Domingo, 06 Agosto 2017 06:08

La constituyente en sus perspectivas

La constituyente en sus perspectivas

72 horas de las elecciones de la asamblea nacional constituyente, Venezuela está en una tensa calma. No puede decirse que la vida ha vuelto a su normalidad, pero contrasta con los más de cien días de protestas que la precedieron, incluyendo el de los comicios, que ha sido el más sangriento de todos, con 16 muertos.

 

Como las cosas cambian de hora en hora, es imposible saber si este panorama cambiará para cuando estas líneas lleguen a sus lectores, más allá de que hay motivos para suponerlo. Aunque la oposición parece abrumada por los hechos y uno de sus principales partidos ha manifestado su voluntad de ir a los comicios regionales de diciembre, viendo las cosas en una perspectiva más amplia, es difícil pensar que esta calma no es la del ojo de un huracán.

 

Veamos: está por reunirse una asamblea nacional constituyente que no ha sido reconocida por Estados Unidos, la Unión Europea, Colombia, Reino Unido, Panamá, Brasil, Argentina, Paraguay, México, Costa Rica, Chile y Suiza; hay un presidente considerado dictador por Estados Unidos y sometido a sanciones que pueden tener un importante impacto en la economía; pende la amenaza de otras medidas, que en el caso más extremo incluirían a la industria petrolera; la oposición que es mayoritaria no ha podido romper el bloque de poder, al menos no lo suficiente como para obligar a una transición, cosa que puede favorecer el surgimiento de otros liderazgos; hay un chavismo disidente que puede crecer, sobre todo ahora que sectores que participaron en la constituyente se han unido a las denuncias de fraude; las protestas sociales que han ocurrido de forma autónoma a los partidos de oposición no tienen motivos para detenerse; y una economía en bancarrota, que de aplicarse más sanciones se pondría peor. Pocas sumas podrían ser más inflamables que la del descontento social, más la crisis de legitimidad, más la condena internacional. La suma de todos estos factores es potencialmente explosiva. Detengámonos en tres que pueden resultar clave.

 

LA PROTESTA SOCIAL

 

Primero, hay que entender que el gran telón de fondo de todos estos acontecimientos es una crisis económica y social muy profunda. Estructuralmente, ya suma unas tres décadas, pero en lo coyuntural se ha agudizado por la combinación de la caída de los precios del petróleo y los resultados desastrosos del Primer Plan Socialista de la Nación, aplicado a partir de 2007. Esto impulsó una conflictividad social ascendente que poco a poco se fue politizando y radicalizando. La gente que protestaba reclamando que el gobierno le resolviera problemas puntuales comenzó a protestar contra el gobierno, a hacerlo de forma cada vez más violenta y a ver en la oposición una alternativa. Si algo caracterizó los cien días de movilizaciones que hemos vivido desde marzo fue que sectores populares y usualmente chavistas se unieron de diversas formas, aunque muchas veces con una agenda propia y hasta distinta a la de la dirigencia opositora. Han sido objeto de una represión particularmente severa, pero eso no ha logrado acallarlos y no hay ningún pronóstico en la economía que puede hacer pensar que sus grandes problemas se resolverán en lo inmediato. Venezuela tiene la inflación más alta del mundo, un desabastecimiento del 80 al 90 por ciento en muchos rubros, especialmente la medicina; vive una dolarización de facto en los precios del mercado negro y un hambre creciente: si en 2015 era un escándalo que un tercio de los venezolanos comiera sólo dos veces al día, hoy es común ver ejércitos de personas escarbando en la basura por las calles.

 

No es de extrañar, entonces, que la oposición haya arrasado en las elecciones legislativas de 2015. Con la Asamblea Nacional en sus manos, emprendió el camino para convocar, de acuerdo a la Constitución, un referéndum para revocar el mandato de Maduro. La propuesta tuvo rápidamente un 70 por ciento de respaldo, según los sondeos. La respuesta del gobierno fue anular en la práctica a la Asamblea con constantes sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, que sistemáticamente alegaba la inconstitucionalidad de todo cuanto hacía. Después, cuando la oposición logró sortear todos los obstáculos para obtener las firmas necesarias para solicitar el referéndum revocatorio, otras sentencias, esta vez de tribunales de provincia, suspendieron el proceso. La indignación produjo una ola de protestas que, sin embargo, fueron detenidas para darle opción a un diálogo mediado por el Vaticano que no logró ningún resultado. Entre tanto, el Consejo Nacional Electoral (Cne) postergaba infinitamente la convocatoria a las elecciones regionales y municipales.

 

PÉRDIDA DE LA LEGITIMIDAD

 

En marzo de este año otra sentencia del Tribunal Supremo disolvía en la práctica la Asamblea Nacional, asumiendo las funciones legislativas. El escándalo que produjo internacionalmente, así como la denuncia de inconstitucionalidad por parte de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, hasta entonces una de las grandes adalides judiciales del chavismo, hicieron que Maduro reculara, pero también prendieron la chispa de un ciclo de protestas inédito hasta ahora en la historia venezolana. Marchas multitudinarias convocadas por la oposición, disturbios de todo tipo, que a veces incluyeron quema de casas del Partido Socialista Unido de Venezuela y entidades gubernamentales, y derribo de estatuas de Chávez; saqueos y decenas de muertos, llevaron a que Maduro optara por la solución de convocar una asamblea constituyente. No obstante, fue convocada sin atenerse a lo estipulado por la ley y sin respetar los principios de individualidad y universalidad del voto: cada circunscripción eligió un representante, sin distingo de la población; como a eso se le unió otra elección “sectorial”, había electores que podían votar dos o tres veces, por su circunscripción y por sus “sectores”. Era evidente que quería evitarse que los municipios más poblados, generalmente opositores, se impusieran.
Naturalmente esto sólo elevó la conflictividad. Detener la constituyente se convirtió en la gran bandera. Según los sondeos, sólo había una intención de voto del 13 por ciento, mientras el rechazo ascendía al 70 por ciento. El 16 de julio la oposición logró el prodigio de que siete millones y medio de personas salieran a la calle para firmar contra la propuesta. Después convocó a dos paros exitosos, al tiempo que la comunidad internacional pedía su suspensión y que in extremis se intentó retomar el diálogo. Pero Maduro siguió adelante. Se hicieron los comicios en medio de un día sangriento de protestas y del llamado a la abstención por parte de la oposición. Esa noche se anunció que 8 millones de personas habían ido a votar, es decir, no sólo más de las que habían firmado el 16 de julio... sino tantas como las que votaron por Chávez en la elección en la que recibió más respaldo. Es una cifra que pocos creen. Las mejores estimaciones calculaban unos cinco millones (y otras tan sólo dos millones y medio). Smartmatic, la empresa encargada de las máquinas de votación, declaró tres días después que efectivamente hubo manipulación.

 

CONDENA INTERNACIONAL

 

La sospecha del fraude terminó de decidir a muchos países a desconocer los resultados. El impacto de esto dependerá del tipo de sanciones que se establezca, cosa en la que Estados Unidos jugará un papel clave. Inicialmente, se les han aplicado a algunos altos funcionarios del régimen y a Maduro. Como van de congelar sus bienes en Estados Unidos a prohibir hacer negocios con ellos, parece que la idea es cercarlos internacionalmente. Es probable, por ejemplo, que la declaración de Smartmatic tenga que ver con eso. Pero también pueden aplicarse medidas a la industria petrolera, aunque ello acarrea el riesgo de hacer aun más penosa la vida de los venezolanos y, sobre todo, de que suba el precio del combustible en Estados Unidos.

 

En cualquier caso, Donald Trump tiene un buen margen de acción. Una decisión de Chávez que tuvo justo el efecto contrario al esperado lo ayudó a esto. Como Venezuela cada vez le vendía menos petróleo a Estados Unidos para diversificar su mercado, actualmente a Trump le resultaría más fácil sustituir los 700 mil barriles que recibe de Venezuela por lo que puedan venderle otros proveedores. Por el contrario, Venezuela necesita cada vez más de Estados Unidos, porque los otros mercados son países que pagan a crédito, o con servicios y especies (Petrocaribe), o China, que ya pagó por adelantado en un fondo en el que no queda dinero, por lo que el petróleo que se le envía está hipotecado. El flujo de caja, entonces, lo produce el odiado imperio del Norte. Además, no es fácil colocar esos 700 mil barriles de crudo pesado en otros mercados, por lo menos no a buenos precios. Queriendo ser más independientes de Estados Unidos nos hicimos más dependientes que nunca.

