¿De qué ha servido la revuelta en Ecuador?

Para todas esas personas que hacen de lo colectivo el centro de sus vidas, los sucesos del Ecuador serán como la estrella polar para los navegantes: referencia y horizonte, guía y orientación en estos tiempos de caos y confusión.

Los grandes virajes estratégicos, esos que influyen a lo largo de décadas, se producen siempre abajo, a través de la irrupción de los sectores populares en el escenario político, que transforman al modificar las relaciones entre clases, grupos sociales, géneros y generaciones.

Así sucedió con el Caracazo de 1989, que abrió un período de levantamientos populares y comenzó a erosionar el Consenso de Washington, creando las condiciones para impugnar el neoliberalismo privatizador. Del mismo modo, auscultando los latidos de la acción colectiva, consideramos que Junio 2013 fue el comienzo del declive del progresismo, cuando millones ganaron las calles para cuestionar la perpetuación de la desigualdad.

¿Qué importancia tiene, entonces, la revuelta de doce días de los pueblos originarios, trabajadores y estudiantes en Quito?

En primer lugar, la revuelta abre una brecha entre conservadurismo y progresismo, entre derechas y pretendidas izquierdas. Uno de los lemas más coreados en las calles fue “Ni Correa ni Moreno”. Rechazaron y frenaron el paquete del FMI, la política de trasladar la deuda del Estado a los trabajadores, elevando precios e impuestos.

Pero en la misma revuelta, recordaron que el Gobierno de Rafael Correa, durante una larga década, reprimió a las organizaciones indígenas, de trabajadores y estudiantes. Esa memoria estuvo presente y llevó a los manifestantes a crear una guardia que sacó de las marchas a los encapuchados correístas, que sólo estaban allí para derrocar a Moreno y facilitar el retorno de su líder.

Debemos destacar que es la primera vez, en toda la región, que los pueblos abren una brecha en la polarización existente entre ambos sectores que pretenden la hegemonía. Por eso considero que estamos ante un viraje estratégico, que se consolidará o no, dependiente de cómo actúen cada uno de los protagonistas. En este sentido, recordemos que la propia Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) no estuvo nada fina ante el Gobierno de Lucio Gutiérrez (2003-2005), aceptando colaborar con su gestión.

En segundo lugar, se produjo una reactivación y reorganización del campo popular. Durante la revuelta, todos los sectores, duramente castigados por el Gobierno de Correa, volvieron a activarse.

En Loja y Azuay, por ejemplo, se crearon Asambleas Populares Autónomas, “espacios organizativos para construir poder popular, dar continuidad al proceso levantado y articular planes y acciones”, como destaca el activista antiminero Paúl Jarrín. Los estudiantes “armaron centros de acopio, albergues y cocinas comunitarias, integrando así una lucha campo-ciudad”, y las calles y plazas fueron espacios de formación y de relación inter-generacional, donde fue posible que las camadas que nacieron después de 2000 realizaran su primera experiencia de lucha junto a las generaciones anteriores.

El analista Decio Machado enfatiza en el papel de las mujeres y de los estudiantes, que construyen nuevos liderazgos, así como la aparición de dirigentes jóvenes en la Conaie, tan necesitada de renovar a viejos y gastados cuadros. “El movimiento de estudiantes, de mujeres y especialmente de los indígenas estuvo dirigido por una nueva generación de militantes sociales que nada tienen que ver con el correísmo e incluso lo repudian”, señala.

Tan importante como esa re-organización de abajo arriba, es el papel de “amplios sectores de la sociedad quiteña y de otras localidades del país que expresaban diariamente su solidaridad con los movilizados entregándoles medicamentos para los enfermos y heridos, mantas, alimentos, zapatos, agua y comida”.

En tercer lugar, habría que hablar de la impronta que esta irrupción tendrá en toda la región. No será una influencia inmediata ni directa. Recordemos que el Caracazo, punto de inflexión del neoliberalismo, recién comenzó a impactar varios años después, cuando se produjo el Ya Basta! del zapatismo cinco años después, y las revueltas de fines de la década de 1990 en Perú, Paraguay y el propio Ecuador, precursoras de las grandes insurrecciones bolivianas de 2003 y 2005 y de la revuelta argentina de 2001.

Los tiempos de la historia de abajo no son lineales, se maceran lentamente al calor de los fogones, allí donde se debaten y se toman las decisiones colectivas que cambian los rumbos del mundo. Para todas esas personas que hacen de lo colectivo el centro de sus vidas, los sucesos del Ecuador serán como la estrella polar para los navegantes: referencia y horizonte, guía y orientación en estos tiempos de caos y confusión.

Por Raúl Zibechi


publicado

2019-10-18 11:10

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Quito vuelve a la calma tras 11 días de marchas y protestas. Imagen: EFE

La académica Stoessel reflexiona sobre la situación de Ecuador tras el acuerdo entre el gobierno y los sectores populares; el rol de los medios y de las Fuerzas armadas así como la persecución al correísmo.

Soledad Stoessel es profesora de sociología y politóloga en la Universidad Nacional de La Plata y en FLACSO-Ecuador. Siguió de cerca las jornadas de paro y movilización que se prolongaron durante 11 días y que dejaron, producto de la represión estatal, un saldo de ocho muertos, 1152 detenidos y 1340 heridos. según cifras de la Defensoría del Pueblo. En diálogo con Página/12, analiza las consecuencias de la derogación del Decreto 883, el rol de los medios y las Fuerzas armadas a lo largo del conflicto, la ruptura de Lenín Moreno con el correísmo y su futuro inmediato.

-¿La derogación del Decreto 883 constituye una victoria para el pueblo ecuatoriano?

-Creo en primer lugar que la derogatoria del decreto es el resultado de una negociación pública inédita para la historia de Ecuador, aunque se trata de una victoria parcial del campo popular. El decreto era el núcleo duro del paquetazo. Todavía persisten propuestas adicionales tales como la eliminación del impuesto a la renta, y la reforma laboral que el gobierno está intentando enviar al Congreso. Se trata de una reforma sumamente regresiva en términos de derechos laborales, que disminuye el salario, reduce las vacaciones, habilita el despido de empleados públicos y permite privatizar la seguridad social. Es decir que el resto de las demandas quedan subsumidas a la derogación de ese decreto, con lo cual todavía queda mucho camino por recorrer.

-¿Qué escenario se abre ahora para el gobierno de Lenín Moreno?

-Moreno promovió una estigmatización profunda del indígena, de los sindicatos, de los estudiantes, en suma los sectores populares. Se encargó de abrir una brecha entre el campo popular y su propio gobierno. Todo este proceso de crisis constituye un punto de inflexión para un gobierno que ya venía debilitado por distintas medidas de ajuste tras el acuerdo con el FMI en marzo, mediante decreto. La propia Constitución ecuatoriana prohíbe acordar con el FMI sin que el pueblo se entere de los detalles de dicho acuerdo.

Como decía, se trata de un gobierno muy debilitado que perdió capacidad. La Asamblea ha dejado de sesionar y recién ahora retomará las sesiones. El gobierno queda muy expuesto, y ahora tendrá poco margen para aplicar políticas públicas. El otro hecho a considerar es que todavía faltan dos años para las próximas elecciones. Se abre un momento de mucha incertidumbre. Y hay que tener en cuenta que la única agenda política de Moreno consiste en perseguir al correísmo. De hecho, lo primero que hace Moreno después de derogar el decreto, es comenzar a perseguir a referentes del correísmo (la Prefecta de Pichincha, Paola Pabón, fue detenida el lunes por fuerzas policiales sin orden judicial y tras un allanamiento ilegal).

