Trump amenaza con usar fuerza militar para mitigar las protestas

El magnate se proclama "el presidente de la ley y el orden" // Advierte a gobernadores: "es un movimiento, si no lo aplastan será cada vez peor"

 

Nueva York., Donald Trump declaró ayer que empleará la fuerza militar contra ciudadanos de este país para suprimir las expresiones masivas –y en gran parte pacíficas– de disidencia al proclamarse como "el presidente de la ley y el orden".

En declaraciones en la Casa Blanca, el comandante en jefe ordenó a gobernadores y alcaldes "dominar las calles" ante las revueltas ocurridas a lo largo de la última semana. "Si una ciudad o estado rehúsa emprender las acciones necesarias para defender la vida y propiedad de sus residentes, desplegaré a los militares de Estados Unidos y resolveré rápidamente el problema por ellos", advirtió.

Trump indicó que empleará su autoridad según la Ley de Insurrección de 1807, la cual establece que el presidente puede desplegar fuerza militar para suprimir insurrecciones, desorden civil y rebelión. Pero, de inmediato, expertos en leyes señalaron que esa legislación establece que el Ejecutivo sólo puede darle uso si se lo solicitan los gobernadores, y varios de ellos –incluidos los de Nueva York, Maryland e Illinois– rechazaron esa opción anoche.

Mientras hablaba el presidente, fuerzas federales –Servicio Secreto, policía militar y hasta fuerzas montadas a caballo– procedieron de pronto a reprimir con gas lacrimógeno y balas de goma a cientos de manifestantes que se habían expresado de manera pacífica durante horas en las proximidades de la Casa Blanca, todo parte de un acto coreografiado de Trump.

Al concluir sus comentarios, salió de la Casa Blanca a pie rodeado de elementos de seguridad y helicópteros sobrevolando, para caminar una cuadra por el Parque Lafayette –pasando por donde minutos antes se había expulsado con fuerza a los manifestantes– para posar ante las cámaras frente a la histórica Iglesia de San Juan con una Biblia en la mano. Después de unas fotos solo, invitó al procurador general, Bill Barr, y otros funcionarios –todos blancos– a colocarse a su lado para más fotos.

Poco después, la obispa episcopal de Washington, Mariann Edgar Budde, quien supervisa esa iglesia, se declaró "indignada", repudió el acto como "un abuso de símbolos sagrados y antitético a todo lo que representamos", condenó el uso de fuerza para expulsar a manifestantes de los alrededores de la iglesia y denunció que la Casa Blanca no avisó de la visita.

Trump, en breves palabras en el Jardín de las Rosas, responsabilizó a "anarquistas profesionales" y a "Antifa" de las protestas "violentas" que han "golpeado salvajemente a gente inocente"y advirtió que se pondrá fin "ahora mismo" a esos actos.

La frase de "presidente de la ley y el orden" es la consigna que usó Richard Nixon para su elección en 1968.

Horas antes, Trump despotricó contra gobernadores en una teleconferencia en la cual –según una grabación filtrada a los medios– les dijo que "tienen que arrestar a las personas... Tienen que dominar. Si no dominan, están perdiendo el tiempo; ellos los van a atropellar, se van a ver como un grupo de imbéciles". En otro momento señaló: "es un movimiento. Si no lo aplastan, será cada vez peor. El único momento en que es exitoso es cuando ustedes son débiles, y la mayoría de ustedes lo son".

En tanto, una autopsia independiente solicitada por la familia de George Floyd concluyó –a diferencia de la del forense oficial del condado– que el afroestadunidense murió por asfixia que llevó a falta de circulación de sangre al cerebro causado por la rodilla del policía blanco sobre su cuello en Minneapolis. La familia de la víctima solicitó poner fin a los saqueos y otros actos de violencia.

La ira en las calles

En el séptimo día de protestas masivas contra la violencia racista oficial y la brutalidad policiaca detonada por el asesinato de Floyd el lunes de la semana pasada, movilizaciones masivas generalmente pacíficas continuaron por todo el país: desde Oakland, Nueva York, Minneapolis, Nashville y Portland, hasta Birmingham y Filadelfia, entre decenas más, con activistas que afirman que no se cansarán de protestar hasta que se logre un cambio real y justicia plena en el caso de Floyd.

Luego de una noche marcada por incidentes violentos, el domingo, entre algunos grupos de manifestantes y las autoridades, pintas, saqueos y más, a pesar de medidas de control que incluyen toques de queda, se intensificó el debate tanto entre manifestantes como entre figuras políticas sobre las tácticas y el uso de violencia contra policías y propiedades.

En Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo y el alcalde Bill De Blasio anunciaron por primera vez un toque de queda –casi todas las principales ciudades del país ya lo habían hecho el fin de semana– para la noche de este lunes, después de enfrentamientos y saqueos en las zonas de Soho y en Brooklyn.

La hija del alcalde estuvo entre las arrestadas poco después de que su padre insistió en que gran parte de los más violentos no eran residentes de la ciudad. Cuomo declaró que se incrementaría el número de policías en la noche de 4 mil a 8 mil y que contemplaría activar la Guardia Nacional si eso no era suficiente (esto, antes de las palabras de Trump).

En Washington, las protestas se volvieron cada vez más conflictivas la noche y madrugada de ayer, con varios incendios en edificios y estructuras alrededor del parque frente de la Casa Blanca: el Servicio Secreto y policía municipal salvaguardaron el perímetro de la sede presidencial y finalmente emplearon gas lacrimógeno y estallidos de luz y sonido para despejar la zona. Por primera vez en la memoria, la Casa Blanca se quedó en la oscuridad al apagar todas las luces de la parte que da a las rejas principales en la Avenida Pennsylvania, y el presidente mantuvo silencio ante el público.

Mientras, circulan palabras de hace más de medio siglo que otra vez suenan contemporáneas, como las de reverendo Martín Luther King, quien afirmó: "los disturbios son el lenguaje de los no escuchados" y que en 1967 explicó que "los veranos de disturbios de nuestra nación son causados por los inviernos de demora de nuestra nación. Y, mientras Estados Unidos posterga la justicia, estamos en la posición de tener estas recurrencias de violencia y disturbios una y otra vez. La justicia social y el progreso son los garantes absolutos de la prevención de disturbios".

Más de 5 mil 600 personas han sido arrestadas por todo el país desde que estallaron las protestas, según un conteo de la agencia Ap, con Nueva York y Los Ángeles con las cifras más altas.

Por David Brooks

Corresponsal

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El hambre lanza a centenares de chilenos a las calles para protestar

Caos en las alcaldías; el gobierno central no aclara ni cómo ni cuándo se distribuirán los comestible

 

Santiago. El hambre y la desesperación lanzaron ayer a centenares de vecinos de municipios pobres de Santiago y ciudades como Valparaíso, a protestar en las calles levantando barricadas, prendiendo fogatas y enfrentándose a carabineros que los reprimieron con cañones de agua y gas lacrimógeno, además de realizar varias detenciones.

Apenas la noche del domingo el presidente Sebastián Piñera había prometido distribuir 2.5 millones de cajas con alimentos en sectores vulnerables y de clase media, pero no dijo ni cómo ni cuándo se haría la repartición. Ayer, mientras ocurrían los enfrentamientos, salió apresuradamente a precisar que las provisiones llegarán a 70 por ciento de los hogares, directamente a las casas, y que eso ocurrirá esta semana o a principios de la próxima, pidiendo "tranquilidad y compresión".

