Francia: una huelga inaugura la confrontación social en pleno rebrote

El impacto económico y sanitario del coronavirus

Empleo, salarios, jubilaciones y servicios públicos fueron las consignas de una jornada en la cual, apenas salieron de la Place de la Republique, los manifestantes gritaban “No queremos un mundo peor que el de antes”.

 

El nuevísimo gobierno del primer ministro Jean Castex estrenó este jueves 17 de septiembre su primer movimiento social con una serie de huelgas y manifestaciones que se prenden en el horizonte incierto de la crisis sanitaria en plena resurrección. Huelgas y manifestaciones convocadas por la CGT y organizaciones juveniles inauguran la confrontación social con un Ejecutivo trastornado por la amenaza de una “segunda ola” de contaminaciones cuya gestión responde al imperativo fijado por el presidente Emmanuel Macron: “vivir con el virus” sin adoptar medidas drásticas como, por ejemplo, un segundo confinamiento generalizado. Empleo, salarios, jubilaciones y servicios públicos fueron las consignas de una jornada en la cual, apenas salieron de la Place de la Republique, los manifestantes gritaban “No queremos un mundo peor que el de antes”.

No se percibe, por el momento, un clima de revuelta, aunque si de exasperación en el cual la sociedad busca sus marcas. Hay dos lecturas de la situación y los sindicatos apostaron por la segunda: la primera apunta a que las restricciones en vigor y lo ignoto y plural de la crisis disuadan todo intento de manifestación masiva: la segunda radica en que, pese a ello, la gente asiste al cierre de empresas que se acumulan, al desempleo y la nebulosa cada vez más extendida que ha dejado el virus. 

Aunque huelgas y Covid se han combinado en un espacio con mucha confusión, la movilización social ha sido más bien tímida y muchos analistas se preguntaban qué le pasó por la cabeza a la CGT para activar una protesta social en un momento de arenas movedizas. La confusión es un elemento muy arraigado, tanto más cuanto que las informaciones pueden ser percibidas como contradictorias. Cada semana hay más y más contagios, pero estos no tienen por ahora el impacto de antes. Hoy hay 796 personas en reanimación en los hospitales contra 7.000 en el peor momento de la pandemia (abril de 2020). Con todo, se contabilizan entre 7.000 y casi 10.000 nuevos casos por día. 2.100 clases fueron clausuradas y 81 estabelecimientos escolares cerrados, lo que representa un 0,13% de los 6.0000 existentes. A su vez, la Organización Mundial de la Salud no cesa de advertir sobre “la alarma” implícita en la progresión constante de infecciones en Europa. La zona Europa de la OMS comprende 53 países con Rusia incluida y en esa área se registraron 5 millones de casos oficiales y 227.000 mil muertos provocados directamente por la covid-19.

Antes que imponer una salva de restricciones el Ejecutivo decidió apoyarse en el argumento de la responsabilidad colectiva para contener el empuje de la pandemia. También optó por mejorar los dispositivos vigentes, particularmente el triángulo de las pruebas, la trazabilidad de los contagiados y su aislamiento. La otra opción hubiese sido activar protocolos y prohibiciones cuyo impacto político y económico no habría tardado en ser negativo. La sociedad ha tomado conciencia de que el virus permanecerá activo mucho tiempo más y el gobierno también advirtió que el plan de reactivación económica que presentó al final del verano europeo tenía un aliento muy corto. El consejo científico que asesora al gobierno ya consideró que la estrategia de contención elegida había sido “un fracaso”. Como en muchos otros lugares el mundo, en Francia también se filtra una lectura científica y otra política de la situación. En el medio se meten un ejército de charlatanes, pseudo científicos y comentaristas cuyas opiniones no hacen más que incrementar la sensación de un barco a la deriva. 

El delirio es la palabra clave. Cualquier apresurado sale con sus previsiones al mejor estilo Nostradamus, cuando no son los mismos médicos quienes siembran desconfianza y temor. Un clérigo de expertos patentados dice un día una cosa y al otro día un clérigo del otro bando afirma lo contrario. El pasado 11 de septiembre unos 30 investigadores, médicos y universitarios se pronunciaron en el diario Le Parisien para criticar el discurso del gobierno “tendiente a inducir”, y hasta pusieron en tela de juicio la legitimidad del consejo científico. El epidemiólogo Laurent Toubiana afirmó que “en este momento la amenaza no existe, sino que la fabrican”. Dos días después, en otro diario, Le Journal de Dimanche (ambos populares), un grupo de médicos hizo un llamado contrario: "hay que permanecer atentos frente la segunda ola que se anuncia y limitar los desplazamientos”. Delirios, manipulaciones, batalla de egos y de circuitos científicos, la cacofonía es otro de los espectáculos de una actualidad indigerible. En este contexto, el ministro francés de Salud, Olivier Veran, adelantó nuevas medidas y protocolos sanitarios destinados a las escuelas, así como esfuerzos suplementarios que se concentrarán en las ciudades de Paris, Lille, Toulouse, Rennes, Dijon y dos regiones del sur. Es allí donde la covid-19 circula con más frecuencia.

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Lunes, 24 Agosto 2020 05:44

Hipótesis Revolución

Voluntarios de las YPG en los primeros meses de la revolución de Rojava GUILLEM VALLE

ROJAVA

Una reflexión desde el Norte de Síria con algunas ideas para acercarnos al proceso revolucionario en Kurdistán, con la mirada puesta en el nuevo ciclo histórico que se abre ante nuestro ojos.

 

“La historia no concede ni promete la victoria a ningún movimiento.

Conseguiréis la victoria arrancándola con vuestras uñas, o no lo conseguiréis.

Pero en cualquier caso, esto no pasará sin dejar atrás una tremenda experiencia”

Hikmet Acun

Como internacionalistas llegamos a Rojava con la pregunta: ¿qué es una revolución? Quisimos ante todo estudiar el proceso revolucionario y esto implicó esforzarnos por formar parte de su dinámica, entrar dentro de su desarrollo vivo y arriesgarnos a salir de nuestra posición de exterioridad.

Es inútil tratar de aproximarse a éste o cualquier otro proceso revolucionario desde una actitud contemplativa, a través de unas categorías estáticas y normativas, utilizando la vara de medir de estas categorías que supuestamente revelan lo que es o no es una revolución y cuánta coherencia tiene. Por contra, tratamos de entender la revolución en su movimiento complejo, como un conjunto de fuerzas que luchan constantemente por crear nuevas posibilidades, superando los límites y contradicciones que le imponen las condiciones concretas de cada momento.

Este texto no contiene un análisis profundo y exhaustivo de la filosofía y la práctica que caracterizan esta revolución, sino sólo unos apuntes para acercarnos a ella con la mirada puesta en el nuevo ciclo histórico que se abre ante nuestro ojos. Un ciclo que, de formas diversas, ya se está expresando en convulsiones muy intensas en puntos distintos de los cinco continentes y que obligarán al bando revolucionario a tener la audacia y la inteligencia de intervenir en terrenos de lucha que no ha escogido, en condiciones que no desea, para construir una salida emancipatoria.

Sirvan estas breves notas para alimentar el debate entre aquellos que frente el colapso no se han rendido al posibilismo ni al nihilismo hegemónicos, aquellos que insisten en la alternativa socialista y en transformar la actual crisis capitalista en crisis revolucionaria.

  1. CONTINGENCIA.

La revolución de Rojava no estaba en los planes de nadie, no fue el fruto esperado de un proceso político preconcebido. Como en tantos otros momentos a lo largo de la Historia, la revolución sorprendió en primer lugar a los revolucionarios.

En el imaginario del movimiento de liberación kurdo, Rojava era la última de las cuatro partes del Kurdistán que sería liberada. El análisis de las condiciones de Oriente Medio y de las propias fuerzas había dado siempre primacía a la parte bajo dominio turco respecto a esta pequeña franja del Norte de Síria, donde las capacidades organizativas del movimiento estaban menos desarrolladas, el marco económico y político menos propicio para avanzar posiciones, la geografía mas difícil para el crecimiento de la guerrilla y en la que la posición de retaguardia que el propio movimiento había asignado a este territorio contradecía la hipótesis de un salto revolucionario.

Desde el punto de vista del movimiento kurdo, el ciclo abierto por la crisis global de 2008 bien podría haber abierto esta brecha en Turquía, donde la oleada internacional de movimientos contestatarios que se dio por llamar “Primavera Árabe” se expresó en las revueltas de Gezi1. Pero lo cierto es que lo hizo en Siria, obligando a las fuerzas revolucionarias a capturar la novedad y complejidad de una situación inédita e imprevista, y a desarrollar rápidamente una nueva orientación estratégica para la guerra desencadenada desde el 2011.2.

  1. PREPARACIÓN.

La irrupción del caos reconfiguró radicalmente el tablero político del país y múltiples actores, de muy diverso tipo, se lanzaron a la lucha cada cual con sus objetivos y apuestas particulares. La posibilidad de aprovechar el vacío de poder abierto por el inicio de la guerra la dio el hecho de que el movimiento kurdo poseía ya un grado de preparación suficiente. En este contexto el movimiento de liberación kurdo no partía de cero sino que poseía una base sólida fruto del trabajo de décadas.

Más allá de ocuparse de las problemas y las luchas cotidianas del pueblo, el movimiento emprendió la tarea de acometer una verdadera reforma moral e intelectual en medio de una crisis existencial colectiva

Durante todos esos años evitó el caer en dinámicas movimentistas, electoralistas o cortoplacistas, no jugó a zigzaguear entre las opiniones hegemónicas para lograr un rápido avance electoral, no confundió las instituciones del Estado con el poder, ni cayó en una estrategia vanguardista que confiase la victoria a una derrota del Estado en el terreno militar. Por contra, tuvo la paciencia y la perspectiva histórica de concentrarse en desarrollar un marco ideológico fuerte, en estudiar y sintetizar las experiencias de lucha precedentes para actualizar su línea política, en formar poco a poco un cuerpo de cuadros capaces, decididos, y disciplinados y en asegurarse unas bases territoriales bien enraizadas tanto en el terreno como en el ámbito social. Durante todo este tiempo también incrementó su potencial militar para evitar ser borrado del mapa a la primera de cambio y elaboró un vinculo estrecho con el pueblo, hasta el punto de que no fuese posible diferenciar dónde acaba uno y dónde empieza el otro.

El hecho de que el movimiento uniese todas estas características en una fuerza organizada le permitió articularse junto con el levantamiento espontáneo de la población y tomar rápidamente la iniciativa, impidiendo que éste vacío de poder fuese ocupado por otras facciones, como sí que ha ocurrido en otros lugares donde las organizaciones kurdas no estaban presentes o no tenían la fuerza necesaria. Así se formó la unidad entre los dos tempos de la revolución: el tiempo del crecimiento lento y paciente, y el tiempo del levantamiento, del momento decisivo, de “la fracción de segundo en la que todo parece posible”

  1. IRRUPCIÓN DEL PUEBLO.

Cuando el statu quo en Siria entro en una crisis irreversible, los círculos kurdos no encararon la crisis con una mera lista de demandas, sino con propuestas claras y desarrolladas que mostraban el horizonte de todo un nuevo orden. Bajo el liderazgo político del movimiento, se había formado una voluntad colectiva construida sobre una cosmovisión propia y expresada en un proyecto integral capaz de guiar la construcción de una alternativa. Se suele decir que el movimiento de liberación revivió al pueblo kurdo y que Abdullah Öcalan hizo posible que se pudiera volver a llamar “Kurdistan” por su nombre, como palabra que nombra una realidad, como concepto, como existencia. Este dicho expresa que el pueblo construyó el movimiento tanto como el movimiento construyó al pueblo.

Desde su fundación a finales de los años 70, el Partido de los Trabajadores de Kurdistán fue ganándose poco a poco el prestigio y el apoyo de la gente, defendiendo al campesinado de los abusos de los terratenientes (kurdos), colocándose en primera línea en las luchas de las fábrica y de los estudiantes, se fue haciendo fuerte en los barrios populares de las metrópolis, respondiendo a los desmanes del Ejército y la policía en las zonas rurales y organizando en Europa a la diáspora que huía de la miseria y la guerra.

Pero más allá de ocuparse de las problemas y las luchas cotidianas del pueblo, el movimiento emprendió la tarea de acometer una verdadera reforma moral e intelectual en medio de una crisis existencial colectiva: identificó la situación de genocidio físico y cultural y transmitió una nueva concepción de lo que significaba ser kurdo, de qué era la libertad, del rol que tenía y cuál debía tener la mujer en la sociedad, de lo que podía llegar a ser un pueblo libre que se organizase como una sociedad basada en una ética comunal y socialista, una sociedad liderada por mujeres libres.

Cada rincón de la geografía kurda se empapó con la narración de una transformación del ser humano y del sentido que tenía este nuevo ser humano: el de un pueblo guerrero que podía luchar para cambiar la Historia. En el mismo proceso de la lucha, y no sin hacer enormes sacrificios, se fue formando una nueva idea de la nación kurda. Esta idea de nación unía fragmentos socialesanteriormente dispersos, disolvía antagonismos sectarios, religiosos y tribales, y poco a poco fue materializándose en una densa red de vínculos e instituciones populares que prefiguraban una alternativa.

El proceso revolucionario de Rojava no se dio en el vacío, sino dentro de una dinámica extremadamente caótica, impredecible y permanentemente cambiante, obligando al movimiento a traducir su paradigma ideológico y su proyecto político en un repertorio absolutamente flexible de estrategias y tácticas

En definitiva, el pueblo kurdo se había constituido a lo largo de los años como una voluntad colectiva, para la cual el momento insurreccional de julio del 2012 en el Norte de Siria no fue el principio. No lo encaró con la forma de un movimiento difuso, sino con el esbozo de un nuevo orden social potencialmente capaz de sustituir al anterior, con lo cual fue posible dar el salto de un contexto de práctica clandestinidad a uno de autogobierno. Estaba en las condiciones necesarias para oponer una alternativa integral que diese seguridad, orden, sentido y esperanza a su gente en medio del caos y la incertidumbre.