 

Este es el contexto venezolano a 72 horas de la constituyente. Como se ve, comienza una travesía que se vislumbra larga y, lamentablemente, llena de turbulencias.

 

*Historiador venezolano, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas.

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Viernes, 28 Julio 2017 06:49

Venezuela prohibió realizar protestas

Venezuela prohibió realizar protestas

El Ministerio Público confirmó la muerte de un hombre de 49 años en el estado central de Carabobo, de un adolescente en el barrio popular de Petare, en el este de Caracas, y de dos jóvenes en la región andina de Mérida.

 

La huelga general de 48 horas en Venezuela dejó ayer cuatro muertos y la prohibición del gobierno de Nicolás Maduro de realizar protestas. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) respondió con la promesa de tomar el país. En el segundo día de paro, el Ministerio Público confirmó la muerte de un hombre de 49 años en la localidad de Naguanagua, en el estado central de Carabobo, de un adolescente en el barrio popular de Petare, en el este de Caracas, y de dos jóvenes en la región andina de Mérida en el primer día de la huelga, que con el hombre de 30 años fallecido el miércoles en el Ejido elevó el saldo de muertos a cinco. Caracas anunció que suspenderá desde hoy todas las manifestaciones públicas que puedan perturbar el desarrollo de la elección a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que se celebra el domingo, y dijo que su incumplimiento provocará sanciones penales. La opositora MUD redobló la apuesta. “Frente a otra violación de los derechos del Pueblo plasmados en la Constitución, mañana (por hoy) será la Toma de Venezuela y no Caracas”, sentenció el líder opositor Henrique Capriles, al confirmar que la marcha tendrá lugar en todo el país y no sólo en la capital, como estaba previsto inicialmente. El chavismo cerró su campaña electoral con un multitudinario acto en Caracas y pidió a los venezolanos votar en masa en los comicios para elegir a los más de 500 miembros que conformarán la ANC, que redactará una nueva Carta Magna.


El Ministerio del Interior informó la inhabilitación de los actos. “Se prohíben en todo el territorio nacional las reuniones y manifestaciones publicas, concentraciones de personas y cualquier otro acto similar que puedan perturbar o afectar el normal desarrollo del proceso electoral”, dijo el ministro Néstor Reverol. En tal sentido, el funcionario advirtió que “quien organice, sostenga o instigue a la realización de actividades dirigidas a perturbar la organización y funcionamiento del servicio electoral o de la vida social del país será penado con prisión de cinco a diez años”.


Además, las Fuerzas Armadas venezolanas tomarán el control de varios cuerpos estatales y municipales de la Policía desde hoy hasta que finalice el proceso electoral del domingo. “Hemos acreditado un personal de oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que estarán encargados y tendrán el control operacional de los cuerpos estatales de Policía y 19 cuerpos municipales de Policía”, anunció Reverol, en una intervención conjunta con los titulares de Defensa y del Poder Electoral. El ministro adelantó, además, que habrá un control excepcional de los puntos fronterizos, quedará prohibida la venta de alcohol y el desplazamiento de maquinaria pesada. También se ratifica la prohibición de comercializar artefactos pirotécnicos y de elevación por combustible sólido.


Las elecciones a la Constituyente llegan en medio de numerosos actos de desobediencia civil promovidos por la oposición para impedir un proceso que considera fraudulento. Gobernadores y alcaldes de la oposición tienen bajo sus órdenes algunos de los cuerpos de Policía regional que serán intervenidos a partir de hoy.


En ese contexto, la coalición de partidos opositores nucleados en la MUD convocó para hoy a una movilización como parte de una fase superior de presión para que el gobierno del presidente Maduro retire su propuesta a la elección Constituyente. “Régimen anunció que no se puede manifestar hasta el martes. Responderemos con TOMA DE VENEZUELA (sic) mañana (por hoy)”, escribió la coalición opositora en la red social Twitter, después de que el Ministerio del Interior anunciara la prohibición de las reuniones y manifestaciones públicas.


Antes, la oposición había llamado a todos los venezolanos a acudir a la capital el viernes para lo que bautizó como “la toma de Caracas” y redobló ahora su apuesta por esta actividad de protesta refiriéndose a ella como la “toma de Venezuela”. La marcha es la última acción de protesta anunciada por la MUD hasta el momento para intentar detener la ANC, un proceso visto por la oposición como un intento de “consolidar la dictadura” por parte del chavismo.


El miércoles comenzó en Venezuela una huelga general de 48 horas acatada parcialmente y en la que murieron, en el marco de los enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad, al menos cinco personas. Numerosos comercios mantuvieron ayer sus persianas bajas y muchas calles siguieron cerradas al tráfico por ciudadanos que exigieron la renuncia del presidente Nicolás Maduro. “Cumplimos más de 24 horas del Paro Cívico, 24 horas para que se respete la voluntad del pueblo y detengan el fraude”, escribió en Twitter el diputado opositor Stalin González, en alusión a la ANC.


Además de llamar a un paro de la actividad laboral y empresarial que fue apoyado por Fedecámaras, la patronal venezolana, y por más de 350 organizaciones sindicales no oficialistas, la MUD pidió a los detractores de Maduro que cortaran las calles, y así lo hicieron con bolsas de basura, muebles y otros objetos. La Guardia Nacional Bolivariana disparó balas de goma y gases lacrimógenos en varios puntos del país para despejar las calles y dispersar a los manifestantes, que en algunos casos respondieron lanzando piedras y lo que tenían a mano contra los agentes. Según la organización pro derechos humanos Foro Penal, 159 personas (100 de ellas en el estado occidental Zulia) fueron detenidas durante las protestas y en redadas a domicilios que el grupo calificó de arbitrarias e ilegales. Más de cien personas murieron, según la Fiscalía, en las protestas antigubernamentales que empezaron el 1 de abril, y las autoridades detuvieron a más de 4.500 personas.


En un marco de crisis política, Maduro lideró ayer el cierre de campaña y pidió “a los ardientemente patriotas” y a quienes dudan que ejerzan el derecho al voto en paz para garantizar una gran fiesta electoral. “Yo ya hice mi parte, compatriotas, ahora les toca a ustedes hacer lo suyo, salgan a votar el domingo 30 de julio y hagamos historia de la grande nuevamente”, señaló. El presidente venezolano convocó a la Constituyente el 1 de mayo, cuando su Gobierno enfrentaba protestas en reclamo de elecciones anticipadas, la liberación de los llamados presos políticos, la apertura de un canal humanitario y el cese de la persecución a opositores. Pero la coalición de partidos opositores Mesa de la Unidad Democrática rechazó los comicios, en los que no participará, y anunció una serie de acciones para intentar frenarlos. En tal sentido, Maduro dijo que tiene “una gran fe en el pueblo” y auguró “una avalancha de votos”, que romperá los récords de participación electoral en el país petrolero.

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Trump, el Brexit y las protestas marcan una cumbre mundial cargada de tensión

El poder político mundial chequea sus tensiones y temores en una cumbre en la que el aislacionismo de Trump y su tendencia al estrés institucional convivirán con la manifiesta incapacidad del grupo para resolver los retos que lleva una década planteándose


El poder mundial chequea la resistencia de sus costuras este fin de semana en Hamburgo, donde, entre multitudinarias protestas contra los tratados internacionales de comercio y los recortes de libertades, los presidentes de los estados teóricamente más poderosos y/o económicamente potentes del planeta celebran la decimosegunda cumbre del G-20.


El foro, que reúne a los dirigentes de los países del G-7, la UE y otros doce estados entre los que destacan los BRIC (Brasil, Rusia, India y China, 28 billones de dólares de PIB), México, Indonesia y Turquía, se reúne de nuevo tras nueve convulsos meses (“turbulentos”, en palabras de Donald Tusk, presidente del Consejo de Europa) que han puesto sobre la mesa la fragilidad de sus equilibrios.


Las cosas han cambiado mucho desde que el G-20 se reuniera a primeros de septiembre del año pasado en la ciudad China de Hangzou. En cuanto al reparto, se estrenan un aislacionista Donald Trump que colecciona focos de tensión política y económica, un Emmanuel Macron que encadena dimisiones de ministros mientras siente en la nuca el aliento electoral de la antieuropeista Marine Lepen, presidentes bajo sospecha como el brasileño Michel Temer, una Theresa May con tendencia a apuntar hacia su zapato y una UE que, políticamente convulsionada por el Brexit, no acaba de saber qué será dentro de unos años, cuando decrezca.