La promesa de comida hizo que centenares de personas se volcaran ayer a las municipalidades para obtenerla, pero los alcaldes no pudieron ofrecer respuesta porque el anuncio presidencial los tomó por sorpresa y no tenían información oficial. Ellos han reclamado durante semanas mayor respaldo desde el gobierno, tanto financiero como en mercancías, porque han agotado sus recursos en apoyo a sus comunidades.

La desesperación por conseguir alimentos hizo que se multiplicaran los llamados a protestar durante la noche del lunes, con un cacerolazo masivo justo al cumplirse siete meses del estallido social de octubre. Apenas oscurecía, en Villa Francia, al oeste de Santiago, se reportaba la quema de un autobús.

Las 32 comunas (alcaldías) del Gran Santiago, y seis aledañas, están desde el pasado viernes en una cuarentena que confina a más de 8 millones de personas, de las cuales unos 3 millones viven al día y si no salen a trabajar no pueden subsistir.

Sady Melo, alcalde de El Bosque, al sur de Santiago, con 162 mil habitantes de bajos ingresos, centenares de los cuales protestaron ayer, dijo que "la crisis sanitaria tiene el rostro de la pobreza en nuestras comunas, está despertando la crisis social como consecuencia del problema de salud", por lo cual insistió en "pedir al gobierno que las ofertas que haga, las cumpla. Se nos dijo que nos entregarían cien millones de dólares de libre disposición para alimentos o productos sanitarios, pero esos recursos aún no llegan".

Insistió en que "nos habría gustado que Piñera nos hubiera preguntado cómo cooperar en la entrega de esas cajas con comida", e insistió en que "somos nosotros los que estamos en la primera línea, enfrentando en el día a día a nuestras vecinas y vecinos".

Entrevistado para una televisora, un vecino reclamó airado que "el Estado sólo está ayudando a los empresarios y a los bancos, pero aquí es la población la que sufre hambre", mientras otro dijo que "están cobrando la luz, el agua, hay que comprar el gas, mucha gente paga renta y con qué, si nadie puede trabajar. El problema no es la cuarentena, es la ausencia de un Estado que no se preocupa por su pueblo".

El aislamiento social en Santiago se impuso luego de que la plaga se extendió desde los barrios ricos hacia las barriadas populares. Al respecto, Gonzalo Durán, alcalde de Independencia, al norte de Santiago, con 101 mil habitantes, se quejó de que "las cifras que entrega el Ministerio de Salud esconden una realidad que enfrentamos en el territorio, aquella que muestra cómo el efecto de la pandemia está azotando con mayor fuerza a las comunas con mayor población vulnerable y que ello implica que hay más contagios y mayor letalidad, ahí donde se ha segregado a los más vulnerables".

Al respecto, Durán dijo que en el municipio a su cargo la tasa de pruebas que han dado positivo al Covid-19 supera 80 por ciento, y la de letalidad está lejos de estabilizarse, con cifras que rebasan el doble de las de los barrios ricos.

Cristián Fuentes, académico de la Universidad Central, lamentó "este nuevo error del gobierno, que hace anuncios sin establecer fecha ni dar mayores detalles, después habla de este fin de semana o la próxima, no se sabe a quién le van a comprar los alimentos ni cómo se distribuirán. Todo mal."

A las 21 horas de ayer (hora local) comenzó en Santiago y en otras ciudades del país un cacerolazo convocado tanto en conmemoración de los siete meses del alzamiento social iniciado el año pasado, como en protesta contra el gobierno por el manejo errático de la crisis sanitaria. Se reportaban también bloqueos de calles, barricadas y enfrentamientos con carabineros en lugares como Villa Francia, población La Pincoya, y en las comunas de Peñalolén, La Granja y Estación Central.

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Un hombre con mascarilla hablando por su móvil, pasa delante del logo de la tecnología 5G, en una calle de Londres. REUTERS/John Sibley

Uno de los efectos inesperados de la crisis de la covid-19 en Europa ha sido el retraso momentáneo del proceso de despliegue de la nueva red 5G en muchos países, entre ellos España. Si hasta el momento contábamos ya con un amplio rango de radiaciones electromagnéticas que posibilitaban la comunicación móvil (1G, 2G, 3G, 4G), el eventual despliegue del 5G supondrá un salto de escala sin precedentes. En primer lugar, porque la enorme cantidad de antenas que los requerimientos técnicos del 5G imponen supondrá un aumento equivalente en la cantidad e intensidad de la radiación electromagnética.

Lejos de lo que solemos pensar, y a pesar de la intensa campaña de propaganda en sentido contrario, la inocuidad de la radiación electromagnética (en general, y la asociada al 5G en particular) para la salud humana y para el conjunto de la vida está lejos de estar comprobada. Es más, abundantes indicios científicos arrojan sospechas fundadas de que éstas podrían ser más bien fuentes de enfermedad y de deterioro de la vida. Investigaciones de científicos como el Dr. L. Hardell ya llevaron a la OMS a declarar las tecnologías inalámbricas como un posible cancerígeno de nivel 2B. Otros estudios han apuntado también a su posible vinculación a afecciones neurológicas y al debilitamiento del sistema inmune. En 2019, un grupo de científicos liderados por Hardell solicitaron formalmente a la Unión Europea una moratoria al desarrollo del 5G sujeta a la disponibilidad de estudios fiables e independientes (no ligados a la industria de las telecomunicaciones) sobre los efectos sobre la salud humana. También el Comité Europeo de Riesgos Emergentes (SCHEER) asignó al aumento de contaminación electromagnética que se derivaría del 5G un riesgo de 3 sobre 3 para la fauna salvaje, alertando de la posibilidad de efectos biológicos no deseados.

De hecho, aunque estos estudios y otros previamente desarrollados para otro tipo de radiaciones electromagnéticas son lo suficientemente contundentes como para invitar a la aplicación inmediata del principio de precaución, quizá la prueba más fehaciente de los riesgos asociados al despliegue del 5G sea la propia actitud de gobiernos y grandes empresas. Por un lado, gobiernos de todo el mundo se niegan a desarrollar estudios de impacto que darían respuesta a las dudas e inquietudes de científicos, instituciones y movimientos sociales. Para ello, se amparan en los posicionamientos de grupos de «expertos» con vinculaciones con el lobby de las telecomunicaciones que adolecen de una parcialidad harto comprobada.

Sin embargo, al mismo tiempo, las administraciones responsables de la implementación de la tecnología 5G no exigen pólizas de responsabilidad civil para el mismo. Es más, en su resolución de 2009 el Parlamento Europeo ya expresó su alarma sobre el hecho de que las compañías aseguradoras estuvieran aplicando su propio principio de precaución al tender a excluir de sus pólizas los daños para la salud causados por las tecnologías inalámbricas. Por tanto, al estar dándose el despliegue del 5G sin cobertura de seguros, ¿quién responderá de los eventuales daños que se puedan derivar del mismo? Introducir tecnologías que presentan riesgos no asegurables es un indicio muy poderoso de que, desde la propia racionalidad interna de la economía capitalista, las cosas no van bien.

Pero en tiempos de la covid-19 quizá se hace más evidente que nunca la urgencia de reflexionar sobre las transformaciones cualitativas que el 5G generaría en nuestras sociedades. La necesidad de una respuesta efectiva ante los devastadores efectos del coronavirus está poniendo en primer plano el debate sobre qué estrategia seguir. Muchas voces comienzan a trazar una línea divisoria entre la reacción asiática y la reacción occidental, decantándose por la primera por su mayor efectividad.