Este momento, sin embargo, supuso un punto de inflexión, pues brindó la oportunidad de lleva mucho más lejos que nunca antes el desarrollo de su cosmovisión y alternativa propias. El movimiento descubriría entonces algo que a los internacionales se nos ha repetido a menudo, y es que empezar una revolución es difícil, pero mucho más difícil es continuarla.

  1. FLEXIBILIDAD ESTRATÉGICA Y TÁCTICA.

Pese al grado de preparación del movimiento, la revolución de Rojava no siguió al pie de la letra la hoja de ruta prevista en el modelo teórico. De forma extremadamente esquemática, podemos decir que esta hoja de ruta se basa en la construcción de abajo hacia arriba de instituciones populares y espacios de auto-organización; construcción que paulatinamente llega a un grado de desarrollo tal que la sociedad autogobernada está en calidad de declarar su Autonomía Democrática y de defenderla de la injerencia del Estado.

En el caso de la revolución de Rojava, cuyo tiempo “prematuro” rompió con la linealidad del plan, en la práctica este proceso se dio de forma desigual, en muchas ocasiones a la inversa de lo pensado. El movimiento tuvo que tomar el control de territorios donde el nivel material y cultural de autoorganización social era todavía muy débil, de modo que se lanzó a construir estas instituciones populares “desde arriba”, desde el cuerpo recién creado de la Administración Autónoma Democrática. Por el mismo motivo, y por el hecho de encontrarse en medio de una guerra de rapiña interimperialista que exigía un cierto grado de organización centralista, jerárquica y disciplinada, hasta el momento tampoco pudo superar enteramente la forma Estado ni llevar muy lejos un proceso socialista de transformación de las relaciones de producción, sino que paulativamente trató de articular las condiciones que impone la lógica militar junto con la lógica política de la democratización y la primacía del protagonismo de las masas en todos los asuntos comunes.

En efecto, el proceso revolucionario de Rojava no se dio en el vacío, sino dentro de una dinámica extremadamente caótica, impredecible y permanentemente cambiante, donde las diferentes fuerzas imperialistas y potencias regionales luchan encarnizadamente en múltiples planos (militar, político, económico, diplomático, social), obligando al movimiento a traducir su paradigma ideológico y su proyecto político en un repertorio absolutamente flexible de estrategias y tácticas en todos estos aspectos. Para garantizar la supervivencia del proceso revolucionario, se vio forzado a luchar en todos estos planos a la vez, pues en todos ellos sus enemigos trataban de aniquilar la revolución de un modo u otro y frente a lo cual solo la articulación de una estrategia coherente, que enlazase todos estos frentes de lucha basándose en una lectura precisa de la correlación de fuerzas existente, podría permitir mantenerse o avanzar en sus posiciones sin ser destruido.

Para poder desarrollar su proyecto político sin ser aniquilado en la guerra, tuvo que establecer una política de alianzas adecuada; para poder establecer estas relaciones en el plano diplomático tuvo que ser lo bastante fuerte en el plano militar; para ser fuerte en el plano militar, necesitaba serlo también a nivel social, pues si el pueblo hubiese carecido de la perspectiva de un proceso de emancipación y justicia social; si el pueblo no se hubiese unido entorno a un proyecto común y no se hubiese identificado con el movimiento que lidera el proceso revolucionario, no hubiese tenido la motivación para luchar y pasar por los sacrificios y sufrimientos indecibles por los que ha tenido que pasar en todos estos años…

Nada hace pensar que este período dará necesariamente paso al fin del capitalismo y al desarrollo de una alternativa. Sin embargo, es plausible pensar que este tiempo reabrirá de nuevo brechas históricas que quedaran abiertas a la disputa entre múltiples actores, intereses e hipótesis, entre ellas la revolucionaria.

Acaso el ejemplo mas llamativo del carácter extremadamente contradictorio y complejo de este proceso sea la alianza militar con los EE.UU., ya que por un lado la apuesta del imperialismo estadounidense no es la de apoyar al movimiento de liberación kurdo, sino fragmentarlo y desvincularlo de su liderazgo ideológico para corromper la revolución forzando un protectorado como el establecido en el norte de Irak. Por otro lado, el movimiento kurdo sabe por experiencia propia que tiene en los EE.UU.-OTAN su más mortal enemigo y, sin embargo, en la coyuntura concreta de la revolución en el Norte de Siria se vio sumida de lleno en la encrucijada. O bien rechazaba su apoyo militar y se resignaba a la aniquilación, o bien establecía una alianza táctica provisional -e inestable- que le permitiese seguir en el tablero con la perspectiva de abrir nuevas posibilidades de lucha y otras correlaciones de fuerza en el futuro.

Esta flexibilidad estrategia-táctica no sería posible sin un marco y unos objetivos ideológicos y políticos claros y fuertes, así como una dinámica constante de crítica y autocrítica desde la base hasta el liderazgo, que evalúe errores y aciertos y que contrarreste las tendencias al oportunismo o a la burocratización.

  1. INTERNACIONALISMO.

La perspectiva internacionalista del movimiento de liberación kurdo es en primer lugar de carácter ideológico. En tanto que continuadora de la tradición socialista rechaza toda desviación chovinista y defiende con ello una concepción democrática de la liberación nacional a partir de una profunda crítica del Estado-nación moderno. Abdullah Öcalan elaboró un proyecto político con vocación universal, bajo la forma de unos principios y estrategias generales que vinculándose con lo particular de cada caso pudiesen servir como una guía en la búsqueda de libertad de las mujeres, las clases populares y las naciones oprimidas de todo el mundo.

En segundo lugar, para el movimiento kurdo el internacionalismo tiene un carácter estratégico. El proceso revolucionario en el Kurdistán no puede sobrevivir indefinidamente rodeado de enemigos. A diferencia de las luchas de descolonización y liberación nacional de otras épocas, no tuvo un campo socialista en el que apoyarse, ni tampoco una Internacional de organizaciones revolucionarias con capacidad de incidencia en sus respectivos países, ni siquiera las oledas de solidaridad internacional que antaño despertaron luchas heroicas como las que libraron los pueblos de América Latina, Argelia, Vietnam, Palestina, etc.

El movimiento de liberación kurdo asumió como propia, en lo referente al internacionalismo, la tarea histórica de nuestro tiempo, a saber: el trabajo de vincular luchas dispersas alrededor del mundo, de articular una fuerza capaz de hacer frente al sistema capitalista global y a las fuerzas imperialistas que pretenden ahogar el proceso revolucionario, tanto en Oriente Medio como en cualquier lugar donde los pueblos se atrevan a poner en cuestión su hegemonía. Es por esto que desde el primer momento la revolución de Rojava tuvo un carácter internacional, y que el movimiento puso enormes esfuerzos en proyectar la lucha internacionalmente, debilitando las estrategias de aislamiento y fragmentación alentadas por sus enemigos.

Actualmente, bajo el signo de una crisis estructural que viene de lejos y que no deja de acelerarse, el mundo sigue adentrándose más y más en un período de incertidumbre y caos. Nada hace pensar que este período dará necesariamente paso al fin del capitalismo y al desarrollo de una alternativa. Sin embargo, es plausible pensar que este tiempo reabrirá de nuevo brechas históricas que quedaran abiertas a la disputa entre múltiples actores, intereses e hipótesis, entre ellas la revolucionaria.

Es nuestro deber prepararnos en consecuencia, estudiando los procesos que han tenido y tienen lugar alrededor del mundo, analizando los errores y aciertos de nuestra tradición histórica y dinamizando la síntesis de las diversas experiencias y perspectivas para constituir pacientemente una fuerza popular capaz de tomar la iniciativa y lanzarse a la lucha hasta el límite de sus posibilidades.

 

¡BUEN CAMINO!

23 AGO 2020 22:00

Notas

  1. Revuelta social ocurrida en 2013 en la República de Turquía, cuando la brutal represión de una protesta ecologista que pretendía detener la destrucción del parque de Taksim Gezi para construir un centro comercial desató disturbios continuados en varias ciudades del país.
  2. De Kurdistán a Chiapas. Una Internacional de la Esperanza. Michael Panser https://komun-academy.com/2019/12/26/from-kurdistan-to-chiapas-an-international-of
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La lucha por la comida en tiempos de pandemia

Si se pudiera cuantificar la cantidad de alimentos producidos, donados e intercambiados vía trueque por los movimientos campesinos, indígenas y populares en América Latina, nos llevaríamos una grata sorpresa. Aunque sólo conocemos datos parciales, podemos asegurar que los pueblos organizados están caminando hacia nuevos niveles de autonomía, incluso alimentaria.

Hasta comienzos de julio, campesinos del Movimiento Sin Tierra, junto a pequeños agricultores, habían donado 2.3 mil toneladas de alimentos desde el comienzo de la pandemia, incluyendo lácteos, arroz, verduras y frutas (https://bit.ly/3gWw8R1). De ello se beneficiaron pobladores de las periferias urbanas, indígenas y quilombolas (espacios del pueblo negro).

En el sur de Colombia, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) ha realizado Mingas de la Comida llevando alimentos de clima frío, templado y cálido a las ciudades, promoviendo ferias de trueque entre comunidades y migrantes urbanos, que les dan a cambio productos sanitarios y de limpieza en reciprocidad (https://bit.ly/2WAkV0X). Prácticas que forman parte de la Minga Hacia Adentro decidida por el CRIC para afrontar la pandemia.

Por su parte, el Proceso de Liberación de la Madre Tierra, en la misma región, además de continuar liberando fincas para la vida, ha realizado varias marchas de la comida en apoyo a comunidades rurales y barrios urbanos (https://bit.ly/2DyJSmv). La Guardia Indígena se encarga de los cuidados comunitarios, ejemplo que vienen siguiendo otros pueblos con la creación de Guardias Cimarronas y Guardias Campesinas (https://bit.ly/2OmpRlt).

En las ciudades, se multiplican los espacios de cultivo de alimentos y plantas medicinales. En Popayán, Cauca, vecinos de las periferias abrieron huertas para abastecer las ollas comunes y en barrios de Córdoba, Argentina, las familias organizadas comenzaron a cultivar huertas en sus casas y compartir los alimentos.

La agricultura urbana y periurbana se instaló hace décadas, pero durante la pandemia conoció una notable expansión. El movimiento más potente en este sentido es la Unión de Trabajadores de la Tierra en Argentina, hijo "cimarrón" del movimiento piquetero y del campesino, que ahora reúne 10 mil familias que producen alimentos venden en almacenes propios, ferias informales y redes de comercialización alternativa.

Crearon, además, una innovadora forma de protesta con los "verdurazos" para visibilizar las demandas del sector campesino (https://bit.ly/2ZqJa3f).

En tanto, debe destacarse el papel de las Redes de Abastecimiento de las asambleas territoriales de Santiago y Valparaíso, en Chile. Las redes compran directamente a los productores y campesinos, eludiendo intermediarios con el fin no sólo de asegurar la alimentación, sino de "fortalecer la capacidad organizativa en el propio territorio" (https://bit.ly/2CF5soT).

En Uruguay miles de personas compramos en el Mercado Popular de Subsistencia, una red de más de50 nodos territoriales urbanos que adquiere sus productos a fábricas recuperadas, cooperativas y agricultores familiares (https://bit.ly/3h2opkk). Las familias elijen sus alimentos de una canasta de más de 300 productos, que recogen, transportan y fraccionan en forma de ayuda mutua.

Así como los pueblos no esperan que los gobiernos decreten la reforma agraria, recuperan tierras, resisten y producen en ellas, tampoco esperaron que los gobiernos se hicieran cargo de la alimentación, ante la incapacidad de éstos para responder a la emergencia.

La Vía Campesina, en 1996, acuñó la propuesta de "soberanía alimentaria", para enfrentar la "seguridad alimentaria" de los organismos internacionales, que apuestan al mercado, las multinacionales y las tecnologías para alimentar a los pueblos. En un principio, la definió como "el derecho de cada nación" para producir alimentos, "respetando la diversidad productiva y cultural".

Eran años de ascenso de las luchas por la tierra, con epicentro en Brasil y en los pueblos originarios. Con el tiempo, Vía Campesina fue"profundizando" el concepto de so-beranía alimentaria al calor de nuevas luchas, enfatizando en las "nuevas relaciones sociales", en la gestión de los productores y movimientos para "conservar la autonomía y recuperar nuestro poder", como señala la Declaración de Nyéléni de 2007 (https://bit.ly/30heCA8).

En 2018, la Coordinación Europea de Vía Campesina fue más allá, definiendo la soberanía alimentaria como un "proceso de construcción de movimientos sociales", con base en la solidaridad que se construye "de abajo hacia arriba" (https://bit.ly/3h10SQN).

Si es cierto que la pandemia desnuda la nueva realidad neoliberal, el crecimiento de nuevas derechas y el secuestro de democracias por el capital financiero, también enseña avances notables de los pueblos en movimiento, capaces de construir su autonomía resistiendo y creando nuevas formas de producir, distribuir y consumir alimentos

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Domingo, 05 Julio 2020 06:27

La nueva fase de anexión israelí

La nueva fase de anexión israelí

Regresemos a Balfour. No se trata de si Israel se anexará Cisjordania más adelante este mes, o cuánto o cuánto más de ella. Se trata de la promesa original británica de 1917 –o el pecado original, si uno es árabe– y lo que expresaba en palabras. Porque, después de la verborrea acerca de la "simpatía" británica y las "aspiraciones" sionistas, la única oración de la Declaración Balfour sostenía que el gabinete en Londres veía "con ojos favorables el establecimiento en Palestina de una patria nacional para el pueblo judío". Y las palabras más importantes de esta oración eran "nacional" y "en Palestina". Podemos olvidar las tonterías sobre proteger los derechos de las "comunidades no judías existentes en Palestina", porque no teníamos la menor intención de hacer nada por el estilo. Por eso –y bien harían los lectores en echar una ojeada a ese malévolo documento– Alfred Balfour prefirió evitar identificar a esas misteriosas "comunidades no judías" como árabes, musulmanas o cristianas.

