Un sector cocalero boliviano agudiza su choque con Evo Morales

Los campesinos de los Yungas cortan durante una semana los caminos que comunican la región con el resto del país

 

 Los campesinos cocaleros de los Yungas, territorio del norte de Bolivia, bloquean los caminos que los vinculan con el resto del país desde hace seis días. Los distintos cortes han sido fuertemente reprimidos por la policía en diversas ocasiones, pero reaparecen horas después de haber sido dispersados. Las protestas buscan que el Gobierno respete la organización sindical tradicional de la región, que es cuestionada por las autoridades con el argumento de que ha sido penetrada por delincuentes.

El conflicto entre los campesinos de la coca de los Yungas y el Gobierno liderado por Evo Morales, que también fue cocalero y que continúa dirigiendo los sindicatos de productores de la hoja en otra región, el Chapare, es relativamente reciente. Durante muchos años todos los cocaleros del país apoyaron a Morales, un consenso que se acabó con la aprobación, en marzo de 2017, de la Ley de la Coca. La norma fijó la extensión que pueden cultivarse legalmente en Bolivia, que es de 22.000 hectáreas, entre los Yungas y el Chapare. Esa fórmula cambió la normativa anterior, que prohibía cualquier plantación de arbustos de coca fuera de los Yungas, considerada la “zona tradicional” para el “acullicu” (masticado), una costumbre ancestral de los pobladores de los Andes. Como está regulada, la coca tiene un precio relativamente alto y se ha convertido en el principal cultivo de ambas zonas productoras.

Desde entonces, los cocaleros de los Yungas se convirtieron en el único movimiento sindical opositor al presidente Evo Morales y han protagonizado varios choques con su Gobierno. En respuesta, este trató, primero, de promover el cambio interno en su organización, la Asociación de La Paz de Productores de Coca (Adepcoca), y luego fomentó la organización disidente de otros grupos de campesinos, en una estrategia que los afectados califican como “paralelismo sindical”. Una última acción gubernamental fue la creación de un nuevo mercado de coca en la ciudad de La Paz, paralelo al mercado oficial que por ley debe administrar Adepcoca, y en el que están vedados los campesinos oficialistas.

La posibilidad de perder el control de la distribución de la hoja, que constituye su principal medio de vida, llevó a Adepcoca a organizar los bloqueos de caminos que hoy el Gobierno procura despejar sin éxito. La Asamblea de Derechos Humanos, considerada opositora, denunció un uso excesivo de la fuerza en contra de los grupos que ahora se movilizan con los mismos métodos que en su tiempo usara Evo Morales para defender la coca del Chapare de las políticas de erradicación de los gobiernos “neoliberales” de los años noventa.

La división de los cocaleros de los Yungas en dos facciones, una leal al sindicato tradicional y otra, oficialista, derivó en las últimas semanas en un enfrentamiento interno gravísimo. Dos personas fueron asesinadas; varias, detenidas y los dirigentes de Adepcoca se han declarado perseguidos y en la “clandestinidad”. Las autoridades dicen que los buscan por su vinculación con el asesinato de un dirigente progubernamental. Al mismo tiempo, fueron detenidos tres cocaleros contrarios a Adepcoca, que son acusados de matar a un joven miembro del grupo de choque de esta organización.

Otra fuente del conflicto es la política de destrucción de plantaciones de coca que ejecutan fuerzas policiales y militares en La Asunta, una zona de los Yungas que no está autorizada para producir coca. Los cocaleros denuncian que esta tarea no tiene justificación técnica y únicamente busca debilitar el liderazgo de Adepcoca. La intermitente resistencia de los campesinos a la erradicación en La Asunta causó la muerte de un policía en agosto de 2018. Inmediatamente después fue detenido el líder histórico de Adepcoca, Franklin Gutiérrez, quien se halla en prisión desde entonces, acusado de ser el “autor intelectual” del asesinato del policía. La situación legal de Gutiérrez es otro de los factores que explican la conflictividad actual.

 

Por Fernando Molina

La Paz 4 JUL 2019 - 17:03 COT

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Un informe oficial alerta de la “bomba de relojería” en los centros de detención de inmigrantes de EE UU

La inspección del Gobierno en comisarías fronterizas de Texas denuncia condiciones insalubres, hacinamiento, detención prolongada y peligros para la seguridad

 

 

Ya no es una historia que cuentan unas abogadas. Ya no es una denuncia política de congresistas demócratas. La alerta por las condiciones extremas en las que los inmigrantes permanecen detenidos en las comisarías de la frontera de Estados Unidos lleva ahora la firma del propio Gobierno de Estados Unidos. Un informe oficial de la Inspección General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicado este martes alerta de que la situación es “peligrosa” por el hacinamiento de los inmigrantes y el largo periodo que permanecen detenidos en estos lugares.

“El propósito de este informe es comunicarle cuestiones urgentes que requieren acciones inmediatas”, escribe el inspector general en su presentación al DHS, de quien dependen el Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) y la Patrulla Fronteriza, el cuerpo policial que vigila la frontera El informe se centra en los sitios de detención de inmigrantes de la zona de Rio Grande, en el sur y este de Texas. “Hemos observado un hacinamiento grave y detención prolongada de menores inmigrantes no acompañados, familias y adultos solos”.

El informe pone cifras concretas a una situación que vienen denunciando activistas, abogados y políticos desde hace meses. En el momento de la inspección, que se produjo en la semana del 10 de junio, la Patrulla Fronteriza mantenía detenidas a 8.000 personas. De ellas, 3.400 llevaban detenidas más de las 72 horas admitidas legalmente como el límite general para que los inmigrantes sean procesados. Hasta 1.500 detenidos llevaban bajo custodia más de 10 días. Uno de los mandos entrevistados calificó la situación de “bomba de relojería”.

Estos lugares detención son básicamente comisarías, sin condiciones para mantener detenidos durante largos periodos de tiempo. El informe viene acompañado de una serie de fotografías del interior de estos centros que no se ven habitualmente. En las fotos se ven celdas abarrotadas de personas durmiendo en el suelo con mantas mylar. La visita del inspector oficial se produjo en los mismos días que la del grupo de abogados que denunciaron condiciones horribles de los niños en estos centros.

Ante el aumento de llegadas de familias centroamericanas que quieren pedir asilo, el Gobierno asegura que no está preparado y que el sistema está al borde del colapso por falta de recursos. Expertos en inmigración afirman que el Gobierno está bloqueando la gestión a propósito para incrementar la sensación de crisis y caos en la frontera. En otro informe el pasado mayo, la Inspección denunciaba también el hacinamiento en la zona de El Paso.

En el momento de la visita había 2.669 menores de edad detenidos en estos centros provisionales de la frontera. De ellos, 826, el 31%, llevaban detenidos más de 72 horas, denuncia el informe oficial. Se trata de una violación flagrante de los límites legales para mantener detenidos a menores de edad, que están fijados en un precedente judicial de hace dos décadas llamado acuerdo Flores.

Por ejemplo, el informe cita un centro en McAllen, Texas, donde había 1.031 niños no acompañados. 806 de ellos ya habían sido procesados, pero de esos, 165 llevaban más de una semana detenidos. Es decir, ya habían pasado todo el papeleo , pero DHS no los había transferido aún al sistema de servicios sociales. El informe afirma que había 50 niños no acompañados menores de 7 años que llevaban más de dos semanas detenidos esperando a ser transferidos.

En el informe, los propios inspectores del Gobierno corroboran la descripción general que han hecho abogados y activistas sobre las condiciones en las que están detenidos los menores. “En tres de los cinco centros de la Patrulla Fronteriza que visitamos, los niños no tenían acceso a duchas”, a pesar de que las normas oficiales “requieren que se haga un ‘esfuerzo razonable’ para proveer una ducha a menores que se acercan a las 48 horas de detención”. En los centros “no hay ropa para cambiarse y no hay lavanderías”.