-Moreno culpa a Rafael Correa de estar detrás de su destitución. ¿En qué momento se quebró la relación entre ambos?

-Hay distintas hipótesis al respecto. Lenín Moreno ganó en segunda vuelta en 2017 por un margen bastante ajustado. Evidentemente estaba interesado por el discurso de esa derecha que no ganó. Apenas asume, se monta sobre ese discurso, buscando gobernabilidad. Por eso genera un pacto con los mismos banqueros que habían generado la gran crisis de 2009. Empieza a acercarse a las elites y adopta el panorama económico del establishment. Sus tres grandes aliados pasan a ser, a partir de ese momento, el poder económico concentrado, las Fuerzas Armadas y los medios de comunicación.

-En ese sentido, ¿cuál fue el rol de la prensa durante los 11 días de protesta?

-Moreno ha sido el presidente más blindado por los medios desde el retorno democrático. En esta coyuntura, eso se volvió aún más nítido. No mostraron ninguna de las protestas, se alinearon con el marco del gobierno en torno a la conspiración correísta, bajo la idea de que todo era mafioso o vandálico. Por suerte, la contracara fue un gran número de medios alternativos y plataformas virtuales que transmitieron todo on line y en vivo.

-Mencionó también a otro de los grandes aliados del gobierno, las Fuerzas Armadas, que cumplieron un rol fundamental durante estos 11 días de conflicto.

-Fuimos testigos de una represión brutal por parte de las fuerzas del orden. Jamás se ha visto en Ecuador tamaño nivel de agresión. Se trata directamente de violaciones a los derechos humanos. La Ministra de Gobierno María Paula Romo, que comandó la represión, y el Ministro de Defensa Raúl Oswaldo Jarrín, con una larga trayectoria militar, son los principales responsables. De hecho una de las principales exigencias de los movimientos indígenas consistía en el pedido de revocación de estos dos ministros, pedido que obviamente nunca fue cumplido.

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Lunes, 14 Octubre 2019 06:44

Pan, ira y rosas

 Trabajadores de General Motors, que están a punto de cumplir un mes en huelga, se manifestaron ayer cerca de la planta de Flint, Michigan.Foto Afp

Unos 50 mil trabajadores de General Motors (GM) están por cumplir un mes en huelga, la acción laboral del sector privado más grande de la última década (que afecta, por las cadenas de producción integradas, a miles de trabajadores más en México y Canadá) en una disputa que es, en esencia, una confrontación con la ofensiva neoliberal de las ultimas tres décadas que ha creado la mayor concentración de riqueza en casi un siglo y ha atacado a los derechos laborales y sociales de los estadunidenses.

Esta huelga es clave para el futuro del movimiento laboral en este país, y no sólo el sindical, sino en todas sus expresiones organizadas. Es una huelga, afirma un dirigente, para "alzarnos por esos derechos fundamentales de la gente de la clase trabajadora en este país".

Pero no es la primera en tiempos recientes, sino que se nutre de una ola de acciones laborales llevadas a cabo por maestros, trabajadores de hoteles y supermercados, del sector salud, transporte, comunicaciones y más. De hecho, más trabajadores –aproximadamente 485 mil 200, según cifras oficiales– participaron en huelgas y otras acciones que suspendieron jornadas laborales a lo largo de 2018, la cifra más alta desde 1986.

Algunos señalan que la vanguardia de esta ola de rebeliones laborales fue el magisterio, empezando con la gran huelga de maestros de Chicago en 2012 que triunfó al proyectarse como parte de un movimiento social más amplio que sólo el sindical contra las medidas de austeridad neoliberales.

El tsunami de huelgas por cientos de miles de maestros en siete estados durante 2018 sacudió las cúpulas estatales y federales triunfando en varias de sus demandas, incluida la principal: revertir las políticas de austeridad y privatización de las escuelas públicas. Este año, junto con GM, maestros realizaron huelgas en Los Ángeles y Denver, y está por estallar otra huelga masiva en el sector salud.

La resurrección de la acción colectiva laboral reciente fue nutrida por una serie de movimientos sociales –incluyendo Ocupa Wall Street y el Movement for Black Lives– que ofrecieron ejemplos del uso de nuevas herramientas de comunicación y organización, pero también se rescató la memoria histórica de que la acción sindical es parte, y depende, de la organización comunitaria y social.

Pero un canal que alentó este renovado movimiento laboral y su interacción con otros fue la campaña presidencial del socialista democrático Bernie Sanders, en 2016, y de nuevo ahora, en el que diversos organizadores –sobre todo los jóvenes– se encontraron, se capacitaron entre sí y promovieron nuevas alianzas. Sanders estuvo en Detroit hace un par de semanas, donde su sumó a los piquetes frente a una planta de GM en el que no sólo se expresó la solidaridad, sino vinculó esta huelga con la lucha por la justicia social en general.

Jane McAlevey, organizadora sindical, historiadora y estratega, señala que "la gente trabajadora está encabronada" ante las injusticias y los efectos de las políticas neoliberales y que la ola de huelgas tiene que ver con el efecto contagioso de los triunfos logrados, sobre todo al recuperar lo que llama el arma histórica más poderosa de los trabajadores que se había dejado de usar: la huelga.

Al mismo tiempo, trabajadores en los sectores de punta como los de Google, Uber y otros de la "alta tecnología" están elaborando estrategias para organizar su sector, basadas en un modelo de hace más de un siglo impulsado por el gran movimiento anarcosindical del Industrial Workers or the World (IWW) con lo que se llamaba "sindicalismo solidario", encabezado por trabajadores, y no administradores sindicales. Por otro lado, se están explorando alianzas entre el movimiento laboral y el ambiental en torno al tema del cambio climático y, como ha sido a lo largo de la historia de los trabajadores en Estados Unidos, los inmigrantes son la vanguardia en varios sectores.

Tal vez todo esto es un renacimiento de la lucha antigua por la dignidad colectiva ante el robo del futuro por unos cuantos, y un nuevo coro exigiendo, una vez más, no sólo el pan que todos merecen, sino rosas también.

https://www.youtube.com/ watch?v=LWkVcaAGCi0

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Toque de queda en Ecuador; vía libre para el uso de armas letales

Quito. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, cuyas fuerzas armadas tienen la orden de usar armas letales contra manifestantes, dispuso ayer el toque de queda a partir de las tres de la tarde y la militarización de Quito en una jornada en la que la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) –que aceptó dialogar con el régimen la "derogatoria o revisión" del decreto que eliminó los subsidios a los combustibles– se deslindó del incendio y saqueo a la Contraloría, y otros ataques a medios de comunicación.

En una señal de distensión la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y el Sistema de Naciones Unidas anunciaron anoche que el gobierno y las organizaciones indígenas sostendrán una reunión hoy a las tres de la tarde en Quito, luego de que Moreno anunció su disposición para analizar el decreto 883, el cual eliminó los subsidios a combustibles, y otras medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional.

