mandatos– de organizaciones internacionales. En este caso lo están haciendo a partir de lo dicho el año pasado por la calificadora de riesgos financieros Standard & Poor’s, que expresó sobre nuestro país, palabras más, palabras menos: “definitivamente su puntaje no es el ideal para que se haga inversión, le sugiero que realice nuevamente una reforma tributaria, y que realice una reforma de carácter pensional”.

 

da. ¿Qué dijo el gobierno sobre este particular?
EMV. El Ministro de Hacienda y Santos fueron a Estados Unidos a reunirse con esa calificadora, de lo cual sale un documento de 600 páginas, en el cual, de nuevo, nos transfieren a los trabajadores la responsabilidad de cubrir lo que está haciendo falta en los ingresos nacionales, para lo cual recomiendan realizar una nueva reforma tributaria, y otra a las pensiones, con la que pretenden aumentar la cotización y disminuir el monto de la pensión, para que pase del 75 al 65 por ciento (sobre el promedio de los últimos 10 años cotizados); así como igualar y aumentar el tiempo de pensión para hombres y mujeres, argumentando que tenemos un promedio de vida que nos permite trabajar hasta los 68 años de edad, Como si fuera poco, y de acuerdo a las exigencias de los fondos de pensiones, el gobierno pretende eliminar Colpensiones, y pasar a fortalecer los fondos privados.

 

da. La ofensiva es total: ilegalizan huelgas, niegan el derecho a sindicalizarse, reducen salarios, criminalizan la protesta sindical y social..
EMV. Así es, con lo cual demuestran que existe una alianza del capital y el Estado para defender sus intereses macroeconómicos, para que los trabajadores paguen por sus derechos con acciones como el despido. Entonces, el llamado que hacemos desde la CUT es a que, hoy más que nunca, los derechos de libertad sindical y la defensa de los derechos humanos deben ser reivindicados en este país.

 

Sino proceden así están proscribiendo cualquier posibilidad real de pacificación. Vamos a trabajar por una paz con cambios y transformaciones reales, con tres pilares fundamentales: los derechos de libertad sindical, de asociación, negociación y huelga.

Publicado enEdición Nº244
Lunes, 29 Enero 2018 07:02

Protestas en Bolivia

Protestas en Bolivia

 

Y van dos...: En Bolivia, en diciembre de 2010, el vicepresidente Álvaro García Linera firmó, en ausencia del presidente Evo Morales, un aumento de 20 por ciento de la gasolina, que el pueblo rechazó. La protesta fue tal, que Evo Morales, a su retorno, abrogó el incremento. Ahora volvió a suceder: el 15 de diciembre pasado, también durante un viaje presidencial, García Linera firmó una modificación sustancial al Código Penal y dijo, según El Debate: Ya está firmado, se acabó el debate, no hay nada qué hacer, hay que aplicar el código. El resultado fue una huelga de más de 60 días de los médicos (protestaban por la inclusión de los errores médicos en el Código Penal) otra de periodistas (creían limitada la libertad de prensa) y un paro indefinido de los transportistas de minerales y de petróleo (consideraban posible la penalización de los accidentes). Las movilizaciones fueron tales –informa La Razón–, que el presidente anuló la semana pasada los artículos 205 y 137 del código para terminar eliminando en ésta todo el código mediante la promulgación de una ley, comunican La Razón y Página 7. La consiguiente sensación de inseguridad se agrava, debido a la insistencia de García Linera en la candidatura presidencial de Morales –tercera consecutiva– a pesar de los resultados de un referendo, que la rechazó. La derecha realiza continuas manifestaciones de repudio a la re-re-elección, el índice de popularidad de Morales cayó 24 puntos y la oposición es agresiva e insultante. La Razón, por ejemplo, dice que Página 7 fue condenada por la justicia por remplazar en una foto las caras de las actrices del filme Las malcogidas con las de una ministra y algunas parlamentarias y dirigentes campesinas. La Central Obrera Boliviana, que se está acercando a la oposición y expulsó a varios dirigentes pro Morales, decretó un paro para el primero de febrero. El Diario reporta que 35 por ciento de la población rural vive en extrema pobreza. Por último, el ya citado Página 7 dice que el presidente Donald Trump fue abucheado en Davos al atacar a la prensa y que la bolsa de Sao Paulo llegó a 85 mil 530 puntos debido a la condena a 12 años al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva para inhabilitarlo para la relección.