Así pues, primero veamos lo de "nacional", adjetivo de "nación", que en lenguaje actual significa un Estado. Al menos es lo que hemos tenido que aceptar, porque, si Balfour sólo quiso decir "nación" en el sentido de comunidad colectiva –es decir, un "pueblo"–, ¿por qué usaría las palabras "pueblo judío" después de haber expresado apoyo a una patria "nacional" para él? Pero la segunda expresión, de igual importancia, es "en Palestina". Porque Balfour –que, en efecto, significa el gabinete de guerra británico de 1917 en pleno– no especificó a qué parte de "Palestina" se refería cuando escribió sobre la "patria" judía.

¿Fue a la sección que se convirtió en Israel más de 30 años después? ¿O una porción mayor? ¿O todo lo que en 1920 se volvió el mandato británico sobre Palestina, es decir, lo que hoy es Israel, Cisjordania y la ciudad de Jerusalén (y Gaza, que por el momento, y por obvias razones, es otra historia). Incluso se podría alegar que la "Palestina" a la que Balfour se refirió en 1917 incluía Transjordania: lo que hoy se conoce como el reino de Jordania, en el otro lado del río Jordán, más adelante sustraído a Palestina por los británicos.

Entonces, cuando Benjamin Netanyahu les dijo hace dos meses a los israelíes que la extensión de la soberanía de Israel hacia Cisjordania sería "otro glorioso capítulo en la historia del sionismo", su predecesor sionista, Chaim Weizmann –quien tuvo extensa participación en la redacción y semántica de la Declaración Balfour– sin duda habría afirmado que ese objetivo ya se había alcanzado.

¿Acaso los británicos no habían hablado de "Palestina" sin hacer la menor delimitación geográfica de la "patria nacional" que los judíos establecerían dentro del futuro mandato? En otras palabras, en 1917 los judíos bien pudieron haber creído que los británicos les ofrecían una "Palestina" mucho más grande –de hecho, toda Palestina– de la que al final se puso en el camino de Israel en 1948. En esos días, por supuesto, "Cisjordania" no existía en la nomenclatura de judíos o árabes.

Las "comunidades no judías" (los árabes cristianos y musulmanes) en Palestina –a quienes Balfour no ofreció una "patria nacional"– vivían en todo ese territorio. Sin embargo –y esta es la expresión estremecedora de la declaración–, no se mencionaba que esos pueblos vivieran allí. Meramente "existían" allí (como en "los derechos de las comunidades no judías existentes en Palestina"). Eran una mayoría de los pobladores de Palestina, pero en definitiva no eran definidos según su identidad, sino según la identidad de quienes crearían su "patria" allí. Eran "no judíos".

Todo esto se remonta, desde luego, a las fronteras. Si los británicos creyeron que habían prometido –o si los judíos pensaban que les habían prometido– toda Palestina, entonces, ¿qué tonterías son estas acerca de una "anexión"? ¿Acaso los sionistas han olvidado el objetivo original de la Declaración Balfour? Así pues, ahora viene la verdadera amenaza a la noción misma de la "anexión".

Porque, si en efecto declara la soberanía israelí sobre el resto del antiguo mandato británico, ¿qué ha sido Cisjordania desde que fue ocupada por Israel en la guerra árabe-israelí de 1967? Esa conquista territorial –en un conflicto que los árabes empezaron– convirtió a Israel en potencia ocupante, con todas las obligaciones que entonces deben recaer sobre ella. Pero el argumento de Israel, todo este tiempo, fue y es que es un territorio "en disputa" –a menos que sea anexado, supongo–, puesto que no era un "territorio soberano" de nadie que pudiera ser "ocupado" cuando los israelíes se adentraron en Cisjordania hace 53 años. Por consiguiente, la noción misma de una "Palestina" árabe, de acuerdo con los israelíes, no existe porque no tiene todos los atributos de un Estado. Hagamos a un lado por el momento la aceptación de Naciones Unidas de su calidad de Estado: es la definición de esa calidad la que ha sido el fundamento de la negativa israelí a aceptar la existencia de una Palestina árabe.

Aquí volvemos a la ironía final de todo el proyecto colonial israelí en Cisjordania. Porque, si la lastimera versión de "Palestina" que tiene el presidente Abbas –Gaza y Cisjordania– carece de los atributos vitales de un Estado, tampoco Israel los tiene. En efecto, ¿qué país de la Tierra es incapaz de decir a su propio pueblo –ya no digamos al resto del mundo– dónde está su frontera este? ¿Corre por el centro de Jerusalén? ¿Alrededor del este de Jerusalén? ¿Alrededor del borde de los mayores desarrollos coloniales de Cisjordania, construidos, como siempre nos lo recordamos, casi por completo sobre la tierra de otro pueblo (los árabes)? ¿Irá a ser esta la nueva "frontera este" de Israel, sobre la que Netanyahu ha estado amenazando a los palestinos –alentado por Donald Trump y Jared Kushner– en meses recientes?

Pero si esta "anexión" se dará ahora en etapas –puede consumir un asentamiento aquí, un "puesto ilegal" en otra parte (fenómeno este último que es una de las excusas más risibles de Israel para engullir tierra ajena) –, de todos modos no define la ubicación de la frontera este israelí. La nueva anexión de Netanyahu, si va a ser poco a poco, tamaño salami, bocado a bocado, solo será otra frontera temporal, una frontera desangelada esperando la creación de una demarcación "soberana" más, que también será provisional.

En otras palabras, si Israel quiere una frontera este, tendrá que decir al mundo dónde va a estar la frontera final. Entonces tendrá todos los atributos de un Estado. Y no puede hacerlo –y Netanyahu no puede– porque de inmediato cobraría existencia el Estado de apartheid que los críticos de Israel afirman que es. En el momento en que Israel nos diga que toda la línea del río Jordán (no solo la parte norte) es la frontera de Israel, entonces los árabes de Cisjordania estarían viviendo sin derechos o votos dentro del Gran Israel.

Es interesante en qué terminos se han expresado en las semanas pasadas las objeciones a los planes de Netanyahu, si vamos a tomarlos en serio, así como consideramos lunático al gobierno de Trump. La Unión Europea ha resaltado la ilegalidad de tal despojo de tierra. Boris Johnson –quien ha elogiado y condenado la Declaración Balfour en el curso de pocos años, dependiendo de si buscaba nuevos acuerdos comerciales con Israel– ahora ha dicho en su artículo en un diario israelí que está "inmensamente orgulloso de la contribución británica al nacimiento de Israel en la Declaración Balfour de 1917".

Sin embargo, salvo dos tibias referencias a la "justicia" –tanto para israelíes como para palestinos, claro–, toda su tesis se basa en la idea de que las propuestas de anexión "fallarán en el objetivo de asegurar las fronteras israelíes (sic) y serán contrarias a los intereses israelíes a largo plazo". Sería, escribió, "una violación al derecho internacional". Y sería un regalo a los antisemitas ("esos que quieren perpetuar las viejas consejas acerca de Israel").

Sin embargo, ni una sola vez señala Johnson que la razón principal de oponerse a la anexión de Cisjordania es que es incorrecta e inmoral, un acto criminal de robo masivo de tierras que dejará a todo un pueblo –o a las "comunidades no judías", como hubiera dicho Balfour– sin los hogares y la tierra que en derecho les pertenece. Esta –que no es ninguna minucia de legislación internacional– es la razón principal por la que millones de personas en todo el mundo están atónitas ante la determinación israelí de adueñarse de ese territorio.

Y hasta que las potencias occidentales "civilizadas" impidan que Israel cometa esa inmoralidad –esa crueldad–, Netanyahu puede soplar y resoplar acerca de la anexión para contento de su corazón, e incluso poner la nueva, pero temporal alambrada fronteriza israelí sin sentir el menor temor.

Así pues, en vez de ponderar por qué Netanyahu y Gantz podrían estar divididos con respecto a su proyecto colonial –o cuánto temen una victoria de Joe Biden y, por tanto, tienen que empujar hacia delante, o cuánto temen una derrota de Trump y por tanto tienen que poner en suspenso sus nuevos planes coloniales, o qué contramedidas puede imponer la Unión Europea a la economía israelí, o qué tanto preocupa a Johnson su seguridad–, recordemos que todo esto se refiere a la existencia de Israel como Estado.

Para tener un Estado, debe tener fronteras. Pero sostener su reclamo de una frontera que abarque toda Cisjordania socava la moralidad sobre la cual existirá el Estado que vaya a crearse al final, con todos los atributos necesarios. Ese es el meollo del asunto. Quizá lo demostremos cuando los periodistas, comentaristas y analistas gastemos tanto tiempo en reportar y examinar los cargos de presunta corrupción contra Netanyahu –que él niega– como lo hacemos con respecto al crimen masivo e inminente de robar para siempre la tierra y propiedad de otro pueblo.

© The Independent

Traducción: Jorge Anaya

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Reclusos con mascarillas mientras hacen cola durante una operación policial en la prisión del Centro Penal de Izalco. EUROPAPRESS/Especial/NOTIMEX/dpa

 

elDiario.es habla con un portavoz de la Mara Salvatrucha cuando se cumplen dos meses desde que el Gobierno salvadoreño ordenó mezclar en las mismas celdas a miles de miembros activos de tres pandillas enfrentadas entre sí

Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Miles de presos apelotonados uno tras otro, en plena pandemia. Todos con la cabeza rapada, descalzos, sin camiseta, vestidos únicamente con pantalones cortos y hacinados en cárceles que triplican su capacidad. El menor de los problemas era que no se cumpliese la distancia social. Por primera vez en dos décadas, El Salvador decidió juntar en tres de sus prisiones a sicarios de las tres pandillas mayoritarias y enfrentadas a muerte entre sí, la Mara Salvatrucha 13 (MS-13), y las dos facciones de Barrio 18, Sureños y Revolucionarios, que desde el 2002 tenían espacios diferenciados dentro de las prisiones para evitar asesinatos entre ellos.

Esta semana se han cumplido dos meses desde que miles de miembros activos de la MS-13 y de las dos 18 están conviviendo en las mismas celdas. No ha habido reporte de muertes ni incidentes. Un portavoz de la Mara Salvatrucha en El Salvador ha explicado a elDiario.es cómo se ha gestionado en el interior de las prisiones el "castigo" del Gobierno salvadoreño.

"El Estado nos metió así pensando que nosotros íbamos a caer en su juego", sostiene el hombre vía telefónica, reticente a dar su nombre real por razones de seguridad. Se hace llamar 'Presente', su taka o alias en la pandilla.

"Nos metió así pensando que nos íbamos a matar unos con otros, porque somos rivales, creyendo que íbamos generar un caos... Pero somos seres humanos y podemos pensar así que rápido, ligero, nos pusimos de acuerdo", detalla Presente para describir los meses de convivencia entre sus compañeros y sus rivales: "Y ahí estamos, revueltos pero tranquilos, tenemos reglas y normas entre nosotros".

Presente habla desde la capital del país, San Salvador, en nombre de toda la organización, incluidos sus homies (compañeros) presos. Nos contacta a través de otro compañero suyo, preso en España. Para poder hablar con Presente pasamos varios filtros, muchas preguntas y varios días hasta llegar al representante designado. En otros momentos, los presos podían, ilícitamente, hacer llamadas desde la cárcel, ahora, desde que los juntaron, les han cortado casi cualquier vía de comunicación con el exterior. Solo les quedan algunos métodos rudimentarios para hacer llegar algún mensaje a los miembros de su organización que no están encarcelados.

A sus 34 años, Presente, como casi cualquier marero vivo de su edad, también ha estado preso. Él cumplió condena en Zacatecoluca, la prisión de máxima seguridad de El Salvador, donde históricamente han encerrado a los líderes de la Mara Salvatrucha 13 (MS13).

La MS13 es la pandilla más grande y violenta del mundo, la que nació en los años 70 en California, y ahora es considerada una organización terrorista internacional. Aunque de cerca se parece más a un ejército de chicos pobres que se enriquecen con el narcomenudeo y la extorsión. En este país de 6,5 millones de habitantes, tan poblado como la Comunidad de Madrid, la MS13 tiene 40.000 miembros repartidos por todo el territorio. Se organizan en los barrios y asentamientos urbanos a través de clicas, la unidad mínima territorial que goza de autonomía operativa y que le rinde cuentas al programa, una mesa regional sobre la que ya se erige la organización nacional o Mesa de la Ranfla.

Las clicas han dividido ciudades y el país entero en miles de fronteras invisibles, donde quien vive en un barrio controlado por una clica de la MS13, aunque no seas parte de la organización, no puede cruzar al barrio contiguo si lo controla una de las pandillas rivales, a riesgo de ser asaltado, golpeado o hasta asesinado.

Con esta ley del terror, cada pandilla se asegura el control de su territorio donde pueden estar tranquilos con sus familias y hasta conseguir prebendas para sus vecinos. Después de 30 años de existencia en muchos barrios, pandillas y vecindario tienen una relación simbiótica, los mareros necesitan al barrio para sobrevivir y el barrio muchas veces necesita a la pandilla. Como ha ocurrido durante la pandemia. Durante el estado de emergencia en El Salvador, los pandilleros han repartido víveres y han impuesto, demasiadas veces de malas formas, que la gente cumpla el confinamiento.

El gobierno salvadoreño decretó el 15 de marzo el estado de emergencia, que ha mantenido al país confinado durante cerca de tres meses. El cese de la actividad económica, sumado a las tormentas tropicales Cristóbal y Amanda que dejaron 30 muertos y a más de 12.600 personas sin casa, han disparado el hambre en un país donde la tercera parte de su población vive en la pobreza.

"Somos una estructura pensante, los más grandes de aquí, los más organizados y no solo para cosas malas, también para cosas buenas", dice Presente, quien tiende la mano al Gobierno salvadoreño. La relación entre las pandillas y la administración de Nayib Bukele, que acaba de cumplir un año, es opaca. Los dos gobiernos anteriores del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) intentaron acuerdos con las pandillas para pacificar el país.

En 2012 se negoció una tregua que no llegó a cumplir los dos años. Su fracaso y la implementación de políticas de mano dura tuvo un importante coste para El Salvador. Las pandillas escalaron la violencia hasta convertir el país en el más violento del mundo. Uno de cada mil salvadoreños era asesinado en 2015 y esta tasa casi se duplicaba en la capital, San Salvador.

