Fuentes: IPS [Imagen: Mapa de los países que en los que se proyectan recortes de austeridad en 2021-2022, en términos del PIB, basado en las proyecciones fiscales del FMI. I. Ortiz y M. Cummins, 2021]

Entre el 5 y el 11 de abril los ministros de Finanzas del mundo se reunieron virtualmente en las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial para abordar la pandemia y la recuperación socioeconómica.

Sin embargo, un estudio global recién publicado por la Iniciativa para el Diálogo de la estadounidense Universidad de Columbia, sindicatos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, alerta sobre una nueva ola de austeridad: la mayoría de los gobiernos están imponiendo recortes de presupuestos, precisamente en un momento en que los ciudadanos y las economías están más necesitados de apoyo público.

El análisis de las proyecciones fiscales del FMI muestra que se esperan recortes presupuestarios en 154 países este año, y hasta en 159 países en 2022. Esto significa que 6600 millones de personas o 85 % de la población mundial vivirá en condiciones de austeridad en el próximo año, tendencia que probablemente continuará hasta 2025.

Los altos niveles de gasto utilizados para hacer frente a la pandemia han dejado a los gobiernos con déficit fiscal y deuda. Y en lugar de explorar opciones de financiación para proporcionar el apoyo necesario para la recuperación socioeconómica, los gobiernos -asesorados por el FMI, el Grupo de los 20 (G20) y otros- están optando por la austeridad.

El shock fiscal pospandemia parece ser mucho más intenso que el que siguió a la crisis financiera mundial hace una década.

La contracción media del gasto en 2021 se estima en 3,3 % del producto interno bruto (PIB), casi el doble que en la crisis anterior.

Se prevé que más de 40 gobiernos gastaran menos que los (ya bajos) niveles prepandemia, reduciendo los presupuestos públicos más de 12 % de promedio en 2021-2022 en comparación de 2018-2019, incluidos países con altas necesidades de desarrollo como Ecuador, Guinea Ecuatorial, Kiribati, Liberia, Libia, República del Congo, Sudán del Sur, Yemen, Zambia y Zimbabwe.

Los peligros de recortes prematuros de austeridad se evidencian de la última década de ajuste.

Durante 2010-2019, miles de millones de personas se vieron afectadas por la reducción de las pensiones y  beneficios de la seguridad social; por la reducción de subsidios a alimentos, agricultura y combustible; por recortes a los salarios y al número de funcionarios en servicios públicos como la educación, la salud, el agua o el transporte público; por la racionalización y la focalización excesiva de los programas de protección social en los que sólo los más pobres recibieron beneficios cada vez más pequeños, mientras que la mayoría de las personas quedaron excluidas; y por la menor seguridad laboral para los trabajadores, al desmantelarse la normativa laboral.

Muchos gobiernos también introdujeron impuestos regresivos, como los impuestos al consumo, que redujeron más aún los ingresos familiares disponibles. En muchos países, los servicios públicos se redujeron o privatizaron.

La austeridad demostró ser una política mortal: el débil estado de los sistemas de salud pública, sobrecargados, con poca financiación e insuficiente personal debido a una década de austeridad, agravó las desigualdades en salud e hizo que las poblaciones fueran más vulnerables a la covid-19.

Es necesario asegurar que no hayan más medidas de austeridad. Después de los devastadores efectos de la pandemia de covid, la austeridad solo causará más sufrimiento innecesario para la población.

La austeridad es una mala política. Existen alternativas, incluso en los países más pobres. En lugar de recortar drásticamente el gasto, los gobiernos pueden y deben explorar opciones de financiación para incrementar los presupuestos públicos.

Primero, los gobiernos pueden aumentar los ingresos fiscales con impuestos a la riqueza, la propiedad, las ganancias corporativas o al sector financiero, que generalmente permanece sin o con baja tributación.

Por ejemplo, Bolivia, Mongolia y Zambia están financiando pensiones universales, prestaciones para niños y otros beneficios sociales con impuestos a la minería y al gas; Brasil introdujo un impuesto sobre las transacciones financieras para expandir la cobertura de la protección social.

Segundo, más de sesenta gobiernos han reestructurado/reducido con éxito sus obligaciones de deuda y así liberado recursos para el desarrollo.

Una tercera opción es eliminar los flujos financieros ilícitos, como la evasión fiscal y el blanqueo de capitales.

Cuarto, los gobiernos también pueden cambiar las prioridades de sus gastos, abandonar inversiones de bajo impacto social como el gasto en defensa y rescates a bancos/corporaciones; por ejemplo, Costa Rica y Tailandia redirigieron el gasto militar a la salud pública.

Quinto, otra opción de financiación es utilizar las reservas fiscales acumuladas en los Bancos Centrales.

Sexto, atraer transferencias/ayuda al desarrollo o préstamos en condiciones favorables.

Una séptima opción es adoptar marcos macroeconómicos más acomodaticios.

Y octavo, los gobiernos pueden formalizar a los trabajadores en la economía informal con buenos contratos y salarios, lo que aumenta el fondo de cotización y amplía la cobertura de la protección social.

Las decisiones sobre gasto y financiación afectan la vida de millones de personas, no pueden tomarse a puerta cerrada en el Ministerio de Finanzas: todas las opciones deben considerarse en un diálogo social nacional con representantes de sindicatos, empleadores, organizaciones de la sociedad civil y otros grupos relevantes.

#NoMasAusteridad es una campaña global para detener las medidas de austeridad con impactos sociales negativos.

Desde 2020, más de 500 organizaciones y académicos de 87 países han pedido al FMI y a los ministerios de Finanzas que abandonen de inmediato la austeridad y, en cambio, prioricen políticas que promuevan la justicia de género, reduzcan la desigualdad y pongan a las personas y al planeta en primer lugar.

Isabel Ortiz, directora del Programa Global de Justicia Social en la Iniciativa para el Diálogo de la Universidad de Columbia en Nueva York.

 Matthew Cummins,  execonomista principal en el PNUD, UNICEF y el Banco Mundial.

RV: EG

Por Isabel Ortiz, Matthew Cummins | 21/04/2021

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Un hombre con mascarilla pasa junto a un vagabundo sentado en una acera en Manhattan, Nueva York (EE.UU.), el 5 de mayo de 2020.Mike Segar / Reuters

Se estima que las economías avanzadas se verán menos afectadas por el virus, mientras que los países de bajos ingresos y los mercados emergentes sufrirán más.

De igual forma que algunos pacientes que superan el covid-19 tienen síntomas de larga duración, la economía global seguirá notando efectos negativos "una vez que se desvanezca el rebote en forma de V de este año", pronostica un artículo de Bloomberg.

Según la publicación, si bien los estímulos por valor de 26 billones de dólares y la llegada de vacunas han impulsado "una recuperación más rápida" de lo que muchos anticipaban, "el legado de la educación atrofiada, la destrucción de puestos de trabajo, unos niveles de deuda propios de periodos de guerra y las desigualdades cada vez mayores entre razas, géneros, generaciones y geografías dejarán cicatrices duraderas, la mayoría de ellas en las naciones más pobres".

Los efectos que "duran décadas"

El profesor asistente Vellore Arthi, de la Universidad de California en Irvine, que ha examinado el impacto económico y de salud a largo plazo de crisis pasadas, explica que, aunque "es muy fácil después de un año agotador, o de más, sentirse realmente aliviado de que las cosas hayan vuelto a la normalidad", muchos de los efectos que vemos históricamente a menudo "duran décadas y no se abordan fácilmente".

En total, la caída del producto interno bruto el año pasado fue la mayor desde la Gran Depresión, lo que equivaldría a 255 millones de personas en trabajos a tiempo completo, según las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Entretanto, los investigadores del Pew Research Center calculan que la clase media mundial se contrajo por primera vez desde la década de 1990.

"Volver al estándar anterior al covid llevará tiempo", confirma Carmen Reinhart, economista jefe del Banco Mundial, al tiempo que recalca que las secuelas de coronavirus "no se revertirán" en muchos países.

