El servicio secreto de Obama y las prostitutas de Cartagena
El Servicio Secreto de Estados Unidos ha reemplazado a un grupo de agentes encargados de la seguridad del presidente Barack Obama en la Cumbre de las Américas por haber tratado supuestamente con prostitutas, ha informado The Washington Post.

Según el diario estadounidense, un portavoz del Servicio Secreto Edwin Donovan ha confirmado que un número sin determinar de agentes enviados a Cartagena de Indias (Colombia) han sido reemplazados por supuesta mala conducta, sin especificar las razones.

Sin embargo, otras fuentes consultadas por el diario apuntan que al menos un agente del Servicio Secreto ha regresado a Estados Unidos por un asunto relacionado con prostitución. Obama llegó este viernes a Cartagena para participar, junto a una treintena de gobernantes más del continente, en una cita que tendrá lugar entre hoy y mañana en esa ciudad caribeña del norte de Colombia.

Donovan indica que los agentes que podrían ser sancionados han sido sustituidos inmediatamente y en ningún momento la seguridad del presidente estadounidense se ha visto comprometida. "El Servicio Secreto se toma las alegaciones de mala conducta muy seriamente", señala el portavoz del cuerpo encargado de la seguridad del presidente en un comunicado. Según The Washington Post, los agentes implicados podrían pertenecer todos a una misma unidad, que está siendo investigada.

EFE Washington 14/04/2012 18:30 Actualizado: 14/04/2012 18:58
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Los servicios de seguridad privada y los «‘israelitas’ de Latinoamérica»

Ha habido mucha alharaca en los últimos años en círculos neoconservadores en EE.UU. y entre funcionarios del Ministerio de Exteriores israelí sobre el peligro para la seguridad global planteado por una supuesta infiltración islamista en América Latina.
 

Una falacia utilizada por los autoproclamados expertos en el asunto es que ahora es posible viajar en avión desde Caracas a Teherán con una sola parada en Damasco. Para que los responsables políticos y el público en general no dejen de reaccionar con suficiente alarma ante semejantes noticias, la severidad de la amenaza se subraya mediante lazos inventados entre musulmanes de América Latina y toda tendencia regional potencialmente desfavorable, lo que resulta en un fantasma de cárteles criminales islamo-narco-socialistas que amenazan la frontera sur de EE.UU.
 

En un cable de WikiLeaks de la embajada de EE.UU. en Bogotá con fecha del 1 de diciembre de 2008, una entidad bastante inesperada se sumó a la formación usual de amenazas basadas en Latinoamérica. El cable discute las maniobras en Colombia de la firma israelí Global Comprehensive Security Transformation (Global CST), fundada por el general (de la reserva) Israel Ziv –ex jefe del Directorado de Operaciones de las fuerzas armadas israelíes– contratado para ayudar en la lucha contra organizaciones criminales y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como para evaluar potenciales peligros procvedentes de Ecuador y Venezuela.
 

“Durante un período de tres años, Ziv se ganó la confianza del ex ministro de Defensa [colombiano] [Juan Manuel] Santos prometiendo una versión más barata de la ayuda del USG [gobierno de EE.UU.], sin las condiciones que imponemos. Nosotros y el GOC [gobierno de Colombia] averiguamos que Global CST no tiene experiencia latinoamericana y que sus propuestas parecen tener más bien el propósito de apoyar las ventas de equipamiento y servicios israelíes que de satisfacer las necesidades del país”.
 

No está claro por qué el gobierno de EE.UU. debe expresar sorpresa ante el hecho aparente de que no se encaren las “necesidades del país” cuando su propia experiencia latinoamericana incluye el multimillonario Plan Colombia, inaugurado hace más de una década, ostensiblemente como medio para reducir la producción y el tráfico de droga. En 2009, hablé con agricultores del departamento meridional de Putumayo, quienes describieron los efectos del plan dentro del país, como la repetida fumigación aérea de sus cultivos de subsistencia, ganado, suministros de agua y sus hijos.
 

