Jorge Majfud y Noam Chomsky.

El conocido lingüista, filósofo y politólogo estadounidense fija su posición frente a la crisis ecuatoriana en particular, y del neoliberalismo en general, junto al sociólogo y economista español Manuel Castells, profesor en la Universidad de Berkeley, y los uruguayos Jorge Majfud, escritor y educador radicado en Estados Unidos, y Emilio Cafassi, profesor en Buenos Aires.

 

¿Cómo lograr que una micro minoría del uno por ciento continúe, década tras década acumulando más riqueza que el restante noventa y nueve por ciento de una sociedad? Quienes lo han hecho lo saben bien: (1) propaganda masiva y ubicua, invisible pero real, como el aumento de CO2 en la atmósfera, y (2) acoso político, económico y militar de cualquier otra opción que contradiga el asalto.

Otra forma es enlazar disputas y axiomas diversos sin una necesaria relación lógica: la religión de las armas y el amor religioso, el aborto y la baja de impuestos a los más ricos, la negación del cambio climático y el odio a los inmigrantes, la libre circulación del capital y el patriotismo, etc.

De esta forma, el uno por ciento continúa recogiendo los frutos de toda una sociedad y de toda una historia, con el apoyo necesario de una elite criolla dominante o, incluso (cuando existen elecciones) de un número significativo de quienes no pertenecen al uno por ciento.

Así, en América Latina, las opciones al neoliberalismo, cuando han fracasado, han fracasado por errores propios y, sobre todo, por el criminal bloqueo económico de la superpotencia del mundo. Eso cuando no han recurrido a los más tradicionales golpes militares para defender la libertad del capital de la minoría criolla (clasista y racista) aliada a las más poderosas transnacionales.

Así, por otro lado, en América Latina las imposiciones neoliberales han fracasado a pesar de repetidas inundaciones de capitales en formas de créditos multimillonarios que no dejaron en sus países ni progreso ni desarrollo sino deudas masivas y más pobreza.

Para el neoliberalismo, solo el éxito económico cuenta como éxito. No obstante, este mito del éxito económico ni siquiera ha tenido éxito en la economía de los países colonizados por el mito del éxito económico. No, por el contrario, se insiste en “el probado fracaso” de sus otras opciones apuntando a países acosados, bloqueados y en ruinas, lo cual es un patrón de acción y de narración política.

América Latina es parte de esta ola que, a falta de mejor nombre, se suele denominar neoliberalismo. Esa ola que arrasa, quema y destruye cualquier malla de contención social y ambiental hasta poner en riesgo la propia supervivencia planetaria y cuyas consecuencias económicas y sociales volvemos a presenciar en todo el continente como una historia que se repite de forma cíclica.

Si bien en estos días la atención está mayormente concentrada en el vergonzoso estado de sitio en Ecuador y la consecuente represión de las movilizaciones contra las medidas antipopulares del gobierno de Lenin Moreno, una amplia mayoría de países vive en estado de permanente amenaza e incertidumbre al mismo tiempo que los inversores presionan, amenazan y aumentan sus ganancias.

No habrá que soslayar que mientras escribimos estas líneas la respuesta gubernamental ecuatoriana viene cobrándose muertos, heridos y detenidos y aún inciertos por el ejercicio de la censura y el toque de queda. Pero las movilizaciones que comienzan a resistir esta crisis humanitaria, producto de políticas adulatorias del poder mundial y generadoras de miseria, se extienden de norte a sur. Como en Colombia (sede de la mayor cantidad de bases militares de Estados Unidos en el hemisferio y sede del narcotráfico mundial y del paramilitarismo impune) se opone al único proceso de paz concreto propuesto en cincuenta años. Como en Perú, donde idéntico desconocimiento mutuo entre dos poderes fundamentales del Estado (ejecutivo y legislativo), es considerado una opinable cuestión constitucionalista mientras que en Venezuela (no se lea este manifiesto como un apoyo a su gobierno) la mafia hegemónica llama a la intervención militar. Argentina vive envuelta en piquetes frente a la aceleración exponencial de la pobreza y el endeudamiento súbito, mientras en Chile y en Brasil se sigue profundizando la inequidad social, la desprotección, el narcotráfico y la violencia civil y policial que ya amenazan hasta países como Uruguay por razones de proximidad.

Diferentes procesos electorales aún están pendientes en Argentina, Bolivia y Uruguay en lo que resta del año. Otros seguirán en los años por venir. La disyuntiva continúa siendo entre la narrativa del uno por ciento (el autoritarismo de las elites, el militarismo reaccionario, el odio de los racistas, de los nacionalistas, de los clasistas, del machismo que se resiste a ceder paso, del neomedievalismo, de la destrucción del medio ambiente a cambio de unos dólares) y la construcción de una democracia progresiva, solidaria, no consumista, que ponga el énfasis en el ser humano y no en las riquezas de unos pocos a costa de unos muchos. Una sociedad capaz de construir un mundo para todos y no sólo para una minoría elegida por un dios que nunca la eligió.

Por Noam Chomsky, Jorge Majfud, Manuel Castells, Emilio Cafassi

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Manifestantes ecuatorianos corren para escapar de los gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas de seguridad en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, en Quito.Foto Ap

Cinco muertos, 554 heridos y 929 detenidos en nueve días de protestas

 

Quito. La Confederación Nacional de Pueblos Indígenas de Ecuador (Conaie) condicionó ayer el diálogo con el presidente, Lenín Moreno, a que derogue el decreto que eliminó los subsidios al combustible, que llevó a aumentos de hasta 123 por ciento, al cumplirse la novena jornada de protestas contra el paquetazo, cuya represión ha dejado cinco muertos, más de 500 heridos, más de 900 detenidos, y muchos desaparecidos.

La policía reprimió ayer nuevamente a manifestantes en Quito al mantener los indígenas la presión en las calles y carreteras contra los ajustes económicos pactados por Moreno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Después del llamado de la Conaie a radicalizar las acciones tras el fracaso de una tentativa de diálogo, la capital ecuatoriana vivió ayer un rebrote de las confrontaciones que ya dejó cinco muertos, 554 heridos y 929 detenidos, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.

La Conaie manejó las mismas cifras como saldo de la "violencia exacerbada interpuesta por la fuerza pública y militar", pero agregó que hay "otros tantos desaparecidos".

Los disturbios se reactivaron en los alrededores de la Asamblea Legislativa, ocupada brevemente por los indígenas el martes, y en los alrededores del parque El Arbolito, cerca de la Casa de la Cultura, donde se concentran miles de indígenas llegados de todo el país.

Al cierre de esta edición, las fuerzas de seguridad continuaban lanzando gases lacrimógenos a los indígenas que se manifestaban en ese parque.

Los manifestantes arrojaron piedras y pirotecnia a los uniformados que lo hicieron con gas lacrimógeno y proyectiles de goma. Vehículos antimotines se dirigieron amenazantes hacia encapuchados que llevaban lanzas y escudos de madera.

"¡Asesinos!", gritaron los indígenas que, según sus testimonios, fueron interceptados por fuerzas de seguridad cuando pretendían concentrarse en la Casa de Cultura, donde está reunida la Conaie, que lidera la protesta.