De hecho, Bloomberg explica que no todas las naciones se verán afectadas por igual. Así, el Fondo Monetario Internacional considera que las economías avanzadas se verán menos afectadas por el virus este año y en el futuro, mientras que los países de bajos ingresos y los mercados emergentes sufrirán más.

¿"Una década de decepciones"?

El pasado mes de enero, el Banco Mundial advirtió en un informe que nos adentramos en "una década de decepciones en el crecimiento global" a menos que se tomen medidas correctivas. Los expertos consultados por la agencia matizan que no es necesario que se pierda una década si se toman las medidas políticas adecuadas, especialmente en las áreas de reconversión de las habilidades de los trabajadores y de apoyo a los más afectados por la crisis. 

Sin embargo, Adam Posen, presidente del Instituto Peterson de Economía Internacional, advierte de la existencia de "una incertidumbre genuina sobre cuánto cambia el comportamiento de la gente en términos de patrones de consumo como resultado de esta crisis". Si las personas vuelven a "comer en restaurantes, realizar viajes de placer, hacer ejercicio en gimnasios", muchas de las industrias afectadas revivirán, pero también es posible que "los gustos de la gente cambien de verdad", en cuyo caso habrá más desempleo, a lo que se une el hecho nada reconfortante de "no hay una buena solución del Gobierno para eso", recalca.

Por otro lado, como la crisis ha acelerado el uso de robots, tanto en la fabricación como en la industria de servicios, millones de puestos de trabajo se verán amenazados, con importantes interrogantes sobre si se crearán suficientes empleos nuevos en el proceso. De hecho, según McKinsey & Co, más de 100 millones de personas en ocho de las economías más grandes del mundo pueden necesitar cambiar de ocupación para 2030, viéndose más afectados los menos educados, las mujeres, las minorías étnicas y los jóvenes. 

Los efectos a más largo plazo también serán evidentes en el capital humano después de que la pandemia sacara de las aulas a niños y a los estudiantes universitarios durante un año en algunos países.

Finalmente, la forma de financiar una recuperación total será complicada por los 24 billones de dólares adicionales en préstamos que el mundo asumió en 2020, lo que eleva la deuda total a un nuevo récord de 281 billones, según el Instituto de Finanzas Internacionales.

Publicado: 19 abr 2021 02:19 GMT

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Rebota la economía en el 2021 y abre incógnitas a futuro

La reunión de primavera (del norte) del FMI y el Banco Mundial aportó nuevas proyecciones sobre la evolución de la economía mundial. Dice el organismo que el rebote será mayor al previsto hasta hace muy poco, pero con tendencia a reducir el ritmo de recuperación para el próximo año. Dice el informe de la reunión de los organismos:

“La economía mundial está recuperándose de la crisis más velozmente de lo previsto el pasado mes de octubre, gracias a una respuesta de políticas sin precedentes y a la rapidez con que se desarrolló la vacuna. Pero las perspectivas para la recuperación son muy inciertas y desiguales entre los países y dentro de cada país debido al variado margen de maniobra para la aplicación de políticas, las diferentes estructuras y rigidices económicas, las vulnerabilidades preexistentes y el acceso desigual a las vacunas. Las elevadas vulnerabilidades financieras podrían plantear riesgos en el caso de que las condiciones financieras mundiales se endurecieran bruscamente. La crisis puede dejar cicatrices duraderas y exacerbar la pobreza y las desigualdades, al tiempo que el cambio climático y otros retos comunes se están tornando más apremiantes.”[1]

El debate se centra en el rebote respecto de la caída global del 2020, en el mundo, la región y el país. La tabla que sigue incluye los datos del informe de actualización de las perspectivas económicas realizado por el FMI.[2]

Territorio

2020

2021

2022

Mundo

-3,3%

6%

4,4%

EEUU

-3,5%

6,4%

3,5%

China

2,3%

8%

5,6%

Europa

-6%,

4,4%

3,8%

América Latina y el Caribe

-7%

4,6%

3,1%

Resulta notoria la situación divergente entre EEUU y China por un lado y el resto, aun cuando en nuestra tabla solo incluimos, además de los mencionados a Europa y a América Latina y el Caribe. Lo concreto es que el rebote de la economía es desigual, con China y EEUU como motores de la economía mundial, según los organismos internacionales. La perspectiva de mediano plazo es a la ralentización del crecimiento.

Es en ese sentido que debe analizarse la capacidad de satisfacer necesidades del rebote de la economía en el ámbito mundial y en cualquier territorio.

La gran caída del 2020 operó sobre una ralentización de la economía global desde la crisis 2007/09, una tendencia que se sostendrá en el mediano plazo, agudizando los problemas sociales y la regresividad del orden económico y social.

Por casa cómo andamos

Para la Argentina las previsiones locales ubican un rebote en torno al 6%, sobre una caída del 9,9% en el 2020.

La recuperación solo podría lograrse con la evolución económica del 2021, si es que no se agrava el cuadro sanitario y económico de la “segunda ola” de contagios, postergando soluciones urgentes ante el deterioro social que se manifiesta en pobreza, indigencia, desempleo, precariedad y pérdida de expectativas en atender las necesidades cotidianas de la mayoría de la población.

Por eso hay que prestar atención a los datos de la realidad. La información sobre el impacto pueden leerse en el reciente informe sobre la distribución del ingreso.[3] Si bien los datos remiten a 28.739.630 personas, de 31 aglomerados urbanos, los montos son representativos y permiten inferir la situación global. En ese sentido hay que destacar:

  • ·         El ingreso promedio per cápita del total de la población alcanzó los $19.524, mientras que la mediana del ingreso per cápita fue de $14.357
  • ·         Un 58,6% de la población total percibió algún ingreso, cuyo promedio es igual a $33.306
  • ·         Los perceptores varones tuvieron un ingreso promedio de $37.910, mientras que el de las mujeres fue de $28.937
  • ·         En cuanto a la población asalariada, se registraron 7.943.398 personas con ingreso promedio de $36.246
  • ·         El ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio fue de $44.613, mientras que, en el caso de aquellas sin descuento jubilatorio, el ingreso promedio equivalió a $18.676

Como puede apreciarse, son todos valores que no alcanzan la línea de la pobreza, explicando el porqué del 42% de pobreza y que el 57,7% de los menores de 14 años sobreviven en la pobreza.

Es mejor que haya rebote en la economía, pero como vemos, está muy lejos de resolver la desigualdad construida en tiempos de ofensiva del capital contra el trabajo.

No puede resolverse el tema de la pobreza, si no es con distribución progresiva del ingreso. En una sociedad mercantil, la satisfacción de necesidades se logra si existe ingreso distribuido al conjunto de la población.

El Ingreso es equivalente al Producto, por lo que el crecimiento del producto debe distribuirse acorde con un objetivo de política económica que priorice la eliminación de la pobreza.

Hay dos formas de medir la distribución del Ingreso, una es la funcional, que explica cuanto del producto es apropiado por los/as propietarios/as de medios de producción y cuanto por aquellos/as que ofertan su fuerza de trabajo. Otro mecanismo es la distribución personal, que explica el ingreso en agrupaciones de personas según sus ingresos, desde el 10% más rico al 10% más pobre.

La distribución funcional es más difícil de explicar desde las cuentas nacionales, pero puede inferirse una distribución del 60% para la minoría propietaria de medios de producción y un 40% para la fuerza de trabajo. En la distribución personal se destaca que el 10% más rico percibe el 22,1% del total, mientras que el 10% más pobre solo accede al 3,1%.

Solo sumando los ingresos del 40% más pobre de la población, recién se igualan los ingresos percibidos por el 10% de mayores ingresos. El 30% de mayores ingresos perciben el equivalente del 70 % de menores ingresos.

