Más de 3.000 chilenos sufrieron violaciones de DDHH durante las protestas de 2019

Informe a casi un año del estallido social en Chile

Se presentaron 2.520 querellas contra agentes de seguridad en todo el país, según un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Las víctimas denuncian que siguen estancadas las causas judiciales contra miembros de las fuerzas de seguridad.

 

Más de 3.000 chilenos sufrieron violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social del año pasado, según un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile. Además se presentaron 2.520 querellas contra agentes de seguridad en todo el país, explicó el director del organismo Sergio Micco. También dijo que el objetivo de la investigación es llegar a la verdad para que no se repitan estos hechos. A casi un año del estallido social del 18 de octubre las causas judiciales contra miembros de las fuerzas policiales chilenas siguen estancadas. Las víctimas exigen justicia y que avancen las investigaciones. A su vez, el 25 de octubre tendrá lugar el plebiscito donde los chilenos podrán decidir la modificación o no de la Constitución sancionada durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Información para llegar a la Verdad

El INDH reveló que durante las protestas hubo 3.023 víctimas de violación a los Derechos Humanos. De ese total 1.810 fueron hombres, 621 mujeres, 336 niños y adolescentes varones, 132 niñas y adolescentes mujeres, y 124 los calificó como “otros”. Además el organismo resaltó que 163 personas sufrieron trauma ocular. De ese número 110 tuvieron algún tipo de lesión en el ojo y 32 presentaron pérdida de la visión por “trauma irreversible”.

En cuento a las querellas el INDH destacó que 2.340 fueron dirigidas contra efectivos de Carabineros, 97 contra militares del ejército, 34 contra integrantes de la Policía de Investigaciones (PDI) y 49 a “otros”. El organismo detalló que sólo se formalizaron 31 causas y se imputaron a 72 involucrados en violaciones a derechos fundamentales. La Región Metropolitana, a la cual pertenece Santiago, fue el principal centro de protestas en todo el país y también donde se presentaron 986 de las querellas. Le sigue la región del Biobío, cuya capital es Concepción, con 248. La tercera región con más querellas fue la de Los Ríos con 158.

Al momento de presentar el informe Micco señaló la importancia de avanzar en las investigaciones de estos casos. "Si no sabemos qué ocurrió ni por qué ocurrió, difícilmente podremos saber cómo no repetir esto", sostuvo el abogado. Además indicó que su trabajo debe ser la base para una reunificación del pueblo chileno. "El camino de la verdad, justicia, reparación y de garantías de no repetición es para encontrarnos”, dijo el académico. El INDH también presentó un mapa online de libre acceso donde ubicaron cada uno de los casos, informó la jefa de la Unidad de Estudios y Memoria del organismo Diana Rodrigo. “Lo que aquí se describe no es todo lo que sucedió en el marco de la crisis social. Pero se muestra lo que efectivamente ocurrió, permitiendo responder tres preguntas básicas: quién, cómo y dónde”, explicó Rodrigo.

El INDH es una de las principales organizaciones que denuncia el accionar represivo de fuerzas de seguridad desde el inicio de las manifestaciones sociales del año pasado. Su financiamiento proviene del Estado, sin embargo no depende del poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial. El ente se define como independiente y autónomo. Está integrado por 11 personas de reconocida trayectoria en el ámbito de los Derechos Humanos que permanecen en su cargo por un período de seis años.

Para Micco las cifras del informe hablan por sí solas. Sin embargo manifestó que los avances realizados en la investigación no son suficientes. Durante la Asamblea General de la ONU de septiembre pasado, el presidente de Chile Sebastián Piñera aseguró que su gobierno buscaría esclarecer los hechos. “Haremos todos los esfuerzos para que no haya impunidad. Ni para los que vulneran los Derechos Humanos ni para los violentistas", sostuvo el mandatario. Sin embargo el director del INDH señaló aún no hubo acciones concretas. "El compromiso de que no va a haber impunidad se expresa aumentando los recursos para el sistema procesal y con la reforma integral del cuerpo de Carabineros", sostuvo el abogado. Pero señaló que ninguna de las dos ocurrieron hasta ahora.

El lento camino de la Justicia

Entre las razones de los escasos avances judiciales, Micco destacó los problemas estructurales del sistema procesal chileno. Según el funcionario hay un bajo nivel de eficacia e insuficiente respuesta del gobierno a la sobrecarga del sistema, que se agravó con la pandemia de la covid-19. Desde la llegada del coronavirus al país austral en marzo pasado, se redujeron a un tercio las audiencias judiciales, lo que detuvo aún más las investigaciones. Miles de denuncias contra las fuerzas de seguridad siguen sin resolverse un año del estallido social.

Pasaron casi 12 meses desde que el estudiante ecuatoriano Romario Veloz fue asesinado durante una manifestación en La Serena, al norte de Chile. Recién en los últimos días la Fiscalía solicitó la formalización de un capitán del ejército. Se lo acusó como presunto responsable de ordenar los disparos que acabaron con la vida de Veloz. La madre del joven Mery Cortez describió la odisea que está pasando su familia. "Yo pensé que con la muerte de mi hijo terminaba la historia, pero recién ahí fue cuando empezó mi calvario", reconoció Cortez. La lentitud judicial la llevó esta semana a tomar medidas extremas. La mujer marchó hasta el Palacio de La Moneda, la sede del gobierno chileno. Allí se desnudó para mostrar un mensaje que llevaba pintado en el pecho: "Justicia para Romario". "Cayó un herido antes que él. Debieron haber cesado el fuego, pero siguieron disparando y le tocó la parte más fea a mi hijo", lamentó Cortez.

Para Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), la pandemia es una excusa para la inacción judicial. "Históricamente las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos cometidas por Carabineros se investigan poco", dijo Guevara. Varias organizaciones plantearon la necesidad de emplear recursos especiales para reforzar la PDI, el único cuerpo policial encargado de indagar este tipo de delitos. Además pidieron aumentar los recursos del Ministerio Público.

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"La actuación de Carabineros no habría sido posible si el Ejecutivo hubiese ejercido un adecuado control sobre la institución", dijo Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional sostiene que esta conducta forma parte de "un patrón constante e histórico"

 

La organización exhortó al Gobierno a que investigue a la fuerza, cuyos altos mandos "habrían omitido deliberadamente tomar todas las medidas a su alcance" para prevenir las represiones. También señalan la ausencia de sanciones disciplinarias y el apoyo a la institución por parte del Gobierno de Piñera. 

A un año del estallido de las protestas sociales en Chile, Amnistía Internacional (AI) pidió a la Fiscalía chilena que investigue a los altos mandos del cuerpo policial de Carabineros por "permitir" que se cometieran violaciones a los derechos humanos. El presidente del país trasandino, Sebastián Piñera, convocó a una comisión para reformar la fuerza de seguridad.

"Tenemos elementos de convicción de que dichos mandos, a pesar de tener conocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo sus subalternos, habrían omitido deliberadamente tomar todas las medidas a su alcance para prevenirlas", dijo Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Según Guevara, "lejos de ser hechos aislados cometidos por funcionarios actuando por cuenta propia”, los actos de violencia hacia los manifestantes que salieron a las calles hace casi un año “se habrían cometido en base a una política cuyo fin último era desalentar la protesta social".

La organización no gubernamental realizó una investigación en la que señala al director general de Carabineros, Mario Rozas -cuya renuncia ha sido solicitada por la oposición en innumerables ocasiones-, así como al subdirector, Diego Olate, y al director de Orden y Seguridad, Ricardo Yáñez, como responsables de avalar la conducta de los agentes de la fuerza policial chilena.

Los integrantes de Amnistía Internacional señalaron que, a pesar de que existía un informe interno de Carabineros que mostraba la peligrosidad de los balines antidisturbios como herramienta para dispersar marchas y de las alertas de diversos organismos de derechos humanos, la institución nunca llegó a prohibirlos y tardó más de un mes en limitar su uso.