Sin embargo, ¿en qué consiste exactamente el famoso modelo chino que se nos vende como panacea? Geolocalización de teléfonos móviles, seguimiento de los movimientos de la población mediante apps, uso de drones y robots, aplicación de la inteligencia artificial al reconocimiento facial o despliegue masivo de nuevas torres para vigilar a las personas 24/7 (todas las horas del día, todos los días de la semana) y poderlas sancionar. Lo que hasta hace poco era reconocido por casi todos como el paradigma de Estado totalitario digital, hoy se convierte en modelo. Un modelo vinculado a una red 5G que sostenga el enorme nivel de conectividad e interconexión que requiere. Un modelo que, como demuestra el caso de Singapur, ni siquiera puede asegurarnos que no necesitaremos seguir recurriendo a medidas de confinamiento en el futuro.

Además de la salud, en la crisis del coronavirus están en juego la libertad y la capacidad de autoorganización social. Hoy, aunque en la UE se mantiene el decoro sobre la necesaria salvaguarda de los derechos y el discurso de la protección de la privacidad, la realidad es que muchos de estos sistemas de control están empezando a ser adoptados por nuestros gobiernos. Y, a la vista de la prensa y de algunos informes, podríamos estar asistiendo únicamente al principio de un despliegue mucho mayor. Smart cities, internet de las cosas, ciudad digital… Todas ellas son sinónimo de interconectividad masiva, recogida de datos, análisis de big data, biopolítica digital: un Ciberleviatán en ciernes con un potencial de control totalitario como la humanidad nunca conoció. Y todas ellas descansan sobre la implementación efectiva del 5G. Hoy, cuando la crisis ecológica y la tragedia climática hace que se tambalee el antiguo proyecto del progreso industrial, ¿sorprende que empresas y gobiernos se aferren con uñas y dientes a este nuevo movimiento especulativo que promete aumentar las ganancias y renovar la legitimidad de nuestro proyecto civilizatorio?

Actuar con contundencia es ahora más importante que nunca. La digitalización acelera el capitalismo precisamente cuando necesitamos desaceleración y transformación sistémica. La tecnología 5G está diseñada para llegar hasta el último rincón del planeta. A día de hoy ya se ha autorizado el despliegue de 12.000 satélites privados que llenarán el cielo, arrebatándonos un patrimonio que pertenece a toda la humanidad. EEUU acaba de autorizar el despliegue de un millón  de antenas mayoritariamente en zonas rurales. Aunque en Europa la crisis sanitaria de la covid-19 ha supuesto un retraso en el despliegue de la red 5G, gobiernos como los de EE UU o China aprovechan estos momentos de incertidumbre para pisar el acelerador y dejar vía libre a su desarrollo. Todo ello, insistimos, sin la investigación previa necesaria.

Es más, en las últimas semanas estamos siendo testigos de primera mano de uno de los peligros de la centralización de la información y de la crítica social en unas pocas plataformas digitales controladas por aún menos empresas multinacionales. YouTube o Facebook han puesto en marcha una cruzada contra las fake news que, curiosamente, no elige como objetivo a los instigadores del odio de la alt right, sino a los críticos de esta nueva tecnología. Amparándose en la vinculación por parte de muchos de 5G y extensión de la covid-19, un vínculo causal sin duda insostenible, páginas y vídeos desaparecen día tras día haciendo cada vez más complicada la oposición a una tecnología en la que el capitalismo industrial se lo juega casi todo a nivel económico y de legitimidad.

Nos encontramos en un punto sin retorno. Si todos estos proyectos prosperan, probablemente será mucho más difícil o imposible dar marcha atrás: es la dinámica de las "tecnologías atrincheradas" que han denunciado los estudios CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad). ¿Resulta sensato transigir con la extensión masiva de una tecnología que no ha sido investigada, una tecnología que muchos científicos señalan como potencialmente dañina, una tecnología que puede poner en riesgo nuestras ya debilitadas democracias? El principio de precaución aconseja hoy con fuerza una moratoria para el 5G: no sólo por los indicios de efectos sobre los cuerpos vivos, sino sobre todo por el daño al cuerpo social.

Por Adrián Almazán

Ecologistas en Acción

07/05/2020

Centro Penitenciario de Los Llanos, en la ciudad de Guanare. TWITTER

El Gobierno de Maduro asegura que se trató de un intento de fuga. Diputados de la región señalan que fue por falta de alimentos

 

Una refriega de un motín de reclusos en una cárcel del occidente de Venezuela dejó al menos 46 muertos y algunos informes reportan hasta 50 heridos. La ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela, confirmó el hecho sin precisar el número de fallecidos. Aseguró en un medio local que se trató de un intentó de fuga de los reclusos de la llamada cárcel de Los Llanos, ubicada en la ciudad de Guanare, del Estado venezolano de Portuguesa.

La diputada María Beatriz Martínez dijo que los reclusos estaban en la puerta del Centro Penitenciario de Los Llanos, mientras dialogaban con el director del penal y un militar encargado de la seguridad del penal, cuando se registró el motín.

Una refriega de un motín de reclusos en una cárcel del occidente de Venezuela dejó al menos 46 muertos y algunos informes reportan hasta 50 heridos. La ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela, confirmó el hecho sin precisar el número de fallecidos. Aseguró en un medio local que se trató de un intentó de fuga de los reclusos de la llamada cárcel de Los Llanos, ubicada en la ciudad de Guanare, del Estado venezolano de Portuguesa.

La diputada María Beatriz Martínez dijo que los reclusos estaban en la puerta del Centro Penitenciario de Los Llanos, mientras dialogaban con el director del penal y un militar encargado de la seguridad del penal, cuando se registró el motín.

“Extraoficialmente se habla de más de 40 muertos. Y aunque se pretende hacer ver como consecuencia de una fuga frustrada, familiares con los que he hablado dicen que el motín ocurrió por la prohibición de ingresar a la cárcel los alimentos a los privados de libertad. Ellos lo que tienen es hambre”, dijo Martínez.

La diputada contó que los presos tenían una protesta desde temprano e intentaban negociar con las autoridades. En un momento la alteración fue mayor y un grupo intentó romper la cerca y fueron repelidos por las fuerzas de seguridad. Luego hubo dos enfrentamientos armados más entre presos y guardias.

Durante la refriega, los reos usaron armas de fuego y blancas, así como objetos punzantes y una granada. El director de la cárcel, Carlos Toro, resultó gravemente herido de una puñalada en la espalda y la cabeza. Una custodio también resultó herida por esquirlas de una granada lanzada por uno de los reclusos. Los heridos de mayor gravedad fueron trasladados al hospital Dr. Miguel Oraá. En las cercanías de la cárcel se improvisó una morgue para identificar los cadáveres.

Como todas las cárceles de Venezuela, ese penal está en grave hacinamiento. Fue construida para alojar a 750 reclusos y adentro hay más de 2.500 hombres en graves condiciones de salubridad, con casos de enfermedades como tuberculosis, escabiosis y hepatitis, denunció el activista Humberto Prado, comisionado de Juan Guaidó para Derechos Humanos.

La alimentación de la mayoría de los presos en Venezuela está a cargo de sus familiares. Luego de casi 50 días de cuarentena por el coronavirus, en la que se han suspendido las visitas a familiares para evitar contagios, las dificultades de movilidad que hay en el país por la falta de gasolina y las restricciones de circulación de vehículos impuestas por el Gobierno de Nicolás Maduro han complicado aún más la logística de los familiares para atender a los detenidos.