En este marco, hay que proponer una reversión de este cuadro de realidad, pero, además, modificar sustancialmente las fuentes financieras del Estado para atender esta situación. Por un lado, avanzar en una reforma tributaria y modificar sustancialmente la política relativa al endeudamiento externo.

Impuestos y deuda

Hay que avanzar en la progresividad tributaria. No alcanza con la actualización del mínimo no imponible, ahora ley y establecido en 150.000 pesos mensuales, especialmente porque el salario no es ganancia. Habrá que avanzar en aumentar las tasas de las ganancias empresarias y para ello puede inspirarnos la política tributaria estadounidense de recuperación de la tributación a las ganancias corporativas.

Si Trump redujo la tasa de imposición corporativa del 35% al 21%, la actual gestión Biden pretende llevarla al 28%, y, además, sugiere mundializar la iniciativa. Dice Yellen:

«Se trata de garantizar que los gobiernos tengan sistemas fiscales estables que generen ingresos suficientes para invertir en bienes públicos esenciales y responder a las crisis, y que todos los ciudadanos compartan de manera justa la carga de financiar al gobierno».[4]

El tema es que EEUU se propone una inversión en infraestructura superior a los 2 billones de dólares para sostener la reactivación de la economía, para lo que se requiere incrementar la imposición sobre los sectores con capacidad de ganancia pese a la crisis y para evitar que estas empresas migren de EEUU hacia otros territorios el mensaje pretende mundializarse, tal como señala la Secretaria del Tesoro:

«Estamos trabajando con las naciones del G20 para acordar una tasa impositiva corporativa mínima global que pueda detener la carrera hacia el fondo».

Argentina tendrá que tomar el ejemplo y no dejarse chantajear por aquellos que sostienen el carácter inconstitucional de la imposición a las grandes fortunas o que solicitan una menor presión fiscal. Los datos de la regresividad social imponen una carga impositiva sobre aquellos con capacidad de acumulación.

Los organismos internacionales discuten mecanismos financieros para mejorar la situación de países empobrecidos.

Entre otras cuestiones sugieren condonaciones de deudas en algunos casos; bajas de las tasas de interés para no ahogar a deudores con problemas; nuevas fuentes de financiamiento para atender la crisis sanitaria; e incluso una emisión de 650.000 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG), la moneda del FMI.

Al mismo tiempo que el FMI sustenta el tradicional “ajuste estructural”, promueve una política de sostenimiento del gasto fiscal en la emergencia para evitar la conflictividad, en la esperanza que la producción, distribución y aplicación de las vacunas aleje a la humanidad de la situación pandémica actual.

En ese marco es que Argentina negocia la reestructuración de los pagos por desembolsos del orden de los 45.000 millones de dólares. El FMI pretende operaciones a 10 años y voces oficiales demandan el doble de tiempo. En rigor, ni 10, ni 20 resolverán el problema y tal como señala la autoconvocatoria por la suspensión de los pagos y una auditoria con participación popular, que esa es una deuda odiosa y por ende debe repudiarse el préstamo.[5]

Por Julio C. Gambina | 14/04/2021

 

Notas:

[1] FMI. Comunicado de la Cuadragésima Tercera Reunión del CMFI, 8 de abril del 2021, en: https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/04/08/communique-of-the-forty-third-meeting-of-the-imfc

[2] FMI. La economía mundial se está afianzando, pero con recuperaciones divergentes en medio de aguda incertidumbre, en: https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world-economic-outlook-april-2021

[3] INDEC. Evolución de la distribución del ingreso (EPH). Cuarto trimestre de 2020, en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ingresos_4trim20F7BE1641DE.pdf

[4] The Guardian. Janet Yellen pide una tasa impositiva corporativa mínima global, en: https://www.theguardian.com/business/2021/apr/05/janet-yellen-global-minimum-corporate-tax-rate

[5] https://www.facebook.com/autoconvocatoria.deuda/

Julio C. Gambina es presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.

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El FMI propone una 'tasa covid' temporal para que los más ricos ayuden a pagar la factura de la crisis

La institución considera necesario acometer reformas fiscales tanto a nivel doméstico como internacional con el fin de obtener los recursos necesarios para mejorar el acceso a los servicios básicos y las redes sociales de seguridad, así como para revitalizar los esfuerzos para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha señalado la necesidad de movilizar los ingresos fiscales necesarios para abordar el mayor gasto público a consecuencia de la pandemia de la covid-19 para lo que plantea que en los países avanzados pueda aplicarse de manera temporal a las empresas y personas con mayores ingresos un recargo que contribuya a reducir la erosión fiscal y reducir la desigualdad, así como también actuar sobre impuestos como patrimonio o sucesiones.

"Para ayudar a satisfacer las necesidades de financiación relacionadas con la pandemia, los responsables de formular las políticas podrían considerar una contribución temporal de recuperación de la covid-19, que grave los ingresos más altos y la riqueza", señala el Fondo en la última edición de su informe Monitor Fiscal.

En este sentido, la institución considera necesario acometer reformas fiscales tanto a nivel doméstico como internacional con el fin de obtener los recursos necesarios para mejorar el acceso a los servicios básicos y las redes sociales de seguridad, así como para revitalizar los esfuerzos para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

El FMI recuerda que este tipo de suplementos temporales del impuesto sobre la renta de las personas físicas, a menudo restringidos a los tramos de ingresos más altos, se introdujeron anteriormente durante circunstancias excepcionales como en Alemania a causa de la reunificación del país, así como en Australia (2011) o Japón (2013).

Asimismo, el Fondo considera que un impuesto sobre el exceso de beneficios de las empresas, aquellos que superan el mínimo requerido por los inversores, puede ayudar a garantizar una contribución de las empresas que hayan prosperado durante la crisis, como algunas farmacéuticas o empresas altamente digitalizadas, sin afectar a otras con ganancias mínimas o en pérdidas.

En la rueda de prensa posterior a la presentación del informe, el subdirector del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, Paulo Mauro, ha subrayado la necesidad de obtener ingresos fiscales adicionales para cubrir el gasto sanitario, en educación y en redes sociales de protección, añadiendo que los países deberán abordar este problema de diferentes formas.

"En las economías emergentes y de bajos ingresos, la prioridad será mejorar la administración fiscal y recaudar más impuestos al consumo, mientras que en las economías avanzadas observamos una erosión de los ingresos del impuesto de sociedades y también vemos una erosión en la recaudación de la renta de las personas en la parte más alta de la escala de riqueza", ha explicado. 

De este modo, Mauro ha apuntado que en las economías avanzadas existe la oportunidad de revertir algo de esa erosión fiscal mediante la introducción de medidas en el impuesto de sociedades o sobre otros impuestos como el de la renta, los impuestos sobre el patrimonio o sucesiones, así como cerrando lagunas fiscales. "Hay muchas opciones disponibles", ha añadido.

En este sentido, el funcionario del FMI ha señalado que una opción específica sería "una contribución para la recuperación de la covid-19 que podría tomar la forma de un suplemento en el impuesto de la renta o en el impuesto de sociedades dado que algunas empresas lo han hecho muy bien en cuanto a su valoración de mercado y ahí habría una oportunidad". 

MADRID

07/04/2021 16:29

Europa Press

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Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal en imagen de archivo.Foto Yazmín Ortega Cortés

La desigualdad en América Latina aumentó 5.6 por ciento el año pasado medida con el coeficiente de Gini. Nos espera otra década perdida y ni con el rebote de crecimiento en 2021 y los próximos dos años se logrará recuperar los niveles de la actividad económica anteriores a la pandemia, expuso Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Al informar cómo va la región en la cobertura de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dio cuenta que en 56 de 177 series que conforman ese proyecto, ya se alcanzó la meta o la tendencia es positiva para alcanzarla en 2030; en 56 más la tendencia es positiva, pero insuficiente para lograr lo planeado, y en 65 la región va en retroceso.