Refugiados, África, elusión fiscal


En lo que se refiere al guión, siguen sobre la mesa buena parte de los asuntos que centran sus cumbres desde su inicio en 2008, aunque con mayores tensiones en unos ámbitos, como ocurre con las políticas de cambio climático tras el abandono del Acuerdo de París por EEUU y con las políticas comerciales tras el cambio de posición de EEUU con el TTIP, y con manifiestas muestras de incapacidad para resolver otros como la crisis de los refugiados y los migrantes, el desarrollo del continente africano (Guinea y Senegal, por la Unión Africana y la Nueva Asociación para el Desarrollo de África, reforzarán la solitaria presencia de Sudáfrica en el grupo), la llamada lucha contra el terrorismo internacional (con Arabia Saudí en la mesa), las políticas contra la elusión fiscal o el diseño, casi una década después de que la crisis de las hipotecas basura hiciera tambalear la economía planetaria, de un sistema monetario y financiero resiliente.


Objetivos, tareas pendientes y misiones imposibles se entremezclan y confunden en el G-20, cuyas cumbres, como las del G-7 y otros foros similares, no suelen dar lugar a acuerdos prácticos y efectivos aunque en ocasiones sí generan declaraciones de intenciones.


En esta ocasión, sin embargo, el foco de atención va a estar en si el propio grupo se resiste a sí mismo en su primera edición con un Trump que hace bandera del aislacionismo económico y comercial mientras colecciona encontronazos con países como China, Alemania y México (aliados comerciales de EEUU hasta hace unos meses), mientras asuntos como la guerra de Siria y las presuntas ciberinjerencias electorales de Rusia tensan las relaciones de este último país con otros miembros del foro.


“Forjar un mundo interconectado”, es el paradójico lema elegido por la presidencia alemana para la cumbre que Europa considera “ideal” para tratar medidas contra el tráfico de seres humanos a través del Mediterráneo, aunque Tusk, que aboga por que una UE en crisis hable “como una sola voz” en Hamburgo, admite que medidas como crear una lista internacional de traficantes requiere el acuerdo previo de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Aunque la forma pretenda proclamarlo, nadie sostiene en el fondo la ilusión de una reunión de iguales.


La UE aparenta unidad


Naciones Unidas es uno de los principales invitados de la cumbre, a la que también asisten representaciones del Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, el FMI, la OIT, la OCDE y, por vez primera, la Organización Mundial de la Salud (OMS). España es el único Estado invitado permanente, mientras que en esta edición también estarán presentes Noruega, Holanda, Singapur y Vietnam.


La UE, el único sujeto colectivo con plaza estable en el G-20, comparece, tras el estruendoso diálogo de sordos de la cumbre del G-7 de mayo, en pleno tratamiento de autoestima tras el Brexit, el resultado de la primera ronda de las presidenciales francesas y de las legislativas holandesas y la deriva autoritaria de algunos socios como Polonia. “Una Unión fuerte y decidida es el mejor modo de promover nuestros valores e intereses, apoyar un sistema a base de reglas multilateral, y en última instancia (sic) proteger y defender a ciudadanos”, señalan Tusk y el presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, en una carta a los presidentes y jefes de Estado, en la que admiten cómo “muchos ciudadanos en Europa y en otros lugares todavía se sienten olvidados por la recuperación económica y son aprensivos con la globalización”.
La delegación europea se muestra ahora, vistos sus efectos intensificadores de la desigualdad, partidaria de abandonar las políticas austericidas para regresar al keynesianismo. “Trasladaremos una postura común para mejorar la eficacia y la composición de los fondos públicos para que lleven al crecimiento y la equidad”, señalan Juncker y Tusk, que consideran “necesaria” una “atención particular” a la inversión en infraestructuras y la eficacia de los sistemas de seguridad social.


Puntos de desencuentro entre EEUU y Europa


No parece que ese vaya a ser el único punto de desacuerdo entre la UE y EEUU, quizás menos distantes en materias como la aplicación de medidas de censura en internet con la excusa de atacar las vías de propaganda del terrorismo islamista. La lista de desencuentros incluirá, a priori, materias como la actuación ante el cambio climático (el acuerdo de París “no es renegociable” para Bruselas), la creación de una lista de paraísos fiscales y la aplicación de sanciones si no se adecúan a los estándares de transparencia financiera, la financiación de la lucha contra el terrorismo o el diseño de un nuevo sistema financiero internacional con el FMI como eje.


La crisis de los refugiados será otro de los ejes de las sesiones del G-20, en el que la delegación de la UE señalará el desplazamiento forzado y la migración irregular como “los principales desafíos globales”, aunque sin abandonar su política de externalización de fronteras en países como Turquía y Marruecos sino, más bien al contrario, abogando por reforzarla y por fomentar la “vuelta rápida “ de los migrantes a sus territorios de origen al mismo tiempo que su integración en los mercados de trabajo europeos.
Europa pretende combinar esa política de impermeabilización de sus fronteras con otra de desarrollo económico en África para, movilizando 44.000 millones de euros públicos y privados hasta 2020 en inversiones tuteladas, “contribuir al abordaje en origen de las causas de la migración irregular y la radicalización” en países como Costa de Marfil, Etiopía, Ghana, Marruecos, Ruanda, Senegal y Túnez


Violentos choques entre manifestantes encapuchados y policías en la antesala de la cumbre del G20 en Hamburgo


“No sirven estos encuentros de caviar y champán”

Página12

 

Unas 12.000 personas se reunieron en Hamburgo para protestar contra la política de las principales potencias industrializadas.

 

La protesta más temida contra la cumbre del Grupo de los Veinte países industrializados y emergentes que comienza hoy en Hamburgo acabó ayer en choques violentos entre manifestantes encapuchados y agentes policiales.


Mientras los poderosos del mundo aterrizaban en la ciudad del norte alemán para participar en la Cumbre del Grupo de los Veinte, miles de manifestantes se reunían con la promesa de convertir el evento en un “infierno” y formar “el mayor bloque negro de Europa”.


Unas 12.000 personas se reunieron bajo un sol radiante en la plaza del Mercado del Pescado de Hamburgo junto al río Elba para dar rienda suelta a su descontento con la política de las principales potencias industrializadas y emergentes y más tarde marchar por la ciudad en la protesta más temida por las autoridades.


Una variopinta comunidad de antisistemas, punks y radicales de izquierda de distintos países de Europa, pero también de ecologistas, jóvenes estudiantes y veteranos de la revolución estudiantil de mayo de 1968 pobló la plaza, muchos vestidos de negro. “Venimos acá porque nuestro primer objetivo es un mundo sin identidades nacionales”, explicó Norman, un estudiante de arte que llegó a Hamburgo a dedo junto con su compañera Vanessa. “Estos encuentros de caviar y champán no son importantes y es lo que queremos dejar claro”, lo secundó su amiga.


“La forma masiva y dura en que ha actuado hasta ahora la Policía motiva a la gente a probar cosas”, opinaron los estudiantes. “No hemos venido a armar lío, pero si intentan detenernos, no seremos nosotros los responsables”, lanzó la advertencia Kemal, un kurdo residente en Alemania que blandía una gran pancarta en la que demandaba “Un mundo sin imperialismo ni fronteras”.


La protesta fue organizada por un grupo de antisistemas en torno al centro “Rote Flora”, un antiguo teatro ocupado desde 1989 que suele ser escenario cada 1 de mayo de violentos choques con las fuerzas de seguridad. Los organizadores esperaban la asistencia de unas 10.000 personas, pero llegaron más. La Policía calculaba que entre ellas podría haber hasta 8.000 violentos y manifestó especial temor a cómo se comportará el cerca de millar de activistas llegados de países como Grecia, Italia, Francia o Escandinavia.


Un tren fletado especialmente arribó esta mañana proveniente de Basilea llevando a unos 800 militantes del extranjero. El convoy tardó en vaciarse debido a que todos los pasajeros fueron controlados por la Policía. Dos italianos con antecedentes de violencia fueron interceptados en el aeropuerto y devueltos a su país.


A primera hora de la tarde reinaba la calma antes de la tormenta. Grupos de música como la banda punk “Die Goldenen Zitronen” (“Los limones dorados”) con el tema “Si fuera una zapatilla” sobre la facilidad con que las zapatillas cruzan las fronteras y la dificultad de los seres humanos para hacerlo se alternaban sobre un escenario con oradores de distintas partes del globo.