Una parte sustancial de los fondos del Plan Colombia se destinó a los contratistas privados de seguridad basados en EE.UU. Según se informa, actualmente un 97% de la cocaína que llega a EE.UU. proviene de dicho país.
 

En cuanto a las condiciones teóricamente impuestas a la ayuda oficial de EE.UU., Amnistía Internacional ha objetado el hecho de que “el Departamento de Estado siga certificando la ayuda militar a Colombia, incluso después de estudiar el historial de derechos humanos del país”, que casualmente tiene el honor de ser el peor del hemisferio.
 

La experiencia de Global CST


La afirmación de Ziv sobre la relevancia internacional de sus antecedentes en las fuerzas armadas israelíes, “Pensamos que nuestra experiencia podría contribuir tremendamente a la seguridad del mundo y a la paz mundial [sic] es, mientras tanto, cuestionada por el siguiente pasaje del cable de Bogotá:
 

“En febrero de 2008 fuentes de [la Policía Nacional de Colombia] informaron de que un intérprete de Global CST, el ciudadano israelí nacido en Argentina Shai Killman, había hecho copias de documentos clasificados del Ministerio de Defensa de Colombia en un intento frustrado de venderlos a las [FARC] a través de contactos en Ecuador y Argentina. Los documentos contenían supuestamente información de base de datos de objetivos de alto valor (HVT). Ziv negó el intento y envió a Killman de vuelta a Israel”.
 

El nuevo artilugio de Colombia para lograr la reconciliación


El desmentido de Ziv se hace más convincente a la luz del hecho de que Global CST ha rendido sus servicios a las fuerzas armadas de la nación de Georgia así como a Abjasia, la república disidente de Georgia. Los objetivos pacíficos de la firma son además puestos en duda por las armas y el entrenamiento que según los informes suministró a la junta militar de Guinea, responsable de la masacre de manifestantes por la democracia en Conakry en 2009.
 

En el consejo de Global CST está presente el ex ministro adjunto de Defensa israelí Ephraim Sneh, cuyos recientes esfuerzos por la causa de la paz han incluido la defensa de la matanza masiva de palestinos durante la Operación Plomo Fundido porque Hamás no había “llevado inversionistas a Gaza”. El ex ministro no explicó cómo esperaba que trabajaran los inversionistas con un bloqueo militar israelí cuando incluso artículos básicos como pasta y lápices no tienen libre paso.
 

“Los ‘israelitas’ de Latinoamérica”


La intrusión de Global CST en el campo imperial del gobierno de EE.UU. fue facilitada por Juan Manuel Santos, actual presidente de Colombia, quien ha explicado que durante su período como Ministro de Defensa le recomendó la empresa su amigo el ex ministro israelí de Exteriores Shlomo Ben-Ami.
 

En un video promocional de Global CST, Santos caracteriza a la compañía como sigue:


“Son gente con mucha experiencia; nos han estado ayudando a trabajar mejor. Es como la persona que está en el gimnasio, y cuando vas y haces el ejercicio te dice cómo hacerlo mejor.”


Hay más elogios efusivos expresados por cuenta de los entrenadores personales en un video para un programa de televisión israelí, en el cual Santos anuncia: “Incluso hemos sido acusados de ser los ‘israelitas’ [sic] de Latinoamérica, lo que me hace sentir personalmente orgulloso”.
 

Este pronunciamiento ocurre poco después de que el narrador del programa había descrito la incursión de Colombia en Ecuador en 2008 y el asesinato del segundo del comando de las FARC, Raúl Reyes. La evaluación en hebreo del narrador se transcribe en subtítulos en inglés: “De repente, los métodos que resultaron ser eficientes en Nablus y en Hebrón comienzan a hablar en español”.
 

Aparte de un orgullo compartido por los asesinatos selectivos ilegales extraterritoriales, hay otros motivos por los cuales Colombia podría calificarse como el Israel de Latinoamérica. Para comenzar, el difunto Carlos Castaño Gil –padre del paramilitarismo colombiano moderno– reconoció que copió el concepto paramilitar de los israelíes durante una excursión de entrenamiento a Israel en los años ochenta.
 

