Una mujer y dos niños con mascarilla en Jiquilisco, municipio de El Salvador.MARVIN RECINOS / AFP

El coronavirus, como todo lo demás en Centroamérica, llega contagiado de clasismo en una de las regiones más desiguales del mundo

El coronavirus ya llegó a Centroamérica, pero con timidez. Llegar, llegar, aún no. Honduras ya confirmó los dos primeros casos. Guatemala, uno. El presidente de El Salvador ha solicitado a los diputados declarar estado de excepción (que permite restringir libertad de tránsito, expresión, asociación y hacer capturas selectivas) y Guatemala declaró un menos severo estado de calamidad. Una de las regiones más pobres del continente asume que la pandemia se propagará entre sus habitantes. Las redes sociales son monotemáticas y las primeras quejas de quienes tienen teléfonos inteligentes llegan desde los centros de cuarentena para las personas que recién llegaron al país. Los hospitales privados están repletos de personas que creen tener algún síntoma y los espectáculos cancelados van a titulares de prensa. El coronavirus, pues, como todo lo demás por estos lares, llega contagiado de clasismo en una de las regiones más desiguales del mundo.

Desde que hace tres días en El Salvador se decretó cuarentena para todo nacional que arribe, pareciera que uno de los principales problemas de la pandemia global que ha matado a más de 5.000 personas en el planeta es que hay un albergue muy incómodo y caluroso en el oriente del país, donde los recién llegados de un viaje deben dormir en catres, en un hangar junto a otras personas y compartiendo baños austeros.

Muchos medios de comunicación entrevistan a los viajeros que se quejan de la incomodidad de tener que someterse a 30 días de esas precariedades si pretenden quedarse en el país.

El debate con más eco ha sido la incomodidad, no la idoneidad. Se discute que no hay ventiladores más que el hecho de que la medida quizá no sea la mejor: un viajero que llega de El Salvador, donde no hay casos confirmados, puede terminar durmiendo al lado de un viajero que llegó de Estados Unidos, donde hay más de 700 casos.

El acaparamiento en los supermercados es otra de las recurrentes noticias. La gente ha corrido a vaciar estanterías de comida enlatada, papel higiénico, agua, lo que sea, pero mucho. No, corrijo, la gente no; sino la gente que tiene los recursos.

Ese es el punto.

Ni las largas filas en los hospitales públicos ni las condiciones de albergue para los que regresan de un viaje ni el descontrol consumista en los supermercados son el problema de la mayoría en estas sociedades centroamericanas, porque esa gran mayoría nunca va a hospitales privados, no viaja más que en autobús y a sus trabajos y no compra nada en demasía, porque lo que les pagan no les alcanza, si es que alguien les paga un salario.

En El Salvador, dos millones de personas viven en pobreza, siendo un país que ronda los siete millones de habitantes. En Honduras y Guatemala, alrededor de la mitad de la población vive en pobreza, no cubren lo básico. O sea, redondeando a lo conservador, hay unos 13,5 millones de pobres en esta pequeña región donde el coronavirus aún no hace lo que puede hacer. Los tres países del norte de Centroamérica desfilan con constancia desde hace décadas en el top 5 de las listas de los más miserables del continente.

Si hablamos de viajeros, hay gente fuera del país ahora mismo cuyo dilema no es si viajar y aceptar la cuarentena en el caluroso hangar del oriente salvadoreño. Hay gente que viajará sí o sí y enfrentará la cuarentena porque sí. Los de siempre, los que pase lo que pase viajan: los deportados.

Este 12 de marzo, en una conferencia de prensa telefónica en la que El Faro participó, el comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Mark Morgan, dijo que los vuelos para deportar centroamericanos continuarán con regularidad a pesar de las cuarentenas, calamidades y estados de excepción.

Y no solo los deportados. Cuatro horas antes de que el presidente de El Salvador anunciara la cuarentena nacional, el medio estadounidense Buzzfeed News reveló que el pasado viernes 6 de marzo el presidente salvadoreño se reunión con funcionarios de Trump para afinar los detalles para que El Salvador reciba a migrantes que pidan refugio en Estados Unidos, para que esperen su trámite desde aquí. Sí, como se lee: El Salvador, país del que huyen miles a pedir refugio por el mundo, es un “país seguro” que recibirá a más de 2,000 personas que pidan refugio a Estados Unidos este año. Honduras también recibirá a esas personas. Guatemala ya recibió a unos 800 de esos peticionarios desde noviembre pasado. La administración Trump y sus villanas ideas. Las administraciones centroamericanas y su “ni modo”.

México, en esto de ser muro y expulsor de migrantes, no pretende quedarse atrás. El Instituto Nacional de Migración anunció que seguirá deportando centroamericanos en autobuses y aviones. Durante 2019, unas 3,200 personas fueron deportadas a un paisito como El Salvador, principalmente desde México y Estados Unidos.

O sea, en esta pandemia se recomienda no viajar, mucho menos desde países que tengan casos de coronavirus, como México o Estados Unidos. Eso sí, si usted es migrante centroamericano olvide lo que hemos dicho.

Se recomienda también lavarse las manos varias veces, con detenimiento y detalle. Pero en estos países un gran porcentaje de la población no recibe agua potable. Miles de esas personas pagan el servicio, pero la falta de planificación urbana que permitió la construcción de colonias obreras encaramadas en cerros, los sistemas de tuberías viejos y dañados y el acaparamiento han llevado a que esa gente no tenga más que un pequeño hilo de agua una hora o dos por las madrugadas. Otros, nada. Si en estos países uno vive en las zonas pudientes y tiene una cisterna que chupe agua para acumular en las horas que el servicio llega, puede lavarse las manos tal como indican los manuales. Si uno vive en las comunidades y cantones centroamericanos y el agua que acarrea del pozo es a base de sudor y músculo, quizá no vaya a cumplir a rajatabla las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud.

Saludarse con el codo, dicen. Mejor aún, de lejitos, si es posible. En Honduras, por ejemplo, una de cada cinco personas vive en pobreza extrema en zonas rurales. O sea, con menos de $1.90 al día. Esa gente, muchos de ellos vendedores informales de lo que cosechan, viajará en autobús al pueblito más cercano, tomado de la barandilla más a la mano, sin alcohol-gel por ninguna parte, que cuesta unos centavos el botecito, se refundirá en algún mercado e intentará vender de puesto en puesto lo que cultivó. Esa gente dará la mano a quien deba darla para cerrar un trato y extenderá la palma para recibir monedas cuando se las ofrezcan a cambio, porque si no lo hace no será el coronavirus el que lo matará, sino el hambre.

Esa misma gente, no se preocupen, no acaparará nada en ningún supermercado.

El coronavirus ya llegó a esta región, plagada de calamidades. Ahora, hará lo suyo. Porque lo otro, lo de construir sociedades con un abismo profundo entre unas clases y los de abajo, ya está hecho desde hace décadas.

Por Óscar Martínez (El Faro)

13 mar 2020 - 22:47COT

Publicado enSociedad
Dick y Liz Uihlein en la toma de posesión del presidente Trump en Washington. Antes de unirse a la campaña de Trump, Uihlein respaldó las candidaturas de Scott Walker, el gobernador de Wisconsin y el senador Ted Cruz de Texas. Foto: Katherine Skiba / The New York Times

Grupos de gasto político independientes (PAC) están preparando sus arsenales para inundar las ondas con anuncios electorales de 2020 que elogian a sus candidatos preferidos o atacan a los que no les gustan. Millonarios y multimillonarios de derecha y corporaciones de combustibles fósiles los están ayudando a hacerlo.

Liderando el grupo están Richard y Elizabeth Uihlein, los ejecutivos del medio oeste del gigante de suministros de embalaje gigante Uline, que donaron un total de $ 19.4 millones a siete súper PAC desde enero de 2019 hasta enero de 2020.

El conglomerado de petróleo y materiales Koch Industries ha donado la mayor parte de cualquier corporación hasta el momento, dando casi $ 5.3 millones a tres súper PAC, incluidos $ 4 millones a AFP Action, que es el grupo hermano de la organización sin fines de lucro política de Charles Koch, Americans for Prosperity . También financiando a AFP Action está el predecesor del grupo, Freedom Partners Action Fund, que dio casi $ 6.5 millones.

Los súper PAC conservadores deben gracias no solo a Koch Industries sino también a otras compañías de combustibles fósiles, un grupo comercial, ejecutivos de combustibles fósiles y sus cónyuges, y herederos de fortunas de combustibles fósiles. Los intereses de los combustibles fósiles donaron casi $ 18.8 millones a los súper PAC conservadores y los PAC híbridos, comités que operan tanto un súper PAC como un PAC tradicional, desde enero de 2019 hasta enero de 2020.

Chevron, ConocoPhillips y Valero dieron más de $ 1 millón a los Súper PAC del Partido Republicano. Ejecutivos como el presidente de Western Refining, Paul Foster, el CEO de Midland Energy, S. Javaid Anwar, y el CEO de Alliance Resource Partners, Joe Craft, dieron sumas de seis o siete cifras.

Los megadonantes

Richard Uihlein se ha convertido en un megadonante republicano clave en los últimos años. En 2010, ocupó el puesto 36 en la lista de los principales donantes a grupos de gastos políticos externos a nivel federal. Durante esa década, subió la escalera hasta que aumentó enormemente sus gastos en 2018 , dando casi $ 38 millones a grupos externos.

En las elecciones actuales, las donaciones de Uihlein parecen continuar esta tendencia al alza. Desde el año pasado, Richard y su esposa, Elizabeth Uihlein, han dado la mayor cantidad de dinero ($ 12.5 millones) de cualquier donante a Club for Growth Action . Pero también dieron grandes cantidades a los pro-Trump America First Action ($ 1.5 millones), Americas PAC ($ 1.5 millones), House Freedom Action ($ 1 millón), Kentucky Tomorrow ($ 250,000), Restoration PAC ($ 2.5 millones) y Senate Conservative Acción ($ 125,000). En total, la pareja ha entregado $ 19.4 millones a super PAC conservadores.

