Sábado, 09 Noviembre 2019 06:14

El derecho de vivir en paz

Pintada en una pared de Santiago de Chile, año 2008. Imagen: Andrés Osojnik

Lo que pasa en Chile está más visto que contado. No cesan los relatos visuales escalofriantes, a su vez documentos sobre la represión descontrolada que castiga a hombres, mujeres, ancianos, niños, estudiantes, discapacitados; que castiga sin relación entre el balazo y el castigado. Lo que pasa en Chile nos envía también a nosotros al recuerdo de las épocas más oscuras y salvajes del siglo XX. Lo que vemos además nos reconfirma que la pelea con los grandes medios no fue un episodio argentino de la década pasada, sino que se trata de un dispositivo de blindaje que existió siempre, pero hace poco que tenemos conciencia colectiva de que los grandes medios, cuando se concentraron, fue para ser una pata más del neoliberalismo.

Los medios no sólo han actuado sólo contra los chilenos: le han ocultado al mundo qué había atrás de aquello a lo que le hacían propaganda. Y seguimos sin ver nada de Haití, seguimos sin coberturas sobre el genocidio por goteo en Colombia, no tenemos idea de lo que pasa en Africa. El nuevo intento de golpe en Bolivia se hizo visible también por las redes, en videos movidos, mostrando una de las escenas más bárbaras y asquerosas que puedan concebirse, con la alcaldesa de Vinto retenida por la turba de la derecha, vejada, golpeada, teñida de rojo. El odio es profundo y está acicateado, estimulado y otra vez quieren muertes. Y uno piensa, mientras escucha a los chilenos cantar de a miles El derecho de vivir en paz, que sí, que basta ya, que se traguen su odio y que se calmen, que a veces se gana y a veces se pierde, y que si pierden que soporten, como acabamos de hacer en la Argentina, a gobiernos que detestan. Pero la derecha no soporta no ganar. Y derroca, invade, injuria, encarcela, censura, miente, roba, mata.

Sin embargo, lo que pasa en Chile no viene sólo con el olor de la opresión, sino también con el perfume de las primaveras. Por muy poco menos que esto la prensa mundial habló de la primavera árabe, que terminó siendo su propio reverso. Y es una confesión de parte que los medios hoy no hablen de la primavera chilena: ven vándalos donde, cuando a sus mandantes les convenía, veían pueblos rebelándose contra la tiranía. Entendámoslo: el neoliberalismo es una forma de tiranía.

Lo que pasa en Chile viene con el olor turbio de la opresión, pero también con el perfume de aquella resistencia que, como en Chile nunca fue reivindicada institucionalmente, reaparece ahora con una fuerza acojonante. Ver tocar ante una multitud a la Sinfónica de Chile los temas de Víctor Jara es un fenómeno de renacimiento. Lo reprimido, lo aplastado, lo hundido a sangre y fuego por la vara de la normalidad de los militares y la elite, retoma su énfasis en un pueblo que hoy es otro y es el mismo. Eso es un pueblo, una cadena transgeneracional que conserva el fuego de su identidad encendido aun en las peores circunstancias. Hay varias generaciones que no son contemporáneas a Víctor Jara. Pero la cultura popular también tiene sus clásicos, que son los que en cualquier latitud, en cualquier idioma y en cualquier época expresan lo que necesita cantar el pueblo para hacer comunión con sus emociones. Y uno ve pibes de secundario cantar sus letras y entonar sus melodías, y ve y escucha un Te recuerdo Amanda que son ellos mismos, que son los de antes y los de ahora y serán los de mañana. La identidad chilena que fue condenada guardó sus íconos y sus tótems. Guardó su espíritu.

Decían que la historia había muerto. En uno de los lugares donde anclaron esa idea fue en Chile. Que la historia había muerto significaba que habían implantado un orden inmodificable. Y a ese orden le llamaron, desde entonces, “normalidad”. Atrás quedaban los crímenes de Pinochet. Como en España los de Franco. Durante décadas los impulsores del fin de la historia nos aturdieron con los magníficos atributos del Pacto de la Moncloa y con la Concertación chilena. El modelo exitoso que nunca acercaba el foco a la población de Chile sino que mostraba planillas con números. Cada tanto las revueltas eran tan grandes, especialmente las de los estudiantes y las de los mapuches, que teníamos noticias pero luego se apagaban, porque había vuelto la “normalidad”.

Esa normalidad incluye y siempre incluyó el abuso de poder. Chile hasta ahora ha sido un gran abuso, como lo han sido los últimos cuatro años argentinos. Somos pueblos abusados por elites. Están convencidas de su supremacía. No hay supremacía posible si no se aplasta a otro. Y el otro de las elites es el 99 por ciento de la población. Pero al parecer hay una sincronía histórica que nos hace vivir a muchos pueblos al mismo tiempo un despertar de lo que parecía la vigilia y era un ensueño, un folleto, una cáscara, la publicidad de un producto que éramos nosotros mismos, vendidos como trabajadores baratos.

El Chile que vemos muestra a un gobierno y unas fuerzas de seguridad cometiendo a los ojos del mundo un monstruoso delito de lesa humanidad contra todo el pueblo chileno. Se pueden pretextar asesinatos diciendo que fueron enfrentamientos, se pueden justificar represiones salvajes diciendo que hubo vándalos, pero allá ya son más de veinte las denuncias comprobadas de violaciones a mujeres y homosexuales detenidos. Es algo que no es nazismo ni fascismo pero que pertenece a esa familia de regímenes de bajos instintos morales: es el neoliberalismo defendiéndose en el poder.

La dignidad, la claridad conceptual y la conciencia política con la que el pueblo chileno ha salido a la calle tienen mucho que ver con haber preservado, como vemos, la memoria. No tuvieron juicios a genocidas, como aquí, pero preservaron la cultura que les dejó esa generación, y con Víctor Jara hoy cantan los vivos y los muertos.  

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Viernes, 08 Noviembre 2019 06:44

Destellos de antagonismo en América Latina

Manifestación esta semana en los alrededores del Palacio de la Moneda en Santiago de Chile / Foto: Afp, Rodrigo Arangua

Hay que festejar la renovada emergencia antagonista que hace frente a la derechización en Ecuador y en Chile y parece cubrir el vacío dejado por el progresismo. En este sentido, la irrupción de las protestas multitudinarias parece corresponder a la lógica de un momento específico de la estructura y las relaciones de poder: contra las derechas emergentes, más allá o más acá del progresismo desgastado y derechizado. Por lo tanto, visto que se trata de un escenario difuso, aun con sus diferencias nacionales, no hay que excluir que aparezcan fenómenos similares en otros países y que, una vez más, se dé cierto grado de sincronía latinoamericana en los procesos políticos.

Podemos constatar que, si la variable son los colores de los gobiernos, la constante, aunque se manifieste de forma intermitente, sigue siendo la capacidad de lucha e insubordinación de las clases subalternas latinoamericanas. En efecto, si bien las revoluciones pasivas progresistas cayeron por derecha, no han estado ausentes, en particular en los años posteriores a 2013, movilizaciones populares de tinte antineoliberal. En este sentido, el antagonismo no sólo ha estado latente, sino que se ha manifestado, aunque sea de forma esporádica e inorgánica –para usar adjetivos gramscianos–. La capacidad de irrupción que siguen conservando y utilizando las clases subalternas se presenta bajo algunos formatos que ameritan ser brevemente registrados, a la luz del impactante retorno a escena de esta modalidad disruptiva de la política latinoamericana.