En asuntos que requieren el desplazamiento de seres humanos de sus tierras, el ejemplo sionista es indudablemente invaluable, aunque los colombianos carecen por desgracia de la opción de citar la justificación bíblica de sus reivindicaciones territoriales. En ambos casos, la aplicación liberal del término “terrorista” suministra una justificación conveniente para la eliminación de sectores excedentes de la población, sean palestinos en campos de refugiados o campesinos colombianos cuya existencia obstaculiza las intenciones de las corporaciones internacionales respecto a los recursos del área.
 

El hecho que la muerte y la destrucción causada por el Estado judío y el parangón de colusión militar-paramilitar que es el Estado de Colombia cuantitativa y cualitativamente exceden las causadas por sus respectivos némesis no ha perjudicado sus posiciones como máximos receptores de ayuda militar de EE.UU.


Creatividad militar


La necesidad de utilizar víctimas en el papel de agresores ha llevado a una variedad de desempeños militares creativos tanto en el Israel original como en su aprendiz latinoamericano. En 2008, se reveló que los soldados colombianos asesinaron a posiblemente miles de civiles y luego vistieron sus cuerpos con vestimentas de las FARC a fin de recibir bonificaciones y más vacaciones.


Juan Manuel Santos sirvió como ministro de Defensa bajo el presidente Álvaro Uribe cuando estalló el escándalo de los “falsos positivos”. A pesar de éste y otros Santos se permitió comentar en el programa mencionado de la televisión israelí que “ya no existe” el miedo en Colombia y que “ahora nos sentimos libres”.
 

En cuanto a la creatividad militar israelí, la portavoz Avital Leibovitch explicó después de la masacre del Mavi Marmara en 2010 –parte de la Flotilla de la Libertad que trató de romper el cerco de Gaza– que las víctimas del incidente no fueron los nueve activistas humanitarios turcos asesinados, sino los comandos que los mataron.
 

El Ministerio de Exteriores israelí cargó sumisamente un conjunto de fotos en Flickr titulado “armas encontradas en el Mavi Marmara”, que destacó las tendencias violentas de los navegantes y consistía de imágenes de botellas de agua, cuchillos de cocina, destornilladores, kaffiyes y una honda decorada con estrellas rosadas y púrpura y la palabra “Hizbulá”. El hecho de que la honda no fuese en realidad “hallada en el Mavi Marmara” sino más bien resucitada de un archivo irrelevante lo sugiere la etiqueta que acompaña la imagen, según la cual “Esta foto fue tomada el 7 de febrero de 2006, usando una Nikon D2Xs”.
 

Los colombianos obtuvieron la oportunidad de defender su posición como ‘israelitas’ de Latinoamérica cuando, al completar el período presidencial de Uribe en 2010, éste fue reciclado en el puesto de vicepresidente del panel de la ONU encargado de la investigación de la masacre de la flotilla. El informe resultante -que determinó que un grupo de activistas de la flotilla estuvieron involucrados en un “extremo nivel de violencia”, y que sostuvo la validez del cerco israelí de Gaza a pesar de la propia clasificación del cerco como ilegal por la ONU– se benefició presumiblemente de la noción declarada de Uribe de que las organizaciones de derechos humanos sirven frecuentemente como fachadas de los terroristas.
 

La comunidad de paz de San José de Apartadó


Defendiendo su posición como una paramilitar colombiana de facto en el consejo editorial de The Wall Street Journal, mientras tanto, Mary O'Grady informó de una alianza entre terroristas de las FARC y los "peaceniks" en un artículo de 2009 sobre la comunidad colombiana de la paz de San José de Apartadó, afiliada a varias ONG.
 

La comunidad de la paz, que visité ese mismo año, se fundó en 1997 en la región de Urabá en el noroeste de Colombia como reacción a décadas de conflicto armado. Empleando un sistema de grupos de trabajo colectivo dedicados al cultivo de plátanos miniatura y cacao, la comunidad rechaza la cooperación con todos los protagonistas armados: militares, paramilitares y guerrilleros de las FARC por igual. A pesar de ello, al llegar al duodécimo aniversario en 2009, había sufrido 184 asesinatos de una población de aproximadamente 1.500 personas.
 