El 18 de octubre de 2019 estalló una ola de protestas, en principio encabezadas por estudiantes de Santiago de Chile y que luego se extendieron a otras ciudades y sectores sociales. Las manifestaciones son las más grandes que vio el país desde el fin de la dictadura que encabezó Augusto Pinochet (1973-1990), que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos.

Los Carabineros reprimieron las protestas sociales iniciadas el año pasado con balines antidisturbios disparados hacia el rostro de los manifestantes. Las imágenes de jóvenes con los ojos ensangrentados tras recibir disparos de perdigones y bombas lacrimógenas en el rostro dieron la vuelta al mundo y provocaron también críticas de Naciones Unidas.

De acuerdo al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), 460 personas resultaron con traumas oculares y dos de ellas quedaron totalmente ciegas.

El informe de Amnistía Internacional denuncia que la ausencia de sanciones disciplinarias y el apoyo a la institución por parte del Gobierno permitió que agentes involucrados en violaciones de derechos humanos "permanecieran en sus puestos" y "alentó la repetición de violaciones debido a la impunidad imperante".

"La actuación de Carabineros no habría sido posible si el Ejecutivo hubiese ejercido un adecuado control sobre la institución y, por ende, también se tienen que lindar todas las responsabilidades administrativas, políticas e incluso penales hasta el más alto nivel del Poder Ejecutivo", aseguró Guevara.

El accionar represivo de la fuerza de seguridad continúa hasta hoy. A principios de octubre, un miembro de Carabineros arrojó a un manifestante, Anthony Araya, al Río Mapocho provocándole heridas de gravedad.

Las marchas contra el Gobierno y la desigualdad social se suspendieron al inicio de la pandemia para respetar las medidas sanitarias, pero en las últimas semanas el pueblo chileno volvió a salir a las calles. El 25 de octubre se celebrará un histórico plebiscito para reformar la Constitución -la que está vigente es la que dejó Pinochet- y el Gobierno de Piñera espera que la medida apacigüe la protesta social.

Según Amnistía Internacional, los abusos de Carabineros forman parte de "un patrón constante e histórico que pone en evidencia la necesidad de realizar una reforma estructural y profunda de la fuerza policial".

La semana pasada, Piñera convocó a una comisión especial integrada por expertos independientes, que en un plazo de 90 días deberán presentar una propuesta de reforma estructural de Carabineros

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Domingo, 13 Septiembre 2020 06:13

¿Quién dio la orden?

La policía avanza hacia los manifestantes en Bogotá el 9 de septiembre. Efe / Youtube

El 9 y 10 de septiembre la Policía Nacional de Colombia abrió fuego contra manifestantes durante las protestas por la muerte de Javier Ordoñez a manos de agentes de la institución. El país suma otra masacre y ya son 56 en lo que va del año

 

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Bogotá arde. Mientras, policías, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y guardias de seguridad armados con pistolas, palos y motos protagonizan una imagen que antes se entendía como aislada. Al caer la noche, miembros de la Policía Nacional se convierten en verdugos. Disparan contra el pueblo y, como lo registran decenas de videos en todo el país, asesinan indiscriminadamente. 

Los gritos, disparos y sirenas se mezclan en el aire. Agentes apuntan y disparan por las angostas calles bogotanas en contra de quien tengan en frente. ”Quiubo, gonorrea”, “apague eso”, “¿se va a hacer matar?”, son algunas de las consignas que se desprenden de las gargantas excitadas de policías en toda la ciudad. El sonido de los balazos es seco. Las motos aceleran sobre los cuerpos de manifestantes. La gente corre y responde con piedras, patadas, insultos. 

Van al menos once muertos y 403 heridos. 72 con heridas de bala. Claudia López, alcaldesa de la ciudad de Bogotá, afirma que las autoridades “desobedecieron instrucciones expresas y públicas de la Alcaldía” y cierra con la pregunta que ronda a esta masacre: “¿Entonces a quién obedecen?”

Algunos culpan a vándalos. Hablan de violencia como si el Estado no tuviera responsabilidad. Lloran por buses y hormigón. Se pasan la pelota entre instituciones mientras la sangre de la noche anterior se seca en el adoquín cubierto de escombros y casquillos. 

Las protestas comenzaron tras el asesinato de Javier Ordoñez, un hombre de 43 años que, acusado de violar la cuarentena, fue sometido por miembros de la Policía con constantes descargas eléctricas. A pesar de esto, los forenses encontraron nueve fracturas craneales y golpes en el pómulo, el cuello, los hombros y el tórax que desembocaron en su muerte. La golpiza le fue propinada dentro de un Centro de Atención Inmediata (CAI).

“Por favor, no más”, fueron las palabras del abogado que suplicaba por su vida. Una vez difundida la noticia de su muerte, el coronel Alexander Amaya declaró ante medios nacionales que durante el procedimiento una persona  “presenta molestias en su salud física y de inmediato es trasladada al centro médico más cercano. Lastimosamente llega sin signos vitales”. 

Bogotá arde y en las calles agentes persiguen a manifestantes para golpearlos entre varios. Los patean en el piso. “¡Asesinos!” gritan los testigos. 

Durante dos noches los Centros de Atención Inmediata son abrazados por las llamas. No sólo por el caso de Javier. La lista es interminable. 1. En el CAI de Bosa Laureles policías abusaron de una mujer. 2. En el CAI de Codito policías torturaron y obligaron a detenidos a jugar ruleta rusa. 3. En el CAI de Soledad los policías torturaron y robaron a defensores de derechos humanos. 4. En el CAI de La Gaitana se denunció que secuestraron y torturaron a un joven. 5. En el CAI de Britalia doce policías fueron vinculados con microtráfico de drogas. 6. En el CAI de Oneida policías extorsionaban a los residentes. 7. En el CAI de Las Américas cuatro policías violaron a una niña de 13 años que fue a usar el baño. 8. En el CAI de San Diego, dos mujeres de 22 y 23 años denunciaron abuso sexual por parte de uniformados durante las protestas del 10 de septiembre.

Bogotá arde y la gente se pregunta: ¿quién nos cuida? 

Son las diez de la noche del 10 de septiembre y mientras el fuego se atiza, el miedo crece. Los videos son contundentes y no dejan espacio para supuestos: La Policía está disparando contra manifestantes. Lo hacen apuntando a la cabeza, al corazón y a las piernas. No son balas perdidas, no son errores de procedimiento. Nos están matando. 

Los videos inundan las redes. En Twitter se habla de muertos. Cuerpos tirados en el piso sobre charcos de sangre son iluminados por las llamas. “¡Lo mataron, lo mataron!, tombos hijueputas. No lo dejemos ahí. Lo mataron”— se puede escuchar en un video en el que un manifestante con un disparo en la cabeza es rodeado por otras personas. 

Luego de dos noches de masacre a manos del Estado el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo afirma que todo es orquestado a través de las redes sociales. Saltan las siglas ACAB, el término antifa, y una declaración: “Se reforzará el dispositivo de policía en Bogotá con 750 uniformados, más 850 que llegan de otras regiones del país. 300 soldados de la brigada 13 del ejército apoyarán la labor de la Policía Nacional en la capital de Colombia”. A la par, la senadora del partido Centro Democrático María Fernanda Cabal afirma, en un medio de amplia difusión nacional, que el expresidente Juan Manuel Santos está detrás de todo. 

¿Cómo se ve una dictadura? Hace una semana Transparencia Internacional alertó sobre la concentración de poder del presidente Iván Duque. Resaltó el hecho de que el Gobierno se “convirtió en legislador transitorio” y que la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría están en manos de allegados y exfuncionarios del gobierno. Todo esto poco después de que se dio a conocer que el ejecutivo pagó a la firma Du Brands para perfilar a los influenciadores que hablaban bien o mal del gobierno, misma compañía que firmó un contrato de más de $3.000 millones de pesos, de recursos para la paz, con el fin de mejorar la imagen del mandatario.

