La policía rocía con gas pimienta a los manifestantes del aeropuerto de Hong Kong. En vídeo, el aeropuerto de Hong Kong, este lunes durante la protesta. REUTERS / EPV

Las protestas elevan el desafío al Gobierno chino ante el enfado de los pasajeros

Agentes de la policía han cargado ya bien entrada la noche del martes contra los manifestantes que bloqueaban por segundo día consecutivo el aeropuerto de Hong Kong. La tensión se ha disparado cuando un grupo de médicos trataba de sacar fuera del edificio a una persona herida y los agentes han comenzado a lanzar gas pimienta. En el exterior, varios vehículos policiales fueron bloqueados por los asistentes a la protesta, a lo que agentes antidisturbios respondieron con empujones. Los aviones apenas llevaban unas pocas horas aterrizando y despegando por la mañana cuando los manifestantes volvieron a entrar en el aeropuerto, uno de las más transitados del mundo. Una multitud tomó el interior del edificio e impidió el acceso a los pasajeros. A media tarde, las autoridades cerraron el tráfico aéreo de salida. 

Con este gesto, los manifestantes reafirman su decisión de plantar cara pese a la brutalidad con la que las fuerzas de seguridad se han empleado en los últimos días y a las amenazas de Pekín, que el lunes calificó las protestas de “terrorismo”. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que el Ejército chino se está desplegando "en la frontera con Hong Kong", según le ha informado el servicio de inteligencia estadounidense, y ha hecho un llamamiento a la "calma". A lo largo del martes se han publicado imágenes que indican que las tropas están concentrándose en Shenzhen, la ciudad al otro lado de la frontera, a apenas 40 kilómetros por carretera del centro de Hong Kong.

Tras acceder al aeropuerto, el octavo del mundo por número de pasajeros y el primero por mercancías, los manifestantes han levantado una empalizada de carros frente a la zona de embarque, impidiendo así el acceso a los pasajeros, lo que ha ocasionado varios enfrentamientos. Muchos de los viajeros se han quejado y algunos han llegado incluso a forcejear para intentar abrirse paso. Pavol Caravaca, turista eslovaco, intentó razonar con ellos planteándoles una pertinente pregunta: “¿Acaso está bien quitarle la libertad a una persona mientras vosotros lucháis por la vuestra?”, según recogió el South China Morning Post.

“Están volviendo a la opinión pública contra ellos”, aseguraba el visitante tras ver frustrada su tentativa. Esta nueva campaña amenaza con dañar la simpatía popular de la que gozan las protestas, como ya sucedió durante la revolución de los paraguas en 2014, en la que los jóvenes acamparon durante meses en el centro de la ciudad hasta provocar el hastío de los ciudadanos.

Uno de los momentos de mayor tensión se ha vivido cuando un grupo de exaltados ha rodeado un joven de nacionalidad china, al que han acusado de ser un policía encubierto. En el interior de su mochila han encontrado dos palos de bambú, y tras rastrear su nombre en Internet han hallado indicios de que podría pertenecer al cuerpo de seguridad pública de Shenzhen. Los manifestantes han atado las manos del joven y le han retenido durante varias horas, en las que ha perdido el conocimiento en dos ocasiones, mientras decidían qué hacer con él. Más tarde han obstaculizado el acceso de los paramédicos, que al final han logrado brindarle atención pero no evacuarle.

Con este martes se cumplen cinco días consecutivos de protestas en el aeropuerto y dos de bloqueo, después de la multitudinaria sentada en la que miles de personas se concentraron para expresar su rechazo a la violencia policial en la represión de las protestas del domingo. 45 personas resultaron heridas ese día, una de ellas una chica que recibió un impacto de una pelota de goma en el rostro, a consecuencia del cual ha perdido la visión de un ojo.

A este respecto se ha expresado este martes Naciones Unidas. La organización internacional ha emitido un comunicado en el que urge al Gobierno de Hong Kong a actuar con contención y a investigar la actuación de sus fuerzas de seguridad, que este domingo se enfrentaron a las protestas “de un modo contrario a la legislación internacional”. Según ha denunciado la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en un comunicado, “las fuerzas de seguridad han disparado en múltiples ocasiones botes de gas contra los manifestantes en zonas cerradas y directamente hacia individuos concretos, lo que ha creado considerables riesgos de muerte y de heridas serias”.

Estas palabras suponen una crítica sin precedentes para el que durante muchos años fue considerado el mejor cuerpo policial de Asia, una reputación que se ha desplomado a causa de su gestión de las protestas. Imágenes compartidas en redes sociales en los últimos días muestran a los antidisturbios disparando pelotas de goma a menos de dos metros de distancia de los manifestantes y apuntando a la cabeza; así como sometiendo a los detenidos pese a no mostrar resistencia.

Por Jaime Santirso

Pekín 14 AGO 2019 - 02:04 COT

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Diez semanas y la protesta en Hong Kong no cede 

Según el gobierno, las manifestaciones llevan a la ciudad a un "camino sin retorno. Se suspendieron varios vuelos. 

Tras la segunda jornada de protestas en el aeropuerto de Hong Kong, autoridades locales anunciaron la suspensión de varios vuelos. Según el gobierno, las manifestaciones llevan a la ciudad a un "camino sin retorno", luego de que cientos de manifestantes vestidos de negro volvieran a ocupar las instalaciones de la terminal con carteles y barbijos, mientras coreaban distintas consignas.

"Todos los servicios de facturación para vuelos de salida han quedado suspendidos a partir de las 16.30 hs. (5.30 de la Argentina)", indicó un comunicado de la jefatura aeroportuaria, que también pidió a los pasajeros que abandonen la terminal, e indicó que "otros vuelos de salida y llegada seguirán operando", aunque sin especificar bajo qué condiciones. El lunes, una manifestación similar había provocado la cancelación de 300 vuelos.

Frente al conflicto, China lanzó la advertencia más dura desde el inicio de las movilizaciones, diez semanas atrás, a través de videos que se difundieron por medios oficiales, en los que se puede ver a las fuerzas policiales agolpadas en la frontera de la región, aparentemente listas para reprimir y despejar las zonas de conflicto.

La ex colonia británica atraviesa la crisis política más grave desde su retorno al dominio chino en 1997. Desencadenada por el rechazo a un proyecto de ley que autorizaba extradiciones a China, las protestas en Hong Kong extendieron sus reivindicaciones al denunciar un retroceso en las libertades y derechos individuales, y, a su vez, una injerencia cada vez mayor del gobierno chino.

El lunes, durante la primera jornada de protestas en el aeropuerto, más de 5 mil personas invadieron la terminal para denunciar la violencia policial. La jefa de gobierno de Hong Kong designada por Beijing, Carrie Lam, alertó sobre las peligrosas consecuencias que las protestas podrían ocasionar. "La violencia, ya sea su uso o justificación, llevará a Hong Kong por un camino sin retorno y hundirá a la sociedad en una situación muy preocupante y peligrosa", aseguró el martes en rueda de prensa. "La situación en Hong Kong la semana pasada me hizo temer que podíamos llegar a esta peligrosa situación", agregó.