Veinticuatro asesinatos se han atribuido a las FARC, mientras que el resto se atribuye a las fuerzas armadas y/o a formaciones paramilitares. Tales cálculos ridiculizan aún más la afirmación de O'Grady de que “la comunidad de la paz ayudó a las FARC en su esfuerzo para presentar a los militares colombianos como violadores de los derechos humanos”.
 

La cofundadora de la comunidad, María Brígida González –cuya hija de 15 años fue asesinada en 2005, mientras dormía, por miembros de la Brigada 17 del ejército colombiano, que afirmó que Elisena era una combatiente de las FARC– me dijo que supone que el propósito final de semejantes ataques es “sembrar el terror para que todos huyan y se puedan explotar los recursos de la tierra”.


Colombia como modelo de seguridad regional


En un cable de WikiLeaks de marzo de 2009, la embajada de EE.UU. en Bogotá especificó que la región de Uraba es una “de 17 áreas de enfoque estratégico” dentro de uno de “dos sectores clave de territorio” de Colombia donde Global CST estaba ayudando al gobierno de Uriba a “lograr la irreversibilidad” en la batalla contra las FARC. Nueve meses después, la misma embajada hizo sonar la alarma de que la firma había violado el ámbito de acción de EE.UU.
 

Es dudoso, claro está, que los israelíes usurpen el legado de EE.UU. en Colombia, una manifestación irónica de lo que contenía el e-mail actualizado que recibí el año pasado de la comunidad de la paz en el que se enumeran ejemplos recientes de acosos y asesinatos de residentes del área: "John Kennedy fue asesinado en la tarde del miércoles 11 de mayo cuando dejó su casa para encontrarse con algunos vecinos para jugar un partido de fútbol”.
 

Si los colombianos comienzan o no a bautizar a sus hijos como David Ben-Gurion, el hecho de que el país haya sido aplaudido por el Departamento de Estado de EE.UU. y el Banco Interamericano de Desarrollo como un modelo regional en el enfrentamiento de amenazas a la seguridad asegura el fortalecimiento de un sistema en el cual los beneficios dependen de la perpetuación de la inseguridad.


Por Belén Fernández
Al-Jazeera

Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

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Jueves, 01 Diciembre 2011 09:19

Honduras militariza su inseguridad

Honduras militariza su inseguridad
El Congreso hondureño aprobó por unanimidad un proyecto para que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad interior por el tiempo que dure la emergencia nacional que decrete el Ejecutivo. A partir de un decretoley de interpretación del artículo 274 de la Constitución, las funciones policiales descansan en manos de las Fuerzas Armadas, desde la noche del martes y en forma temporal, para atender aquellas situaciones de emergencia que afecten a las personas y los bienes. La decisión coincide con una crisis de imagen de la Policía Nacional. Desde diversos sectores políticos reclaman que la policía, cuestionada por sus vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico –y cuyos miembros han sido acusados de cometer asesinatos y extorsiones, entre otros delitos– sea intervenida de inmediato. Sectores de la sociedad civil, académicos y políticos temen que el desembarco de las Fuerzas Armadas en las calles hondureñas reavive excesos y violaciones de los derechos humanos cometidos durante la dictadura en ese país.

El diario hondureño El Heraldo menciona que la norma destaca que “(las fuerzas de seguridad) podrán participar en forma permanente en la lucha contra el narcotráfico y además cooperar en el combate al terrorismo, tráfico de armas y el crimen organizado, a petición de la Secretaría de Seguridad”. Para realizar las funciones policiales en forma temporal, “el Poder Ejecutivo debe emitir el correspondiente decreto de emergencia, estableciéndose el término de vigencia de la norma y sus alcances”.

“Los fantasmas de los años ‘80, cuando las Fuerzas Armadas cometieron violaciones a los derechos humanos, no deben entorpecer esta decisión histórica, ya que estamos ante otro momento impactante en la vida nacional”, destacó Juan Orlando Hernández, dirigente del oficialista Partido Nacional. El presidente del Congreso instó por igual a oficiales y soldados a que dimensionen la responsabilidad que les toca asumir y “la confianza en ellos (los militares) que les estamos depositando”.