Desde la llegada de Bukele al poder, los homicidios han descendido en un 60%, un logro histórico. El gobierno asegura que es gracias a su Plan de Control Territorial, del cual no hay apenas información pública y ha sido puesto en entredicho el último fin de semana de abril, cuando 70 personas fueron asesinadas, casi una cada hora; pese a la restricción de movimientos y con 50.000 policías y militares desplegados en la calle. "Fue un golpe sobre la mesa de las pandillas, que saben que la violencia es su poder de negociación con el gobierno", asegura la experta en Seguridad y Violencia, Jeanette Aguilar.

El presidente Nayib Bukele respondió públicamente con la vieja receta de mano dura. Autorizó a la Policía y al Ejército a disparar a matar. "El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o de la vida de los salvadoreños", dijo Bukele a través de su cuenta de Twitter, como suele hacer los anuncios oficiales quién se ha ganado a pulso el apelativo del "presidente millenial". Ese mismo día decidió juntar en las prisiones a miembros de las tres pandillas mayoritarias y enfrentadas a muerte entre sí. "De ahora en adelante, todas las celdas de pandilleros en nuestro país, permanecerán selladas. (...) Estarán adentro, en lo oscuro, con sus amigos de la otra pandilla", tuiteó el mandatario. En El Salvador se calcula que, entre todas las pandillas, hay 60.000 miembros, de los cuales l6.000 están presos.

"En las cárceles aguantamos hambre, golpes, nos tratan peor que los animales ya usted ha visto como los andan...", describe Presente. "Los tiene tan solo en bóxers, sin comunicación, con una puerta sellada para que no les entre ni un rayo de sol al día, todos hacinados, solo con las mascarillas clínicas", dice el MS-13.

El portavoz de la Mara Salvatrucha sostiene que, aunque hay un área destinada para gente enferma, la saturación dificulta la atención médica. "Si normalmente no se da abasto, ¿ahora? El año pasado murieron muchos hermanos presos de tuberculosis, imagínese con lo que estamos viviendo ahora... uno está como agonizando en vida", relata Presente. Pide al Gobierno que se replantee la medida.

"Violando nuestros derechos, el país no vive mejor"

"Nosotros como mareros no pedimos nada más que nos respeten los derechos humanos. Somos delincuentes, pero también somos salvadoreños. El gobierno se debería poner a analizar que violando nuestros derechos el país no vive mejor", dice el marero.

Roberto Valencia, periodista que ha cubierto el fenómeno de las maras durante una veintena, asegura haber accedido a un documento firmado por las tres pandillas para ratificar su convivencia en el interior de las cárceles. "Ahora tenemos una reglas de convivencia dentro de las prisiones", dice Presente. Cuesta imaginárselo, cuando se trata de pandilleros rivales. Durante años, se han matado unos a otros.

"Sí, esas rivalidades están, pero ahí dentro no le vamos a dar gusto al sistema", reitera el joven. "Ahí nosotros convivimos. Si ha habido un problema en alguna ocasión en las calles, no se puede reactivar en la cárcel aunque se quiera. No se puede", añade. Pero, una cosa es la presión. Otra, las calles.

La tregua no se replica afuera. Solo que, durante la pandemia, cada pandilla está viviendo "en tranquilidad, en su territorio".

Valencia, que entró a grabar en las celdas el pasado mes de mayo, vio como los rivales convivían hasta el punto de llamarse "amigos" entre ellos. "Si me dicen a mi hace unos años que iba a ver eso, apuesto dinero a que no", explica el periodista.

Articuladas frente a un enemigo común: el Estado

"Desde 2010 hemos visto cómo las pandillas han logrado articularse entre ellas contra el Estado, su enemigo común. Ahora esta decisión en las cárceles puede favorecer más la cohesión de las bases pandilleras, al margen de sus rivalidades históricas", contextualiza Aguilar.

"Así pasó en la década pasada ante las políticas de mano dura, cuando las pandillas contestaron usando la extorsión hasta convertirse en las redes de economía criminal que son ahora. Si ahora se fortalecen las estructuras pandilleriles desde las prisiones (dónde están muchos de sus líderes), se pueden convertir en estructuras que funcionen como un solo cuerpo frente al Gobierno. Esto dejaría el país en una posición menos favorable, es un mal cálculo de Bukele", alerta la investigadora Aguilar y da ejemplos de otras intentonas fallidas. Si en algo son buenas las pandillas es en su capacidad de adaptación.

"Nosotros ya teníamos en mente que un día el gobierno podría hacer esto. Pero aquí está muy equivocado con la población que tenemos adentro. Es una decisión caprichosa y no podemos poner nuestro grano de paz nosotros así, el gobierno en la actualidad nos sigue matando día tras día", agrega Presente, antes de envíar por Telegram noticias de mareros muertos en manos de la Policía.

En el informe del primer año de gobierno de Nayib Bukele, el Ministro de Seguridad de El Salvador, Rogelio Rivas se congratulaba de sus resultados. "Hemos cerrado un año sin precedentes en la historia de El Salvador en seguridad pública. El mes de mayo fue el más seguro en la historia del país, con 64 homicidios. Y hoy puede ser el segundo día del mes sin ningún homicidio", decía el jueves 4 de junio. Menos de 24 horas después y a 50 kilómetros de donde se reúne el Ejecutivo, la policía salvadoreña asesinaba a un pandillero apodado El Dreamer, de la Mara Salvatrucha 13 (MS13). No hubo ningún escándalo, ni manifestaciones contra la acción policial, su muerte fueron apenas unas líneas publicadas en prensa.

¿Nuevos acuerdos entre el Gobierno y las pandillas?

Junio se terminó, al igual que mayo, con apenas dos asesinatos diarios en El Salvador, un hecho a celebrar en el mismo país que el último fin de semana de abril asesinaron a una persona cada hora o donde en 2017 se asesinaba a 10 personas al día. Expertos como Aguilar señalan que el descenso se debe a un pacto bajo el agua entre el actual gobierno y las pandillas. Otras dos fuentes off the record apuntan en la misma dirección. Desde la MS13, Presente rehuye hablar de pactos. "Acuerdo así tal vez no hay, pero sí un acto de buena voluntad por parte de nosotros. Nosotros estábamos de manos cruzadas, queríamos ver qué esperanza o oportunidad traía el nuevo gobierno pero ahora llegó su primer año y las cosas no han cambiado para nosotros", dice.

La propia ONU ha pedido a Bukele que revise sus actitudes autoritarias. Por ejemplo, durante el inicio de la pandemia, dio orden de detener y encerrar 30 días en instituciones gubernamentales a todo aquel salvadoreño que se saltase el confinamiento domiciliar –pese a que el poder judicial se opuso– y se han sucedido las detenciones arbitrarias y los encierros de aquellos que se atrevieran a salir incluso a la gasolinera, durante la cuarentena. No es el único giro militarista, en febrero el presidente quiso forzar una votación en la Asamblea Legislativa –controlada por la oposición– tomando el pleno con soldados y policías armados.

Al cumplir un año de su mandato en junio, Amnistía Internacional (AI) pidió a Bukele, en una campaña pública, un "giro radical" en su mandato y que fortalezca el Estado de Derecho en un país que todavía tiene fresca en la memoria una sangrienta guerra civil de más de 12 años. En la misma línea considera que la nueva política hacia los pandilleros en las prisiones es un "despliegue mediático y propagandístico". "Mostrar a las personas privadas de libertad en esos contextos de hacinamiento, maltrato y humillación, genera popularidad porque la gente está harta de la violencia, pero no ve que eso es un reflejo del poco respeto a los derechos humanos de este gobierno", señala Erika Guevara Rosas, directora de AI para las Américas, quien explica que el presidente fomentan una estrategia militar ante cualquier problema social.

Mientras tanto el apoyo popular al presidente se mantiene en más del 90% y hasta desde la Mara Salvatrucha, Presente se resiste a criticarlo severamente. "Ha hecho mucho por la gente pero a nosotros nos da la espalda" y no descarta que si el gobierno les da su lugar "el acuerdo en las cárceles puede venir aquí a las calles y vivir en paz todos", concluye Presente y asegura que él quisiera que sus hijos estudiaran y no entrasen en la Mara.

Pero el descenso de los homicidios no ha comportado un debilitamiento de las pandillas, que siguen practicando los mismos niveles de extorsión para financiarse. Solo el confinamiento militarizado durante la COVID-19 habría frenado los cobros ilícitos de las pandillas, que extorsionan desde empresarios hasta cualquier negocio pequeño pasando por los autobuses o los comerciantes ambulantes.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen para América Central y el Caribe las pandillas tendrías pérdidas de ingreso porque gran parte de esta economía no estaba operando y eso les obligaba a cambiar de estrategia. El principal diario salvadoreño en papel, La Prensa Gráfica, pone de ejemplo que los taxistas seguirían pagándoles la extorsión, pero a través de transferencias bancarias.

Desde la Mara Salvatrucha, Presente no quiere hablar de eso aunque entiende que una gran parte de la sociedad salvadoreña les tiene rencor. Otra las asume como parte de sus males. "En nuestras comunidades, la gente está con nosotros, convivimos en armonía", se atreve a decir el pandillero. Con orgullo, manda fotos de las bolsas de alimentos que han repartido durante la pandemia. Es la cara del otro lado de la actitud de las pandillas durante la pandemia. La cruz se encuentra, por ejemplo, en uno de los vídeos difundidos durante el estado de emergencia que mostraba a unos adolescentes mareros amenazando con un bate a los vecinos que osasen romper la cuarentena. Zanahoria y garrote.

Por Majo Siscar

4 de julio de 2020 22:26h

@majosiscar

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Sábado, 27 Junio 2020 06:28

Justicia europea da revés a Israel

Justicia europea da revés a Israel

Nunca he sido partidario de un boicot. ¿Sanciones contra Italia después que Mussolini invadió Abisinia? Olvídenlo. ¿Sanciones contra España en la guerra civil? Baldaron al legítimo gobierno republicano. ¿Sudáfrica? Siempre pensé que los rufianes del apartheid sabían que les había llegado la hora: estaban demasiado rebasados en número para sobrevivir. ¿Sanciones contra Saddam Hussein? Risibles. ¿Sanciones contra Siria? No sirvieron para derrocar a Assad, así que vamos a sancionarla de nuevo. Y no olvidemos las sanciones contra Rusia. ¿Alguien ha visto que Putin recoja su tienda en Sebastopol?

¿Sanciones contra Israel? Hasta Uri Avnery estaba en contra. Tiendo a estar de acuerdo con él. PERO…

Sí, siempre hay un pero. Y, en este caso, merece las mayúsculas. Como muchas noticias importantes, el veredicto de la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) contra la condena en Francia de 11 activistas que demandaban un boicot de productos israelíes quedó sepultado bajo la pandemia de obsesión periodística con el Covid-19. En 2015, con un trasfondo de condenas políticas del propio Israel, el más alto tribunal de apelaciones de Francia convalidó sentencias que condenaban a los activistas por incitación al racismo y antisemitismo.

Lo que esto significaba, en mi concepto –aunque ningún tribunal francés se atrevió a sugerir tanto–, era que cualquiera que intentara persuadir a los tenderos o comerciantes de París, Lyon o Marsella de no comprar naranjas, uvas o sistemas de seguridad de Israel era antisemita. Siempre he dicho y escrito que hay montones de nazis verdaderos y antisemitas en el mundo –a quienes todos debemos combatir–, pero que acusar falsamente de racismo a los críticos de Israel acabará por hacer respetable el antisemitismo.

No importa: fueron sentenciadas 11 personas que forman parte del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), acusadas del terrible crimen de distribuir volantes en el estacionamiento de un supermercado de Alsacia y vestir playeras con letreros que llamaban a boicotear productos israelíes. Se les ordenó pagar 13 mil euros en multas y daños a los grupos pro israelíes que entablaron la demanda original contra ellos. No es difícil, mirando en retrospectiva al proceso, ver por qué la CEDH no podía digerir esta obra de descarado teatro político cuando emitió su propio juicio, hace poco más de una semana.

Cuando el movimiento BDS demanda la retirada israelí de los territorios palestinos ocupados, Israel se ocupa en trazar un plan junto con los estadunidenses para anexarse –contra todo derecho internacional– la propiedad y territorio de árabes con los espurios argumentos de que los palestinos no tienen una nación y, por tanto, no califican como "ocupados": solo viven en territorio "en disputa". Es la misma frase que el Departamento de Estado, para vergüenza eterna, también usa, aunque, para ser justos con el mesiánico Trump, fue Colin Powell, como secretario de Estado de Barack Obama, el primero en ordenar a las embajadas estadunidenses que emplearan ese término cobarde. La insinuación israelí de que ahora puede engullirse la tierra de alguien sobre la base de que no cuenta con un pasaporte nacional fue un bocado que la Corte Europea nada más no pudo tragar.

El BDS –otro de esos acrónimos que detesto– se ha desvanecido de la vista en los meses pasados. Solo Reuters y el Irish Times –que tiene su propia historia de expropiación colonial– dieron espacio a lo que de hecho fue una noticia muy cáustica. Cuando uno se da cuenta de que el pecado original de los manifestantes franceses fue vestir playeras con la leyenda "Palestina vivirá" y mostrar en carritos de supermercado de Alsacia (en 2009 y 2010) que tanto los aguacates como las toallitas para bebé eran importados de Israel (y repartir volantes que hablaban de los "crímenes de Israel en Gaza"), no es difícil ver por qué los jueces europeos consideraron que todo el asunto era una charada.

Los franceses, según esta decisión, tendrán que desembolsar 101 mil 180 euros y devolverlos a los 11 hombres y mujeres indefensos que expresaron sus opiniones políticas y fueron criminalizados por ello.

El artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos garantiza la libertad de expresión. También es importante mostrar los grupos que presentaron las demandas contra los manifestantes por incitación a la discriminación: la Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo, Abogados sin Fronteras, Alianza Francia-Israel y la "Oficina Nacional de Vigilancia contra el Antisemitismo".

Aún más importante es repetir lo que los siete jueces europeos concluyeron: que la convención "deja poco espacio a restricciones a la libertad de expresión en el campo del discurso político o asuntos de interés general. El discurso político es a menudo virulento por naturaleza y fuente de desacuerdos. Sin embargo, es de interés público, a menos que degenere en incitación a la violencia, el odio o la intolerancia".