 

Caracas - 01 may 2020 - 22:19 COT

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Coronavirus en Perú: motín en las cárceles

Casi la mitad de los presos testeados tienen covid-19

Con las cárceles hacinadas y el coronavirus fuera de control, las autoridades prometen mascarillas y realizar más pruebas.

 

Desde Lima. Con el coronavirus expandiéndose en las sobrepobladas cárceles del país, los reclusos se amotinaron denunciando estar abandonados ante la enfermedad y exigiendo atención médica. El amotinamiento de presos se veía venir, pero las autoridades hicieron poco, o nada, para evitarlo. Los motines estallaron esta semana en el penal Miguel Castro Castro, en Lima, y luego se extendieron a otras cinco cárceles, tres más en la capital y dos en el interior del país. El saldo ha sido nueve reclusos muertos. Según las cifras oficiales, hay 30 presos fallecidos por covid–19 y 645 contagiados, lo que representa casi la mitad de los 1.532 internos a los que se ha sometido a las pruebas para detectar el virus. Entre los agentes penitenciarios hay 224 infectados y siete fallecidos.

En el penal Castro Castro, a las afueras de Lima, que tiene 5.500 internos cuando su capacidad es de 1.800, los presos tomaron el control del penal -los guardias se habían replegado por temor a los contagios- subieron a los techos, quemaron colchones y a gritos denunciaron que el coronavirus afecta a muchos de ellos, que hay muertos y no reciben atención. En un gran cartel levantado en una azotea se leía: “Queremos las pruebas de (la covid-19). Tenemos derecho”. En otros mensajes pedían medicinas y atención. La policía intervino para acallar la protesta lanzando gases y disparando. El saldo ha sido nueve reclusos muertos y sesenta agentes penitenciarios, cinco policías y dos internos heridos. Familiares de los presos fallecidos exigen se investigue las circunstancias en las que murieron.

Cuando se controlaba a balazos y muerte el motín en Castro Castro, la protesta prendía en el penal de Lurigancho, ubicado entre los cerros de tierra al este de Lima, la cárcel más poblada del país con poco más de diez mil reclusos, muy por encima de su capacidad de 2.500. Desde los techos y ventanas de los pabellones, los presos mostraban cartelones para enseñarlos a las cámaras de la televisión: “Nos estamos muriendo, ayúdennos”, “Medicinas y libertad”, eran algunos de los mensajes que se leían.

En Lurigancho y los otros penales, a diferencia de lo ocurrido en Castro Castro, los motines fueron reprimidos sin muertes. Pero el ambiente en los penales sigue en alta tensión. Familiares de los reclusos, que no pueden ingresar a los penales porque las visitas están prohibidas para evitar los contagios, han denunciado que las autoridades penitenciarias cobran por darles medicamentos a sus parientes recluidos. Los antiguos y graves problemas de cárceles hacinadas, con pésimas condiciones y una atención médica penosa y en muchos casos prácticamente inexistente, se han multiplicado y estallado con la llegada del coronavirus.

Uno de los presos contagiado con coronavirus es Antauro Humala, hermano del ex presidente Ollanta, condenado en 2005 a 19 años por la muerte de cuatro policías durante la toma de una comisaría, en un frustrado intento de derrocar al entonces presidente Alejandro Toledo. Antauro, militar en retiro como su hermano Ollanta, levanta una propuesta política ultranacionalista, de rasgos fascistas, que en las elecciones parlamentarias de enero de este año obtuvo 6,7 por ciento y logró meter doce legisladores en el Congreso unicameral de 130 bancas. Pretende ser candidato presidencial. Sus seguidores buscan acelerar su liberación, que debe darse en 2024, a través de un indulto o amnistía.

En respuesta a los motines, las autoridades han ofrecido aumentar las pruebas a los reclusos para detectar a los contagiados, han anunciado que en estos días repartirán mascarillas a todos ellos para que tengan algún nivel de protección y han asegurado que se han creado zonas de aislamiento en los penales para los internos con coronavirus.

En el país hay 97 mil presos, unos 30 mil en prisión preventiva sin sentencia, repartidos en 68 penales, los que, según el gobierno, tienen una capacidad para solamente 38 mil reclusos. El gobierno ha anunciado que se darán indultos y conmutación de penas para descongestionar en algo los hacinados penales.

 “Vamos a liberar a presos enfermos, a los que estén por cumplir pronto su condena, a mujeres embarazadas, madres que están en el penal con sus hijos menores, pero no vamos a abrir las cárceles para que salgan los criminales, violadores, feminicidas, narcotraficantes, los corruptos que le han robado al Estado. Eso no lo haremos. Los beneficiados serán unos tres mil. Sobre los que están en prisión sin condena, eso depende del Poder Judicial”, declaró ayer el presidente Martín Vizcarra.

Políticos acusados de corrupción buscan utilizar el grave problema en los penales por el coronavirus para conseguir su libertad. Un caso especialmente notorio de un intento de aprovechamiento de esta situación es el de Keiko Fujimori, en prisión preventiva por cargos de corrupción y lavado, que ha pedido al Poder Judicial su libertad, lo que debe decidirse la próxima semana. De 44 años, Keiko alega que su vida peligra ante un posible contagio, que da por seguro si sigue en el penal, por tener una salud supuestamente resquebrajada por una hipertensión, pero antes de estar en prisión la jefa del fujimorismo hacía alarde de una buena salud participando en competencias atléticas, y ahora está en una condición privilegiada en el penal, en una celda para ella sola y sin mayor contacto con otras reclusas, lo que aleja la posibilidad de un contagio.

En el Perú hay 33.931 casos de coronavirus y 943 fallecidos. El último día hubo 2.741 nuevos contagios y 89 muertes, la cifra más alta de fallecidos en un solo día en lo que va de la pandemia. 

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Viernes, 17 Abril 2020 06:45

La sumisión de las masas

Manifestación el 16 de junio de 2019 en Hong Kong / Foto: Afp, Héctor Retamal

Del auge global de las protestas al silencio de la cuarentena.

 La pandemia le hace sombra a la política, y en todo el mundo la gente se queda en casa. De las protestas masivas de los últimos dos años no queda ni el eco en las calles vacías, y en la reclusión doméstica se decidirá si a la salida nos espera el amansamiento mundial o un futuro diferente.

Hace casi un siglo un ensayista español inició, en el diario El Sol, la publicación de una serie de artículos que, compilada en un libro bajo el título de La rebelión de las masas,dio a José Ortega y Gasset fama perdurable. En la actualidad, la pandemia global de covid-19 ha mostrado, en un par de meses, con qué facilidad se puede confinar a las poblaciones de continentes enteros, bajo el equivalente del estado de sitio, las medidas de seguridad o el toque de queda, como prefiera usted llamarle a eso que le dicen cuarentena. Tras dos años de protestas –por las causas más variopintas– en todo el mundo, las metrópolis están calladas, las calles desiertas, las manifestaciones prohibidas, y miles de millones de humanos permanecen recluidos dócilmente en sus viviendas donde la televisión repite sin pausas las cifras tremendas y crecientes de la pandemia.

A la calle, que ya es hora.