En mayo de 2016, Elizabeth Uihlein llegó al Comité de Victoria de Trump, que recaudó dinero para la campaña de Trump y el Comité Nacional Republicano, después de un gasto político considerable.

Los Uihleins también han gastado mucho en las elecciones estatales, impulsando la campaña de 2014 del republicano Bruce Rauner, quien se convirtió en gobernador de Illinois. Richard Uihlein ha expresado puntos de vista anti-gay y anti-transgénero y ha respaldado a candidatos extremistas como Roy Moore de Alabama, un evangélico de derecha acusado de mala conducta sexual por parte de múltiples mujeres.

Timothy Mellon , el propietario mayoritario de la compañía de transporte Pan Am Systems y heredero de la fortuna de acero Mellon, donó $ 10 millones al Fondo de Liderazgo del Congreso, que gasta dinero para impulsar a los candidatos republicanos de la Cámara, por segundo ciclo electoral consecutivo. Además, Mellon dio $ 2.5 millones al principal súper PAC de los republicanos del Senado, el Fondo de Liderazgo del Senado.

Mellon es un gran donante del Partido Republicano que donó $ 1.5 millones en 2010 al fondo de defensa legal de Arizona, ya que luchó contra las demandas por su severa ley antiinmigrante SB 1070. En 2014, puso $ 30,000 en el Comité Nacional del Proyecto Ben Carson para el Presidente y donó el monto máximo permitido para la campaña presidencial de Carson el año siguiente. En el ciclo electoral actual, Mellon ha donado principalmente a candidatos republicanos, pero entregó la cantidad máxima permitida de $ 2,800 a la campaña del representante demócrata Tulsi Gabbard (D-HI).

Mellon está relacionado con la familia Scaife, que, a través de las fundaciones de la familia Scaife, es uno de los principales financiadores del movimiento de derecha, incluidos varios grupos de odio .

Otros donantes principales que han donado varios millones de dólares a los Súper PAC del Partido Republicano incluyen:

Jeff Yass, director gerente de la firma de inversión Susquehanna International Group: $ 4.1 millones. Club for Growth Action ($ 2 millones) y Protect Freedom PAC ($ 2.1 millones).

Warren A. Stephens, CEO del banco de inversión Stephens, Inc .: $ 3.6 millones. 1820 PAC ($ 250,000), America First Action ($ 500,000), Fondo de Liderazgo del Congreso ($ 750,000), Security is Strength PAC ($ 50,000), Fondo de Liderazgo del Senado ($ 1.5 millones), Waiting for Women Action Fund ($ 500,000).

Paul E. Singer, presidente de la compañía de fondos de cobertura Elliott Management Group: $ 3.5 millones. Fondo de Liderazgo del Congreso ($ 1 millón), Fondo de Liderazgo del Senado ($ 2 millones), Fondo de Acción de Mujeres Esperando ($ 500,000).

Stephen A. Schwarzman, CEO de la firma de capital privado Blackstone: $ 3 millones. 1820 PAC ($ 500,000), Fondo de Liderazgo del Congreso ($ 2.5 millones).

En total, 24 personas y parejas han donado $ 1 millón o más a super PAC conservadores desde 2019.

Algunos grandes donantes contribuyeron individualmente y a través de sus empresas. El CEO de Mountaire Farms, Ronald Cameron, donó $ 2.8 millones de su propio dinero, incluyendo $ 1 millón a AFP Action, mientras que su compañía donó $ 500,000 a los fondos de liderazgo del Congreso y del Senado.

Seis miembros de la familia de la Secretaria de Educación Betsy DeVos , incluido su esposo, Dick DeVos, se combinaron para donar un total de $ 2.3 millones a super PAC: America First Action ($ 400,000), Better Future MI Fund ($ 700,000), el Fondo de Liderazgo del Congreso ($ 450,000) y el Fondo de Liderazgo del Senado ($ 750,000).

Koch Industries lidera las contribuciones corporativas

El Centro para los Medios y la Democracia (CMD) realizó un seguimiento de $ 23.5 millones en donaciones corporativas directas a súper PAC conservadores desde 2019, gran parte de las cuales provienen de compañías de combustibles fósiles, más prominentemente, de Koch Industries.

Además de donar $ 4 millones a AFP Action, Koch Industries entregó $ 500,000 al Fondo de Liderazgo del Congreso y $ 750,000 al Fondo de Liderazgo del Senado. La compañía donó casi $ 5.3 millones a super PAC desde 2019 hasta enero de 2020.

El conglomerado inmobiliario Hillwood Development Co. otorgó cerca de $ 3.1 millones a los GAC PAC, incluidos $ 1.1 millones al Fondo de Liderazgo del Congreso, $ 1 millón al Fondo de Liderazgo del Senado y $ 1 millón a Engage Texas, un súper PAC financiado por empresas con sede en Texas y ejecutivos de negocios que se lanzaron en junio de 2019 "con el objetivo de registrar cientos de miles de nuevos votantes y convencerlos de ayudar a mantener el estado rojo en noviembre".

El fundador de Hillwood Development, Ross Perot, Jr., dio $ 10,000 a los Tejanos para una mayoría conservadora, un súper PAC que fue fundado en 2013 por un cabildero corporativo para ayudar a reelegir al senador John Cornyn (R-TX) y salió de la hibernación el año pasado para ayudar el senador mantiene su asiento nuevamente.

El gigante petrolero Chevron agregó $ 1 millón al Fondo de Liderazgo del Senado, $ 750,000 al Fondo de Liderazgo del Congreso y $ 15,000 al PAC Maverick. ConocoPhillips ANS Marketing Company, una subsidiaria de ConocoPhillips, donó $ 1 millón al Fondo de Liderazgo del Senado y $ 250,000 al Fondo de Liderazgo del Congreso. La compañía de oleoductos y gasoductos Energy Transfer donó $ 1 millón a Engage Texas y $ 100,000 a los tejanos para una mayoría conservadora.

Treinta y siete empresas y un grupo comercial donaron más de $ 100,000 a super PAC conservadores desde 2019 hasta enero de 2020.

El grupo comercial American Fuel and Petrochemical Manufacturers dio $ 100,000 al Fondo de Liderazgo del Congreso y $ 10,000 al Black Bear PAC con sede en Virginia Occidental.

(Tomado de Truthout / Traducción Cubadebate)

Publicado enInternacional
Sábado, 29 Febrero 2020 05:03

Refundar el capitalismo (otra vez)

Ilustración de Pep Boatella.

Una década larga después de que los políticos avanzasen la idea, son los economistas, filósofos y sociólogos los que pretenden suprimir los excesos y abusos del mercado para que éste sobreviva

 

Pocos días después de la quiebra de Lehman Brothers, el gigantesco banco de inversión norteamericano, en septiembre de 2008, un acobardado presidente francés, el conservador Nicolas Sarkozy, hizo unas declaraciones célebres que retumbaron en el mundo entero: “La autorregulación para resolver todos los problemas se acabó: le laissez-faire c’est fini. Hay que refundar el capitalismo (…) porque hemos pasado a dos dedos de la catástrofe”.

Se superó aquel momento crítico en el que todo parecía posible, incluida la quiebra del sistema. El sector financiero, a trancas y barrancas, salió de la crisis mediante paladas y paladas de ayudas públicas (en forma de dinero, avales, garantías, compras de activos malos, liquidez casi infinita a precios muy bajos, etcétera), y aquellos verbos que se conjugaron voluntariosamente una y otra vez —refundar el capitalismo, reformar el capitalismo, regular el capitalismo, embridar el capitalismo, etcétera— se olvidaron. De la Gran Recesión se pasó a una época de “estancamiento secular” (Larry Summers), que es la que estamos viviendo. De la primera, la mayor parte de los ciudadanos salió más pobre, más desigual, mucho más precaria, menos protegida y con dos características políticas que explican en buena parte lo que se está afianzando ante nuestros ojos: más desconfiados (en los Gobiernos, los partidos, los Parlamentos, las empresas, los bancos, las agencias de calificación de riesgos…) y menos demócratas. El resultado ha sido la explosión de los populismos de extrema derecha y la descomposición del sistema binario de partidos políticos que salió de la segunda posguerra mundial, y una concepción instrumental —no finalista— de la democracia: apoyaré la democracia mientras resuelva mis problemas; si no, me es indiferente.

Después de ese paréntesis de casi una década, cuando ya empieza a existir la distancia temporal suficiente para analizar los efectos de la Gran Recesión como una secuencia de acontecimientos que han llevado a una gigantesca redistribución negativa de la renta y la riqueza a la inversa en el seno de los países (el llamado efecto Mateo: “Al que más tiene, más se le dará, y al que menos tiene se le quitará para dárselo al que más tiene”), son los académicos y no los políticos los que multiplican las teorías sobre las características del capitalismo del primer cuarto del siglo XXI y protagonizan un gran debate extremo entre ellos: si el capitalismo está tocado de muerte porque no funciona; o, por el contrario, si una vez más en la historia está mutando de naturaleza y esa transformación lo llevará a ser de nuevo el sistema político-económico más fuerte y único. Hay dos coincidencias en la mayor parte de los libros publicados: el capitalismo se ha propagado a todos los escenarios geográficos del planeta y direcciones (no tiene alternativas), y anida en cualquier actividad y mercado, incluida la política.