Fotógrafos de la Afp registraron el traslado de heridos en camillas improvisadas por los manifestantes. También otras imágenes captaron a indígenas trepando por edificios públicos, mientras militares se atrincheraban a las afueras de la sede del Legislativo.

El gobierno aseguró en un comunicado que hubo ataques "de forma violenta contra la fuerza pública" cerca de dos hospitales, los cuales se vieron afectados por gases lacrimógenos. No se reportaron situaciones de gravedad al interior de esos centros.

Los choques recrudecieron con la llegada a Quito de un millar de indígenas de la Amazonia armados con lanzas. "Aquí se están violando los derechos humanos", declaró enfurecido Marlon Vargas, dirigente de esas comunidades.

Vargas lanzó un nuevo llamado a intensificar la protesta en la selva amazónica: "Dentro de nuestros territorios están los destacamentos, los batallones (militares). Ahora sí hay que accionar, hermanos, con fuerza porque aquí nos están matando".

Los amazónicos, al grito de "¡Fuera Lenín, fuera!", se adhirieron a los indígenas del centro andino que entraron a la capital desde el lunes a pie y en autobuses, desafiando el estado de excepción y toque de queda parcial impuesto por Moreno.

Decenas de taxis recorrieron las calles de Quito en respaldo a los manifestantes. En otras ciudades del centro del país, entre ellas Loja, también se realizaron marchas.

En 17 de las 24 provincias se registraron cortes de carreteras, indicó ayer el Sistema Integrado de Seguridad ECU911.

Tras la muerte del líder indígena Inocencio Tucumbi durante la represión en el contexto del paro nacional del miércoles, la Conaie prometió "radicalizar" sus acciones mediante bloqueos de vías y toma de instalaciones públicas.

La dirigencia indígena canceló el jueves los contactos con el gobierno, que buscaba una salida a la crisis que desató la eliminación de los subsidios al combustible.

Moreno, quien acosado trasladó el gobierno a Guayaquil, llamó ayer a un diálogo directo para "encontrar soluciones", aunque insistió en que no renunciará ni derogará las medidas porque a su juicio son necesarias para mejorar la economía dolarizada del país petrolero.

La Conaie advirtió que no habrá diálogo a menos que se derogue el decreto 883, que eliminó el subsidio a la gasolina y el diésel. "El diálogo que el gobierno dice promulgar se ha sustentado (...) en una de las peores masacres en la historia del Ecuador", afirmó en un comunicado publicado en Twitter

Destacó la "exitosa movilización nacional y acciones de resistencia en todo el país", subrayó que en su lucha están unidos "indígenas, estudiantes, campesinos, la clase trabajadora y los sectores empobrecidos del país", al tiempo que de nuevo responsabilizó de la violencia a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y al titular de Defensa, Oswaldo Jarrín.

El transporte de petróleo por el principal ducto fue suspendido a causa de la ocupación de pozos en la Amazonia. El sector registró pérdidas acumuladas por más de 877 mil 678 barriles de crudo, incluida la parte de las petroleras privadas, indicó el Ministerio de Energía.

Los bloqueos en carreteras del centro y norte del país complicaron el abastecimiento de alimentos y derivados. En tanto, el sector exportador de flores se declaró en emergencia por ataques a sus fincas y problemas para movilizar la producción.

Moreno, en el gobierno desde 2017, enfrenta su mayor crisis debido a préstamos que negoció con el FMI, con el que pactó un crédito por 4 mil 209 millones dólares a cambio del despido de miles de trabajadores y la eliminación de subsidios a los combustibles, vigentes desde hace 40 años. Desde el pasado 3 de octubre, el galón de diésel pasó de 1.03 a 2.30 dólares y el de gasolina regular de 1.85 a 2.40.

Los indígenas, que representan 25 por ciento de los 17 mil 300 millones de ecuatorianos, son el sector más castigado por la pobreza y en su mayoría trabajan en el campo. Con la liberación de los precios de los combustibles, deben pagar más para el transporte de sus productos al tiempo que temen una inflación generalizada.

Respaldo de EU a las reformas

El secretario de Estado estadunidense, Mike Pompeo, apoyó al Lenín Moreno y sus "necesarias" reformas para "promover un crecimiento económico duradero".

Desde su exilio en Bélgica, el ex presidente Rafael Correa (2007-2017) llamó a la desobediencia a la fuerza pública."No puede seguir reprimiendo a sus hermanos, protegiendo no a la patria sino a un gobierno acabado por su propia traición, mediocridad y entreguismo", dijo en redes sociales.

Colombia descalificó los comentarios de las autoridades ecuatorianas sobre que la disuelta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia participó en las manifestaciones, al tiempo que el premio Nobel de la Paz, Adolfo Peréz Esquivel, pidió nuevas elecciones y un cese a la represión policíaca, tras asegurar que el gobierno ecuatoriano es insensible ante el reclamo social, en un video publicado en Twitter.

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Miércoles, 09 Octubre 2019 06:15

Moreno ordenó un toque de queda en Ecuador

Moreno ordenó un toque de queda en Ecuador

La medida se adoptó luego de que manifestantes tomaran este martes el edificio del Congreso al grito de "¡Fuera Moreno!" 

En medio de fuerte protestas contra las políticas de ajuste del gobierno, el presidente de Ecuador,Lenín Moreno ,  trasladó la capital de Quito a Guayaquil y decretó un toque de queda, entre las ocho de la noche y las cinco de la mañana en las cercanías de los edificios gubernamentales.

"No se podrá circular en horario de 20:00 a 05:00, de lunes a domingo, en áreas aledañas a edificaciones e instalaciones estratégicas", tales como edificios donde funcionan las sedes de las Funciones del Estado y otras que que decida el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas", dice el Decreto Ejecutivo 888 , firmado por el mandatario. Según el decreto, la prohibición de circulación se extenderá mientras dure el "estado de excepción", declarado la semana pasada por Moreno. En esa declaración, el mandatario dispuso que se extendía por 60 días; sin embargo, la Corte Constitucional lo limitó a 30 días. 

El decreto 888 se conoció luego de una creciente ola de protestas y paros que sucedieron el anuncio del tarifazo de combustible la semana pasada, protesta que alcanzó su pico máximo  cuando que un grupo de manifestantes i rrumpió, por unos minutos, a la sede del Parlamento, en Quito. 

El decreto fue comunicado en una conferencia de prensa conjunta del mandatario y los demás titulares de los poderes del Estado, quienes calificaron de "acciones conspirativas" las manifestaciones que se llevan a cabo en el país, principalmente en Quito. Acompañaron a Moreno los titulares de la Contraloría, Procuraduría, Consejo Nacional Electoral (CNE), Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) .

El decreto se firmó luego de que cientos de manifestantes tomaran este martes el edificio de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador al grito de "¡Fuera Moreno!", Luego de una hora, policías y militares pudieron desalojar a los manifestantes con gases lacrimógenos y detonaciones. Unos 10 mil miembros de colectivos indígenas procedentes de distintas regiones de Ecuador llegaron hasta Quito en la víspera de la huelga general del miércoles. Ante la masiva llegada de manifestantes y frente al riesgo de incidentes, Moreno había decidido trasladar la sede de Gobierno a Guayaquil el lunes por la noche.