El toque de queda fue anunciado con 38 minutos de anticipación, y prohíbe la circulación por esta capital de 2.7 millones de habitantes. Luego el mandatario, atrincherado en Guayaquil, a donde trasladó la sede del gobierno, lo amplió a todo el país desde las ocho de la noche hasta las cinco de la mañana.

"He dispuesto al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, inmediatamente, tomar las medidas y operaciones que sean necesarias", señaló el mandatario en un breve mensaje, flanqueado por el vicepresidente, Otto Sonnenholzner, y el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.

Ante el anuncio, se viralizó una entrevista que hace una semana Jarrín concedió a Teleamazonas, en la que señaló que los militares están "listos para el uso de armas letales (...) No olviden que nuestra Fuerza Armada, orgullosamente, tiene experiencia de guerra".

Ayer las calles de Quito se convirtieron en un virtual campo de batalla, con las fuerzas de seguridad lanzando gases lacrimógenos a los manifestantes en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, la Casa de la Cultura, y otros puntos de la capital.

Más tarde, Moreno insistió que su antecesor Rafael Correa y el mandatario venezolano Nicolás Maduro están detrás de una "violencia nunca antes vista" en Quito. “Fuerzas oscuras, vinculadas a la delincuencia política organizada y dirigidaS por Correa y Maduro –en complicidad con el narcoterrorismo, con pandillas y con ciudadanos extranjeros violentos– causaron zozobra, violencia nunca antes vista”, señaló Moreno en un mensaje a la nación.

Cientos de manifestantes, muchos encapuchados, se apoderaron de diversos sectores de la capital y áreas periféricas, paralizando calles y atacando con palos y piedras vehículos particulares.

Decenas de encapuchados incendiaron y saquearon el edificio de la Contraloría General, institución que investiga actos de corrupción, especialmente cometidos durante el gobierno del ex presidente Rafael Correa (2007-2017), muchos de cuyos más altos funcionarios están bajo investigación y procesados.

La ministra del Interior, María Paula Romo, tuiteó que fueron detenidas 30 personas en las inmediaciones de la Contraloría.

Telesur, fuera del aire

El diario El Comercio y el canal privado Teleamazonas fueron también blanco de ataques durante la tarde, aunque los manifestantes no lograron entrar a las instalaciones. La Conaie se deslindó de las agresiones contra la Contraloría y ambos medios.

La cadena TeleSur denunció en Twitter que está sin señal de cable y satelital para sus transmisiones.

En los alrededores de la Asamblea Legislativa, indígenas levantaron barricadas con troncos y escudos de madera para enfrentarse a policías que lanzaron una lluvia de gas lacrimógeno, indicaron periodistas de la Afp.

Entre las protestas se destacó ayer una multitudinaria de mujeres al grito de "No más muertes", mientras otros manifestantes bloquearon las vías al aeropuerto capitalino.

La Conaie denunció anoche que fuerzas de seguridad lanzaron bombas lacrimógenas a la Casa de la Cultura, donde miles de indígenas, entre ellos niños y mujeres, se mantienen concentrados.

Desde que estallaron las manifestaciones el pasado día 3, han muerto seis civiles y se registran 937 heridos y mil 127 detenidos, dijo la Defensoría del Pueblo.

El toque de queda decretado ayer por Moreno, que se suma al estado de excepción dispuesto el 3 de octubre, siguió al anuncio de la Conaie de aceptar el diálogo propuesto por el mandatario para buscar una salida a la crisis, en medio de nuevos y cada vez más focos de violencia.

La organización indígena declaró ayer en un comunicado que decidió "participar" en las conversaciones después de "un proceso de consulta con las comunidades, organizaciones, pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales".

Precisó que negociará "la derogatoria o revisión" del decreto 883 –que eliminó los subsidios a los combustibles y encareció los precios hasta en 123 por ciento de la gasolina y el diésel–, pero continuarán las movilizaciones a escala nacional.

Leonidas Iza, dirigente de la Conaie, dijo al canal de televisión Ecuavisa que las condiciones para las conversaciones incluían que fueran públicas y transmitidas por los medios. Más tarde, Iza pidió ayuda a las fuerzas armadas para "garantizar la paz y a regresar el orden constitucional".

Iza añadió que ese movimiento no va a caer "en las intenciones de ciertos grupos políticos que han intentado aprovecharse de la reacción del movimiento indígena del pueblo ecuatoriano", aunque no hizo precisiones, indicó Ap.

Al cierre de esta edición, la Conaie destacó en un tuit "la conmovedora e incansable voluntad de nuestra gente de luchar, mujeres, jóvenes, mayores y toda la población", y reiteró que "realizaremos los acercamientos para tratar la derogatoria del decreto 883".

Después, Moreno anunció cinco medidas para abrir negociaciones. La primera, que se analizará el decreto 883 "para estudiar sus efectos y asegurar que los recursos lleguen al campo".

Dijo que se evaluará también la reducción de sueldos por renovación de contratos ocasionales y sobre el recorte de vacaciones, incluidos en un proyecto enviado a la Asamblea Nacional y que propondrá un bono de 20 dólares mensuales que pagarán las empresas privadas a sus empleados.

Como cuarta medida señaló que se trabaja para apoyar a quienes han perdido su producción lechera o sus cultivos y animales tras la paralización, y por último que se incluirá un impuesto para grandes empresas "para que aquellos que más ganan, sean los que más contribuyan al país".

Habitantes de Calderón, un pueblo cerca de la capital, soltaron a decenas de policías y militares que habían capturado. En Guayaquil y otras ciudades hubo enfrentamientos y caos.

Por la noche, miles de ciudadanos hicieron sonar sus cacerolas exigiendo paz, e incluso en algunos barrios pequeños grupos se han animado a salir a la calles formando improvisadas brigadas de vigilancia, para exigir su deseo de paz. Los militares junto con policías patrullan las calles de la capital..

El transporte de petróleo, la mayor fuente de divisas, se mantuvo interrumpido a causa de la ocupación en la Amazonia de pozos del principal ducto del país.

En el gobierno desde 2017, el mandatario enfrenta su mayor crisis debido a los ajustes económicos que impuso a cambio de préstamos por 4 mil 200 millones de dólares que contrajo con el FMI para aliviar el pesado déficit fiscal. Además del fin de subsidios, las medidas prevén recortar derechos a empleados públicos y despidos masivos.

Desde el pasado 3 de octubre, el galón de diésel pasó de 1.03 a 2.30 dólares y el de gasolina regular de 1.85 a 2.40.

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Ecuador: Intransigencia, toque de queda y represión

 La represión del gobierno se extiende de día y de noche, y ya no solo abarca los alrededores de la Asamblea sino todo Quito y alrededores.

 El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ordenó este sábado el "toque de queda y la militarización" de Quito y sus alrededores a causa de la violencia en las manifestaciones iniciadas hace 11 días contra las reformas económicas pactadas por su gobierno con el FMI.

"He dispuesto el toque de queda y la militarización del DMQuito y valles. Empezará a regir a las 15:00. Esto facilitará la actuación de la fuerza pública frente a los intolerables desmanes de violencia", dijo el mandatario en Twitter. En un mensaje televisado para explicar su decisión el mandatario agregó: “son los traficantes, los narcotraficantes, los Latin kings criminales y los correístas los que están dedicados a los actos vandálicos. Los indígenas ya los han detectado y están separándolos de sus filas.”