En lo temporal, se configuran como episodios que rompen y rebasan las rutinas de la conflictividad ordinaria y cotidiana, de la que, a la vez, se nutren. La intensa brevedad del antagonismo concentrado en estas irrupciones tiene su límite y su prueba de fuego no tanto en la duración, sino en el impacto y la capacidad de modificación de la correlación de fuerzas. Al mismo tiempo, en lo espacial, en lo que tiene que ver con la amplitud social, las irrupciones se montan sobre las prácticas y la acumulación de experiencias y la formación de tejidos sociales y comunitarios, pero se vuelven multitudinarias en la medida en que se amplían a sectores no organizados, cuya politización y capacidad de movilización pueden ser preexistentes y latentes o generarse al calor del conflicto. En todo caso, la activación de franjas no organizadas de las clases subalternas confiere el carácter masivo y le permite un impacto.

AUTONOMISMO VERSUS HEGEMONISMO

Al mismo tiempo, ambas dimensiones de este formato antagonista que se expande y contrae han sido identificadas como problemáticas en tanto que, en el reflujo de la marea, la evaluación de los saldos es objeto de distintas interpretaciones. Señalo dos de ellas, que configuran la antinomia de la política latinoamericana de las últimas décadas: la autonomista y la hegemonista.

En extrema síntesis, la autonomista enaltece la capacidad de lucha y de organización desde abajo y, por lo tanto, atribuye un valor absoluto a todo tipo de manifestación de conflictividad que sea expresión y que refuerce las capacidades y las reservas de politización, organización y autodeterminación, poniendo en segundo plano o, incluso, desconfiando radicalmente del saldo en términos de modificación de los equilibrios en el sistema político partidario o institucional. La hegemonista, por el contrario, valora este tipo de manifestaciones sólo en tanto sacudan equilibrios estáticos y permitan dilatar la influencia y la capacidad de articulación de un polo o una fuerza política que intervenga en la disputa por el poder estatal, ya sea en forma directa o delegada, es decir, expresión de los movimientos y los sectores populares o sólo en nombre de ellos.

Bajo estos prismas, el fin del ciclo progresista y el retorno del formato del antagonismo de irrupción vuelven a colocar, mutatis mutandi, cuestiones que fueron surcando los debates a partir del inicio del milenio. Valorar los movimientos en su espontaneidad relativa y su efecto simbólico y experiencial de organización desde abajo o lamentar su incapacidad de mantenerse en el centro del escenario y de producir resultados contundentes y tendencialmente irreversibles antes de refluir en la normalización sistémica. Posturas que no son antitéticas en sentido estricto, pero configuran énfasis que dislocaron posturas que tienden a enfrentarse. El valor coyuntural de la irrupción se tradujo y sigue traduciéndose en distintos lenguajes políticos y se proyecta de maneras, a veces, contrastantes en la mediana duración.

CAMBIO DE COYUNTURA

La distancia entre una y otra perspectiva se achica cuando las derechas están en el gobierno y se ensanchan cuando partidos o movimientos progresistas lo ocupan o están en condición de hacerlo. En este sentido, un dato histórico y político ha cambiado respecto a los años noventa y principios de los dos mil, ya que el fin del momento progresista, salvo –por el momento– el caso mexicano, arroja la existencia desgastada o la simple sobrevivencia de las fuerzas que fueron protagonistas del ciclo gubernamental. Cabe entonces preguntarse qué tanto estos son percibidos o pueden presentarse como alternativos a las derechas o a sí mismos, es decir, capaces de superar sus límites y contradicciones o, más sencillamente, ser aceptados como mal menor frente a derechas manifiestamente reaccionarias e incapaces de instituir una dinámica hegemónica, como ha sido el caso en Argentina en las recientes elecciones. Qué tanto, en estas condiciones, en medio de una derechización epocal y cultural, desde las clases subalternas latinoamericanas, pueden constituirse, sostenerse y expandirse dinámicas que, si bien no desdeñen el impacto en el plano institucional, se sostengan principal y fundamentalmente en una labor de construcción de contrapoderes, de un recurso de mayor duración y consistencia.

Lo que podemos registrar, una vez más, es que la conflictividad latinoamericana puede volverse incandescente y, a esta temperatura, hasta los metales más duros se vuelven moldeables. Como ocurrió en los años noventa y a inicios del siglo XXI, pueden forjarse experiencias y escenarios inesperados. Nada lo garantiza, pero, una vez más, nadie se lo esperaba.

 

Por Massimo Modonesi

8 noviembre, 2019

Tomado de Desinformémonos.org por convenio.

*Historiador y sociólogo; profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Unam.

 

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▲ Un manifestante con el disfraz del Chapulín Colorado se aleja de los enfrentamientos con carabineros en un barrio de Santiago. Las protestas se intensificaron ayer en el país sudamericano. Transportistas bloquearon calles en rechazo al cobro de peaje en tramos de la capital del país y estudiantes levantaron barricadas. Se ordenó el cierre de varias estaciones del Metro y muchos comercios fueron vandalizados.Foto Afp
 

Santiago. La movilización social se recrudeció ayer en buena parte de las ciudades de Chile, con los estudiantes (universitarios y de secundaria) manifestándose por miles a lo largo del país, a la vez que los transportistas bloquearon las carreteras urbanas de la capital exigiendo la derogación de los peajes diferenciados por tramos y horarios que cobran las concesionarias privadas.

La jornada de protesta, la número 20, puso de manifiesto una vez más la incapacidad del gobierno para recuperar la iniciativa política y restablecer la normalidad y el orden, pese a que el presidente Sebastián Piñera ha intentado ganar protagonismo, luego de días de ausencia pública, mediante la promoción de su denominada agenda social, un conjunto de medidas paliativas que unánimemente la oposición, y también algunas voces desde el oficialismo, se reconoce como del todo insuficiente para contener las protestas.

La expresión del fracaso del gobierno fue el ingreso anteayer de la policía a un liceo de niñas, en cuyo interior efectuó disparos de escopeta que dejaron a dos menores con impactos de perdigones en las piernas, escenas de violencia que fueron grabadas. La fiscalía ordenó ayer la detención del mayor a cargo del pelotón y también se informó que 14 carabineros serán formalizados por delitos de tortura y abusos sexuales durante las protestas.

El presidente concretó ayer el envío al Parlamento de un proyecto de ley para incrementar en 16 por ciento el salario mínimo, que pasaría de 301 mil pesos (420 dólares) a 350 mil (490). Descontadas las cotizaciones previsionales y de salud, el sueldo mínimo quedaría en 290 mil pesos (400 dólares, aproximadamente). Insuficiente, dijeron de inmediato desde el mundo sindical y la oposición, que exigen fijarlo en torno a 500 mil pesos (700 dólares).

En ciudades como Iquique, Antofagasta, Chillán, Curicó, Viña del Mar, Quilpué, Temuco, Punta Arenas y, evidentemente, Santiago; los estudiantes salieron a las calles a manifestarse, bloqueando calles, levantando barricadas y enfrentándose incesantemente con los carabineros (policía).

En la capital, en los dos días previos, la policía había estado impidiendo que el sector de las plazas Italia y Baquedano –donde confluyen las avenidas Alameda, Providencia y Vicuña Mackenna–, punto neurálgico de la protesta social, fuera ocupado por los manifestantes, como ocurrió en las últimas dos semanas, y apenas observaba que comenzaban a reunirse, actuaba para espantarlos. Pues bien, en respuesta, ayer los estudiantes cambiaron el escenario y se trasladaron a las aledañas comunas de Providencia y Las Condes, de las más pudientes del país, y en sus calles escenificaron el descontento: decenas de comercios fueron vandalizados y saqueados, el mobiliario de los establecimientos y los señalamientos de la vía pública fueron arrancados y utilizados para formar barricadas y como combustible para encender hogueras. La intensidad de los enfrentamientos y el aire enrarecido por el lanzamiento continuo de bombas lacrimógenas, forzó al cierre de importantes estaciones del Metro, causando el enojo y el caos entre quienes intentaban movilizarse. La sede de la ultraderechista Unión Demócrata Independiente (UDI), localizada en la calle Suecia, fue atacada y sufrió múltiples destrozos en sus vidrieras y mobiliario.