Entre ellas destacó la activista mexicana María Trinidad Ramírez, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de la localidad de San Salvador Atenco, en la que está prevista la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México en contra de la voluntad de lugareños y campesinos. “(El presidente Enrique) Peña Nieto no nos representa a los mexicanos. Representa al despojo de las tierras, la violación a los derechos humanos de los pueblos originarios”, sostuvo Ramírez, mientras en el público gritaban “Zapata vive y vive” en solidaridad con el movimiento zapatista mexicano.


Los temores se confirmaron unas horas más tarde, cuando la columna de manifestantes quiso ponerse en marcha y cerca de un millar se tapó la cara, algo que está prohibido en Alemania, y lanzó botellas y tablones a la nutrida dotación de policías en el lugar, según dijo la Policía.


Las fuerzas del orden contestaron con cañones hidrantes y gas pimienta y demandaron al resto de los manifestantes a separarse del llamado “bloque negro”. Hubo heridos y la protesta se dio por terminada, pero algunos grupos siguieron protagonizando destrozos.


El tema de la seguridad ha sido una obsesión para los organizadores del G20 en Hamburgo. Unos 20.000 policías de todo el país están destacados en la ciudad. En la antesala del encuentro se produjeron los primeros choques entre manifestantes y policías en los que también los agentes emplearon cañones de agua y gas pimienta. El duro accionar policial fue criticado en las redes sociales.


La manifestación “Bienvenidos al infierno” es una de casi una treintena de marchas, actos y bloqueos organizados en Hamburgo para protestar contra los poderosos del mundo. El punto culminante será la gran marcha programada para el sábado, el último día de la cumbre, a la que se espera la participación de hasta 100.000 personas.

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Viernes, 23 Junio 2017 15:59

Doña Juana: una mala vecina

Doña Juana: una mala vecina

A treinta años de su apertura, el panorama sobre el botadero Doña Juana es sombrío. El próximo 27 de septiembre se cumplen veinte años del inmenso derrumbe que extendió por todo el sur capitalino el olor de la podredumbre allí enterrada, y que evidenció el pésimo manejo dado al relleno, donde la ganancia de los operadores se antepone a la vida de pobladores y trabajadores del basurero.

 

En una nueva fase de lucha, la Asamblea campesina y popular por el cierre del botadero “Doña Juana” sesionó el pasado 20 de mayo en dos espacios situados en la vereda Mochuelo Alto, localidad de Ciudad Bolívar: su salón comunal y el Colegio Distrital José Celestino Mutis. La sesión es la concreción de lo concertado por la comunidad urbano rural de la Cuenca del Rio Tunjuelo, en su persistente lucha contra la ubicación de este depósito de desechos, el mismo que la afecta desde hace casi treinta años.

 

Superando maniobras e intrigas. La administración distrital y el concejal de la Alianza Verde Jorge Torres, trataron por todos los medios de sabotear la asamblea convocada por campesinos y pobladores, y para ello convocaron a la misma hora en el Colegio Distrital José Celestino Mutis una asamblea, que como lo tituló un diario capitalino el 19 de mayo, buscaba “Un debate para hablar en serio del futuro del relleno Doña Juana”, pero ni debate serio ni propuestas de futuro por parte de los funcionarios y contratistas de las diferentes entidades presentes, ni menos de los llamados entes de control. Toda una farsa que se convirtió en una “asamblea de chaquetas” e informes, hasta que se hicieron presentes los asambleístas.

 

El alcalde Enrique Peñalosa, buscando ambientar la farsa, estuvo el día anterior en la misma institución educativa, encontrándose con la confrontación de los mismos estudiantes que lo tildaron de mentiroso, expresándole de manera abierta que “no lo queremos en este colegio y territorio”.

 

No pudieron concretar su farsa. Ante la falsa asamblea convocada por el concejal y la Alcaldía, campesinos y pobladores, en actitud de dignidad y expresión de la rabia sentida por la manipulación en marcha, dejaron su asamblea y se desplazaron al colegio en donde funcionarios y contratistas no pudieron escabullirse, obligados a escuchar a la comunidad, para luego balbucear frases que muy pocos de los asambleístas escucharon o entendieron.

 

Algo de historia

 

Corría el año 1985 cuando la comunidad que habita la localidad de Usme se entera de que abrirán un relleno sanitario en su territorio. La inconformidad no tarda en expresarse: visionando los perjuicios que éste ocasionaría, declaran un paro local. Al frente de la iniciativa estuvo el líder comunal Gerardo Santafé. Sería ésta la primera de muchas protestas, con asiento en el río Tunjuelo, ocasionadas por el que sería conocido como relleno Doña Juana.

 

Las protestas no logran contener el desafuero. El basurero, finalmente localizado en la zona rural de la localidad de Ciudad Bolívar, pero sobre la misma cuenca del Río Tunjuelito, empieza a recibir desechos desde noviembre de 1988, y no son pocos, ya que cada día recibe seis mil doscientas (6.200) toneladas de basura proveniente de toda la ciudad, además de algunos municipios circunvecinos; basura ingresada por 800 a 900 vehículos compactadores. El área total utilizada para el mismo se extiende a quinientas noventa y dos (592) hectáreas. Su inauguración oficial corrió a cargo del otrora alcalde Andrés Pastrana, era el año de 1989, en el cual también pasó a cargo de la empresa española Prosantana Ltda.

 

Casi diez años después de su apertura, el 27 de septiembre de 1997, ocurrió el derrumbe de un millón de toneladas de la Zona II, lo que obliga a la alcaldía bogotana a declarar una emergencia sanitaria. No era para menos. Producto de este desastre ambiental fueron atendidos cerca de treinta mil personas; siete veredas y novecientos dos barrios del sur de Bogotá padecen el efecto del derrumbe, como lo confirmó la Sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca 05/2007.

 

Cambio de tercio. A partir de marzo de 2000 el consorcio español Proactiva Doña Juana ESP contrató la operación del relleno, la misma que desde el 2010 pasó a control del Centro de Gerenciamiento de Residuos –CGR– Doña Juana S.A E.S.P de Brasil, bajo la licencia ambiental dispositivas de las Resoluciones 1351 de 2014 y 2320 de 2014 de la CAR.

 

El sur que resiste al modelo de ciudad

 

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) (Decreto 619 de 2000), en su artículo 425 señala zonas de suelo rural, con una extensión de 500 hectáreas, las cuales se reservan para estudiar su posible adecuación futura como ampliación del relleno sanitario de Doña Juana. La mencionada área de expansión implica el desalojo de ciento veintitrés predios de la vereda Mochuelo Alto, predios fértiles habitados por familias campesinas productoras de papa, arveja, haba y ganado; además de la afectación sanitaria y ambiental de las veredas Pasquilla, Mochuelo Alto y Bajo, Quiba Alta y Baja y barrios de las localidades de Usme y Ciudad Bolívar.

 

La comunidad rechazó la expansión, negándose a vender sus predios. La administración distrital decide iniciar estudios para expropiarlos por vía administrativa, con el argumento del beneficio colectivo (la población de Bogotá), sobre el beneficio particular (la población de los ciento veintitrés predios). Los pobladores de la veredas Mochuelo Alto y Bajo, apoyados por usuarios del acueducto de Aguas calientes que surte de agua los barrios de Mochuelo Bajo (Lagunitas, Barranquitos, Paticos, La esperanza, Vista Hermosa) y habitantes de las localidades del sur de Bogotá, inician jornadas de protesta que desembocan en dos paros que bloquean Doña Juana, en el segundo de ellos –realizado el diecinueve de diciembre del 2005– se declaran en “Asamblea Permanente por el Cierre del Basurero”, ante lo cual la administración distrital inicia un proceso de diálogo que no culmina en adelantos concretos.

 

La resistencia continúa. Corría la alcaldía de Luis Eduardo Garzón, y en el mismo momento en que se realiza la apertura de la “Semana Ambiental Distrital” en el auditorio del Centro de Alto Rendimiento, los miembros de la “Asamblea Permanente” se toman el evento principal, exigiendo la no expansión del relleno. El entonces alcalde, Luís Eduardo Garzón manifiesta su decisión de no expandir el relleno e iniciar mesas de concertación con la comunidad para compensar el daño y pagar la deuda social. Con el transcurrir de las siguientes administraciones los acuerdos se incumplen, las afectaciones aumentan y otro gran derrumbe de setecientas cincuenta toneladas de basura ocurre el 2 de octubre de 2015.