Lam defendió la actuación policial que, según ella, está basada en sólidos lineamientos. "Los policías toman decisiones en momentos puntuales en defensa de la seguridad de la gente. No se puede decir que hayan hecho algo mal", señaló. "Hemos oído muchos discursos de odio contra la Policía. Esto no es beneficioso para Hong Kong", añadió.

Pero sus declaraciones no lograron ni por asomo detener a los miles de manifestantes que este martes por la tarde regresaron al aeropuerto, uno de los más frecuentados del mundo, con 74 millones de pasajeros anuales. Los manifestantes endurecieron la protesta levantando barricadas con carros de equipaje que bloqueaban los pasillos que conducen a las zonas de embarque de las terminales.

"¡Defiendan Hong Kong! ¡Defiendan las libertades!", gritaban los manifestantes, mientras pegaban vinilos en las paredes con la expresión: "¡Ojo por ojo!". Ésa fue la frase que caracterizó a la protesta, luego de que una mujer sufriera una grave lesión en el rostro que le habría hecho perder la vista de un ojo durante una manifestación en la noche del domingo. Varios manifestantes, de hecho, exhibían uno de sus ojos tapados con una venda.

El jefe de la policía local, Stephen Lo, se limitó a decir por la tarde que estaban siguiendo de cerca la situación en el aeropuerto, tras preguntarle si planeaban dispersar a los manifestantes. Según el diario estatal chino Global Times, la policía se planteaba el uso de la fuerza según las circunstancias que se dieran en el aeropuerto.

Por la noche, en las afueras de la terminal, un grupo de policías antidisturbios utilizó gas pimienta contra algunos protestantes, mientras trataban de escoltar a dos hombres (según los activistas, espías infiltrados) para ser trasladados en ambulancia. El camino de los agentes se vio bloqueado por cientos de manifestantes, lo que llevó a la policía a despejar la calle usando gas pimienta y deteniendo a al menos a dos personas.

Los medios oficiales chinos calificaron a los manifestantes de "gánsteres", y amenazaron con una fuerte intervención de las fuerzas de seguridad. El movimiento, cada vez más radicalizado, constituye un desafío inédito para el gobierno central, que el lunes dijo ver en las protestas "signos de terrorismo".

Distintos funcionarios y organizaciones internacionales se manifestaron frente al conflicto. Amnistía Internacional pidió a la policía "contención" para evitar una mayor escalada de violencia, en respuesta al uso de gas lacrimógeno y balas de goma. Por otra parte, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por la represión de las protestas y reclamó una "investigación imparcial" en la ex colonia británica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que espera que "nadie salga lastimado, ni nadie sea asesinado", en medio de las nuevas protestas. "Lo de Hong Kong es una situación difícil", dijo el presidente frente a periodistas en Nueva Jersey.  

El mandatario también se refirió a la movilización de tropas chinas en el territorio, según informes de la inteligencia estadounidense. "Nuestra inteligencia nos ha informado que el gobierno chino está moviendo tropas a la frontera con Hong Kong. ¡Todos deben estar en calma y seguros!", aseguró Trump vía Twitter.

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"La policía intenta matar a los ciudadanos de Hong Kong", dice el cartel.

 Mientras los manifestantes denuncian la represión, el gobierno chino afirma que ve "signos de terrorismo" en las movilizaciones.

 

El aeropuerto de Hong Kong canceló todos los vuelos después de que miles de manifestantes ocuparan la terminal principal para denunciar la brutalidad policial, mientras que Beijing señaló que ve "signos de terrorismo" en el movimiento de protesta de largo aliento. Los manifestantes inundaron la sala de desembarque ayer después de informes de que una mujer sufrió un serio daño en el ojo cuando recibió un disparo en la cara con una "bala" de goma. Los carteles en poder de los manifestantes incluían "vergüenza para la policía" y "Hong Kong no es seguro". Se instó a los pasajeros a evacuar el edificio en medio de los rumores de que la policía intentaría despejarlo por la fuerza, pero un gran número de manifestantes permanecieron dentro al caer la noche.

Las autoridades del aeropuerto de Hong Kong dijeron en un comunicado que la protesta había "interrumpido gravemente" sus operaciones e instaron a las personas a no viajar a la zona. "Todos los vuelos han sido cancelados", agregaron. “Se aconseja a todos los pasajeros que abandonen los edificios de la terminal lo antes posible. Pasajeros afectados, comuníquense con sus respectivas aerolíneas para organizar el vuelo”.

Las acciones aumentan las apuestas ya que tanto los manifestantes como las autoridades endurecen sus posiciones después de 10 semanas de protestas. Cathay Pacific, de Hong Kong, la aerolínea insignia del territorio, dijo en un comunicado que se le había informado que todos los vuelos que saldrían se cancelarían hasta mañana.

"Esto es como resultado de la asamblea pública que tuvo lugar en el aeropuerto internacional de Hong Kong", agregó la compañía. "Por lo tanto, se aconseja a los clientes que pospongan los viajes no esenciales tanto hoy como mañana y no deben ir al aeropuerto". La autoridad de aviación de China dijo que, a la luz de la situación en Hong Kong, aumentará la capacidad de transferencia en los aeropuertos del Área de la Gran Bahía

Los manifestantes entraron a la terminal con pancartas y banderas acusando a la policía de Hong Kong de usar fuerza excesiva. Al menos una manifestante en el aeropuerto llevaba una venda en los ojos como parte de una protesta simbólica. El vendaje estaba manchado de rojo y llevaba el mensaje: "La policía de Hong Kong asesina a ciudadanos de Hong Kong".

Hong Kong es el puerto de carga aéreo más activo del mundo y el octavo más ocupado por tráfico de pasajeros, según el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI). Ha estado lleno de manifestantes antigubernamentales durante cuatro días. En China, la Oficina de Asuntos del Gabinete de Hong Kong y Macao emitió un comunicado diciendo que la situación en Hong Kong estaba "comenzando a mostrar signos de terrorismo" y constituía una "amenaza existencial" para la población de Hong Kong.

"Uno debe tomar medidas decididas hacia esta criminalidad violenta, sin mostrar indulgencia ni piedad", dijo el comunicado, atribuido al portavoz Yang Guang. "Hong Kong ha llegado a un punto de inflexión donde todos aquellos que están preocupados por el futuro de Hong Kong deben decir 'no' a los infractores de la ley y 'no' a los involucrados en la violencia". La Policía Armada Popular de China también se reunió en la vecina ciudad de Shenzhen para ejercicios, según un informe en el periódico Global Times respaldado por el estado.

Hong Kong, una antigua colonia británica, fue devuelta a China en 1997 después de que el gobierno liderado por el Partido Comunista acordó que las libertades democráticas de la ciudad permanecerían sin cambios durante 50 años. Sin embargo, las protestas masivas estallaron en junio por un proyecto de ley de extradición que habría permitido que los residentes de Hong Kong fueran enviados al continente para ser juzgados.

El proyecto de ley fue retirado más tarde, pero los activistas ahora exigen la renuncia del líder de Hong Kong, Carrie Lam, elecciones democráticas para su sucesor, la liberación de los arrestados en protestas anteriores y una investigación sobre el uso de la fuerza por parte de la policía.