“El tigre está al acecho”, dijo el diputado Sergio Castellanos, de la centroizquierdista Unificación Democrática (UD). Y reconoció que siente temor de que se repitan los crímenes que dejaron, como saldo, al menos 182 desaparecidos y más de 200 asesinatos extrajudiciales cometidos por las Fuerzas Armadas. Pese a la inquietud del legislador, UD acompañó la norma que otorga facultades policiales a las Fuerzas Armadas.

Entretanto, la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, llamó nuevamente al gobierno a tomar acciones que permitan la depuración policial, tras el asesinato de dos estudiantes –uno de ellos su hijo– por efectivos de las fuerzas de seguridad. “Creo que ningún funcionario público, ninguno que haya sido electo por el pueblo, puede darle la espalda a una demanda que es tan legítima como tener un órgano policial depurado y al servicio de la ciudadanía”, dijo Castellanos.

Al hablar ante el Congreso, la rectora pidió una intervención “nacional e internacional” de la policía que se lleve a fondo. Tanto para los representantes de la UNAH como para algunos sectores empresarios y organizaciones de defensa de los derechos humanos, las medidas que se tomaron hasta ahora para combatir la corrupción policial han sido superficiales.

El presidente hondureño, Porfirio Lobo, se resistió hasta ahora a intervenir la policía. En reiteradas oportunidades señaló que no se puede actuar a la ligera y que se debe dar tiempo para que el actual ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, trabaje en la resolución del problema. Sin embargo, Lobo adelantó, con buena cintura política, que no se opondría a las recomendaciones que provengan de sectores de la sociedad sobre este asunto. El mandatario hondureño había enviado un mensaje al Congreso para que le diera herramientas jurídicas que permitieran a las Fuerzas Armadas realizar tareas policiales. Actualmente, los militares acompañan a los policías en tareas preventivas de seguridad, pero están bajo el mando de oficiales policiales y no pueden realizar arrestos y registros de viviendas. Honduras ostenta uno de los índices de homicidios más altos del mundo con 82,1 cada 100 mil habitantes.
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En 1998, el grupo ETC (entonces llamado RAFI) denunció la existencia de patentes sobre una tecnología que llamó Terminator. Se trata de una tecnología transgénica para hacer semillas suicidas: se plantan, dan fruto, pero la segunda generación se vuelve estéril, para obligar a los agricultores a volver a comprar semilla en cada estación. Fue desarrollada por la empresa Delta & Pine (ahora propiedad de Monsanto) con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Monsanto no es la única: cinco de las seis trasnacionales que controlan las semillas transgénicas plantadas a nivel mundial tienen patentes tipo Terminator. Syngenta es la que tiene mayor número de ellas.

 

 
Las empresas que desarrollaron esta aberrante tecnología la llamaron Sistema de Protección de la Tecnología, porque es para promover dependencia e impedir que se usen semillas sin pagarles regalías por patentes. En sus primeros folletos de propaganda, aseguraban también que es para que los agricultores del tercer mundo dejen de usar sus semillas obsoletas. En ese momento, mostraban claramente sus intenciones: terminar con las semillas campesinas y el irritante hecho de que la mayoría de los agricultores del mundo (campesinos, indígenas, agricultores familiares) usan sus propias semillas en lugar de comprárselas a ellas.
 
La tecnología suscitó un rechazo enorme e inmediato por parte de los movimientos campesinos y organizaciones sociales, y declaraciones de oposición de instituciones públicas de investigación y del entonces director de la FAO, el senegalés Jacques Diouf, que afirmaron que es una tecnología indeseable. En el 2000, el Convenio de Diversidad Biológica de Naciones Unidas (CDB), adoptó una moratoria global contra la experimentación y uso de la tecnología Terminator, que sigue vigente. Posteriormente, varios países comenzaron a discutir legislaciones nacionales para asegurar el cumplimiento de la moratoria. Brasil e India, prohibieron en sus leyes nacionales el uso de la tecnología Terminator.
 