 


Incumplimientos, y engaños, que proceden desde el mismo momento en que es abierto el basurero en esta parte de la ciudad, durante los cuales lo único ofertado a las comunidades es envenenar sus familias y casas para controlar las plagas y enfermedades. Todo con la complicidad de la institucionalidad que no ha tenido la honestidad de denunciar este genocidio ecológico y de impactos socioambientales. Las tecnologías probadas de manejo de basuras eficiente, existen y han sido propuestas al Distrito, pero la corrupción, la ambición y el desprecio por los pobladores del Sur, no han permitido su implementación. Como es conocido, la administración proyecta continuar con este basurero, expandiéndolo, como está expreso en la propuesta de nuevo POT.

 

Sin dar el brazo a torcer. En asamblea realizada el 5 de marzo del presente año en la vereda Mochuelo Alto, la comunidad urbano rural de la Cuenca del Rio Tunjuelo, informó al operador del basurero, a la Administración Distrital, a la CAR –como autoridad ambiental–, a los entes de control (Personería, Contraloría, Procuraduría), la decisión de otorgar un último plazo para la concertación de una solución definitiva a esta problemática, para lo cual exigen la presencia en la Vereda Mochuelo Alto del Alcalde distrital y el fiscal general de la Nación. De no contar con su presencia, o no llegar a un acuerdo, darán inicio al paro cívico desde el sur de Bogotá, convocando a todas las comunidades de Bogotá y de la Sabana que se encuentran en conflictos socio ambientales, a la conformación de una Asamblea de Negociación Popular Conjunta, con los entes territoriales y el gobierno nacional.

 

La agenda a seguir

 

En esta misma asamblea, la comunidad expuso, de manera firme y contundente, sus peticiones: convocar a la realización de una consulta popular para el cierre definitivo del basurero Doña Juana y el pago, por parte de las instituciones correspondientes, de la deuda social por treinta años de afectación en el medio ambiente, la salud, bienestar y dignidad.

 

Exigir la declaratoria de emergencia socio ambiental para el sur bogotano, que implica la implementación de medidas técnicas necesarias por parte de la Administración Distrital, para así mitigar los malos olores y proliferación de ratas y moscos en la zona de influencia del botadero. También, iniciar los trámites para la vinculación formal a la nómina del Distrito Capital de los trabajadores del basurero. Una tarifa diferenciada, en el pago de los servicios públicos, para la población afectada por el basurero. E implementar una atención médica diferencial y especializada a la población afectada por el basurero.

 

Al iniciar el camino para realizar un paro cívico de los pobladores del sur, exigimos la implantación de empresas sociales para el aprovechamiento energético de residuos al interior de Doña Juana, como alternativa para el pago de la deuda social y resarcimiento de daños ocasionados por el relleno a lo largo de tres décadas. Asimismo, declarar el área de influencia del basurero en el POT como área especial para la aplicación de tecnologías sociales, desde donde se promueva el salto cultural que requiere la sociedad bogotana.

 

En igual sentido, la asamblea conmina al alcalde Enrique Peñalosa Londoño y a sus funcionarios de gabinete, a que se presenten ante la asamblea y públicamente expongan las decisiones que su administración ha tomado frente a las demandas de los campesinos y pobladores afectados por el basurero.

 


 

Recuadro

 

Principales daños del relleno

 

Contaminación del río Tunjuelo por vertimiento de lixiviados. Según la firma interventora Unión Temporal Colombo Canadiense (Utcc), los resultados obtenidos a partir de estudios realizados durante los primeros seis meses del año 2003, reflejaron el continuo incumplimiento de la resolución 3358 de 1990, en parámetros como: hierro, grasas y aceites, DBO5 (demanda biológica de oxígeno que mide posterior a cinco días el grado de contaminación), plomo, níquel y cadmio.

 

De manera adicional, según el Estudio de Impacto Ambiental relleno sanitario Doña Juana Zona VIII realizado en 2000, la mezcla de todo tipo de desechos independientemente de su origen y características, refleja el inadecuado manejo de los residuos, sumado a la modificación de los cauces naturales como las quebradas: Puente Tierra, que fluía por las zonas VII y VIII, El Botello, que fue desviada y canalizada, al igual que Hierbabuena y el cauce de la quebrada Puente Blanco por la disposición de materiales de excavación.

 

En julio de 2006, la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle, realizó la evaluación del impacto del Relleno Sanitario Doña Juana, (RSDJ) en la salud de grupos poblacionales en su área de influencia, dando como principales conclusiones que: “Dadas las características geomorfológicos de la región, cabe la posibilidad de que se genere contaminación en aguas que pueden llegar a ser utilizadas para el consumo agrícola y humano, la presencia de un alto número de moscas en la zona expuesta, verificada por los investigadores y referida por los habitantes del área, puede deberse a que la cobertura de las basuras en el RSDJ no se realiza con la frecuencia adecuada, este estudio muestra que la velocidad de crecimiento de los niños entre 0 a 3 años es menor en la zona expuesta al RSDJ que en la zona control, en la población de 1 a 5 años, la exposición al relleno sanitario se asoció a una mayor probabilidad de presentar síntomas irritativos, se encontró que, los adultos mayores de 50 años residentes en la zona expuesta al RSDJ presentaron mayor frecuencia de síntomas respiratorios en comparación con los residentes en el área control, es de esperar que las personas que viven cerca del RSDJ, dado que tienen más síntomas respiratorios, síndromes respiratorios más severos y un menor flujo espiratorio pico, tengan una función física menor que las personas de la zona control”.

Publicado enEdición Nº236
Lunes, 12 Junio 2017 06:46

¿Al borde?

¿Al borde?

Con toda la atención en el espectáculo Trump, a veces no se logra ver que toda esta amenaza derechista histérica y patética es el último grito de las fuerzas más retrogradas de Estados Unidos ante un amanecer de otro país y, potencialmente, de una gran era progresista.

Vale recordar que para mediados de siglo los blancos dejarán de ser mayoría por primera vez desde la fundación del este país; la generación millennial es la más diversa por raza, etnia y origen geográfico en la historia del país: son el futuro. Las bases de Trump son el pasado.

Al mismo tiempo, la desigualdad económica ha llegado a su punto más alto desde poco antes de la Gran Depresión, y las políticas actuales de Trump están dedicadas a agudizar aún más esa disparidad. La consecuencia política de esto es la percepción popular de un sistema rehén de intereses de los más ricos y poderosos, y eso fue en gran parte lo que alimentó las insurgencias de la derecha con Trump, al igual que la progresista de Bernie Sanders en el ciclo electoral de 2016.

Ahora, el temor que está al centro de la vida política de este país a lo largo de su historia, la realidad de que el sueño americano ha quedado anulado y los cambios demográficos y sociales han generado tormentas perfectas para las fuerzas más reaccionarias, pero también para las progresistas. El duopolio partidista actual ya no representa a las mayorías del país. Mientras Trump es el presidente novato más reprobado de la historia (tiene sólo 39 por ciento de aprobación), eso no se ha traducido en un gran apoyo para los demócratas (sólo tienen 38 por ciento de aprobación).

Aunque la derecha "ganó", su rechazo popular manifestado en movilizaciones masivas en los primeros meses de este año –algunas sin precedente– muestra una sociedad que no puede ser, más bien que rehúsa ser, definida por Trump.

Las acciones masivas ya no son tan frecuentes, pero eso no necesariamente significa una reducción de esfuerzos de resistencia y en favor de un cambio progresista en medio de una de las épocas más oscuras de este país.

A la vez, se tiene que subrayar que ésta sigue como una sociedad generalmente desmovilizada, fragmentada, con una amnesia histórica deslumbrante, y con sus grandes organizaciones sociales en su momento más débil, sobre todo los sindicatos y las que nacieron de movimientos por los derechos civiles. Pero a pesar de ello, hay señales de vida de una nueva (y vieja) ola progresista por todas partes, hasta en lugares que no se pensaba que podría existir tal cosa.