Más allá de la constante búsqueda de chivos expiatorios para explicar el estallido social --Moreno ya había culpado a su par venezolano y al chavismo por el levantamiento popular-- lo cierto es que el centro de Quito se había convertido un campo de batalla constante. La represión del gobierno de Lenin Moreno se extiende de día y de noche y el acceso a la Asamblea Nacional está cortado por decenas de barricadas donde se repite una consigna central: “fuera Moreno fuera”.

La pulseada lleva diez días y ha escalado en masividad popular y violencia estatal. Primero fueron los transportistas, luego el movimiento indígena, centralmente la Coordinara de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), y en los últimos días se ha vuelto más amplia: jóvenes, barriadas, mestizos, blancos, trabajadores.

El punto de inicio, la gota que rebasó el vaso, fue el anuncio de Moreno de llevar adelante una serie de medidas de ajuste en el marco del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un préstamo de 10 mil millones de dólares. El punto crítico, dentro del llamado “paquetazo”, fue el decreto 883 que quitó el subsidio a la gasolina con su consecuente aumento desde la estación de servicio hasta el plato de comida.

La postura del gobierno ha sido desde el primer momento la negación a dar marcha atrás: decretó el estado de excepción y luego el toque de queda. Moreno se desplazó de la ciudad de Quito a Guayaquil --no se sabe ahora donde se encuentra-- y desde allí comandó la respuesta a la movilización que subestimó.

Con el correr de los días la amplitud de la respuesta popular creció: movilizaciones en diferentes ciudades, bloqueos de carreteras a nivel nacional, y la confluencia de una gran movilización de la CONAIE y otros movimientos indígenas que llegó a la ciudad de Quito el miércoles pasado.

La postura de la CONAIE se ha mantenido idéntica desde el inicio de las protestas: no dialogarán ni se retirarán de las calles hasta tanto Moreno no dé marcha atrás con el decreto 883 y el conjunto de medidas pedidas por el FMI.

Hasta el viernes, la respuesta de Moreno había sido en cambio la de no retroceder y aumentar los niveles de represión, con un total de cinco muertos según la Defensoría del Pueblo -algunas organizaciones hablan de siete- más de mil detenidos y heridos. La noche del viernes fue particularmente violenta: la represión ingresó hasta los puntos acordados como de descanso para el movimiento indígena.

Quito amaneció el sábado con barricadas y gases, en una escenografía de levantamiento popular protagonizado por mujeres y hombres indígenas venidos de las sierras, las costas y la Amazonía, por jóvenes, trabajadores, una multitud frente al poder legislativo y presidencial. Con el correr de las horas se sumaron manifestantes de distintos barrios de la capital.

El anuncio de un posible cambio de escenario vino con la declaración del alcalde de Quito, Jorge Yunda: “el señor presidente, ante la sensibilidad de lo que está pasando en el país, ha aceptado analizar el decreto 883”. El impacto de ese anuncio parece incierto, tomando en cuenta que el día anterior el presidente había llamado al diálogo para luego recrudecer la dimensión de la represión. 

Sin embargo, la CONAIE no dejó pasar la oportunidad para reiterar su posición. "Insistimos en la necesidad del diálogo de manera directa y pública sobre el decreto 883 para su respectiva derogatoria o revisión del mismo. Dejamos claro que no dialogaremos sobre ningún tipo de compensación," declaró en un comunicado.

Mientras la postura de la CONAIE se mantiene firme en su condición para dialogar, el ex presidente Rafael Correa --quien se encuentra en Bélgica y enfrenta diferentes acusaciones judiciales en lo que ha sido denunciado como un proceso de lawfare-- llamó a realizar elecciones generales anticipadas. “La Constitución del 2008 estableció en sus artículos 130 y 148 que en caso de ‘grave política o conmoción interna’ la Asamblea o el presidente podrán anticipar elecciones generales, ¿entonces a qué esperan?”

Por el momento el bloque de poder que sostiene a Moreno no ha dado señales de quitarle el respaldo. Cuenta con ese apoyo para sostener una posición de dureza, pero enfrenta una conmoción interna que no tiene horizonte de finalización dentro de esta espiral ascendente de movilización y represión que no disuade a los manifestantes, sino que agudiza la confrontación.

Según dirigentes indígenas, como Ricardo Ulcuango Farinango --quien fue vicepresidente de la CONAIE-- el movimiento tiene posibilidad de sostener este nivel de protesta y bloqueos. Cuenta, además, con la solidaridad de muchos habitantes de Quito que se acercan a aportar comida, bebida, ropa, medicinas, logística para enfrentar la situación.

Si bien la CONAIE no es el único actor en las calles, es quien sostiene el principal nivel de movilización y radicalidad. Su recorrido reciente ha estado enmarcado por una política de oposición al anterior gobierno de Rafael Correa por parte de sectores de su dirigencia, así como por la participación de algunos dirigentes en el gobierno de Moreno que han roto a partir de este escenario.

La crisis abierta en Ecuador es entonces doble: de un presidente que traicionó su promesa de gobierno y enfrenta niveles muy bajos de legitimidad, y de un proyecto de reconquista neoliberal con el último paso consistente en subordinarse al FMI. Eso está impugnado en las carreteras del país y las calles de Quito que se han vuelto un campo de batalla en un país donde en el pasado reciente tres presidentes han sido destituidos por la movilización indígena y popular.  

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Jorge Majfud y Noam Chomsky.

El conocido lingüista, filósofo y politólogo estadounidense fija su posición frente a la crisis ecuatoriana en particular, y del neoliberalismo en general, junto al sociólogo y economista español Manuel Castells, profesor en la Universidad de Berkeley, y los uruguayos Jorge Majfud, escritor y educador radicado en Estados Unidos, y Emilio Cafassi, profesor en Buenos Aires.

 

¿Cómo lograr que una micro minoría del uno por ciento continúe, década tras década acumulando más riqueza que el restante noventa y nueve por ciento de una sociedad? Quienes lo han hecho lo saben bien: (1) propaganda masiva y ubicua, invisible pero real, como el aumento de CO2 en la atmósfera, y (2) acoso político, económico y militar de cualquier otra opción que contradiga el asalto.

Otra forma es enlazar disputas y axiomas diversos sin una necesaria relación lógica: la religión de las armas y el amor religioso, el aborto y la baja de impuestos a los más ricos, la negación del cambio climático y el odio a los inmigrantes, la libre circulación del capital y el patriotismo, etc.

De esta forma, el uno por ciento continúa recogiendo los frutos de toda una sociedad y de toda una historia, con el apoyo necesario de una elite criolla dominante o, incluso (cuando existen elecciones) de un número significativo de quienes no pertenecen al uno por ciento.

Así, en América Latina, las opciones al neoliberalismo, cuando han fracasado, han fracasado por errores propios y, sobre todo, por el criminal bloqueo económico de la superpotencia del mundo. Eso cuando no han recurrido a los más tradicionales golpes militares para defender la libertad del capital de la minoría criolla (clasista y racista) aliada a las más poderosas transnacionales.

Así, por otro lado, en América Latina las imposiciones neoliberales han fracasado a pesar de repetidas inundaciones de capitales en formas de créditos multimillonarios que no dejaron en sus países ni progreso ni desarrollo sino deudas masivas y más pobreza.