De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Páginal12. Traducción: Celita Doyhambéhère

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Viernes, 09 Agosto 2019 05:50

La gran batalla de Hong Kong

La gran batalla de Hong Kong

"Quiero advertir a todos los criminales que no juzguen la situación de manera equivocada y confundan contención con debilidad", declaraba este martes Yang Guang, portavoz del Consejo de Estado [Chino] para los Asuntos de Hong Kong y Macao. La huelga general del día anterior tras dos meses de protestas se había cerrado con un saldo de 800 bombas lacrimógenas, 20 granadas esponja, 140 pelotas de goma y 148 arrestos. "Es solo cuestión de tiempo que los manifestantes reciban su castigo", advirtió Guang dramáticamente. "Los que juegan con fuego se quemarán". 

No es el primer aviso. Una portavoz del Ministerio de Defensa Nacional chino advirtió hace semanas que el Ejército de Liberación Popular podría ser llamado para mantener el orden en la región. El jueves de la semana pasada, el ejército distribuyó desde su cuenta oficial en Hong Kong un vídeo épico de tres minutos en el que se ve a las tropas enfrentándose a diferentes retos, incluyendo manifestaciones. Parece el trailer de un videojuego de acción, con un soldado que grita ¡todas las consecuencias bajo tu cuenta y riesgo! La guarnición local del Ejército de Liberación chino tiene entre 6.000 y 10.000 soldados. La cifra oficial de miembros del Ejército de Liberación es de 2.035.000.

Todo empezó en febrero, cuando las autoridades de Hong Kong presentaron una enmienda a la Ordenanza de Delincuentes Fugitivos que autoriza la extradición de cualquier persona, local o extranjera, a cualquier país, incluyendo China. Carrie Lam, la jefa del gobierno autónomo de Hong Kong, argumentó que las enmiendas servirían para "tapar los agujeros" de la legislación e impedir que la región se convirtiera en un "refugio de criminales". Su percha fue un sombrío asesinato que tuvo lugar el año pasado, cuando un ciudadano de Hong Kong de 19 años asesinó a su novia de 20 cuando estaban de vacaciones en Taiwán. El hombre regresó rápidamente a la región y no pudo ser deportado porque Hong Kong no tiene acuerdo de extradición con Taiwán. Las autoridades locales solo pudieron juzgarlo por usar la cuenta corriente de su víctima sin autorización, cuando ya estaba muerta. Lam quiso aprobar la enmienda de forma rápida, pero se encontró con el bloqueo del parlamento. Después, con el del resto de la población.

Hong Kong mantiene ya acuerdos de extradición con una veintena de países y China no está en la lista. En la República Popular China, el poder judicial está subordinado a la autoridad del Partido Comunista y ha sido denunciado numerosas veces por arrancar confesiones con tortura, entre otras cosas. Aceptar la enmienda implicaría entregarse a las idiosincrasias de un régimen no democrático y renunciar a la esperanza de un proceso justo. Los hongkoneses aseguran que la nueva ley servirá para extraditar disidentes políticos, activistas, periodistas y enviarlos a los campos de reeducación que ha implementado el partido, considerados como una reencarnación del Gulag. O para legitimar los secuestros que ya tienen lugar. También temen por la integridad de su economía, que podría quedar supeditada a los intereses de los oligarcas chinos favorecidos por Jinping. Pero, sobre todo, creen que la intromisión de China en su sistema de justicia marcará el final de su precaria independencia, cuyo contrato vigente termina en 2047.

Independencia relativa y temporal

China perdió Hong Kong en la primera Guerra del Opio en 1842, y había sido una colonia británica hasta que, en 1997, Reino Unido la revirtió a China como Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China. Lo hizo bajo el extraordinario principio de "un país, dos sistemas", un concepto que se inventó Deng Xiaoping para recuperar la región sin hacer peligrar su condición de gallina de los huevos de oro. Era el centro financiero de Asia. No se podía romper. 

La constitución de la ciudad le dió derecho a mantener su propio sistema judicial -basado en el antiguo derecho común anglosajón-, su propia legislatura, sus canales de inmigración, su economía capitalista y hasta su equipo olímpico con su correspondiente himno. Tienen su propia bandera y su propia divisa, cuya moneda de un dólar lleva todavía la cara de la reina Isabel II. El gobierno chino tiene la defensa, la política exterior y el derecho a elegir al Presidente del Consejo Ejecutivo de Hong Kong, que sustituye la colonial figura del gobernador de Hong Kong. Ese es el cargo que ocupa Carrie Lam, la impopular instigadora de la polémica enmienda.

Este acuerdo se firmó por 50 años. Caduca en 2047. Es por eso que la protesta inicial ha evolucionado hacia un movimiento civil por la soberanía de la región. Una amenaza que el gobierno chino solo sabe gestionar de una manera. Pero Hong Kong tiene otra cosa que la sociedad china no tiene: derecho a manifestarse, a expresarse y reunirse libremente, a mantener una prensa libre, a rezar a quien les de la gana y a declararse en huelga. Tienen los típicos derechos civiles que caracterizan una democracia, algo completamente nuevo para el régimen de Jinping. Y, por descontado, algo incompatible al modelo Tiananmén de gestión del malestar ciudadano. 

Siete manifestaciones, 500 detenidos

La primera marcha civil contra las enmiendas, el domingo 9 de junio, congregó a más de un millón de personas, en una ciudad de siete millones. Es la mayor protesta registrada desde la "independencia" en 1997 (las autoridades reportaron solo 240.000). Lam asegura que la enmienda no viene del gobierno central y el proceso sigue su curso. Tres días después, un grupo mucho más pequeño de manifestantes se congrega alrededor del parlamento para impedir, físicamente, que la ley sea aprobada. La actuación de la policía fue desproporcionada.

"La respuesta excesiva de la policía está calentando la tensión y es probable que contribuya a empeorar la violencia. Las feas imágenes de la policía tirando gases lacrimógenos y rociando pimienta a los pacíficos manifestantes es una violación del derecho internacional", declaró el director de Amnistía Internacional en Hong Kong, Man-Kei Tam. Esa misma tarde, Lam llamó a los manifestantes niñatos malcriados en televisión. La siguiente manifestación, el 16 de junio, congrega a dos millones de personas. Es casi un tercio de la población. Lam recula y anuncia en una rueda de prensa que "tras repetidas deliberaciones internas en los últimos dos días, el Gobierno ha decidido suspender la tramitación de la enmienda legislativa, empezar de nuevo nuestra comunicación con todos los sectores de la sociedad, explicar más y escuchar los distintos puntos de vista de la sociedad". Pero tienen delante el primero de julio. Ya no hay nada que hacer. 