“A pesar de que todos los centros tenían leche en polvo, pañales, toallitas de bebé, zumos y snacks para los niños, vimos que en dos de los centros no les habían dado a los niños una comida caliente hasta la semana de nuestra llegada”. Además, el informe asegura que las condiciones sanitarias obligaban a mantener a algunas familias encerradas en celdas. Un grupo de abogados que visitó estos centros en fechas parecidas denunció que el hacinamiento y la falta de higiene están provocando brotes de gripe y piojos en estos lugares.

En cuanto a los adultos, “observamos un hacinamiento grave y detención prolongada”. En uno de los centros, que no nombra, “algunos adultos estuvieron detenidos en condiciones que solo lees permitían estar de pie durante una semana”. Algunos estuvieron en condiciones de hacinamiento un mes. “El hacinamiento y la detención prolongada suponen un riesgo inmediato para la seguridad de los funcionarios y la de los detenidos”.

La desesperación de los inmigrantes está además creando incidentes de seguridad en estos lugares de detención temporal. Por ejemplo, los inmigrantes atascan los sanitarios con las mantas mylar con calcetines para poder salir de la celda un rato mientras lo arreglan. En un centro, los inmigrantes que habían salido de su celda durante una limpieza se negaron a volver. Los agentes “trajeron al equipo de operaciones especiales para dejar claro que estaba preparado para utilizar la fuerza si era necesario”.

Las normas oficiales requieren que los adultos se puedan duchar pasadas 72 horas. “La mayoría de los adultos no se habían duchado ni una vez a pesar de llevar detenidos un mes”. En algunos sitios, los funcionarios les daban toallitas húmedas para lavarse. “La mayoría de los adultos llevaba la misma ropa con la que llegaron días, semanas e incluso un mes antes”.

"En un centro de la Patrulla Fronteriza tuvimos que acortar nuestra visita porque nuestra presencia estaba alterando una situación ya de por sí difícil", explican los funcionarios a modo de ejemplo. "En concreto, cuando los detenidos nos vieron, empezaron a golpear en las ventanas de las celdas, gritaban y pegaban papeles al cristal en los que decían el tiempo que llevaban detenidos".

Ante el escándalo por el goteo de revelaciones sobre lo que está pasando en la frontera, la semana pasada, el Congreso aprobó un paquete de 4.500 millones de dólares de recursos para la gestión de la frontera. Sin embargo, no está claro si la Casa Blanca utilizará ese dinero para mejorar las condiciones humanitarias de los detenidos y agilizar los traslados, como querían los demócratas, o para reforzar a los cuerpos de seguridad y las infraestructuras de detención.

 

Por Pablo Ximénez de Sandoval

 Los Ángeles 3 JUL 2019 - 02:31 COT

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Marcelo Ebrard, ministro de Relaciones Exteriores de México, durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional en la Ciudad de México, junto a Andrés Manuel López Obrador / Foto: AFP, Alfredo Estrella

 

México desplegó esta semana unos 15 mil miembros de la Guardia Nacional en su frontera norte, que se suman a los cerca de 6 mil ya apostados en el sur. El objetivo: contentar a Donald Trump y su electorado antinmigrante. Al ritmo de las amenazas y las extorsiones de Washington, la legalidad humanista cede terreno a la noción de seguridad nacional. Nuevo estilo de negociación para la vieja empresa de control colonial.

 

El pasado 30 de mayo, cuando el presidente Donald Trump amenazó en un tuit a México con imponerles aranceles punitivos a todas sus exportaciones en un plazo de 11 días si no frenaba el éxodo de refugiados hacia Estados Unidos, las relaciones bilaterales entraron en la más grave crisis político‑diplomática desde los años ochenta.

En la coyuntura, el autócrata de la Casa Blanca necesitaba otra guerra. Inmerso en un conflicto global de tarifas y financiero con China, amenazó a India, a Turquía y a las 28 naciones de la Unión Europea; fintó con Corea del Norte, después con una invasión y un golpe de Estado en Venezuela, y luego el objetivo fue y sigue siendo Irán, al que amenazó con la aniquilación total. Como encontró resistencias, adelantó su campaña por la reelección y, abusando de la asimetría de poder, eligió a México como blanco de una guerrita económica espléndida a golpes de tuits, dislates verbales y amenazas mediáticas. Fabricó una crisis y obligó a su contraparte a sentarse a la mesa con una pistola en la cabeza. Es decir, utilizó una lógica de “negociación” mediante chantaje. Una guerra sin misiles, con aranceles punitivos virtuales, que, de concretarse, podrían destruir industrias y 900 mil puestos de trabajo del lado mexicano.

En rigor, la guerra de migrantes por aranceles fue política: el mitómano de la oficina oval necesitaba consolidar su imagen de supremacista blanco y xenófobo para exacerbar las actitudes chovinistas de su base electoral. Como en su campaña de 2015‑2016, México y los centroamericanos que huyen del horror y quieren ingresar a Estados Unidos vuelven a ser parte de la estrategia de la presidencia imperial y la extrema derecha en el poder; son consustanciales a la narrativa nativista fundacional de campaña del populista Trump, de cara a los comicios del 3 de noviembre de 2020.

MÉXICO, UN EXTRAÑO ENEMIGO.

Las razones esgrimidas para lanzar esa ofensiva coercitiva no fueron comerciales. Trump insistió en que el éxodo méxico‑centroamericano  a Estados Unidos constituye un problema de seguridad nacional. Justificó su guerra de aranceles contra México con base en la ley de poderes económicos de emergencia internacional (Ieepa, por sus siglas en inglés), que desde 1977 permite a los inquilinos de la Casa Blanca intervenir de manera extraordinaria en asuntos económicos en caso de una “amenaza internacional inusual y extraordinaria”. Es una ley que se aplica contra países considerados “enemigos”. Jimmy Carter la utilizó contra Irán cuando la crisis de los rehenes de la embajada de Estados Unidos en Teherán, en 1979. Se ha empleado contra Corea del Norte, Siria y Sudán, y varias órdenes ejecutivas de Trump para sancionar y desestabilizar a Venezuela han sido justificadas con base en la Ieepa.

Así, México pasó de aliado y socio comercial subordinado de Estados Unidos a país enemigo, que pone en riesgo la seguridad nacional de la superpotencia. Un exabrupto. Además, para imponer su agenda a los enviados del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington, Trump usó trampas de crupier de casino, donde la casa siempre gana. Lo que fue combinado con una estrategia de máxima presión: el viernes 7 de junio, durante una reunión de 12 horas en el tercer día consecutivo de “negociaciones”, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y su comitiva fueron despojados de laptops, celulares y otros aparatos electrónicos, para evitar grabaciones secretas (que, por lógica, sí hicieron funcionarios del Departamento de Estado).

¿Resultado? México aceptó enviar 6 mil efectivos de la Guardia Nacional (en formación) a ejercer funciones de vigilancia, control y verificación migratoria en la frontera de 240 quilómetros con Guatemala; criminalizar y perseguir a quienes huyen del terror y buscan asilo o refugio, y acelerar la instrumentación del programa Remain in Mexico (Quedate en México) para combatir los flujos migratorios (lo que viola la ley de asilo estadounidense y el principio de la no devolución), con la condición de que si en 45 días estos no decrecen de manera significativa, el “tercer país seguro” regresa a la mesa junto con la imposición de aranceles punitivos.

En el corto plazo, Trump –a la cabeza de un Estado canalla (rogue state), que no se considera obligado a actuar de acuerdo con las normas internacionales– coaccionó a México para que hiciera el trabajo sucio al interior de sus fronteras. Y ahora, el eslabón más débil de la relación tiene una presión migratoria en forma de pinza: en la frontera norte con Estados Unidos, por la devolución de unos 60 mil centroamericanos, que deberán esperar en México mientras se tramita su asilo en tribunales estadounidenses, y, en la frontera sur, por el ingreso de unos 100 mil refugiados guatemaltecos.