Francia ha violado el artículo 10 de la convención, decretaron los jueces. Es instructivo hacer notar que el caso francés fue presentado conforme a una ley de libertad de prensa que data de 1881. También es interesante que, mientras el mundo en general mira con indiferencia la campaña del BDS, el gobierno israelí se preocupa en extremo por sus efectos tanto en la economía del país como en su estatus internacional. En particular le inquieta el enfoque de los grupos de derechos sobre las armas y la tecnología que usa Israel para suprimir las manifestaciones palestinas, y que han sido fabricadas en todo o en parte en Europa y/o Estados Unidos. ¿Cuánto falta, por ejemplo, para que una familia árabe cuyo pariente ha sido muerto por un arma fabricada en la UE o EU demande al fabricante de armas en su propio territorio por vender sus productos a Israel?

Pero antes de que nadie aplauda demasiado fuerte por la independencia judicial europea –las decisiones de la CEDH tienen precedencia sobre los tribunales nacionales europeos–, vale la pena echar una ojeada también a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya. Acaba de decidir, después de adquirir fama de perseguir sobre todo a gobernantes negros africanos por violación de derechos humanos, que necesita mirar más de cerca los abusos perpetrados por los estadunidenses en Afganistán y por Israel en los territorios palestinos ocupados.

Ni Estados Unidos ni Israel ratificaron el Estatuto de Roma que instituyó la CPI, quizá deseando evitar que los arrastren a Holanda para someterlos a un poco de observación jurídica. Michael Pompeo, el actual esbirro de Trump en el Departamento de Estado, ya ha dicho que no permitirá que estadunidenses y sus “aliados en Israel… sean cuestionados por esa corrupta CPI”.

El Estado de Palestina es reconocido por las Naciones Unidas y ratificó el Estatuto de Roma hace cinco años. Pero, claro, también aquí Israel dice que Palestina carece de las características normales de un Estado soberano… que difícilmente podría poseer, puesto que se encuentra bajo ocupación israelí. Y ¿adivinen de qué acusó Benjamin Netanyahu a la Corte Penal Internacional en enero pasado? Adivinaron: de ser "antisemita".

The Independent

Traducción: Jorge Anaya

Publicado enInternacional
Domingo, 14 Junio 2020 06:33

La revuelta contra el Estado policial

Pintada en la Avenida 16, en las inmediaciones de la Casa Blanca, Washington DC / Foto: Afp, Tasos Katopodis

Reducir la Policía, el reclamo de las protestas estadounidenses.

Por más de dos décadas Estados Unidos multiplicó sus “fuerzas del orden”, las dotó de equipo militar y dio respuesta policíaca a casi cualquier problema social. Ahora, la combinación explosiva de pandemia, desempleo, racismo y brutalidad represiva reabre el debate sobre la reforma de la seguridad.

 

Desde Washington

La muerte de afroamericanos a manos de agentes policiales es un hecho repetido en Estados Unidos, y los juicios habitualmente concluyen con la exoneración de los encausados. Por ello, muchos de los participantes de la revuelta que por estos días estremece el país se mantienen enfocados en el enjuiciamiento de los cuatro policías involucrados en la muerte de George Floyd.

Pero la masificación inédita de las protestas ha instalado el debate sobre propuestas más generales y, en cierto modo, más radicales, que van desde la desfinanciación hasta la abolición de la Policía. Quienes proponen la abolición promueven una idea casi sin antecedentes y sin muchos detalles prácticos, que ahora es utilizada por Donald Trump para proclamar que los “extremistas” dejarán el país en manos de la delincuencia irrestricta.

La desfinanciación es una propuesta más detallada y consiste, básicamente, en reasignar los recursos que ahora se vuelcan en la Policía a distintos servicios sociales, para que se encarguen de problemas en los que la Policía no debería estar involucrada y, frecuentemente, sí lo está. Ese es muchas veces el caso de la delincuencia juvenil, la violencia doméstica y la drogadicción. Un fortalecimiento de los servicios de asistentes sociales, consejería psicológica, intervención en conflictos, tratamiento de los drogadictos, construcción de refugios y facilidades para adquirir viviendas quitaría a la Policía de situaciones en las que la prevención es más necesaria que la represión.

El reclamo ha sido recogido esta semana por el Consejo Municipal de Mineápolis, que el domingo 7 prometió desmantelar el actual Departamento de Policía de la ciudad. El alcalde de Nueva York, el demócrata Bill de Blasio, se oponía hasta la semana pasada a considerar un redireccionamiento de los fondos de los uniformados bajo su mando. Tras la permanencia de las protestas en la calle, anunció que, pensándolo bien, ahora sí está dispuesto a hacerlo. Algo similar dijo a comienzos de mes su par de Los Ángeles, Eric Garcetti, que prometió un recorte de 150 millones de dólares al gasto policial de su ciudad.

LA POLICIALIZACIÓN. 

En Estados Unidos hay casi 18 mil agencias policiales. Desde la del municipio o condado hasta las de cada uno de los 50 estados, más distritos federales y otros territorios, más las federales, como el conocido Buró Federal de Investigaciones (Fbi), y los contingentes policiales que trabajan para una maraña de agencias del gobierno federal.

Desde los ataques terroristas en setiembre de 2001, la policialización de la sociedad estadounidense ha crecido a razón de unos 2.500 agentes añadidos cada año. Tan sólo del lado civil del gobierno federal hay unos 132 mil agentes policiales, mientras que las unidades de investigación y Policía militar incluyen unos 2 mil agentes en la fuerza aérea, 1.200 en la Policía naval, 900 agentes en la división criminal del Ejército y más 40 mil miembros de la Guardia Costera, una fuerza que opera como Policía en los ríos, lagos y océanos del país.

A todo ello puede sumarse la multiplicación y presencia ubicua de las cámaras de seguridad, que nos vigilan a todos en sitios públicos y de otros. Y la proliferación de los vigilantes privados, que, con uniformes parapoliciales, custodian los bancos, tiendas, centros comerciales, escuelas y universidades, y los que sin uniforme sirven de guardaespaldas armados de quienes pueden pagarlos.

LA MILICALIZACIÓN DE LA POLICIALIZACIÓN. 

En 1990 el Congreso aprobó el Programa 1033 del Departamento de Defensa. El Pentágono ha distribuido a través de él y entre las Policías de todo el país excedentes de equipos militares que incluyen tanquetas blindadas, transportes de personal diseñados y fabricados para resistir minas en Afganistán o Irak, fusiles de asalto, uniformes y cascos de combate, y millones de balas.

Entre 1997 y 2014 –fechas de los datos disponibles más recientes– el Pentágono distribuyó pertrechos por 5.100 millones de dólares a unas 8 mil agencias policiales. Casi un tercio de los equipos era material nuevo, y el ramo de transferencia más común fue la munición. Hasta setiembre de 2014 las Policías de más de 20 distritos escolares habían recibido material militar mediante el Programa 1033.

Casi dos décadas de intervenciones continuadas en Afganistán, Irak y otros escenarios en todo el planeta han dejado 2,7 millones de veteranos y veteranas de guerra. Muchos de ellos, al retornar a Estados Unidos, a veces después de varias asignaciones en teatros bélicos, hallan empleo en las agencias policiales o en las compañías de vigilancia privadas. Y algunos pocos encuentran su hogar en las milicias de supremacía blanca, o entre los paramilitares que se aprestan para sobrevivir al colapso de la civilización.

Estos ingredientes han sazonado la labor de la Policía en Estados Unidos y la han hecho propensa al uso de la fuerza excesiva, al despliegue de armamento, chalecos antibala, cascos, y guantes y rodilleras de combate. Las comisarías se han convertido en minifortalezas rodeadas de muros, y dentro de ellas los agentes, apartados de la comunidad, aguardan la llamada para salir en incursión por los barrios donde ellos no viven y donde la población los ve como extraños.

COPSDurante los últimos 32 años, una de las series de más alta audiencia televisiva en Estados Unidos ha sido Cops. Esta semana, cuando apenas se han apagado las fogatas y millones de estadounidenses claman por cambios radicales en la Policía, Paramount anunció que no reanudará el show, como estaba programado para el 15 de junio.

 

Cops y sus imitaciones han mostrado miles de intervenciones policiales en casos de drogas, violencia doméstica, robos, prostitución, tráfico humano, homicidios y todo tipo de malandrería. Los agentes policiales, con bala en la recámara de pistolas y fusiles, revientan puertas y ventanas, irrumpen en residencias de sospechosos, esposan gente, apabullan y arrastran o golpean a los detenidos, particularmente de noche y en medio de ladridos de perros policía.

Como, en general, la criminalidad de los pobres coincide con que estos son en su mayoría negros o latinos, las escenas del reality show abundan en redadas, allanamientos y capturas de negros o latinos, sin que poco o nunca se vea a los estafadores, a los financistas que vacían cajas de ahorro, a los inversionistas de malabarismos bancarios o a los ejecutivos de empresas que las han llevado a la bancarrota.

La cadena Fox, que en años recientes se ha convertido en una máquina de propaganda del presidente, Donald Trump, inicia cada noche su informativo con cuatro o cinco noticias de crímenes que, sorpresa, habitualmente ocurren en los “barrios malos” y entre “gente de color”. Arraigada en el racismo de siglos y regada con la abundancia de estas escenas, en la mente de los estadounidenses que no viven en esos barrios se ha nutrido la asociación entre “negro” o “latino” y “crimen”, acompañada por la noción de que contra esos “elementos” se justifica el uso de una fuerza policial abrumadora, estremecedora, aplastante.

CRIMEN Y CASTIGO. 

Los índices de delitos contra la propiedad en Estados Unidos han estado disminuyendo desde 1990, al igual que la tasa de homicidios cometidos por afroamericanos. Pero desde 1971, cuando el entonces presidente, Richard Nixon, lanzó una “guerra contra las drogas”, la población de cárceles y prisiones federales, estatales y de condado subió de unas 400 mil personas a más de 2,3 millones.

Con el 5 por ciento de la población mundial, Estados Unidos tiene ahora el 25 por ciento de la población carcelaria mundial. A esto ha contribuido un fenómeno complementario al crecimiento y expansión de la Policía: las leyes sobre sentencias y el funcionamiento de los tribunales. Desde 1993, un número creciente de estados ha adoptado leyes que estipulan sentencias mínimas identificadas por la expresión “three strikes you’re out”, que viene del béisbol y significa más o menos “la tercera es la vencida”. Bajo estas leyes, los jueces están obligados a imponer las penas máximas a quienes reincidan tres veces en delitos similares, aun cuando se trate de delitos no violentos. Una de cada cinco personas tras las rejas está allí por delitos de droga no violentos.

En Estados Unidos, cuando una persona es detenida, la fiscalía habitualmente la encausa por más de un delito, desde los menores hasta los de más gravedad que puedan encontrarse. Con los tribunales sobrecargados de trabajo, los encausados que son más pobres y no pueden pagar una defensa eficaz en general reciben el consejo de la defensoría de oficio de que se declaren culpables del delito que acarrea la sentencia más baja. Cumplida la sentencia, miles, millones de personas –¡oh, sorpresa!, en su mayoría negros, latinos y pobres– salen de prisión con las lecciones que allí se aprenden y con un historial criminal que saldrá a luz cuando luego busquen empleo.

Los blancos son el 64 por ciento de la población de Estados Unidos, pero son el 30 por ciento de los reclusos en cárceles y prisiones. Los negros son el 12 por ciento de los estadounidenses y los latinos, el 16, pero son el 33 y el 23 por ciento de los enrejados, respectivamente.

COYUNTURA. 

La pandemia de covid-19, el índice de desempleo más alto desde la Gran Depresión de la década de 1930 y la muerte de un afroamericano bajo la rodilla de un policía blanco levantaron en todo el país protestas sin precedentes. No sólo por el número de manifestantes, sino por la concurrencia masiva de latinos y blancos a lo que, hasta ahora, había sido mayormente una queja de los negros.

La revuelta ha estremecido al Estado policial, especialmente después de que Trump sacó a la calle contingentes sin identificación de sus unidades y destacamentos de la Guardia Nacional y el Ejército federal. Las protestas han llevado a las autoridades de varias ciudades y estados a prohibir, de inmediato, el uso del chokehold, una técnica que consiste en el estrangulamiento controlado del detenido, que le impide respirar y, según como se aplique, también obstruye el flujo de sangre al cerebro.

La crisis también ha puesto en el debate nacional el papel que desempeñan los gremios de policías, cuyos contratos estipulan que los prontuarios de agentes que cometan infracciones se mantengan reservados. De esa manera, los abusadores siguen empleados o, en ausencia de un registro nacional de antecedentes, los despedidos de una agencia policial pueden encontrar empleo en otras.

Los gremios y la Orden Fraternal de la Policía –una especie de cofradía que es la mayor asociación de agentes policiales del mundo– defienden, además, la noción de “inmunidad calificada”. Básicamente, esta es una doctrina legal en la que tú no puedes demandar a un agente por comportamiento irregular, a menos que otro tribunal de la misma zona del país haya tratado un caso estrictamente idéntico al tuyo y haya dictaminado que la acción policial fue ilegal.

El jefe de la Policía de Mineápolis, Medaria Arradondo, en línea con lo prometido por el Consejo Municipal, anunció este miércoles 10 la cancelación de negociaciones con el gremio policial de la ciudad donde murió George Floyd. Pero los sindicatos policiales de otras ciudades –que suelen recibir cuantiosas donaciones para defender a agentes acusados de abusos– han salido a anunciar que contratarán a los policías ahora sancionados por los abusos ocurridos durante las protestas.

La reforma policial de Camden

En el debate de estos días ha surgido como prueba de laboratorio lo ocurrido en Camden, una ciudad de unos 77 mil habitantes en el estado de Nueva Jersey. Allí, en 2012, la tasa de homicidios era de 87 por cada 100 mil residentes, esto es, un 50 por ciento mayor que la tasa de homicidios en Baltimore (Maryland), que es la más alta entre las de las ciudades grandes del país.

Ahora bien, el año pasado la tasa de homicidios en Camden fue casi dos tercios más baja que en 2012. El primer paso en la reforma realizada allí consistió en la disolución del gremio policial mediante el desbande de la fuerza en 2013. Por entonces, gracias al convenio colectivo, el costo anual promedio del agente policial era de 182.168 dólares, lo que permitía a la ciudad emplear apenas a 175 policías.