Para el neoliberalismo, solo el éxito económico cuenta como éxito. No obstante, este mito del éxito económico ni siquiera ha tenido éxito en la economía de los países colonizados por el mito del éxito económico. No, por el contrario, se insiste en “el probado fracaso” de sus otras opciones apuntando a países acosados, bloqueados y en ruinas, lo cual es un patrón de acción y de narración política.

América Latina es parte de esta ola que, a falta de mejor nombre, se suele denominar neoliberalismo. Esa ola que arrasa, quema y destruye cualquier malla de contención social y ambiental hasta poner en riesgo la propia supervivencia planetaria y cuyas consecuencias económicas y sociales volvemos a presenciar en todo el continente como una historia que se repite de forma cíclica.

Si bien en estos días la atención está mayormente concentrada en el vergonzoso estado de sitio en Ecuador y la consecuente represión de las movilizaciones contra las medidas antipopulares del gobierno de Lenin Moreno, una amplia mayoría de países vive en estado de permanente amenaza e incertidumbre al mismo tiempo que los inversores presionan, amenazan y aumentan sus ganancias.

No habrá que soslayar que mientras escribimos estas líneas la respuesta gubernamental ecuatoriana viene cobrándose muertos, heridos y detenidos y aún inciertos por el ejercicio de la censura y el toque de queda. Pero las movilizaciones que comienzan a resistir esta crisis humanitaria, producto de políticas adulatorias del poder mundial y generadoras de miseria, se extienden de norte a sur. Como en Colombia (sede de la mayor cantidad de bases militares de Estados Unidos en el hemisferio y sede del narcotráfico mundial y del paramilitarismo impune) se opone al único proceso de paz concreto propuesto en cincuenta años. Como en Perú, donde idéntico desconocimiento mutuo entre dos poderes fundamentales del Estado (ejecutivo y legislativo), es considerado una opinable cuestión constitucionalista mientras que en Venezuela (no se lea este manifiesto como un apoyo a su gobierno) la mafia hegemónica llama a la intervención militar. Argentina vive envuelta en piquetes frente a la aceleración exponencial de la pobreza y el endeudamiento súbito, mientras en Chile y en Brasil se sigue profundizando la inequidad social, la desprotección, el narcotráfico y la violencia civil y policial que ya amenazan hasta países como Uruguay por razones de proximidad.

Diferentes procesos electorales aún están pendientes en Argentina, Bolivia y Uruguay en lo que resta del año. Otros seguirán en los años por venir. La disyuntiva continúa siendo entre la narrativa del uno por ciento (el autoritarismo de las elites, el militarismo reaccionario, el odio de los racistas, de los nacionalistas, de los clasistas, del machismo que se resiste a ceder paso, del neomedievalismo, de la destrucción del medio ambiente a cambio de unos dólares) y la construcción de una democracia progresiva, solidaria, no consumista, que ponga el énfasis en el ser humano y no en las riquezas de unos pocos a costa de unos muchos. Una sociedad capaz de construir un mundo para todos y no sólo para una minoría elegida por un dios que nunca la eligió.

Por Noam Chomsky, Jorge Majfud, Manuel Castells, Emilio Cafassi

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Crónica desde Rojava: “No existen Derechos Humanos, todos mienten”

Varios colegios han sido adecuados para recibir a los desplazados en la ciudad de Haseke. Entre los 35 muertos reportados se encuentra una dirigente del Partido por el Futuro, recientemente creado con el propósito de buscar una solución pacífica e incluyente para todos los pueblos de Siria.

Los ataques perpetrados por el ejército turco y sus aliados yihadistas en el norte de Siria, en la llamada Autoadministración Democrática del Norte y Este de Siria, están provocando desplazamientos masivos hacia el interior del país desde que empezaron el pasado miércoles. En la región viven alrededor de cinco millones de personas de diferentes etnias: kurdos, árabes, siriacos, caldeos, asirios, circasianos, armenios, chechenos y yazidis.

Según la Media Luna Roja (Heyva Sor), 14 civiles habrían sido asesinados en los ataques, entre ellos un niño de 11 años, y 33 personas han sido heridas gravemente. La última actualización compartida por el Centro de Información de Rojava eleva esta cifra a 35 muertes y un centenar de heridos.

Entre las personas fallecidas se encuentra Hevrin Khalaf, copresidenta del Partido por el Futuro (Partiya Pêşroj), que ha sido asesinada en la mañana del sábado en la carretera de Til Temir por proxis yihadistas afiliados a Turquía. El Partido por el Futuro ha sido recientemente creado con el propósito de buscar una solución pacífica e incluyente para todos los pueblos de Siria.

Los ataques comenzaron en los alrededores de la ciudad de Sere Kaniye (Ras al-Ain) y la ciudad de Dirbesiye en el Cantón de Cizire el pasado 9 de octubre hacía las 16h. Ambas ciudades colindan con la frontera de Turquía. Pero pronto hubo ataques simultáneos a otras ciudades, Derik, Kobane, Ain Isa, Girê Spî (Tel Abyad). Esta periodista fue testigo de los ataques contra la ciudad de Serê Kaniye con artillería pesada y de cómo los aviones de combate surcaban los cielos dirigiéndose al interior del país. Los habitantes de la ciudad de Serê Kaniye comenzaron a huir en dirección sur, hacía las ciudades de Til Temir y Haseke. Grandes atascos de coches, camiones y autobuses, completamente llenos, se formaron en la carretera de salida. Había también muchos civiles que huían a pie, personas ancianas, niños y discapacitados.

Las cifras de desplazados aumentan cada día. Según el Centro de Información de Rojava, al menos 190.000 personas han huido de las ciudades y pueblos colindantes con la frontera turca, y se han dirigido principalmente a las ciudades de Haseke y Raqqa, al sur de la región.

Varios colegios han sido adecuados para recibir a los desplazados en la ciudad de Haseke. El colegio Lebidbin Rebia acogía hasta ayer a 40 familias, entre 250 y 300 personas. Los desplazados vienen de las ciudades de Serê Kaniye, Kobane y Girê Spî. Los suplementos médicos son organizados por ONG’s locales y la Media Luna Roja Kurda (Heyva Sor). Según el responsable del colegio, hay falta de agua potable y comida. Heyva Sor avisa de la escasez de agua en la ciudad de Haseke, donde se encuentra uno de los principales hospitales de toda la región. La carencia se debe al ataque contra la estación de agua de Alok, que suministraba agua a medio millón de personas. La falla en la estación de agua afecta también al resto de hospitales de la región

Zehra Qewesa, desplazada desde un pueblo de la región de Kobane, se encuentra actualmente en el colegio Lebidin Rebia. Zehra relata cómo tuvieron que huir de su pueblo a pie con los niños en brazos. Protesta por la traición del gobierno de EE UU y la falta de iniciativa real de la comunidad internacional para parar la invasión de Turquía. “No existen los derechos humanos. Ni América, ni Francia, ni Gran Bretaña, ni Alemania, ninguno de ellos sabe qué son los derechos humanos. ¡Todos mienten!”.

Otra mujer de la región de Kobane, que prefiere no dar su nombre, relata su huida: “Salimos corriendo de nuestras casas, estaban bombardeándonos. Llegamos a la ciudad de Ayn Isa, allí los bombardeos continuaban desde los aviones. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho? ¿A dónde vamos a ir?”.