De acuerdo con un informe del Centro para Estudios Estratégicos Internacionales de Washington (Csis, por sus siglas en inglés), “las protestas masivas globales alcanzaron un cenit histórico hacia fines de 2019, al concluir una década en que habían crecido a una tasa anual del 11,5 por ciento, con la mayor concentración de actividad en Oriente Medio y en el norte de África, y la tasa de incremento más rápida en África al sur del Sahara”. El año pasado hubo protestas en Hong Kong y Santiago de Chile, en Haití, Beirut y Barcelona, en Harare, India, Ecuador, Colombia, España, Sudán, Irán y Francia, con manifestaciones antigubernamentales en 114 países, 37 de ellos recorridos por las multitudes airadas en tan sólo los meses finales de 2019.

El Csis recordó que esas protestas –cuya frecuencia y magnitud eclipsaron períodos históricos recientes similares como el del fin de la década de 1960, y el comprendido entre mediados de la de 1990 y comienzos de la de 2000– llevaron a que los jefes de gobierno renunciaran, u ofrecieran hacerlo, en Líbano, Irak, Bolivia, Argelia, Sudán y Malta. Para aplacar el ímpetu y la movilidad de las multitudes, los gobiernos apagaron Internet en India, Pakistán, Siria y Turquía.

“También el tamaño de las protestas en 2019 fue notable”, añadió el informe. “El 16 de junio, casi 2 millones de ciudadanos de los 7,4 millones de Hong Kong marcharon por las calles, y en el clímax de las protestas en Santiago de Chile, el 25 de octubre marcharon 1,2 millones de personas, casi la cuarta parte de la población de la ciudad, de 5,1 millones”, apuntó el Csis.

La ira de las masas no se nutrió tan sólo de lo que, en términos muy laxos, podría llamarse “izquierda”: los populistas autoritarios que han medrado en Europa central y del sudoeste se las arreglaron para sobrevivir a protestas en República Checa, Montenegro, Serbia, Polonia y Hungría. Y tampoco se limitó a las quejas y repudios a los gobiernos: hay que recordar la variedad y extensión de las demostraciones relacionadas con el cambio climático y la protección ambiental. En la última semana de setiembre, más de 6 millones de personas por encima de husos horarios, culturas y generaciones salieron a las calles en todo el mundo exigiendo acciones concretas y rápidas para lidiar con una creciente catástrofe ambiental. Más de 1 millón de personas marcharon por las calles de Italia, con movilizaciones similares en Argentina, Colombia, Brasil, España y Holanda, y en Nueva Zelanda más del 3,5 por ciento de la población se unió a las marchas.

Y, de pronto, la pandemia

Un coronavirus que en tres meses ha infectado a más de 2 millones de personas, y ha causado la muerte de 134 mil –según las cifras oficiales, porque las reales pueden ser bastante más altas– extinguió las protestas callejeras. En un mundo donde el 57 por ciento de los 7.800 millones de humanos vive en ciudades pequeñas, medianas o grandes, cada apartamento, cada casa se ha convertido en una celda donde cada uno vive solo o convive con unos pocos familiares o amigos, encerrados por el temor de siquiera aproximarse a otras personas.

Y las ciudades se han silenciado, el aire se libró de la contaminación de los motores, y en muchas partes del mundo los animales silvestres, que se las han arreglado para sobrevivir, escondidos, en parques y bosques cercanos, se pasean ahora por las anchas avenidas donde los semáforos dan paso u ordenan alto para un tránsito que no existe.

El freno abrupto a la rebelión de las masas tiene un antecedente cercano. En la década de 1990, cuando arremetió impetuoso el cuento de los “tratados de comercio libre”, se inició un movimiento que intentaba frenar la globalización o, al menos, domesticarla. Al frente de las protestas estuvieron los sindicatos –sí, todavía existían los sindicatos– y los estudiantes, y también los empresarios y granjeros que supieron avizorar la destrucción que se aproximaba para las industrias, las agriculturas y las culturas locales. Fue una década de luchas populares contra la versión neoliberal de la Organización Mundial del Comercio, luchas que tuvieron su confrontación emblemática en la batalla de Seattle, en 1999.

Por varios años, el centro de Washington, la capital de Estados Unidos, fue el escenario de protestas en las que iban codo a codo los anarcos vestidos de negro y las religiosas católicas que ayudaban a inmigrantes, los veteranos de las protestas contra la guerra de Vietnam y jovencitas/os de género arcoíris, granjeros sureños blancos y militantes urbanos negros, cristianos, musulmanes, judíos, budistas, carapálidas de ojos azules de la más tradicional aristocracia protestante y morenitos aindiados centroamericanos. Las protestas continuaron y crecieron al iniciarse la nueva década, enriqueciéndose en el discurso que vinculó la globalización con la contaminación ambiental, el uso tóxico de combustibles fósiles y el cambio climático.

Y, de pronto, 11 de setiembre de 2001. Las movilizaciones mundiales contra la globalización se disolvieron en la propaganda gubernamental y en la obsesión social de la “guerra contra el terrorismo”. El enemigo entonces actuaba oculto, de manera solapada, podía estar en cualquier parte. Se aprobaron leyes y se adoptaron prácticas que violaron las normas de las sociedades democráticas. Se encarceló a inocentes, se torturó a sospechosos y se mató a cientos de miles de civiles. Y las masas no protestaron.

El enemigo ahora ataca solapado, puede estar en cada otro ser humano que se nos aproxime, en cualquier parte. Y nos hemos impuesto todos los cortes a nuestra libertad individual que los expertos en salud recomiendan, y los gobiernos aplican, y quedamos absortos, aburridos o espantados frente al televisor que nos repite, incesantemente, los horrores allá, afuera, y la plaga que les cae a quienes no se atienen a las órdenes.

La pausa.

El encierro planetario está teniendo consecuencias económicas, sociales y de salud tanto mental como física. Por ahora, todos estamos más preocupados por conseguir comida, proteger la salud y sobrevivir entre cuatro paredes que por la desmovilización masiva de las campañas políticas, las reivindicaciones laborales, las igualdades de géneros, la defensa de especies amenazadas o la limpieza de los mares.

Pero qué se cuece en las hornallas de hogares sobrehabitados depende tanto del tiempo que esto dure como de los ingredientes que se vayan acumulando. “El vuelco profundo que está operando en mí, y que puede estar operando en ti también, es que no veamos este como un tiempo de cuarentena, sino como el tiempo en la crisálida”, escribió en marzo el gurú motivacional Kirk Souder.

La pandemia de covid-19 ha validado varios de los argumentos con los que tres décadas atrás se levantaban las voces que advertían sobre la globalización. La urbanización acelerada, el incremento en números y distancias de los viajes de enormes cantidades de turistas, los desplazamientos de tropas a miles de quilómetros de su país de origen y los éxodos de refugiados y migrantes han facilitado la propagación rápida de nuevos virus, transmitidos desde los animales que criamos y explotamos en instalaciones industriales para el consumo o que destruimos casi hasta el borde de la extinción.

La interconexión de las industrias por sobre fronteras y continentes y la interdependencia de las redes de distribución de alimentos y otros productos han llevado a una estructura socioeconómica que, además de facilitar la transferencia de riqueza hacia los que ya la tienen, es frágil y vulnerable a fenómenos naturales o pestilencias. La pausa en la que estamos todos atrapados ahora es una bofetada esclarecedora para que consideremos cuánto de lo que consumimos es necesario y cuánto es puro entretenimiento, gasto innecesario, derroche y chiches electrónicos y digitales prescindibles.