Una vez que los manifestantes que llegaron a Quito lograron ingresar al hall del Parlamento, las fuerzas de seguridad empezaron a disparar gases lacrimógenos que permitieron el desalojo de los manifestantes, una hora más tarde. También se escucharon varias detonaciones en la cercana Avenida 6 de Diciembre, lugar al que llegaron vehículos blindados antimotines. En las inmediaciones del edificio también se agrupaban miembros de la Policía Montada. Si bien todavía no hay datos oficiales, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) alertó sobre los heridos por la salvaje represión a la protesta.

Frente a una nueva jornada de movilizaciones en el país, los colegios permanecieron sin clases y varios comercios cerraron sus puertas a partir del mediodía. La CONAIE y la principal central sindical del país, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), reiteraron la convocatoria de una gran movilización a nivel nacional, pero con epicentro en Quito, a realizarse este miércoles. La idea de los organizadores es marchar hacia el casco colonial y llegar al palacio presidencial de Carondelet.

Desde el jueves pasado, Ecuador vive una ola de protestas sin precedentes en los últimos años, originadas por una serie de medidas adoptadas por Lenín Moreno que incluyen la anulación del subsidio a los combustibles. Ante la masiva llegada de manifestantes, Moreno trasladó la sede de su Gobierno a Guayaquil, donde el martes por la mañana mantuvo una reunión con todos los poderes del Estado para analizar la difícil situación que atraviesa el país. El lunes, las protestas habían llegado a unos pocos metros de la llamada Plaza Grande, donde se encuentra la sede del Ejecutivo.

El presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, dijo que aún no han llegado a Quito todos los manifestantes, y que espera que estos alcancen mañana miércoles los 20 mil. A su vez, reiteró que el diálogo con el presidente Lenín Moreno está atado a la derogación del decreto con el que decidió la suba de los combustibles. 

"Esta lucha, esta marcha, este reclamo es del pueblo, aquí no hay banderas políticas, no hay dirigentes a título personal", declaró por su parte la dirigente nacional del pueblo Kayambi, Teresa Margarita Ulcuango. "La principal reivindicación hoy es que Lenín Moreno tiene que largarse, queremos un presidente del pueblo para el pueblo”, agregó.

Ulcuango cree además que el mandatario ecuatoriano cometió un "grave error" al abandonar el lunes la sede de Gobierno para viajar a la ciudad costera de Guayaquil. "Carondelet es la casa de los presidentes y ahí debe esperarnos, pero en el momento que abandonó nos la entregó, entonces llegaremos a la Presidencia, a nuestra casa y veremos qué vamos a hacer", dijo antes de gritar "¡Abajo Lenín Moreno, carajo!", acompañada por varios manifestantes.

La movilización indígena, que arrancó el fin de semana en varias provincias, bloqueó decenas de vías y desató violentos choques con los uniformados. En Quito, miles de manifestantes llegaron a copar dos puntos céntricos de la militarizada capital ecuatoriana. También durante las últimas horas hubo intentos de saqueo y ocupación de sedes oficiales, aunque la dirigencia de la CONAIE tomó distancia de los desmanes y dijo que esas protesta fueron infiltradas.

Desde el exterior, el expresidente Correa negó las acusaciones de golpismo con las que lo acusa el Gobierno y pidió el adelantamiento de elecciones ante lo que describió como una "grave conmoción social". "Aquí no hay golpismo. Los conflictos en democracia se resuelven en las urnas y es precisamente lo que pedimos: (...) adelantar elecciones", dijo. "Los golpistas han sido ellos, que han roto la Constitución cuantas veces les ha dado la gana", agregó. El exmandatario vive en Bélgica y enfrenta una orden de captura en Ecuador por un presunto delito que le endilga la fiscalía desde antes de que estallaran las protestas la semana pasada.

Las grandes protestas, inéditas en los últimos años de la historia ecuatoriana, dejaban hasta el martes el saldo de un muerto, 73 heridos y 570 detenidos, según cifras oficiales. Jaqueado por el alto endeudamiento y la falta de liquidez, Moreno desató la ira del pueblo ecuatoriano con la quita de subsidios acordada con el FMI como requisito para obtener créditos por 4.209 millones de dólares. Los precios de los combustibles llegaron a aumentar hasta un 123 por ciento. El grueso de los sindicatos también se manifestó contra las reformas laborales y tributarias que son exigidas por el organismo de crédito internacional.

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Hong Kong prohíbe el uso de máscaras en las manifestaciones

La Jefa del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, ha anunciado este viernes en rueda de prensa la ilegalización desde esta medianoche del uso de máscaras con las que los manifestantes ocultan su identidad durante las protestas que se han sucedido en la ciudad en los últimos cuatro meses.

Para ello, el Gobierno echará mano de una ley de emergencia que constituirá como delito el uso de máscaras para intentar "restaurar el orden", según ha dicho Lam, quien ha añadido que "la ley no implica que Hong Kong esté en estado de emergencia", sino que "las protestas son cada vez más frecuentes y violentas, y la gente está preocupada".

"Esperamos que la ley pueda tener un efecto disuasorio", ha dicho Lam al especificar que la ley "apunta a las personas que han recurrido a la violencia". Defiende que tomar la decisión de aprobar este tipo de legislación "no ha sido fácil, pero necesario" y aclara que se trata de una legislación subsidiaria que se presentará en el Consejo Legislativo el 16 de octubre para que los legisladores puedan modificarla, pero ya después de haber sido implementada.

Asimismo, Teresa Cheng, Secretaria de Justicia, indica en la comparecencia del Ejecutivo ante la prensa que la legislación "no socavará las libertades de las personas, que pueden asistir a reuniones, siempre y cuando no utilicen máscaras".
La ley contempla sentencias de hasta un año de prisión y multas de hasta 25.000 dólares hongkoneses (3.188 dólares), especifica el Secretario de Seguridad del Ejecutivo hongkonés, John Lee Ka-chiu.

Para Lee, "la medida ayudará a los agentes de la Policía recolectar información", dado que "en los últimos cuatro meses la mayoría de la gente que ha participado en incidentes violentos usaba máscaras para ocultar su identidad con el objetivo de lanzar cócteles molotov y causar daños a edificios públicos".

Sin embargo, la prohibición puede avivar aún más las protestas en la ciudad financiera, ya que cientos de personas ya se han echado este viernes a las calles del distrito financiero de Central para protestar contra esta ley coreando eslóganes como "Hong Kong, resiste".

Las protestas en Hong Kong, que se convirtieron en masivas en junio a raíz de una polémica propuesta de ley de extradición, se han sucedido durante casi cuatro meses y han mutado hasta convertirse en un movimiento que busca una mejora de los mecanismos democráticos que la rigen y una oposición al autoritarismo de Pekín.


No obstante, algunos manifestantes han optado por tácticas más radicales que la protesta pacífica y los enfrentamientos violentos con la Policía son habituales.