A dicho contexto se suma un rezago en el acceso a la vacunación, dado el acaparamiento por economías de alto ingreso, de tal manera que sólo cuatro países de América Latina –"más periféricos que nunca"– lograrán vacunar a la gran parte de su población entre 2021 e inicios de 2022, pero la mayoría lo logrará hasta 2023, expuso Bárcena.

Vacuna debe ser bien público

La crisis por Covid-19 ha representado 218 mil fallecimientos y 22.7 millones de contagios en la región; hecho que ha representado un exceso de mortalidad y la reducción de medio año en la esperanza de vida para los latinamericanos.

Los factores de riesgo son la edad, sexo, pobreza y hacinamiento, así como una estructura fragmentada en el servicio de salud, dio cuenta la Cepal.

Además de pedir a la comunidad internacional que se haga de la vacuna un bien público, Bárcena aconsejó una reforma de la arquitectura de la deuda multilateral, incluyendo a las agencias calificadoras de riesgo, las cuales bajaron la calificación de 13 países de la región en época de pandemia.

América Latina es la región más endeudada del mundo y 57 por ciento de los ingresos por exportaciones se destinan al pago del servicio de la deuda, contextualizó.

La Cepal ha reiterado que, tras una contracción de 7.7 por ciento el año pasado, el desempleo alcanzó a 44 millones de personas en la región; a 78 millones las hundió en la pobreza extrema; y a 203 millones de personas, uno de cada tres habitantes, en pobreza. Todo esto pese a las medidas de emergencia que pusieron en práctica los gobiernos ante la crisis de Covid-19.

Con el efecto general de la pandemia la población de menos ingresos se vio más afectada, como muestra el acceso a una ocupación.

Hay más de 42 millones de hogares sin Internet y si bien 21.3 por ciento de los ocupados puede teletrabajar, esto sólo es posible para el 3 por ciento de los trabajadores en el quintil uno –el de menor ingreso– y 70 por ciento en el quintil cinco, expuso al inaugurar el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 2021.

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"Una nueva emisión de DEG reforzaría el "poder de fuego" del FMI", señala Alicia Bárcena,

Una asignación de derechos especiales de giro (DEG)  beneficiaría a todos los países en desarrollo

Una nueva emisión de 500.000 millones de dólares de DEG (que necesitaría la aprobación del 85 por ciento de los votos de la Junta de Gobernadores del FMI) generaría el equivalente a 56.000 millones de dólares en reservas adicionales para los países de América Latina y el Caribe. Esto beneficiaría a algunas de las economías más endeudadas de la región.

 

El reciente llamamiento de la Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, respecto de una nueva emisión de derechos especiales de giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI), que el Grupo de los Veinte (G-20) aprobó recientemente, y la reasignación de los DEG excedentes a los países de bajos ingresos, es una iniciativa muy bienvenida y necesaria. La acción internacional concertada y la solidaridad son los únicos medios para afrontar y superar la crisis de la covid-19.

Una respuesta verdaderamente multilateral y global a la pandemia debe extender los beneficios de esta iniciativa a todos los países en desarrollo, independientemente de sus niveles de ingreso, en particular los países de ingreso medio, que representan el 75 por ciento de la población mundial y aproximadamente el 30 por ciento de la demanda agregada mundial. Lo que es más importante, los países de ingreso medio representan el 96 por ciento de la deuda pública de los países en desarrollo (sin incluir China y la India). Los buenos resultados de estos países a la hora de afrontar la covid-19 son fundamentales para la recuperación y la estabilidad financiera mundiales.

Los países en desarrollo han sufrido, sin duda, el impacto social y económico más duro de la crisis actual. El aumento de las tasas de pobreza y de pobreza extrema, la pérdida de puestos de trabajo y el descenso del ingreso per cápita no tienen precedentes. Estos impactos no solo afectan a los países de bajos ingresos, sino también a los países de ingreso medio.

La región de América Latina y el Caribe ha sido la más afectada del mundo en términos de contracción del PIB real (-7,7 por ciento en 2020). A ello se suma el cierre de más de 2,7 millones de empresas y el aumento del número de desempleados, que ha llegado a 44,1 millones de personas, así como del número de personas que viven en la pobreza, que ha pasado de 185,5 millones a 209 millones, alcanzando el 33,7 por ciento de la población total. La pobreza extrema ha afectado a 8 millones más de personas y llega a 78 millones de ellas. A finales de 2020 el nivel del PIB per cápita era igual al de 2010, lo que representa, en todo sentido, otra "década perdida".

Los efectos de la pandemia y las políticas aplicadas como respuesta a ella han aumentado las necesidades de liquidez de los países en desarrollo, en particular los de América Latina y el Caribe. Al mismo tiempo, las medidas fiscales de emergencia para contener la caída de la producción han provocado un aumento de los niveles de deuda que, si no se controlan cuidadosamente, pueden poner en peligro la recuperación y la capacidad de los países para construir un futuro mejor.

La región de América Latina y el Caribe es la más endeudada del mundo en desarrollo. La deuda del gobierno general alcanzó en 2020 el 79,3 por ciento del PIB y el servicio de la deuda externa se situó en un 57 por ciento en relación con las exportaciones de bienes y servicios. A diferencia de lo que ocurre en las economías desarrolladas, las economías de América Latina y el Caribe, al igual que las demás economías en desarrollo, se enfrentan a un gran obstáculo para crear un espacio de política que permita aumentar sustancialmente sus niveles de deuda sin poner en peligro sus calificaciones crediticias, la estabilidad del tipo de cambio o incluso la posición de sus reservas internacionales.

El grueso de las medidas monetarias y fiscales contracíclicas mundiales para combatir la pandemia, que equivalieron, respectivamente, a 12 y 7 billones de dólares en 2020 (24 por ciento del PIB mundial), fueron puestas en práctica por países desarrollados.

Una nueva emisión y reasignación de una cantidad significativa de DEG es la manera más eficaz y expeditiva de garantizar suficiente liquidez a las economías en desarrollo y proporcionar el espacio de política necesario para enfrentar los efectos de la pandemia. Vincular la creación de nuevos recursos internacionales con las transferencias financieras a los países en desarrollo para atender sus necesidades de desarrollo es un reclamo de larga data. Ahora es más relevante que nunca: es indispensable para poner los Objetivos de Desarrollo Sostenible al alcance de los países en desarrollo.

El acceso a los DEG es un derecho inalienable de todos los miembros del FMI. Los DEG no generan deuda adicional ni suponen condicionalidades. Además, no están sujetos a trabajosas negociaciones sobre aumentos de cuota o acuerdos de préstamo. Una nueva emisión de DEG reforzaría el "poder de fuego" del FMI (que actualmente asciende a unos 800.000 millones de dólares, es decir un tercio de las necesidades de financiamiento estimadas de los países en desarrollo) y ofrecería un mayor incentivo para que todos los países participaran en esta iniciativa; el apoyo financiero del FMI para enfrentar la covid-19 representa apenas el 12 por ciento de su capacidad de préstamo.

Una nueva emisión de 500.000 millones de dólares de DEG (que necesitaría la aprobación del 85 por ciento de los votos de la Junta de Gobernadores del FMI) generaría el equivalente a 56.000 millones de dólares en reservas adicionales para los países de América Latina y el Caribe. Esto beneficiaría a algunas de las economías más endeudadas de la región.

Dado que cualquier nueva emisión de DEG se asignaría principalmente a los países desarrollados (aproximadamente el 60 por ciento del total), debe establecerse un mecanismo para la reasignación voluntaria de DEG excedentes de los países desarrollados a los países en desarrollo. Debería considerarse seriamente la implantación de un mecanismo para poner en común los DEG en el marco de los mecanismos multilaterales existentes y su reasignación para fortalecer la capacidad financiera de los acuerdos de financiación regionales y otras instituciones financieras regionales como forma de aumentar la liquidez y poner los DEG al servicio del desarrollo económico y social.