Mientras todo esto ocurría en la zona oriente de la capital –el llamado barrio alto, en referencia a su poderío económico– y forzada la policía a desplazarse hasta allá, otros manifestantes se reagruparon en Plaza Italia y la recuperaron para su causa.

A las ocho de la noche (hora local) el Metro de Santiago cerró sus operaciones y de manera paulatina desapareció todo el transporte público.

Mientras todo esto sucedía desde el mediodía y hasta caer la noche, un caos automovilístico se produjo en las autopistas urbanas y de acceso a Santiago, con centenares de camioneros circulando a paso de tortuga. También en esas carreteras hubo bloqueos.

Las concesionarias privadas de autopistas, que en 20 años de operación aumentaron en términos reales en más de 40 por ciento las tarifas por transitar, se han vuelto un blanco predilecto de las movilizaciones –junto con las administradoras de fondos de pensiones, el símbolo de la apropiación del ahorro previsional de los chilenos para ponerlo al servicio de los grandes grupos económicos, y también del fracaso del sistema de ahorro individual–, pues en buena medida encarnan a los ojos de los chilenos movilizados la expresión del abuso y del mercantilismo del modelo económico.

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Miércoles, 06 Noviembre 2019 06:11

Haití: Ocho semanas en las calles

Haití: Ocho semanas en las calles

Este 4 de noviembre inició la octava semana de protestas en Haití en contra de la administración de Jovenel Moïse. Según datos de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, se contabilizaban la semana pasada 42 muertos y 86 heridos.

La misma ONU da cuenta de la represión gubernamental ante las masivas movilizaciones que han desencadenado una importante crisis política. La mayoría de los fallecidos son por herida de bala y entre ellos se encuentra un periodista que cubría las movilizaciones. Impotente, la normalmente intervencionista Organización de las Naciones Unidas (ONU) se limitó a denunciar su preocupación y a pedir a las partes encontrar una solución.

Las protestas iniciaron a mediados de septiembre debido a una fuerte escasez de combustible que rápidamente se convirtió en una oleada de reclamos sociales en contra del gobierno que mantiene a la población con 60% bajo la línea de pobreza y sin un plan real que resuelva la crisis estructural que se profundizó tras el terremoto de 2010, el cual fue aprovechado por el imperialismo estadounidense para militarizar el aeropuerto internacional desplegando marines para así ser el regulador de esta posición estratégica.

Las protestas mantienen bajo múltiples barricadas ciudades principales como Puerto Príncipe, Pétion Ville y Delmas. Al contrario de la ONU, que busca una salida negociada con sectores de oposición, el movimiento popular en las calles exige la dimisión de Moise y sus parlamentarios, castigo a corruptos, plan contra la crisis y menos intervención neoliberal.

La crisis socio política que se desató en el país ha llevado a miles a tomar las calles y enfrentar la represión del gobierno, el cual se niega a dimitir y que también se ha aislado políticamente al buscar pretender acordar con la oposición una salida que mantenga al Estado junto a sus instituciones intactos, pero sin cederle espacios de interlocución.

Para ello nombró una Comisión de Diálogo con siete de sus funcionarios gubernamentales la cual entró rápidamente en crisis al dimitir cuatro de ellos ante la insistencia pública de que no va a dimitir.

La oposición "democrática" se endurece ante las masas

"La lucha se realizará con disciplina, orden y convicción. No será una batalla contra el pueblo, sino una batalla con el pueblo y para el pueblo", anunció la bancada opositora de Haití.

Con este discurso que hizo el lunes 4 la organización Alternativa Consensual para la Refundación de Haití respondió ante la posibilidad de la caída del gobierno mediante la protesta y el creciente riesgo de que los partidos de oposición se vean rebasados por la revuelta popular. Así fue como disfrazaron su llamado a un toque de queda a partir de las 19:00; escudándose en evitar mayor número de muertos, pero que en realidad tiene como finalidad paralizar, atemorizar y reprimir a los manifestantes que desacaten y así mostrarse como una mediación susceptible de entrar en negociaciones con el gobierno.

A este esfuerzo por mantener el régimen y desarticular las movilizaciones en las calles se sumó la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, que pidió qué las dirigencias llamaran a protestar de manera pacífica respetando la propiedad privada.

Estos nuevos discursos de la oposición demuestran que los dirigentes están buscando desviar las protestas hacía sus propios intereses de poder, pactando con el gobierno afín al imperialismo yanqui, tratando de acallar con un bozal las demandas urgentes de la población y buscando una salida auspiciada por las mismas instituciones que hoy mantienen al país en crisis.

Es por eso que está semana será importante para tener una idea de hacía a donde van las movilizaciones y su capacidad para rebasar a los esfuerzos de las dirigencias "opositoras" que pretenden frenarlas. En estos momentos críticos, los haitianos podrían sorprender con organismos de auto organización que busquen romper con la respuesta represiva del gobierno avalada por el toque de queda opositor.

Lo que sucede en Haití, no es caso aislado, forma parte de un segundo ciclo de revueltas y jornadas revolucionarias traídas por la crisis del 2008, que hoy tiene como uno de sus epicentros a varios países de América Latina.

Al igual que esos países, el proceso de lucha que viven las masas empobrecidas haitianas debe reflejarse en un desarrollo de la organización independiente de las mismas, empezando por impulsar asambleas y organizaciones propias, para la discusión de los verdaderos problemas que pasan por detener inmediatamente la relación de subordinación del país a los intereses extranjeros, echando abajo al gobierno lacayo del imperialismo y el FMI sin ninguna confianza en los "opositores" del toque de queda.

Por Alejandro Razett

Miércoles 6 de noviembre

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Súper represión para el Súper lunes en Chile 

Con gases e hidrantes desde temprano, el despliegue de Carabineros logró vaciar Plaza Italia en la tercera movilización masiva de la sociedad. 

Mientras estas líneas se escriben, Plaza Italia y sus alrededores, epicentro de las numerosas y esencialmente pacíficas protestas chilenas, es caos. Humo y fuego, personas corriendo, policías atropellando civiles, vidrios rotos, barricadas. Con gases e hidrantes desde temprano, el despliegue de Carabineros logró vaciar la Plaza en la tercera movilización masiva de la sociedad, llamada “Súper Lunes”. La versión oficial de los hechos la acaba de pronunciar el ministro del Interior, Gonzalo Blumel: el argumento para la represión es que hubo dos ataques con bombas molotov a la Policía.

A las 21. 30, el funcionario repudió “el cobarde ataque” a dos carabineras que se encuentran con lesiones de gravedad. “Llamamos a condenar la violencia, que no tiene nada que ver con el legítimo planteamiento de la ciudadanía. Ha sido un día complejo. Vamos a seguir investigando para sancionar estos hechos”. Dio cifras de detenidos en todo el conflicto (9 mil, 500 en prisión preventiva). Una periodista le consultó por las patrullas que se vieron atropellando civiles, como circuló en un video subido a Twitter (https://twitter.com/i/status/1191497132735451136). En principio la evadió. Luego dijo que todos los hechos, incluso los que tuvieran “efectos en civiles” debían ser investigados. “El mensaje a la ciudadanía es que nos abramos al diálogo. Estamos haciendo un esfuerzo para escuchar humildemente todos sus planteamientos”, afirmó.