04/10/2019 - 11:03h

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 Una manifestante, durante su arresto, este domingo en Hong Kong. En vídeo, crónica de las protestas. GETTY IMAGES | ATLAS

Decenas de miles de personas salieron este domingo a las calles, en la mayor manifestación desde hacía un mes en Hong Kong, para protestar contra el Gobierno chino en una concentración que, a tramos, contó con incidentes de violencia. Centenares de policías salieron de las bocas de metro, de callejones, de furgonetas enviadas por la Comisaría central para detenerlos, en una operación de limpieza por todo el centro de la antigua colonia que se prolongó durante horas y que dejó claro el profundo cisma que se ha creado no solo entre manifestantes y los Gobiernos de Hong Kong y Pekín; también, entre la Policía local y los ciudadanos de a pie.

Los altercados entre ambas partes fueron los más violentos hasta la fecha en tres meses de protestas. Los dos lados han endurecido sus tácticas en vísperas de los festejos con los que China quiere celebrar por todo lo alto los 70 años de la República Popular —uno más que los que llegó a cumplir la ahora difunta Unión Soviética—. Los manifestantes están dispuestos a aguar la fiesta; la Policía y el Gobierno autónomo, a impedírselo.

Que los altercados de este domingo, el décimo séptimo de protestas en la antigua colonia británica, iban a tener una escala mucho mayor que en fines de semana previos quedó claro desde primera hora de la tarde. Ya antes de comenzar la manifestación, para la que el grupo convocante no había pedido autorización previa de la Policía, los agentes lanzaron varias rondas de gases lacrimógenos en la cabeza de la marcha, en Causeway Bay, uno de los grandes núcleos comerciales hongkoneses.

Los manifestantes también habían dejado claro que querían hacerse oír más que nunca, en la ciudad y en el exterior. El lema oficial de la marcha era “contra el totalitarismo global”; muchos jóvenes portaban distintas banderas —Estados Unidos, la Unión Europea, Alemania, España, Irlanda, Estonia, Senegal— y lemas en varias lenguas. La imagen del presidente chino, Xi Jinping, se había transformado en una alfombra sobre la que los movilizados pateaban con entusiasmo; abundaban los carteles en los que las estrellas de la bandera nacional china se habían convertido en una esvástica. Todos los manifestantes ocultaban su rostro en mayor o menor manera.

Las cargas policiales comenzaron a mitad de recorrido, en lo que pareció un cambio de táctica con respecto a otras ocasiones. Grupos de jóvenes radicales habían cubierto con carteles y pintadas negocios supuestamente de propiedad prochina, roto cristales y lanzado cócteles molotov contra la boca de metro de Wan Chai, una de las más concurridas en la isla de Hong Kong. Los antidisturbios dispararon abundantes rondas de gas pimienta y balas de plástico; una hirió a una periodista indonesia.

En la cabecera de la manifestación, en torno a los edificios de Gobierno, los antidisturbios —conocidos popularmente como los raptors— utilizaban cañones de agua, más rondas de gases lacrimógenos, más balas de plástico. El gas pimienta aún seguía flotando en el ambiente minutos después de que, finalmente, cargaran contra los manifestantes y detuvieran a decenas de ellos. La escena se repitió en diversos puntos de la ciudad, mientras el público increpaba ruidosamente a los agentes y estos —devolviendo a veces los insultos— trataban a su vez de impedir el trabajo de los periodistas, intentando deslumbrarles con luces o —en alguna ocasión— lanzando gas lacrimógeno en lo que pareció un gesto intencionado.

“Mira en lo que se han convertido”, sollozaba Sophia, una joven menuda. “Mi abuelo, mi abuela, son partidarios de China. Puedo entenderlo. Ellos me dan sus argumentos e intentan razonar. Esta Policía no solo es que defienda a China. No razona, nos ataca, nos insulta, han perdido por completo su ética profesional”.

Una investigación sobre la violencia policial es una de las demandas principales de los manifestantes, que reclaman también sufragio universal, la puesta en libertad de los detenidos en las protestas y que se retire la descripción de “disturbios” a las manifestaciones. Hasta ahora, la única reivindicación que se ha visto cumplida ha sido la retirada del proyecto de ley de extradición cuyo trámite desencadenó las movilizaciones el pasado 9 de enero.

A lo largo de las avenidas del centro de Hong Kong, la Policía seguía avanzando para retirar las barricadas, algunas incendiadas, que los manifestantes habían dejado en su retirada. Tras ellos, centenares de ciudadanos les seguían increpando.

 Hong Kong 30 SEP 2019 - 00:21 COT

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Domingo, 22 Septiembre 2019 05:36

Volvieron los chalecos amarillos 

La policía reprime  en la protesta de los chalecos amarillos en Bordeaux.  Imagen: AFP

La convocatoria coincidió con las movilizaciones de sindicatos que se oponen a la reforma jubilatoria impulsada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y movimientos ambientalistas. El saldo: represión, gases lacrimógenos y 160 detenidos.

Los chalecos amarillos volvieron a salir a las calles en París, en una jornada de protesta en la capital francesa. Ese mismo día también convocaron sindicatos que se oponen a la reforma jubilatoria impulsada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y movimientos ambientalistas. Esto encendió la alarma del gobierno francés que desplegó un mega operativo con 7.500 policías en las calles. Los agentes no dudaron en reprimir las movilizaciones que tuvieron un saldo aproximado de 160 detenidos.

Los chalecos amarillos intentan volver a tomar fuerza en la que fue su 45ª jornada de protestas. Se concentraron en varios puntos de la capital francesa, como en la plaza de la Madeleine, para manifestarse contra las políticas del presidente francés La jornada no había sido autorizada por el gobierno, pero sus integrantes la mantuvieron y acabaron siendo dispersados con gases lacrimógenos en distintos puntos de la ciudad. 

El colectivo indicó en su cuenta en las redes sociales "Le nombre jaune" (El número amarillo), creada para ofrecer sus propias cifras, que la participación se elevó a un mínimo de 91.430 personas. También formaron parte de la jornada los denominados “black blocs”, grupos de personas que visten completamente de negro y apoyaron a los “chalecos amarillos”. En medio de un gran dispositivo de seguridad que blindó la capital francesa, los agentes también reprimieron a los manifestantes que se dirigían hacia la avenida de los Campos Elíseos. El operativo policial comenzó el viernes por la tarde, cuando acordonaron barrios enteros del centro de la capital. Durante toda la jornada policías de uniforme y de civil cachearon a los asistentes.

Las movilizaciones de los chalecos amarillos comenzaron en noviembre del año pasado en oposición a la suba de los impuestos al gasoil. En diciembre alcanzaron su punto más álgido con las protestas contra la represión que sufrieron en movilizaciones anteriores. La presión ejercida por este grupo obligó al presidente Macron a anunciar un paquete de medidas económicas para mejorar las condiciones de vida de la clase media y trabajadora. Sin embargo muchos de sus miembros las consideraron insuficientes y reanudaron la toma de las calles. El movimiento se extendió, aunque en menor medida, a países como Bélgica, Holanda, Alemania y España.