Por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

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Luz verde en Estados Unidos para un plan de estímulo de 1,9 billones de dólares

El rescate para contrarrestar los efectos de la pandemia fue impulsado por presidente Joe Biden

El senado estadounidense aprobó un plan de rescate para reactivar la economía, estimular la producción de vacunas y facilitarla reapertura de escuelas. El plan de estímulo volverá la Cámara de Representantes, donde ya fue votado y el presidente cuenta con una sólida mayoría, para aprobar las modificaciones que introdujo el Senado. Se espera que la aprobación final llegue la próxima semana.

 

El senado estadounidense aprobó un plan de estímulo de 1.9 billones de dólares para reactivar la economía de uno de los países más fuertemente azotados por la pandemia de coronavirus. El presidente, Joe Biden impulsó el proyecto que la próxima semana pasará a la Cámara de Representantes. "El 85 por ciento de los hogares estadounidenses recibirán los pagos directos de 1.400 dólares por persona", aseguró Biden horas después ante la prensa. "Es absolutamente esencial para revertir la situación, hacer que los niños vuelvan a la escuela en total seguridad, ofrecer un salvavidas a las pequeñas empresas y derrotar al coronavirus", afirmó.

"Hoy puedo decir que hemos dado un paso gigante para cumplir la promesa que hice a los estadounidenses cuando llegué al poder hace 45 días, de que la ayuda estaba en camino", afirmó Biden ante la prensa en la Casa Blanca.

El plan de rescate incluye la entrega de cheques de estímulo de 1.400 dólares para millones de estadounidenses con ingresos inferiores a los 80 mil dólares anuales. Además de 350.000 millones en ayudas a los Estados y municipios, vacunas y reapertura de escuelas. El proyecto prevé destinar miles de millones para fomentar la investigación del tratamiento y diagnóstico de coronavirus y aumentar el ritmo de vacunación.

"Calculamos que este plan resultará en la creación de unos 6 millones de trabajos, aumentará nuestro PIB en un billón de dólares y pondrá a nuestro país a ganar la competición al resto del mundo, porque el resto del mundo se está moviendo, China en particular", dijo Biden sobre el plan de rescate.

El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, también elogió el paquete legislativo."Esta ley brindará más ayuda a más personas que cualquier cosa que haya hecho el gobierno federal en décadas", afirmó justo antes de la votación final .

El debate se prolongó durante casi 11 horas luego de que el senador republicano por el estado de Wisconsin, Ron Johnson, forzara la lectura en voz alta de las 628 páginas del proyecto de ley. Finalmente, luego de intentos por parte de los republicanos y algunos senadores demócratas de realizar enmiendas, el texto fue aprobado por 50 votos a favor y 49 en contra.

Desde la oposición del viejo gran partido criticaron el plan de estímulo al que catalogaron de “excesivamente costoso”. Además, consideraron que era muy pronto para aprobarlo porque aún están entregando los fondos del último plan de estímulo aprobado en diciembre, aunque éste finaliza en ocho días.

El ala del partido Republicano en el congreso se mantuvo en bloque. El total de los 49 votos en contra vino de ese partido. “El Congreso nunca había gastado 2 billones de dólares de manera tan inconsistente o a través de un proceso poco riguroso” sostuvo el líder de la minoría republicana y senador por el estado de Kentucky, Mitch McConnell. Los senadores republicanos intentaron ofrecer cifras menores al billonario plan de estímulo de los demócratas. La senadora republicana por el estado de Maine, Susan Collins, ofreció bajar el plan a 650.000 millones de dólares.

El proyecto ahora volverá a la Cámara de Representantes, donde fue aprobado la semana pasada, para votar las modificaciones que introdujoel Senado. En la Cámara baja, donde los demócratas cuentan conun a sólida mayoría, se estima que el paquete será aprobado rápidamente para que el presidente pueda promulgarlo antes del 14 de marzo, cuando finalizan las prestaciones por desempleo del último paquete de ayudas.. A pesar del estrecho margen de votos con el que fue aprobada la ley y al que Biden no se refirió en su discurso ante la prensa, esta es la primera victoria legislativa del presidente demócrata.

Uno de los puntos más críticos que no se pudo debatir fue el aumento al salario mínimo federal, una enmienda que propuesta por el senador demócrata Bernie Sanders. Por razones reglamentarias, la enmienda finalmente quedó eliminada. Actualmente el salario mínimo federal está en 7.25 dólares por hora y el aumento que impulsaba Sanders lo iba a llevar a 15 dólares por hora.

"La clave es que el pueblo estadounidense apoya rotundamente lo que estamos haciendo", afirmó Biden en referencia a encuestas sobre el plan de estímulo que han mostrado el respaldo de entre 60 y 70 por ciento de los ciudadanos. "Este plan nos pone en camino de derrotar el virus y dar la ayuda que necesitan a las familias que más están sufriendo", recalcó.

El plan de rescate es el tercero que aprueba el Senado de EEUU desde que comenzó la crisis por la pandemia de covid-19. El primero fue en marzo de 2020 por 2,2 billones de dólares, luego uno de 900.000 millones de dólares en diciembre de 2020 y que vence el próximo 14 de marzo.

En la actualidad unos 18 millones de estadounidenses cobran una prestación tras haber perdido su trabajo o gran parte de sus ingresos mensuales. En febrero se crearon un total de 379 mil puestos de trabajo, principalmente en bares, restaurantes y otras actividades vinculadas al ocio. También se registraron contrataciones en servicios de salud, ventas minoristas, así como en la industria manufacturera.

Mientras tanto EE.UU., el país que ha sostenido el mayor número de contagios por covid-19, registró más de 62 mil nuevos casos en las últimas 24 horas. Además, registró 2.405 muertes en la última jornada.

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El laberinto de la economía venezolana

La economista venezolana Pasqualina Curcio explica por qué se llegó a esa situación

 

El PIB venezolano cayó cerca del 70% desde el 2013 hasta la fecha, y la economía está en estanflación. Pasqualina Curcio, economista venezolana, explica para Sptunik por qué se llegó a esa situación, qué ha hecho el Gobierno, y algunas de las disyuntivas principales que actualmente atraviesa el país.

Venezuela está bajo un proceso de estanflación, es decir recesión e inflación, desde el año 2013. Es la primera característica que indica Pasqualina Curcio, economista, profesora en la Universidad Simón Bolívar en Caracas, autora de una serie de libros sobre el pasado y presente de la economía venezolana.

El producto interno bruto (PIB) cayó alrededor de 70% desde el 2013 hasta la fecha, explica Curcio. Además, con el «proceso inflacionario, incluso hiperinflacionario, hemos tenido variaciones de precios mayores al 50% mensual, donde solamente en 2018, que fue el pico, se llegó a 130.060%, según cifras oficiales».

El PIB y la inflación son, junto con el desempleo, algunos de los grandes indicadores de la economía. Este último, según el mensaje presidencial ante la Asamblea Nacional, se ubica en 8,8% para 2020, dos puntos más respecto al 2019, lo que, para Curcio, «a pesar de la caída importante del PIB, no es una cifra de desempleo alarmante».

Con esos números se obtiene una fotografía de una economía que tuvo grandes transformaciones. «Lo importante, además de la caracterización, son las causas», señala la experta, para quien existen varios elementos centrales que dan cuenta de la actual situación.

Las causas

A partir de 2013 —cuando comienza el Gobierno del presidente Maduro- «se intensifica el proceso de la guerra económica, que se enmarca en una guerra no convencional«, analiza Curcio.

El desarrollo de la guerra económica tuvo, desde esa fecha, varios momentos y elementos determinantes. Uno de los primeros fue «un desabastecimiento programado y selectivo de bienes, en 2013, 2014, 2015 hasta el 2016, que no fue producido por una caída de la producción, sino por una alteración de los mecanismos de distribución».

En paralelo a ese fenómeno interno, «y de manera encubierta», explica, comenzaron las acciones internacionales, como la «manipulación del índice financiero del riesgo país cuando Venezuela cumplía puntualmente con sus compromisos de deuda externa, y problemas para las transacciones financieras».