En cuestión de minutos, una manifestación pacífica que reunía a estudiantes, trabajadores de todos los sectores, jubilados, militantes y familias enteras se volvió un infierno. Los gases se habían sentido desde temprano, ingresando por la Alameda, a una larga distancia de la Plaza Baquedano con su monumento parcialmente destruido en la revuelta, con su caballo a casi toda hora ocupado por alguien que flamea la bandera nacional o mapuche. Por la tarde, mientras terminaba una ronda de organizaciones sindicales y sociales alrededor del Congreso para pedir a los legisladores que no abordaran la agenda social de Piñera, en Plaza Italia ya se veían hidrantes y explotaban las lacrimógenas. En ese entonces había poca gente. Horas más tarde, varios manifestantes admitían sentir miedo cuando iban llegando con sus barbijos, sus máscaras, antiparras limones y agua con bicarbonato, pero a la vez con sus carteles, silbatos, cornetas, cualquier objeto metálico para golpear, pañuelos verdes y hasta sus danzas en plena calle, con un deseo encendido, profundo, al parecer inclaudicable, de que Chile cambie para siempre.

Esta tarde, la Asociación Nacional de Funcionarios Defensoras y Defensores de Derechos Humanos del Instituto Nacional de Derechos Humanos emitió un comunicado en el que solicitó la rectificación de declaraciones de su director, Sergio Micco. Ayer, Micco afirmó a un canal de televisión que la violación a los derechos humanos “no es sistemática” en Chile. “Consideramos que demuestra un profundo desconocimiento de la normativa nacional e internacional sobre la materia. Algunos vivimos en comunas donde han ocurrido situaciones de represión”, afirma la Asociación.

El desgaste en cuerpos y rostros se hacía evidente. El pueblo --la parte de él que no ha sufrido lo peor-- acumula días marchando, debatiendo, sin dormir o durmiendo poco, con estrés, largas caminatas por el funcionamiento parcial del metro y adicción a un sistema de información que se teje por redes sociales. Pero “no nos cansamos”, repetían los chilenos, que también coreaban: “Ya van a ver. Las balas que nos tiraron van a volver”.

Lo que se veía esta tarde no era distinto a lo que se viene viendo en Chile hace ya más de dos semanas. Un movimiento transversal, vivo, potente, rabioso, esperanzado, autoconvocado, sin líder, que no sólo no confía sino que repudia partidos políticos e instituciones. Que une al feminismo, la lucha mapuche, los estudiantes, los trabajadores, jubilados, los hombres de traje y que hasta movilizó a los ricos. En él hay también profesionales que aportan sus saberes --como arquitectos que denunciaron con una instalación la precariedad de las viviendas sociales o geógrafos que elaboraron mapas de registro de los cabildos--. Los jóvenes que en la marcha decían que no les interesaba cuando volverá a haber clases en la Universidad de Chile –se encuentra cerrada-- o que flameaban banderas mapuches porque hay que “representar a las raíces” fueron los que prendieron la mecha. “Violan a alguien y el Carabinero sigue libre. En cambio, un profesor puede quedar preso diez años por romper los torniquetes del metro”, contrastaba Mireya, 18 años, un limón en la mano, respecto del caso de Roberto Campos Weiss.

El INDH acumula cifras de querellas por violencia sexual, de niños y adolescentes detenidos (en lo que va del conflicto 479), heridos, torturas. Hubo detenciones a periodistas y en las calles se dice que hay infiltrados amenazándolos. Cientos de heridos que pueden perder un ojo. Presuntos montajes de muertes. Calcinados en los que se sospechan balas, suicidios que nadie cree que sean tal cosa. Chile arde, y el presidente es en esta marcha una marioneta que danza salida de un carro alegórico por una lateral de la Alameda, secundada por máscaras de Pinochet y Jaime Guzmán. “Cuando el año pasado participé de una masiva marcha feminista, creí que podía morirme, pero ahora puedo ver esto”, festejaba Isabel, de 70 años, antes del caos. Por su tendencia de izquierda debió exiliarse en la dictadura. Esta tarde ya percibía que algo andaba mal. “No sé por qué tenía miedo de venir. Creo que tiene que ver con el golpe, pues.”

No solamente los cabildos de los que participaron 10 mil ciudadanos arrojaron que la principal demanda chilena es una asamblea constituyente, con fuerte participación popular, que dé origen a una nueva constitución para desterrar a la de la dictadura, que les privatiza la vida. Incluso una encuesta de CADEM, medición financiada por la derecha según uno de los manifestantes entrevistados, difundió que el 87 por ciento de los consultados se pronunciaron a favor de esos dos objetivos.

¿Hacia dónde va este Chile herido y despierto, ese que hasta hace poco parecía un oasis? Mejor que hable un chileno. Un camarógrafo que se estaba manifestando, antes de dejar la Plaza, hizo su análisis: “El periodismo no rescata la belleza, la parte humana de todo esto. Esta wea’ está peluda. Estiremos esta wea (huevada)’. No va a parar. La gente está indignada. Esto lo encabezaron los jóvenes por sus abuelitos. Les daba lástima ver cómo mendigaban salud. Y también las mujeres, que son bravísimas. Estamos mal pero a la vez bien. Antes estábamos bien pero estábamos mal. Es una verdad incómoda, pero es nuestra verdad”, reflexionó. “Tal vez cualquier weón de la milicia se vuelva loco y pase armas para el otro lado. El neoliberalismo se va a caer. Que Chile sea el puntal de esa manera de vivir.”

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Domingo, 03 Noviembre 2019 05:59

Una revolución mundial en marcha

Una revolución mundial en marcha

Puerto Rico, Hong Kong, Ecuador, Haití, Líbano, Irak y ahora, Chile. En todo el mundo, la gente se está alzando contra las políticas de austeridad y la corrupción, desafiando a las fuerzas policiales enviadas para reprimirlos. Muchos de estos movimientos de masas comparten una crítica feroz hacia el capitalismo. En Santiago de Chile, más de un millón de personas inundaron las calles el fin de semana pasado y las protestas masivas continúan. Allí, la brutal dictadura de Pinochet que tuvo lugar entre 1973 y 1990, durante la cual miles de activistas y líderes progresistas fueron torturados, desaparecidos y asesinados, fue seguida por décadas de políticas neoliberales, con privatizaciones desenfrenadas, acoso a sindicatos, salarios estancados y mayores costos de educación, salud, transporte y otros servicios. Chile, uno de los países más ricos de América del Sur, también es uno de los que tiene mayor desigualdad. Al menos 20 personas han sido asesinadas durante las recientes protestas allí, lo que enfureció e incentivó aún más a las multitudes.

Estas protestas globales están también sucediendo en momentos en que el mundo atraviesa un punto de inflexión en su historia, con tan solo una década de tiempo para que la humanidad pase de una economía apoyada en los combustibles fósiles a una impulsada por energía renovable. El miércoles, el multimillonario y asediado presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció abruptamente que su gobierno había decidido cancelar la realización en Chile de dos grandes cumbres internacionales: el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (conocido como APEC) a mediados de noviembre y la cumbre sobre cambio climático de Naciones Unidas, la 25ª "Conferencia de las Partes", o COP25, en las primeras dos semanas de diciembre.

La presidenta designada de la COP 25, la ministra de Medio Ambiente de Chile, Carolina Schmidt, declaró: "Los ciudadanos han expresado de manera contundente sus legítimas demandas sociales que requieren toda la atención y el esfuerzo del gobierno".

La cancelación de la COP por parte de Chile podría ser un golpe para la acción global contra el cambio climático. Pero los activistas en defensa del clima deberían juntar coraje: este renovado espíritu de rebelión en todo el mundo implica un rechazo del status quo y podría presagiar que la movilización de base para evitar un cambio climático irreversible y catastrófico se acelere.

No mucho después de la cancelación de la COP de Chile, la Red de Acción por el Clima expresó en un comunicado: "La injusticia social y la crisis climática tienen una raíz común. La justicia climática y la solidaridad tienen que ver fundamentalmente con la protección de los derechos humanos y una mejor calidad de vida para todos".