A esto se le suman las 55 masacres ocurridas en Colombia durante lo corrido de 2020. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en nueve meses ha habido doce masacres en Antioquia, ocho en Cauca, Nariño y Norte de Santander, cinco en Putumayo, cuatro en Chocó, dos en Córdoba, Valle del Cauca y Bolívar, tres en Atlántico, una en Arauca, Huila, Magdalena, Tolima, Caldas, Cundinamarca, Meta y Cesar. Y a pesar de que Iván Duque insista en llamarlos “homicidios colectivos”, la lengua no tiene medias tintas. La matanza de personas, por lo general indefensas, producida por ataque armado o causa parecida es una masacre. 

Bogotá arde y todos son culpables menos los que disparan.

Los disturbios crecen. Los proyectiles se incrustan en rejas, postes, muros y carne —“¡Socio, no se vaya. No se vaya, perro!” se puede escuchar en otro video mientras jóvenes intentan mantener a un manifestante con vida después de recibir un disparo. 

Cabe resaltar que la brutalidad policial no es nueva en Colombia. Hace poco más de dos meses Anderson Arboleda, un joven de 24 años, murió en Puerto Tejada después de que un policía lo golpeara en la cabeza por violar la cuarentena. Al igual que en noviembre de 2019 Dylan Cruz fue asesinado por el ESMAD con una escopeta calibre 12 durante el Paro Nacional. En Colombia la muerte no envejece. 

¿Dios y Patria? El lema institucional de la Policía Nacional de Colombia habla de amor perfecto, generosidad absoluta y justicia plena. Pero el accionar de sus miembros durante décadas no deja más que rabia y frustración. Las manifestaciones siguen, así como los disparos y el fuego. El ritmo febril de la violencia se toma la capital del país.

En la mañana del 11 de septiembre, entre las cenizas de los CAI, se erigen bibliotecas comunitarias en respuesta a la brutalidad policial. Los ciudadanos las bautizan en honor a los muertos. Se pintan murales, decenas de libros son donados y la música aparece. En la noche las protestas serán pacíficas aunque la Policía seguirá persiguiendo y atacando. 

El gobierno ofrece recompensas y las calles siguen tibias. Los testimonios de personas agredidas por agentes aumentan. Incluso gente que estaba en su casa, como Alexis Valencia Conto, relata el momento en el que desde la misma dirección en la que estaba la Policía empezaron a llover balas calibre 9mm. Una de ellas se alojó en el pecho de su hermano, Robert. 

Agentes con chaquetas al revés para que no puedan ser identificados, amenazas a periodistas, golpizas deliberadas en grupo, persecución, perfilamiento, ataques a residencias y nombres que no deben ser olvidados: Andrés Felipe Rodríguez, 23 años; Julieth Ramírez Mesa, 18 años; Alexander Fonseca, 17 años; Fredy Alexander Mahecha, 20 años; Germán Fuentes, 25 años; Angie Paola Baquero, 29 años; Jaider Alexander Fonseca, 17 años; Christian Andrés Hurtado, 27 años; Larwan Estiben Mendoza, 26 años; Gabriel Estrada Espinosa, 31 años y Julián Mauricio González, 27 años.

Son las nueve y treinta y siete de la mañana del 12 de septiembre de 2020 y anoche, durante una alocución presidencial, Iván Duque habló de que la Policía tuvo una actitud gallarda durante la masacre, mencionó deportaciones e invitó a tener confianza en las instituciones. Se sabe, también, que el mandatario rechazó la reforma estructural de la Policía. Por ahora, mientras la sangre ya es una mancha seca, los políticos le “ofrecen el perdón a las víctimas”, los actos simbólicos continúan y la cúpula de la institución sigue intacta después de que, en palabras de la alcaldesa, ocurriera el hecho “más grave que ha pasado en Bogotá desde la toma del Palacio de Justicia”, el 6 de noviembre de 1985. 

Mientras Bogotá arde Colombia es manejada desde una finca.

Por Nicolás Rocha Cortés 12/09/2020

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París: hubo detenidos e incidentes en la protesta de Chalecos Amarillos

Los manifestantes volvieron a las calles francesas

Las fuerzas de seguridad reprimieron con gases lacrimógenos a los presentes.  

 

Al menos 193 personas fueron detenidas en una protesta de los "chalecos amarillos" para exigir cambios en el sistema político francés de Emmanuel Macron, en lo que fue la primera manifestación tras el parate por las restricciones de la pandemia y el receso de verano.

Las fuerzas de seguridad reprimieron con gases lacrimógenos a los manifestantes que incendiaron mobiliario urbano para dificultar el paso de los vehículos en el noroeste de París. Antes del comienzo de la movilización en el centro de la Ciudad Luz, los uniformados habían detenido a 154 manifestantes.

Las detenciones se debieron sobre todo a la requisa de objetos peligrosos, como martillos, destornilladores, palos de metal y barras de madera, pero también botellas de alcohol y caretas, según varias fotos compartidas por la Prefectura de Policía de la capital en Twitter.

La intención de las autoridades era evitar que la movilización ingresara a la zona de los Campos Elíseos, donde preveían destrozos a los locales de la reconocida avenida parisina. La Policía, que realizó un fuerte operativo, publicó en redes sociales fotografías de cuchillos, máscaras y un arco incautados a los manifestantes.

Los chalecos amarillos, surgidos en el otoño de 2018 tras el aumento a los impuestos a los combustibles, denuncian que "las injusticias sociales y fiscales no dejan de crecer" en Francia. Con el correr de los días y la violencia que se desató en las protestas, fue virando hacia un movimiento más amplio de rechazo a las políticas de Macron.

En respuesta, el mandatario anunció un paquete de medidas con un costo de más de 10.000 millones de euros con el objetivo de cumplir algunas de las demandas de los chalecos amarillos, como aumentar el salario mínimo y reducir los impuestos a los jubilados.

El líder opositor de izquierda Jean-Luc Mélenchon felicitó a "los insumisos presentes en la manifestación de los chalecos amarillos", en un mensaje en Twitter en el que apeló a la calma.

"Reforcemos el rechazo de la violencia porque el prefecto (de la Policía de París, Didier) Lallament está esperando que haya incidentes para lanzar la maquinaria de noquear y encarcelar. Que sea absolutamente pacífica", escribió el que fuera candidato presidencial en 2017 por el partido Francia Insumisa.

Las concentraciones se sucedieron en las principales ciudades del país, como Burdeos, Toulouse y Marsella, mientras en París varios miles de personas salieron a la calle en un contexto poco favorable a las multitudes por la fuerte circulación del coronavirus en Francia, donde ayer se registraron más de 9.000 contagios.

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Dos operarios ponen una cámara de videovigilancia en la calle Ferran de Barcelona (Kim Manresa)

La mascarilla no protege (de la videovigilancia)

 

Un conglomerado formado por seis empresas tecnológicas, tres universidades y el Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL), asesorado y supervisado por el Ministerio del Interior, trabaja desde 2018 en un proyecto único en Europa de control policial con reconocimiento facial que roza la ciencia ficción: agentes dotados de gafas con hardware de realidad aumentada (AR) y de inteligencia artificial podrán distinguir entre una multitud tanto a delincuentes como objetos sospechosos.

El programa, denominado AI MARS (Artificial Intelligence system for Monitoring, Alert and Response for Security in events), permitirá rastrear millones de caras por segundo en grandes concentraciones, sean estadios de fútbol, estaciones de transporte, conciertos, centros comerciales, ferias o manifestaciones.

Las cámaras policiales barrerán el público y, en un cotejo prácticamente inmediato en los centros de control, podrán detectar sospechosos y alertar a los agentes sobre el terreno, que los verán marcados en sus propias gafas.

La latencia entre el barrido de caras en una muchedumbre y la alarma que recibirá en su pantalla interna el agente podrá ser cercana a cero. Décimas de segundo. Será posible gracias a las redes 5G, que están en pleno desarrollo. Esta conectividad es la que hace único el proyecto a nivel europeo.

Inmediatez

El uso de redes 5G permitirá latencia casi 0 en la detección de eventuales riesgos

Y no, la mascarilla contra el coronavirus –hoy obligatoria en el espacio público– no evitará que el sospechoso sea detectado por las fuerzas policiales.