El capitalismo es ahora el único sistema socioeconómico del planeta (antes se llamaba a esto imperialismo) y apenas quedan rastros del comunismo como una posibilidad sustitutiva, como ocurrió en la primera mitad del siglo XX. A esta característica central se le añade el reequilibrio del poder económico entre EE UU y Europa por un lado y Asia por otro debido al auge experimentado por los principales países de esta última región. El dominio planetario ejercido por el capitalismo se ha logrado a través de sus diferentes variantes. Algunos autores distinguen entre el capitalismo meritocrático liberal, que ha venido desarrollándose gradualmente en Occidente a lo largo de los últimos 200 años, y el capitalismo político o autoritario ejemplificado por China, pero que también existe en otros países de Asia (Singapur, Vietnam…) y algunos de Europa y África (Rusia y los caucásicos, Asia Central, Etiopía, Argelia, Ruanda…).

En los últimos tiempos se ha hecho popular otra tipología, que ha tenido su momento de gloria en el Foro Económico Mundial celebrado en Davos en el mes de enero de este año. El Manifiesto de Davos 2020 desarrolla básicamente tres tipos de capitalismo: el de accionistas, para el cual el principal objetivo de las empresas es la maximización del beneficio; el capitalismo de Estado, que confía en el sector público para manejar la dirección de la economía, y el stakeholder capitalism, o capitalismo de las partes interesadas, en el que las empresas son las administradoras de la sociedad, y para ello deben cumplir una serie de condiciones como pagar un porcentaje justo de impuestos, tolerancia cero frente a la corrupción, respeto a los derechos humanos en su cadena de suministros globales o defensa de la competencia en igualdad de condiciones, también cuando operan dentro de la “economía de plataformas”.

Hasta ahora, el capitalismo de accionistas ha sido ampliamente hegemónico. Recibió un apoyo teórico muy fuerte a principios de los años sesenta, cuando el principal ideólogo de la Escuela de Chicago, el premio Nobel Milton Friedman, escribió su libro Capitalismo y libertad, en el que sentenció: “La principal responsabilidad de las empresas es generar beneficios”. Friedman sacralizó esta regla del juego a través de diversos ar­tículos que trataron de corregir algunas veleidades nacidas en EE UU acerca de la extensión de los objetivos empresariales a la llamada “responsabilidad social corporativa”. En el capitalismo de accionistas, el predominio es del corto plazo y de la cotización en Bolsa, lo que en última instancia llevó a la “financiarización” de la economía.

Esta filosofía dominante ha durado prácticamente hasta la actualidad. Hace poco tiempo, la British Academy hizo público un informe sobre la empresa del siglo XXI, fruto de la iniciativa colectiva de una treintena de científicos sociales bajo la batuta del profesor de Oxford Colin Mayer, que hablaba de “redefinir las empresas del siglo XXI y construir confianza entre las empresas y la sociedad”. Y la norteamericana Business Roundtable, una asociación creada a principios de la década de los años setenta del siglo pasado en la que se sientan los principales directivos de 180 grandes empresas de todos los sectores, publicó un comunicado en el que revocaba, de facto, el solitario criterio de la maximización de los beneficios en la toma de decisiones empresariales, sustituyéndolo por otro más inclusivo que además tuviera en cuenta el bienestar de todos los grupos de interés: “La atención a los trabajadores, a sus clientes, proveedores y a las comunidades en las que están presentes”. Pronto, las principales biblias periodísticas del capitalismo, Financial Times, The Economist, The Wall Street Journal, comenzaron a analizar este cambio que no se debe a la benevolencia y la compasión de los ejecutivos de las grandes compañías, sino al temor a la demonización del capitalismo actual y de las empresas, por sus excesos: financiarización desmedida, globalización mal gestionada, poder creciente de los mercados, multiplicación de las desigualdades. El capitalismo ha ido demasiado lejos y no da respuesta a problemas como estas últimas o la emergencia climática. Recientemente, un sondeo elaborado por Gallup y publicado en The Economist revelaba que casi la mitad de los jóvenes estadounidenses prefieren algún tipo de “socialismo” al capitalismo rampante. Quizá ello explique lo que está sucediendo alrededor de Bernie Sanders en las primarias del Partido Demócrata.

El capitalismo de hoy es un capitalismo tóxico y está en crisis al menos desde que comenzó la Gran Recesión en el año 2007. En términos tendenciales, el capitalismo ha fomentado un rápido crecimiento; en relación con la renta per capita, ha enriquecido al mundo de modo casi constante (con picos de sierra) y la esperanza de vida actual prácticamente duplica la de, por ejemplo, hace dos siglos. Ha sido el psicólogo americano Steven Pinker uno de los que más han desarrollado estas tendencias positivas: “Si creía que el mundo estaba llegando a su fin, esto le interesa: vivimos más años y la salud nos acompaña, somos más libres y, en definitiva, más felices; y aunque los problemas a los que nos enfrentamos son extraordinarios, las soluciones residen en el ideal de la Ilustración: el uso de la razón y la ciencia” (En defensa de la Ilustración; Paidós). Haciendo uso de las cifras, Pinker muestra que la vida, la salud, la prosperidad, la seguridad, la paz, el conocimiento y la felicidad han ido en aumento no sólo en Occidente, sino en todo el mundo.

¿Por qué muchos científicos sostienen que el capitalismo no funciona, a pesar de las descripciones de Pinker? Esencialmente porque las distintas desigualdades no paran de crecer, polarizan las sociedades y ponen en peligro la calidad de la democracia. En algunos de los textos se defiende que el capitalismo realmente existente es incompatible con la democracia: aumenta el sentimiento ciudadano de que la civilización tal como la conocemos, basada en la democracia y el debate, se encuentra amenazada. Lo que hace que la situación actual sea particularmente preocupante es que el espacio para ese debate se está reduciendo; parece haber una “tribalización” de las opiniones no sólo sobre la política, sino sobre cuáles son los principales problemas sociales y qué hacer con ellos.

La principal credencial del capitalismo —­mejorar el nivel de vida de todos de manera ininterrumpida— está en entredicho. Para quienes se quedan por el camino, el capitalismo no está funcionando bien. Por ejemplo, la mitad de la generación nacida en la década de los ochenta está rotundamente peor que la generación de sus padres a la misma edad. La ansiedad, la ira y la desesperación de esas cohortes de edad (y la de los mayores de 45 años que se queda sin trabajo) hacen trizas las lealtades políticas de antaño, sean del signo ideológico que sean. El síndrome del declive personal comienza con la pérdida de un empleo satisfactorio. La apoteosis del capitalismo actual se debería, en buena medida, a la debilidad creciente del poder de la fuerza de trabajo (los asalariados y los sindicatos). Desde antes de la Gran Depresión de los años treinta del siglo XX no había vuelto a suceder, en una escala tan grande, que el segmento más acaudalado de la sociedad se quedara con una porción más grande de los ingresos. Joseph Stiglitz dice, refiriéndose a EE UU pero con validez casi universal, que “evolucionamos de manera resuelta hacia una economía y una democracia del 1%, por el 1% y para el 1%”. Es por ello por lo que el Nobel de Economía abomina de la política de Donald Trump y piensa que las políticas públicas activas que deberían practicarse son la antítesis de las existentes, una especie de mezcla contemporánea de Teddy Roosevelt (presidente republicano) y Franklin Delano Roosevelt (presidente demócrata). Las brechas que escinden a la sociedad son tan profundas (entre el campo y la ciudad, las élites cualificadas y aquellos que no han tenido acceso a una educación superior, los ricos de los pobres, hombres y mujeres, y la brecha de expectativas que albergan las clases medias…) que cree que el gradualismo para cerrarlas es inadecuado porque ésta es una época de cambios fundamentales en la que se precisan transformaciones drásticas en el seno de una democracia sólida que refrene el poder político de la riqueza concentrada en pocas manos. Se debe abandonar la confianza ciega y errónea en la “economía del goteo” que predica que, al final, todo el mundo se beneficia del goteo. La experiencia empírica dice que los beneficios del crecimiento muchas veces no llegan a todos.

Del conjunto de los libros analizados se desprende una idea fuerza: un alegato contra el capitalismo abusivo de nuestros días, que gobierna para las élites. Existe el poder de reconstruir los cimientos del capitalismo, pero no posee una alternativa viable, y las que se han intentado poner en práctica han resultado peores y, en algunos casos, mucho peores. Hay que huir de lo que Paul Krugman denomina las “ideas zombis”, ideas que van dando tumbos, arrastrando los pies y devorando el cerebro de la gente pese a haber sido refutadas por las pruebas. Por ejemplo, la idea insistente (e ideológica) de que gravar a los ricos es sumamente destructivo para la economía en su conjunto, o que las rebajas fiscales a las rentas altas generarán un crecimiento económico milagroso. O la de quienes se oponen a que los Gobiernos desempeñen un papel mayor en la gestión de la economía, argumentando que dicho papel no solo es inmoral, sino también contraproducente e incluso tumoral. Y si los datos no avalan su opinión, atacan tanto a los datos como a quienes los presentan.
Krugman no es optimista pues entiende que, en nuestros días, aceptar lo que dicen los datos sobre una cuestión económica es visto, en muchos casos, como un acto partidista; incluso formular determinadas preguntas se considera también un acto partidista. Se apoya en el sociólogo David Patrick Moynihan, cuando escribió que “todo el mundo tiene derecho a tener su propia opinión, pero no sus propios hechos”.

Leer tanta literatura sobre la saga y fuga del capitalismo actual permite establecer una analogía entre “el fin de la historia” de Fukuyama, de principios de los años noventa, y el “fin del capitalismo” de los años veinte del siglo XXI. Aquella seguridad que daría la victoria del liberalismo sobre el autoritarismo ha devenido en una inseguridad global y multiplicación de la vulnerabilidad individual. No se puede separar la economía de la política si se pretende avanzar en un examen certero de las circunstancias. La economía es demasiado importante para dejársela solo a los economistas.

28 FEB 2020 - 12:50 COT

Publicado enSociedad
Empleados en una oficina bancaria. E.P.