Pero Terminator es uno de los sueños más preciados de las trasnacionales semilleras y no han renunciado a él. Les daría una gran ventaja para aumentar sus monopolios y la dependencia de los agricultores. Poco después de la prohibición en Brasil, los grandes latifundistas de ese país, clientes y compadres de Monsanto, Syngenta y demás trasnacionales de transgénicos, presentaron una propuesta legislativa para eliminar la prohibición, rechazada en varias comisiones, pero aún en trámite.
 
Además, las trasnacionales de transgénicos se movieron agresivamente para terminar la moratoria de Naciones Unidas contra Terminator, proponiendo a través de gobiernos amigos como Canadá, un párrafo para evaluar la tecnologíaTerminator caso por caso, que daría fin a la moratoria en la octava Conferencia del CBD en Curitiba, Brasil, en 2006.
 
En la sesión de CDB en 2006, México apoyó terminar la moratoria, irónicamente a través de un representante de la Comisión Nacional de Biodiversidad. Casualmente, es la misma persona que ahora desde la Comisión Nacional Forestal promueve proyectos REDD, también con un efecto devastador para las comunidades. Fue aislado por el resto de países de todo el Sur global.
 
En 2006 en el CDB en Curitiba, la Vía Campesina y organizaciones de todo el mundo se levantaron y protestaron masivamente para defender la moratoria internacional. En particular, las acciones de las mujeres de la Vía Campesina, que interrumpieron las sesiones de la ONU en una conmovedora acción pacífica en defensa de las semillas, determinó que el CDB mantuviera y reforzara la moratoria contra la tecnología Terminator.
 
No obstante, las trasnacionales siguen atacando y disfrazan sus razones, vías y representantes. Ahora afirman que Terminator es para la bioseguridad, una falsedad.
 
En la decima Conferencia del CBD en octubre 2010 en Nagoya, Japón, nuevamente el gobierno de México intentó eliminar la moratoria global contraTerminator, ahora como si fuera un tema administrativo, de decisiones que ya no tenían vigencia. No lo logró porque muchos otros países lo impidieron, pero mostró sus intenciones y a quién le es fiel.
 
En Brasil, a la propuesta de los latifundistas se sumó la del diputado Cándido Vaccarezza del partido gobernante (PT), para eliminar la prohibición deTerminator. La propuesta de Vaccarezza fue redactada por una abogada que trabaja para Monsanto, según denunció con pruebas fehacientes la Campaña por Brasil Libre de Trangénicos, dato también difundido por el Movimiento de los Sin Tierra de Brasil en diciembre 2010. La propia abogada tuvo que reconocerlo. La propuesta está actualmente en discusión en una comisión del Congreso, creada especialmente para agilizar su discusión.
 
Los movimientos y organizaciones están alertas. En junio 2011, en la 10ª. Jornada de Agroecología de la Vía Campesina, en Paraná, Brasil, los más de 4000 participantes de todo el país, expresaron su rechazo a esta propuestas. Una semana después, se presentaron y rechazaron estos intentos de legalizar Terminator, en las reuniones internacionales de preparación de los movimientos sociales y sociedad civil hacia la conferencia mundial Río+20, en Río de Janeiro, con cientos de delegados participantes.
 
Brasil presidirá el próximo año la Río+20, una conferencia mundial de ONU que debe revisar los compromisos ambientales, a 20 años de la Cumbre de la Tierra en 1992. Además, Graziano de Silva, que viene del gobierno brasilero, acaba de asumir la dirección de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas (FAO). Lo menos que puede hacer Brasil para ser responsable con ambos cargos, es mantener la prohibición contra Terminator a nivel nacional e internacional, por ser una de las mayores amenazas a la soberanía alimentaria y a la biodiversidad. Cualquier otra cosa, sería un suicidio.
 