Las empresas que desarrollan los algoritmos de reconocimiento facial han superado en los últimos meses ese handicap, y el reconocimiento del tercio superior de la cara ofrece ya fiabilidades del 99% en la identificación, según datos de dos empresas del sector. En los últimos años, las tecnologías de reconocimiento facial han superado problemas como la iluminación escasa, la inclinación del rostro, el uso de gafas, maquillaje, tatuajes o barbas.

AI Mars busca “una solución innovadora para la seguridad en estos entornos de gran afluencia de usuarios frente a ataques terroristas o de otro tipo de incidentes”, explica una fuente del consorcio, “buscando la detección de alarmas de forma predictiva y evitar el ataque o bien en caso de haberse producido la incidencia poder facilitar la investigación posterior”.

En este sistema, el centro de control “contará con técnicas de realidad virtual y aumentada para enviar la información a las patrullas y para que los mandos puedan gestionar las operaciones de forma remota”, explican dichas fuentes.

Sello catalán

Una ‘spin-off’ de la UPC creada en el 2010 desarrolla el algoritmo de detección facial

Porque el proyecto permitirá el procesado de información biométrica, con el reconocimiento facial, pero también la detección de vehículos y objetos (armas, por ejemplo), de comportamientos anómalos (tumultos, peleas...) y la vigilancia de dispositivos sospechosos de radiofrecuencia, como móviles o tabletas; esta última opción está en fase de desarrollo, por lo que el consorcio no puede dar más detalles.

Y va un poco más allá, porque la tecnología permitirá hacer un seguimiento según la vestimenta. Si se sospecha que un delincuente viste por ejemplo pantalón azul y camisa blanca, el sistema urbano de videovigilancia podrá localizar todas las personas con esa ropa que pasen ante las cámaras, de cara a su seguimiento y eventual detención.

Otra opción en desarrollo es la creación de un sistema de avisos masivo a la ciudadanía, en caso de emergencia de seguridad.

“Queremos dar una respuesta integrada a las necesidades de seguridad que acompañan a escenarios con gran concentración de personas. Actualmente en Europa no existe una solución que integre todas las necesidades en este ámbito”, explica el consorcio. La solución, explica el consorcio AI Mars, “tiene una finalidad de seguridad pero la plataforma es fácilmente adaptable a otro tipo de objetivos como puede ser la gestión del comportamiento de multitudes, conteo de personas, control de aforos, etcétera”, sin la identificación unívoca de personas.

Seguimiento

La red de cámaras permitirá seguir a un sospechoso en función de su vestimenta

“El objetivo de este proyecto –añaden– no es la monitorización de las personas sino permitir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado y cuerpos de emergencia localizar a personas en situaciones concretas que así lo requieran”. “Como tal, el proyecto cumplirá el marco legal aplicable en cada país en el que se implante en su momento. El consorcio está en contacto permanente con las fuerzas de seguridad ente otras cosas, para asegurar este punto”.

El novedoso proyecto AI Mars de I+D+i tiene un presupuesto de 5.260.389 euros, apoyado y financiado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, y está liderado por Cellnex. Éste es uno de los principales operadores de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas de Europa. Otros socios del proyecto son Herta Security, Sngular, Emergya, SHS y Televés, las universidades de Granada, la Politécnica de Madrid, Carlos III y el mencionado ITCL.

Fuentes del proyecto detallan que en este 2020 se prevé realizar pruebas de laboratorio, en 2021 sobre el terreno y lanzarlo en 2022, aunque en las fases preliminares ya se han hecho algunas catas.

En un campo de fútbol de la Liga Española, sin ir más lejos. “Nuestro primer objetivo son los grupos ultras. Lo hemos probado con cámaras de la UCO, se está estudiando y se han hecho pruebas, porque puede ser un buen apoyo para mayor seguridad en los estadios”, admite una fuente de la Liga de Fútbol Profesional. La UCO es la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, dedicada a la investigación policial.

En pruebas

Cámaras tuteladas por la Guardia Civil han hecho pruebas en un estadio de La Liga

“El ministerio ha dado un apoyo por carta a este proyecto, y ha habido un ofrecimiento por parte de la Guardia Civil para poder asesorar y probar la fase piloto del proyecto, aunque dependería de la firma de un protocolo de colaboración más firme”, explican fuentes de la Secretaría de Estado de Seguridad.

La mascarilla, en todo caso, no va ser un obstáculo.

Herta Security, una de las socias del consorcio, es una spin-off de la Universitat Politècnica de Catalunya, nacida en el año 2010; además de AI MARS, ofrece su tecnología a muchos otros clientes. En enero, intuyendo que la crisis sanitaria se extendería, aceleraron sus investigaciones para tener un hardware que permitiera el reconocimiento facial incluso con mascarilla. Estaba en marcha porque su uso en Asia se ha ido extendiendo en los últimos años, por la polución. Cuando estalló la crisis, lanzaron un programa beta, esto es, en fase de laboratorio, y funcionaba. “El reto era la nariz, sin la nariz a la vista perdíamos eficacia”, explica Laura Blanc, responsable de marketing de Herta.

“Los algoritmos de reconocimiento facial han evolucionado muchísimo en cinco años, a partir de los puntos fiduciarios de las caras, esto es, los que no varían, como la forma y distancia entre comisura de los labios, los ojos... Antes los algoritmos eran precisos pero muy lentos. Con el tiempo hemos solventado problemas como la iluminación, la no frontalidad, la falta de enfoque, oclusiones como las de las mascarillas… Hoy, identifican con hasta el 60 o 70 % del rostro tapado”, explica Carles Hernàndez, CTO (por chief technology officer ) de Herta. “Desde luego este es un sector en crecimiento, han nacido muchas empresas que venden imágenes a tanto el kilo, algunas te ofrecen 10.000 imágenes al mes”.

“Salvo contadísimas excepciones, la tecnología funciona muy bien”, promete Javier Mira, CEO de Facephi, potente compañía alicantina especializada en la identificación facial de cliente bancario. “La tecnología contactless ya era tendencia, pero con el coronavirus, muchísimo más”.

Por Ignacio Orovio, Barcelona

06/09/2020 01:02 | Actualizado a 06/09/2020 11:43

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Cientos de manifestantes contra el racismo marcharon de manera pacífica en Kenosha, Wisconsin, para recordar a las dos personas que fueron abatidas el pasado miércoles durante una jornada de protesta por la brutalidad policiaca contra el afroestadunidense Jacob Blake, quien fue tiroteado por la espalda. En esta nueva movilización se ignoró el toque de queda decretado por autoridades. Foto Afp

Kenosha. Después de tres madrugadas de disturbios, cientos de manifestantes rindieron homenaje, de manera pacífica, a los dos muertos durante las protestas contra el racismo en Kenosha, Wisconsin. En contraste, Portland fue escenario de nuevos enfrentamientos entre los uniformados y personas que protestaban contra el abuso policial.

En Kenosha los organizadores multiplicaron los llamados a la calma, conscientes de que habían desafiado el toque de queda.

"Todo el mundo está esperando que salgamos con furia, que nos volvamos locos en la cuarta noche, pero ésta es una protesta pacífica", señaló un manifestante.

"Están tratando de silenciarnos, pero no lo van a lograr, seguiremos marchando", añadió.

La violencia en este condado de 100 mil habitantes de Wisconsin comenzó el domingo, luego de que un afroestadunidense resultó gravemente herido durante su detención.

Jacob Blake recibió siete disparos a quemarropa del policía blanco Rusten Sheskey, delante de sus hijos de tres, cinco y ocho años.

Este acto de brutalidad policiaca contra la comunidad negra, que fue filmado y se hizo viral en las redes sociales, acentuó la ola de protestas en el país contra el racismo y el abuso.

"Las vidas de los negros importan". "Sin justicia no hay paz", fueron las consignas más coreadas durante las manifestaciones en varias ciudades de Estados Unidos.

En Kenosha ha aparecido un peligroso grupo de alborotadores, policías y autodefensas.

Mientras, la fiscalía fincó cargos contra Kyle Rittenhouse, de 17 años, por los dos muertos y el herido durante las movilizaciones del pasado martes por la noche.