Esta movilización coincidió con otras dos. Por un lado el Frente Obrero llamó a salir a las calles contra la reforma del sistema jubilatorio que promueve el ejecutivo francés. También convocaron a una marcha grupos defensores del medio ambiente, un día después de la histórica “huelga mundial por el clima", que en Francia no resultó muy importante (en torno a 10.000 personas en París). En otras partes de Francia también se organizaron este sábado manifestaciones por la "urgencia climática y social". En Lyon (centro-este), unas 5.000 personas se congregaron por la mañana en el centro de la ciudad, según la prefectura. "Stop al ecocidio", se leía en la pancartas. Ante los enfrentamientos con la policía paricina, las oenegés Grenpeace y Youth For Climate, que convocaron, instaron a los manifestantes a abandonar la marcha.

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Miércoles, 18 Septiembre 2019 06:41

El Gulag americano

El Gulag americano

Alexander Solzhenitsyn escribió Archipiélago Gulag entre 1958 y 1970. Es una investigación literaria basada en la experiencia del escritor sobre los campos para trabajos forzados en la ex Unión Soviética. El Gulag era el acrónimo de la dirección central de administración de los campos que operó entre 1930 y 1960. El término se popularizó al publicarse el libro de Solzhenitsyn en 1973: el escritor comparó el sistema de campos con un archipiélago desparramado por todo el territorio de la ex Unión Soviética en el que cada campo era una isla de infamia y represión política.

Hace varios años el archipiélago Gulag llegó al continente americano. Más precisamente, llegó a Estados Unidos, que de todos los países del mundo es el que más reos tiene en su sistema carcelario. La población china es de mil 400 millones de personas, pero en su sistema penitenciario tiene aproximadamente 1.6 millones de personas. En cambio, Estados Unidos, con una población de 320 millones tiene en sus cárceles federales, estatales y locales más de 2.2 millones de personas. El archipiélago del Gulag original tenía en 1953 (año en que murió Stalin) 2.3 millones de presos.

Estados Unidos cuenta con cerca de 5 por ciento de la población mundial, pero es responsable de 25 por ciento de la población mundial encarcelada. Y es que el sistema carcelario en Estados Unidos tomó un giro extraordinario desde la década de los años 1970, cuando la población en prisión comenzó a crecer a un ritmo alarmante.

Pero el Gulag estadunidense tiene su propia sello, el de los negocios. Con esos números tan impresionantes de gente tras las rejas, no sorprende que el capitalismo haya visto buenas oportunidades de rentabilidad. Por eso la privatización de cárceles en Estados Unidos (que ya tenía una larga tradición) tomó gran impulso en los años 1990. Hoy cerca de 19 por ciento de los reos en ese país se ubica en prisiones administradas por una empresa privada comercial.

Las cárceles privadas son un gran negocio. A las empresas privadas administradoras de prisiones el gobierno federal otorga un subsidio de 23 mil dólares anuales por reo (el salario mínimo es de 15 mil dólares anuales). Y si las celdas están vacías, el gobierno otorga el mismo subsidio. Las tres principales empresas en el negocio de la administración de cárceles son CoreCivic, Geo Group y MTC y sus ganancias han crecido exponencialmente en los años recientes. Por ejemplo, la primera de estas dos empresas vio aumentar sus ingresos de 280 millones a más de mil 700 millones de dólares entre 2000 y 2017 (un aumento de más de 500 por ciento). La industria de las cárceles privadas percibe un ingreso estimado de 5 mil millones de dólares anuales. No sorprende entonces que esas empresas reciban generosos créditos de Wells Fargo, Bank of America, JP Morgan y US Bancorp.

Estas empresas invierten mucho dinero en cabildear en el Congreso estadunidense para que esta política de privatización no sólo no se termine, sino que siga creciendo. Aunque aquí los datos son más difíciles de obtener, una organización en Estados Unidos encontró que entre 1999-2010 CoreCivic destinó 1.4 millones de dólares para cabildeos a nivel federal. Claro que a estas empresas lo que realmente conviene es que la población encarcelada siga aumentando. Y para eso se necesitan leyes más severas, con condenas más largas para todo tipo de delitos y con esquemas de libertad bajo palabra más difíciles de alcanzar. Más reos y condenas más largas, es la receta para mayores ganancias de estas empresas privadas. Y para reducir costos en esta nueva aventura del capitalismo, lo importante es una mezcla de mala alimentación y pésimos servicios de salud. Todo condimentado con abusos de todo tipo y violencia generalizada.

La población carcelaria dice mucho sobre la sociedad estadunidense. Un ciudadano afroamericano tiene seis veces más probabilidades de ir a la cárcel que sus congéneres blancos. El racismo del sistema carcelario es un reflejo de lo que sucede en el país que tanto alaba la libertad.

En 2014 varios informes sobre los alarmantes índices de violencia en las cárceles privadas condujeron a llamados para reformar y eliminar esta privatización del sistema carcelario. Se aprobaron algunas reformas con Obama pero estos cambios sólo afectaron las prisiones federales. Y con la victoria electoral de Trump se revirtió esta incipiente tendencia y hasta se produjo un fuerte incremento en el valor de las acciones de Geo Group y CoreCivic.

En el verano de 2018 los reos en Estados Unidos lanzaron un movimiento de protesta a escala nacional. Huelgas de hambre y actos de desobediencia que fueron duramente reprimidos pudieron por fin romper el cerco de incomunicación. Hoy el debate electoral ha comenzado a centrarse sobre el tema de la reforma penal y carcelaria en Estados Unidos. Habrá que ver si esta nueva edición del archipiélago del Gulag puede desaparecer. Quizás sólo en el país del capitalismo más avanzado podía surgir tan perversa confusión entre represión penal y negocios privados.

Twitter: @anadaloficial

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Jueves, 05 Septiembre 2019 06:21

El lastre de la violencia en América latina

El lastre de la violencia en América latina

 Latinoamérica ostenta el título de ser la región con la tasa de homicidios más elevada del mundo. El nivel de violencia en las ciudades de América Latina se parece, por la intensidad, a un escenario de guerra silenciosa o guerra invisible. 7 de los 20 países con mayor tasa de asesinatos mundiales en 2017 son latinoamericanos. De las 50 ciudades con niveles de homicidios más altos, 42 están en América Latina, Los Cabos (México 365 homicidios), Caracas (Venezuela 3.387 homicidios), Acapulco (México 910 homicidios), Natal (Brasil 1.378 homicidios) y Tijuana (México 1.897 homicidios) son ciudades que superan las 100 muertes por cada 100.000 habitantes y año.

La mayoría de estas muertes no son fruto de las guerras, de conflictos armados, no son luchas por el poder político, son producto de economías ilegales como el narcotráfico, el tráfico de personas u órganos, de la violencia de bandas o maras, del control territorial y de la violencia interpersonal en la vida cotidiana. Economías que no funcionan sin la aplicación de violencia.

La violencia tiene unos efectos directos en vida de las personas y en el desarrollo económico del país. En aquellas zonas o poblaciones con elevadas tasas de criminalidad, la calidad de vida de las personas se ve altamente reducida, en tanto que esta violencia les impide tener trabajos estables, disfrutar de los espacios públicos seguros o tener restringido el derecho de moverse con libertad por su barrio; la violencia provoca bajo rendimiento escolar, altas tasas de abandono escolar en adolescentes y en definitiva el miedo que imponen en los barrios provoca que se rompa el tejido asociativo, las formas de organización vecinales, modifica las conductas de la gente y aumenta la vulnerabilidad de las mujeres.