El primero de julio es la fiesta nacional de Hong Kong, porque marca el aniversario de su independencia del imperio británico. Pero también es el día que los hongkoneses aprovechan para reivindicar la independencia total del régimen comunista. Esta función doble se inauguró en 2003 con otra impopular enmienda, el artículo 23 de la Ley Básica de Hong Kong. El nuevo texto introducía el crimen de "traición, secesión, sedición y subversión" contra el gobierno chino. Aunque nunca llegó a aprobarse y el jefe ejecutivo del momento dimitió, el artículo 23 no murió del todo. De hecho, sirvió como referencia para prohibir la existencia misma del Partido Nacional de Hong Kong, en septiembre de 2018. Así fue que este primero de julio se volvieron a congregar dos millones de personas para exigir la ruptura con China. El recuento oficial fue de 338.000.

Cientos de jóvenes enmascarados tomaron al asalto el Parlamento, una imagen que recuerda poderosamente a otras imágenes icónicas. La policía tardó horas en sacarlos de allí. Días más tarde, Lam declara muerta la enmienda, pero ya da lo mismo. La marcha se ha convertido en un movimiento civil por la soberanía de la región. Las batallas se suceden y se recrudecen. Los himnos proliferan. Unos cantan Sing Hallelujah to the lord para reivindicar la libertad de culto. Otros Do You Hear the People Sing de Los Miserables, que ya había sido popular en las protestas de 2014. Las dos son prohibidas por el gobierno chino para evitar que se contagie a través de las fronteras. Hay paraguas en homenaje a los Umbrella 9, los líderes estudiantiles condenados por organizar la revuelta prodemocracia de 2014. Entonces las protestas paralizaron la ciudad durante 79 días. Un récord a punto de perecer. 

En la manifestación del 21 de julio se recrudecen los encuentros. Aparecen grupos de hombres enmascarados y armados con barras de hierro que atacan a los manifestantes, dejando 45 heridos. Algunos son identificados como miembros de las temidas mafias locales. Las asociaciones acusan al gobierno central de haber reclutado a las mafias para hacer el trabajo sucio. El gobierno acusa a los manifestantes de trabajar para Trump. El 27 de julio hay trincheras en las calles de todos los distritos de la ciudad. 

La huelga general del 3 de agosto ha conseguido paralizar la puerta financiera del continente asiático. El aeropuerto funciona en un 50%. No ha habido una huelga semejante desde los disturbios de 1967, que empezaron en una fábrica de flores artificiales y se saldaron con 51 muertos (15 por atentado con bomba); un millar de heridos, 5.000 arrestados y casi 2.000 condenados. Después de la huelga del pasado lunes, más de 500 personas han sido arrestadas, algunas de ellas con cargos de revuelta, un delito penado con hasta 10 años de cárcel. China estaba usando a Hong Kong para esquivar la guerra arancelaria con los EEUU, gracias a una ley de 1992, la Hong Kong Policy Act. Si pierde la región, pierde la trampa. Si se la queda, también.

La nueva guerrilla antivigilancia

Desde que empezó la protesta, los manifestantes han ido refinando su estrategia con tácticas que marcarán un antes y un después en el manual de la desobediencia civil. Llevan cascos y máscaras de pintura para esquivar las pelotas de goma y van armados con punteros láser para cegar las cámaras de reconocimiento facial de la policía. El gobierno chino presume de haber instalado seis millones de cámaras para vigilar y reeducar a sus ciudadanos, un sistema que ya ha sido calificado como la primera dictadura digital. Todos han desactivado la identificación facial y dactilar en sus móviles. Demasiado fácil de desbloquear si te detienen.

El asedio ha despertado la solidaridad de la ciudadanía. Los viajeros del metro dejan monedas y tickets de viaje para que los manifestantes puedan moverse sin usar sus tarjetas identificativas. En repulsa por la detención de un estudiante por posesión de punteros láser, este miércoles cientos de ciudadanos se han reunido en Tsim Sha Tsui para hacer su propio espectáculo de lásers. Todo mientras esperamos que Jinping mueva ficha: dejar que las protestas se disipen por sí mismas y arriesgarse a que Hong Kong se le escurra entre los dedos o aplastar la revuelta y anexionarse la región como hizo Putin con Crimea en marzo de 2014.

Por Marta Peirano

08/08/2019 - 20:38h

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Migrantes requisados y detenidos por la patrulla fronteriza estadounidense en Los Ebanos, Texas. Imagen: AFP

El alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha condenado las condiciones “indignas” y “dañinas” en que se encuentran los migrantes y refugiados recluidos en la frontera de los Estados Unidos, pidiendo que los niños nunca sean puestos en detención migratoria o separados de sus familias.

Michelle Bachelet dijo que estaba horrorizada por los campamentos y dijo que varios organismos de derechos humanos de la ONU habían descubierto que la detención de niños migrantes puede constituir un trato cruel, inhumano o degradante, que está prohibido por el derecho internacional.

Ella habló pocos días después de que un informe interno del gobierno de los Estados Unidos advirtiera sobre un hacinamiento peligroso en muchos de los centros de detención. El informe del gobierno reveló que algunos inmigrantes fueron retenidos en celdas con una capacidad cinco veces menor, y más de la mitad quedaban afuera debido a la falta de espacio.

Según NBC News, solo había cuatro duchas para 756 detenidos. Una celda, diseñada para albergar a 35 personas, se llenó con 155. Y The New York Times describió que una estación de la Patrulla Fronteriza en Texas estaba llena de cientos de niños que vestían ropa sucia y estaban envueltos en celdas llenas de enfermedades, en base a entrevistas con el personal y los abogados quienes habían visitado el sitio.
Donald Trump calificó la historia como un engaño. "Como pediatra, pero también como madre y ex jefa de estado, estoy profundamente sorprendida de que los niños se vean obligados a dormir en el suelo en instalaciones superpobladas, sin acceso a atención médica o alimentos adecuados y con malas condiciones de saneamiento", dijo. Bachelet, ex presidenta de Chile, dijo.

"Detener a un niño, incluso por períodos cortos en buenas condiciones, puede tener un impacto grave en su salud y desarrollo. Considere el daño que se está haciendo todos los días al permitir que esta situación alarmante continúe".

Los centros de detención albergan a miles de migrantes, muchos de los cuales huyen de la violencia y la pobreza en América Central. Bachelet instó a las autoridades a encontrar alternativas sin custodia para niños y adultos. "Cualquier privación de libertad de los migrantes adultos y refugiados debe ser una medida de último recurso", dijo. “En la mayoría de estos casos, los migrantes y los refugiados han emprendido viajes peligrosos con sus hijos en busca de protección y dignidad y alejados de la violencia y el hambre.
“Cuando finalmente creen que están a salvo, pueden encontrarse separados de sus seres queridos y encerrados en condiciones indignas. Esto nunca debería suceder en ninguna parte”.

Los equipos de la oficina de derechos humanos de la ONU en México y América Central han documentado numerosas violaciones de derechos y abusos contra los migrantes en movimiento, incluido el uso excesivo de la fuerza y la separación familiar. Las políticas introducidas a fines del año pasado requieren que la Patrulla Fronteriza realice controles médicos secundarios a todos los niños bajo el cuidado y la custodia de Aduanas y Protección de Fronteras, con especial atención a los niños menores de 10 años.