Por un lado, ni Sanders ni los sanderistas han desaparecido. Este fin de semana más de 4 mil activistas ambientalistas, laborales, indígenas, de Black Lives Matter, junto con estrategas, intelectuales, artistas y sindicalistas se reunieron en Chicago en la Cumbre del Pueblo para nutrir e impulsar una ola de candidatos progresistas que están ingresando a elecciones locales, estatales y federales para continuar promoviendo la "revolución política" bautizada por Sanders. Esa cumbre, entre otras iniciativas, fue convocada por organizaciones que nacieron de la campaña del "socialista democrático" el año pasado, incluyendo Our Revolution, People for Bernie , con aliados clave, como el sindicato de enfermeras National Nurses United.

El sábado, Sanders declaró ante esa cumbre que la dirección actual del Partido Demócrata es "un fracaso absoluto" y afirmó que ese partido "requiere de un cambio fundamental, lo que necesita es abrir sus puertas a gente trabajadora, a los jóvenes, a personas de la tercera edad y a los que están preparados para luchar por la justicia social y económica".

Lo que ocurrió en Gran Bretaña, con el sorprendente resultado para las fuerzas de Jeremy Corbyn, por supuesto alimentó el optimismo entre estas filas, ya que comparten el mismo prisma político.

La semana pasada se anunció la formación del Sanders Institute, como una especie de think tank, integrado, entre otros por los profesores Jeffrey Sachs, Robert Reich y Cornel West, figuras culturales como Harry Belafonte y Danny Glover.

Por otro lado, desde cada esquina del país, casi todos los días, se reportan expresiones de rebelión y desafío encabezadas por un mosaico extraordinario: inmigrantes (sobre todo los jóvenes dreamers), indígenas, ambientalistas, pacifistas, religiosos, estudiantes, artistas y defensores de derechos y libertades civiles, todos confrontando la ofensiva derechista de Trump mediante multitud de iniciativas locales, estatales y regionales.

También hay respuestas más institucionales, respaldadas por ciudadanos y la opinión pública. Cientos de ciudades, universidades y organizaciones ambientalistas no sólo denunciaron el retiro de Washington del Acuerdo de París sobre cambio climático, sino que están impulsando pactos autónomos con la Organización de las Naciones Unidas para cumplir el acuerdo. Los alcaldes de Pittsburgh y París escribieron un artículo conjunto en el New York Times en el cual se comprometieron a la cooperación ambiental después de que Trump comentó en un discurso que él había sido electo para representar a los ciudadanos de Pittsburgh, no de París.

Vale reiterar que tal vez la respuesta más potente es la que se expresa en el ámbito cultural, tanto en el sector comercial como en el independiente. En cines, teatros, música, televisión y más se ofrece un mosaico de denuncia, crítica, sátira e invitaciones a algo más noble. Esto se puede ver en cosas curiosas como que la película más exitosa del momento La Mujer Maravilla, amazona cuya misión es poner fin a las guerras al combatir los hombres macabros que las promueven, o que la canción más exitosa del momento, Despacito, es en español. Ese no es el Estados Unidos de Trump.

En la disputa entre el oscurecer y el amanecer de este país, también está en juego el futuro de este mundo. Por tanto, el futuro de este país no puede quedar sólo en manos de los estadunidenses.

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Unos 14 militares venezolanos están detenidos desde abril

Las fuerzas de seguridad de Venezuela arrestaron al menos a 14 militares sospechosos de "rebelión" y "traición" a principios de abril, en la primera semana de protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, según documentos obtenidos por Reuters.

Los efectivos, incluidos coroneles y capitanes, están detenidos en la prisión militar de Ramo Verde, en las afueras de Caracas, de acuerdo con lo que figura en las listas de detenidos que circulan entre los uniformados.

Los documentos indican que los casos eran "procesados" y no quedó claro si los detenidos han sido formalmente acusados.

Las listas surgen en medio de acusaciones de líderes de la oposición sobre una supuesta purga dentro de las fuerzas armadas para aplastar la disidencia generada por la represión a las masivas manifestaciones contra el gobierno socialista.

Los documentos vistos por Reuters dan cuenta de arrestos realizados hasta el 8 de abril. Después de esa fecha líderes de la oposición y activistas de derechos humanos dicen que más soldados han sido detenidos.

El alto mando militar ha respaldado la acusación de Maduro de que la oposición impulsa una "insurrección armada" que busca un golpe de Estado para derrocarlo con el apoyo de Estados Unidos.

El Ministerio de Información y las Fuerzas Armadas no respondieron a las solicitudes de información de Reuters.

La semana pasada medios pro oposición publicaron el video de un supuesto sargento de la Marina venezolana que expresa su disidencia y apremia a sus colegas a desobedecer a los superiores "abusadores" y "corruptos". Reuters no pudo confirmar su identidad ni su paradero.

La Guardia Nacional ha contenido las protestas con gas lacrimógeno, cañones de agua y balas de goma lanzados contra jóvenes que arrojan piedras, cocteles molotov y bombas de excremento, llamadas puputov.

En este contexto, Alexis Ramírez, gobernador oficialista del estado occidental de Mérida, confirmó la muerte de Edward José Paredes, de 25 años, herido el lunes en medio de una manifestación opositora en la que no participaba. El joven llevaba a su papá para ingresarlo al Centro Médico de Diagnóstico Integral, que "era asediado por motociclistas", precisó Ramírez.

Con el fallecimiento de Paredes suman 66 los muertos desde que empezaron las manifestaciones contra el gobierno hace dos meses. El Ministerio Público contabiliza además mil 276 lesionados y más de 400 detenidos.

En Ginebra, la embajadora estadunidense ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Nikki Haley, acusó al gobierno venezolano de destruir los derechos humanos y le apremió a abandonar el Consejo de Derechos Humanos, a lo que Caracas replicó que Washington "no tiene autoridad moral" en la materia.

"El gobierno de Venezuela está destruyendo los derechos humanos y la democracia en Venezuela", afirmó Haley durante un acto organizado por Estados Unidos al margen de la 35 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

El embajador venezolano, Jorge Valero, le respondió que es "insólito que el imperio estadunidense, que ha masacrado pueblos enteros con sus guerras preventivas y practica la tortura contra personas arbitrariamente detenidas en centros ilegales, se pronuncie contra nación alguna".

Ernesto Villegas, ministro de Comunicación e Información, declaró que "el verdadero plan de la ultraderecha no es derrocar a Maduro, sino consumar el exterminio de parte de la población en Venezuela".

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Sábado, 03 Junio 2017 08:34

Asonada en el pueblo de García Márquez

Asonada en el pueblo de García Márquez


Mientras Aracataca, el pueblo de Gabriel García Márquez, celebra el 50 aniversario de Cien años de soledad, las calles se convirtieron en escenario de violentos disturbios


Mientras Aracataca, el pueblo de Gabriel García Márquez, celebra el 50 aniversario de la publicación de Cien años de soledad, las calles del municipio se convirtieron la madrugada de este viernes en escenario de violentos disturbios y choque con las fuerzas de seguridad por los constantes cortes de luz.


Los manifestantes atacaron con piedras y objetos contundentes la Alcaldía y la sede local de Electricaribe, la filial colombiana de la compañía española Gas Natural Fenosa que el pasado marzo fue liquidada por el Gobierno de Juan Manuel Santos tras registrarse un agujero de casi 1.300 millones de euros por impagos. La eléctrica tiene unos 2,5 millones de clientes repartidos en siete departamentos del país. Y en el Magdalena es la responsable del suministro en los alrededores del municipio Zona Bananera.


El jueves, Aracataca, con una población de alrededor de 30.000 habitantes, estuvo afectada por cortes de energía a lo largo de todo el día. Entre primera hora de la mañana y las cuatro de la tarde y, de nuevo, a partir de la siete hasta entrada la madrugada. Explican los vecinos que los problemas de suministro son habituales en las poblaciones limítrofes, pero no tanto en Aracataca. "Fue por trabajos de mantenimiento, pero aquí no es frecuente. En Sevilla, sí", señala Carmelo Morelli en referencia a una comunidad cercana.


Las protestas, que dejaron a varios agentes heridos, fueron disueltas tras la intervención de la policía, que disparó gases lacrimógenos y se enfrentó a los manifestantes a centenares de metros de la casa natal de García Márquez.

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Al pueblo de Buenaventura, hoy, ni siquiera los truenos le silencia su voz de rebeldía


Bello puerto en el mar mi Buenaventura, donde la gente lucha y muestra bravura


Eres hoy gran ejemplo de fuerza y dignidad.