Un estudio sobre el "estado del poder" analiza la naturaleza cambiante de las corporaciones y pregunta cómo se podría enfrentar mejor su poder y construir alternativas.

Con el fin de minimizar su responsabilidad, 50 de las empresas con más ganancias en el mundo emplean únicamente a un 6% de los trabajadores de forma directa. A estas conclusiones ha llegado el informe State Of Power 2020, elaborado por The Transnational Institute (TNI). El estudio analiza cómo las corporaciones dominan la economía, distorsionan la política y remodelan la sociedad.

En esta línea, la investigación hace hincapié en cómo las empresas se han ayudado entre sí para construir una estructura legal internacional que actúe en su beneficio. Así, los estados han firmado 2.658 acuerdos de inversión internacional para proteger a las grandes empresas y estas han utilizado los derechos adquiridos mediante estos acuerdos para demandar a los estados hasta 942 veces.

En los diferentes ensayos se analizan también los cambios que se han dado en las grandes corporaciones. Por ejemplo, uno de los textos analiza cómo se han incorporado a los planes de empresa los compromisos de responsabilidad corporativa, en la línea de la sostenibilidad y de lo social. Ante este supuesto, el profesor Joe Bakan sostiene que la "nueva corporación" es "probablemente aún más peligrosa" que su predecesora.

El informe también analiza cómo las grandes empresas convierten los datos en capital. Dada esta situación, las autoras Anita Gurumurthy y Nandini Chami inciden en la necesidad de que los movimientos sociales comprendan el poder de "los datos en red" para cambiar de marcha en sus luchas. Además, siete de las empresas más valiosas del mundo son corporaciones tecnológicas y algunas de ellas son más grandes que algunos estados en lo que a términos económicos se refiere. 

Sobre la localización de estas, tradicionalmente ubicadas en Estados Unidos y Europa y la situación en cambio actual con el crecimiento del mercado chino, también habla el estudio. En concreto, el informe trata de explicar en qué se diferencia una transnacional china de una occidental y cuáles son las implicaciones para los movimientos a los que afectan sus movimientos.

Por último, el informe se detiene a analizar en qué manos se encuentran estas empresas y concluye en que las firmas privadas son propiedad de una pequeña élite de bancos e inversores: 147 compañías controlan el 40% del negocio global.

madrid

27/01/2020 17:57

público

Publicado enEconomía
Estados Unidos: del sueño a la pesadilla americana

La igualdad de oportunidades se ha visto especialmente dañada en la mayor economía del planeta


Si un estadounidense quisiera vivir el sueño americano quizá debería viajar a España. Esta es una de las conclusiones que entre cifras y palabras se puede filtrar del informe de la OCDE ¿Un ascensor social roto? Cómo promover la movilidad social. Un español tarda unos 120 años en pasar de la pobreza a los ingresos medios, frente a los 150 de un estadounidense. La distancia que existe entre cuatro y cinco generaciones. El caso es que si analizamos la denominada curva del Gran Gatsby, que relaciona la baja movilidad con la elevada desigualdad, la tierra de las oportunidades refleja una imagen más injusta que la española.


Es el desfigurado retrato de una de las sociedades con mayor inequidad del planeta. En España, el 1% de las personas más ricas del país recibe el 8,6% de la renta nacional. El porcentaje, en la otra orilla del Atlántico, sube al 20,8%. Pero el país lo soporta porque esa desigualdad impregna la esencia de su mitología. Estados Unidos adora las buenas historias que llevan de la nada a la riqueza. La de la presentadora Oprah Winfrey, por ejemplo, ha sido mil veces contada. Su ascensión de una niñez pobre en el sur rural a multimillonaria estrella de los medios de comunicación. “El sueño americano sigue vivo, con más trabas, pero vivo”, defiende Jorge Pérez, de 69 años, uno de los empresarios latinos más ricos del mundo, quien ha forjado un imperio en el sector inmobiliario a través de su empresa, situada en Miami, The Related Group. “Yo soy un ejemplo perfecto. Nací en Cuba, viví en Colombia y fui a la universidad en Estados Unidos, sin tener un centavo, gracias a las becas. Allí abrí un negocio de la nada que hoy construye miles de millones de dólares en bienes raíces [terrenos y viviendas]”.


Sin embargo, el sueño, a veces, funde a negro. Desde la Edad Dorada (1870-1890) la mayor potencia económica del mundo no tenía unos índices de desigualdad tan elevados. El salario medio estadounidense lleva estancado casi cincuenta años y cada vez menos jóvenes piensan que les irá mejor que a sus progenitores. “Hay un ejemplo muy nítido: el 90% de los chicos nacidos en 1940 en Estados Unidos ganaba más que sus padres, pero solo el 50% de los chavales que nacieron en 1980 han sido capaces de lograr lo mismo”, advierte Ryan Rippel, director de movilidad económica de la Fundación Bill & Melinda Gates.


Este estancamiento tiene muchos culpables: el mercado laboral, la accesibilidad a la vivienda, la clase de barrio, el racismo estructural. “Cuando los niños crecen en el mismo vecindario, con padres que tienen ingresos similares, a los chicos afroamericanos les va peor en la vida que a los blancos del mismo entorno”, sostiene Ryan Rippel. Y todo puede empeorar. Aún se aguarda el impacto de la “innovación radical”. “Podemos estar acercándonos a una revolución definida por el pleno empleo, baja productividad, altos márgenes empresariales y elevada desigualdad”, prevé Christophe Donay, director de análisis macroeconómico de la gestora Pictet WM. Esta inequidad y el declive postindustrial justifican, por ejemplo, el coste humano y económico (unos 69.000 millones de euros anuales) de la epidemia del consumo opio en Estados Unidos. Un angustioso relato de cómo el analgésico más antiguo conocido por el hombre anestesia el dolor de la democracia liberal más avanzada del planeta. El mundo rota impulsado por sus propios contrasentidos.

Por Miguel Ángel García Vega
Madrid 24 MAR 2019 - 11:01 COT

Publicado enEconomía
Uno de cada 10 latinoamericanos vive en pobreza extrema, el máximo en una década

La desigualdad baja y la carestía por ingresos se mantiene en América Latina y el Caribe, según la Cepal

Cuando se recorre el sector oriente de Santiago de Chile, lleno de altos y modernos edificios de hasta 300 metros en un barrio conocido como Sanhattan–en un guiño a Manhattan–, parece difícil de entender que en el mismo país haya un 8% de la población que reside en una vivienda sin agua potable o un inodoro. La tendencia ha ido en aumento en los últimos cinco años y hoy son más de 1,4 millones de chilenos los que subsisten en estas condiciones. La precarización de algunos de los servicios básicos está ligada directamente a la pobreza extrema, que según el informe Panorama Social 2018 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), presentado este martes en Santiago, ha alcanzado sus más altos índices de la última década en la región. Aunque la tasa general de pobreza medida por ingreso se ha mantenido estable, ligeramente por encima del 30%, y la desigualdad por ingresos se ha reducido considerablemente desde 2000, uno de cada 10 latinoamericanos vive actualmente en pobreza extrema (10,2%), la cifra más alta en una década.


En 2002 había 57 millones de personas en situación de carestía extrema en América Latina, cifra que creció hasta los 62 millones en 2017 y que ha vuelto a aumentar en un millón más, hasta alcanzar los 63 millones de latinoamericanos en 2018, según la proyección de la Cepal. "Aun cuando la región logró importantes avances entre la década pasada y mediados de la presente, desde 2015 se han registrado retrocesos, particularmente en materia de pobreza extrema", ha alertado Alicia Bárcena, responsable del brazo de Naciones Unidas para el desarrollo económico en la región, al tiempo que hacía un llamamiento a impulsar políticas públicas complementarias de protección social e inclusión laboral y redistributivas en materia de ingresos.


Sin datos de Venezuela


El aumento de la pobreza extrema de América Latina se explica, en buena medida por la mala evolución de Brasil, por mucho el país más poblado de la región, que en entre 2015 y 2017 vio cómo este problema pasó de afectar del 4% al 5,5% de su población. "Si bien en muchos países hubo reducciones o estancamiento de la pobreza extrema [Paraguay, Colombia, Costa Rica, Panamá, Chile o Ecuador], al momento de analizar la situación conjunta de la región, impacta lo que sucede en países con mucha población, como Brasil", ha explicado este martes en Santiago de Chile el oficial a cargo de la división estadísticas de la Cepal, Xavier Mancero.


El informe, que incide en la discrepancia entre los datos nacionales y los del propio organismo –que fija sus propios criterios para unificar la información–, una constante en todos los países de la región, no pudo siquiera analizar las cifras de Venezuela, una de las economías que peor evolución ha registrado en los últimos años: "Desde 2015 no tenemos datos de ese país", ha indicado Bárcena. La nula credibilidad de los datos que aporta el Gobierno de Nicolás Maduro hace imposible que el brazo de Naciones Unidas pueda ofrecer una cifra certera mediante el filtro estadístico que aplican a todas las naciones latinoamericanas y caribeñas.


La tasa de pobreza general por ingreso, por su parte, se mantuvo en 2017 en el 30,2% (184 millones de personas) en toda Latinoamérica, una tasa idéntica a la registrada un año antes.


Mejoras en desigualdad


Mejores noticias vienen por el lado de la desigualdad de ingresos, uno de los grandes talones de Aquiles de América Latina y el Caribe, la región más dispar del mundo, que acoge a algunas de las mayores fortunas del planeta y también a millones de personas en condiciones de fragilidad extrema. La inequidad de ingresos entre los hogares y las personas se ha reducido "apreciablemente" en la región desde principios de la década de 2000: el promedio simple de los índices de Gini —el indicador más utilizado globalmente— de los 18 países de América Latina analizados bajó de 0,543 en 2002 a 0,466 el año pasado. Sin embargo, el ritmo de reducción se ralentizó en los años recientes: mientras que entre 2002 y 2008 la disminución anual media de la desigualdad fue del 1,3%, entre 2008 y 2014 el ritmo bajó hasta el 0,8% y entre 2014 y 2017, hasta el 0,3%.