La crisis climática nos afecta a todos; en primer lugar, y con más fuerza, a los pobres del mundo. El multitudinario levantamiento en Puerto Rico que condujo a la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló fue la culminación de décadas de frustración con el estatus colonial de Puerto Rico y la contemporánea explotación por parte de los fondos buitres de Wall Street. Pero el descontento se vio alimentado por la impactante devastación causada por los huracanes Irma y María hace dos años, que tuvieron lugar uno atrás del otro.

Pocos días después de la renuncia de Rosselló, Manuel Natal, miembro de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, manifestó en una entrevista para Democracy Now!: "Las políticas de austeridad implementadas no solo por la Junta de Supervisión Fiscal, sino también por el actual gobierno de Roselló y el pasado gobierno de García Padilla, han dejado al pueblo de Puerto Rico en una situación de vulnerabilidad. La desigualdad social ha aumentado a niveles que nunca se habían visto aquí en Puerto Rico". Natal prosiguió: "Necesitamos más democracia, no menos democracia. Estamos al borde de una revolución política aquí en Puerto Rico". El derrocamiento de Rosselló constituye la primera vez en la historia de Estados Unidos que un gobernador se vio forzado a renunciar a su cargo a causa de una protesta popular.

Los pueblos indígenas también están liderando el camino, a menudo en la primera línea de la lucha, confrontando al modelo extractivista con una resistencia pacífica y disciplinada. En Colombia, cientos de líderes sociales indígenas y campesinos han sido asesinados en los últimos años, simplemente por defender la justicia y la protección del medio ambiente.

El acuerdo climático de París señala específicamente la importancia de la justicia climática y se compromete a trabajar "en el contexto del desarrollo sostenible y los esfuerzos para erradicar la pobreza". Uno de los conflictos duraderos que ha obstaculizado las negociaciones internacionales sobre el clima ha sido la negativa de las naciones ricas, principalmente Estados Unidos, para aceptar la simple premisa de que "los contaminadores deben pagar". Estados Unidos es la nación más rica de la historia humana, en parte, porque al utilizar energía barata y sucia ha dejado una estela de contaminación en su camino hacia la cima: centrales eléctricas de carbón, locomotoras diesel y ahora, el gas de extracción por el método de fracturación hidráulica, mal llamado "de combustión limpia".

Se suponía que el Fondo Verde para el Clima iba a recaudar miles de millones de dólares para financiar proyectos de energía renovable en los países más pobres. La semana pasada, la conferencia de donantes del fondo no alcanzó su objetivo, principalmente porque el gobierno de Trump incumplió el compromiso de Estados Unidos de aportar 2.000 millones de dólares al fondo. Australia y Rusia siguieron el ejemplo y se negaron a contribuir.

Un nuevo estudio de Climate Central, una organización científica y de noticias, indica que las inundaciones costeras inducidas por el cambio climático probablemente serán mucho peores de lo previsto, lo que obligará a entre 200 y 600 millones de personas, ricas y pobres, a abandonar sus hogares más adelante en este siglo. Ahora mismo hay numerosos incendios forestales provocados por el cambio climático en California, donde cientos de miles de personas tuvieron que ser evacuadas de sus hogares y al menos un millón de personas permanecen sin electricidad.

AL igual que los incendios forestales, los levantamientos populares contra los líderes corruptos autocráticos, las políticas de austeridad y la desigualdad también se están extendiendo e intensificando. Los pueblos también está inundando las calles a lo largo y ancho del mundo, vinculando los movimientos contra la desigualdad con la lucha por un mundo justo y sostenible, alimentado por energías renovables.

Sábado 2 de noviembre de 2019

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 “Mujeres de luto” caminó en absoluto silencio desde la estación Salvador hasta el Palacio de la Moneda.  Imagen: AFP

Página/12 compartió las dos marchas que este viernes sacudieron el centro de la ciudad. La de "Mujeres de luto",  con los brazos en alto, banderas de Chile en color negro y fotos de los muertos tanto en la dictadura como en estos días. Y la que juntó hasta a los barras de equipos opuestos y terminó reprimida por los Carabineros. Nuevas denuncias de torturas.

 

Chile despertó y no descansará hasta que haya un cambio estructural. Eso es lo que quisieron demostrar las miles de personas que se reunieron en Plaza Italia cerca de las 17 alrededor de una convocatoria denominada “La marcha más grande de todas”, con la intención de replicar el suceso del viernes pasado. Fue una movilización mucho más masiva que la de ayer en el mismo punto, que había agrupado sobre todo a jóvenes estudiantes y que con disfraces y máscaras conectó con el espíritu de Halloween. A quince días de iniciado el estallido, el pueblo se preocupó por dejar en claro que no se cansa. En tanto, el Gobierno le respondió nuevamente con hidrantes y gases lacrimógenos que no perdonan ni al que está lejos.


A lo largo del feriado del Día de los Muertos, la ciudad presentó dos climas bien diferentes. Pasado el mediodía, un conjunto de emotivos rituales dio el protagonismo a los que ya no están y a los que el Estado torturó, desnudó, secuestró, abusó, violó, calcinó y disparó en esta etapa. Un enorme grupo de mujeres que se organizó por redes sociales con la consigna “Mujeres de luto” caminó en absoluto silencio desde la estación Salvador hasta el Palacio de la Moneda.


Todas vestían de negro. Llevaban los brazos en alto, racimos de flores, banderas de Chile en color negro, carteles en memoria de desaparecidos de la última dictadura militar, una tela con fotos de los muertos del Chile despierto. Nadie en esta manifestación se atrevía a faltar el respeto al silencio, y era tan pacífica que si alguien osaba enfrentarse a algún carabinero se lo reprendía (“no hace falta”). La numerosa columna avanzó por una Alameda que contiene todas las huellas del estallido. Vidrios rotos, locales calcinados, importantes edificios públicos --como la Biblioteca Nacional-- totalmente intervenidos por el aerosol. Al llegar a la casa de gobierno, las mujeres entonaron el himno de estas movilizaciones, “El derecho a vivir en paz”, de Víctor Jara, y “La cigarra” de María Elena Walsh.


La antigua Iglesia San Francisco estaba empapelada con las fotos de los jóvenes fallecidos en los últimos días, como Joshua Osorio, de 17 años, que murió calcinado. O la artista callejera Daniela Cardoso (36 años), colgada frente a sus vecinos, luego de ser abusada sexualmente por uniformados. Los familiares de desaparecidos y fallecidos no eran visibles en la marcha, si es que estaban. Muchos aún no han hecho denuncias y prefieren no hablar de lo sucedido. “Esta generación no pensaba que iba a vivir esto, por eso no le tuvimos miedo al toque de queda”, dice Valentina Barrios, una joven que todos los viernes participa de las rondas alrededor de la Moneda, organizadas por familiares de detenidos y desaparecidos. Dentro de las Juventudes Comunistas ella es compañera de un joven que fue detenido y torturado en un regimiento granadero de Iquique, del cual circularon impactantes fotos ayer. “Estaba en una marcha, lo agarraron, con patadas, hubo simulación de fusilamiento, abuso sexual, le pusieron corriente, le pegaron, tiene un derrame en el ojo”, enumeró trágicamente Valentina.