La respuesta chambona de la mayoría de los gobiernos, sea cual sea su ideología, consolida la desconfianza hacia las instituciones y dirigentes políticos que dio energía a las protestas de 2019. En el caso particular de Estados Unidos, la respuesta desorganizada e insuficiente del gobierno –sazonada por la torpeza, ignorancia y desvaríos de un presidente que por semanas negó que hubiese un problema– ha clarificado el debate sobre la necesidad de un sistema nacional de salud pública, y la incapacidad de un sistema de salud controlado por empresas privadas. ¿Cómo es posible que en el país más rico del mundo ahora nos enteremos de que hay menos de 1 millón de camas de hospital disponibles para una población de más de 327 millones de personas? ¿Cómo es que en Estados Unidos nadie sabía cuál era el inventario de mascarillas o pulmotores disponibles para encarar una pandemia?

En una referencia a Taiwán, Nueva Zelanda y Alemania, la Cnn notó esta semana que los gobiernos que mejor han respondido a la pandemia están encabezados por mujeres, lo que enriquece la reflexión sobre las aptitudes y calificaciones de más de media humanidad para compartir las responsabilidades.

En un artículo para la revista Jacobin, de Nueva York, Meagan Day escribió que “en los países que están paralizados económicamente, estos tiempos de pandemia son un intervalo breve en una era de inquietud”. “Cuando esto pase, probablemente veremos protestas en una escala que jamás imaginamos”, añadió. “El desempleo en Estados Unidos posiblemente sobrepasará los niveles de la Gran Depresión, y seguramente le seguirá la inestabilidad política. Si la pandemia empieza a causar devastación mayor en África y América del Sur, donde las protestas ya se estaban intensificando a un ritmo jamás visto en la historia humana, esta pandemia actuará como un fósforo en un polvorín.”

Aunque puede esperarse, con cierto grado de certidumbre, que a la pandemia le seguirán tiempos agitados en todo el mundo –y más revueltos cuando llegue la segunda ola de coronavirus–, la incógnita es qué rumbo tomarán las masas. En el miedo medra el autoritarismo, pero en la crisálida también habita la esperanza.

17 abril, 2020

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Masacre en la cárcel Modelo de Bogotá dejó 23 o más presos asesinados

La violencia del Estado colombiano no da respiro, tampoco la constante violación de los derechos humanos. Ahora el turno es para quienes están en presión.

No valieron los llamados elevados ante el gobierno de Iván Duque, ni las denuncias públicas por parte del Movimiento Nacional Carcelario de Colombia* recalcando las inhumanas condiciones de salubridad y la alta posibilidad de contagio masivo que allí viven, producto del Covid-19, las solicitudes para aplicar medidas de higiene al interior de estos establecimientos, a la par de la declaratoria del Estado de emergencia carcelaria, dándole paso así a descongestionar los centros de reclusión, otorgando libertades humanitarias como parte de la misma. En contra de este proceder, humanitario y lógico en las circunstancias de pandemia que padece el mundo y Colombia como parte del mismo, la sociedad colombiana vio la luz del domingo 22 de marzo con la nefasta noticia de una masacre en la Cárcel Nacional Modelo –Bogotá–, así como el asesinato de otros dos presos en el Complejo Penitenciario de Cúcuta.

Desinterés y silencio gubernamental que llevó a los presos a elevar su presión, coordinando un cacerolazo para las horas nocturnas del 21 de marzo, por llevarse a cabo en más de una docena de cárceles y penitenciarias del país (La Picota, La Modelo, Picaleña, Jamundí (torres de hombres y mujeres), Pedregal (torres de hombres y mujeres), Cúcuta, Cómbita, Palmira, Buen Pastor de Bogotá. El asesinato ya registrado fue la respuesta de un gobierno que está de espaldas a las mayorías sociales, tanto antes de la pandemia que tiene en casa a 50 millones de connacionales, como antes de la misma, de lo cual da testimonio el 21N y las jornadas de protesta que le siguieron.

Desde varios días atrás el Movimiento Nacional Carcelario denuncia las insuficientes medidas sanitarias implementadas en los centros de reclusión, insuficientes para prevenir un contagio generalizado con el Covid-19. Denuncia que los protocolos de seguridad son pésimos, el relevo de las guardias es el mismo que han implementado por años, sin usar protección como guantes o tapabocas. También perdura la falta de gel antibacterial en las cárceles.

Situación de riesgo que se suma a la realidad que en salud y enfermedad son cotidianas en estos centros de castigo, como es la existencia de enfermos, hombres y mujeres, de VIH, cáncer, diabetes, mujeres embarazadas, más vulnerables, con un sistema inmunológico deficiente para un posible contagio masivo de la pandemia coronavirus, ancianos sin goce de políticas de atención especiales, entre algunas de las problemáticas que hacen el castigo más severo.

El sistema nacional penitenciario carga inmensas falencias, hasta el punto que la Corte Constitucional en la Sentencia T-153 de 1998, junto con otras sentencias que han seguido a lo largo de una década, declaró la prevalencia de una violencia sistemática de derechos humanos hacia los presos, como: el hacinamiento, la falta de agua potable, alimentación de baja calidad, aéreas de sanidad que no se encuentran adecuadas, todo lo cual crea deficiencias en salubridad y genera unas condiciones de alto riesgo para la vida de los internos y el desconocimiento de los derechos humanos. Realidad que hoy día se traduce en un escenario propicio para el contagio del coronavirus, lo que tendrá unas consecuencias gravísimas para los presos en particular y la sociedad en general.

La angustia que viven los presos, producto de la pandemia en curso, no es gratuita ni inventada, es el producto de una crisis mal manejada, en donde la sociedad en general ha quedado expuesta a una sobrecarga de desinformaciones e insuficientes políticas sociales por parte del gobierno nacional, el cual se afanó en promulgar medidas para proteger al empresariado, al tiempo que dejó sin alternativas económicas y de protección social a las mayorías sociales, ahora obligadas al aislamiento social.

“El hacinamiento es tan grave que se trasladó a las Unidades de Reacción Inmediata (Uris), estaciones de policía. No dan abasto estos sitios. La única forma de generar deshacinamiento es por medio de generar domiciliarias o liberaciones humanitarias. Es importante tener en claro las reivindicaciones del Movimiento Nacional Carcelario”, aseguró en entrevista con desdeabajo, Gloria Silva, abogada y defensora de derechos humanos e integrante del Equipo Jurídico Pueblos.

Es una realidad incomprensible la que hoy constata la sociedad colombiana, pues mientras se llama al asilamiento general, y a procurar guardar distancia con vecinos, quienes están en prisión permanecen hacinados, conviviendo cuerpo a cuerpo, padeciendo de cortes de agua, teniendo que realizar todo lo concerniente al aseo personal sin garantías de desinfección de baños y sanitarios.

Una realidad que desconocen las autoridades del ramo. Tanto la ministra de Justicia, Margarita Cabello, como el general Norberto Mujica Director del Inpec, en la mañana del 22 de marzo, en un informe entregado al país, tildaron los amotinamientos como plan criminal de fugas y aseguraron que no existen problemas sanitarios en las cárceles.

“No se conocen hasta ahora infectados de coronavirus en las cárceles a nivel nacional pero varios presos tienen síntomas como gripa. ¿Hasta dónde están funcionando los protocolos por parte del Gobierno?”, cuestionó la abogada Gloria Silva quien comentó que pronto saldrán comunicados de plataformas defensoras de derechos humanos ante lo ocurrido.