Colombia, El Salvador y Paraguay mostraron grandes reducciones de su desigualdad por ingresos en el periodo total analizado, mientras que otros, como Honduras y República Dominicana sufrieron deterioros. Pese a esta mejora, la todavía abrupta diferencia de ingresos entre latinoamericanos sigue "trabando el desarrollo" y permanecen como una "barrera" para la erradicación de la pobreza, la ampliación de la ciudadanía y la propia gobernabilidad democrática. "Nos queda una gran brecha por cerrar respecto a los países desarrollados", ha subrayado la secretaria ejecutiva de la Cepal.


Los indicadores, destacan los técnicos del organismo de la ONU, "confirman un panorama con interrogantes para una región que enfrenta desafíos de gran magnitud para la inclusión social y laboral de su población y en la que persisten profundas desigualdades, especialmente ante el actual contexto económico [con un crecimiento que tiende al debilitamiento tanto en el bloque desarrollado como en el emergente] y las transformaciones en curso en el mundo del trabajo". Vienen curvas y América Latina tiene que prepararse para un escenario marcado por la incertidumbre.


El salario del 40% de trabajadores, por debajo del mínimo legal


El trabajo sigue siendo el camino más rápido para salir de la carestía, pero los mercados laborales de los diferentes países de la región siguen caracterizándose por una oferta de empleos insuficiente y por brechas "significativas" en la calidad de esos empleos, en el acceso a la protección social y en los ingresos laborales, "que en una alta proporción son inferiores a los salarios mínimos legales [un abrumador 40% del total de trabajadores latinoamericanos, sobre todo jóvenes, mayores y mujeres, según los últimos registros] y a lo requerido para superar la pobreza y lograr niveles adecuados de bienestar, a raíz de lo cual una proporción importante de ocupados trabajan largas jornadas". Otra señal de la disfuncionalidad de los mercados de trabajo de la región: uno de cada cinco trabajadores latinoamericanos recibe ingresos laborales inferiores a la línea de la pobreza de su país, cifra que se dispara hasta el 35% en el caso de la población rural. Todo, a pesar de completar largas jornadas diarias, en muchas ocasiones por encima de lo pautado por ley.

La lacra de la informalidad sigue siendo, año tras año, marca de la casa de los mercados laborales latinoamericanos y caribeños. ¿Qué consecuencias tiene para los trabajadores estar fuera de los canales formales de contratación? La Cepal es clara: falta de acceso a cobertura de la seguridad social en salud y pensiones, a jornadas de trabajo definidas –incluidos descanso semanal y vacaciones anuales remuneradas–, a seguros por desempleo, accidentes y enfermedades laborales, así como a la protección de la maternidad y de la paternidad. Se llevan, por tanto, la peor parte. Y la evolución futura no parece augurar un cambio de tendencia a favor de la formalización de sus puestos de trabajo: "Las transformaciones en el mundo del trabajo asociadas a la revolución tecnológica pueden aumentar aún más la proporción de ocupados en esta situación", sentencia el estudio en referencia implícita a plataformas digitales que han favorecido el trabajo por cuenta propia.


Evolución positiva del gasto social


A pesar de un frenazo en el último año analizado, 2016, el gasto social mantuvo su tendencia al alza, al pasar en algo menos de dos décadas del 8,5% del PIB a 11,2%. En términos per cápita, esta partida prácticamente se duplicó entre 2002 y 2016, hasta rozar los 900 dólares. "Hay que reconocer que los países han hecho avances muy importantes para incrementar el gasto social", ha apreciado la jefa de la Cepal. Protección social, educación y salud se mantienen como los tres principales destinos de este tipo de gasto. Por países, Chile y Uruguay son los países que disponen de más recursos por persona para políticas sociales (2.387 y 2.251 dólares, respectivamente), seguidos por Brasil (1.631), Argentina (1.469) y Costa Rica (1.176). En el lado contrario, la región centroamericana y Bolivia quedan muy rezagadas: El Salvador y la citada nación andina alcanzan un promedio anual de 310 dólares y Guatemala, Nicaragua y Honduras quedan por debajo de los 220 dólares.


A pesar del "importante avance" de la región en el capítulo de gasto social, los técnicos del organismo supranacional inciden en los "grandes desafíos de financiamiento de las políticas sociales", en especial en los países que registran las mayores tasas de pobreza. Además, acotan, "los niveles de gasto siguen siendo muy inferiores a los existentes en países desarrollados". "Frente a un contexto económico débil", ha concluido Bárcena, "es imperativo desarrollar simultáneamente políticas de inclusión social y laboral. La política social no puede dejar a nadie atrás".

Por IGNACIO FARIZA / ROCÍO MONTES
México / Santiago de Chile 16 ENE 2019 - 02:35 COT

Publicado enEconomía
"Con los chalecos amarillos, parece que las élites descubren a una tribu del Amazonas"

Entrevistamos al geógrafo Christophe Guilluy, teórico de la Francia periférica y de la fractura entre las élites y las clases populares.

 

El movimiento de los chalecos amarillos marcará un antes y un después en el mandato de Emmanuel Macron. Surgida a mediados de noviembre, esta movilización transversal mantiene su pulso con el joven presidente francés tras un aumento en el número de manifestantes el pasado 5 de enero. Y este sábado tendrá lugar el noveno fin de semana de protestas. Los chalecos amarillos sorprendieron por su carácter espontáneo y conflictivo. No obstante, la profunda fractura entre las élites francesas y las clases populares había sido descrita desde hacía años por el geógrafo y sociólogo Christophe Guilluy (Montreuil, 1964).


Curiosamente, la publicación del último libro de este polémico ensayista, No society. El fin de la clase media occidental, coincidió con la emergencia del movimiento de los chalecos amarillos. Fracturas francesas, Francia periférica, Crepúsculo de los de arriba... Los títulos de los anteriores ensayos de Guilluy ya habían fijado los conceptos que explican la crisis social y política en Francia y en otras democracias occidentales.


"Los chalecos amarillos representan el grito del pueblo que clama: existimos. No hemos desaparecidos", asegura Guilluy a Público. Durante una extensa entrevista de más de una hora y media en un café en la Plaza de la República, en el corazón del París antaño popular, ahora víctima de la gentrificación, reivindica la victoria cultural de los chalecos amarillos: "Han conseguido que muchos entiendan que el pueblo existe en Francia, de la misma forma que hay un pueblo en Reino Unido, España o Estados Unidos".


Mientras que los sindicatos y partidos de izquierda no lograron frenar las reformas neoliberales de Macron, la marea amarilla sí que obligó al joven dirigente a ceder por primera vez en su mandato. El gobierno francés renunció a aumentar los impuestos sobre el combustible y aprobó una serie de medidas, valoradas en 10.000 millones de euros, para calmar el malestar, como un aumento de 100 euros de los ingresos de aquellos que cobran los salarios más bajos o una disminución de las cotizaciones sociales para las pensiones de menos de 2.000 euros.


Sin embargo, según Guilluy, "los logros sociales no son lo más importante, sino que hemos comprendido que el pueblo no ha desaparecido y que este ya no vive en las grandes ciudades ni en el mismo lugar que las instituciones. Por primera vez en la historia, las clases populares ya no residen allí donde se crea la riqueza y los puestos de trabajo". En definitiva, los chalecos amarillos son la cristalización de la Francia periférica.


El espejo de la Francia periférica


Según este mediático geógrafo francés, hay una dicotomía entre la Francia periférica y las metrópolis francesas (París, Lyon, Toulouse, Marsella, Burdeos, etc). Mientras que las grandes ciudades concentran la creación de la riqueza y son las zonas mejor integradas en la economía global, los territorios rurales y las ciudades pequeñas y medianas resultan las principales perjudicadas de la desindustrialización y del modelo de la globalización neoliberal. "Los habitantes de estos territorios (jóvenes, empleados, campesinos, autónomos o pensionistas) quizás no comparten una consciencia de clase, pero sí la misma percepción de los efectos negativos de la globalización", afirma Guilluy en su obra La France périphérique.


Criticado por simplista y oponer las poblaciones modestas de las grandes ciudades con la de los territorios rurales y periurbanos, el concepto de Francia periférica se ha visto, en cierta forma, corroborado con la emergencia de los chalecos amarillos. Durante la primera jornada de protestas del 17 de noviembre —la más numerosa de todas con cerca de 300.000 manifestantes—, estuvieron más movilizados los territorios rurales menos poblados en contraposición con una movilización claramente inferior en las grandes ciudades.


No obstante, la Francia periférica no es solo el reflejo de las zonas más despobladas, a diferencia de la España vacía descrita por el escritor Sergio del Molino. El concepto de Guilluy aglutina pueblos, ciudades pequeñas y medianas en las que reside el 60% de la población francesa. Tres cuartas partes de los habitantes de estos territorios pertenecen a las clases trabajadoras y populares.


"La población modesta ya no vive en grandes ciudades"


Procedente del departamento de Seine-Saint-Denis, donde se encuentran buena parte de los suburbios en el norte de París, este geógrafo empezó estudiando los barrios más pobres de esta zona. "Entonces, me di cuenta que la mayoría de la población modesta no vive en las grandes ciudades, donde los habitantes pobres de las banlieues solo representan el 7%, sino en pequeñas y medianas ciudades. Constaté que no eran ni campesinos ni habitantes urbanos, más bien una mezcla de los dos", explica Guilluy, que militó en el pasado en el Partido Comunista Francés.