- Silvia Ribeiro es investigadora del grupo ETC
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Una combinación de factores que van del crecimiento demográfico al aumento en la producción de combustibles y la mayor participación del capital financiero en el mercado de materias primas llevó a que hoy exista "un serio riesgo para la seguridad alimentaria", en especial de los países en desarrollo. Es una de las conclusiones a que llegó un grupo de expertos de organismos multinacionales que elaboró un informe para ser discutido la próxima semana en la reunión de ministros del Grupo de los 20 (G-20), al que pertenece México, en la que se analizará el efecto del alza en el precio de las materias primas agrícolas.

El informe apunta que la volatilidad –cambios bruscos– en el precio de los productos alimenticios ha sido más alta de 2000 a la fecha que en las dos décadas previas. No todas las variaciones de precio son problemáticas, como ocurre cuando obedecen a patrones conocidos o relacionados con una temporada en específico. Sin embargo, apunta, las variaciones en precio se vuelven conflictivas cuando son prolongadas y no pueden ser anticipadas y, en consecuencia, crean un estado de incertidumbre que incrementa los riesgos para productores, comercializadores, consumidores y gobiernos y pueden llevar a que se tomen decisiones apresuradas.

"Detrás de las preocupaciones sobre la volatilidad de precios hay una preocupación por el nivel que alcanzan y, relacionadas con ambas, se genera una preocupación sobre la seguridad alimentaria", indica el reporte, elaborado por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Programa Mundial de Alimentos, entre otros organismos.

Discusión en la reunión del G-20

Mientras los productores pueden beneficiarse de altos precios, los consumidores, en especial en los países más pobres, se ven "severamente" afectados por el alza en el costo de los alimentos. Más por el hecho de que en los hogares de menor ingreso es mayor el porcentaje de la renta familiar que se destina a la compra de comida, añade el reporte, en el que también participaron la Organización Mundial de Comercio, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola y el Equipo de Tareas de Alto Nivel sobre la Crisis Alimentaria, creado por la ONU en abril de 2008.

Hay una serie de factores que, al combinarse, han abonado a la crisis generada por el alza en los precios de alimentos, que comenzó a escalar entre 2006 y mediados de 2008, remitió parcialmente durante la crisis financiera de 2008 y 2009, pero volvió a expresarse en el último año. Actualmente el precio promedio de los alimentos, medido a través de un índice elaborado por la FAO, llegó al máximo registrado en la primavera de 2008.

Uno de los puntos mencionados en el reporte –que será discutido en una reunión de ministros de agricultura del G-20 en París, la próxima semana– está relacionado con el incremento de la población y del nivel medio de ingreso en los países en desarrollo. Cita que para 2050 se espera que la población mundial alcance 9 mil millones de habitantes (ahora es de 7 mil millones) y que la demanda de alimentos se incremente entre 70 y 100 por ciento respecto del nivel actual. Esta sola previsión es suficiente para imprimir presión sobre los precios de materias primas, dice.

Otro factor de presión sobre los precios agrícolas, añade el reporte, está relacionado con la producción de biocombustibles, en los que se utilizan productos como el maíz o la caña de azúcar. En el periodo de 2007 a 2009 la elaboración de biocombustibles consumió "una porción significativa" de las cosechas: 20 por ciento de la caña de azúcar producida en el mundo; 9 por ciento de aceites vegetales y granos, y 4 por ciento de remolacha. "La producción de biocombustibles ejercerá presión adicional sobre los precios agrícolas en el futuro", anticipa.

Menciona el informe que cada vez más los precios de las materias primas agrícolas están relacionados con la cotización del petróleo. El costo del crudo afecta a la agricultura por su impacto en el transporte y los fertilizantes. Adicionalmente, añade, la rentabilidad de la producción de biocombustibles dependerá de la relación que guarden los precios del petróleo y de los granos.

La "inversión financiera" en materias primas agrícolas es otro factor que ha influido en los precios actuales, aunque el informe acota que ésta es todavía una discusión en curso.

El informe menciona que la "inversión financiera en materias primas puede estar contribuyendo a un incremento en la correlación entre los precios del petróleo y de los bienes primarios no petroleros porque una parte relevante de esa inversión es realizada a través de instrumentos financieros que incluyen diferentes materias primas. Los altos y volátiles precios del petróleo, si es que ésa es la expectativa de los inversionistas, pueden, por lo tanto, provocar un incremento y volatilidad en los precios agrícolas porque habrá una mayor demanda de los productos empleados para elaborar biocombustibles, como la caña de azúcar, maíz y aceites vegetales)".