Las bandas, las maras o el narcotráfico, con sus formas de control territorial, de control de la vida de las personas que viven en ese territorio, de la extorsión económica que ejercen, de la imposición de trabajar para ellos o del miedo que imponen, rompen las estructuras relacionales de la población.

Frente a esta violencia, que la Organización Mundial de la Salud denomina como de epidemia y que afirma que se está volviendo crónica en algunas zonas urbanas, los gobiernos de los diferentes estados de América Latina han aplicado la misma receta política, la de «mano dura”. Esta política ha consistido en incrementar el número de policías en la calle, excesos de los mismos cuerpos de seguridad, modificar el código penal en el sentido de endurecer las penas de prisión y rebajar la edad de entrada a prisión para incluir a jóvenes de maras o bandas y finalmente de militarizar la seguridad incorporando a los militares en las tareas propias de la policía. La incorporación del ejército en labores policiales o la creación de unidades especiales fuera de la policía, se ha implantado como medida para contrarrestar la alta corrupción de los cuerpos policiales; pero esta política de mano dura y la presencia del ejército en la calle ha supuesto un aumento de desaparecidos o de ejecuciones extrajudiciales.

Estas políticas han provocado un incremento notable de miembros de bandas encarcelados y un aumento de los años de condena, lo que ha supuesto un incremento considerable de la gente encarcelada, en prisiones que ya de por sí estaban colapsadas y que como efecto contrario al perseguido, han facilitado que las redes criminales se organizaran mejor y desde dentro de las mismas cárceles y reforzaran su estructura orgánica.

Por otra parte hay que considerar los altos índices de corrupción de los estamentos públicos con dinero que provienen de las diversas formas de economía ilegal como el narcotráfico o el tráfico de personas, corrupción que afecta a los cuerpos policiales, los políticos electos, a los jueces o los empresarios. Los altos índices de corrupción es uno de los principales factores de la baja confianza y credibilidades en las instituciones públicas; en concreto la policía es de los estamento más degradados y con menor apoyo de la población y, no sólo por la corrupción sino también por la multitud de casos de denuncias por excesos o de denuncias de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad y por los elevados índices de impunidad. Este deterioro de las instituciones públicas acaba fomentando que los países centroamericanos se hayan convertido en la principal ruta de la droga y el tráfico de personas hacia Estados Unidos.

Los desplazamientos de población centroamericana cruzando México hasta los Estados Unidos no es nueva, se remonta a hace bastantes años, pero en los movimientos actuales de población se puede apreciar como la violencia ejercida por las maras, las bandas o los grupos criminales se han convertido en un factor relevante en la emigración; al tiempo que está siendo un factor importante en los desplazamientos de población entre ciudades o dentro de la misma ciudad, la población huye de las extorsiones y amenazas. En una ciudad el control social y territorial de las bandas o las maras puede llegar a ser tan asfixiante o generar suficiente miedo entre las familias que lo mejor es marcharse. Las consecuencias del desplazamiento o la migración para estas familias es enorme, abandonan la casa, las escuelas, los trabajos y los escasos recursos económicos de la familia, todo ello afecta de forma profunda los vínculos familiares y los vínculos comunitarios.

Para la población la situación que viven es tan dura que políticamente están surgiendo populismos que defienden la «mano dura», candidatos políticos que ganan elecciones pero que gobiernan de forma autoritaria y que pueden llegar a poner en peligro los pocos logros democráticos que se han conseguido en derechos políticos, sociales o económicos. Desde hace más de 20 años que se están aplicando las mismas políticas públicas, las mismas recetas para combatir la violencia como pueden ser el populismo punitivo y represor o políticas de frontera que limitan el paso de personas, las mismas políticas que ya se ha visto que son obsoletas, pero que pueden generar votos haciendo creer a la gente que con mano dura todo irá mejor.

El segundo elemento preocupante son las iglesias evangélicas con un mensaje ultraconservador. Estas iglesias han sido determinantes en la victoria de Bolsonaro en Brasil, en Costa Rica el candidato a las elecciones a presidente y predicador evangélico, convulsionó las elecciones con un programa populista que explota el sentimiento popular antipolítico y religioso, o en Colombia donde las iglesias evangélicas lograron decantar la balanza por el «no» en el referéndum sobre los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC.

No tengo respuestas o propuestas y menos respuestas simples y de corto plazo para revertir esta situación. En todo caso sí que estoy convencida de que las recetas políticas que se han aplicado hasta ahora no han resultado, u que hay que aplicar respuestas de largo plazo.

América Latina no es la región más pobre del mundo, pero sí que es la región más desigual, es importante revertir o disminuir las violencias estructurales, disminuir las brechas estructurales como: reducir el número de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, eliminar la pobreza extrema, revertir la falta de infraestructuras (eminentemente donde viven los más pobres: alcantarillado, agua potable o transporte público), la segregación de población en función de los recursos económicos (guetos), incrementar la escolarización infantil y juvenil, mejorar la salud, respetar a las minorías. En definitiva respetar los Derechos Humanos, poner a las personas, la igualdad entre las personas y la dignidad de las personas en el centro de las políticas, cambiar el estilo de vida y el modelo de crecimiento implantando, respetando el medio ambiente.

Impulsar políticas que ayuden a las mujeres a ejercer sus derechos a los recursos económicos, poder acceder a la propiedad, poder acceder a la propiedad de la tierra, a combatir el patriarcado que provoca tantas violaciones de los derechos de las mujeres. Los jóvenes necesitan oportunidades reales de inclusión social, necesitan programas educativos, laborales, culturales, deportivos y recreativos que les permitan optar por planes de vida en sociedad. Los jóvenes necesitan trabajos legales como alternativa al crimen organizado o a las bandas delincuenciales.

También podríamos pensar en medidas más problemáticas políticamente como legalizar la droga, si la producción, distribución y consumo son legales, si se regulan y pagan impuestos una buena parte de criminalidad y violencia disminuiría.

Pero es necesario que la población de todo el mundo esté organizada, que crezca el tejido social donde las personas nos apoyamos mutuamente, pero también organizaciones que planteen respuestas y propuestas políticas que nos ayuden a convivir, respetando la diversidad y los derechos humanos de todas las personas. En definitiva es necesario que todos participemos en la construcción de un mundo mejor, es importante que este trabajo no lo deleguemos en los políticos.

5 septiembre, 2019

Tica Font, Centre Delàs d’Estudis per la Pau

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 Manifestantes prodemocracia marchan este sábado por el centro de Hong Kong. Kin Cheung AP

La Policía carga con gases lacrimógenos y cañones de agua para reprimir las manifestaciones vetadas

“If we burn, you burn with us” (Si ardemos, arderéis con nosotros). El lema que alguien ha dejado escrito este sábado en la mediana frente al complejo que acoge al Legislativo, el Ejecutivo local y las oficinas del Gobierno central se podía aplicar tanto a la furia de los manifestantes como a la ira de la Policía de Hong Kong. Un día después de la detención de nueve prominentes activistas y políticos de oposición, y de que las autoridades del territorio autónomo chino prohibieran una manifestación masiva, la animosidad entre ambos bandos estaba más enconada que nunca. La dureza de los choques entre manifestantes y agentes lo han dejado claro. De un lado, cócteles molotov, lanzamientos de ladrillos e incendios callejeros. Del otro, cañones de agua, gases lacrimógenos, un disparo al aire y numerosas detenciones.