Más temprano, una comunidad de sahumadoras había homenajeado a desaparecidos y muertos --29, según dijeron-- con una ceremonia en Plaza Baquedano que tomaba aspectos de una tradición mexicana. “Sahumar es armonizar, liberar energías, dar paz. Sanar. Limpiar, también, en algún sentido”, explicó Roxana Campos Araya, la mujer que conducía el ritual. Reunidas en ronda, con caracolas y sahumerios, las mujeres iban colocando en la tierra cruces con los nombres de los caídos. Pensaban enterrarlas en el Museo Nacional de Bellas Artes. “Quisimos ponerles cuerpo a los muertos y hacer un homenaje colorido. Era importante trenzar un rezo para ayudarles a elevarse y hacerlos visibles”, comentó otra de las sahumadoras, llamada Sayen. Un tercer grupo femenino ofreció una performance de expresión corporal respecto de los heridos. Estaban vestidas de negro y tenían gasas en los ojos.


Si por esas horas la calle era de las mujeres que reivindicaban los derechos humanos y hacían visibles a las víctimas de la violencia del Estado, hacia la tarde el clima de Plaza Italia cambió radicalmente. El pueblo todo con sus variados reclamos en carteles se juntó allí después de que Carabineros dispersara con hidrantes --aquí conocidos como guanacos-- a manifestantes en la Moneda. Los gases eran poderosos. No son pocos los que dicen que son cada vez más tóxicos. Eran arrojados, como ayer, desde la estación de metro de Baquedano, y también había un foco represivo en el Parque Bustamante. Los manifestantes entregaban agua con bicarbonato y barbijos. Los parques linderos estaban también colmados.


“¿Qué otra figura más que Piñera logró juntar a dos barrabravas opuestas?”, decía Jorge, que tomaba una cerveza y señalaba las banderas de Colo Colo y Universidad de Chile agitadas por sus hinchas en cercanía. Por todos lados sonaban cacerolas, tambores, silbatos; flameaban banderas chilenas y mapuches. “El que no salta es paco” fue uno de los cánticos más repetidos. Como dato de color, la movilización sumó a un grupo de manifestantes llegados de Limache (región de Valparaíso) en una caminata. “Mi hijo recibió siete perdigones en la espalda por venir a ayudar a la Cruz Roja. Tengo 79 años y salgo a pelear igual”, expresaba Carlos sosteniendo un cartón que cuestionaba el sistema jubilatorio. Daba especial importancia al hecho de poder expresarse en un medio de comunicación: “El periodismo acá oculta todo. No muestra esto”. A quince días de la explosión social, el pueblo de Chile demostró entonces varias cosas: que luchará por sus muertos, que buscará a sus desaparecidos y que no dejará las calles hasta ser escuchado.

 

Por María Daniela Yaccar

Desde Santiago

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Al menos dos muertos en enfrentamientos en Bolivia, donde ya arrancó la auditoría de la OEA

Ni el comienzo de la auditoría del escrutinio de las elecciones del 20 de octubre por parte de la OEA ha traído paz a un país convulsionado. Ya hay dos muertos y decenas de heridos en distintos enfrentamientos.

 

Pese a que desde ayer se audita el escrutinio que determinó la reelección de Evo Morales para un cuarto mandato presidencial, Bolivia sigue convulsionada. "Nosotros no podemos manipular a toda una organización compuesta por 33 países", señaló esta mañana el canciller Diego Pary respecto a las intrigas sembradas por la oposición ante el acuerdo firmado con la Organización de Estados Americanos para transparentar el proceso electoral y despejar las denuncias de fraude. También pidió que no se estigmatice al gobierno, exponiendo que el clima de conspiración, de crisis institucional e incluso de golpismo explícito ha llegado para quedarse y el día a día resulta poco predecible.

Lo mismo puede decirse de la mentada pacificación social, proclamada por el oficialismo y la oposición, ya que finalmente los enfrentamientos violentos se cobraron las primeras dos vidas -en Montero, Santa Cruz-, elevando la tensión en los reclamos al punto de que en el multitudinario cabildo convocado anoche en la ciudad de La Paz, miles de personas apuntaron directamente a la responsabilidad del Poder Ejecutivo al grito de "Evo asesino". Luego hubo fuertes choques entre manifestantes y la policía que resguardaba la Casa Grande del Pueblo.

Mario Salvatierra -de 55 años- y Marcelo Terrazas -de 41- murieron el miércoles por la noche en enfrentamientos entre bloqueadores, con quienes colaboraban las víctimas, y desbloqueadores. También hubo seis heridos y, al día siguiente, en el barrio Cofadena de Montero se perpetró la venganza con agresiones a pobladores y destrozos de viviendas. Hay versiones disímiles, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, responsabiliza a "hordas fascistas que se hacen llamar Unión Juvenil Cruceñista" -grupo de choque del Comité Cívico conducido por el separatista Luis Fernando Camacho-, los habitantes hablan de infiltrados, y la policía apresó a cuatro sospechosos anoche.

Estos hechos se suman a los ocurridos el martes en Plan Tres Mil, una populosa zona de la ciudad de Santa Cruz donde hubo decenas de personas heridas -uno de ellos, gremialista, de gravedad-, esta vez sí con claro involucramiento de jóvenes cruceños visiblemente armados.

En el plano político, la reticencia de la oposición representada por Carlos Mesa, de avalar el monitoreo del escrutinio que se realiza con especialistas de la OEA, más la consolidación de los radicalizados comités cívicos como parte de la pulseada para anular todo el proceso electoral y promover la destitución del presidente Morales, desgastan a un gobierno que durante los últimos días ha buscado bajar el tono de la confrontación.

En el cabildo de La Paz cobraron fuerza las dos nuevas consignas: “Anulación de las elecciones” y “Ni Evo ni Mesa”. Ambas ponen en aprietos al gobierno y al MAS, pero también generan interrogantes hacia las filas de Comunidad Ciudadana, cuyo candidato sería el único beneficiario si se realizase una segunda vuelta o se impugnase la primera, en caso de que se constate fraude según se determine a partir de las conclusiones de la OEA, cuyo plazo es perentorio en el contexto: de diez a doce días contando desde ayer.

La incitación de los cívicos a radicalizar posiciones frente a la eventual salida institucional que derivaría de la auditoría, llamamiento asentado sobre la intransigencia de clases medias y altas acerca de que hubo fraude, ahora mediante el pedido de que se anule la votación y se descabece a Morales, es una baza ya lanzada por los sectores que más apostaron por desestabilizar. Esto plantea, como tercer elemento cuyas reacciones son más difíciles de calcular que en el tira y afloje político, otro desafío a las dos principales fuerzas electorales.

Para Mesa significa, entre sus propios devaneos y errores, que el civismo le ha quitado protagonismo y que su propio accionar depende de la mayor polarización que están manejando los emergentes comités departamentales. La nueva consigna de las marchas urbanas se lo enrostra y lo corre por derecha.

Para el gobierno y el MAS implica la constatación de que el escenario de estabilidad institucional que existía hasta el 20 de octubre, y su propio destino como proceso de cambio, ha sido modificado diametralmente. Sí, como afirman el propio Morales y los principales cuadros de su gabinete, hay un golpe de Estado en marcha, sus piezas parecen ir ensamblándose de a poco. Y si, como también explicitan varios dirigentes, la auditoría puede darle un respiro a la convulsión, independientemente de cuáles sean sus resultados, la tregua sólo durará hasta entonces.

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Miércoles, 30 Octubre 2019 06:17

¿Qué pasa en Bolivia?

¿Qué pasa en Bolivia?

Bolivia vive una crisis política en la que el Gobierno denuncia golpe y la oposición fraude. El triunfo de Evo Morales en primera vuelta por un escaso margen dio lugar a masivas protestas opositoras y contramarchas del oficialismo, con enfrentamientos en las calles de distintas ciudades del país

 

Las elecciones presidenciales del 20 de octubre sumieron a Bolivia en una crisis política. Ese día, el presidente Evo Morales buscó un cuarto mandato en la contienda más abierta desde su llegada al Palacio Quemado en enero de 2006, con 54% de los votos. Desde entonces, el «primer presidente indígena» triunfó, elección tras elección, con más de 60% de los votos y enormes distancias respecto de sus contrincantes, y conectó como ninguno de sus antecesores con la Bolivia indígena y popular. Pero en esta ocasión la coyuntura era diferente: por primera vez, existía la posibilidad cierta de una segunda vuelta. Para evitarla, Morales debía obtener más de 50% de los votos o 40% con diez puntos de diferencia sobre el segundo.