Bachelet también condenó las acciones contra personas y organizaciones que brindan a los migrantes agua, alimentos, atención médica y refugio. "La provisión de asistencia para salvar vidas es un imperativo de derechos humanos que debe respetarse en todo momento y para todas las personas necesitadas; es inconcebible que aquellos que buscan brindar dicho apoyo corran el riesgo de enfrentar cargos penales", dijo.

Scott Warren, de 36 años y residente de Arizona, quien brindó ayuda a los migrantes, será procesado nuevamente después de que un jurado el mes pasado no pudo llegar a un veredicto, y enfrenta hasta 20 años de prisión por "proteger" a los hombres de las autoridades estadounidenses.

Por Jane Dalton*

*De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Pagina/12
Traducción: Celita Doyhambéhère

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Domingo, 07 Julio 2019 05:37

El orden del discurso

El orden del discurso

La visita a Venezuela de Michelle Bachelet.

 

Durante su reciente estadía venezolana de tres días, la alta comisionada de la Onu para los derechos humanos y ex presidenta chilena, Michelle Bachelet, se reunió en el palacio presidencial de Miraflores con Nicolás Maduro y en la Asamblea Nacional con su presidente, Juan Guaidó. Recordemos que desde enero muchos gobiernos extranjeros, casi cincuenta, han reconocido a Guaidó como “presidente encargado de la República”, aunque en este tiempo no ha podido ejercer función alguna como tal.

La visita hizo tabla rasa de los eufemismos. Nada de “mediación entre dos presidentes”. Bachelet llegó a Caracas y nombró a cada quien según su cargo, una obviedad a la que no se atrevía la comunidad internacional que le siguió el juego a Estados Unidos. Las declaraciones de Guaidó después de la reunión, sin la delegada de la Onu a su lado, fueron bastante categóricas: Bachelet intercedió para liberar a los presos políticos. Nada de “cese de la usurpación” ni de “gobierno de transición”. Los términos que hasta hace días utilizaba Guaidó para referirse a sus actuaciones internacionales han mutado a otros más flexibles y realistas: presos políticos, violaciones a derechos humanos, negociación en Noruega.

Pero Bachelet fue todavía más lejos en eso de nombrar las cosas. Visitó en sus despachos al presidente del Tribunal Supremo de Justicia y al fiscal general, ambos presididos por funcionarios incluidos en la lista de sancionados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Una verdadera afrenta a la vorágine política internacional deseosa de una invasión extranjera y de una purga radical. Una lluvia de críticas cayó sobre Bachelet y Guaidó por parte de opositores radicales, especialmente una vez que Bachelet demandara agilizar el diálogo en Noruega entre el gobierno y la oposición, algo que Guaidó había rechazado, salvo que fuera para la claudicación definitiva de Maduro.

Paralelamente al cierre de la visita de Bachelet, una foto estremecía a la oposición: Elliott Abrams, encargado de la Casa Blanca para asuntos sobre Venezuela, se fotografiaba con los delegados de Guaidó que asistirán, en Oslo, a la tercera ronda de negociaciones y les ofrecía su respaldo. Para la segunda ronda de negociaciones, Abrams se mostró escéptico y se atrevió a hacer recomendaciones públicas a Guaidó para que sólo se sentara a firmar la rendición de Maduro. De todas maneras, la foto en cuestión es un espaldarazo de Estados Unidos a la mediación de Noruega como única salida posible por el momento. Un verdadero balde de agua fría para Almagro, Duque y la derecha radical venezolana, que tratan de torpedear cualquier negociación política.

Se espera que la alta comisionada presente hoy, 5 de julio, un informe a Naciones Unidas sobre Venezuela y su visita de tres días. Por lo pronto, ha inaugurado otra forma de atender el conflicto venezolano.

JUEGO DE NAIPES.

Por el momento, la carta de la mediación noruega pesa más que la de una intervención militar, con la que amagaron Trump y diversos funcionarios de Estados Unidos desde comienzos de año. Desde que Trump mencionó que, con respecto a Venezuela y Maduro, “todas las opciones están sobre la mesa”, se entendió que contemplaba seriamente una intervención militar. Varios meses después, esa carta se ha ido al mazo.

Ahora sólo queda la negociación diseñada en Europa y países de América Latina, como Uruguay y México, que han visto con cierta cautela la autojuramentación de Guaidó y la ofensiva belicosa de Estados Unidos contra Venezuela. El diálogo entre las partes en cierta manera pasa por aceptar al chavismo como actor político de negociación, y no como “banda de narcotraficantes” y “genocidas”. El mismo Abrams ha considerado la opción de que Maduro sea candidato presidencial, aunque ha confirmado que antes de eso el venezolano debe dejar el poder. Todo un repertorio simbólico que da cuenta de un nuevo enfoque.

Pero lo simbólico no es independiente de lo real. Estos desplazamientos discursivos obedecen a los fracasos opositores que se han sucedido una y otra vez desde enero de este año. El primero y quizá más importante fue el del 12 de febrero en la frontera colombo‑venezolana, cuando la oposición, acompañada de manera espectacular por un concierto musical internacional y presidentes de la región, como Sebastián Piñera e Iván Duque, intentó hacer ingresar en el territorio venezolano tres camiones de ayuda humanitaria, que resultaron quemados (a la postre, The New York Times revelaría que por los mismos opositores). Finalmente, el 30 de abril, un golpe de Estado abortado y débil terminó de mostrar las pobres costuras militares de los opositores y el fracaso de la política estadounidense hacia el sector militar venezolano. Ambas acciones atrincheraron al Ejército y al chavismo en torno a Maduro.

MAL MOMENTO PARA LA OPOSICIÓN.

Durante la visita de Bachelet, la escalada del conflicto con Irán mantuvo a Estados Unidos ocupado. Fuerzas militares iraníes derribaron un dron estadounidense el 20 de junio y el propio Trump reconoció que estuvo a punto de iniciar una agresión violenta como respuesta, que finalmente detuvo a escasos minutos de concretarla. Todo ello mantiene alejada a Venezuela de las primeras planas del escenario geopolítico y levanta otras preocupaciones para Estados Unidos. La presión contra Caracas, que venía en aumento desde enero, ha estado bajando las últimas semanas y llegó a su mínimo de este año justamente durante la visita de la máxima autoridad de la Onu en materia de derechos humanos. Sin el padrino azuzándola, la oposición ha tenido que mostrar su cara dispuesta al diálogo.

La situación geopolítica no es la única que marca el desánimo del antimadurismo. Un escándalo de corrupción sobrevenido de manera inesperada señala a militantes del opositor Voluntad Popular como responsables de corrupción en temas relacionados con la ayuda humanitaria del evento del 12 de febrero. El Panam Post, un medio de oposición radical a Maduro que opera desde Estados Unidos, destapó un conjunto de documentos que comprobarían dicha corrupción, que ha salpicado incluso al representante de Guaidó en Colombia. Este ha hecho declaraciones que contradicen a su jefe en cuanto a las fechas en las que comenzaron a investigarse dichas denuncias.