La furia subió un grado más después de que se publicaran en las redes sociales vídeos en los que se mostraba la carga de la Policía durante la noche en una estación de metro en busca de manifestantes, en escenas que evocaban -a los ojos de los manifestantes- las protagonizadas por supuestos miembros de las tríadas mafiosas que, en julio, atacaron a participantes en las protestas en otra estación de metro, la de Yuen Long, ante la aparente pasividad de los agentes.

El día había comenzado con tensión, nubarrones y lluvia. La Policía había advertido de que, tras el veto a la manifestación —finalmente desconvocada—, del Frente de Derechos Humanos y Civiles, no toleraría asambleas que pretendieran remedarla. Pero, haciendo el alarde de imaginación que ha caracterizado las protestas más pacíficas en trece semanas de marchas —el principal desafío en años al poder del Ejecutivo autónomo y al control del Gobierno central en Pekín—, los manifestantes improvisaron distintas actividades con un espíritu lúdico.

Por la ciudad se repartieron diversas estatuas y estatuillas de protagonistas de las protestas, encabezados por una Reina de la Libertad que rendía homenaje a la activista que quedó herida en un ojo este agosto. En un estadio del centro de la isla, centenares de personas se daban cita para cantar Hallelujah to the Lord, el himno religioso convertido en emblema de las protestas: las reuniones religiosas estáticas —a diferencia de las procesiones— no requieren un aviso previo a la Policía. Un grupo se agolpaba ante la oficina de la jefa del Gobierno autónomo, la denostada Carrie Lam, católica practicante, para rezar para que se le perdonaran sus pecados.

A la hora en la que se había convocado la manifestación original, decenas de miles de personas marcharon por el recorrido previsto. Jóvenes, ancianos, familias al completo. Una marea de camisetas negras, el color de las protestas, cortaba las principales avenidas a gritos de “¡Hongkoneses, ánimo!”, “¡Levantémonos por Hong Kong!”. Un helicóptero sobrevolaba la escena, entre exhortaciones de los manifestantes —“¡tapaos con los paraguas, que no os vean!”— y más de un dedo medio levantado en señal de desafío.

“No me sumo a la marcha porque mis hijas tenían miedo por mí y me han pedido expresamente que no lo hiciera”, comentaba Sam, de 56 años, que animaba a los manifestantes desde la acera. “He nacido aquí, en Hong Kong, pero a mi edad me planteo marcharme en cuanto me jubile, en cuatro años. China quiere acabar con esta ciudad, que ya no podamos manifestarnos. Nos quieren callados y complacientes”, sostenía. “Pero no lo van a conseguir. No tenemos miedo”.

Mientras la marcha discurría, principalmente, de modo pacífico y sin que la Policía actuara —más allá de advertir en comunicados de que la manifestación era ilegal—, varios centenares de jóvenes se concentraban en torno al complejo del Gobierno, pertrechados con máscaras de gas, cascos y gafas protectoras.

La Policía comenzó allí a lanzar ronda tras ronda de botes de gases lacrimógenos; si los manifestantes lograban devolver alguno hacia las filas de agentes, los participantes estallaban en aplausos y gritos de júbilo. Algunos arrojaron cócteles Molotov. Los cañones de agua hicieron nuevamente su aparición, con líquido teñido de azul para señalar a quienes hubieran estado en primera fila de las protestas.

Horas más tarde, el enfrentamiento se trasladaba a las cercanías del cuartel de Policía, en el barrio de Wan Chai. Allí, los manifestantes han prendido fuego, espectacularmente, a una barricada, cuya columna de humo se ha elevado por encima de los rascacielos; otros pequeños incendios se han producido en calles adyacentes o en el cercano distrito comercial de Causeway Bay.

Con uniformes antidisturbios, la Policía ha procedido a abrir las avenidas bloqueadas por los manifestantes. Las detenciones que ha practicado, en varios casos, no han sido por las buenas. A pocos metros del incendio de Wan Chai, mientras una ambulancia trataba las heridas de un joven arrestado, varias decenas de vecinos se han enfrentado a los agentes. “¡Sois unos perros! ¡No hagáis daño a la gente de Hong Kong!”, instaba un grupo de vecinos de mediana edad a los policías protegidos con cascos y escudos antibala. En Causeway bay, las tensiones han llevado a un agente a disparar al aire, la segunda vez en una semana que se producía un incidente similar. En el otro lado de la bahía, en el barrio de Kowloon, se han prolongado los enfrentamientos durante la noche.

“No nos fiamos de la Policía, eso está claro. Utilizan la violencia para acallarnos. Y lo que nosotros queremos es que se nos escuche”, ha asegurado en Wan Chai Eva, una joven de 20 años que, como muchos otros, se negaba a desenmascarar su rostro o proporcionar su nombre completo.

La jornada de este sábado ha sido especialmente significativa. Se celebraba el quinto aniversario de la presentación, por parte del Gobierno central chino, de una reforma al sistema para elegir al presidente del Gobierno autónomo hongkonés. Aquella propuesta, que adjudicaba a Pekín la potestad de designar a los posibles candidatos al cargo, sin que los ciudadanos pudieran presentar a un favorito, desató la ira de amplias capas de la población. Uno de los líderes de lo que entonces se conocía como el movimiento Occupy Central (“Ocupar Central”, el distrito financiero hongkonés), el académico Benny Tai, proclamó el comienzo de “una era de desobediencia civil”. Menos de un mes más tarde, medio millón de hongkoneses participaba en una sentada masiva que paralizó el centro de la antigua colonia británica durante 79 días.

Si las protestas de entonces exigían más democracia, los manifestantes de ahora reclaman cinco puntos: el abandono por completo del proyecto de ley desató las movilizaciones desde el 9 de junio y que permitiría la extradición de sospechosos a países con los que Hong Kong carece de un acuerdo para ello, incluido China; la dimisión de la jefa del Hobierno autónomo, Carrie Lam; la apertura de una investigación sobre el comportamiento policial en las manifestaciones; la libertad de los detenidos en las protestas, y la reapertura de un proceso de reformas democráticas.

Las protestas continuarán en los próximos días, mientras se aproxima la fecha que más preocupa a Pekín: el 70º aniversario, el 1 de octubre, de la fundación de la República Popular de China, un acontecimiento que no quiere que quede empañado bajo ninguna circunstancia.

Este domingo los manifestantes pretenden rodear el aeropuerto, y para el comienzo de la semana próxima está convocada una huelga general.


El Gobierno autónomo descarta un debate sobre reformas democráticas

Aunque este sábado se conmemorara el quinto aniversario de la última propuesta de reforma del sistema electoral en Hong Kong, el Gobierno autónomo ha dejado claro que no está dispuesto a reabrir ese debate.

“Embarcarse desenfadadamente en una reforma política polarizará aún más la sociedad y supondría un acto irresponsable”, ha indicado el Ejecutivo en un comunicado. “Cualquier conversación sobre cambios constitucionales tiene que tener como premisa una base legal, y desarrollarse en una atmósfera pacífica y de mutua confianza, de manera pragmática”.