La noche del 20 de octubre concluyó con el balotaje como un resultado probable: la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) fue cortada cuando el conteo alcanzaba el 83% de las actas y la diferencia era de siete puntos. La encuesta en boca de urna de la empresa Viaciencia –la única autorizada– dio resultados similares. Al día siguiente, cuando se completó la TREP, ya se anunciaba un ajustado triunfo en primera vuelta para Morales. Estos guarismos fueron confirmados días después por el conteo oficial, que culminó con Morales obteniendo 47,08% y Carlos Mesa, 36,51%; es decir, una diferencia de 10,54 puntos porcentuales, 0,57 por encima de la necesaria para ganar en primera vuelta.

¿Qué pasó entonces? Por un lado, la oposición venía preparada para denunciar fraude en cualquier escenario que no fuera de balotaje. Pero la suspensión de la TREP y el significativo aumento del porcentaje de Morales, junto con el margen exiguo para lograr la fórmula del «40 más 10», contribuyeron a que, en un clima de fuerte polarización, la mitad de Bolivia quedara convencida de que hubo una alteración de los resultados, más allá de la posibilidad de confirmarlo revisando acta por acta (están en internet), y de que el presidente buscaba quedarse en el poder a como diera lugar.

Que un conteo rápido como la TREP no llegue al 100% no es necesariamente motivo de alarma. Pero, como mostró el periodista Fernando Molina, en este caso el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Gobierno dieron al menos cuatro explicaciones diferentes para justificar la suspensión del conteo: que no querían que se superpusiera el conteo rápido con el oficial –que ya comenzaba a esa hora–; que hubo una alerta de ataque cibernético y se paró por seguridad; que siempre se para en alrededor de 80%; que no se incluyó el 17% de las actas porque esas regiones alejadas que supuestamente faltaban no tienen internet para poder enviar las fotos correspondientes.

Para peor, el vicepresidente del TSE, Antonio Costas, renunció indicando que no fue consultado ni informado sobre la orden de cortar la TREP y señaló que « no fue una buena decisión» . Su renuncia fue enigmática: dijo que lo hacía por una cuestión de principios pero que no había habido una alteración de los resultados. Al mismo tiempo, el Gobierno acusaba a la oposición «racista» de querer invisibilizar el voto rural que, supuestamente, explicaba el salto del candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) en el último tramo del conteo.

Más allá de la discusión «fina» sobre el escrutinio –el Gobierno propuso una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA)–, hay tres problemas de fondo detrás de una crisis que está provocando una profunda grieta entre la Bolivia rural y la urbana, incluso con enfrentamientos físicos.

- Evo Morales llegó a esta elección con su legitimidad erosionada por la derrota en el referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F), cuando su propuesta de cambio constitucional para habilitar la reelección indefinida fue derrotada por escaso margen . Tras ese traspié, el oficialismo se dedicó durante meses a evaluar «otras vías» para la reelección y lo consiguió a través de un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional . Por eso ahora la denuncia de fraude –que debe ser probada– se confunde con la denuncia sobre la «ilegitimidad» de Morales para postularse, lo que construye un enredo de difícil salida. Para «borrar» lo más posible los resultados del referéndum, el presidente boliviano necesitaba un triunfo contundente. Pero si bien obtuvo ventaja sobre Mesa, apenas pasó la barrera mágica de los diez puntos de diferencia para evitar un balotaje en el que podría perder. Es decir, este resultado no solo no logró hacer olvidar el del 21F, sino que lo trajo explosivamente al presente.

- El MAS no logra incorporar en su imaginario la posibilidad de salida del poder como un acontecimiento no catastrófico. Evo Morales nunca abandonó fácilmente los cargos que ocupó: fue el único diputado del MAS que internamente tenía la posibilidad de reelección indefinida y tras ganar la Presidencia se mantuvo como máximo ejecutivo de la Federación Especial de Trabajadores Campesinos del Trópico de Cochabamba (organización matriz de los cultivadores de coca). En ese sentido, pese al discurso oficialista, Morales nunca fue «un campesino más». Y más recientemente, su imagen fue construida incluso como la de un líder excepcional («Hay un solo Fidel, un solo Gandhi, un solo Mandela y un solo Evo», dijo en una oportunidad el ahora ex-canciller David Choquehuanca). Esto, sumado a una idea clásica de revolución, aunque construida en un marco democrático, dificulta la idea básica de alternancia democrática, con el MAS como eje potencial de una oposición, que en caso de derrota luche contra cualquier intento de debilitar las conquistas sociales, materiales y simbólicas indudables de estos 14 años de «Revolución Democrática y Cultural». La democracia seguiría así la metáfora del tranvía, en el que alguien se sube, llega a su destino (el Estado) y luego se baja.

- Dentro de una oposición que en líneas generales es democrática (el propio Mesa es un centrista moderado) y hoy más numerosa que en el pasado, aparecen grupos radicales con discursos revanchistas, racistas y violentos. La aparición de cuestionadas figuras del pasado, como el ex-ministro Carlos Sánchez Berzaín , prófugo en Estados Unidos por su responsabilidad en la masacre de civiles durante la Guerra del Gas, no ayuda a la oposición y refuerza el discurso oficialista contra la «vuelta al pasado». La decisión del flamante Comité de Defensa de la Democracia (Conade), que agrupa a las principales fuerzas opositoras, de rechazar la auditoría internacional y luchar por la anulación de las elecciones puede contribuir, también, a radicalizar la situación, posiblemente con escasas posibilidades de victoria opositora. (Extrañamente, Bolivia es el único país de la región en el cual el secretario general de la OEA, Luis Almagro, es visto por muchos como un «populista», casi chavista, por haber avalado la postulación de Morales).

En este marco, Bolivia puede avanzar hacia una versión soft de lo ocurrido en Venezuela: una situación en la que el Gobierno se impone, pero con fuertes déficits de legitimidad, en el marco de un desconocimiento mutuo entre oficialismo y oposición y con una radicalización de esta última. No obstante, como escribió Fernando Molina, es cierto que el nivel de violencia en Bolivia es mucho menor, no hay crisis económica (por el contrario, la macroeconomía es uno de los puntos fuertes de Morales) y la clase política es más pragmática y menos ideológica que la venezolana.

No obstante, existe el riesgo de una mayor polarización y enfrentamientos callejeros entre oficialistas y opositores, así como un excesivo uso estatal de los movimientos sociales como fuerza de choque contra quienes protestan; de hecho ya hubo varios heridos. Morales respondió usando la misma expresión que Lenín Moreno o Sebastián Piñera –golpe, desestabilización–, llamó «delincuente» a Mesa, acusó a los jóvenes de protestar por plata o por «notas» (un supuesto y no comprobado beneficio de los estudiantes universitarios por ir a las marchas) y llevó su discurso al terreno de la dicotomía « Patria o muerte» . Todo esto ocurre tras una campaña electoral estadocéntrica, en la que los movimientos sociales, sin la épica de antaño, se limitaron a seguir las iniciativas trazadas desde el aparato estatal, con sus inercias y formas tradicionales de conservación del poder. La oposición, por su parte, rechaza la auditoría y llama a «radicalizar» los bloqueos y paros en las ciudades para «asfixiar al Estado» (de hecho, ya fueron quemadas algunas sedes locales del tribunal electoral).