Publicado enInternacional
Juan Orlando toma posesión como presidente de la mitad de Honduras

El mandatario asumió el cargo este sábado en medio de violentas manifestaciones en las calles de Tegucigalpa en protesta por una reelección que consideran ilegítima


El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, asumió hoy su cargo como jefe del Estado para los próximos cuatro años. Orlando gobernará un país dividido en el que la oposición no reconoce su victoria electoral y donde crecen las voces que señalan el giro autoritario en su gestión.


Mientras prometía un futuro mejor para el país, miles de personas llegadas de todos lados hasta la capital, Tegucigalpa, protestaban en contra de lo que consideran una reelección ilegítima y una turbia victoria electoral que ganó en noviembre por poco más de 50.000 votos.


Precisamente el miedo a las protestas marcó la ceremonia, y hasta pocas horas antes de su toma de posesión se desconocía la hora y el lugar desde donde juraría el cargo —con la mano sobre la Biblia— y se dirigiría al país, con la banda presidencial cruzándole el pecho.


Solo cuando apareció sobre el pasto junto a su esposa y rodeado de guardaespaldas, se supo que la investidura sería en el Estadio Nacional. A pesar de que tiene una capacidad para 35.000 espectadores, el mandatario definió el acto como algo “sencillo”, alejado de la ostentosidad de otras veces. Esta vez se querían evitar los disturbios ante una potencial movilización de miles de personas.


La oposición, liderada por Salvador Nasralla y Manuel Zelaya, no reconoce los resultados de las elecciones del pasado 26 de noviembre que dieron la victoria al mandatario conservador por unos 50.000 votos. Hasta el momentoEstados Unidos ha dado por bueno el resultado pero la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió nuevas elecciones al constatar graves irregularidades antes durante y después del día de votación. El conflicto desató una ola de protestas en todo el país que han dejado hasta el momento 34 muertos, según cifras de organizaciones de Derechos Humanos, decenas de heridos y negocios quemados y saqueados.


Consciente de su escaso apoyo popular, Orlando reconoció la división que su reelección ha generado. “Si una casa está dividida no puede permanecer y soy consciente de las diferencias políticas en el país, pero no hay diferencias que justifiquen la violencia (...). No es justo generar ese temor”, señaló.


Durante una hora, defendió su gestión en tres aspectos: la economía, la reducción de homicidios y su lucha contra la corrupción. “Hemos reducido los homicidios y pusimos en orden las finanzas públicas. Somos el país que mejor lo hizo en Centroamérica” presumió. Sobre corrupción, en un ejercicio de impúdico de funambulismo, el mandatario citó a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) como ejemplo de su compromiso solo unos días después de que el Congreso mutilara las principales competencias de esta Comisión creada por la Organización de Estados Americanos (OEA) para combatir la impunidad.


Desde hoy Juan Orlando tendrá que gobernar un país de más de nueve millones personas, que expulsa anualmente 75.000 migrantes y que produce cada año cinco millones de piñas.


Sin embargo, el enérgico abogado de 49 años, que con 22 entró en política, es hoy un mandatario sobre el que recaen sospechas de fraude electoral y acosado por la corrupción y el narcotráfico. El presidente del congreso, de su partido, ha sido acusado de apropiarse de fondos destinados a organizaciones no gubernamentales y al jefe de la policía está señalado por encubrir el envío de una tonelada de cocaína.


“Soy Juan Orlando Hernandez y estoy listo para darlo todo por honduras, por mi pueblo, por todos...el trabajo lo vence todo”, terminó gritando mientras agitaba el puño a la multitud que lo aplaudía. Mientras esto ocurría una batalla campal entre policías y manifestantes se libraba en las calles de Tegucigalpa.

Publicado enInternacional