Aparte de los ataques del ejército turco y sus proxis yihadistas, las células durmientes del Estado Islámico (ISIS) se han activado y están perpetrando diversos atentados en diferentes puntos de la región. El sábado 12 de octubre un coche bomba explotó frente a un local de kebab en la concurrida ciudad de Qamishlo. Hasta el momento, son cuatro las víctimas mortales, pero también hay varios heridos graves. Asimismo, la pasada madrugada, un coche bomba explotó cerca de la cárcel de la ciudad de Haseke donde se encuentran varios prisioneros de ISIS.

El mismo sábado, las familias de ISIS que se encuentran en el campo de refugiados de al-Hol, han llevado a cabo varios ataques con piedras y una revuelta contra las fuerzas de seguridad del campo; cinco mujeres han sido detenidas. El campo de al-Hol acoge a más de 70 mil personas, la mayoría de ellas mujeres y niños de ISIS que huyeron tras la victoria de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en la región de Deir Ez Zor, al este de Siria. El portavoz de las FDS, Kino Gabriel, ha declarado que las FDS “no pueden garantizar la seguridad del campo de al-Hol ni de las prisiones donde están encarcelados los prisioneros de ISIS” si tienen que concentrarse en protegerse de la invasión.

 

Sara Ainhoa de Ceano-Vivas Núñez

SIRIA


publicado

2019-10-13 09:00

Publicado enInternacional
Sábado, 12 Octubre 2019 05:51

Ecuador: insurrección indígena

Ecuador: insurrección indígena

Un total de 40 demandas conforman el pliego petitorio de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la principal organización indígena en el país que protagoniza junto con otros movimientos sociales un levantamiento nacional que sacó al presidente Lenin Moreno de Quito y lo llevó a pertrecharse a Guayaquil. La Conaie convocó a la Jornada de Lucha Progresiva contra las medidas gubernamentales que atropellan los derechos de los pueblos, las mujeres, los trabajadores y los campesinos ecuatorianos.

Luego de romper el diálogo con el gobierno del presidente Lenin Moreno “por los enormes beneficios que la burguesía sigue recibiendo a través de múltiples políticas de reactivación económica”, la Conaie señaló que “es momento de una acción para conquistar reivindicaciones populares e impedir que la aplanadora de reformas pase sobre la economía de los hogares pobres”, en referencia a las medidas en favor de los empresarios que incluyen la remisión tributaria para las grandes empresas, la vinculación de representantes de la burguesía en los principales cargos del Estado y, sobre todo, la desregulación y precarización laboral.

El levantamiento nacional paralizó en los primeros días de octubre al país, pues los indígenas tomaron las carreteras exigiendo la derogación del llamado “paquetazo” de medidas económicas que incluyen eliminación de subsidios y liberación de precios a gasolinas y un paquete de reformas laborales contrarias a los trabajadores.

Las exigencias de la Confederación se extienden más allá del “paquetazo” que provocó el paro nacional en todo el país, días después de que Moreno, quien llegó a la presidencia impulsado por su antecesor Correa, anunció una serie de reformas económicas que comprenden la eliminación de los subsidios al combustible, la renovación con 20 por ciento menos de remuneración de los contratos ocasionales y el recorte de vacaciones para los trabajadores del sector público, entre otras medidas auspiciadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En su pronunciamiento, la Conaie incluyó la reversión íntegra de la carta de intención con el FMI y la terminación de los intentos de privatización de las “empresas públicas encubiertas en la figura de ‘concesión’”, así como un desglose de demandas para hacer frente al extractivismo y la minería en el país, a la corrupción de las grandes empresas privadas y a la crisis del sector de pequeños productores, además de medidas en defensa de las pequeñas economías campesinas, la plurinacionalidad, el trabajo digno, la puesta en marcha de la agenda de reconocimiento y garantía de los derechos de las mujeres, la educación, los medios comunitarios y la salud pública.

Por ello, explicó la Conaie, el objetivo de la Jornada “es avanzar a una acción que permita alcanzar grandes victorias para las mayorías obreras, campesinas, populares, de las mujeres, estudiantes, la juventud, artistas, de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador”.

Malestar acumulado

La movilización prevista para el martes 15 de octubre se ubica dentro del marco del paro nacional que inició desde el 3 de octubre en Ecuador, el cual fue convocado por los transportistas del país tras la entrada en vigor del decreto que subió los precios de los combustibles y al cual se unieron organizaciones populares y el movimiento indígena. Tan sólo para el 8 de octubre, más de 5 mil indígenas habían tomado Quito, donde fueron recibidos por las fuerzas represivas.

En su comunicado del 26 de septiembre, la Confederación explicó que el gobierno de Lenin Moreno “sirve a las élites dominantes igual que los anteriores, sólo que sin el ropaje de ‘izquierda’ que su predecesor sostuvo a partir de las políticas de asistencia social”, pues la transición gubernamental no representó un cambio en “lo central”, sino que todavía las empresas, como antes, “se aseguran una altísima tasa de ganancia a partir de las intervenciones del Estado en la economía, y de los mecanismos que el Estado genera para que la crisis la paguen los trabajadores y trabajadoras, y no los empresarios”.

Además, la Conaie criticó que la implementación de medidas en favor de los grandes empresarios “remata con una política de ocultamiento”, con la cual no sólo se culpa de la corrupción a los funcionarios y se protege en los juicios a los líderes empresariales, sino que además se les permite a las corporaciones continuar con “el despojo de los territorios y el malestar entre la población”, como son los casos de la imposición de la concesión petrolera del bloque 28 en la provincia de Pastaza, al nororiente del país; el inicio de la fase de explotación de las concesiones mineras en la Cordillera del Cóndor y el territorio Shuar; y la persecución a los dirigentes de los trabajadores del sector bananero y encubrimiento de los abusos cometidos en las haciendas, entre otras denuncias de criminalización, detención e incluso asesinato de líderes sociales e integrantes de las luchas populares.

La problemática en Ecuador se extiende de tal forma que deja ver “cómo el Estado en su conjunto forma parte de un avance del conservadurismo, el fascismo y el sentido común más reaccionario”, entre cuyas consecuencias se encuentra “la satanización” de la lucha de las mujeres que buscan la garantía de sus derechos fundamentales, “como el aborto en caso de violación, la denuncia del feminicidio y, en general, la lucha contra el patriarcado-capitalismo”.

A este panorama se añade la promoción de la violencia institucional y el racismo, sustentados tanto en la difusión de discursos que ensalzan la seguridad pública “para incrementar la presencia de la represión policial y dejar sin resolver los graves problemas sociales y económicos del país, como en la popularización de discursos de odio contra los migrantes pobres para criminalizar la presencia de extranjeros, especialmente venezolanos”.

Por ello, la Conaie destacó que para hacer frente a la problemática es necesario “recomponer las fuerzas de las organizaciones sociales con medidas de hecho en cada territorio y con diferentes formas de lucha”, entre las cuales, hasta ahora, se incluye la Jornada Progresiva de Lucha, en miras de una declaratoria unificada de Levantamiento Indígena, Huelga Nacional de las centrales sindicales y Paro del Pueblo de las organizaciones populares.