Un punto central de la escalada fue en agosto de 2017, coincidente con el inicio de la Asamblea Nacional Constituyente, cuando comenzaron las medidas coercitivas contra la industria petrolera venezolana y la empresa estatal PDVSA, columna vertebral de la economía nacional. La agresión pasó entonces de encubierta a abierta.

PDVSA

«Iniciaron formalmente las trabas financieras, se le impedía a PDVSA que refinanciara su deuda, que realizara sus pagos, adquiriera repuestos e insumos para la producción, y en Venezuela PDVSA es la empresa que genera históricamente el 90% de los ingresos en divisas del país», explica Curcio.

 

El ataque a PDVSA desencadenó varias consecuencias: al caer la producción, con un mínimo de 400.000 barriles en el 2020, «cayeron las exportaciones, los ingresos en divisas, y en consecuencia tuvimos menos recursos para para importar bienes de consumo final, bienes, insumos, materia prima y repuestos para la producción no solo petrolera, sino del resto».

El impacto afectó además «la posibilidad de honrar los compromisos de deuda externa porque disminuyeron las divisas que estaban entrando, y afectó las reservas internacionales, nuestros ahorros, y, por lo tanto, al disminuir entonces hubo que disponer de la reserva». Las reservas internacionales pasaron de alrededor de 20.000 millones de dólares en 2013, a cerca de 6.000 millones en la actualidad.

Hundir la moneda

Otra de las armas que han aplicado, que explica particularmente la inflación, es el ataque al bolívar, explica Curcio, quien señala que, si bien los primeros ataques a la moneda empezaron en el año 2006, cuando «comenzaron a posicionar un supuesto precio del bolívar que no era el verdadero precio», el ataque central comenzó a partir del 2012-2013, hasta agudizarse en el 2017.

Eso es lo que ha generado una hiperinflación, desde el 2012 hasta hoy, según los portales que posicionan un supuesto precio del bolívar, esa supuesta depreciación de nuestra moneda, va por alrededor de un millón de millones por ciento». En el 2012, un dólar era equivalente a ocho bolívares, y actualmente equivale a 1.500.000 bolívares soberanos, es decir 150.000 millones en el bolívar antes de la reconversión del 2018.

 

«Con toda responsabilidad, en Venezuela han pasado muchas cosas estos años en lo económico, lo político, pero jamás que pueda explicarse que el bolívar se haya depreciado un billón por ciento».

 

Ese ataque a la moneda fue confesado en diciembre del 2019 por el senador estadounidense, Richard Black, quien afirmó respecto a Venezuela: «Hemos desmonetizado su moneda, y, a través del sistema bancario internacional, hicimos que la moneda venezolana careciera de valor, y luego vamos y decimos ‘miren lo malo que es este Gobierno, su moneda no vale nada’, bueno no fueron ellos, fuimos nosotros quienes hicimos inútil su moneda».

Los efectos

El ataque sobre la moneda desencadenó efectos críticos en la economía. Al generar un proceso hiperinflacionario, con un «aumento de precios diariamente, de manera rápida y desproporcionada», se deterioró el salario real.

Con ese deterioro «se pierde el poder adquisitivo en los hogares, se establecen prioridades de consumo, se dejan cosas sin adquirir, y eso repercute sobre la producción, porque si no tienen quienes les compren no necesariamente producen, y genera contracción en la economía».

 

Un fenómeno similar ocurrió en la administración pública, el Estado, analiza Curcio. Allí, ante una inflación impredecible, «el presupuesto previsto no le alcanza al Estado, impacta sobre su desempeño en todos los servicios que presta desde electricidad, agua, telecomunicaciones, salud, educación, el servicio penitenciario, judicial», algo que es visible en la cotidianeidad venezolana, en particular fuera de la capital del país, Caracas.

Las respuestas

El Gobierno desarrolló varias respuestas a lo largo de los años. Ante el desabastecimiento, por ejemplo, fueron creados en el 2016 los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, que permitieron generar un proceso de organización para distribuir alimentos subsidiados por el Estado.

A principios del 2018 «se anunció la creación del petro, que nació como una criptodivisa, principalmente para sortear el bloqueo del sistema financiero». Pocos meses después de su creación, el petro fue sancionado por una orden ejecutiva de Trump.

En agosto de ese año, el Gobierno anunció el Plan de Recuperación y Prosperidad Económica, «hizo un ajuste de los salarios de casi 3.700%, sin embargo, ese ajuste en septiembre ya comenzó otra vez a deteriorarse, comenzaron a atacar otra vez el bolívar, y en menos de un mes duplicaron el tipo de cambio».

El Plan incorporó otra medida central: la flexibilización del control de cambio. «Se lo hizo con la esperanza de que podrían venir inversiones extranjeras privadas, porque una de las excusas era que no tenían dónde transar las divisas de manera libre», explica Curcio. Sin embargo, «las inversiones no necesariamente han llegado, no porque no esté libre el sistema cambiario, sino porque están observando la situación estanflacionaria que genera inestabilidad en el momento de realizar inversiones».

La situación en el marco del bloqueo económico, llevó al Gobierno a aprobar en octubre del 2020 la Ley Antibloqueo, con el fin, entre otras cosas, de atraer capitales privados.

La Ley Antibloqueo

«Es necesaria una ley contra el bloqueo», afirma Curcio. Sin embargo, plantea dudas sobre su efectividad: «Ciertamente requerimos que ingresen divisas, pero hasta qué punto esas divisas, si es que ingresan, no se terminarán yendo en un escenario de libre cambio, en el marco de una depreciación inducida que continúa por el ataque al bolívar».

Aún es temprano para saber la efectividad de la Ley Antibloqueo, en particular porque sus cláusulas indican que el proceso de inversiones no es público. Pero Curcio, investigadora de la historia de la economía venezolana, sostiene que «pensar que ahora el sector privado y las inversiones privadas extranjeras son las que van a resolver el problema actual de Venezuela es ingenuo si vemos un comportamiento de más de medio siglo».

Según ella, «el Estado venezolano tiene recursos suficientes, no solo es el petróleo, también está el oro y otros minerales, de manera de poder enfrentar esta guerra económica, no significa que el capital privado no venga, si van a venir y se van a llevar las poquitas divisas como han estado acostumbrados, no estamos resolviendo el problema».

La disyuntiva

Finalmente, Curcio plantea un debate central: cómo se reparte la riqueza generada en el país.

«En procesos inflacionarios, y sobre todo hiperinflacionarios, la inflación a quien más termina afectando es a la clase obrera, trabajadora, por la vía del salario, porque mientras los dueños del capital tienen la posibilidad de fijar los precios en la correlación de fuerzas del mercado, sobre todo si son monopolios, pero el trabajador no tiene la posibilidad de fijar su salario».

 

Según números del Banco Central de Venezuela, en el 2014, el capital privado se apropiaba del 31% del PIB, 36% era para los asalariados, y el Estado obtenía 13%. Ese número, en el 2017 —datos más actualizados— se modificó a favor de los privados, que pasaron a obtener el 50%, y en detrimento de los trabajadores con 18% y el Estado con 9%.

Así, en el proceso de reducción del PIB, el total se fue repartiendo de forma cada vez más desigual en favor de «los dueños del capital». Los salarios reales, del 2018 a la fecha, cayeron 99%, y, si bien el Estado mantuvo cerca del 75% del presupuesto destinado a la inversión social, ese monto fue sobre un total más reducido percibido por el Estado.

Curcio insiste en que «no puede ser la clase trabajadora la que reciba el mayor impacto de la guerra económica». Uno de los primeros pasos es aumentar los salarios, y una de las vías es a través de impuestos, «los más progresivos, los impuestos sobre la renta y las grandes fortunas (…) es un tema de redistribución, son capitales que se están llevando más de lo que se llevaban antes de la torta, e históricamente no han pagado suficientes tributos».