Según Guilluy, los bajos precios inmobiliarios y las escasas oportunidades laborales caracterizan los territorios de la Francia periférica: "Los precios de los inmuebles nos indican quién es importante para el sistema". "El gran problema de los habitantes de estas zonas periféricas es que cuando uno tiene un trabajo en una fábrica o empresa, tendrá grandes dificultades para encontrar otro en el caso en que lo pierda. Las lógicas económicas y sociales hacen que uno ya no pueda desplazarse allí donde se crean los puestos de trabajo", añade.


Secesión de las élites


"Uno de los grandes problemas ahora en Francia es que este país puede vivir únicamente con la riqueza que se crea en París, Lyon, Toulouse, etc. De la misma forma que en España se podría vivir únicamente con la riqueza que se crea en las áreas metropolitanas de Barcelona y Madrid", defiende Guilluy. Este sociólogo lamenta que las élites creyeran que el pueblo iba a desaparecer porque había dejado de vivir en las grandes ciudades globalizadas. "Estas metrópolis se han convertido en las nuevas ciudadelas del siglo XXI, cuyos habitantes no ven lo que sucede allí afuera", señala.


"Cuando apareció el movimiento de los chalecos amarillos tuve la impresión de que las élites (económicas, políticas, mediáticas y culturales) estaban descubriendo a una tribu perdida del Amazonas", asegura Guilluy. Defiende que la virulencia con la que la clase dirigente reaccionó ante la emergencia de este movimiento, tachándolo de racista, homófobo y antidemocrático, se debe a la escisión entre las élites y las clases populares. "Año tras año, las lógicas económicas y geográficas permitieron a las élites separarse del pueblo", explica Guillluy, quien cita al historiador estadounidense Christopher Lasch (autor de La rebelión de las élites y la traición a la democracia), que a finales de los setenta ya empezó a alertar ante la revuelta de las élites.


Esta secesión no es solo el fruto de haber situado a las clases populares en la periferia económica y geográfica, sino también "cultural e intelectual", asevera. Según Guilluy, "No society —esta famosa afirmación de Margaret Thatcher con la que titula su último libro— significa que el pueblo no se ve representado ni por los intelectuales ni universitarios". "Resulta simbólico que los chalecos amarillos hayan recibido un apoyo marginal de las élites de la cultura y del sector del espectáculo", afirma Guilluy, quien recuerda que "una sociedad no es viable sin vínculos entre las clases intelectuales y el pueblo".


El bipartidismo representa "a una clase media que ya no existe"


Casi dos meses después de la emergencia de este movimiento de contestación, Macron sigue sin encontrar la solución a la crisis de los chalecos amarillos. "No hay una toma de consciencia del profundo malestar. Es como si no encontrara ni siquiera el lenguaje para hablar al pueblo", lamenta Guilluy. Este geógrafo explica que se reunió con el actual presidente cuando este ejercía como ministro de Economía. Le mostró el mapa de la Francia periférica y de aquellas zonas con una mayor fragilidad económica. "Me respondió: Tiene usted razón. Pero mi método consiste en mejorar el crecimiento de las grandes ciudades y de las grandes empresas. Si progresan los primeros de la cordada, lo hará el resto", explica.


"Toda la tecnocracia francesa y europea defiende esta misma idea", lamenta Guilluy respecto al apoyo de las élites a la teoría neoliberal del goteo. "¿Por qué? Porque ellos han sacralizado la economía y piensan que todo depende de ella". Según Guilluy, que apuesta por favorecer el desarrollo de la economía y las instituciones locales e introducir algunas medidas proteccionistas, "es evidente que el modelo neoliberal es insostenible desde un punto de vista social y político".


Una inestabilidad política que se ve reflejada en la crisis de los partidos tradicionales. "Las formaciones políticas fueron concebidas para representar a una clase media que ya no existe. Resulta bastante simbólico ver que el electorado que le queda a la derecha republicana o al Partido Socialista en Francia son los herederos de esta clase media. Por un lado, los jubilados (derecha); por el otro, los funcionarios (PS)", explica.


Dificultades de Podemos


Guilluy también responsabiliza a la izquierda de esta fractura entre las élites y el pueblo. "Seguí con gran interés la aparición de Podemos y creí que había una profunda reflexión sobre la necesidad de restablecer un vínculo entre las clases intelectuales y el pueblo. Pero no lo han conseguido", lamenta. Según este geógrafo, en el partido morado se ha producido un "encierre cultural y geográfico, lo que nos muestra la dificultad de la reconciliación".


"Pienso que muchos de los responsables de Podemos no supieron abandonar sus reflejos de intelectuales de izquierdas y entender que hacía falta restablecer vínculos con las clases populares en lugar de apostar por el eje izquierda-derecha", afirma Guilluy. Considera que la formación morada ha caído prisionera de sus propios votantes: "Uno de los motivos de las dificultades de la izquierda es que se ha vuelto demasiado caricatural respecto a su electorado, formado por estudiantes universitarios, intelectuales y clases medias superiores. Mayoritariamente son personas que viven en las grandes ciudades y al final uno necesita hablar a sus votantes para existir".


No obstante, según Guilluy, "no tenemos que realizar un trabajo de reeducación del pueblo, sino de las élites. Debemos acercarnos al pueblo".

12/01/2019 12:19 Actualizado: 12/01/2019 12:19
ENRIC BONET
@EnricQuart

Publicado enInternacional
Martes, 04 Diciembre 2018 07:30

La encrucijada fiscal

La encrucijada fiscal

La situación fiscal de Colombia es compleja. Y sus dos características más relevante son: falta de recursos y ausencia de criterios de progresividad.

La falta de recursos

Colombia tiene una presión fiscal muy baja. El peso de la tributación con respecto al PIB es reducido. Apenas representa el 14,9% del PIB. Este porcentaje es muy pequeño en el ámbito internacional. Y, además, es reducido con respecto a las necesidades de modernización del país.

Con respecto a otros países es claro el poco peso que tiene el Estado en Colombia. En América Latina la presión fiscal es relativamente mayor. En Argentina es 32%, en Brasil 31%. En los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) es, en promedio, de 36%. La diferencia entre Colombia y los demás países es significativa.

Pero lo más relevante no es la constatación de la diferencia, sino el desconocimiento de esta realidad por gran parte de la población, y de numerosos políticos y empresarios. En la reciente campaña electoral hizo carrera el supuesto de que en Colombia los impuestos son muy altos. Se menospreció el dato agregado sobre la presión fiscal. Y para justificar esta actitud, se mostraron mediciones, a nivel micro, en las que los impuestos a las empresas son elevados. Para algunos autores la tasa efectiva que pagan las empresas, con respecto a la utilidad, es de 59,6%. Otros estudios, como el realizado por el Banco de la República , llegan a conclusiones completamente distintas: la tributación del capital ha sido, en promedio, de 15,7%.

En el diagnóstico oficial se le ha dado más relevancia a los estudios que suponen una elevada tributación. El gobierno y los gremios han construido el discurso alrededor de las cifras más altas. Es lógico, entonces, que desde esta mirada se concluya que los impuestos se tienen que reducir. Y el gobierno está proponiendo que la tarifa del impuesto a la renta de las empresas baje del 33% al 30%.

Se ha dicho que una forma de compensar la disminución de los impuestos a las empresas es recurriendo a impuestos indirectos (diversas modificaciones del impuesto al valor agregado (IVA), y mejorando la eficiencia de la institucionalidad responsable de la tributación. Y por el lado del gasto el gobierno ha propuesto alternativas de austeridad. El presidente Duque es muy optimista y supone que la conjugación de estas medidas van a reducir el déficit fiscal y, además, permitirán reactivar la economía.

Frente a la austeridad se distinguen las medidas propuestas por gobiernos de Santos y de Duque. Cárdenas, el ministro de hacienda de Santos, popularizó el término “austeridad inteligente”. Se trataba de disminuir aquellos gastos que no tuvieran impacto en el crecimiento económico. La intuición del Ministro lo llevaba a proteger el monto destinado a la inversión pública. En su opinión, la austeridad es inteligente si protege el gasto público con mayor efecto multiplicador. Para lograr este propósito habría que establecer una taxonomía del gasto, diferenciando entre los de mayor y menor impacto sobre la economía. En la práctica este ejercicio no es posible porque siempre se podría argumentar que determinado gasto (educación primaria, protección de cuencas…) puede tener, en el largo plazo, un impacto mayor que la inversión de corto plazo, como las carreteras. La distinción entre uno u otro gasto siempre es arbitraria y quedaría supeditada a la percepción del ministro de hacienda del momento. De todas maneras, el gobierno Santos no pudo reducir el gasto, y las finanzas públicas terminaron con un desequilibrio de 25 billones de pesos.

La primera determinación que tomó el gobierno de Duque para responder a las necesidades fiscales, fue una reducción del déficit de corto plazo, mediante una recomposición de la deuda, que liberó 10 billones. El desbalance se redujo a unos 15 billones. Además de la reforma tributaria, el presidente Duque piensa que el déficit se puede reducir con su modelo de austeridad.

Duque ha prometido que disminuirá el gasto con las medidas de austeridad, centrando la atención en la reducción de las plantas de personal “paralelas”. Esta alternativa no es realista porque significaría acabar con el Estado. En el país hay 1,4 millones de funcionarios, que equivalen al 5,3% de los ocupados. De nuevo, esta relación es muy baja cuando se compara con otros países. En México, Brasil y Chile está alrededor del 15%. En Canadá e Inglaterra es el 27%. En Noruega es 33% y en Dinamarca es 36%. Y en los países de la Ocde es de 25%. Puesto que el número de funcionarios es tan bajo, en Colombia no queda más alternativa que contratar por fuera de planta y por períodos de tiempo definidos. En estas circunstancias, no existe la más mínima posibilidad de que la austeridad de Duque tenga éxito.