Trump pretende un Acuerdo de Tercer País Seguro (Atps) con México, para que resuelva su ineficiente y lento sistema de asilo –que, como ha sido documentado, incluye virtuales campos de concentración para niños, niñas y mujeres–, ante la falta de republicanos y demócratas para reformarlo. Se estima que 80 por ciento de los casos de asilo son negados después de un año o más de espera. Estados Unidos está negociando un Atps con Guatemala, para crear de jure un cerco jurídico internacional que lo aísle del éxodo de refugiados centroamericanos. México es la otra pieza clave.

Pero no deja de ser contradictorio que Estados Unidos nombre a México como tercer “país seguro” (véase Brecha, 14‑VI‑19), cuando el propio Trump considera la frontera sur del imperio como una de las más peligrosas del mundo. Al respecto, cabe consignar que la migración no es la única carta que tiene Trump. En abril pasado difundió una serie de tuits en los que decía que estaba buscando una sanción económica para “los 500.000 millones de dólares en drogas ilegales que son enviadas y contrabandeadas a través de México” por la frontera sur de Estados Unidos. Dio un año para revertir esa situación. A mediados de junio volvió a insistir en que 90 por ciento de la droga que ingresa a Estados Unidos lo hace desde México y que en 2018 hubo 60 mil muertos por sobredosis de opiáceos, de los cuales 15 mil fallecieron por sobredosis de heroína o sus derivados ingresados desde México.

 No queda duda de que la política de estilo macartista de Trump pegó en la línea de flotación del discurso humanista de Andrés Manuel López Obrador. Y aunque, como reveló The New York Times, el acuerdo migratorio del 7 de junio contiene acciones que México ya había aceptado previamente, resulta evidente que el gobierno mexicano expandió y aceleró su ejecución con un despliegue de personal y equipo sin precedentes en la zona sur del país, en particular en la porosa, desordenada y violenta frontera con Guatemala, donde para los lugareños, a ambos lados de una línea divisoria surcada de aldeas, ejidos y caseríos, el Estado es un concepto difuso.

MIGRACIÓN, REFUGIO, DERECHOS HUMANOS Y TERRITORIOS.

La migración es un derecho humano reconocido en el derecho internacional. A su vez, el derecho internacional de refugiados se rige por la Convención de 1953 de la Organización de las Naciones Unidas, que aplica dicho estatus a toda persona que tenga “un temor fundado por su vida”, debido, principalmente, a la persecución de orden político, étnico, racial o religioso. Otras motivaciones para tipificar la condición de refugiado, recogidas en la Declaración de Cartagena de 1984, son la violencia generalizada, la hambruna, el cambio climático y la violencia intrafamiliar, preceptos que fueron incorporados por México en la nueva ley de refugiados de 2011. A su vez, según el artículo 2 de la ley de migración mexicana, “en ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito”.

No obstante, las acciones ordenadas por López Obrador indican una visión de migración basada en una noción de seguridad nacional. Es decir, una política migratoria de corte militar, punitiva y violatoria de derechos humanos. Según Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados y correligionario de Amlo, con su “nativismo histérico” Trump logró “desplazar el muro de la frontera norte (de México) hasta Chiapas y utilizar a la Guardia Nacional como border patrol. Y agregó: (Trump) quisiera exhibir a nuestro país como una jaula frente al electorado estadounidense”.

En ese contexto, López Obrador considera que el fenómeno migratorio responde a carencias materiales y a la inseguridad en regiones marginadas de México y Centroamérica. Cierto. Pero nunca dice que la pobreza, la marginación y la violencia extrema –delincuencial y estatal– son generadas por el sistema capitalista, clasista y expoliador. Un capitalismo criminal y militarizado, que en el marco de políticas de “libre comercio” (¡vaya eufemismo de ocasión!) convirtió a México, Guatemala, El Salvador y Honduras en países extractivistas y maquiladores, que de manera masiva expulsan seres humanos de sus territorios.

Los territorios son el centro estratégico de la competencia mundial (doctrina Monroe 2.0) y las relaciones de poder. La historia de la colonización es a la vez la del reparto de territorios. No obstante, el colonialismo actual ocurre también mediante un adoctrinamiento integral neosocialdarwinista y el sometimiento violento de quienes oponen resistencia; abarca tanto los territorios como los sentidos o las percepciones y las construcciones semióticas y culturales. México y Centroamérica son parte de los territorios de las guerras interimperialistas, de las guerras por territorios, bienes naturales, mercados y mano de obra barata. Y para la guerra se necesita soldados, marinos y guardias nacionales militarizadas, y, más importante aun, ganar “las mentes y los corazones” mediante la guerra psicológica.

ÉMULO DE AL CAPONE EN LA CASA BLANCA.

Según el Financial Times, críticos estadounidenses de Donald Trump lo comparan a menudo con un gángster. El propio ex jefe del Fbi James Comey, despedido por Trump, dijo que su trato con él le recordó su empleo anterior “como fiscal antimafia”. Y en verdad los gestos y el estilo gansteril de Trump recuerdan a los personajes de El padrino y Los Soprano. En particular, su tendencia a tratar las alianzas como una forma de estafa de protección: pagás o dejo de proteger el vecindario. Pero también su forma de conducir la política exterior, con énfasis en las relaciones personales y una disposición a cambiar de manera repentina de las palabras cálidas a las amenazas, y viceversa.

¿Un ejemplo? Ante las amenazas del don de la Casa Blanca, el 17 de junio México ya había sellado su frontera con Guatemala con la Guardia Nacional. Tres días después, durante una entrevista con Telemundo, Trump dijo que López Obrador “le gusta” y quisiera reunirse con él. Interrogado sobre si consideraba a México un país aliado o enemigo, riéndose, respondió: “Esta semana lo considero amigo”. Negó que México haga el “trabajo sucio” y añadió que “han estado haciendo un trabajo excelente”. “Firmamos un acuerdo hace una semana y media, colocaron 6 mil efectivos en la frontera sur… Hasta ahora están haciendo un buen trabajo. Si no hubiera sido así, hubiéramos impuesto sanciones.”

Dicho eso, y apenas a dos semanas de haber alcanzado un acuerdo migratorio preliminar con México, filtraciones anónimas del Departamento de Seguridad Nacional reproducidas en medios estadounidenses dieron cuenta de la próxima puesta en marcha de un operativo (“megarredadas” lo llamaron) para deportar a familias completas de migrantes que residen en las principales ciudades del país. Para complacer a sus bases retrógradas, Trump amenazó con una nueva cacería antinmigrante. Mientras tanto, a López Obrador le está corriendo su tiempo de gracia. Y si algo exhibe la coyuntura, son los nexos del padrino Donald Trump con los magnates (robber barons), los banqueros de Wall Street y el Estado profundo, dominado por los servicios de inteligencia y el Pentágono. Por lo que, por donde se las mire, en el largo camino hacia las elecciones de noviembre de 2020 en Estados Unidos, las relaciones entre Trump y López Obrador estarán llenas de sobresaltos y no terminarán bien.

Por Carlos Fazio

27 junio, 2019

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Honduras: 10 años de golpes y neoliberalismo

Las movilizaciones populares se suceden en Honduras. En estos días son 60 mil médicos y maestros en pie de guerra contra un sistema político que busca, por imposición del Fondo Monetario Internacional, la privatización de la salud y la educación. Las movilizaciones cuentan con tal grado de apoyo popular que hasta la Policía Nacional se ha sumado al paro, forzando al gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) a desplegar a las fuerzas armadas en tareas de represión de las protestas populares.

Pero esta historia comienza hace 10 años, un 28 de junio de 2018, cuando 200 militares encapuchados entran con nocturnidad y alevosía en la residencia presidencial de Tegucigalpa y sacan en pijama al presidente Mel Zelaya para, tras un breve paso por una base militar, deportarlo a Costa Rica, a pesar de que el artículo 102 de la Constitución prohíbe expresamente que ningún hondureño puede ser expatriado ni entregado a un Estado extranjero.