Por eso, Curcio, plantea que exista una gran disyuntiva: «O aumento el dinero para aumentar el salario de los trabajadores y con eso reactivo la demanda y el consumo para reactivar la producción, o simplemente dejo que sigan aumentando los precios independientemente de lo que pase con los salarios y que siga cayendo la producción».

Por Marco Teruggi | 28/01/2021

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Martes, 26 Enero 2021 05:59

Pandemia y deuda, los ejes de Davos

António Guterrez, de la ONU, reclamó disponibilidad de vacunas para todos los países.  Imagen: EFE

Empezó el foro económico del establishment global

Las consecuencias de la covid-19 marcarán otra vez el año económico. Xi Jinping advirtió a Biden y la ONU pidió alivio por las deudas.

 

El encuentro anual del Foro de Davos, que congrega a la crema del establishment global, comenzó este lunes, con una agenda dominada por la pandemia y su impacto en la economía, el cambio climático y el comienzo de la presidencia demócrata de Joe Biden en los Estados Unidos. Por primera vez, tiene un carácter virtual y entre las presencias de la primera jornada se destacaron el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. También estuvieron Pedro Sánchez, primer ministro de España; Antonio Fauci, asesor de Salud de Joe Biden, y entre las figuras empresariales, Pascal Soriot, CEO del laboratorio AstraZeneca; James Quincey, CEO de Coca-Cola y Herbert Diess, CEO de Volkswagen. El plato fuerte del día fue la declaración del presidente de China, Xi Jinping, quien solapadamente advirtió a Biden acerca de una nueva guerra fría.

En el foro también se presentó un documento sobre la economía global en donde se plantea que los riesgos de los próximos dos años están vinculados al empleo y vivienda, desilusión entre los jóvenes, inequidad digital, estancamiento económico, daño al medio ambiente, erosión de la cohesión social y ataques terroristas. Pero además, el informe presenta un cuadro en donde la Argentina aparece como una de las economías más golpeadas por la pandemia, solo superada por España y Perú. En paralelo, el país aparece con una de las mayores tasas de muerte por coronavirus cada 100 mil habitantes, algo peor que México,

En su presentación ante el Foro de Davos, el presidente de China, Xi Jinping, alertó sobre el comienzo de una nueva “guerra fría”, un dardo dirigido al flamante presidente norteamericano, Joe Biden. “La confrontación siempre va a terminar hiriendo a los intereses de todas las naciones y sacrificando el bienestar del pueblo”, advirtió. También reafirmó el compromiso de China de reducir en un 65 por ciento las emisiones de carbono para 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono (emisiones netas igual a cero) para 2060. La economía de China creció 2,3 por ciento el año pasado, su peor marca desde 1976. Aun así, se trata de la única economía grande del mundo con crecimiento positivo en 2020. Se espera para 2021 una recuperación del 7,9 por ciento.

El crecimiento de China volverá a estar muy por encima del promedio del avance mundial, que será de 4,7 por ciento, según detalló en Davos Antonio Guterres, secretario general de la ONU. El funcionario advirtió que la recuperación económica va a depender de la “disponibilidad y eficacia de las vacunas para todos, del apoyo fiscal y monetario inmediato en los países desarrollados y en vías de desarrollo y de medidas transformadoras de estímulo a más largo plazo".

"Muchos de los países con ingresos medios y los menos desarrollados necesitan liquidez para evitar impagos de la deuda. Se necesita el alivio de deuda de todos los países que lo necesiten para que nadie se vea forzado a elegir entre ofrecer los servicios básicos a su población o cumplir con sus deudas", señaló Guterres. La declaración apunta a la situación de los países más pobres pero sirve para reforzar la posición de Argentina, que se encuentra en plena negociación con el FMI para llegar a un acuerdo de renegociación. "Nuestro principal objetivo para 2021 es construir una coalición global para lograr un saldo nulo en

Por otro lado, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, anticipó que el crecimiento económico esperado de la Eurozona en el primer trimestre de 2021 es de apenas 0,6 por ciento, la mitad de la predicción que se había hecho en diciembre pasado. "Todavía se trata de cruzar el puente hacia la recuperación. El tren está demorado, pero no descarrilado", dijo Lagarde.

Para la jornada de este martes, se espera la presencia (virtual) de la Canciller de Alemania, Angela Merkel, su par de Francia, Emmanuel Macron, y la titular del FMI, Kristalina Georgieva. El jueves está prevista la participación del presidente argentino, Alberto Fernández.

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Economía y política a comienzos del 2021 Incertidumbres en la economía mundial

No hay que esperar grandes cambios en la economía mundial del 2021 respecto de lo acontecido el pasado año e incluso, de los inmediatos anteriores, aun cuando pesa y mucho el impacto del COVID19 en el 2020, lo que agravó el proceso recesivo, o de desaceleración, verificable desde la gran crisis del 2007/09, o si se quiere desde el 2001 estadounidense. En aquella oportunidad todo se resolvió con mayor emisión y deuda pública, lo que se repitió a los pocos años y volvió a potenciarse y extenderse en el presente, con una deuda que alcanza al 110% del PIB estadounidense. Al lado de los usos monetarios se desplegó la ofensiva militarista para sostener la dominación estadounidense y “ordenar” el sistema capitalista en función de la lógica de acumulación de sus capitales de origen. Un “orden” que con Trump empezó a mutar en “desorden”, uno “norma” que no podrán superar los demócratas en la nueva gestión gubernamental. EEUU no puede frenar los cambios que operan en el orden mundial capitalista y solo puede intentar demorar su pérdida de peso relativo, con las formas específicas de Biden o de Trump. Este no es un loco enajenado, sino expresión de las dificultades de la economía capitalista estadounidense.

Son décadas, entre 2001 y 2021, de bajo crecimiento y acumulación de serios problemas en la situación mundial del capitalismo. La algarabía de los 90, ruptura de la bipolaridad entre socialismo y capitalismo, del Siglo XX encontró sus límites materiales en la valorización de los capitales, con la emergencia de nuevos territorios para la acumulación, especialmente China, que si hace 40 años apenas existía en la ponderación de la producción mundial, hoy disputa la primacía con EEUU. Hacia el 2001, con EEUU en crisis, China recién iniciaba su estrategia de proyección internacional en el marco de la liberalización empujada por EEUU desde la restauración conservadora de Reagan en 1980. EEUU aceleró entonces la intervención estatal desde las políticas monetarias sustentadas desde el Tesoro y la Reserva Federal, cuando China y su política de modernización aventajaba con años de planificación estatal e inversiones científicas, técnicas y tecnológicas que ahora hacen visible una tendencia a la ofensiva en el control de la innovación y la producción mundial. Es un proceso que involucra de manera acelerada la internacionalización de la moneda china en desmedro de la hegemonía del dólar establecida desde 1944/45.

Por eso, al pensar los problemas del capitalismo contemporáneo, reconocemos, por un lado, la merma del poderío relativo de EEUU, que inaugura nueva administración desde enero y con expectativas de cambios en la regulación financiera y la reanimación de la economía bajo la gestión Biden-Yellen. Algunos imaginan, como si ello fuera posible, una nueva ronda de políticas keynesianas, con importante intervención estatal en las pautas macroeconómicas, obviando que el problema trasciende la esfera de la macroeconomía y se asienta en la falsedad de la liberalización del mundo empresario, o de la microeconomía, tal como les gusta a los profesores de manuales explicar el funcionamiento de la economía. La macro bajo dominio del Estado, la micro bajo las decisiones del capital privado. Una ilusión hace un siglo y mucho más en la actualidad. Por eso también insistimos que el otro fenómeno en la economía mundial es la emergencia de China, la que creció de manera destacada en este lapso, para competir en la actualidad no solo la primacía económica en el ámbito global, sino la potencia de un nuevo ciclo de dominación mundial.