No esperaron al primer rayo de sol para custodiar el ingreso de tracto mulas con mercancía y agredir a todo aquél que tratara de evitar su paso por el Puerto. El 2 de junio, una vez más, el Esmad y el Ejército Nacional agredieron a la población de Buenaventura; pero una vez más, este pueblo le muestra al país su capacidad de resistencia.


Al amanecer, 3:00 am; amparados en la oscuridad, llegaron 2 tanquetas del Esmad y 2 del Ejército Nacional, policías motorizados y un helicóptero, todo un equipamiento como para un combate militar, pero en ese caso para rodear y tomar el control de los barrios Isla de la Paz, Oriente, Cima y Vía Alterna. Llegaron en silencio, con alevosía, desplegando toda su fuerza para atacar las viviendas y a las familias que allí residen; familias comprometidas con el impulso y defensa del paro; familias convencidas de la justeza de esta lucha. Unas pocas horas después, un camión que transitaba por el sector sufrió el impacto de las llamas. ¿Llamado de atención por su actitud violenta y de violación de los derechos humanos de decenas de familias que gozaban del derecho al descanso?


En otro territorio


Mientras en el ambiente de estos barrios aún los gases lacrimógenos lanzados por el Esmad no habían sido dispersados del todo por el viento y el ambiente en los barrios afectados era denso y de ira por lo sucedido, arribaban a Bogotá dos delegados del Comité Coordinador del Paro Cívico, asì como dos indígenas habitantes del sector La Delfina, para reunirse en la Procuraduría con delegados gubernamentales, espacio propiciado por Todd Howland alto comisionado de los derechos humanos de las Naciones Unidas para Colombia. No era para menos, en los organismos internacionales hay preocupación por los reportes de ataques y violación de los derechos que están sufriendo los bonaverenses.


El propósito de esta reunión no es negociar ni mucho menos, como informaron en horas matutinas los medios oficiosos de comunicación, los delegados viajaron a escuchar al gobierno frente a los constantes ataques que sufridos por cientos de personas que protestan de manera pacífica por parte del Esmad, la Policía y el Ejército, durante los 18 días de paro.


A la fecha, los ataques arrojan 300 heridos, de los cuales el 20 por ciento son niños, más dos madres gestantes que perdieron sus bebés a causa de los gases y ataques violentos por parte de la fuerza pública. La situación de violencia es tal, que de acuerdo con William Riascos, sacerdote de la Catedral de Buenaventura, los diálogos serán suspendidos hasta que el Esmad no sea retirado de las zonas donde la gente se concentra para hacer sentir sus cánticos de protesta.


Teniendo en cuenta esta realidad, para el viernes 2 de junio se espera la visita del ministro de Defensa, quién analizará los casos de agresión y dialogará con la comunidad frente a la presencia de la fuerza pública y su deber con el pueblo.


Un paro con fuerza y convicción de triunfo. Diecisiete días de parálisis y de cohesión social, durante los cuales el Gobierno ha dilatado de diferentes maneras el arribo a una resolución final del mismo, procurando por todos los medios llevarlo a su fin por vía de la violencia y el temor.


Son diecisiete días de protestas pacíficas y de ataques violentos por parte de la mal llamada fuerza pública; dos semanas y unos días más durante los cuales el único interés efectivo demostrado por el gobierno nacional es por la mercancía acumulada en las bodegas del Puerto, para que la misma salga hacia sus destinos en el interior del país. Y precisamente en impedir que la mercancía salga hacia tales rutas radica la posibilidad de triunfo del pueblo bonaerense. Pueblo que ya no cree ni confía en la palabra oficial, pues conoce su falsedad.


Lo que evidencia esta actitud oficial da lástima –más que lástima–, pues desnuda al alto gobierno en su mezquindad: las pérdidas económicas para los grandes empresarios y comerciantes del país tienen más peso que el bienestar de 415.640 habitantes, que durante décadas han sufrido el olvido, el abandono y la explotación propia de un país corrupto y en guerra como el nuestro.


Últimos reportes de los ataques


Descargar


Boletín 05 y Boletín 06


https://colombiaplural.com/wp-content/uploads/2017/06/Boletin-DDHH-No.-05-SOS.pdf


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Los paros que no paran a Colombia

Los paros que no paran a Colombia

Una vez más, diversidad de sectores sociales se declaran en paro o en jornadas de protesta: Docentes, trabajadores estatales, taxistas, pobladores del Chocó y de Buenaventura. La coincidencia de la protesta genera una ola de inconformidad nacional tras la cual Colombia pareciera entrar en una coyuntura de paro total.

El motivo central tras todas las protestas y paros en curso es el incumplimiento gubernamental con los compromisos contraídos con estos sectores sociales tras anteriores jornadas de paro o de protesta; así como la inconformidad de otros por la inexistente voluntad oficial para negociar sus pliegos petitorios y/o para reconocer los reajustes económicos demandados.

 

La particularidad del magisterio

 

En Colombia, donde el sindicalismo brilla por su debilidad, el gremio de los docentes conforma el sindicato más grande del país, integrado por doscientos ochenta y seis mil de los trescientos treinta y dos mil docentes con que cuenta la nación para primaria, secundaria y media. A su vez, por este potencial, es el sindicato que marca la pauta dentro de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), donde suman nueve (9) delegados de los 21 que componen su Junta Directiva.


Su potencial es tal, que cada que entra en periodo de protestas o paro, otros sectores sociales aprovechan para hacer lo mismo, buscando así un espacio para negociar en mejores condiciones con el gobierno. Rara vez se logra que de tal suceso surja una coordinación estable para la protesta, y más allá, de suerte que cuando Fecode firma el nuevo acuerdo que buscaba quedan tirados a la vera de las negociaciones todos aquellos que pretendieron beneficiarse de la coyuntura.

Los motivos del paro 2017 del magisterio son diversos, entre ellos: la demanda de un incremento salarial digno –el gobierno ofrece 0,25, más el 5 por ciento acordado en el paro del 2015–; nivelación salarial; la firma de un nuevo contrato de salud, digno, que implica, entre otros, la cancelación de toda la deuda que tienen con el sector (debe recordarse que el proceso de licitación para contratar la empresa prestadora del servicio fue de nuevo suspendido por parte de la Fiduprevisora ante una solicitud de la Procuraduría General de la Nación); implementación de la jornada única, siempre y cuando existan las condiciones de infraestructura, comedores y autonomía para llevarla acabo (respeto para quienes la acepten); integración de jardín, preescolar y kinder; y un punto central: reformar el Sistema General de Participación en la vía del fortalecimiento de los recursos destinados para la educación pública.

La dirigencia docente llegó a la decisión de parar tras 40 días de negociación, 20 de ellos en periodo directo y 20 de prórroga. Es decir, se gastaron todas las posibilidades de llegar a un acuerdo.

Con su actitud de dilación, el gobierno mide el pulso a este sector, observando si es posible apretarlo para arrebatarle derechos ganados en otros momentos de lucha, tal y como lo demanda la Ocde, que ve en ellos un gremio cohesionado, duro, con muchos “privilegios”, entre ellos el de la salud y el de la estabilidad laboral.

Desde distintas regiones se informa que el magisterio está más decidido que en otros años a prolongar esta jornada de lucha. La precariedad salarial, el deterioro del sistema de salud, entre otros aspectos, han creado esta aurora de radicalidad.
Con una experiencia de décadas en este tipo de lucha, el magisterio decidió ir del barrio a las comunas o localidades, de éstas a las ciudades, para pasar a las regiones, en un ascenso de la protesta hasta tomarse Bogotá, lo que sucederá este 16 de mayo. Al día siguiente su Junta Directiva evaluará el desarrollo del paro y define el qué hacer.

 

Estatales

 

El ínfimo incremento ofrecido a los docentes, y la disculpa de siempre por parte del gobierno –no hay plata–, es lo mismo que han escuchado hasta ahora los trabajadores del Estado, quienes tratan de llevar a buen puerto una nueva negociación que les permita un reajuste salarial digno, ampliación de planta de personal, cumplimiento de los acuerdos firmados en otras negociaciones y acabar con la tercerización laboral.


Hay que recordar que en el Estado existen cerca de 1.250.000 trabajadores, de los cuales el 35 por ciento está integrado a alguna organización sindical. La multiplicidad de sindicados en cada ministerio y dependencia es uno de los factores que los debilita.