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Ecuador, fin de ciclo e inestabilidad sistémica

Los sucesos que vive Ecuador muestran una profunda inestabilidad que va mucho más allá de la coyuntura y que afecta a toda la región. El gobierno de Lenín Moreno decidió imponer un paquete de medidas aconsejadas por el FMI que supone el fin de los subsidios a los combustibles, con un alza de 123 por ciento al precio del galón de diésel y de 30 por ciento al de la gasolina, acompañada de reformas laborales y tributarias para aumentar la recaudación.

Inicialmente la movilización correspondió al gremio de los transportistas, pero pronto se sumaron los mayores movimientos del país, en gran medida, como rechazo al decreto que impone el estado de excepción, la suspensión de las garantías democráticas y la militarización del Ecuador.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la central Frente Unitario de los Trabajadores, los sindicatos de educadores y la federación de estudiantes universitarios, promovieron movilizaciones en toda la nación, especialmente en la sierra (con 300 cortes de carreteras), donde los pueblos originarios tienen mayor presencia, y en Quito, epicentro de los conflictos sociales.

Decenas de grupos de mujeres, feministas, lesbianas, negras, ecologistas y trans, lanzaron un comunicado titulado Mujeres contra el Paquetazo, en el que denuncian cientos de detenidos y heridos, entre ellos el coordinador de Pachakutik, Marlon Santi, y dirigentes juveniles de Conaie.

La protesta ecuatoriana no es sólo una reacción contra el aumento en los precios de los combustibles. Es una reacción al mal gobierno de Moreno que se recostó en los grandes grupos empresariales, financieros y mediáticos, y es la continuación de las resistencias al régimen autoritario de Rafael Correa (2007-2017).

En efecto, muchos recuerdan el ciclo de protestas de junio a diciembre de 2015, contra medidas del gobierno para paliar la caída de los precios del petróleo, que representa más de 40 por ciento de las exportaciones. En aquel momento, los niveles de represión fueron muy similares a los actuales, aunque Correa no decretó el estado de excepción en todo el país.

Para evaluar la crisis ecuatoriana, como crisis de la gobernabilidad, debemos remontarnos seis años atrás. En 2013 hablamos del "fin del consenso lulista", como consecuencia de la oleada de movilizaciones conocidas como "Junio 2013", que marcaron el ocaso del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y el comienzo del fin del ciclo progresista en la región (https://bit.ly/2LRiUsc).

Dos años después, con la derrota electoral del kirchnerismo en Argentina fue evidente que se aceleraba el fin del progresismo, pautado por "una nueva fase de los movimientos que se están expandiendo, consolidando, modificando sus propias realidades" (https://bit.ly/2XCMzbB). Una de las principales características del nuevo periodo conservador, o derechista, es la evaporación de la gobernabilidad y el ingreso en un periodo de inestabilidad sistémica.

A modo de recordatorio, quisiera destacar algunas características del periodo que vivimos en América Latina, y que ahora emergen de forma transparente en Ecuador.

La primera es el protagonismo de los movimientos, o sea de la gente común organizada y movilizada. Este es el aspecto central. Si el fin del ciclo progresista lo anunciaron las gigantescas movilizaciones de "Junio 2013" en más de 350 ciudades de Brasil durante un mes, el ocaso de las nuevas derechas anuncian las movilizaciones en torno a Congreso de Buenos Aires, contra la reforma de las pensiones, en diciembre de 2017 bajo el gobierno de Mauricio Macri.

Luego de una fenomenal batalla campal en la que casi 200 personas fueron heridas por la policía en pocas horas, el 19 de diciembre, los medios destacaron: "Argentina está demostrando una vez más que es el país de Latinoamérica donde es más difícil sacar adelante reformas impopulares" (https://bit.ly/2CC2XOZ). No es casualidad que pocos meses después comenzara la escalada del dólar que sepultó al gobierno macrista.

La segunda es que el fin de la gobernabilidad, propia de los primeros años del progresismo, es de carácter estructural y tiene poca relación con los gobiernos. El ciclo progresista se cimentó en los altos precios de commodities, con grandes superávits comerciales que lubricaron las políticas sociales. Mejorar el ingreso de los más pobres sin tocar la riqueza, fue el milagro progresista.

Ese consenso se terminó con la crisis de 2008 y la guerra comercial Estados Unidos-China no hace más que profundizar la inestabilidad. No es posible seguir mejorando la situación de los sectores populares sin tocar la riqueza y los gobiernos que se reclamen progresistas no harán otra cosa que profundizar el extractivismo y el despojo de los pueblos: Andrés Manuel López Obrador y el posible gobierno de Alberto Fernández, son parte de esta realidad.

El panorama de los próximos años será una sucesión de gobiernos, progresistas y conservadores, con un telón de fondo de vastas movilizaciones populares. Se trata del fin de la estabilidad, de cualquier color.

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Masiva marcha y paro en Quito contra el ajuste

Mientras el gobierno ecuatoriano pedía abrir el diálogo, por otro lado enviaba a la policía y los militares a reprimir, amparados en el toque de queda.

 Decenas de miles de personas marcharon a Quito en el marco del paro nacional contra el ajuste que lleva adelante el gobierno del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, siguiendo las recetas del FMI. La multitud estuvo encabezada por el movimiento indígena, pero también se plegaron sindicatos, estudiantes, colectivos de mujeres y organizaciones sociales. Mientras el gobierno pedía abrir el diálogo, por otro lado enviaba a la policía y los militares a reprimir. En un mensaje transmitido por la TV pública, Moreno manifestó su confianza en encontrar una pronta solución a las protestas. Continúa el toque de queda.

Miles de manifestantes llegaron desde la mañana a la capital de Ecuador, pese al toque de queda con el que el gobierno buscó detener la circulación en todo el país. El llamado principal a la jornada de paro nacional vino desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE). A ellos se sumaron estudiantes de secundarios, universidades, miembros de organizaciones sociales y políticas, así como el colectivo de mujeres. Muchos venían acamparon desde hace días en distintos puntos de Quito a la espera de la marcha del miércoles. Durante toda la jornada reclamaron la renuncia de Lenín Moreno y que dé marcha atrás al el ajuste que quiere aplicar con el apoyo del FMI. "Que se vaya el gobierno. Ha tenido suficiente tiempo para demostrar qué puede hacer por este pueblo y no ha hecho nada", señaló Diana Guanatuña, integrante de la comunidad indígena de Zumbahua, ubicada en la región andina de Ecuador.

Durante la noche del martes Moreno decretó el toque de queda que rigió hasta la mañana del miércoles. Pero aún antes de que entre en vigencia, policía y militares atacaron con gases lacrimógenos los campamentos de los manifestantes. No discriminaron entre hombres, mujeres, ancianos y niños, muchos de los cuales debieron ser trasladados a los hospitales cercanos. Ante estos hechos las universidades cercanas abrieron sus puertas para recibir a cientos de personas. Organismos de derechos humanos denunciaron la detención irregular de 83 personas, que fueron trasladadas a un cuartel de policía en Pomasqui, a las afueras de Quito. Recién hoy al mediodía pudieron acceder a una atención legal.

Ante la presencia de policías y militares apostados por todo el centro histórico de Quito, los manifestantes marcharon portando banderas de Ecuador y también la multicolor de los pueblos ancestrales. "Violento no es el pueblo que lucha sino el Estado que reprime", se podía leer en uno de los tanto carteles que portaban. También manifestaron su rechazo a Moreno, a la corrupción, el FMI y Estados Unidos. “Los grandes medios están diciendo que ya nos vamos, y no! Acá estamos y seguiremos! Somos un pueblo y una sola lucha”, manifestó en diálogo con el medio comunitarios Wambra, una militante indígena.