Anthony Huber, una de las víctimas, cayó en mitad de la calle luego de tratar de detener al tirador.

"Era un ser dulce. No tenía más que amor en su corazón por esta ciudad, por eso estaba en la marcha", dijo entre lágrimas una amiga de Huber.

Luego se hizo un momento de silencio entre la multitud.

Más adelante, frente a una gasolinera, una flor y una botella de alcohol marcan el lugar donde murió el otro manifestante de un disparo en la cabeza.

En los paneles de madera que cubren la gasolinera, se puede leer: "Rusten Sheskey, es tu culpa".

La policía en Kenosha espera la llegada de refuerzos para tratar de calmar las protestas.

En Portland, manifestantes y agentes federales se enfrentaron la noche del miércoles frente a un edificio del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en una nueva noche de violencia en la ciudad más grande del estado de Oregon.

Algunos de los 300 manifestantes desconectaron o vandalizaron cámaras de seguridad, apuntaron con luces láser a los ojos de los uniformados y les arrojaron piedras y botellas, informó la policía.

Los agentes fueron enviados para proteger la propiedad federal. Durante los enfrentamientos, dispararon municiones no letales hacia la multitud y detonaron granadas aturdidoras que formaron columnas de humo verde y blanco, informó la página de Internet del diario The Oregonian/Oregonian Live.

El medio agregó que un manifestante aparentemente herido fue atendido por otros participantes de la protesta. Un agente federal resultó con una herida leve y la policía realizó 11 arrestos.

Portland se ha visto afectada por protestas nocturnas durante casi tres meses desde el asesinato de George Floyd por un policía que le puso una rodilla en el cuello hasta que dejó de respirar. Las manifestaciones, a menudo violentas, suelen tener como objetivo edificios policiales y federales.

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Por la represión, Chile es el país con mayor cantidad de traumas oculares en el mundo

Una investigación de la revista Eye afirma que el mayor alza de los traumas oculares se dio durante los meses de protesta.

 

La revista científica Eye, vinculada a The Royal College of Ophthalmologists del Reino Unido, publicó un estudio realizado por oftalmólogos y distintos profesionales de la salud del Hospital del Salvador que indica que Chile es el país con mayor cantidad de traumas oculares en todo el mundo, esto a raíz de la represión que se vivió en la revuelta popular de octubre pasado.

La publicación señala que entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre fueron 259 pacientes quienes acudieron a la UTO con un traumatismo ocular ocasionado por proyectiles lanzados por las fuerzas represivas en las manifestaciones. Hasta el día de hoy hay contabilizadas 459 víctimas de trauma ocular, donde 26 casos son de estallido del globo ocular, 429 otro tipo de trauma y 9 de estos son de pérdida total de visión irreversible.

Entre los casos más conocidos se encuentra el de Gustavo Gatica, quien el 8 de noviembre en las cercanías de Plaza Dignidad en la capital del país estaba registrando de la represión policial y fue impactado con perdigones que le ocasionaron la pérdida total de la visión en ambos ojos, también está el caso de Fabiola Campillay, quien se dirigía a esperar un bus para poder llegar a su trabajo cuando lo golpeó una bomba lacrimógena en la zona frontal del cráneo, en un registro audiovisual de esa noche se escucha a un policía decir: “uh, se la piteó”, sin ser capaces de brindarle ayuda después de haber sido impactada por el proyectil. Como este son más de 400 casos que no han recibido ayuda de parte del estado, y los que sí, no han tenido un seguimiento constante y apropiado.

Según los informes realizados durante las protestas por el Instituto Nacional de DD.HH, Human Rights Watch y Amnistía Internacional en Chile existe una violación sistemática a los derechos humanos, y así quedó expresado con miles de denuncias y registros de abusos. Estas denuncias de abusos, torturas y traumas oculares han quedado al olvido de la justicia chilena, son miles los casos que siguen en impunidad, sin ningún responsable material de estos brutales actos, pero sí tenemos claros quiénes son los responsables políticos de estos ataques contra el pueblo movilizado.

El presidente Sebastián Piñera junto a sus ministros son los principales responsables políticos de la represión que millones vivimos en las calles de Chile durante la revuelta. El juicio y castigo para los responsables políticos y materiales de las violaciones a los DD.HH. es una exigencia que crece en el país. Durante el estallido social, se hicieron 466 denuncias a agentes del estado por "presuntas vulneraciones" a los derechos humanos contra civiles y hasta hoy son menos de 70 agentes acusados formalmente de esos cientos de denuncias.

El la situación en el país se encamina a debatir en torno al proceso constituyente, las trampas que trae el plebiscito y las propuestas de los partidos tradicionales. Las principales demandas se impusieron en la calle, pero las protestas demostraron ser insuficientes cómo método para conquistar esas exigencias, y la respuesta fue una brutal represión y un “acuerdo por la paz” firmado entre 4 paredes por quienes han profundizado la privatización del país durante los últimos 30 años.

Jueves 27 de agosto | 20:20

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Lunes, 24 Agosto 2020 05:59

Las claves de la reinserción social

Las claves de la reinserción social

La psicoanalista Viviana Berger y su trabajo en las cárceles

Su nombre es esencial en el cruce de la criminología y la teoría psicoanalítica. Aquí, explica en qué puede contribuir el dispositivo analítico en un contexto de encierro.

 

Cuando Michel Foucault se refirió al panóptico en relación al poder y su control disciplinario de una sociedad, presente también en las instituciones, seguramente no se imaginó que muchísimos años después se seguiría empleando el término al momento de hablar del sistema carcelario. Pero el psicoanálisis, de algún modo, busca agujerear los muros de las prisiones. Así lo propone la psicóloga y psicoanalista argentina Viviana Berger, directora del Programa de Investigación en Psicoanálisis y Criminología de la Nueva Escuela Lacaniana (NEL), de la ciudad de México. El mismo se lleva a cabo en el Centro Femenil de Reinserción Social de Tepepan, de la capital del país azteca y también en el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial en la misma ciudad. Compiladora del libro Contribuciones a la Criminología (Grama Ediciones), donde se despliegan aquellas experiencias, Berger es un nombre esencial en el cruce de la criminología y la teoría psicoanalítica. “Si la indicación de Lacan fue no retroceder frente a la psicosis, ¿cómo habríamos de hacerlo nosotros? No solo se tratará, pues, de investigar sobre los fenómenos contemporáneos de las violencias y la segregación, sino también animarse a esta clínica muy particular, y en intersección con la criminología y en el seno de instituciones carcelarias”, explica esta analista.

--¿Cómo se trabaja la tensión entre el tratamiento psíquico y la política de la vigilancia?

--Como nosotros lo pensamos, es con un criterio de agujerear los muros. Y también agujerear la mirada vigilante. Esto quiere decir que cuando se tiene la política de la vigilancia indefectiblemente por la estructura misma del funcionamiento de la vigilancia, el sujeto queda como objeto de la mirada del otro y está bajo la mirada del control. Eso produce una objetalización del sujeto per se por cómo funciona la necesidad del control y de la contención. En los sistemas penitenciarios está dado así porque, entre otras cosas, se trata de poner muros y de contener lo que insertado en la sociedad es del orden de lo que altera la seguridad de las personas. Como nosotros venimos pensando la intervención es ofrecer allí un agujero que posibilite al sujeto alojarse como sujeto. Esto puede sonar un poco teórico pero se ve en lo concreto en la medida en que se reconoce un sujeto con derecho a ser escuchado y, además, de alojar el padecimiento del encierro. Con nuestra intervención se da una espacio para que el sujeto tome la palabra a partir de reconocerlo como sujeto de derechos pero también desde un interés. Y en interesarnos en las causas que lo llevaron a cometer el pasaje al acto criminal. Ya allí se empieza a abrir un espacio para que un sujeto se aloje y se rescate de la condición objetalizada que está por la estructura y el dispositivo mismo de la vigilancia.

--¿Cuáles son los efectos en la subjetividad de alguien que ha estado detenido muchos años?