El argumento para el golpe de Estado era la intención de Mel Zelaya de colocar una urna en la siguiente elección, promoviendo un refrendo que diese paso a reformas constitucionales. Pero eso era la forma. El fondo era que Zelaya, un terrateniente que había ganado las elecciones con el apoyo del Partido Liberal, había dado un giro a la izquierda tras conocer las penurias del pueblo hondureño, sumido en la pobreza y violencia, e incluso, con la autorización del Parlamento, había incorporado a Honduras primero a Petrocaribe, y luego al ALBA.

Ese fue el primer golpe exitoso contra los gobiernos del ciclo progresista, y lo fue contra su eslabón más débil, inaugurando un periodo de restauración conservadora a lo largo y ancho de América Latina, al que le sucedieron los golpes parlamentarios en Paraguay contra Fernando Lugo, o en Brasil contra Dilma Rousseff, al mismo tiempo que se desataba el lawfare, la guerra judicial contra líderes progresistas como Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner o Rafael Correa.

Pero Honduras vivió dos golpes más, en este caso electorales.

En 2013, y ya con Mel Zelaya de regreso en el país, pero imposibilitado para presentarse, Xiomara Castro fue candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre). La inexperiencia de Libre y su desigual distribución territorial llevó a que las elecciones fueran manipuladas en beneficio de Juan Orlando Hernández. Un solo dato: a la misma hora en que se producía el recuento, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral estaban reunidos con la embajadora de Estados Unidos en Honduras.

Pero fue en 2017 cuando el tercer golpe, segundo electoral, este ya no como tragedia, sino como farsa, consuma lo iniciado en 2009. En unas elecciones en las que Libre y el PAC de Salvador Nasralla enfrentaban la reelección de JOH, el comunicado de la nada sospechosa Secretaría General de la OEA sobre el resultado de las elecciones, arroja más claridad que cualquier análisis político que podamos escribir: Intrusiones humanas deliberadas en el sistema informático, eliminación intencional de rastros digitales, imposibilidad de conocer el número de oportunidades en que el sistema fue vulnerado, valijas de votos abiertas o sin actas, improbabilidad estadística extrema respecto a los niveles de participación dentro del mismo departamento, papeletas de voto en estado de reciente impresión e irregularidades adicionales, sumadas a la estrecha diferencia de votos entre los dos candidatos más votados, hacen imposible determinar con la necesaria certeza al ganador.

Tres golpes de Estado en 10 años, uno militar y dos electorales, es el balance de uno de los países más pobres y desiguales de América Latina, y todo con un objetivo muy claro, la imposición del modelo neoliberal mediante la violencia en un país clave, siempre fue su retaguardia estratégica, para las operaciones de Estados Unidos en Centroamérica. La impunidad con la que se asesinó a la defensora ambiental Berta Cáceres en un país que tiene al hermano del presidente JOH acusado de gestionar las rutas y tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, es problemente la mejor, y a la vez más terrible metáfora de como se ha instrumentalizado la doctrina del shock para disciplinar a la población civil.

Una doctrina del shock cuya consecuencia más dramática son las caravanas de miles de personas que son desalojadas de sus vidas fruto del despojo social neoliberal y dejan atrás familia y pertenencias para tratar de alcanzar el american way of life, aun a costa de arriesgarse a ser extorsionados, secuestrados o asesinados en el camino.

Es por ello que los hermanos migrantes centroamericanos en general, y los hondureños en particular, deben ser tratados como refugiados políticos de una dictadura, la del modelo neoliberal, y cuando los medios de comunicación masivos nos quieran hablar de derechos humanos o del drama migratorio en otras partes más lejanas, exijamos que vayan a Honduras y nos cuenten no solo lo que les sirve de reality show para ganar más audiencia, sino las causas reales de esta migración masiva.

Y para empezar a solucionar este drama, hagamos nuestro el comunicado de Libre del 20 de junio, firmado por Mel Zelaya el mismo día que las fuerzas armadas asesinaban al taxista Erick Peralta en El Pedregal, y por el que se declaran en lucha permanente contra la dictadura dirigida por Estados Unidos desde 2009, dejando muy claro: JOH debe irse ya.

Politólogo especialista en América Latina

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Brasil: alto acatamiento al primer paro contra Bolsonaro

La primera huelga general contra el presidente brasileño Jair Bolsonaro, envuelto en una crisis política seria, fue acatada en todos los estados del país, con alta adhesión en sectores como educación y bancos, actos muy concurridos en San Pablo y Río de Janeiro, y represión policial. El disparador de la medida masiva fue el proyecto oficial de reformar el sistema previsional del país. San Pablo, la capital económica, cerró la jornada con una concentración en la Avenida Paulista donde Vagner Freitas, presidente de la Central Unica de los Trabajadores (CUT), aseguró que la jornada de lucha  fue un “éxito y demostró que la sociedad no apoya la reforma previsional”. Junto a Freitas se econtraban dirigentes de otras organizaciones gremiales y de la Unión Nacional de Estudiantes (UNE).

“Los trabajadores y trabajadoras dijeron no a la nefasta reforma previsional, nuestro pueblo tiene conciencia”, tuiteó la ex presidenta Dilma Rousseff.

Paralelamente, en las primeras horas de la noche miles de personas comenzaron a marchar de la iglesia de la Candelaria hacia la Avenida Getulio Vargas en el centro de Rio de Janeiro. Por la mañana la Policía Militarizada detuvo a diez estudiantes y trabajadores de la Universidad de San Pablo, en la zona oeste de la ciudad, al mismo tiempo que reprimía con gases  y balas de goma a los manifestantes reunidos en Santo André, en el cordón industrial.

Redactada por el ministro de Economía Paulo Guedes, la reforma enviada al Congreso replica a la impulsada por la dictadura de Augusto Pinochet en Chile hace cuarenta años.

En San Pablo  y su área metropolitana, con unos 18 millones de habitantes, el paro tuvo un alto acatamiento por parte de maestros, bancarios, metalúrgicos y contó con la adhesión parcial de conductores del subterráneo, pero no fue respaldado por los choferes de colectivos y trenes urbanos.

Los colectiveros prometieron parar “pero cambiaron de posición a última hora, lamentablemente, pero esta huelga igual fue muy grande, esto recién empieza, ahora vamos por más luchas y por Lula Libre”, prometió Julio Turra, director de la CUT.

Las movilizaciones, barricadas y piquetes en carreteras  de este viernes heredaron el envión de la multitudinaria marcha en defensa de la educación pública y contra los cortes del presupuesto educativo, especialmente en las universidades, que fueron encabezadas por estudiantes el 15 de mayo, considerada la primer revuelta contra el gobierno del ex capitán del ejército.

“Lideramos las grandes movilizaciones de mayo por la educación pero los jóvenes también queremos jubilarnos, por esto estamos aquí”, tronó Marina Dias, presidenta de la UNE en la Avenida Paulista.

“Queremos decirle a Bolsonaro que no es un rey, que le vamos a demostrar que lo que se impone es la soberanía popular que se está escuchando ahora (...)  que Bolsonaro no duera hoy”, lanzó la jefa de la UNE.

La medida de ayer contó con el  respaldo unitario, y poco frecuente, de todas las organizaciones gremiales , lideradas por las CUT, ligada al PT, hasta Fuerza Sindical, que suele aliarse a partidos conservadores.

“La huelga es fuerte, felizmente los petroleros están adhiriendo  desde el miércoles a la noche en las refinerías”, afirmó David Bacelar de la Federación Única de Petroleros (FUP) en el estado  Bahia, en la región noreste.

Se realizaron paros parciales en refinerías y plantas de Petrobras de 12 estados, indicó un boletín aparecido en el sitio de la FUP donde se repudió la política  de privatización el Sistema Petobras, del cual es responsable el titular de la compañía “Roberto Castello Branco comandado por Jair Bolsonaro”. 