Con el despido de todos los policías antes agremiados y la recontratación de muchos de ellos como empleados del condado, el costo promedio por agente bajó a 99.605 dólares. En un par de años, la fuerza policial creció a más de 400 agentes, es decir, poco más de 50 por cada 10 mil residentes, lo que es casi el triple del promedio nacional en ciudades de tamaño similar. Se invirtieron recursos en la instrucción de los policías, el establecimiento claro de normas para el manejo de conflictos y los protocolos de toma de responsabilidades que antes estaban vedados por el convenio colectivo.

Otro aspecto de la reforma en Camden fue una función policial más vinculada a los barrios, a las comunidades. Se apostó a la participación de la ciudadanía en la prevención o manejo de los delitos menores, en sustitución de una intervención de la fuerza para cualquier problema secundario

Por Jorge A. Bañales

12 junio, 2020

Publicado enInternacional
La necesidad de luchar contra un mundo ‘virtual’

Manifiesto

Contra la doctrina del shock digital

 

Mucha gente habla del «día después», de todo lo que hará falta hacer y conseguir después del coronavirus. Pero, más allá de las enfermedades y duelos personales, ¿en qué estado colectivo nos dejará todo esto? ¿En qué estado psicológico? ¿En qué Estado político? ¿Con qué hábitos relacionales? En este texto, iniciativa del colectivo francés Écran total y del Grupo de Investigación Transdisciplinar sobre Transiciones Socioecológicas (GinTRANS), se señala el riesgo de que una parte de los buenos propósitos para el día después estén siendo ya de facto neutralizados por la aceleración en curso de los procesos de informatización. Por ello, propone un boicot masivo y explícito a las diferentes aplicaciones móviles que, bajo la premisa de la lucha contra la covid-19, van a suponer la instalación efectiva de un seguimiento generalizado de la población. En el texto se muestra cómo este tipo de aplicaciones son el ejemplo paradigmático de nuestra fascinación ante la tecnología y nuestra dependencia total de ella. Fascinación y dependencia que garantizan la perpetuación del orden político existente, del experimento masivo con la salud de población, sin garantía sanitaria alguna, que implica el incesante aumento de las radiofrecuencias de microondas y de nuestra trayectoria de destrucción ecológica.

Desde la perspectiva sanitaria todavía seguimos sin entender muy bien qué está pasando, y resulta difícil saber con precisión hacia dónde nos dirigimos. Es probable que haga falta bastante tiempo para desentrañar todos los misterios de la epidemia de la covid-19. Es más, la incertidumbre que rodea su origen, su difusión y su letalidad seguirá siendo inescrutable hasta que deje de atacar a tantos países de manera simultánea. Por desgracia, nadie parece saber cuándo llegará esa anhelada paz. A partir de ahora, si queremos continuar adelante con nuestras vidas, no debemos ni sobrestimar ni subestimar a la epidemia en tanto tal.

En contraste con la incertidumbre anterior, lo que sí nos parece bastante claro es que esta crisis sanitaria puede suponer un punto de inflexión que dé lugar a la aparición y estabilización de un nuevo régimen social: un régimen basado en todavía más miedo y aislamiento, un régimen aún más desigual que ahogue toda libertad. Si hacemos el esfuerzo de lanzar este llamamiento es porque creemos que lo anterior sólo es una posibilidad y que se presentarán oportunidades de impedirlo. Pero mientras que las simples ciudadanas y ciudadanos como nosotros aquejamos fuertemente la fragilidad de nuestra existencia frente a la amenaza del virus y de un confinamiento prolongado, el orden político y económico en vigor, sin embargo, parece estremecerse y fortalecerse al mismo tiempo en mitad de este terremoto. Es decir, se nos presenta como frágil y, al mismo tiempo, extremadamente sólido en lo tocante a sus expresiones más «modernas», es decir, las más socialmente destructivas.

Sin duda a casi nadie se le escapa que los gobiernos de muchos países han aprovechado la situación actual para paralizar durante un tiempo indeterminado protestas que, en muchos casos, eran muy fuertes y llevaban activas meses. Pero lo que no resulta menos alarmante es cómo las medidas de distanciamiento social y el miedo al contacto con el otro que ha generado la epidemia se hallan en poderosa sintonía con las principales tendencias de la sociedad contemporánea. De hecho, dos de los fenómenos que la crisis sanitaria ha acelerado hacen plausible pensar en un posible tránsito a un nuevo régimen social sin contacto humano, o con el menor número posible de contactos y regulados por la burocracia: el aterrador aumento del poder de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) sobre nuestras vidas; y su corolario, los proyectos de seguimiento digital de la población amparados en la necesidad de limitar el número de contagios de covid-1.

“Quédate en casa”... usando Internet y sin cuestionar los riesgos para la salud de los dispositivos inalámbricos

Desde los primeros días del confinamiento estuvo claro que uno de los efectos sociales inmediatos de la pandemia, en España y en Francia, sería una profundización de nuestra dependencia de la informática y de los dispositivos inalámbricos (móvil, WiFi, Bluetooth, etc.) Y eso que, al ritmo al que iban las cosas, ¡parecía difícil que pudiera acelerar aún más! Sin embargo, el confinamiento obligatorio en los hogares ha hecho que, para muchos, las pantallas se hayan convertido en casi la única manera de mantener el contacto con el mundo: el comercio digital ha explotado, de hecho hasta la organización de redes locales de aprovisionamiento de verduras y productos frescos ha dependido en muchos casos de internet; el uso de videojuegos ha alcanzado niveles estratosféricos; las consultas de «telemedicina» han aumentado exponencialmente (pese a que lo único que ofrecen es una simple conversación telefónica); también la continuidad de la docencia reglada se ha hecho pasar por el ordenador, ignorando todas las voces médicas que recomiendan limitar la exposición de los niños a las pantallas y a las radiofrecuencias de microondas; y, por último, muchos miles de personas están teletrabajando –se acabó lo de «metro-curro-catre», la cosa se ha quedado en «de la cama al ordenata», «en la cama con la tablet» o «en el catre con el ordenata».

Por supuesto, los grandes medios de comunicación no encuentran nada preocupante en esta reducción masiva de todas las actividades humanas a una sola. Todo lo contrario, cuanto más dependa una iniciativa solidaria de una web, una plataforma virtual o un grupo de mensajería, más la aplauden. De hecho, animan a que cada cual acepte resignadamente que la única opción es tomar el aperitivo juntos pero solos, «por» Skype, y hasta han sido capaces de encontrar a creyentes deseosos de comulgar en Semana Santa a través de una pantalla.

Esta intensa campaña de promoción de la vida digital no produce, sin embargo, alarma alguna en el ámbito del pensamiento: nadie parece encontrar preocupante la informatización total del mundo y el aumento de la exposición continuada a las radiofrecuencias. A ambos lados de los Pirineos, periodistas, economistas y hombres de Estado nos instan a romper nuestra dependencia de la industria china en sectores como el médico o el textil. Pero su deseo de independencia nacional no suele llevarles a inquietarse por el hecho de que todo el sector de las TIC dependa de las minas y las fábricas asiáticas, muy a menudo de instalaciones industriales gigantescas cuya «relocalización» resulta difícil concebir. Se alzan otras voces que van más allá de la crítica a la globalización del comercio y reivindican un cambio profundo en «nuestro modelo de desarrollo». Sin embargo, lo más habitual es que pasen por alto el papel central de lo digital en dicho modelo y que, por tanto, no señalen que poco cambiará en materia de precariedad social y ecología si continuamos haciendo todo a través de internet y expuestos a los cada vez más insostenibles niveles de radiación de los dispositivos inalámbricos.

En lo que respecta al presidente Macron, sus intervenciones más recientes han hecho repetidamente referencia al Consejo Nacional de la Resistencia y su espíritu de compromiso social. Sin embargo, en la práctica su proyecto de hacer de Francia una start-up nation nunca se ha detenido. Por el contrario, ha experimentado un salto cualitativo. Algo similar podríamos decir del gobierno de coalición PSOE-Podemos. Sus reiteradas referencias a los Pactos de la Moncloa y al espíritu social de la Constitución no han impedido que el proyecto de digitalización de la sociedad, que desempeñó un papel central en el discurso de investidura de Pedro Sánchez, se mantenga intacto. Esta nueva era de trabajo virtual es la más propicia para rematar la ofensiva contra los y las trabajadoras asalariadas que se puso en marcha bastante antes de la llegada del coronavirus: destrucción masiva de puestos de trabajo por la aparición de nuevas aplicaciones, plataformas y robots; reducción del trabajo relacional, sustituido por respuestas automatizadas gobernadas por algoritmos; pérdida de sentido en el trabajo según éste va siendo progresivamente sustituido por absurdas rutinas burocráticas; aumento de la explotación y debilitamiento de la capacidad de resistencia de las y los trabajadores, que cada vez se encuentran más aislados.

De este modo, el confinamiento ha supuesto una oportunidad inigualable para dirigirse todavía más rápidamente al objetivo que, en Francia, marcaba al plan de Acción Pública 2022: sustituir todos los servicios públicos por portales online. Como ya se ha podido comprobar con el cierre de las ventanillas físicas en las estaciones de tren, esta digitalización acelera la privatización de los servicios públicos al transferir el trabajo antes presencial a plataformas comerciales caracterizadas por sus prácticas opacas y responsables de la creación masiva de perfiles usando los datos de los usuarios. Esta transformación supone, además, una exclusión violenta de los usuarios poco o nada conectados –hasta una quinta parte de la población, en la que se incluyen las personas mayores, las más vulnerables económicamente y las recalcitrantes. Tiende a obligar a sectores de la población en vías de empobrecimiento masivo a comprar en ocasiones tantos equipos informáticos «básicos» (PC, smartphone, impresora, escáner…) como miembros de la familia. Esta transformación, en suma, nos empuja hacia un mundo profundamente deshumanizado y kafkiano.

«La digitalización de todo lo que puede ser digitalizado es el medio del que se ha dotado el capitalismo del siglo XXI para poder seguir abaratando costes […]. Retrospectivamente, es posible que esta crisis sanitaria aparezca como un momento de aceleración de la virtualización del mundo, como el punto de inflexión de la transición desde el capitalismo industrial al capitalismo digital. Y, por tanto, de su corolario: el hundimiento de las promesas humanistas de la sociedad [de servicios]». Este análisis de sentido común no proviene de un enemigo acérrimo del neoliberalismo que expresara su rabia ante las decisiones tomadas en los últimos cuarenta años bajo la presión de los medios empresariales. Viene, en cambio, de un economista de centro-izquierda que forma parte del Consejo asesor del periódico Le Monde. Una declaración así basta para comprender que, si es cierto que se está desarrollado una «doctrina del shock», el centro de la misma está frente anuestras narices: la intensificación de la digitalización de la vida cotidiana y económica. 

Nos parece, por tanto, que resulta más que legítimo hablar de una doctrina del shock digital, en el sentido de que la crisis sanitaria ha sido la oportunidad perfecta para reforzar nuestra dependencia de las herramientas informáticas y desarrollar muchos proyectos económicos y políticos previamente existentes: docencia virtual, teletrabajo masivo, salud digital, Internet de las Cosas, robotización, supresión del dinero en metálico y sustitución por el dinero virtual, promoción del 5G, smart city… A esa lista se puede añadir los nuevos proyectos de seguimiento de los individuos haciendo uso de sus smartphones, que vendrían a sumarse a los ya existentes en ámbitos como la vigilancia policial, el marketing o las aplicaciones para ligar en internet. En conclusión, el peligro mayor al que nos enfrentamos no es que las cosas «se queden como estaban», sino que vayan a bastante peor.

¿Cuándo China despierta en nuestro interior?

Ya casi nadie duda de que la salida del confinamiento, o la “desescalada” paulatina, en muchos Estados europeos va a suponer la puesta en marcha de nuevos dispositivos de vigilancia a través de los smartphones. Si tenemos en cuenta que al miedo de enfermar se le suma ya el hastío y la imposibilidad económica de seguir confinados durante meses, lo anterior no puede ser considerado más que un enorme chantaje de los gobiernos al conjunto de la población.

Percibamos la dimensión del timo: en un contexto de grave penuria de instrumentos básicos en la lucha contra el contagio (carencia de suficientes mascarillas y batas en los hospitales, escasez de sanitarios y de camas y, para colmo, poquísimos test de detección disponibles), se nos ofrece en su lugar un invento de ciencia ficción: aplicaciones para la detección digital de la transmisión del coronavirus. Aunque sigue sin asegurarse un apoyo económico masivo y estructural a los hospitales públicos para que puedan hacer frente a una crisis que ha venido para quedarse, sin embargo no se duda en atravesar un nuevo Rubicón en el rastreo sistemático de los desplazamientos y las relaciones sociales, por ahora únicamente de aquellos que den su consentimiento explícito. Los resultados médicos de esta estrategia son más que dudosos, en cambio las consecuencias políticas no dejan lugar a dudas.

El hecho de saberse continuamente vigilado es fuente comprobada de conformismo y sumisión a la autoridad, incluso cuando no se vive en una dictadura. Desde el gobierno nos aseguran que los datos recogidos por las aplicaciones de seguimiento de las personas infectadas por la covid-19 serán primero anonimizados y posteriormente destruidos. Sin embargo, basta con leer la parte de las memorias de Edward Snowden donde éste habla de la vigilancia virtual para darse cuenta de que nadie puede garantizar algo así. Es más, un vistazo a la historia reciente de la tecnología muestra que los dispositivos liberticidas que se introducen en tiempo de crisis casi nunca desaparecen: si se extienden a gran escala, y bajo la égida del Estado, las aplicaciones de seguimiento se quedarán y será muy difícil impedir que se extiendan al conjunto de la población. Basta con pensar en la identificación a través del ADN, que en Francia se instaló a finales de los años 1990 como reacción frente a una serie de crímenes sexuales y de la que los ministros de la época afirmaban que siempre se mantendría limitada a criminales de alto nivel. Hoy en Francia cuando a uno lo arrestan por quedarse más de lo debido en una manifestación la identificación a través del ADN es casi automática. Es más, quizá bastaría con reflexionar sobre un punto básico: no tenemos la menor idea de cuánto durará este episodio pandémico en el que llevamos sumidos desde comienzos de marzo, ¿seis meses, tres años, más aún?