En el transcurso de la tarde, organizaciones de derechos humanos informaron que los hospitales no entregaban información sobre heridos. Alegaron que por el estado de excepción que rige en el país todos los datos debían pasar previamente por la Secretaria de Comunicación del gobierno. Estudiantes universitarios formaron brigadas de primeros auxilios para atender a los cientos de heridos que dejó el accionar policial. Se estima que durante la jornada más de 100 personas resultaron heridas. Las manifestaciones se replicaron en 21 de las 24 provincias del país. 

Lenín Moreno se trasladó desde Guayaquil a Quito donde lo mantuvieron al tanto del operativo seguridad. “Sin duda alguna, esto se va a solucionar muy pronto", dijo el mandatario en un video retransmitido por un canal estatal de televisión. Ministros de su gobierno buscaron apaciguar la situación convocando al diálogo. También lanzaron un plan de medidas orientado hacia el sector agrícola. Así lo anunció el Secretario General de la Presidencia, José Agusto Briones, que dio los detalles de los seis puntos que componen la medida: propone trabajar en sistemas de riego parcelario, reestructurar la deuda para aquellas asociaciones que no hayan podido pagar sus parcelas, un seguro agrícola, la condonación del 100% de deudas que se mantienen con la Secretaría del Agua, ‘kits’ tecnológicos y cuatro centros de acopio de productos. Briones sostuvo que se encuentran en diálogo con organizaciones sociales y esperan llegar pronto a un acuerdo, según el diario El Comercio de Ecuador. El gobierno también decidió paralizar el transporte de petróleo de uno de sus oleoductos principales, la mayoría del cual está destinado a la exportación.

Ecuador entró en estado de ebullición el jueves pasado, luego de que Moreno anunciara varias medidas económicas por decreto, haciendo que entren en vigencia de inmediato. También impulsó una reforma laboral que deberá ser discutida por el Congreso ecuatoriano. De estas medidas la que generó mayor rechazo fue la liberación del precio de los combustibles, vehiculizada a través de la quita de subsidios. El rechazo del pueblo ecuatoriano se da por una simple motivo: el aumento de los combustibles conlleva el aumento del precio del transporte público y de los alimentos de primera necesidad. Detrás de estas medidas está la mano del FMI. El gobierno de Moreno tiene pautado un préstamo por 4.200 millones de dólares con el organismo, a cambio de una reducción drástica del déficit fiscal.

El sector transportista respondió con un paro nacional que se prolongó durante dos días y estuvo acompañado por movilizaciones en todo el país. Moreno decretó el estado de excepción que le permitió hacer uso de las Fuerzas Armadas para reprimir la protesta social. También decretó el traslado de la sede de gobierno a Guayaquil, centro económico y ciudad más poblada del país. Las agrupaciones indígenas y movimientos sociales convocaron a un paro nacional para el miércoles. Las protestas continuaron llegando a su pico más alto el martes cuando los manifestantes lograron ingresar a la sede de la Asamblea Nacional. Esa noche Moreno decretó el toque de queda que duró hasta la madruga del miércoles.

 Hasta el momento, el saldo de la feroz represión que se empezó el jueves pasado es de aproximadamente 800 personas detenidas, centenares de heridos y dos fallecidos, según informaron organizaciones de Derechos Humanos.


El Gobierno de Ecuador propone una agenda de diálogo en un intento de desactivar las protestas

 

F. MANETTO

Quito 10 OCT 2019 - 02:13 COT

El Gobierno de Lenín Moreno propuso la tarde de este miércoles una agenda de diálogo a las organizaciones indígenas que llevan una semana encabezando las protestas por el alza del precio de la gasolina. Una marcha masiva, en la que participaron también cientos de estudiantes, sindicalistas y activistas, desfiló pacíficamente desde las once de la mañana por las calles de Quito, hasta llegar al centro de la capital. Allí, sin embargo, la jornada dejó también imágenes de duros choques entre un sector de los manifestantes y las fuerzas de seguridad, a las que achacan desde hace días episodios de represión y por los que ha reiterado su preocupación también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El secretario general de la presidencia, José Agusto Briones, ha ofrecido a las comunidades indígenas un plan con "seis ejes de acción en la ruralidad". El objetivo, ha dicho, consiste en "compensar los efectos del fin del subsidio a los combustibles" y generar nuevas oportunidades. El Gobierno, que plantea una mediación con la intervención de Naciones Unidas y de la Conferencia Episcopal, pone sobre la mesa, por ejemplo, facilitar el acceso al agua a través de un sistema de riego parcelario; reestructurar deudas de las organizaciones que no estén al día en los pagos del financiamiento de sus terrenos; financiar el seguro agrícola; o condonar el 100% de las multas impuestas por la Secretaría del Agua. Las autoridades también prometen construir centros de acopio y distribución de productos agrícolas, reabrir escuelas para distintos grados e incrementar el número de profesores bilingües.

Briones formuló esta propuesta horas después de que el presidente Moreno regresara a Quito desde Guayaquil, donde el pasado lunes, en medio de un clima de alarma social, había decidido instalar la sede del Gobierno. Este lanzó un mensaje a través de las redes sociales asegurando que el diálogo está cada vez más cerca y que la crisis se resolverá pronto. Sin embargo, el jefe de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Jaime Vargas, asegura que la lucha de las comunidades se mantiene de momento en la calle.

"He venido a la ciudad de Quito con el fin de extender mi mano y poderles manifestar que ya tenemos primeros buenos resultados con respecto al diálogo", mantuvo el mandatario. "Los ecuatorianos somos gente de paz, queridos amigos, estamos obteniendo los mejores resultados de diálogo con los hermanos indígenas. Sin duda alguna esto se va a solucionar muy pronto. Me alegro mucho de que todos en conjunto, tantos hermanos indígenas cuanto habitantes de todas las ciudades estén pensando fundamentalmente, en mantener la constitucionalidad, la democracia y la paz", continuó antes de dirigirse a la mayoría de manifestantes. "Hermanos indígenas, jamás les he ofendido, nunca les he ofendido, siempre les he tratado con respeto y cariño y ahora quiero hacerlo nuevamente. Darles un abrazo sincero de agradecimiento por haber llevado esta marcha en paz, por haberse librado de los elementos perniciosos. Esos nunca más volverán. Con ustedes siempre, queridos hermanos indígenas", cerró.

Moreno lleva días culpando a su antecesor, Rafael Correa, de estar detrás de las protestas al igual que Venezuela, aunque aún no ha presentado evidencias de ello. El expresidente sí se ha empleado en jalear las movilizaciones y ha pedido un adelanto de las elecciones por "conmoción social". Esta tarde, tras disolverse la gran marcha indígena, el centro de Quito, en las proximidades del palacio de Carondelet —sede del Gobierno— se convirtió en escenario de duros enfrentamientos entre grupos de manifestantes y las fuerzas de seguridad. En el corazón de la protesta, hay un sector que está dispuesto a negociar con el Ejecutivo, aunque en los últimos días uno de los lemas más escuchados en las manifestaciones que pedían su renuncia fue "¡Fuera, Moreno!".

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