“La clase trabajadora está despertando después de ser engañada el año pasado cuando muchos votaron a Bolsonaro, hoy está revelándose contra el gobierno, la gente está idignada con este escándalo que dio The Intercept”, apuntó el petrolero Bacelar.

El dirgente de la FUP se refería a las revelaciones del sitio The Intercept sobre la complicidad del ex juez Sergio Moro, actual ministro de Justicia, con los fiscales de la causa Lava Jato a fin de condenar sin pruebas a Luiz Inácio Lula da Silva, preso en Curitiba desde abril del año pasado. Carteles con la consigna “Lula Libre” fueron paseados hoy en San Pablo y Río.

El caso Moro desató una nueva crisis en el gobierno de Bolsonaro, cuya popularidad bajó 20 puntos en los primeros cinco meses de gestión. A ese escándalo se sumó, en la noche del jueves, la caida del ministro de Gobierno, general Carlos Alberto dos Santos Cruz. Fue el primer miembro del ala militar que dejó un gobierno atravesado por conflictos internos, surgidos prematuramente, que reflejan la incompetencia de un mandatario cada vez más corrido hacia la ultraderecha. Mientras, la economía está al borde de la recesión y los desocupados suman 13,2 millones, más otros quince millones de precarizados o personas que ya ni buscan trabajo.

Bolsonaro habló con un grupo de periodistas ayer en el palacio del Planalto donde reconoció que la salida del general Santo Cruz fue una medida ingrata y aceptó que la reforma de la Previsión ha enfrentado obstáculos en el Congreso. 

Hubo una fuerte adhesión a la huelga en la capital, Brasilia, que en algunos puntos del centro estaba prácticamente desierta. No circularon los colectivos y solo en parte lo hizo el metro. Además se vio una paralización prácticamente total de los trabajadores de la educación, bancarios y de empleados públicos del Distrito Federal.

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 La policía lanzó gas lacrimógeno a manifestantes, que respondieron con piedras y botellas, cerca del Parlamento de Hong Kong.Foto Ap

Policías desalojan a manifestantes que bloqueaban el ingreso al Congreso; se paraliza el distrito financiero

 

Hong Kong. La policía antidisturbios de Hong Kong usó ayer balas de goma, bastones y gas lacrimógeno en su intento por sofocar una manifestación de decenas de miles de personas vestidas de negro, en su mayoría jóvenes, que protestan contra un proyecto de ley que permitirá las extradiciones a China continental.

 

Se trata de uno de los mayores disturbios en la historia reciente de este territorio que fue colonia británica hasta 1997. Los enfrentamientos se saldaron con al menos 72 heridos.

 

Los incidentes ocurrieron cerca del Consejo Legislativo (LegCo, Parlamento), donde se examinará el texto en segunda lectura. Según analistas, las protestas contra la nueva ley son el mayor estallido de violencia desde 1997, cuando Hong Kong, entonces colonia británica, fue devuelto a China.

 

El Parlamento, dominado por los diputados favorables a Pekín, anunció el aplazamiento del debate a "una fecha ulterior", después de que manifestantes bloquearon los accesos hacia la sede del LegCo.

 

Según el diario británico The Guardian, la manifestación de ayer paralizó el distrito de negocios de Hong Kong; y después de que la policía irrumpió en la movilización, un grupo de manifestantes intentó, sin éxito, entrar por la fuerza a varias oficinas gubernamentales. La multitud respondió arrojando botellas y piedras a los uniformados. Según fuentes hospitalarias, 72 personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad.

 

El jefe de la policía, Stephen Lo, defendió la actuación de los agentes y aseguró que ésta fue "moderada" ante los "gánsters" que intentaban tomar el LegCo.

 

Hong Kong ya vivió el domingo la mayor manifestación desde 1997 en la que según los organizadores participaron un millón de personas.

 

El universitario Louis Wong declaró que considera un éxito el bloqueo a las oficinas gubernamentales y al Consejo Legislativo porque aparentemente evitó que los legisladores leales a Pekín dieran impulso a enmiendas a un par de leyes que facilitarían el envío a China de personas sospechosas de cometer delitos.

 

"Este es un espacio público y la policía no tiene derecho a impedirnos permanecer aquí", denunció Wong, mientras observaba una intersección repleta de basura en el vecindario Admirality que fue bloqueado por fuerzas de seguridad después de que los manifestantes saltaron un cordón policiaco e ingresaron al complejo de oficinas del gobierno.

 

"Permaneceremos aquí hasta que el gobierno deseche esta ley y el presidente Xi Jinping cese en sus intentos de convertir a Hong Kong en una ciudad china más", advirtió.

 

La nueva ley autorizaría las extradiciones a los territorios con los que no existe un acuerdo bilateral, incluida China continental. Se esperaba el voto definitivo para el 20 de junio, pero las autoridades no anunciaron todavía cuándo se reanudará el debate parlamentario.

 

Las autoridades afirman que el texto llena un vacío jurídico e impedirá que Hong Kong se convierta en refugio para criminales. Según el gobierno, ya existen sistemas para evitar que la ley sirva para que China persiga a opositores políticos.

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Junqueras, líder del ERC preso por sedición, durante una comparencia en el Congreso español. Imagen: EFE

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU considera contraria a los DD.HH. la prisión preventiva de los dirigentes catalanes.

 

Un grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha pedido este miércoles la liberación inmediata de los líderes independentistas catalanes en prisión, en un informe que ha sido cuestionado por el gobierno español. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del organismo internacional considera contraria a los derechos humanos la prisión preventiva dictada contra los dirigentes catalanes Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Los tres elevaron su situación a principios del año pasado a ese órgano, que en sus conclusiones insta a España a poner en marcha una “investigación exhaustiva e independiente” de las circunstancias en torno a la “privación arbitraria de la libertad” de los imputados.
El abogado británico que representa a los políticos catalanes, Ben Emmerson, afirmó en una rueda de prensa en Londres que el Gobierno español no debe ignorar la comunicación del grupo de trabajo. Si lo hace, “estará cometiendo de manera continuada y flagrante una violación de la ley internacional”, sostuvo el letrado, que ha defendido en otros casos al fundador del portal de filtraciones WikiLeaks, Julian Assange.


El Ejecutivo español, por su parte, ha trasladado a la ONU su “malestar” por el informe y ha pedido una auditoría sobre el funcionamiento del grupo de trabajo que lo ha publicado, según indicó el embajador de España en la capital británica, Carlos Bastarreche. El diplomático consideró, en un encuentro con medios de diversos países europeos en su residencia en Londres, que la comunicación del grupo de trabajo supone “una clara interferencia” al proceso judicial que se sigue contra los líderes por la organización de un referéndum independentista en 2017 declarado ilegal. Expresó asimismo su “preocupación” por “el uso de un grupo de la ONU” en lo que considera “una campaña de desinformación”.


Fuentes del Ejecutivo español han puesto en duda por su parte la imparcialidad del documento, al considerar que sus redactores no conocen los delitos de los que están acusados los dirigentes independentistas, entre otros los de desobediencia, malversación y rebelión, que les pueden acarrear entre 17 y 25 años de cárcel. Esas fuentes sostienen que el grupo de trabajo cree que en España es legal la convocatoria de un referéndum de independencia y critican que los autores no tienen en cuenta “el principio de separación de poderes ni la independencia judicial”.


El documento divulgado ayer solicita al Gobierno que le proporcione información sobre las medidas de seguimiento que espera que ponga en marcha respecto a las “recomendaciones” que ha formulado. El grupo pide al Ejecutivo que le proporcione esos datos en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de este dictamen, aunque afirma que se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso.
Para Emmerson, el informe es la “última palabra” de un grupo amparado por la autoridad de la ONU a fin de interpretar las obligaciones que marca la legislación internacional. “Si los jueces en Madrid les condenan a penas de cárcel, aunque sean de una semana, España estará en curso hacia una colisión con las Naciones Unidas”, consideró el abogado.
El documento hecho público ayer “está acreditando una vulneración flagrante de derechos de los dirigentes catalanes”, expresó por su parte la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie.