Puesto que las medidas de austeridad no han funcionado, y dada la presión para bajar impuestos, es muy factible que el déficit fiscal continúe creciendo. Si el gasto en lugar de bajar mantiene su tendencia al alza, y si la presión por reducir los impuestos se mantiene, no queda otro camino que aumentar la deuda pública. En Colombia, el saldo de la deuda pública con respecto al PIB es de 47%. Un porcentaje importante, pero relativamente bajo comparado con el de los Estados Unidos (105%), o con el de Japón (201%). En el promedio de países de la Ocde la relación también es superior al 100%.

La mayor deuda debilita la estructura de las finanzas públicas, y el pago de intereses se va convirtiendo en una carga muy pesada para el conjunto de la sociedad. Colombia ha optado por el camino fácil de no aumentar los impuestos, y de permitir que el saldo de la deuda crezca de manera significativa. La única forma de contrarrestar esta tendencia sería aumentando los impuestos, pero ello no es posible dada la acogida que ha tenido la idea de la alta tributación que supuestamente existe en el país. Al no reconocer que los impuestos en Colombia son bajos, la política pública toma decisiones inadecuadas.

Débil progresividad

Las medidas propuestas en el proyecto de reforma tributaria buscan una progresividad muy débil. Son temerosas, y no obligan a los ricos y a los grandes capitales a que aumenten sus niveles de tributación.

En las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Pacto por Colombia. Pacto por la Equidad , se reconoce de manera explícita que la lucha contra la desigualdad es una prioridad del gobierno. Y se dice que en los próximos 4 años el Gini de ingresos laborales bajará de 0,508 a 0,47. En las Bases no se mencionan otras formas de concentración, que son escandalosas. En las zonas rurales, de acuerdo con el último censo agropecuario realizado en el 2014, el Gini de concentración de la tierra es de 0,93.

Es importante reducir el Gini del ingreso laboral, pero esta medida es insuficiente. Para que efectivamente haya un pacto por la equidad es necesario disminuir el Gini de la riqueza. Y para lograrlo, el instrumento privilegiado es la progresividad del impuesto. Pero este es, precisamente, el asunto que no se quiere discutir en el Congreso de la República. Las medidas propuestas son muy tímidas. Entre ellas, la tarifa al patrimonio oscilaría entre 0,75% y 1%. Los impuestos al suelo y al urbanismo ni siquiera se consideran, y podrían ser una fuente potencial de recursos, con la ventaja de que su estructuración puede hacerse con criterios de progresividad.

Conclusión

Colombia necesita aumentar significativamente el gasto público. Esta es una condición básica para lograr la modernización del país. Para evitar el desbalance fiscal, el mayor gasto debe ir a la par con un aumento de los impuestos. Esta realidad no ha sido reconocida, y en lugar de incrementar el gasto se pretende reducirlo con medidas que no serán efectivas. Mientras tanto, se aplazan decisiones importantes que es necesario tomar en el frente fiscal. La más importante es la búsqueda de una estructura tributaria que sea progresiva.

Por Jorge Iván González
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
3 de diciembre de 2018

Publicado enColombia
Explicar la igualdad al 1 % más rico del mundo

El primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico, celebrado en Buenos Aires por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) entre el 19 y el 21 del pasado mes de noviembre, me propuso un reto sorprendente: explicar la igualdad al 1 % más rico del mundo. Hacer tal explicación ante ocho mil personas es casi una provocación. Pero no eludí el desafío.

Como he escrito, la fórmula del 1 % contra el 99 % no la inventó el movimiento de los indignados de 2011. Está en las páginas finales del diario de Lev Tolstói de 1910. La actualidad de esta fórmula está menos en la figura de Tolstói que en las condiciones actuales del capitalismo mundial, atravesado por desigualdades entre ricos y pobres que tienen muchas similitudes con las de hace cien años. Ante el reto, decidí comenzar por deconstruir la pregunta. Era una vieja pregunta, una pregunta típica del siglo XX. En primer lugar, en el siglo XXI, y después de todas las victorias de los movimientos feministas y antirracistas, sería más correcto explicar no la igualdad, sino la diferencia. La igualdad no existe sin ausencia de discriminación, es decir, sin el reconocimiento de diferencias sin jerarquías entre ellas (hombre/mujer, blanco/negro, heterosexual/homosexual, religioso/ateo). En este año en que celebramos los setenta años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, recuerdo la formulación que he dado al respecto: tenemos el derecho a ser iguales cuando la diferencia nos inferioriza y el derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza.


En segundo lugar, la pregunta pretendía explicar la igualdad al 1 % más rico. ¿No tendría más sentido, o no sería más útil, explicarla al 99 % más pobre? Explicar la igualdad al 1 % es como explicar al diablo que Dios es bueno. Si lo intento, tal vez no me entienda; y si me entiende, tal vez me expulse o prohíba escribir sobre el tema. Recordé, a propósito de esto, ese siniestro movimiento de extrema derecha educativo en Brasil, conocido con el engañoso nombre de Escuela sin Partido, que en sus últimos documentos incluye entre los autores prohibidos a Karl Marx, Paulo Freire, Milton Santos, José Saramago y Antonio Gramsci. Recordé también la situación de antiguos estudiantes míos, hoy profesores en universidades brasileñas, que se sienten perseguidos y controlados (e incluso grabados) en sus clases de sociología política y derechos humanos, sospechosos de defender “ideas rojas” o “ideología de género”, la innovación conceptual más reciente de las cloacas autoritarias y neofascistas.


Me pregunté, pues, si no sería más útil y adecuado explicar la igualdad al 99 %. Pero ahí quedé suspendido en mi reflexión: ¿sería, al fin y al cabo, necesaria tal explicación? ¿No sabrán ellos mejor que nadie, y con la prueba de todas las arrugas de la vida, qué es la igualdad y qué es la desigualdad? ¿Necesitarán a alguien que se lo explique? El domingo anterior había pasado una buena parte del día en uno de los barrios más pobres y resistentes de Buenos Aires, el barrio Zavaleta, donde un grupo de activistas produce cooperativamente una revista, La Garganta Poderosa, que va siendo conocida en todos los barrios pobres del continente. Allí pude comprobar cómo para ellos y ellas la igualdad se explica fácilmente por la desigualdad que sufren todos los días en los cuerpos y en la vida. Acompañado a distancia por militares (no policía civil) que controlan la comunidad, pude comprobar que no es igualdad cuando unas voluntarias se organizan para recibir donaciones de alimentos y crear un restaurante comunitario donde los jóvenes comen una comida decente al día. Que no es igualdad cuando casi todos los habitantes tienen un joven pariente, amigo, hijo o nieto asesinado por la policía. Que no es igualdad cuando las inundaciones de las últimas semanas impiden que las cloacas improvisadas aguanten y los niños se despiertan con la cama llena de mierda (pido al editor que no censure esta palabra, ya que cualquier otra solo servirá para suavizar la mala conciencia de quien duerme en carritos Chico). Que no es igualdad cuando alguien en coma diabético muere en calles estrechas mientras unos brazos solidarios lo trasladan al lugar donde la ambulancia lo puede recoger. En Zavaleta, la igualdad se explica bien por la desigualdad, por la violencia policial, por la desvalorización de la vida, por la degradación ontológica de quien allí vive.


Pero incluso admitiendo que la explicación tiene sentido, la formulación de la invitación padece aún otro error, un error epistemológico. Presupone que hay un conocimiento específico y el único válido para explicar la igualdad, es decir, el conocimiento científico. Ahora bien, esto no es cierto y, en este caso concreto, es particularmente importante aclararlo. La filosofía eurocéntrica –y las epistemologías del Norte que nacieron de ella y dieron origen a la ciencia moderna– se basa en la contradicción entre defender en abstracto la igualdad universal y, al mismo tiempo, justificar que parte de la humanidad no es plenamente humana y, por tanto, no está contemplada en el concepto de igualdad universal, sea ella constituida por esclavos, mujeres, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, trabajadores sin derechos, castas inferiores. No es preciso mencionar que John Locke, gran patrono de la igualdad, fue dueño de esclavos; o que la eugenesia, “la ciencia más popular” de inicio del siglo XX, demostraba científicamente la inferioridad de los negros, una ciencia que Hitler estudió atentamente en la prisión mientras preparaba Mein Kampf. Por eso, confiar en que las ciencias nacidas de las epistemologías del Norte expliquen adecuadamente la igualdad es lo mismo que escoger al lobo para cuidar a las ovejas. Una metáfora menos chocante será la de pensar que la “ayuda al desarrollo” realmente ayuda a los países en desarrollo. Al contrario de lo que promete, tal ayuda contribuye no al desarrollo de los países, sino a mantenerlos subdesarrollados y dependientes de los más desarrollados.


Las epistemologías del Sur que he venido defendiendo parten de los conocimientos nacidos en las luchas de aquellos y aquellas que vivieron y viven la desigualdad y la discriminación, y resisten contra ellas. Estos conocimientos permiten tratar la igualdad como denuncia de las desigualdades que oculta o considera irrelevantes para contradecirla. Permiten también tratarla como instrumento de lucha contra la desigualdad y la discriminación. Solo para dar un ejemplo: las epistemologías del Sur permiten reconceptualizar el capital financiero global, verdadero motor de la extrema desigualdad entre pobres y ricos, y entre países ricos y países pobres, como una nueva forma de crimen organizado. Se trata de un crimen contra la propiedad de los trabajadores y de las clases empobrecidas, constituido por varios crímenes-satélite, sean estos el estelionato, el abuso de poder, la corrupción. Solo para dar un ejemplo extremo: un trabajador en Brasil que use tarjeta para comprar a crédito llega a pagar una tasa de interés ¡del 326%! Como dice el economista Ladislau Dowbor, el crédito en Brasil no es estímulo: es extorsión. Su naturaleza criminosa es lo que explica el ejército de abogados a su servicio para defenderse de las múltiples violaciones de las leyes y para cambiar las leyes cuando ello sea necesario. Solo así se explica que en Brasil, según datos de Oxfam, seis personas tengan más patrimonio que la mitad más pobre de la población, y que el 5% más rico posea más que el 95% restante.