Es la realidad de hacinamiento y alto riesgo de contagio que viven quienes están en prisión, lo que motivó al equipo desdeabajo a proponer la urgente descongestión de los centros de reclusión, y para que así sea:

“1. Otorgar casa por cárcel a todas las personas presas de manera preventiva; 2. Liberar en igual condición domiciliaria a los menores de edad sometidos a encierro en calabozos improvisados, preventorios y centros similares, para el caso de Bogotá las Unidades de Reacción Inmediata y Centro Especializados para Adolecentes –Cespa–. 3. Brindar el beneficio de casa por cárcel también a todas aquellas personas que ya han purgado por lo menos el 50 por ciento de su pena”. (Ver: https://www.desdeabajo.info/colombia/item/39150-covid-19-oportunidad-popular-sin-dilaciones-un-pais-para-todos-y-todas.html). La masacre llevada a cabo en La Modelo hace más palpable la crisis humanitaria que viven quienes padecen el castigo carcelario y hace más urgente liberar a miles de quienes pasan sus días en espera de un incierto futuro.Link de la nota:

*https://web.facebook.com/DerechosdelosPueblos/posts/2796180223806973?__tn__=K-R

Testimonios

En cubrimiento de lo sucedido en La Modelo, desdeabajo conversó con familiares de quienes están presos, mujeres y hombres que a las afueras del penal aguardan con angustia alguna información que les indique si su familiar está entre los asesinados. En su rostro se refleja la intranquilidad, y en sus ropas la húmedad producto de los chorros de agua con que fueron reprimidos por parte del Esmad algunas horas antes.

Ellos nos narraron que desde días atrás, al momento de ingresar a visita, padecen el decomiso de alimentos y de los utensilios de aseo, ni uno ni otro pueden ingresarse una vez se conoció el avance de la pandemia.

A eso se agrega la medida, recién tomada, de impedir las visitas semanales. Es decir, los presos padecen doble aislamiento.

Pero además, aseguraron, los asesinados tienen que ser más de 23, tal vez 50, 70, o quienes sabe cuantos, pues en horas de la mañana del domingo 22 de marzo, salieron de la cárcel unos 6 furgones, que como es conocido tienen capacidad para cargar hasta 15 cuerpos.

Pese a que los equipos de seguridad del Estado no los dejan acercar al lugar de los hechos, ellos y ellas permanecen allí, con ojos abiertos y oídos atentos, aguardando la nefasta o la buena noticia que traiga alguna voz desde el interior del sitio de encierro.

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Cárcel Nacional Modelo, Bogotá

De momento, se desconoce la cantidad de heridos o si se han registrado muertos.

En al menos 10 cárceles de Colombia, los reos protestan este sábado por las medidas tomadas para afrontar la crisis por la pandemia de coronavirus.

En las ciudades de Bogotá, Jamundí, Cómbita e Ibagué se produjeron
protestas, incendios y enfrentamientos. De momento, se desconoce la cantidad de heridos o si se han registrado muertos.

Vecinos del sector de Bogotá donde se encuentra ubicada la cárcel La Modelo comentan en en redes sociales que se oyen balaceras. En redes sociales se han publicado videos desde el interior del penal en los que se ve a reclusos gritando "vamos para la calle".

Estos sucesos ocurren después de que el Movimiento Nacional Carcelario exigiera en un comunicado mejoras en las condiciones de las cárceles y rechazara las actuales medidas para enfrentar al coronavirus.

"Ante la alerta de salud que se ha generado en el país en los últimos días respecto a la pandemia de coronavirus, las personas privadas de la libertad alzamos la voz en rechazo de las políticas y acciones poco efectivas que ha tomado el INPEC y las entidades de gobierno en las cárceles de Colombia", reza el comunicado, citado por El Espectador.

El mismo día, el Gobierno del país suramericano confirmó la primera muerte por coronavirus. Se trata de un taxista de 58 años que murió en la ciudad de Cartagena.

El presidente, Iván Duque, decretó el pasado viernes que a partir del próximo martes la República entrará en "aislamiento total obligatorio" para frenar la propagación del nuevo coronavirus, que hasta el momento ha infectado a 210 personas.

22 mar 2020

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Viernes, 13 Marzo 2020 05:41

Estado de sitio

Estado de sitio

"El ambiente de este país es bélico, se siente en la calle", me dice Mónica González, la periodista chilena ganadora del premio a la excelencia García Márquez, que ha venido a Managua para participar como jurado de los premios de periodismo que otorga anualmente la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Y le sobra razón.

La ceremonia se ha celebrado bajo acoso, con escuadrones de policías antimotines apostados en las afueras del local, y los invitados entrando de a poco, escondiéndose de las cámaras de los teléfonos celulares de los oficiales de policía, o de los agentes de civil.

El número de fuerzas policiales ha aumentado en más de 5 mil efectivos desde que estalló en abril de 2018 la rebelión popular que congregaba cada día a centenares de miles en las calles, sobre todo jóvenes, reclamando un cambio democrático.

Hoy, tras la ola de represión que dejó al menos 500 muertos, más de 2 mil heridos, cerca de un millar de presos políticos y unos 65 mil exiliados, la decisión del régimen es paralizar a la gente. No sólo que no salga a manifestarse, sino que quienes están anotados como peligrosos, o quienes organizan las demostraciones, ni siquiera puedan salir de sus casas. Casa por cárcel.

Sus viviendas son cercadas por pelotones de agentes que no les permiten dirigirse a sus trabajos, ni proveerse de alimentos. Se puede ver en los videos que las propias víctimas, o sus vecinos, filman, y que son trasmitidos por las redes sociales. Las protestas, hechas con valentía, la invocación de los preceptos constitucionales, son recibidos con oídos sordos.

Manifestarse, porque la voluntad de hacerlo lejos de extinguirse se exacerba, se ha convertido en toda una guerra de la pulga que se libra a diario. Ante cada demostración anunciada, el despliegue policial se vuelve grotesco por la desproporción: hasta 20 transportes repletos de fuerzas antimotines y de policías de línea, muchos de ellos recién reclutados, y tan jóvenes como los manifestantes a los que tienen órdenes de reprimir.

Una de las últimas veces, cuando los protestantes corrieron a refugiarse con sus banderas de Nicaragua en un centro comercial, los escuadrones de antimotines, marchando de cuatro en fondo, como una tropa de ocupación, penetraron por los corredores, ahuyentando a su paso a compradores y paseantes, hasta el patio de comidas, que hicieron desalojar de todos sus clientes mientras buscaban a los muchachos, confundidos entre la gente.

Cada rotonda está constantemente vigilada por contingentes armados, porque son consideradas probables lugares de concentración de manifestantes, lo mismo que las afueras de la catedral y los demás templos católicos. Después de que el padre Edwin Román, párroco de la iglesia de San Miguel en Masaya, acogiera a un grupo de madres en huelga de hambre, y después que ellas, tras el acoso, decidieron salir, quedaron cortadas la energía y el agua potable. La represión tiene también el color de la venganza.

Un país no puede vivir de manera permanente en una situación de asfixia, ni bajo la pretensión de imponer el miedo y el silencio como regla de autoridad, o como castigo, ni se puede enjaular a los ciudadanos en sus propias casas cada día, ni llevarlos de manera recurrente a los centros de detención, ni fotografiar cada uno de sus movimientos, ni despojarlos de sus teléfonos celulares para revisar lo que escriben o archivan en sus redes sociales.

La pretensión, que desborda ya el absurdo, es perseguir no sólo al que sale a la calle con una bandera, sino averiguar lo que opina y lo que opinan sus amigos, qué piensan del régimen, de qué manera se ríen en sus memes y mensajes del poder que busca controlar todo. Hasta que un día se les ocurra decretar un apagón digital, porque entrar en todas las conciencias es una tarea imposible, aún para el Gran Hermano o la Gran Hermana.