 

Por, Macarena Vidal Liy

Hong Kong 31 AGO 2019 - 14:00 COT

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China busca la "mano negra" tras las protestas de Hong Kong y ya no sabe ni a quien detener

La policía ha detenido a tres destacados activistas que han mantenido un perfil bajo durante las protestas porque China no puede concebir un movimiento sin líderes

La teoría de la "mano negra", de origen soviético, sigue formando la cosmovisión del Partido Comunista Chino

 

Hong Kong despertó el viernes bañada por un chaparrón de noticias tan densas como la lluvia que no dejaba de caer.

Primero fue Andy Chan Ho-tin, cabeza visible del ilegalizado Partido Nacional de Hong Kong. Chan fue detenido en el aeropuerto durante la noche del jueves cuando estaba a punto de volar a Japón. Después se supo que Joshua Wong había corrido la misma suerte. Desde que en 2012, con apenas 15 años, organizó protestas contra el currículo en las escuelas, Wong se ha convertido en uno de los activistas por la democracia más conocidos. Aquel proyecto educativo, un intento de despertar el espíritu patriótico de la juventud hongkonesa para algunos, fue descrito como un "lavado de cerebro" por Wong y sus partidarios. Fue también uno de los líderes de la conocida como 'Revolución de los paraguas' en 2014. Fue detenido, terminó en prisión y aún arrastra causas judiciales.

La tercera persona de alto perfil arrestada este viernes es Agnes Chow. Lideresa también de la 'Revolución de los paraguas', Chow fundó junto a Wong un partido político, Demosisto, otra de las formaciones nacidas de ese ciclo de protestas junto al Partido Nacional de Hong Kong fundado por Chan.

Ninguno de ellos ha mostrado un perfil alto durante las últimas movilizaciones, caracterizadas por no contar con líderes visibles. Las protestas han adoptado como slogan el famoso "be water" de Bruce Lee: adaptable y móvil.

Los analistas han estado buscando la etiqueta precisa con la que referirse a las protestas que han remecido Hong Kong durante todo el verano. Los paraguas juegan un papel mucho menos importante que el desempeñado en 2014 y aunque en esta ocasión no se han convertido en seña de identidad, en esta ocasión se abren más por motivos climáticos, pero también lo hacen para protegerse del gas lacrimógeno y las fotografías y grabaciones no deseadas.

Algunos han tratado de bautizarla como la 'Revolución de los cascos' y dotar así de una descripción adecuada a un verano caracterizado por la aparición de una violencia que no se había registrado en protestas previas. Esta vez la policía dispara con normalidad gas lacrimógeno, balas de goma y otras armas no letales además de usar sus porras a rienda suelta. Por eso los cascos.

El domingo, Hong Kong también vio, por primera vez, fuego real. Un policía utilizó su arma reglamentaria contra los manifestantes [disparó al aire para dispersarlos]. Por primera vez en medio siglo. No se habían utilizado desde que la policial colonial trató de restaurar la calma durante los disturbios provocados por la izquierda en 1967, durante un conato de extensión de la Revolución Cultural china a un territorio que entonces formaba parte del Imperio Británico.

Los manifestantes no se han quedado de brazos cruzados ante la escalada represiva: Desde 2016 lanzan ladrillos contra la policía. Todo comenzó cuando los activistas se enfrentaron a las autoridades para evitar el desalojo de vendedores callejeros informales durante el Año Nuevo Chino. Se llamó entonces la 'Revolución de las albóndigas de pescado' a partir de una especialidad culinaria local. Su líder, Edward Leung, que ahora tiene 27 años, cumple una sentencia de seis años en prisión. Fundador del grupo 'Indígenas de Hong Kong', debe su despertar político al temor de que el estilo de vida hongkonés se erosione hasta diluirse debido a su integración gradual en China. Leung es también quien formuló el lema más reconocido hasta el momento: "Recuperar Hong Kong, la revolución de nuestra época".

Lo que comenzó como una protesta contra el intento de introducir una modificación legislativa a la ley de extradición que habría permitido juzgar a hongkoneses en la China continental, muy mal gestionado por la jefa del Ejecutivo de la antigua colonia, Carrie Lam, ha evolucionado hasta convertirse en una pelea a tumba abierta por el sufragio universal, una promesa ya antigua y nunca cumplida. Alimentada, además, por el rechazo a una violencia policial que no deja de aumentar.

Una mirada a los 22 años que Hong Kong lleva bajo soberanía china permite que salga a la luz el más claro de los elementos que impulsan la desafección política: la ausencia de canales que permitan una comunicación fructífera entre Gobierno y ciudadanía.

Y no obstante, las autoridades, tanto en Hong Kong como en Pekín, parecen totalmente incapaces de comprender que los interlocutores escogidos por ellos mismos –una macedonia de multimillonarios y leales a Pekín– no representan las voces del disenso. Los miembros del Consejo Ejecutivo de Hong Kong, órgano de gobierno local, son nombrados por la jefa del Ejecutivo, elegida a su vez mediante sufragio censitario por 1.200 de entre 7,5 millones de habitantes. Carrie Lam gobierna Hong Kong con la legitimidad de 777 votos.

Desde 1997 todos los gobiernos hongkoneses se han negado a establecer contactos con el sector que trabaja por la llegada de la democracia, muy representativo del sentir general.

Además, hace días que el ruido de sables agitados por China sobrevuela Hong Kong. Las maniobras militares próximas a la frontera son cada vez más evidentes. Aunque una intervención armada no parece probable, meter miedo siempre ha sido una estrategia útil. El arresto de unos 1.000 activistas a lo largo del verano tiene como última de sus manifestaciones las detenciones de conocidos líderes que mantenían un perfil bastante bajo. La intención es clara.

Aunque Pekín ha tenido que admitir que no puede controlar la información que sale de Hong Kong, trata de generar un discurso alternativo y favorable a sus intereses. Según su versión, una "mano negra" se mueve tras bambalinas impulsada desde el exterior para sembrar discordia en Hong Kong. Las detenciones del viernes demuestran que su formulación no es propagandística. Realmente lo creen.

No pueden concebir un movimiento sin líderes. Tiene que tratarse de algo orquestado por saboteadores, sean estos malvados detractores del plan quinquenal chino o desafectos al régimen hongkonés que le piden a su gobierno que escuche a la población. Así, a fin de cuentas, es como se cerró el ciclo de protestas de Tiananmen: desatando una campaña que duró años que pretendió desenmascarar y llevar a prisión a las "manos negras" que lo habían provocado y negando que pudiera existir algún sentimiento popular, auténtico y espontáneo tras la presencia de millones de personas en las calles.

Para concluir, un indicador más de uno de los errores más habituales a la hora de entender la política china. Sus pronunciamientos, por más absurdos que parezcan, por más propagandísticos que suenen a los oídos de Occidente, pueden ser, en realidad, la plasmación de lo que sus líderes creen de verdad. El modo en que silencia cualquier posible disidencia podría demostrarlo. Un gobierno que se niega a escuchar a sus detractores se cree su propia propaganda.

Por Ilaria Maria Sala

30/08/2019 - 21:24h

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