El texto del grupo de trabajo se ha difundido después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazara una demanda del ex presidente catalán Puigdemont contra la decisión del Tribunal Constitucional, de anular el pleno del Parlament del 9 de octubre de 2017, en el que se declararía la independencia de Cataluña.

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Sábado, 18 Mayo 2019 07:00

La batalla por las calles

La batalla por las calles

Cuba y el control de la protesta pública.

Luego de que el gobierno decretara la cancelación de las tradicionales “congas” de la diversidad sexual, unas doscientas personas marcharon en La Habana por los derechos de la comunidad Lgtbiq, un acontecimiento que terminó con varios detenidos y levantó críticas contra la actuación policial. El episodio echa luz sobre los límites de la “apertura” cubana y la compleja posición de las disidencias.
La primera convocatoria había sido anunciada para la mañana en la ciudad de Santiago de Cuba, la segunda más importante del país, casi mil quilómetros al sureste de La Habana. Pero hacia las nueve ya era evidente su fracaso: sólo una veintena de personas había acudido a la Plaza de Marte para participar en la inédita marcha del orgullo gay. Ese sábado 11 en la tarde, en declaraciones a un medio digital alternativo, Ezequiel Fuentes Morales, uno de los congregados, aseguró que “aunque la comunidad (Lgtbiq) está disgustada, teme a la represión y prefiere callar”.


Por primera vez la celebración no era organizada bajo el auspicio del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), institución adscripta al Ministerio de Salud Pública y dirigida por la socióloga y diputada Mariela Castro, hija del todavía primer secretario del Comité Central del Partido Comunista, Raúl Castro.


Días atrás, el Cenesex había anunciado que este año no saldrían a la calle sus tradicionales “congas por la diversidad”. Como argumento justificatorio, se expuso “la agudización de la agresividad contra Cuba y Venezuela (que) ha envalentonado a grupos (que) intentan tergiversar la realidad de Cuba, y (…) pretenden utilizar nuestra conga para desacreditar, dividir y sustituir el verdadero sentido de esta actividad”.
Durante la última década, las “congas por la diversidad” –una suerte de marcha de la diversidad en versión tropical– han constituido el momento cumbre de las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia, que cada mes de mayo tienen sus “sedes centrales” en La Habana y en alguna capital de provincia escogida a tal efecto. Este año la elección recayó en la centroriental ciudad de Camagüey, la tercera de la isla en cuanto a población e importancia, pero una de las más conservadoras debido a la influencia de iglesias, como la católica.


Mientras se discutían allí los planes para los festejos (no fue hasta mediados de la semana anterior que las autoridades aprobaron una versión limitada de la programación original), en La Habana se desataba una tormenta de mensajes, convocatorias y contraconvocatorias a través de Facebook y otras redes digitales. La esencia de los debates podía resumirse en dos posiciones: aceptar la suspensión de la conga e incorporarse al resto de la cartelera preparada por el Cenesex, o acudir el sábado en la tarde al céntrico Paseo del Prado capitalino, para marchar sin autorización oficial. A pesar del fracaso matutino en la “cuna de la Revolución”, a las cuatro y media de la tarde unos doscientos habaneros optaron por esa última opción.


LA CALLE, DE LOS REVOLUCIONARIOS.


La de las calles fue una de las primeras batallas libradas por Fidel Castro y sus seguidores luego del 1 de enero de 1959. Pocas victorias han tenido una importancia mayor. Un estudio publicado en 2015 por la investigadora Claudia González Marrero, doctoranda en el Centro de Estudios para la Cultura de la Universidad Justus Liebig, de Berlín, lo resalta desde su propio título: “La calle es de los revolucionarios: Políticas normativas e imaginario social cubano”.


El monopolio de la movilización popular y de la representación de sus intereses constituye una fuente esencial de legitimidad para la dirigencia isleña. “Expresiones de disconformidad o cuestionamiento público han sido conductas, si bien no negadas, reorientadas y absorbidas por el propio proceso normativo. Las críticas han sido aceptadas siempre que sean emitidas desde los espacios instituidos y organizados para ello”, apunta la estudiosa al describir una dinámica de poder que ha evolucionado a la par del país.


Los hechos confirman su efectividad. No fue hasta el 5 de agosto de 1994 que en La Habana se produjeron los únicos disturbios de alguna consideración, que registra la historia reciente de Cuba. Significativamente, las contramarchas que aquella tarde pusieron fin a los desórdenes avanzaron bajo la consigna de“¡Esta calle es de Fidel!”, remarcando un derecho de posesión que el gobierno-partido está obligado a conservar.


Tal privilegio es refrendado por la nueva Constitución, que de manera implícita subordina libertades individuales, como las de reunión, manifestación y asociación, a la “necesidad de proteger nuestra soberanía e independencia”, según explicación brindada en el Parlamento por el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta. Aun así, teniendo en cuenta las numerosas normas que habrán de complementar la carta magna aprobada el 24 de febrero, no faltó quien especulara respecto a la posibilidad de que fuera establecida una suerte de protocolo para la convocatoria ciudadana de marchas y otras iniciativas de esa índole. Como anticipándolo, a comienzos de abril fue autorizada una manifestación en contra del maltrato animal, que reunió en La Habana a casi medio millar de personas. Poco después, la solicitud para un evento similar era recibida por el gobierno de la central ciudad de Santa Clara, y en otras, como Camagüey y Pinar del Río, grupos interesados en el tema se preparaban para presentar las suyas.


En definitiva, la tendencia fue cortada de raíz a finales del mes pasado, con la destitución del funcionario que había dado luz verde a la solicitud capitalina y la denegación de la presentada ante las autoridades santaclareñas. La facultad “movilizadora” seguirá siendo derecho exclusivo del gobierno, el partido y las organizaciones de masas que se le subordinan.


¿POR QUÉ LOS ANIMALES Y LA COMUNIDAD LGTBIQ?


La marcha por la diversidad sexual, que finalmente tuvo lugar el 11 de mayo en La Habana, fue cubierta por una miríada de corresponsales extranjeros, que pudieron enviar a sus redacciones una jugosa cosecha informativa. Como era de esperar, el momento cumbre de la tarde se produjo cuando la marcha arribó al final de la zona peatonal del Prado y pretendió cortar el tránsito de la concurrida calle San Lázaro para continuar rumbo a Malecón.


¿A dónde se dirigía? Nadie parece saberlo. “Todos los amigos de mi grupo que nos reunimos ese día nos pusimos de acuerdo en Facebook. Por lo que se decía, siempre pareció que la caminata tendría lugar en el Parque Central y el Prado”, contó a Brecha una joven comunicadora social para quien la culminación “natural” de la cita era la “besada” pública, que en la ocasión protagonizaron decenas de parejas. De ahí en más, “creo que todo el mundo tenía sus propios planes. Una amiga mía, por ejemplo, iba preparada para seguir luego hacia el José Antonio (el círculo social José Antonio Echevarría, donde el Cenesex desarrollaba a esa misma hora una fiesta)”.


Muchos, en efecto, lo hicieron. Si bien al día siguiente las portadas de numerosos diarios extranjeros resaltaron la “fuerte represión ordenada por el régimen”, lo cierto es que sólo cuatro personas terminaron esa tarde en el asiento trasero de un coche de patrulla. Cotejando las imágenes y los testimonios de algunos de los presentes, es posible definir casi con exactitud el momento de la confrontación. Sobre su principal animador no quedan dudas: fue el biólogo Ariel Ruiz Urquiola, quien hace un año se vio envuelto en un enmarañado proceso judicial contra funcionarios del Cuerpo de Guardabosques y vecinos suyos en una finca que usufructúa en el paradisíaco Valle de Viñales. Con independencia de la publicación que se revise, es su detención la que acapara los lentes, por el dramatismo de verlo forcejear entre varios agentes vestidos de civil. Los fotorreporteros tuvieron poco más con que trabajar, pese al fuerte dispositivo policial montado en torno del Prado.