Ambos fenómenos de la trayectoria de EEUU y de China en estas décadas, más allá de la guerra comercial y monetaria entre ambos países, actualizan la agenda de discusión sobre la producción y circulación de bienes y servicios, tanto como las alianzas internacionales, algo verificado en el reciente acuerdo comercial entre China y la Unión Europea, ahora menguada con la salida británica por el Brexit, que induce nuevos problemas a la dinámica de la circulación capitalista europea y global. Del orden emergente del 45 del siglo pasado al desorden contemporáneo se pueden observar los movimientos de una compleja estrategia de renovación del capitalismo mundial. Hemos sostenido que las crisis mundiales renuevan las formas de expresión de los mecanismos esenciales de la explotación de la fuerza de trabajo y los mecanismos extra-económicos de apropiación de la riqueza socialmente generada, exacerbando en el presente el papel de la renta, del suelo, petrolera, minera, financiera, etc. La producción capitalista se resignificó en cada crisis mundial, hacia 1870, 1930, 1971 y claramente en este presente continuo entre 2001 y 2021.

El tema es grave, por eso, aquellos que imaginaron un rebote rápido de la economía mundial deberán esperar, según afirman las distintas valoraciones sobre el presente año de los organismos internacionales y otros ámbitos de estudio sobre la coyuntura de la economía mundial. Más allá de los pronósticos, nadie aventura hoy una rápida recuperación, con un horizonte incierto sobre los impactos económicos y sociales, incluso de temas estratégicos como el cambio climático, los cambios regresivos en cuestión de empleo y la creciente desigualdad en la apropiación del ingreso y la riqueza[1]. Dice el BM: “Se espera que la economía mundial se expanda un 4 % en 2021, suponiendo que la distribución inicial de las vacunas contra la COVID-19 (coronavirus) se amplíe a lo largo del año.” Suponiendo dice el informe, un vocablo que no otorga seguridad y anima lo que denominamos “incertidumbre”. Continúa el organismo: “Para superar los impactos de la pandemia y contrarrestar los factores adversos que afectan las inversiones, es necesario dar un gran impulso a la mejora del entorno empresarial, aumentar la flexibilidad del mercado laboral y de productos, y reforzar la transparencia y la gobernanza”. Leemos el énfasis en la micro, a lograr con flexibilidad laboral, o sea, todo a la ganancia y en contra del ingreso salarial y sus condiciones de trabajo y de vida. Nada nuevo en la reconversión capitalista para relanzarse luego de la crisis en curso. Ni siquiera la aparición de vacunas en el presente resuelven en el corto plazo la inmunidad sanitaria de la población, haciendo más compleja la recuperación plena de la capacidad instalada de la producción mundial. La desigualdad creciente posterga toda visión optimista sobre objetivos socio económicos establecidos y avizora la emergencia de una conflictividad social en la demanda de derechos socio económicos deliberadamente restringidos en casi medio siglo de reaccionarias reformas a nombre de la libertad de mercado.

Una libertad cuestionada por la inmensa intervención estatal en el salvataje de la economía, proceso enfatizado en los países de mayor desarrollo capitalista, aun bajo distintos gobiernos, tanto en EEUU, como en Europa o Japón, también China (obvio). La intervención del Estado resulta esencial para explicar que la situación no sea más grave de lo que la realidad muestra con dramáticos datos que afectan a millones de personas desfavorecidas, no solo por razones sanitarias, caso del COVID19, sino por la marginación social, el desempleo, la pobreza y la indigencia. La intervención estatal no se discute, sino, en favor de qué sectores socioeconómicos y para atender cuáles demandas. El eje central del accionar del Estado capitalista está en el restablecimiento de la lógica de la ganancia, por lo que crece la preocupación sociopolítica del pensamiento crítico por atender las demandas sociales y económicas de la mayoría de la población marginada de la mercantilización creciente de la vida cotidiana.

Premisas para un horizonte alternativo

El problema es continuar haciendo aquello cuyos resultados conocemos y con regresivos resultados. Hace ya medio siglo que las políticas hegemónicas inducen un desmantelamiento de la seguridad social gestada en el medio siglo precedente en los países capitalistas, quienes confrontaban desde 1930 con las condiciones sociales de la reorganización civilizatoria expresada por el socialismo en ciernes desde la revolución rusa en 1917. El desarme de los derechos sociales es un fenómeno exacerbado en las últimas tres décadas luego de la ruptura de la bipolaridad en el sistema mundial. Es una tarea inacabada en este comienzo de la tercera década del Siglo XXI, cuya tendencia se agudizó en los últimos años, aun con algunas ventanas de esperanza, abiertas a contramano, caso del cambio político operado en la primera década de este siglo en Nuestramérica. Un proceso que fue contrarrestado con fuerte intervención mediática y propagandística, sin menoscabar otras fuentes tradicionales de intervención para revertir procesos cuestionadores a la liberalización y mercantilización de la cotidianeidad.

La experiencia del cambio político debe ser discutida, muy especialmente en lo relativo al cambio económico, a la potencialidad de reformas en las relaciones económico sociales más allá de la intervención estatal, donde destaca la orientación hacia formas comunitarias y cooperativas de larga tradición en la región y en el mundo. Es un tema que recogió el nuevo constitucionalismo en Nuestramérica, muy especialmente en las reformas del 2009 en Bolivia y en Ecuador. Son referencias institucionales que requieren pasar a constituirse en política del Estado y de la Sociedad, con gran participación social en la toma de decisiones para la discusión sobre el sentido de la producción y la distribución, los que supone analizar los sujetos económicos del cambio social y político. En rigor, supone discutir un marco referencial diferente para la situación actual de la economía en la región y en el mundo. Los análisis de la CEPAL insisten en las desventajas de la región para la producción y el comercio mundial, incluso la escasa expectativa en ser receptores de inversión externa, salvo para profundizar el saqueo sobre los bienes comunes y una mayor explotación de la fuerza de trabajo.

Un nuevo paradigma de producción se requiere para satisfacer las demandas sociales de los pueblos en nuestra región y en el mundo. Las experiencias recientes, de la primera década del Siglo XXI dejaron un conjunto de instituciones que constituyen programa para pensar en respuestas creativas en nuestro tiempo. Se trata de una orientación hacia políticas soberanas en materia de alimentación, energía, o finanzas. En este último caso implica la posibilidad de transitar una nueva arquitectura financiera que ponga freno a la fuga de recursos generados socialmente con el esfuerzo del trabajo de nuestros pueblos. Cuando en Davos se discute el “reinicio” luego de la crisis, los pueblos necesitan recrear el programa alternativo, en contra y más allá del capitalismo.

La crisis convoca a renovar al capitalismo, pero también a desafiar el orden civilizatorio sustentado en la explotación y el saqueo, que afecta a los seres humanos y a la propia naturaleza. El COVID19 es expresión de ese fenómeno, del modelo productivo capitalista. Por ello es que se debe pensar y actuar críticamente, en la búsqueda de un nuevo orden económico social sustentado en el cuidado de la naturaleza y la satisfacción de las amplias necesidades sociales. El orden capitalista y sus incertidumbres del presente solo auguran mayores miserias para los pueblos del mundo e impone la necesaria construcción de otro orden social No se trata de resetear al capitalismo, sino que se requiere combatirlo y desplegar nuevas relaciones socioeconómicas entre las personas. Como siempre sostenemos, no es solo economía, sino política, dos esferas de la actividad humana indisociables.

Buenos Aires, 20 de enero de 2021

[1] Puede leerse: a) FMI. Perspectivas de la Economía Mundial, en: https://www.imf.org/es/Publications/WEO; b) Banco Mundial. La economía mundial se expandirá en un 4 % en 2021, en: https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2021/01/05/global-economy-to-expand-by-4-percent-in-2021-vaccine-deployment-and-investment-key-to-sustaining-the-recovery ; c) Foro económico Mundial. Riesgos globales 2021: futuro fracturado, en: http://reports.weforum.org/global-risks-report-2021/global-risks-2021-fractured-future/

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