Independientemente del daño que pueda hacerle este escándalo a Guaidó, da cuenta de la ruptura interna en las filas opositoras. Los denunciantes son parte de la oposición más radical y, de esta forma, le estarían cobrando a Guaidó su negociación con el gobierno en Noruega. En todo caso, el sinceramiento de la situación venezolana y la necesidad de volver a las negociaciones abren procesos políticos que favorecen la participación de sectores opositores menos radicales que hacen vida política a lo interno del país, a diferencia de los que diseñan y dirigen desde el extranjero. Una vuelta a la política real.

5 julio, 2019

*    Sociólogo, analista político y profesor de la Universidad Central de Venezuela.

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Sábado, 06 Julio 2019 06:51

"Incomprensible y sin rigor científico"

"Incomprensible y sin rigor científico"

El gobierno de Maduro señaló que no consideraron sus argumentos e ignora el efecto del bloqueo económico. Acto de la oposición y marcha al comando militar.

La existencia de dos gobiernos en Venezuela es una ficción que se ha evaporado a nivel internacional. Solo la mantiene la administración de Donald Trump y algunos gobiernos de derecha de América Latina. El presidente Vladimir Putin, de visita en el Vaticano, afirmó al respecto que Juan Guaidó se había autoproclamado presidente encargado ante Dios, pero “Dios no nos comunicó cuál fue su reacción a este mensaje, no nos dio ninguna señal, por eso creo que debemos volver a esta tierra pasajera y llena de pecados y guiarnos por los procedimientos democráticos”. Guaidó ya no es lo que nunca fue.

En términos nacionales la ficción nunca cobró la forma necesaria para simular gobierno: en casi seis meses Guaidó no logró autoridad, ni mando, ni territorio. No significa que la ficción se haya detenido: el 5 de julio, día de la firma del acta de Independencia de Venezuela, Guaidó encabezó un acto en la Asamblea Nacional, en simulación de gobierno, y luego una movilización hasta las cercanías de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

El día estuvo marcado en la madrugada por el informe leído en la mañana por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, desde Ginebra. Allí expuso las conclusiones de un reporte que reconoce a un solo gobierno que, a su vez, señala como responsable, entre otras cosas, de una situación de crisis de salud, alimentación, migración, con graves falencias en el acceso a la justicia y garantía de derechos humanos.

“Resulta incomprensible el contenido de este informe dominado por una visión selectiva y parcializada, un escrito carente de rigor científico con grandes errores metodológicos y que parece un calco de informes anteriores. Ignora casi en su totalidad la información brindada por el Estado, solo toma en cuenta la obtenida por voceros de la oposición y fuentes de prensa. Basta mencionar que de 558 entrevistas realizadas, 460 fueron realizadas fuera de Venezuela, lo cual representa 82 por ciento de las opiniones vertidas en el informe”, expresó en Ginebra William Castillo, viceministro de asuntos exteriores.

Castillo también destacó la omisión del informe acerca de las causantes del cuadro económico: “Ignora los graves impactos que el ilegal, criminal e inmoral que el bloqueo económico está ejerciendo sobre la vida de nuestro pueblo. Venezuela no niega sus problemas, pero cualquier esfuerzo serio para abordarlos debe considerar las causas estructurales”.

La celebración del 208 aniversario de la independencia estuvo marcada por un acto en la Asamblea Nacional Constituyente, con un discurso del comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) el almirante en jefe Remigio Ceballos, quien explicó el tipo de “agresión multiforme” a la cual está sometida Venezuela, y ratificó el mando de Nicolás Maduro como comandante en jefe de la Fanb.

El presidente, por su parte, encabezó el desfile militar en Caracas, donde ratificó el llamado al diálogo y a la paz: “con la buena voluntad, la capacidad política de negociación lo lograremos. Todos tenemos que ceder una parte para llegar a acuerdos y yo llamo al diálogo porque creo y amo a Venezuela”.

El nuevo llamado al dialogo del presidente se dio en un escenario donde, públicamente, las diferentes fracciones más visibles de la derecha venezolana han anunciado que no volverán a acudir a ninguna instancia de acercamiento con el gobierno. Guaidó lo ratificó al finalizar la movilización del viernes ante la Dgcim: “se acabó el debate, el informe de Bachelet confirma que esto es una dictadura”. El autoproclamado no dio detalles acerca de cómo sería una salida sin diálogo, y anunció próximas movilizaciones sin dar detalles.

Las vías para el plan sin diálogo fueron demostradas en los últimos meses y semanas, tanto con el intento de acción militar del 30 de abril en la madrugada, como con las tramas de ex militares, comisarios y mercenarios que fue develada por el gobierno. Los videos grabados a través de infiltraciones hechas por los servicios de inteligencia, dejaron ver a través de los mismos actores del plan, cómo pensaban asesinar al presidente, al círculo de gobierno, y realizar asaltos militares a puntos estratégicos militares y políticos. Esto no resulta nuevo en un conflicto donde hace menos de un año sectores de la oposición intentaron asesinar al presidente a través de drones con explosivos en un desfile militar en Caracas.

La ficción de dos presidentes ya casi no existe internacionalmente. El conflicto sin embargo recrudece en sus preparativos para nuevos asaltos. La derecha anunció que el informe de Bachelet -que desconoce toda dimensión violenta de la oposición aun habiéndose reunido con víctimas, como la madre de un joven quemado vivo por ser acusado de chavista- es una validación para romper diálogo y un punto de apoyo para buscar nuevas acciones de fuerza.

En cuanto al bloqueo, mencionado de manera soslayada por el informe, Estados Unidos ha anunciado que continuará incrementando sus ataques, tanto a Venezuela como a sus aliados. La última medida unilateral de fuerza tuvo lugar el jueves con la sanción a la empresa cubana Cubametales por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros por comerciar petróleo con Venezuela. Esta medida se suma a lista de, entre otras acciones, robos de activos, bloqueos de cuentas, sanciones a empresas, que comenzó años atrás y durante este 2019 se incrementó mes a mes ante el silencio de gobiernos y organismos internacionales.

 El clima político transcurre complejo en Venezuela. Las posibles formas de resolución aún no aparecen sobre la mesa, y los hechos de esta semana han vuelto a alejar lo que se había logrado acercar públicamente entre las partes.

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El "descontrol" de los cuerpos armados del Estado

Que los aparatos armados del Estado están fuera de control, en todo el mundo, es un hecho indudable. Sucede en las viejas potencias decadentes (Estados Unidos y Europa), en las mal llamadas emergentes (Rusia y China) y, por supuesto, en nuestra América Latina. Los hechos comprobados llaman la atención.

 

Incluso en la muy democrática Alemania se puede constatar una alianza de la ultraderecha, responsable de 80 asesinatos desde la reunificación, "con elementos de la policía, el ejército y la judicatura" (bit.ly/2NygEsw). La alianza de hecho es tan evidente, y de tanto tiempo, que en rigor habría que decir que los aparatos armados del Estado están utilizando a la extrema derecha como expresión político-electoral de sus intereses.

 

Un informe de los periodistas de Redaktions Netzwerk Deutschland concluye que los ultras alemanes no son sociópatas, sino militares y policías, en especial "miembros retirados y en activo de comandos especiales de asalto".