“Todo indica que la apuesta de algunas conocidas figuras de la llamada disidencia, que nunca se preocuparon ni ocuparon con propuestas ni mensajes constructivos por nuestros derechos como personas Lgtbi, era por enrarecer aun más el ambiente”, opinó Francisco Rodríguez Cruz en su blog, Paquito el de Cuba, un conocido reportero de la prensa estatal que se autodefine como “martiano, comunista y gay”. “Fue la agencia Efe la que reportó que en ese grupo había quienes al parecer tenían la intención de provocar un incidente (…), y es evidente que en parte lo lograron”, lamentó.


En los últimos años, el activismo por los derechos de los animales y de las personas con orientaciones sexuales diversas ha asumido buena parte de la centralidad mediática que en otros tiempos acaparaba la lucha contra la discriminación racial. De hecho, durante los debates populares sobre la nueva Constitución, el artículo 68 del proyecto (relativo a la posibilidad del matrimonio igualitario) fue uno de los más discutidos, motivando cerca del 10 por ciento de las intervenciones y propuestas. La campaña animalista, pese a no estar contemplada en el texto, también ganó notoriedad, aunque su mayor impacto estuvo en Internet y entre algunos sectores urbanitas, fundamentalmente capitalinos.


Para muchos, el matrimonio igualitario funcionó como una suerte de cortina de humo durante la consulta. El programa televisivo de mayor popularidad en el país, el humorístico Vivir del cuento, lo alertaría en una de sus emisiones. Como en la ficción, muchas reuniones terminaron centrándose en las implicaciones que tendría la hipotética modificación constitucional y no en temas como la política económica o la relación del Partido Comunista con el Estado.


Desde el exterior tampoco faltan los dobles raseros. Regularmente llegan a La Habana generosos donativos individuales para proyectos centrados en la protección de animales callejeros, la conservación del medioambiente o la promoción de colectivos minoritarios, por citar sólo algunos de los más comunes. La casi totalidad de tales emprendimientos se unifican bajo una premisa, al menos formalmente: no “recurrir a gobiernos, partidos políticos, ni Ong de ninguna parte (mucho menos a instituciones estatales cubanas)”. La frase textual pertenece a Isbel Díaz Torres, líder de Abra, un centro social y biblioteca libertaria definido como “empeño autoemancipatorio” por sus miembros. Tres años de campaña internacional permitieron allegar los fondos para que comenzara a funcionar en mayo de 2018, declaró, por entonces, el propio Isbel, quien el sábado se vio impedido de participar en la marcha del Prado, tras ser detenido junto con su pareja por la policía.


Entre las publicaciones más recientes de su perfil en Facebook llama la atención una que recuerda el Día Internacional de la Objeción de Conciencia al Servicio Militar (este 15 de mayo), asumiendo una posición contrapuesta a la del gobierno de La Habana, que en las últimas semanas ha manifestado su preocupación por la agresividad estadounidense y ha reafirmado la defensa como una de sus “tareas estratégicas”. Vale apuntar que la base de las Fuerzas Armadas Revolucionarias radica en los conscriptos del servicio militar, que por ley están obligados a cumplir todos los hombres mayores de 18 años; significativamente, la homosexualidad es uno de los contados motivos de exoneración.


“Con el matrimonio igualitario y la ley de protección animal se aplicó aquello de ‘jugar con la cadena, pero no con el mono’: con seguridad, alguna gente se extendió en esos tópicos para no meterse en problemas opinando sobre otros que podían ser complicados. Si fue una ‘habilidad’ del gobierno, fue una muy buena”, reflexiona un profesor universitario que durante el proceso de consultas integró uno de los cientos de dúos de “facilitadores” encargados de conducir las asambleas y recoger las opiniones de sus asistentes. La misma sombra de duda puede proyectarse sobre el fin último de muchos de los emprendimientos “alternativos” que florecen en la isla. Entre el activismo militante y el oportunismo media una frontera en extremo difusa.


CUESTIÓN DE SUPERVIVENCIA.


Esta marcha “dilata lo que otros activistas hicimos cuando el peligro parecía incluso mayor. Esa memoria estimula a la de hoy, esos rostros de ahora son una certeza que ansío pueda ser la de muchas otras esperanzas. La batalla real comienza ahora”, escribió esta semana el dramaturgo cubano Norge Espinosa, que reside en España. Sus palabras se alinean con las de creadores como el actor Luis Alberto García, y los músicos Silvio Rodríguez y Vicente Feliú, críticos de la actuación de la policía y las “mentalidades que tienen la retranca puesta en todo lo que se intenta mejorar”, según el último. Opiniones similares predominan en las redes sociales y en los despachos noticiosos fechados en La Habana.


Leyéndolos, pareciera que Cuba se detuvo el sábado en la tarde. En realidad, no ha sido así. Lo ocurrido en el Prado quedó –en buena medida– allí; a las provincias han llegado sólo ecos lejanos y videos filmados con móviles, que para la mayoría de la población no pasan de registrar “cómo la policía dispersó la marcha de los maricones”. Al cubano promedio, sobre todo al “del campo”, lo siguen convocando más las urgencias cotidianas que los pulsos contra el gobierno. Conscientes de ese divorcio entre las elites capitalinas y el país profundo, las autoridades evitaron en todo momento informar sobre lo acontecido en el Prado. A la par, fueron anunciadas medidas contra el acaparamiento y la especulación, a favor del incremento de la cantidad de productos que se comercializan de forma controlada, y la próxima entrada en funcionamiento de nuevos servicios de transporte.


Al redactarse esta nota, el presidente Miguel Díaz-Canel completaba una intensa semana de apariciones públicas visitando su provincia natal, Villa Clara, centro de la comunidad Lgtbiq en la isla, que en la jornada de marras permaneció en absoluta tranquilidad. Mirado a contraluz, el recorrido parece destinado a trasmitir un mensaje claro, a tenor de las reiteradas imágenes del mandatario dialogando ante grandes concentraciones de sus conciudadanos: al margen de lo sucedido el sábado, las calles no han cambiado de manos.

Por Amaury Valdivia
17 mayo, 2019

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Minority Report en las policías europeas: llegan los sistemas de predicción de delitos

La comisaria europea de Derechos Humanos alerta del uso de algoritmos en sistemas policiales y judiciales de la Unión que atentan contra los derechos ciudadanos.



Algoritmos para predecir en qué zonas es más probable que tengan lugar robos u otro tipo de crímenes, algoritmos para ayudar a decidir si imponer prisión preventiva o no a una persona pendiente de juicio. Los algoritmos han llegado y también lo han hecho a los sistemas policiales y judiciales europeos. Y de ello alerta la comisaria de Derechos Humanos en el Consejo de Europa, Dunja Mijatović. “Aunque aún se encuentran en sus etapas experimentales, el uso de algoritmos de aprendizaje automático en los sistemas de justicia penal es cada vez más común”, afirma Mijatović en un texto publicado en la web del Consejo de Europa en el que señalaba los resultados “potencialmente discriminatorios” de este tipo de programas de predicción de delitos.


Como ejemplo, cita PredPol, un programa diseñado por el departamento de policía de Los Ángeles (Estados Unidos) en colaboración con la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) que extrapola los datos de estadísticas criminales CompStat —sí, esa que usaban los policías de la serie The Wire—. ¿Cómo funciona? En la web de PredPol se explica que calcula las predicciones en base a tres tipos de datos: tipo de crimen, localización y fecha y hora. No usa información personal, ni demográfica, étnica o socioeconómica —se afirma en la web—, y los resultados se representan en un Google Map en el que se localizan las áreas con más alto riesgo de delitos cada día y en cada turno. En 2013, la policía de Kent (Reino Unido) compró los derechos de uso del programa por 100.000 libras anuales. Lo probó durante cinco años y en noviembre de 2018 desechó su uso, anunciando que seguirían trabajando en esa dirección, con un nuevo proyecto o construyendo su propio sistema. “Predpol tenía un buen historial de predecir dónde es probable que se cometan los crímenes”, afirmaba entonces John Phillips, superintendente de la policía de Kent, al Financial Times . “Lo que es más difícil es demostrar que hemos podido reducir el crimen con esa información”.