Pero el capital financiero global, en su actual configuración, no es solo un crimen contra la propiedad de los más pobres, sino también un crimen contra la vida y contra el medio ambiente. Datos de varias agencias internacionales, incluyendo UNICEF, revelan que las políticas neoliberales de ajuste estructural o de austeridad han conducido a la disminución de la esperanza de vida en África y la muerte de millones de niños por desnutrición o enfermedades curables. Las mismas políticas han estado ejerciendo una presión enorme sobre los recursos naturales, exigiendo su explotación cada vez más intensiva, con la consecuente expulsión de las poblaciones campesinas e indígenas, la contaminación de las aguas y la desertificación de los territorios. Además, las pocas reglas de protección ambiental conquistadas en las últimas décadas están siendo violadas o anuladas por los gobiernos de derecha. El ejemplo más grotesco hoy es Donald Trump; y mañana lo será ciertamente Jair Bolsonaro. De ese modo, es muy probable que los escenarios más pesimistas señalados por la ONU terminen haciéndose realidad.


A la luz de las epistemologías del Sur, los crímenes cometidos por el capital financiero global serán uno de los principales crímenes de lesa humanidad del futuro. Junto con ellos y articulados con ellos estarán los crímenes ambientales. En el año en que celebramos los setenta años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, recomiendo que comencemos a pensar en la revisión de su redacción (y en un modo totalmente nuevo de participación en tal redacción) para dar cuenta de la nueva criminalidad que en los próximos setenta años continuará impidiendo a la humanidad ser plenamente humana.

Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez 
Artículo enviado a desdeabajo por el autor el 230 de noviembre

Publicado enSociedad
Colombia: hambre y desmantelamiento del Estado social

La situación social en Colombia golpea a los más humildes, mientras desde el gobierno y los círculos de poder disfrutan las ganancias de la violencia.


Las cifras igual que los muertos, los caminos o el curso de los ríos cuentan cosas, tienen historias. Así ocurre con los datos de la desatención en salud, precarización del trabajo, desfinanciación de la educación, ejecuciones legales y extralegales, y el hambre y la miseria que ponen al descubierto una política de exterminio forjada en el largo plazo sobre gente marcada como prescindible, sobrante, que sin saberlo saca a la luz la desigualdad y el déficit democrático. Con la reciente dictadura que avanza con un discurso de poder que suma odio con leyes de venganza, nada cambiará y Colombia tenderá, a menos que haya un colapso estructural, a seguir siendo anunciada como “un país entre el hambre y el desperdicio de comida”(título de un informe periodístico de El Tiempo, de octubre de 2018), que señala que “150 indígenas colombianos y venezolanos” desde hace dos años se alimentan de residuos que disputan con chulos y ratas en el basurero de Puerto Carreño. Es el hambre que no reconoce fronteras, y permanece a la vista del mundo, como lo repasa el film La Pesadilla de Darwin, donde en el África (como en Colombia) la guerra produjo hambre donde había paz y abundancia, y a los nativos pescadores les quedó sacar del basurero las espinas sin carne del pescado. Son 815 millones de personas con hambre en el planeta y aunque la comida alcance para alimentar dos veces a la población entera, hay un genocidio del que son responsables los detentadores del poder y la riqueza.


El hambre en Colombia existe. Lo padecen 3,2 millones de personas sin seguridad alimentaria. Son cerca del siete por ciento de población, subalimentada, con privación crónica de alimentos (según datos de la FAO), que aprendieron a sobrevivir mientras las viejas armas se comían el presupuesto de su alimento y las nuevas amenazan con comerse las oportunidades de niños, jóvenes y viejos. Adicionalmente, la opulencia de pocos desperdicia 300.000 toneladas diarias de comida, suficientes para alimentar a ocho millones de este país y en Venezuela. La clase política, ante la indignante cifra del hambre, padecida “en democracia”, no intenta siquiera atacar el problema de fondo promoviendo límites al enriquecimiento que la provoca, sino que anuncia tramitar una ley que prohíba desperdiciar la comida. Algo similar, inútil y despreciable, ocurrió en 1918 con un decreto que prohibía la mendicidad en Bogotá, sin la menor preocupación por cambiar las condiciones que provocan el fenómeno. Los nazis, igual de audaces, crearon guetos con judíos y luego organizaron paseos para convencerse que matarlos por hambre era la solución. La trampa del poder es convocar a mirar a otro lado, y tratar solo con paliativos las consecuencias sin el menor acercamiento a las causas.


Son 3,2 millones de hambrientos en Colombia, cifra suficiente para cuestionar los anuncios de avance en democracia, inclusión y respeto a los derechos. La cifra pone de relieve que la solución a problemas endémicos, convertidos en violencias contra la niñez, es orientar la política a tratar las causas y crear condiciones de garantía y protección, que justamente el gobierno no asume porque es ideológicamente contrario a las soluciones requeridas. No promueve paz, equidad, ni eliminación de las barreras de discriminación y exclusión que producen hambre, miseria y violencia contra los débiles, porque su poder no responde al interés ciudadano, sino al de mafias y partidos comprometidos con corrupción y criminalidad, que no demandan nada distinto que no sea en beneficio propio.


En lo recorrido del siglo XXI las estructuras de desigualdad han permanecido estables, con insignificantes cambios en las desalentadoras cifras de una realidad que no se resuelve con discursos de odio, populismo punitivo, ni las salidas de guerra que pretenden acabar el hambre con balas y la marginalidad alistando soldados. El 10 por ciento de niños padecen desnutrición crónica que afecta su presente corporal e intelectual y el futuro propio y del país; 2,5 millones de niños tienen algún tipo de limitación especial de carácter cognitivo, sensorial o motor por el que son discriminados; y más de 35.000 niños son explotados sexualmente por mafias que lavan sus ganancias en la economía legal; otros 35.000 (o quizá parte de los mismos) pasan la mayor parte de su tiempo y de su vida en la calle y fueron y siguen siendo maltratados y humillados; del millón de niños que fueron desplazados forzados durante la última década del siglo XX no hay rastro (datos de Unicef sobre la niñez en Colombia).


Al agrupar los datos, la realidad resulta todavía más crítica, porque no hay interés expreso del Estado en ofrecer garantías de solución mediante el acceso a bienes materiales para superar carencias conforme a la universalidad que exigen los derechos para todos. Las cifras reales (distan de datos formales que cambian metodológicas para maquillar informes) y su tendencia es similar en la década, con un promedio de 14,5 millones de personas en condiciones de pobreza y 4,5 millones en indigencia. En el todo de la desigualdad, 10 millones de personas (una de cada cinco) son las víctimas del conflicto armado, a las que el “No” del plebiscito por la paz les arrebató la posibilidad del pleno reconocimiento de personas con derechos y otra vez son negadas, revictimizadas, porque el gobierno se opone a la paz conquistada. De entre las víctimas, más de 7,5 millones son desplazados forzados que huyen, no van en grupos por las carreteras porque los matan, se camuflan en cordones de miseria, aprenden a sobrevivir como invisibles. Otros tantos excluidos y hambrientos “sobreviven” en alcantarillas, arboles, andenes, plazas, parques, botaderos de escombros o en basureros. Solo en Bogotá son más de 10.000, “habitantes de calle” en la miseria total, absoluta, sin sueños ni esperanzas, sin sentido de realidad, expuestos a la vida biológica, sin nada, sin agua, ni comida, ni ducha, ni letrina, sin lavarse los dientes o usar desodorante, sin intimidad, sin prendas de vestir. Seres que cada vez que respiran contradicen las teorías de la capacidad del cuerpo humano para resistir y de la mente para existir como sobrevivientes. Son colombianos, hombres y mujeres, sin patria, ajenos, marginados, no están locos, ni todos son drogadictos, ni ladrones, ni potenciales violadores; es gente despojada a la que el sistema de poder en su codicia e indiferencia extirpó su humanidad.


El gobierno y los beneficiarios del poder del Estado y de la riqueza del país, no se conmueven con estas cifras. No están en sus cuentas ni en su programa de gobierno. Solucionar esta realidad no ocupa su interés, como tampoco saciar el hambre ajeno les mejora sus ingresos; sin ellos se quedarían sin con quién experimentar juegos de guerra de verdad, sin su cantera de pobres, hambrientos y víctimas no tendrían asegurado su futuro.


Las cifras muestran el desmantelamiento del Estado social, porque del Estado de derecho queda muy poco. La verdad oficial es montada con falsificaciones, ofrece leyes donde se necesita comida y entrega odio donde debía florecer la paz. Los medios de comunicación y en especial la televisión privada que vive del Estado, se encargan de controlar las mentes ciudadanas distrayendo, mintiendo y creando ficciones para adormecer y ocultar a los responsables de toda o casi toda la desgracia, que es cambiada por histeria y odio hábilmente hoy conducido por el partido de gobierno, que en lo que va del siglo XXI ha moldeado a su antojo a la opinión y convertido al país en el rehén de sus desvaríos y sueños de poder absoluto y total de dictadura en democracia.


PD: Desde el 10 de octubre, con las universidades en la calle, comienza una era de nuevas y seguramente indetenibles movilizaciones sociales por la reconstrucción del Estado social y de derecho y el respecto a los pactos de derechos, para avanzar a una sociedad en paz, libres de mafias y corrupción en el control de la vida y del país.

11 octubre 2018

 

11 octubre 2018

Publicado enColombia
Página 1 de 4