--Es duro. Nosotros no hemos tenido posibilidades de escuchar sujetos que han salido; o sea que han terminado su proceso de detención. Pero hay efectos de por sí iatrogénicos que tiene el encierro. Hoy día, los estamos experimentando todos en una medida mucho menor, pero todo lo que es el aislamiento y el encierro trae efectos iatrogénicos para el sujeto en sí mismos. Lo observamos sobre todo en personas que han recibido condenas muy extensas. Me viene a la mente el caso de una mujer de 23 años que le dieron 29 años de condena. En su cálculo, va a pasar toda la vida en prisión. Frente a la perspectiva de que no hay futuro se producen efectos de depresión muy grandes, situaciones de desesperanza y como una especie de inercia a quedar fijos en la escena del crimen. Es como que el sujeto no puede trascender, no puede ir más allá a lo que le sigue, después del acto cometido.

-Como si se quedara paralizado...

-Exactamente, en la escena misma del crimen. Parte del reto para el tratamiento es ver de qué manera se puede movilizar y producir un después.

--¿De qué factores depende la reinserción social de un sujeto que ha estado preso?

--Para nosotros depende de la posibilidad de ubicar los recursos con los que el sujeto podría recuperar algún lazo con el otro de la sociedad. El tratamiento orientado y en la perspectiva de la reinserción tiene que trabajar al interior de los muros en las posibilidades que ese sujeto tendría una vez que sale de la prisión; es decir, que no sólo hay que trabajar por lo que es su momento en la prisión sino pensando en cuando esté afuera. Esa es otra manera de agujerear los muros.

--¿Cómo influye la persecución social en alguien que logró su reinserción?

--Es un punto importante porque está la sentencia que da el juez después que la persona pasó por todo los procesos jurídicos correspondientes y después está la condena de la sociedad. Hay una tensión entre el rechazo social y lo que concluye el veredicto del juez. Hubo un caso de mucha repercusión en los medios que fue el de una mujer que asesinó a sus tres hijos en una ciudad pequeña de México. La ciudad pequeña es mucho más dura, mucho más severa en ese sentido que una megaurbe, donde la cuestión es más anónima. A esta mujer le dieron 39 años de condena. Cumplió la condena, salió el año pasado. Y todo el problema que había en el Centro era de qué manera esa mujer se iba a reinsertar en la sociedad una vez que salió. De alguna manera, los muros del Centro la contenían del rechazo social y familiar. Hubo situaciones con insistencia de la prensa para entrevistarla, a lo cual la mujer contestó: "Yo ya estoy juzgada por un juez. Entonces, no tengo nada que decirle a usted ni al resto de la sociedad". En ese sentido, es muy importante el valor y el poder que toma pasar por un juicio porque eso tranquiliza, da un amarre para lo que después pueda hacer una reinserción social porque el sujeto tiene el reconocimiento de que cumplió con la condena y con la deuda que tenía para con la sociedad por un sistema legal. Eso le da a la persona que se va a reinsertar una especie de tranquilidad, a partir de lo cual podría llegar a reconstruir. Por supuesto, no se da en todos los casos.

--¿Cuáles son las patologías más comunes que, producto del encierro carcelario, ha podido observar en personas que están en el proceso de reinserción social?

--No es la población en la cual nosotros estamos concentrados en este momento. Todavía la población que trabajamos es la que está dentro de los muros. No sabemos muy bien lo que pasa después al salir de los muros. Al interior de los muros, en relación al tipo de crímenes cometidos, hay una diferencia muy clara entre los crímenes de las mujeres y los crímenes de los hombres. En el caso de los crímenes de las mujeres, el porcentaje de asesinatos con grado de parentesco es mayor. Generalmente, son filicidios o que matan a sus padres; en general, a la madre. En el caso de los hombres no es tanto porcentaje así. Está la cuestión feminicida. Ahora, para que estas personas, en la gravedad de estos crímenes cometidos, después se reinserten es muy complicado porque son crímenes que, además, tienen un valor moral importante; es decir, no es lo mismo una madre que ha matado a los hijos que una mujer que mató a alguien porque le quería robar a un desconocido. Es mayor el nivel de censura y rechazo social. Es como vemos en los otros tipos de reclusorios, los que no son de atención psiquiátrica sino que más bien son cuestiones que podemos llamar de “la escuela del crimen”, que tiene distintos niveles. No es lo mismo el que violó niños, por ejemplo, que el que robó o el que mató. Hay distintas escalas de repudio social. También se da esto al interior de los muros, no sólo cuando salen.

--¿De qué manera puede contribuir el psicoanálisis en ese contexto?

--Para mi sorpresa, la verdad es que mucho. Cuando nosotros fuimos llamados por el Sistema Penitenciario en México para colaborar en los tratamientos que brindan, mi primera pregunta fue esa. Es decir, ¿en qué medida el psicoanálisis puede ayudar? Después, me di cuenta del dato de la presencia del psicoanálisis en las instituciones, de los efectos que tiene la presencia del psicoanálisis en este tipo de instituciones. No es el tratamiento psicoanalítico que uno hace en el consultorio privado por supuesto sino que es más del orden del psicoanalista ciudadano, que lleva el psicoanálisis a los centros de reclusión. Entonces, la primera cuestión que pasa es que se instala un discurso donde se recupera la dignidad del sujeto. En esto que hablábamos al principio, es una manera de agujerear el discurso de la política de la vigilancia. De buena manera, porque es en colaboración con los centros. No es en absoluto una manera crítica sino que es para colaborar. Entonces, lo primero que pasa es que se rescata la dimensión del sujeto en este tipo de instituciones que tienen una inercia muy fuerte a objetalizar a las personas que están allí alojadas. La otra cosa que pasa es llevar el exterior al interior al estar en una condición de extimidad. Tenemos una palabra técnica en psicoanálisis que es extimidad: es una conjunción entre el exterior y la intimidad del interior. Es un neologismo muy interesante porque presenta una lógica que no es la del afuera ni del adentro sino que es junción del afuera y del adentro, donde se trasciende esta cuestión del encierro de los muros. Esto quiere decir que ya el hecho de ser ajeno a la institución y que uno tenga una cierta regularidad de presencia adentro hace presente una lógica distinta que no es la de los profesionales de planta que trabajan adentro. Estos últimos, de alguna manera, son vistos como del interior, aunque entren y salgan. En cambio, el psicoanalista, como no pertenece a la institución de planta, tiene una relación más externa pero, a la vez, desde adentro. Esto solo ya tiene un efecto muy importante. Por supuesto, tiene una incidencia en los profesionales que allí trabajan, porque es un trabajo con el que se ocupan del real social más crudo. Están en el día a día. Entonces, los profesionales que trabajan allí y el personal técnico también están tomados, de alguna manera, por los mismos muros de la institución. Entonces, la posibilidad de trabajar con alguien externo pero en la intimidad eso ya produce un alivio, una operación de relanzamiento del interés por lo que se hace. Las rutinas traen una cuestión muy automática y muy aplanadora, en cierto sentido. Entonces, el espacio del trabajo con nosotros ya produce también un horadamiento en ese sentido. Ahora, las personas que escuchamos tienen que hablar.

--¿Se podría decir que se trabaja sin un dispositivo analítico o no?

--Podemos decir que no es el diván. No es el psicoanálisis tradicional. Una colega argentina, que tiene una larga trayectoria en este campo, Irene Greiser, escribió un libro titulado Psicoanálisis sin diván. Y es verdad. Es tal cual así. Es un psicoanálisis que más bien tiene que ver con la presencia del analista, de la escucha del analista y de la intervención del analista, pero sobre todo su presencia. Y es totalmente analítico, no lo deja de ser, pero no es el dispositivo clásico del psicoanálisis ortodoxo.

--¿Por qué Jacques-Alain Miller dijo que “nada es más humano que el crimen”?

--Es una fórmula verdaderamente preciosa que dijo Miller. Ahí toma un cierto oxímoron, donde pone en asociación lo humano con el crimen e introduce el lado oscuro del sujeto. Ese lado nos hace tan humanos porque en la medida en que hablamos, en que somos tomados por el lenguaje, tenemos ese lado oscuro. Eso es lo que nos hace humanos, pero a la vez alude a las acciones o a los pasajes criminales. Es interesante porque los animales no cometen crímenes. El crimen es un concepto humano.