La negociación, que arrancó con una evaluación de los compromisos pactados en el 2013-2015, arrojó que el Gobierno solo había cumplido con el 25 por ciento de lo firmado, lo que evidencia a todas luces la estrategia dilatoria y de desgaste asumida por el Estado colombiano y aplicada por el gobierno de turno.


En el punto salarial saltó el primer obstáculo para un avance certero de esta negociación pues el gobierno ofreció el 5,75 de inflación causada en el 2016 más el 0,15 por ciento; su contraparte aspira al 5,75 por ciento más otros 5 puntos.


Hasta ahí iba la puja cuando una tutela interpuesta por centrales obreras minoritarias (CNT, UTC, CCT) demandó el derecho a participar en la ronda negociadora. El fallo a su favor los invita a incorporarse a la misma pero sus disputas internas les ha impedido nombrar sus negociadores.


Mientras esto ocurre, sectores de los trabajadores estatales se declaran en paro, como ocurrió con los guardianes de cárceles.


Además, para este martes 16 de mayo, otros sectores estatales no solo protestan o realizan agitación sino que también paran, entre ellos: el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Medicina Legal, Dian y Rama Judicial.


Para el miércoles 17, los estatales anuncian una jornada de movilización solidaria con los trabajadores petroleros en Barrancabermeja.


Chocó

 

Mientras esto sucede con los trabajadores, en los territorios toma de nuevo vuelo la inconformidad social. Es el caso del Chocó, comunidad liderada por el Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad de tal departamento, reactivado en su accionar ante el incumplimiento de lo pactado por el gobierno nacional hace un año. Incumplimiento mayúsculo, pues según voceros del Comité, solo ha ejecutado el 5 por ciento de lo acordado.


Hicieron parte del pliego firmado aspectos como: salud, educación y cultura, vías (comunicación con Antioquia y Risaralda), respeto al territorio, autonomía administrativa, empleo y productividad, servicios públicos, deporte y recreación, flexibilización de política públicas.


Entre estas temáticas, una de las más sentidas es la concerniente a vías interdepartamentales. 720 mil millones fueron los acordados para pavimentarlas en su trayecto hacia Medellín y Pereira, los mismos que no entrega el Ministerio de Hacienda.


Buenaventura


Mientras en el departamento chocoano ya suman siete días en esta nueva jornada de resistencia, los pobladores de Buenaventura apenas arrancan la suya.


Ciudad puerto sobre el Pacífico, con altos ingresos, quienes habitan este importante territorio nacional no tienen recuerdo de que alguna vez el gobierno nacional haya destinado atención, recursos económicos y otros para paliar las grandes afugías que no les dan respiro. Pobreza, desempleo, crisis en el sistema de salud, violencia, paramilitarismo, guerrilla, etcétera, están en el ojo del huracán. Según uno de los pobladores, “el gobierno confunde el puerto con la ciudad, para el puerto sí hay recursos pero no para la ciudad, por ello la pobreza no nos abandona”.


Motivos para este paro no faltan, pero los incumplimientos por parte del gobierno con los compromisos adquiridos en otras jornadas de lucha, también resalta en este caso.


A diferencia del Chocó, los pobladores de Buenaventura cuentan con la ventaja de que al gobierno le preocupa el cierre del Puerto; parar el transporte de mercancías hacia el interior del país y viceversa, facilitará, sin duda alguna, el diálogo y la posibilidad de un nuevo acuerdo, el cual deberá esta cruzado por una metodología que obligue al gobierno a cumplir.


Paros pequeños y grandes; protestas e inconformidad; movilizaciones y protestas. Colombia vive una coyuntura especial, la cual no tiene el potencial de traducirse en una coordinación de los comprometidos en estas luchas ni en hacer de las mismas una sola plataforma de confrontación con la parte oficial, lo que las debilita y limita en sus pretensiones y alcances. Realidad que le brinda un respiro al gobierno de Santos, graduado en el arte del “firma hoy e incumple mañana.

 

Video relacionado

Paro cívico en Chocó, mayo 2017

https://youtu.be/Oa3TqqdqdzU

Publicado enColombia
Sábado, 13 Mayo 2017 07:10

Contra la represión policial

Policías reprimen ayer en Caracas una “marcha de los abuelos”.

 

Al mismo tiempo, el jefe de Estado calificó las protestas opositoras como una “emboscada fascista”, aludió a la existencia de francotiradores y reiteró que la derecha intenta “un golpe de Estado”.

 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, prometió castigar los abusos de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes que participan en las protestas contra su gobierno que comenzaron hace más de un mes. Al mismo tiempo, reiteró que la derecha está propiciando “un golpe de Estado”.

“Se hicieron denuncias sobre supuestos abusos de algunos funcionarios. He ordenado castigo a cualquier funcionario que abuse de la fuerza, a cualquiera, como que se castigue a los llamados al golpe de Estado, a quienes incendian”, sentenció Maduro el jueves por la noche en un acto de graduación de un programa de educación secundaria.

Asimismo, el jefe de Estado calificó las protestas como una “emboscada fascista” y aludió a la existencia de francotiradores. “Tenemos cinco semanas de esta emboscada fascista, hay víctimas. Ayer murió un trabajador baleado por un francotirador en Mérida. Son francotiradores que han colocado en algunos lugares para asesinar al pueblo”, indicó. También consideró a las protestas como una guerra que le declaró al pueblo venezolano la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD). “Las manifestaciones son una nueva embocada, más violenta, más venenosa que la que enfrentó el gobierno en las protestas de entre febrero y mayo del 2014, que dejaron 43 muertos”, añadió.

“Más temprano que tarde lograremos neutralizar y derrotar esta nueva emboscada y este golpe de Estado. Así lo decreto, con la Asamblea Constituyente tendremos una victoria gigante frente a los violentos”, señaló Maduro sobre su proyecto para reformar la Constitución que activó la semana pasada. Asimismo, condenó los ataques con excrementos contra la policía venezolana en las protestas opositoras contra el gobierno. “El pueblo venezolano apoya a su Guardia Nacional (policía militarizada) y a su Policía Nacional. Les han echado excremento que han sacado de su cerebro. Nos atacan con este tipo de armas, atacan a las familias de los militares y no hay condena de organismos a estos actos de barbarie”, criticó. Las bombas de excremento, llamadas popularmente “puputov”, fueron lanzadas en envases de vidrio desde las manifestaciones a la primera fila del cordón policial, que se protege con escudos.

A su vez, el director de la Policía Nacional Bolivariana venezolana (PNB), general Carlos Pérez Ampueda, reconoció la presencia de grupos de civiles armados que actuaron contra una de las marchas opositoras en Caracas y aseguró que serán capturados. “Esos son unos vagabundos y donde los veamos los vamos a capturar”, dijo a los periodistas el militar que dirige al cuerpo policial responsable del control de manifestaciones, al ser consultado sobre la presencia de un grupo de personas, algunos de ellos con armas, que robó y efectuó disparos ante los manifestantes y los cuerpos de seguridad sin ser detenidos.

Un grupo de hombres en motocicletas y con pasamontañas disparó el miércoles luego de robar a un miembro del equipo de prensa de un medio local durante una de las concentraciones opositoras, en el sector La Candelaria, que intentó marchar hasta la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Justo enfrente del grupo armado se encontraba un piquete de la PNB. “Estamos garantizando el orden de ustedes, aquí ninguno de nosotros está armado”, explicó Pérez Ampueda para responder por qué los cuerpos de seguridad no actuaron contra el grupo armado.

El militar indicó que los efectivos de la PNB no pueden actuar contra personas armadas porque cuando están en el control de manifestaciones tienen prohibido usar armas de fuego letales. “¿Cómo vamos a hacer algo cuando ellos están disparando y nosotros sin armas?”, se preguntó. “Cuando llegaron esos vagabundos, nosotros fuimos los primeros que nos colocamos delante, garantizando a ustedes la vida, sin contar con los medios para combatirlos”, apuntó.

Dirigentes opositores denunciaron en ocasiones la presencia de grupos armados para intimidar las manifestaciones opositoras y aseguraron que estos actúan con el consentimiento de la PNB y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada). Estos señalamientos fueron negados por las autoridades que, por su parte, acusan a los opositores de ser los responsables de la violencia y de organizar a su vez grupos armados contra sus propios manifestantes.

Por otro lado, Maduro, en desacuerdo con la difusión de numerosas muertes neonatales y otras estadísticas de fuerte crecimiento de enfermedades epidemiológicas, dispuso la destitución de la ministra de Salud, Antonieta Caporale.

 

 

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