 

En Grecia la relación entre Amanecer Dorado y la policía está más que comprobada. "En las elecciones de 2012, uno de cada dos agentes de Atenas votó a la formación nazi", pese a que el partido ultra apenas superó 7 por ciento de los votos totales ((bit.ly/2XRZsT2). Ese mismo año, miembros del partido ultra y antidisturbios realizaron una carga conjunta contra una protesta antifascista en Komotin, así como en otras ciudades.

 

En América Latina ha sido documentada de forma fehaciente la participación de miembros de los aparatos armados del Estado en la violencia contra los sectores populares y en la criminalización de la protesta, así como la evidente complicidad del sistema de justicia. En Brasil, Argentina, Colombia, Guatemala y México, estos hechos no admiten dos lecturas. Los cuerpos armados son, además, cómplices de los grupos paramilitares que en no pocos casos integran de forma directa.

 

Lo que me parece singular es que el fenómeno se registre en todo el mundo. En América Latina adquiere perfiles genocidas, mientras en otros continentes el fenómeno tiene un carácter menos estridente. Lo que indica una tendencia de fondo, es lo que sucede en un continente como Europa, donde el sistema democrático había mostrado ser algo más que una formalidad legalista.

 

Llegados a este punto, me interesa destacar las causas de la creciente militarización de nuestras sociedades y, en paralelo, el que los cuerpos armados del Estado hayan adquirido cierta autonomía y se encuentren fuera del control del poder político. Lo que no quiere decir, en absoluto, que el poder sea neutral en los procesos de militarización/policialización en curso.

 

El primer punto es que se trata de una realidad estructural, siendo una de las características centrales del capitalismo en su etapa de decadencia o, si se prefiere, en un periodo en el cual se comporta como tormenta/tsunami dispuesto a arrasar a los sectores populares para estirar su decadencia.

 

Vivimos bajo la acumulación por despojo/robo o cuarta guerra mundial contra los pueblos, que consiste en despejar territorios para despojar los bienes comunes al convertirlos en mercancías, como lo han explicado varios analistas y movimientos del mundo, entre ellos el EZLN. El Estado es el guardián de esta acumulación/guerra y la militarización es la forma de aceitarla.

 

El segundo punto es que al ser una característica estructural, los gobiernos hacen poco o nada para modificarla. En general, se han limitado a seguir la corriente con la aprobación de leyes antiterroristas en casi todos los países de la región. En los casos de Argentina y Brasil, estas leyes fueron impulsadas por los gobiernos progresistas de Cristina Fernández y Dilma Rousseff. Esto enseña que la diferencia entre conservadores y progresistas es más pequeña de lo que suele creerse.

 

No obstante, debe decirse que algunos gobiernos (como los de Mauricio Macri y Jair Bolsonaro) han creado las condiciones para que los cuerpos armados del Estado tengan las manos libres para ejercer violencia contra los de abajo. En todo caso, es una cuestión de énfasis: la violencia contra las mujeres y contra los sectores populares es inseparable del modelo extractivista hegemónico.

 

Por lo tanto, no saldremos de esta espiral de violencia eligiendo nuevos gobernantes, sino por dos caminos: la organización extensa e intensa de los de abajo y el fin del extractivismo, o sea de la minería a cielo abierto, los monocultivos, las grandes obras de infraestructura y la especulación con el suelo urbano.

 

El tercer punto es comprender a quiénes beneficia la existencia de fuerzas armadas y (para) policiales relativamente autónomas, dispuestas a violentar a los pueblos. Beneficia al Estado y a la clase social que lo necesita para seguir adelante con su acumulación mediante la guerra. Si algo comprendieron los de arriba es que sólo podrán sobrevivir con un Estado fuerte: o sea, con aparatos integrados por hombres armados, más allá del nombre que les pongan.

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Un sector cocalero boliviano agudiza su choque con Evo Morales

Los campesinos de los Yungas cortan durante una semana los caminos que comunican la región con el resto del país

 

 Los campesinos cocaleros de los Yungas, territorio del norte de Bolivia, bloquean los caminos que los vinculan con el resto del país desde hace seis días. Los distintos cortes han sido fuertemente reprimidos por la policía en diversas ocasiones, pero reaparecen horas después de haber sido dispersados. Las protestas buscan que el Gobierno respete la organización sindical tradicional de la región, que es cuestionada por las autoridades con el argumento de que ha sido penetrada por delincuentes.

El conflicto entre los campesinos de la coca de los Yungas y el Gobierno liderado por Evo Morales, que también fue cocalero y que continúa dirigiendo los sindicatos de productores de la hoja en otra región, el Chapare, es relativamente reciente. Durante muchos años todos los cocaleros del país apoyaron a Morales, un consenso que se acabó con la aprobación, en marzo de 2017, de la Ley de la Coca. La norma fijó la extensión que pueden cultivarse legalmente en Bolivia, que es de 22.000 hectáreas, entre los Yungas y el Chapare. Esa fórmula cambió la normativa anterior, que prohibía cualquier plantación de arbustos de coca fuera de los Yungas, considerada la “zona tradicional” para el “acullicu” (masticado), una costumbre ancestral de los pobladores de los Andes. Como está regulada, la coca tiene un precio relativamente alto y se ha convertido en el principal cultivo de ambas zonas productoras.

Desde entonces, los cocaleros de los Yungas se convirtieron en el único movimiento sindical opositor al presidente Evo Morales y han protagonizado varios choques con su Gobierno. En respuesta, este trató, primero, de promover el cambio interno en su organización, la Asociación de La Paz de Productores de Coca (Adepcoca), y luego fomentó la organización disidente de otros grupos de campesinos, en una estrategia que los afectados califican como “paralelismo sindical”. Una última acción gubernamental fue la creación de un nuevo mercado de coca en la ciudad de La Paz, paralelo al mercado oficial que por ley debe administrar Adepcoca, y en el que están vedados los campesinos oficialistas.

La posibilidad de perder el control de la distribución de la hoja, que constituye su principal medio de vida, llevó a Adepcoca a organizar los bloqueos de caminos que hoy el Gobierno procura despejar sin éxito. La Asamblea de Derechos Humanos, considerada opositora, denunció un uso excesivo de la fuerza en contra de los grupos que ahora se movilizan con los mismos métodos que en su tiempo usara Evo Morales para defender la coca del Chapare de las políticas de erradicación de los gobiernos “neoliberales” de los años noventa.

La división de los cocaleros de los Yungas en dos facciones, una leal al sindicato tradicional y otra, oficialista, derivó en las últimas semanas en un enfrentamiento interno gravísimo. Dos personas fueron asesinadas; varias, detenidas y los dirigentes de Adepcoca se han declarado perseguidos y en la “clandestinidad”. Las autoridades dicen que los buscan por su vinculación con el asesinato de un dirigente progubernamental. Al mismo tiempo, fueron detenidos tres cocaleros contrarios a Adepcoca, que son acusados de matar a un joven miembro del grupo de choque de esta organización.