No es viable la vida social en un país donde todos los ciudadanos son tratados como sospechosos de ser enemigos públicos, sospechosos de apartarse del canon de rígida conducta política dictado por el régimen. Enemigos de la verdad oficial que es la verdad única, que no admite el menor grito de protesta, ni el menor desdén, ni la menor sonrisa de burla. La aspiración suprema del poder es entonces el silencio absoluto, la conformidad sin resquicios.

Se supone que hay elecciones para el año que viene. ¿Es posible elegir, con la gente encerrada en sus casas, sin derecho a manifestarse en las calles, sin acudir a mítines electorales en las plazas públicas, o aquellos que acudieran perseguidos por subversivos?

¿Sin que los medios de comunicación aún confiscados sean devueltos a sus dueños, con periodistas apaleados y despojados de sus cámaras y grabadoras, y con policías armados de teléfonos celulares fotografiando a los votantes en las urnas, o, aún más probable, patrullas policiales o turbas garrote en mano impidiendo votar?

¿Elecciones bajo estado de sitio, y, además, bajo las mismas reglas del juego, con el tribunal electoral bajo el control del partido oficial, y los votos contados de antemano?

Es una buena pregunta para la comunidad internacional. Porque de esta manera, estaríamos aún más lejos de la paz y de la democracia.

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Imagen de la represión contra Patricio Bao, de 69 años.

La represión es una constante desde que empezó la revuelta social en octubre pasado

Los uniformados no solo deciden sobre la vida y la muerte de millones de chilenos. Eligen el lugar, el momento y las víctimas a quiénes les caerán encima. El ataque contra Patricio Bao se viralizó.

Desde Santiago. Los carabineros como significante más elocuente del aparato represivo han superado la teoría de Hobbes en el Leviatán. No solo deciden sobre la vida y la muerte de millones de chilenos. Eligen el lugar, el momento y las víctimas a quiénes les caerán encima. Patricio Bao tiene 69 años. Fue apaleado el 8M cuando había acompañado a la marcha a su esposa e hijas. Indefenso, terminó con diez puntos en la cabeza y cuatro en el párpado derecho. Su historia se mediatizó porque un video del ataque que sufrió se volvió viral.

Por muy poco no ingresó al listado de personas con trauma ocular o pérdida de la visión. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) son 445 hasta el 18 de febrero. En esta ciudad se sale de la casa, el trabajo, un bar o el hotel donde se está alojado, pero nunca se sabe en qué condiciones se regresa. Si sano, herido o envuelto en una mortaja.

Lo pudimos comprobar el lunes bien entrada la tarde, sobre la avenida Alameda, en las cercanías del Palacio de la Moneda. Una caminata de pocas cuadras se transformó en la retirada inmediata del lugar. Los sufrientes a diario, santiaguinos de a pie, hombres y mujeres que buscaban el Metro para salir de la zona o esperaban el bus en la parada, fueron atacados con chorros de agua, gas lacrimógeno y gas pimienta. ¿Qué hacían? Simplemente miraban a su alrededor, filmaban a los carabineros con sus celulares y unos pocos les gritaban “Pacos culiados”.

Los uniformados formateados en los usos y costumbres de la dictadura de Pinochet están cebados. De nada sirvieron los cursos sobre Derechos Humanos que les dio el gobierno. Reciben un doble mensaje. Porque el principal es despejar la calle y gastar la munición disponible si fuera necesario. Una joven quedó paralizada por el gas pimienta junto a las vallas que protegen los jardines que rodean La Moneda. La gente solidaria discutía con qué antídoto ayudarla. Agua tibia, leche fría, agua con bicarbonato, lo que hubiera a mano. Un muchacho gaseado caminaba sin ver mientras a sus espaldas los carabineros se enseñoreaban en la calle. Los dos o tres activistas que arrojaban piedras a cien metros no eran el blanco elegido por la represión. Al menos esta vez. Había que alejar de la Alameda las presencias molestas.

El doctor en Ciencias Políticas y Sociología Rodolfo Fortunatti profundizó en lo que pasa desde su columna El Estado contra las personas, allá por noviembre: “Si para quienes detentan las altas posiciones de poder y de riqueza la verdadera sorpresa de esta coyuntura fue la revuelta social, para el pueblo llano protagonista de la protesta, en cambio, la causa de todos los asombros fue el comportamiento del poder, ese modo desnudo y lacerante que vino a sacudir la conciencia política. Vio en los soldados que ocuparon las calles a las mismas fuerzas prepotentes, abusadoras y violentistas de la dictadura, como si la cultura cívica en democracia y derechos humanos de las últimas tres décadas, no los hubiera permeado, porque no lo ha hecho”.

Fortunatti es demócrata cristiano. No habla desde una barricada, ni desde las calles insurrectas. Pero su opinión es un buen termómetro para tomarle la temperatura al hartazgo y la ruptura que vive la mayoría de la sociedad chilena con el gobierno derechista de Sebastián Piñera. En la esquina de Teatinos y Alameda, a pasos de La Moneda, o más allá en la peatonal Ahumada, los carabineros rociaron con un cóctel de agua y gas a todo aquel que pudiera ser un testigo incómodo. Pero la gente ya no les teme. Tiene más rabia que miedo, como Carlos Vivanco, un estudiante secundario de 18 años que quedó ciego de su ojo izquierdo: “Me quisieron meter dolor, pena, miedo, pero siento que me hizo el efecto contrario: tengo más rabia que miedo”, decía allá por diciembre.

Es una de las 34 personas que sufrieron pérdida de la visión o estallido según el INDH porque les dispararon con balines o perdigones. Ellas se reúnen en un espacio colectivo cuya sigla es VTO: Víctimas de Trauma Ocular. Hay que transitar por las mismas calles donde los condenaron a vivir con algún tipo de discapacidad visual y comprender la perversión del método empleado para reprimirlos. Al estruendo de un disparo o una rociada de gas pimienta puede sobrevenir la ceguera. Si será momentánea o para siempre lo determinarán los Pacos, mote que proviene de la manera en que se llamaba antiguamente a los carabineros (Personal A Contrata de Orden y Seguridad).

El brazo armado del Estado en las calles de Santiago tiene sus mentores en el Congreso, la Justicia y los medios oficiales. A la rebelión popular de octubre, se le respondió con una ley que incorporó el “desorden público” como delito en el Código Penal. El proyecto de senadores y diputados oficialistas tuvo entre sus pregoneros a Gonzalo Fuenzalida Figueroa, integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana y político de Renovación Nacional, el partido de Piñera.

En marzo del año pasado publicó en su cuenta de Twitter un afiche con la frase “No todos los menores de edad son blancas palomas” acompañado por el dibujo de un niño que apuntaba con un cuchillo en la mano y se cubría con un antifaz. De esa forma buscaba acompañar la iniciativa presidencial para ampliar los controles de identidad a los menores de 14 años. Es este fascismo social del que habla el portugués Boaventura de Sousa Santos, o el fascismo penal que menciona en un artículo la doctora en teoría política chilena Camila Vergara, el que mueve el músculo represivo del Estado. Los carabineros son la cara más expuesta de un gobierno que desde octubre de 2019 acumula 32 muertos, 3.765 heridos, 1.835 víctimas de torturas y violaciones, además de unas 10 mil detenciones,.

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