Es significativo que referentes como el argentino Juan Grabois argumenten que hay que desechar cualquier observación sobre la elección en nombre de la « estabilidad de Sudamérica» (curiosa figura en la pluma de un líder social). Esta es la otra cara de la moneda de quienes comenzaron a denunciar fraude antes de que se comenzaran a contar los votos. Lo cierto es que Morales tuvo durante sus 14 años de gobierno elevadísimos niveles de legitimidad (hasta el punto de ganar en 2014 en la región de Santa Cruz) y que su erosión se debe, en gran medida, a la decisión de no respetar los resultados de un referéndum.

Esta es, sin duda, una mala noticia, en un contexto en el que la crisis del «oasis» chileno (con su combinación desigualitaria de colonización mercantil de todos las dimensiones de la vida social y jerarquías de vieja data) y el triunfo del Frente de Todos en Argentina parecen estar dándoles una nueva oportunidad a los progresismos latinoamericanos.

Por Pablo Stefanoni

Nueva sociedad

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Piñera agota las fórmulas para conjurar una crisis que mantiene el estallido en Chile

El ministro de Justicia reconoce por primera vez la veracidad de las denuncias por vulneraciones de los derechos humanos

Se había autoconvocado a través de las redes sociales como "La Marcha Más grande de Chile II", para dar continuidad a la movilización que el pasado 25 de octubre congregó a más de 1,2 millones de personas, convirtiéndose en la protesta más masiva desde el retorno a la democracia. Sin embargo, las cifras quedaron lejos de conseguirlo y, según Carabineros, fueron unas 15.000 personas las que salieron a la calle la tarde de este martes.

La marcha registró nuevos episodios de saqueos, enfrentamientos entre policía y pequeños grupos de manifestantes e incendios, uno de ellos en una parte del cerro de Santa Lucía, un punto emblemático del centro de la ciudad, que habría sido causado por una bomba lacrimógena disparada por Carabineros.

Después de más diez días de protestas, la crisis política y social que estalló con el aumento del precio del transporte público se mantiene muy viva. Luego de suspender el estado de emergencia y el toque de queda, el lunes el presidente Sebastián Piñera concretó un cambio de gabinete “profundo” que cambió a un total de ocho ministros: dos de ellos miembros del Comité Político, además de los titulares de las carteras de Hacienda, Economía y Trabajo. El mandatario apostó por un plantel ministerial “con calle, mucho más joven, capacidad negociadora y de perfil más liberal de centro.

Pero las demandas de los manifestantes van mucho más allá del reparto de cargos y nuevos nombramientos, y la calle se acusó que el flamante gabinete no llegó con otras propuestas que superen la "agenda social" presentada la semana pasada, que fue considerada “insuficiente, y que apunten a los problemas sociales de fondo.

Escenario oculto por la incertidumbre

La torpeza y el mal manejo político del estallido que enfrenta el país –a base de represión policial y militar y respuestas tardías, superficiales y poco apegadas a los reclamos de la ciudadanía– ha desembocado en un escenario tapado por la incertidumbre. Un panorama que da la sensación que está totalmente fuera de control de las autoridades políticas. "Nuestro Gobierno ha escuchado el llamado fuerte y claro de los chilenos que piden un Chile con más dignidad y sin abuso y también un Chile próspero y más en paz. Tenemos que actuar con seriedad, responsabilidad, sin populismos y sin demagogias", declaró Piñera luego de que asumieran los nuevos cargos. Y agregó: "La democracia tiene el deber de protegerse de sus adversarios respetando los derechos humanos de todos los ciudadanos. Sabemos que tenemos que modernizar y fortalecer nuestras organizaciones democráticas y nuestro sistema de inteligencia y de seguridad ciudadana".

Las movilizaciones han dejado, hasta ahora, al menos 20 fallecidos –cinco de ellos a manos de militares o policías– y, según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entregados a última hora del martes, hay más de 3.700 personas detenidas –más de 400 menores– y más de 1.200 heridos por disparos de balas, balines, perdigones o armas de fuego no identificadas. También hay 140 personas con lesiones oculares.

El organismo ha presentado hasta el momento 138 acciones judiciales, de las cuales cinco son querellas por homicidio, 92 por torturas y 18 por violencia sexual. Una de las denuncias recoge el caso de un estudiante de medicina homosexual que declaró haber recibido golpes, amenazas y vejaciones de parte de los agentes de policía. "Fue desnudado y abusado sexualmente en el contexto de tortura que estaba sufriendo […] Lo obligaron a gritar su identidad sexual, mientras los policías uniformados proseguían con los golpes" aseguraron desde el INDH.

Los informes que ha emitido el organismo han provocado la apertura de 14 sumarios para investigar las eventuales responsabilidades de los funcionarios. Este martes, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, uno de los salvados del cambio de gabinete, reconoció por primera vez la veracidad de las denuncias: "Estamos muy complicados porque se han producido situaciones que, efectivamente, aparentemente, parecen ser violaciones a los derechos humanos”, asumió.

Al trabajo desempeñado por los trabajadores del Instituto, uno de los cuales resultó herido por siete balines durante las protestas de este martes, se le sumará el aporte de una misión de observadores del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas que, desde hoy, se desplegará por todo el país.

Las cifras del Gobierno, por otra parte, se centran en 228 querellas y un total de 997 imputados durante el contexto del estallido social, “ya sea por seguridad del Estado o por incendios asociados a las estaciones del Metro”, en palabras del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla. 

La oposición prepara una acusación constitucional

Los últimos sondeos han dejado la aprobación del presidente por los suelos. Según la encuesta Cadem, dada a conocer el fin de semana, el mandatario chileno tiene un respaldo de un 14%, la cifra más baja que ha registrado un jefe de Estado desde 1990.

El Partido Socialista, el Partido Comunista y el Frente Amplio –una coalición de izquierda– están preparando una acusación constitucional contra Piñera que, de salir adelante, llevaría al presidente a enfrentarse a un proceso de impeachment. Sin embargo, eso es poco probable, porque los promotores necesitan los votos de los senadores de derecha.

La oposición también promueve un proyecto de reforma constitucional que permita la convocatoria de un plebiscito. Una consulta ciudadana que pregunte a los chilenos y chilenas si están dispuestos a abrir un proceso constituyente para redactar una nueva Carta Magna que deje atrás la que rige hoy, diseñada e implementada en 1980, bajo la dictadura de Pinochet.

Efectos para la proyección internacional

La urgencia del Gobierno para salir de la crisis no es poca. Además de la necesidad de reconstruir las ciudades y permitir recuperar la cotidianidad de los ciudadanos, el país tiene encima dos acontecimientos internacionales clave para relevar su imagen mundial.

El 16 y 17 de noviembre se celebrará el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), que convoca a los líderes de los países del Pacífico para abordar temas relacionados con el intercambio comercial y la cooperación económica. Este martes, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ya anunció que no viajará a Chile. Se mantiene, en cambio, la asistencia de Donald Trump y del presidente chino, Xi Jinping.

Por otro lado, a principios de diciembre Santiago será sede de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), que acogerá a los principales líderes mundiales. Un grupo de 46 eurodiputados firmaron una carta dirigida a la Alta Comisionada de la Unión Europea para asuntos de Relaciones Exteriores y Seguridad, Federica Mogherini, en la que solicitan que no se realice ningún encuentro internacional en Chile –tampoco la COP25– hasta que no se retiren “el Ejército y la represión” y critican “la falta de posicionamiento público de la UE” ante la situación que mantiene al país desbordado.

La pulsión de la calle se medirá de nuevo hoy con la segunda convocatoria de huelga general, como antesala de un fin de semana largo que se prevé movido.

30/10/2019 09:05 Actualizado: 30/10/2019 09:05

Por Meritxell Freixas

@MeritxellFr

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