Sea como fuere, esta crisis ha venido atravesada por la idea de que para encontrar modelos realmente eficaces en la lucha contra el coronavirus es necesario dirigir la atención hacia Asia en general, y hacia China en particular. En Francia los medios de comunicación y los políticos hacen sobre todo referencia a Corea del Sur, Taiwán o Singapur, donde la hipermodernidad tecnológica no se asocia (con o sin razón) al despotismo político. En España, sin embargo, el estallido de la crisis sanitaria fue testigo de cómo algunos de los principales periódicos del país se preguntaban abiertamente si la «democracia» no era un lastre que condenaba a una lucha ineficaz contra el virus. Al mismo tiempo, algunos «camisas viejas» del liberalismo hacían expresa su admiración por el autoritarismo chino high tech y su efectividad: geolocalización de teléfonos móviles, sistemas de calificación social alimentados por los datos que los ciudadanos vuelcan constantemente en internet, reconocimiento facial, uso de drones teledirigidos para vigilar y sancionar a la población. Este cambio de mirada es uno de los elementos clave del cambio de rumbo que estamos quizá viviendo: durante décadas nos hemos acostumbrado a leer nuestro futuro con las lentes que nos ofrecían los cambios en la sociedad norteamericana. Hoy, de manera súbita, parece que es la China post-maoísta la que define nuestro destino, ella que ha sido capaz de hacer un uso sin complejos de las innovaciones de Sillicon Valley.

El crecimiento de la tecnología únicamente puede ser fuente de colapsos ecológicos y sanitarios

Por lo pronto la decisión de las autoridades políticas europeas de hacer un uso masivo de aplicaciones de seguimiento a través de smartphone como medida de control de la covid-19 no es más que una forma de bluff. Una suerte de medida de acompañamiento psicológico que tiene sobre todo como fin el dar la impresión de que se toman medidas, que los gobiernos son capaces de hacer algo, que tienen ideas para poner la situación bajo control. Sin embargo, en países como los nuestros o como Italia, es evidente que no controlan nada. Por el contrario, lo que vemos es que gobiernos de toda Europa se doblegan a las exigencias patronales de vuelta al trabajo y reactivación de la economía, lo que hace todavía más urgente sacarse de la chistera alguna aplicación mágica, la única medida con la que parecen contar para proteger a la gente.

De hecho, para lo que sirven dispositivos como la geolocalización digital es para garantizar el mantenimiento de una organización social patológica, pretendiendo al mismo tiempo limitar el impacto de la epidemia que actualmente sufrimos. El seguimiento del coronavirus tiene como objetivo preservar (por ahora) un tipo de mundo donde nos desplazamos demasiado, para nuestra salud y para la de la Tierra; donde trabajamos cada vez más lejos de casa, cruzándonos en el camino con miles de personas que no conocemos; donde consumimos los productos de un comercio mundial cuya escala excluye cualquier posibilidad de regulación moral. Lo que los promotores de la geolocalización buscan preservar no es, prioritariamente, ni nuestra salud ni nuestro «sistema de salud», sino la sociedad de masas. De hecho, una sociedad de masas aún más profunda, en el sentido en el que los individuos que la componen estarán todavía más aislados y encerrados sobre sí mismos por culpa del miedo y la tecnología.

Ahí donde la pandemia actual debería incitarnos a transformar radicalmente una sociedad en la que la urbanización desbocada, la contaminación del aire, la contaminación electromagnética y el exceso de movilidad pueden tener consecuencias incontrolables, sin embargo el desconfinamiento gestionado a través del big data amenaza con hacernos profundizar todavía más en ella. La emergencia de la covid-19, como las de otros virus desde el año 2000, está estrechamente vinculada para muchos investigadores con la desforestación. Ésta genera contactos imprevistos entre diversas especies animales y seres humanos. Otras investigaciones apuntan a la ganadería intensiva de concentración, saturada de antibióticos mutágenos. Decir que la respuesta a la covid-19 tiene que ser tecnológica, como leemos en muchísimos medios, es continuar con la huida hacia adelante de una lógica de dominio y control de la naturaleza ilusoria y, como muestra cada día la crisis ecológica, condenada al fracaso. El impacto de la industria de las TIC sobre los ecosistemas es ya insostenible: además de los riesgos para la salud de la población y los demás seres vivos, la industria de las TIC ha ha creado una auténtica fiebre de los metales que devasta algunas de las zonas mejor conservadas del planeta, se apoya sobre una industria química especialmente contaminante, engendra montañas de residuos y, debido a la multiplicación de los data center y al aumento permanente del tráfico en internet, obliga a las centrales eléctricas a funcionar a toda máquina. Éstas emiten ya una cantidad de gases de efecto invernadero equiparable a la asociada al tráfico aéreo.

Más aún, el modo de vida conectado, sobre todo en su aspecto inalámbrico, es globalmente nocivo para nuestra salud. Adicciones, dificultades relacionales y de aprendizaje entre los más pequeños, pero también electrosensibilidad: se estima que 1.500.000 personas (3% de la población), el 90% mujeres, padecen en España enfermedades de sensibilización central (fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple y sensibilidad electromagnética). Además, cada vez más investigaciones identifican estas enfermedades emergentes como enfermedades neurológicas producidas por estrés oxidativo celular relacionado con factores ambientales (productos químicos y ondas electromagnéticas). Unas cifras que invitan a poner en marcha investigaciones profundas para comprender cómo aparecen y actúan. A lo anterior hay que sumarle la posibilidad, contemplada por la OMS, de que las ondas electromagnéticas artificiales sean cancerígenas. Ante las evidencias de los vínculos establecidos entre tumores de corazón en ratas y ondas 2G/3G por el National Toxicology Program de los EEUU en 2018, la ausencia de un consenso científico total, sólo ha servido para liberar de su responsabilidad a la industria de la telefonía móvil que, acogiéndose a la incertidumbre, justifica una huida hacia adelante sin aplicar nunca el principio de precaución.

Por último, en la primera línea de la doctrina del shock desplegada por los gobiernos, se encuentra la simplificación de la instalación de antenas de retransmisión, contra las que muchos vecinos y asociaciones vienen luchando (alegando sus posibles efectos sobre la salud). En Francia, la Ley de urgencia del 25 de marzo de 2020 permite la instalación de antenas sin aprobación de la Agencia Nacional de Radiofrecuencias. Al mismo tiempo, la explosión del uso de internet ligada al confinamiento justifica en muchos lugares, sobre todo en Italia, continuar el desarrollo de la red 5G. En España, aunque vivimos un parón momentáneo, todo apunta a que el proyecto se retomará con nuevo ímpetu al final de este mismo año. Mientras que investigadoras, científicos, ciudadanas y ciudadanos del mundo entero llevan años oponiéndose a esta innovación, la prensa corre un velo sobre esta inquietud recubriéndola de noticias sobre una cuestionable vinculación entre la extensión de la covid-19 y las ondas del 5G. Las GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft) han llegado incluso a eliminar gran cantidad de publicaciones virtuales que llamaban la atención sobre los efectos de esta nueva etapa de intensificación de los campos electromagnéticos artificiales. Sin embargo, esas inquietudes son perfectamente legítimas: por un lado, porque desplegar una fuente de contaminación electromagnética que va a multiplicar por dos todas las fuentes ya existentes sin conocer a ciencia cierta sus efectos es una aberración desde el punto de vista del principio de precaución. Por otro, porque un peligro absolutamente comprobado del 5G es que está destinado a servir de base para la extensión de los objetos interconectados, los coches automáticos y, en general, una sociedad hiperconsumista cuyos efectos sociales, sanitarios y ecológicos son insostenibles.

Frenar la escalada

Si quisiéramos resumir la situación podríamos decir que los tecnócratas de todo el mundo pretenden protegernos del coronavirus hoy acelerando un sistema de producción que ya compromete nuestra supervivencia en el futuro presente. Es absurdo, además de estar destinado al fracaso.

Lo que hace falta no son tecnologías que nos hagan más irresponsables, decidiendo por nosotros dónde podemos ir y qué podemos hacer. Lo que necesitamos es ejercer nuestra responsabilidad personal y colectiva para luchar contra las flaquezas y el cinismo de los dirigentes. Necesitamos construir desde la base, y con ayuda de epidemiólogos, médicos y sanitarios, reglas de prudencia colectiva razonables y sostenibles a largo plazo. Y para que estas inevitables restricciones tengan sentido, no sólo necesitamos saber en tiempo real el estado de las urgencias. Necesitamos una reflexión colectiva y consecuente sobre nuestra salud, sobre los medios necesarios para protegernos de las muchas patologías ligadas a nuestra forma de vivir: los futuros virus, pero también los factores de «co-morbilidad» como el asma, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y, por supuesto, el cáncer.

Lo que esta crisis saca de nuevo a la luz es el problema de la dependencia de un sistema de aprovisionamiento industrial que saquea el mundo y debilita nuestra capacidad de oponernos de manera material y concreta a las injusticias sociales. Desde nuestro punto de vista, el único modo de garantizar nuestra capacidad de alimentarnos, cuidarnos y cubrir nuestras necesidades básicas en las crisis que están por venir es hacemos colectivamente cargo de nuestras necesidades materiales, desde la base y en alianza con muchos de los y las profesionales hoy responsables de dichas tareas. Y para ello resulta imprescindible comprender que la informatización se opone frontalmente a esa necesaria construcción de autonomía: la digitalización se ha convertido en la piedra angular de las grandes industrias, de las burocracias estatales, y en general de todos los procesos de administración de nuestras vidas que se rigen por las leyes del beneficio y el poder.

Se ha vuelto habitual escuchar que en algún punto de esta crisis será necesario pedir cuentas a los dirigentes. Y, como es habitual, no faltarán las reclamaciones en materia de dotación presupuestaria, de abuso patronal y bancario o de redistribución económica. Sin embargo, junto a estas indispensables reivindicaciones, tienen que venir otras que o partan de nosotros mismos o se obtengan mediante la lucha contra quienes hoy están tomando las decisiones. Al menos si queremos poder conservar nuestra libertad, es decir, si queremos conservar la posibilidad de combatir contra las lógicas de la competencia y la rentabilidad, y construir un mundo donde el miedo al otro y la atomización de la población no se instalen de manera indefinida.

  1. Durante las últimas semanas se ha hecho habitual que muchas personas dejen sus smartphones en casa cuando salen. Llamamos a la generalización de este tipo de gestos y al boicot de las aplicaciones públicas y privadas de seguimiento digital. Más allá de lo anterior, invitamos a todas y todos a reflexionar profundamente sobre la posibilidad de abandonar su teléfono inteligente y reducir en gran medida su uso de la tecnología inalámbrica. Volvamos, por fin a la realidad.
  2. Llamamos a la población a informarse sobre las consecuencias económicas, ecológicas y sanitarias del despliegue de la red 5G y a oponerse activamente al mismo. Más aún, invitamos a todas y todos a informarse sobre las antenas de telefonía móvil que ya existen cerca de su casa y a oponerse a la instalación de nuevas antenas transmisoras.
  3. Llamamos a una toma de conciencia de los problemas asociado a la digitalización en curso de todos los servicios públicos. Uno de los desafíos en el periodo post-confinamiento (¿o en los periodos entre confinamientos?) será lograr que la atención presencial siga disponible, o vuelva a estarlo, en ciudades y pueblos, en estaciones de tren, en la Seguridad social, en las administraciones locales, etc. Merecería la pena luchar por la defensa del servicio postal (esencial, por ejemplo, para la circulación de ideas más allá del mundo virtual) y la conservación de un servicio de teléfono fijo que funcione bien y sea independiente de la contratación de internet.
  4. Otra batalla crucial para el futuro de la sociedad es el rechazo de la escuela digital e inalámbrica. La crisis que estamos atravesando se ha aprovechado para normalizar la educación a distancia a través de internet, y sólo una reacción contundente de profesores y familias podrá impedir que se instale definitivamente. Pese a que la escuela es susceptible de críticas desde muchos puntos de vista diferentes, estamos convencidos de que estas últimas semanas se habrá hecho evidente para muchos que sigue teniendo sentido aprender juntas y que es muy valioso para los más pequeños estar en contacto con maestros y maestras de carne y hueso.
  5. La economía no está ni ha estado nunca paralizada, por lo que tampoco deberían estarlo los conflictos sociales. Apoyamos a todas las personas que han sentido su integridad en riesgo, desde un punto de vista sanitario, en su puesto de trabajo habitual o durante sus desplazamientos. Sin embargo, queremos también llamar la atención sobre los abusos y el sufrimiento que acompañan al marco del teletrabajo a domicilio. Algunos llevamos años denunciando la informatización del trabajo, y nos parece evidente que la extensión del teletrabajo forzado es un proceso al que tenemos que oponernos a través de nuevas formas de lucha y boicot.
  6. Es muy probable que, desde el punto de vista económico, los meses siguientes puedan ser terribles. Es posible que vivamos un empobrecimiento masivo de la ciudadanía, al igual que no deberíamos descartar colapsos bancarios y monetarios. Frente a estos peligros, es necesario que pensemos en cómo vamos a comer y cómo vamos a cultivar las tierras que nos rodean, cómo nos vamos a integrar en las redes de aprovisionamiento de proximidad y, sobre todo, en cómo extender lo anterior para que esté al alcance de la mayoría de la población. De igual modo deben ser cuestiones prioritarias el garantizar la supervivencia de las y los agricultores que producen comida sana cerca de donde vivimos y el apoyo a todos los nuevos que decidan instalarse. Lo que hemos dicho anteriormente explica por qué creemos que recurrir a la alta tecnología no puede en ningún caso ser una solución humana y perenne.
  7. Por último, todo apunta a que en los próximos meses nos va a tocar defender maneras de poder encontrarnos físicamente, inventar o retomar espacios de discusión pública en estos tiempos difíciles en los que se darán muchas batallas decisivas. Sin duda, todo lo anterior tendrá que hacerse con la idea en mente de minimizar los riesgos de contagio. Pero la vida digital no puede ser un sustituto permanente de la vida real, y los sucedáneos de debate que hoy se realizan por internet no podrán nunca reemplazar la presencia en carne y hueso y el diálogo de viva voz. Cada cual debe reflexionar desde este momento sobre el modo de defender el derecho de reunión (reuniones de vecinos, asambleas populares, manifestaciones), sin el cual los derechos políticos son imposibles y sin el cual es imposible construir una posición de fuerza, imprescindible para dar existencia a cualquier tipo de lucha.