Otra fuente del conflicto es la política de destrucción de plantaciones de coca que ejecutan fuerzas policiales y militares en La Asunta, una zona de los Yungas que no está autorizada para producir coca. Los cocaleros denuncian que esta tarea no tiene justificación técnica y únicamente busca debilitar el liderazgo de Adepcoca. La intermitente resistencia de los campesinos a la erradicación en La Asunta causó la muerte de un policía en agosto de 2018. Inmediatamente después fue detenido el líder histórico de Adepcoca, Franklin Gutiérrez, quien se halla en prisión desde entonces, acusado de ser el “autor intelectual” del asesinato del policía. La situación legal de Gutiérrez es otro de los factores que explican la conflictividad actual.

 

Por Fernando Molina

La Paz 4 JUL 2019 - 17:03 COT

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Un informe oficial alerta de la “bomba de relojería” en los centros de detención de inmigrantes de EE UU

La inspección del Gobierno en comisarías fronterizas de Texas denuncia condiciones insalubres, hacinamiento, detención prolongada y peligros para la seguridad

 

 

Ya no es una historia que cuentan unas abogadas. Ya no es una denuncia política de congresistas demócratas. La alerta por las condiciones extremas en las que los inmigrantes permanecen detenidos en las comisarías de la frontera de Estados Unidos lleva ahora la firma del propio Gobierno de Estados Unidos. Un informe oficial de la Inspección General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicado este martes alerta de que la situación es “peligrosa” por el hacinamiento de los inmigrantes y el largo periodo que permanecen detenidos en estos lugares.

“El propósito de este informe es comunicarle cuestiones urgentes que requieren acciones inmediatas”, escribe el inspector general en su presentación al DHS, de quien dependen el Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) y la Patrulla Fronteriza, el cuerpo policial que vigila la frontera El informe se centra en los sitios de detención de inmigrantes de la zona de Rio Grande, en el sur y este de Texas. “Hemos observado un hacinamiento grave y detención prolongada de menores inmigrantes no acompañados, familias y adultos solos”.

El informe pone cifras concretas a una situación que vienen denunciando activistas, abogados y políticos desde hace meses. En el momento de la inspección, que se produjo en la semana del 10 de junio, la Patrulla Fronteriza mantenía detenidas a 8.000 personas. De ellas, 3.400 llevaban detenidas más de las 72 horas admitidas legalmente como el límite general para que los inmigrantes sean procesados. Hasta 1.500 detenidos llevaban bajo custodia más de 10 días. Uno de los mandos entrevistados calificó la situación de “bomba de relojería”.

Estos lugares detención son básicamente comisarías, sin condiciones para mantener detenidos durante largos periodos de tiempo. El informe viene acompañado de una serie de fotografías del interior de estos centros que no se ven habitualmente. En las fotos se ven celdas abarrotadas de personas durmiendo en el suelo con mantas mylar. La visita del inspector oficial se produjo en los mismos días que la del grupo de abogados que denunciaron condiciones horribles de los niños en estos centros.

Ante el aumento de llegadas de familias centroamericanas que quieren pedir asilo, el Gobierno asegura que no está preparado y que el sistema está al borde del colapso por falta de recursos. Expertos en inmigración afirman que el Gobierno está bloqueando la gestión a propósito para incrementar la sensación de crisis y caos en la frontera. En otro informe el pasado mayo, la Inspección denunciaba también el hacinamiento en la zona de El Paso.

En el momento de la visita había 2.669 menores de edad detenidos en estos centros provisionales de la frontera. De ellos, 826, el 31%, llevaban detenidos más de 72 horas, denuncia el informe oficial. Se trata de una violación flagrante de los límites legales para mantener detenidos a menores de edad, que están fijados en un precedente judicial de hace dos décadas llamado acuerdo Flores.

Por ejemplo, el informe cita un centro en McAllen, Texas, donde había 1.031 niños no acompañados. 806 de ellos ya habían sido procesados, pero de esos, 165 llevaban más de una semana detenidos. Es decir, ya habían pasado todo el papeleo , pero DHS no los había transferido aún al sistema de servicios sociales. El informe afirma que había 50 niños no acompañados menores de 7 años que llevaban más de dos semanas detenidos esperando a ser transferidos.

En el informe, los propios inspectores del Gobierno corroboran la descripción general que han hecho abogados y activistas sobre las condiciones en las que están detenidos los menores. “En tres de los cinco centros de la Patrulla Fronteriza que visitamos, los niños no tenían acceso a duchas”, a pesar de que las normas oficiales “requieren que se haga un ‘esfuerzo razonable’ para proveer una ducha a menores que se acercan a las 48 horas de detención”. En los centros “no hay ropa para cambiarse y no hay lavanderías”.

“A pesar de que todos los centros tenían leche en polvo, pañales, toallitas de bebé, zumos y snacks para los niños, vimos que en dos de los centros no les habían dado a los niños una comida caliente hasta la semana de nuestra llegada”. Además, el informe asegura que las condiciones sanitarias obligaban a mantener a algunas familias encerradas en celdas. Un grupo de abogados que visitó estos centros en fechas parecidas denunció que el hacinamiento y la falta de higiene están provocando brotes de gripe y piojos en estos lugares.

En cuanto a los adultos, “observamos un hacinamiento grave y detención prolongada”. En uno de los centros, que no nombra, “algunos adultos estuvieron detenidos en condiciones que solo lees permitían estar de pie durante una semana”. Algunos estuvieron en condiciones de hacinamiento un mes. “El hacinamiento y la detención prolongada suponen un riesgo inmediato para la seguridad de los funcionarios y la de los detenidos”.

La desesperación de los inmigrantes está además creando incidentes de seguridad en estos lugares de detención temporal. Por ejemplo, los inmigrantes atascan los sanitarios con las mantas mylar con calcetines para poder salir de la celda un rato mientras lo arreglan. En un centro, los inmigrantes que habían salido de su celda durante una limpieza se negaron a volver. Los agentes “trajeron al equipo de operaciones especiales para dejar claro que estaba preparado para utilizar la fuerza si era necesario”.

Las normas oficiales requieren que los adultos se puedan duchar pasadas 72 horas. “La mayoría de los adultos no se habían duchado ni una vez a pesar de llevar detenidos un mes”. En algunos sitios, los funcionarios les daban toallitas húmedas para lavarse. “La mayoría de los adultos llevaba la misma ropa con la que llegaron días, semanas e incluso un mes antes”.

"En un centro de la Patrulla Fronteriza tuvimos que acortar nuestra visita porque nuestra presencia estaba alterando una situación ya de por sí difícil", explican los funcionarios a modo de ejemplo. "En concreto, cuando los detenidos nos vieron, empezaron a golpear en las ventanas de las celdas, gritaban y pegaban papeles al cristal en los que decían el tiempo que llevaban detenidos".

Ante el escándalo por el goteo de revelaciones sobre lo que está pasando en la frontera, la semana pasada, el Congreso aprobó un paquete de 4.500 millones de dólares de recursos para la gestión de la frontera. Sin embargo, no está claro si la Casa Blanca utilizará ese dinero para mejorar las condiciones humanitarias de los detenidos y agilizar los traslados, como querían los demócratas, o para reforzar a los cuerpos de seguridad y las infraestructuras de detención.

 

Por Pablo Ximénez de Sandoval

 Los Ángeles 3 JUL 2019 - 02:31 COT

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