Este programa de algoritmos, así como otros parecidos usados en otras zonas de Reino Unido —como Manchester, Yorkshire o West Midlands— fueron criticados por organizaciones como Big Brother Watch en un informe en el que citaban estudios realizados sobre este tipo de sistemas que concluían que estos refuerzan patrones ya existentes de discriminación y dan lugar a una retroalimentación, conllevando que la policía sea enviada a vecindarios en los que ya hay una presencia excesiva de policías, independientemente de la tasa real de criminalidad.


Otro de los sistemas de algoritmos a los que hace referencia la comisaria de Derechos Humanos europea es la Herramienta de Evaluación de Riesgo de Daños (HART por sus siglas en inglés), usada por la policía de Durham, también en Reino Unido, para decidir si mantener o no a un sospechoso de un delito en custodia o si derivarlo a un programa de rehabilitación. Para ello, Hart utiliza hasta 34 categorías diferentes de datos que van de la edad y el sexo al historial delictivo. Y, al menos hasta abril, también usaba el código postal del sospechoso, lo que desde Big Brother Watch señalan que deriva en la criminalización de la pobreza. Un informe de 2018 elaborado por el Royal United Services Institute for Defence and Security Studies —que no es precisamente un lobby conservador en cuanto a tecnología aplicada a defensa y seguridad— también alertaba de que sistemas como Hart “reproducirán inevitablemente los sesgos inherentes a los datos que se les proporcionan”, lo que perjudicará a las minorías étnicas y religiosas.


Pero más allá de la experiencia británica, este tipo de sistemas de algoritmos también han llegado a otros países de la Unión Europea, como Italia, donde el sistema XLAW se usa en Nápoles y Venecia para prevenir robos, o en Alemania, donde el sistema Precobs —que suena aún más a los precons de Minority Report— se usa ya, de manera corriente o en fase piloto, en los cantones de Aargau, Basel, Baden-Württemberg, Babaria, en Sajonia y en Zug. Precobs también se usa desde 2013 en Zurich (Suiza) para prevención de robos en viviendas.


En España, este tipo de sistemas predictivos también han comenzado a hacerse hueco. A finales de 2015 Rivas (Madrid) fue el primer municipio en comenzar a experimentar con el sistema Pred-Crime. Su policía local lo usó durante nueve meses tras los cuales lo descartaron. “Necesita seguir desarrollándose para ser realmente eficaz”, señalan a El Salto desde el prensa del Ayuntamiento. Diseñada por EuroCop Security Systems, empresa constituida en 2004 y que a día de hoy cuenta con doce empleados y, en 2017, facturó 3,7 millones de euros —casi el doble que en los dos ejercicios anteriores—. En España, su administrador único y director general, financiero, comercial, de márketing y de informática es Ramón García Esteve.


También en 2015, desde la Policía Nacional se comenzó a desarrollar un sistema parecido de la mano del policía científico Miguel Camacho Collados, que en 2014 había recibido una beca Fullbright para estudiar este tipo de sistemas, en colaboración con la Universidad de Granada, la UCLA y la Policía de Los Ángeles, siguiendo la senda de PredPol. Aunque no hay más información sobre el posterior desarrollo de este sistema, desde finales de 2018 sí entró en fase piloto en la Policía Nacional otro sistema basado en algoritmos, en este caso para detectar denuncias falsas, Veripol, también desarrollado por Camacho e instalado ya en todas las comisarías.

2019-05-12 12:02:00

Viernes, 03 Mayo 2019 06:13

Assange resiste la extradición

Assange resiste la extradición

“No deseo entregarme para ser extraditado a EE.UU. por haber hecho un periodismo que ha protegido a muchas personas”, dijo el ciberactivista.

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, reafirmó ayer ante la justicia británica su oposición a ser extraditado a Estados Unidos. El australiano de 46 años compareció mediante videoconferencia ante la Corte de Magistrados de Westminster, donde se inició el proceso sobre su entrega a Washington, luego de haber sido condenado por otro tribunal británico a 50 semanas de cárcel. “No deseo entregarme para ser extraditado a Estados Unidos por haber hecho un periodismo que ha ganado muchos reconocimientos y ha protegido a muchas personas”, afirmó el activista y periodista en su declaración. Luego de su videoconferencia de ayer, el juez Michael Snow decidió que Assange deberá comparecer nuevamente en el tribunal el próximo día 30. Al mismo tiempo varias decenas de partidarios del activista australiano se congregaron frente a la corte con carteles que decían “Liberen a Assange” y “No a la extradición”.


“La batalla comienza realmente hoy”, declaró en tanto el actual director de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, que calificó la sentencia como “un escándalo” y aseguró que el experto informático está muy afectado por la posibilidad de ser encarcelado por un año, luego de los 2.488 días que pasó recluido en la embajada ecuatoriana en Londres. “La extradición está basada en una ofensa menor que puede ser castigada con cinco años de cárcel”, advirtió en declaraciones a la cadena estadounidense CNN. “Básicamente, lo consideramos como una estrategia para poder presentar luego más cargos contra él. Todo parece indicar que podría ser acusado de violar la Ley de Espionaje de 1970, que prevé incluso la pena de muerte”, afirmó.


Assange está recluido en la prisión de Belmarsh, un centro de alta seguridad en el suroeste de Londres. Allí permanece desde el 11 de abril cuando fue detenido por la policía británica en la legación ecuatoriana después de que este país le retirase el asilo diplomático concedido casi siete años antes. Assange se había refugiado en Londres en junio de 2012 para escapar, en un primer momento, a una extradición a Suecia por acusaciones de agresión sexual. Pero cuando años después estas fueron archivadas, permaneció afirmando temer que lo entregasen a la justicia estadounidense.


Su plataforma online se hizo famosa en 2010 cuando difundió cientos de miles de documentos diplomáticos y militares secretos que pusieron a Estados Unidos en un fuerte aprieto a nivel nacional e internacional. Washington, por su parte, afirma querer juzgarlo solo por piratería informática. Estados Unidos sostiene que el periodista conspiró con la analista de inteligencia Chelsea Manning para poder interceptar un ordenador del Pentágono. En la misma línea, la fiscalía mantiene que Assange ayudó a Manning a decodificar una clave secreta para que ella pudiera filtrar cables clasificados a través de WikiLeaks. Ben Brandon, un representante de la justicia estadounidense, confirmó ayer que este cargo es pasible de un máximo de cinco años de cárcel. Pero los defensores de Assange temen que se le agreguen después delitos más graves, como divulgación de secretos o traición, y corra el riesgo de ser condenado a cadena perpetua o incluso a muerte.


Al anunciar hace tres semanas la expulsión del australiano de la embajada, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, aseguró haber recibido la garantía de Reino Unido para que Assange no sea entregado en extradición a un país en el que pueda sufrir torturas o pena de muerte. Ese mismo día, la abogada británica del experto informático, Jennifer Robinson, anunciaba que lucharía hasta el final para impedir su entrega a Estados Unidos, afirmando que la detención de Assange crea un peligroso precedente para los órganos de prensa y para los periodistas en el mundo.


Mientras tanto, los políticos británicos están divididos respecto a Assange. El líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, se opone a su extradición afirmando que el australiano “expuso pruebas de las atrocidades cometidas por Estados Unidos en Irak y Afganistán”. Pero por otro lado el ministro de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, aseguró que Assange no es “ningún héroe”. La primera ministra Theresa May declaró en sintonía con Hunt al afirmar que “nadie está por encima de la ley”.

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