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Notas

  1. Extracto de la entrevista a Daniel Cohen en Le Monde del 3 de abril de 2020. Que lo citemos aquí no implica en ningún caso que estemos en sintonía con el tipo de categorías que Cohen utiliza: en realidad lo digital no es más que una profundización del carácter industrial del capitalismo, y la sociedad post-industrial de la que él habla simplemente no existe. 
  2. Referencia a la fórmula y la obra de Naomi Klein, La doctrina del shock, que se tradujo en España en el año 2007 y fue publicada por la editorial Paidós. En el libro este término se ejemplificaba con las oportunidades que el huracán Katrina, que impactó Luisiana en 2005, ofreció a las clases empresariales norteamericanas.
  3. Para profundizar en esta cuestión, acúdase al capítulo 2 de la traducción del libro del Grupo MARCUSE La libertad en coma: contra la informatización del mundo, Madrid 2019, Ediciones El Salmón.
  4. Edward Snowden, Vigilancia permanente, Madrid 2019, Planeta. Siendo más precisos, en lo que Snowden insiste es en la imposibilidad de hacer desaparecer por completo los datos que se registran. En lo relativo a la imposibilidad de anonimizar, recoomendamos el análisis de Luc Rocher que se reseña en el artículo «No existe el anonimato, gracias a tus datos pueden rastrearte y encontrarte», publicado el 31 de julio de 2019 en el periódico ABC.
  5. Recomendamos revisar el análisis a ese respecto que ha realizado la asociación La Quadrature du Net, publicado en su página web el 14 de abril, que entre otras cosas llama la atención sobre la poca fiabilidad de la tecnología Bluetooth, su escasa precisión a la hora de indicar contactos entre personas diagnosticadas como «positivas», en particular en zonas muy pobladas, y la dificultad de activarla o utilizarla para mucha gente.
  6. Ver los estudios de Alfonso Balmori.
  7. Se puede revisar, entre otros materiales, la síntesis de Cécile Diguet y Fanny Lopez, L’impact spatial et énergétique des data centers sur les territoires, disponible en www.ademe.fr

Por Jorge Riechmann / Adrián Almazán y 300 firmas más 3/05/2020

Firmado por los siguientes colectivos y personas:

Anticapitalistas (confederal)

Redacción de la revista L’Âge de faire (Alpes de Haute-Provence)

Association Résistance 5G Nantes

Blog "El Rumor de las Multitudes", periódico El Salto

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Protesta contra la reforma jubilatoria de Macron en Marsella.  ________________________________________ Imagen: AFP

Los trabajadores portuarios retomaron las medidas de fuerza

El sector portuario fue el primero en salirle al cruce al gobierno de Emmanuel Macrón luego de la primera aprobación de la reforma jubilatoria. Se espera que otros gremios se sumen.

Nuevas manifestaciones en Francia tras la aprobación parcial del proyecto de reforma jubilatoria lograda el miércoles por el presidente Emmanuel Macron. El oficialismo francés logró que la Asamblea Nacional aceptara el proyecto tras sobrevivir a dos mociones de censura. Para eso aplicó un polémico artículo constitucional con el que logró evitar el debate en la Asamblea. Así dio el primer paso necesario para avanzar en el proceso legislativo. Ahora resta que la ley se apruebe en segunda lectura en Diputados tras lo cual pasará al Senado. El proyecto pretende reemplazar los 42 regímenes especiales existentes por un sistema de jubilación universal por puntos.

El sector portuario fue el primero en salirle al cruce al gobierno de Macron luego de la primera aprobación de la reforma jubilatoria. Estibadores y agentes portuarios decidieron entrar en paro en los puertos de Nantes, Rouen, Marsella, Le Havre y La Rochelle, a petición de la Federación Nacional de Puertos y Muelles (CGT). "Consideramos que este es un proyecto de ley que solo resultará en más horas de trabajo y pensiones más bajas", dijo el Secretario General de la CGT, Serge Coutouris. Toneladas de mercancías quedaron varadas causando serios problemas de suministro en varios sectores. “Estamos listos para continuar durante varios meses”, sentenció el sindicalista. De esta manera se esbozan nuevos días de protesta en toda Francia.

El miércoles, en una jornada larga y llena de críticas la Asamblea francesa logró la primera aprobación del proyecto de reforma jubilatoria. El gobierno del primer ministro Edouard Philippe hizo una jugada maestra: aprovechó una reunión de emergencia por la propagación del coronavirus para anunciar que el gabinete había decidido el uso del artículo constitucional 49-3. Este permite la aprobación por decreto de un proyecto de ley -si no hay mociones de censura de la oposición- o su paso express por las dos cámaras del parlamento sin mediar debate. Philippe justificó la utilización del 49-3 denunciando la "obstrucción" de la izquierda radical, que había presentado miles de enmiendas para volver más lento el debate.

Solo un éxito de las mociones de censura podía impedir que se trate en la Asamblea la reforma. Pero ambas iniciativas presentadas por la oposición fracasaron por amplio margen. La moción del partido de derecha Los Republicanos sólo obtuvo el apoyo de 148 diputados. En tanto que la presentada por los partidos de izquierda La Francia Insumisa, Izquierda Socialista y el Partido Comunista, obtuvo tan sólo 91 votos. Necesitaban 289. En la madrugada del miércoles, antes de que se efectuaran las votaciones, la Asamblea fue una batalla campal. Hubo acusaciones cruzadas entre defensores y críticos al proyecto en torno a la validez de la aplicación o no del artículo 49-3. Sin embargo, una vez superado el escollo de las mociones, el oficialismo continuó con el tratamiento del proyecto.

Por su parte, el primer ministro insistió en que se trataba de una reforma de "justicia social" y afirmó que se hubiesen necesitado "ocho semanas", incluyendo los sábados y domingos, para estudiar todas las enmiendas propuestas. Por lo que se tomó la vía legislativa sin debate. Así la bancada oficialista en la cámara logró avanzar con la aprobación en general del proyecto de reforma previsional. Todo indica que la segunda votación, en particular, será antes del viernes. Una vez que se tenga esa mención, el proyecto de reforma pasará al Senado donde tendrá el mismo tratamiento exprés.

Otros gremios también prometieron plegarse al plan de lucha de los portuarios. De esta manera se retomarán las huelgas que comenzaron en diciembre. A fin de año, la reforma previsional, una de las medidas estrella del programa electoral de Macron, provocó el paro indefinido más prolongado de la historia reciente de Francia. En el momento más fuerte de la movilización, hubo hasta 1,8 millones de manifestantes en las calles, según las cifras de la CGT. Para los sindicatos la nueva ley jubilatoria significará la pérdida de derechos adquiridos. El gobierno, en cambio, sostiene que el nuevo sistema será "más justo y más simple".

Pese a la victoria del oficialismo, la oposición no dejó de manifestar sus críticas y denuncias contra el gobierno. "Ustedes han fracturado el país", sentenció la diputada socialista Valérie Rabault. Poco después, el líder de la izquierda Jean-Luc Mélenchon, prometió que continuará luchando contra la reforma jubilatoria con una “guerrilla popular y parlamentaria pacífica”. "El Presidente Macron subestima con su capricho la capacidad de resistencia de los parlamentarios, pero sobre todo subestima el rechazo del pueblo francés a su proyecto", sentenció Melenchón.

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Activistas participan en una marcha convocada por el movimiento 'Ni una menos' contra la violencia de género en Buenos Aires. Emiliano Lasalvia / AFP

En los últimos días se han convocado varias protestas en distintos países de la región para reclamar el derecho al aborto y repudiar los feminicidios y la violencia machista.

santiago de chile

18/02/2020 22:42

Meritxell Freixas

@MeritxellFr

Cada día, un nuevo 8 de marzo. Al menos mientras siga habiendo mujeres asesinadas por hombres, violadas o que sufren la vulneración de sus derechos. Así lo entienden las mujeres latinoamericanas que en las últimas semanas (y meses) han ocupado las calles y plazas de varias ciudades del continente para rechazar cualquier tipo de violencia machista. El feminismo en América Latina está más vivo que nunca.

Este miércoles el foco está puesto en Argentina, donde las mujeres se congregarán en los alrededores del Congreso de Buenos Aires y en otras 100 ciudades del país, con sus pañuelos verdes, para exigir la aprobación del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que presentaron el 28 de mayo de 2019 y que garantiza el aborto hasta la semana 14. Actualmente el país se rige por una ley de 1921 que tipifica el aborto como delito, excepto en casos de violación y de riesgo para la madre.

"Es un tema que está siempre presente. Estamos haciendo una demostración de fuerza ante declaraciones auspiciosas respecto de la aprobación del proyecto por parte del Ejecutivo", explica Celeste Mac Dougall, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, convocante de la actividad. "Queremos demostrar en las calles que estamos exigiendo que las declaraciones se transformen en ley ya", añade.

Esta demanda histórica de las feministas argentinas cuenta con el respaldo explícito del presidente, Alberto Fernández, quien pretende presentar su propia propuesta el 1 de marzo, coincidiendo con el inicio del período legislativo en el Congreso argentino.

El debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo últimamente también ha sido tema en Colombia. Desde que en 2006 el aborto se despenalizó en tres supuestos (malformación fetal, riesgo para la gestante y violación), varias personas han presentado acciones legales para reponer su penalización total. Dos de éstas se discutirán en los próximos días en la Sala Penal del tribunal, justo cuando trascendió una nueva polémica sobre el tema. En la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca, una mujer interrumpió su embarazo de manera voluntaria cuando tenía siete meses de gestación y en contra de la voluntad del padre. Pese a estar amparada por una de las tres causales, su caso se mediatizó y fue duramente criticada por sectores de la opinión pública.

México apunta a la prensa sensacionalista

En México las mujeres dicen que viven bajo estado de "emergencia nacional". Eso por las brutales cifras de feminicidios que registra el país: 10 mujeres mueren asesinadas al día y, en total, hay más de 90 homicidios en 24 horas. El último caso se conoció el lunes. La víctima, una niña de siete años cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en bolsas de basura y con señales de tortura después de varios días desaparecida. La sociedad mexicana no tiene tiempo de recuperarse del estado de conmoción por el último feminicidio y se ve obligada a asumir y gestionar colectivamente uno nuevo.

Este martes un grupo de mujeres se manifestó afuera del Palacio Nacional para repudiar una vez más la violencia machista. "¿Cómo podemos soportar vivir en un país con tanta violencia?", rezaba la pancarta de una de las manifestantes. La semana pasada la rabia e indignación de las mujeres se también se expresó en las calles de la capital. Se unieron para repudiar el feminicidio de Ingrid Escamilla y el tratamiento mediático de su muerte en la prensa mexicana. "Con nuestras muertes hacen espectáculo", denunciaron las mujeres en la manifestación que apuntó a varios de los medios más sensacionalistas que difundieron las imágenes del cuerpo de la mujer en las que aparecía despellejada.

La periodista Itxaro Arteta, del medio digital Animal Político, explica que desde hace unos seis meses ha habido varias manifestaciones en contra de la violencia hacia las mujeres en México. "Procuran ser sólo de mujeres y se pide que no vayan hombres, ni periodistas ni camarógrafos. Incluso las manifestantes pidieron que solo fueran policías mujeres, aunque a veces van algunos hombres de reserva", dice Arteta. La comunicadora explica que hubo una serie de protestas todo el día, primero ante la sede de gobierno —el presidente López Obrador ha lanzado varios comentarios inapropiados a la hora de castigar la violencia de género— y luego en dos medios sensacionalistas.

Chile, el estallido y el nuevo proceso constituyente

"Un violador en tu camino", el himno del colectivo chileno Las Tesis surgido a partir del 25 de noviembre, Día contra la Violencia hacia las Mujeres, y en el marco del estallido social que atraviesa el país desde hace cuatro meses, se ha cantado en las últimas protestas de México y se entonará también este miércoles en Argentina con la participación de sus creadoras.

En Chile, el movimiento feminista ha tomado un rol protagónico en la crisis política y social. Más allá de la repercusión de la performance a nivel mundial, las chilenas han levantado la voz contra las denuncias de agresiones sexuales y vejámenes perpetradas por agentes del Estado en el marco de las protestas: el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha presentado 192 denuncias por violencia sexual desde el 18 de octubre.

Otro flanco es en el ámbito político. Las mujeres están dando la pelea para asegurar la paridad de género en el proceso constituyente que se abrirá en el país. Quieren asegurarse de que la mitad de las sillas de quienes redactarán la nueva Constitución serán para mujeres. Lo exigen en las calles, en las asambleas e incluso en el Congreso, donde un grupo de activistas irrumpió e interrumpió a gritos una sesión legislativa para visibilizar su demanda.

El 8M será una fecha clave no sólo para las feministas, sino porque ha sido la elegida para retomar las movilizaciones después de la pausa del verano. La Coordinadora Feminista 8M ha convocado una huelga general "plurinacional, antirracista, transgeneracional, disidente y transfeminista, lesbofeminista, inclusiva, anticarcelaria e internacionalista" que dará el disparo de salida a un nuevo ciclo de masivas protestas en la rebautizada Plaza Dignidad. "Hemos programado la agenda de marzo sobre todo bajo dos perspectivas; una darle continuidad a lo que fue el proceso de construcción de la huelga feminista de 2019, en tanto de ir instalando y profundizando nuestra agenda en contra de la precarización de la vida", apunta Francisca Fernández, vocera de la organización.

"Por otra parte, otra arista fundamental es posicionar la idea del proceso constituyente como la construcción de un nuevo horizonte político desde los pueblos, territorios y comunidades. La huelga será fundamental para visibilizar que tenemos que tener una asamblea constituyente, plurinacional, feminista y popular que es lo fundamental", concluye la activista

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