--¿Todos somos criminales inconscientes?

--(Risas). Freud tiene un texto que trabajó eso: si por el hecho de soñar con crímenes es que somos todos criminales. Lo que podemos decir es que una cosa es matar al padre o a la madre y otra cosa es pensarlo o tener fantasías o pesadillas. Hay que discriminar que no es lo mismo la acción, la realización de eso que el deseo inconsciente o la fantasía inconsciente.

--Jacques Lacan dijo: “Siempre somos responsables de nuestra posición de sujetos”.

--Sí, y eso es justamente la orientación que da el psicoanálisis para los tratamientos en estos casos. Lacan hacía un claro hincapié en que no se trataba de eximir al sujeto de su responsabilidad. Y justamente decía --y lo hemos comprobado-- que cuando eso pasa se le hace un mal al sujeto porque justamente el sujeto no logra salir de la escena del crimen. Para que el sujeto se restablezca, necesita asumir esa responsabilidad. O que por lo menos haya una consecuencia por ese acto, porque lo que también vemos en cuestiones psiquiátricas es que hay una imposibilidad del sujeto en asumir esa responsabilidad.

--¿Qué diferencia existe entre responsabilidad y culpa para el psicoanálisis en relación a la conducta criminal?

--Cuando decimos responsabilidad es la cuestión de que el sujeto pueda responder, pueda hacerse cargo, pueda asumir el acto. Hay estructuras en las que esto no es posible. Lo que vemos es que no hay inscripción de la culpa, que no hay dimensión del arrepentimiento porque el arrepentimiento no es que uno diga declarativamente: "Pido disculpas". Vemos que también pasa que después se acomoda el discurso socialmente aceptado a lo que conviene, como cierta especie de cálculo. No es a eso a lo que el psicoanálisis escucha como la asunción de la responsabilidad o a la dimensión de la culpa. Esto tiene que trasuntar en lo que aspiramos a que sea un reordenamiento de ese goce mortífero que habita al sujeto. Hubo un caso que yo mencioné en el texto: una mujer que había cometido un crimen y estaba en proceso de ser juzgada, pasando por todas las instancias y los pasos jurídicos. Cuando llegó al Centro, estaba en una situación de total desidia. No cumplía con las rutinas, no respondía a las obligaciones de lo que hay que hacer, como los aseos, la participación en determinadas tareas y demás. Y pasó que, en el momento en que el juez iba a determinar su sentencia, el magistrado dijo si las personas que estaban presentes en el juicio, tenían algo que decir. Y esta mujer se levantó, se puso de pie y dijo que ella quería agradecer que su caso haya sido atendido de la manera en que fue atendido, que le prestaran atención a todos los detalles que ella había declarado, que todo el proceso haya sido correcto y que quería agradecer eso. Dicen que cuando regresó después de la sentencia, lo hizo supertranquila y cambió totalmente su forma de insertarse en el Centro, y su conducta y su relación con los demás. O sea que algún ordenamiento en todo ese proceso operó. Quizás no puede asumir la culpa a nivel neurótico o las cuestiones de responsabilidad en ese punto, pero sí produjo un ordenamiento de su desorden pulsional.

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Miércoles, 19 Agosto 2020 05:52

Tiempos difíciles para las feministas chinas

Tiempos difíciles para las feministas chinas

Desde 2015, el activismo, incluidas las feministas, ha sido duramente reprimido en la gran potencia asiática. Las autoridades no le temen tanto a #MeToo como a la autoorganización de internautas y militantes.

«No sé si queda algún espacio para el activismo independiente en China hoy en día, se está haciendo extremadamente difícil», dice Bao (nombre cambiado), entrevistada en un café de Hong Kong unos días después de la promulgación en la región administrativa especial de la Ley de Seguridad Nacional redactada por Beijing.

Al igual que otras feministas chinas que fueron silenciadas en su país y que tuvieron que irse al extranjero, la joven se trasladó a la antigua colonia británica a finales de 2019, desde donde sigue organizando manifestaciones, debates y cursillos con sus compañeras que se quedaron en China.

Dos años después del surgimiento del movimiento #MeToo en China, «las feministas siguen presionando para que haya cambios, pero la realidad es que el gobierno chino ha seguido reforzando el control sobre la sociedad civil. Esto hace que todo activismo surgido de la base sea cada vez más difícil, incluido el relativo a los derechos de la mujer», dice Yaqiu Wang, investigadora de Human Rights Watch (HRW).

En 2011, Bao se unió a un grupo de mujeres militantes que organizaban performances artísticas en China continental para llamar la atención sobre la ausencia de baños públicos para las mujeres y sobre la violencia doméstica, entre otras cuestiones. La igualdad de género es algo que se ha venido defendiendo desde hace décadas en China, y el derecho de las mujeres al voto ya era reivindicado a finales del siglo XIX, pero estos mensajes permanecieron inaudibles durante mucho tiempo en una sociedad tradicionalmente patriarcal.

El 8 de marzo de 2015, para el Día Internacional de los Derechos de la Mujer, cinco mujeres activistas empezaron a distribuir pegatinas en los autobuses contra el acoso sexual. Fueron encarceladas durante 37 días por «incitación a la discordia» y «perturbación del orden público». «Eso es una muestra de que nuestros mensajes tuvieron un impacto», señala Bao, «y sirvió de estímulo para las mujeres, especialmente en las universidades, donde se realizan talleres para estructurar la movilización o para difundir llamamientos contra la discriminación laboral».

Pero bajo la presión demográfica por el envejecimiento de la población, la disminución de la tasa de natalidad (a pesar del fin de la política del hijo único en 2015) y la reducción de la mano de obra, el partido único está haciendo campaña para que las mujeres chinas tengan hijos y las está confinando más que nunca al papel económico de esposas y madres.

En 2015, la modernización de la ley de «seguridad nacional» le confirió a las autoridades mayores facultades, en particular para controlar internet. Unos meses después, una ley destinada a las ONG extranjeras terminó de «asfixiar a la sociedad civil», según Amnistía Internacional. «La ley introdujo muchas restricciones (en el registro, la financiación, las colaboraciones, etc.) para las ONG, lo que complica su supervivencia», dice Bao. Los eventos fuera de internet, dice, se han vuelto muy complicados de organizar desde entonces.

Cuando el movimiento #MeToo surgió en China, tras una encuesta realizada a finales de 2017 por Sophia Huang Xueqin sobre el acoso a las mujeres periodistas, las autoridades cerraron sitios web y cuentas feministas, censuraron el hashtag #MeToo, pero no lograron acallar el movimiento. Incluso en 2019 fueron organizadas algunas exposiciones sobre este tema.

El Partido Comunista chino es «paranoico respecto de todo lo que no puede controlar», dice Yaqiu Wang. Según ella, «las militantes feministas chinas han demostrado una sorprendente capacidad para organizarse y movilizar a la opinión pública».

Para esquivar la censura, los internautas recurren a ideogramas modificados, publican fotos retocadas o puestas al revés y utilizan diferentes códigos. «El movimiento #MeToo fue uno de los más influyentes, seguido por las personas comunes. No es el tema en sí mismo lo que alarmó a las autoridades, sino la propia organización de los internautas y activistas, y sus conexiones en el extranjero lo convirtieron en una cuestión muy delicada», apunta Bao.

El movimiento dio lugar a «muchos debates y al comienzo de una concienciación del público en general, así como de mujeres más educadas, diplomadas y descontentas con la sociedad china», dice Bao, que menciona, como ejemplo, los programas de televisión en los que, según ella, la emancipación de la mujer resulta, desde entonces, más visible.

Las discusiones actuales en las redes sociales parecen darle la razón, como, por ejemplo, las fuertes críticas al tribunal de Hunan, una provincia del centro del país, que se niega a concederle el divorcio a una mujer que acusa a su marido de violencia; o la indignación expresada por los internautas contra la universidad de Zhejiang (en el este del país) que no expulsó a un estudiante declarado culpable de violación; e incluso las críticas a Ke Jie, famoso jugador de go (juego de estrategia asiático), que hizo comentarios machistas y misóginos graves en la red social china Weibo, lo que provocó la ira de las feministas y de los internautas.

Sin embargo, las feministas están lejos de haber ganado la batalla. En 2018, Liu Jingyao, una estudiante de la universidad de Minnesota, fue virtualmente linchada en las redes sociales por denunciar al multimillonario Richard Liu -fundador de una de las mayores empresas chinas, JD.com- acusándolo de violación en un tribunal de los Estados Unidos.

En el ámbito político, «bajo presión, el gobierno chino ha introducido mejoras limitadas», dice Yaqiu Wang. En diciembre de 2018, la Corte Suprema incorporó el acoso sexual a la lista de «causas de reclamación», lo que permitió que las víctimas pudieran obtener reparación con mayor facilidad. Sin embargo, China todavía carece de leyes robustas contra el acoso sexual.

Las feministas, por su parte, «trabajan en la clandestinidad y no pueden realmente actuar porque no tienen los recursos humanos y financieros necesarios para crear grupos institucionalizados en todo el país», señala Bao, que se pregunta cómo podrá resistir el movimiento. Al estar bajo vigilancia, los activistas prefieren las reuniones físicas en lugar de las virtuales, utilizan aplicaciones de mensajería cifrada y tienen que optar por métodos «más sutiles».

«En la vida diaria, es muy difícil porque nunca sabes dónde están las líneas rojas. Las activistas tienen que navegar en las zonas grises de la ley y bajo las incertidumbres en las que se basa la sociedad china. Todo es complicado», explica Bao, y menciona presiones e intimidaciones diarias sobre ellas y sus familias.

«Una de las dificultades consiste en saber medir los riesgos: ¿cómo podemos llegar a un público más amplio y difundir nuestro mensaje más abiertamente sin poner en peligro nuestra seguridad? Nunca sabemos, cuando hablamos con gente nueva, si nos van a denunciar a la policía», explica Bao, y agrega que la vigilancia se incrementa cuando se acercan fechas importantes para el régimen, como el 4 de junio (masacre de Tiananmén en 1989), el 1 de octubre (fiesta nacional) o el mes de marzo (reunión anual del Parlamento).

Los hongkoneses tendrán que acostumbrarse a este tipo de presiones, dice. Con la llamada ley de seguridad nacional redactada por Beijing para frenar la disidencia política en la región administrativa especial, «los opositores van a tener que hacer la experiencia de la militancia bajo un régimen autoritario: van a tener que cambiar radicalmente su estrategia, su organización, su financiación y hacer un poco como nosotras», pronostica Bao.

La ley promulgada el 30 de junio tipifica vagamente como delito la secesión, el terrorismo, la subversión y la colusión con fuerzas extranjeras. «Los hongkoneses son respetuosos de la ley y no está acostumbrados a dirigentes que se mueven entre las zonas grises de una ley poco clara. Les va a resultar un choque cultural».

Nota: este artículo se publicó originalmente, en francés, en Mediapart. Traducción: Ruben Navarro (Correspondencia de Prensa).

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¿Y si no se va?, preocupación de analistas en EU sobre Trump

Repunte de casos de Covid-19 obliga al magnate a cancelar la Convención Republicana en Florida

 

Nueva York., ¿Y si no se va? es la pregunta que cada vez preocupa más a un amplio abanico de políticos, analistas y ciudadanos frente a la antes impensable posibilidad de que un presidente rehúse reconocer los resultados de una elección, todo mientras se multiplican las alarmas entre defensores de libertades civiles por el despliegue de fuerzas federales para controlar ciudades con gobernantes demócratas, y entre sus víctimas ahora se encuentra el alcalde de Portland, Oregon.

Entre cifras récord de contagios registrados de una pandemia descontrolada, otros 1.4 millones solicitando beneficios de desempleo la semana pasada (un total de 30 millones), el impulso de nuevas medidas antimigrantes, y despliegues anunciados o amenazas de hacerlo de paramilitares federales en varias ciudades del país, para enfrentar lo que Donald Trump afirma es una ola de inseguridad promovida por una izquierda radical, no se puede descartar la posibilidad de una crisis constitucional con un presidente que rechaza la legitimidad de la elección programada para realizarse en poco más de tres meses.

Fue el propio Trump quien ha nutrido esta posibilidad cuando en una entrevista el pasado fin de semana respondió que, por ahora, no estaba preparado para comprometerse a reconocer los resultados de la elección.

Trump no ha dejado de cultivar la idea de que el proceso electoral podría ser viciado por fraude masivo, incluyendo el uso de boletas por correo (método que el personalmente ha usado varias veces), a pesar de nula evidencia. “Lo que el presidente está haciendo es minar… la confianza en el proceso democrático más básico que tenemos... Está motivando a sus bases para una crisis realmente dañina en los días y semanas después de la elección en noviembre”, comentó William Gaston, de Brookings Institution en entrevista con el Washington Post.

Su contrincante demócrata, Joe Biden, ha repetido que su mayor temor es que Trump intente robar esta elección.

De hecho, analistas han dibujado diferentes posibles escenarios en los que Trump se rehúsa a aceptar los resultados, algo que ya es tema en medios nacionales. Algunos expertos y políticos advierten que la pugna poselectoral podría llevar a un desorden civil y hasta violencia promovida por el presidente.

Por otro lado, continúan las denuncias por el anuncio de Trump el miércoles sobre una oleada de fuerzas federales que estaría enviando –como ya lo ha hecho a Portland– a ciudades bajo mando demócrata donde se ha incrementado el número de incidentes criminales violentos, los cuales, acusó sin evidencia, son resultado de las demandas y protestas contra la policía impulsadas por el movimiento Black Lives Matter.

Entre las víctimas de las acciones represivas realizadas por estas fuerzas federales en Portland, Oregon, la madrugada de ayer contra manifestantes de Black Lives Ma-tter se encontraba el alcalde de esa ciudad Ted Wheeler, quien estaba dialogando con los activistas cuando fueron agredidos con gas lacrimógeno.

En la otra costa, el gobernador Andrew Cuomo informó que Trump le dijo que por ahora no enviará fuerzas federales a la ciudad de Nueva York. Cuomo advirtió que presentaría una demanda judicial contra el presidente si se atreve a enviar a agentes federales sin una invitación, ya que sería inconstitucional.

El silencio ante la injusticia es inaceptable, se lee en un anuncio de 76 metros en el parque de las Medias Rojas de Boston, bajo el lema Black Lives Matter.

 

Pandemia y juegos

 

El doctor Anthony Fauci, el experto sobre enfermedades infecciosas de mayor rango en el gobierno y quien ha sido repetidamente criticado por Trump, fue seleccionado para lanzar el primer pitcheo ceremonial de la apertura de la temporada reducida de beisbol al inicio del partido entre los Nacionales de Washington (su equipo favorito) y los Yankees.

Mientras, Trump se vio obligado a cancelar, por razones de salud pública, parte de la Convención Nacional Republicana que deseaba realizar en Jacksonville, Florida, y que había trasladado ahí para desafiar las órdenes sanitarias de autoridades locales de Carolina del Norte.

Florida ahora es uno de los epicentros nacionales de la pandemia, al registrar más de 10 mil nuevos casos sólo ayer. A nivel nacional, se superaron los 4 millones de casos de contagio, con un promedio de 2 mil 600 nuevos infectados cada hora, reporta Reuters.

Finalmente, Trump reiteró en una entrevista su gran logro de completar sin error una prueba cognitiva para confirmar su salud mental, la cual continuamente es cuestionada. Declaró que los médicos estaban asombrados y que respondió que es porque cognitivamente estoy ahí, y retó a su contrincante demócrata Joe Biden a que se sometiera a la misma evaluación. Expertos señalan que la prueba es fácil y no detecta de manera precisa un deterioro en el razonamiento.

Por David Brooks

Corresponsal

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