De acuerdo con el reporte, otros factores, como una mayor demanda de granos para alimentar ganado (dado el incremento en el consumo de carne de bovino y cerdo en Asia y en especial en China), combinado con un bajo crecimiento en la productividad agrícola, así como factores relacionados con el clima, también tienen efecto en el alza en el precio de los alimentos.

Por Roberto González Amador

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Domingo, 20 Marzo 2011 10:11

Dos justicias, ninguna justicia

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El Consejo de Seguridad de la ONU decidió por unanimidad solicitar a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue los crímenes que dicen cometió el gobierno de Muammar Khadafi. Sin ningún atisbo de pereza, el fiscal jefe ante la CPI, Luis Moreno Ocampo, anunció que se abocará a investigar los crímenes contra la población libia y enfatizó que en esta ocasión contaba con el voto unánime de los miembros del Consejo de Seguridad, incluidos sus miembros permanentes, que ejercen poder de veto. Ello sucedía mientras se decidían sanciones económicas contra Libia y se multiplicaban declaraciones anunciando posibles ataques, como las producidas por Hillary Clinton y el mismo Barack Obama. Bajo el trillado argumento de salvar vidas se esconden intereses económicos. Lamentablemente, el ataque de la OTAN ya comenzó.

Uno de esos miembros permanentes, los Estados Unidos, no forman parte del Estatuto de la CPI, han bloqueado sistemáticamente todo avance de justicia internacional que pudiera significar someter a juicio a alguno de los suyos, celebrando decenas de convenios bilaterales para otorgar impunidad a sus agentes en las “misiones” que llevan a cabo en distintos puntos del mundo. Es decir, Estados Unidos tiene el privilegio de vetar cualquier investigación que comprometa a sus agentes o a agentes de potencias aliadas. Para completar el panorama, todas las denuncias presentadas contra agentes de la OTAN y norteamericanos fueron desestimadas por la Fiscalía. En el caso de Libia hubo unanimidad en el Consejo de Seguridad para reclamar de inmediato una investigación, sin que existiera siquiera un mínimo rubor por todos aquellos crímenes llevados a cabo por la OTAN y por los Estados Unidos en sus llamadas guerras preventivas, que fueron consentidas por la ONU. Ahora se agregan los ataques que esas fuerzas militares iniciaron contra Libia. La comunidad internacional necesita contar con normas claras para juzgar los crímenes más graves, como el de agresión, los de lesa humanidad y el genocidio. Pero para ello debe tener herramientas eficientes que permitan juzgar a todos los responsables y no a unos pocos. Pero ello no podrá ser posible si se mantienen los privilegios en el Consejo de Seguridad y si los que tienen mayor poder militar se sustraen sistemáticamente de todo alcance legal.

En conclusión, la CPI, que entró en vigencia en julio de 2002 (en agosto de ese mismo año el Congreso de Estados Unidos sancionó una ley por la que se opuso a cualquier tipo de colaboración), ha dejado un saldo esqueléticamente parcial y la impunidad de los crímenes internacionales más graves que se han cometido en la última década. En ese contexto, al llevar adelante investigaciones contra unos pocos, Moreno Ocampo es un fiel cumplidor de las políticas que se diseñan en Washington. Y los argentinos podemos concluir que el principal beneficio que trajo la CPI es que Moreno Ocampo (que se opuso a la reapertura de los procesos por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Argentina) esté lejos por unos años. Con el ataque de la OTAN a Libia se ha dado un paso más para declarar la defunción de la ONU y de la CPI.

Más de lo mismo

El siglo XXI se encapricha con el mundo árabe. Por tercera vez las bombas de Occidente aran las tierras de un régimen árabe con el pretexto de devolverle al país la libertad. Afganistán fue, en 2001, el primero en saborear las pulsiones liberadoras de la administración Bush. El ex presidente montó una coalición –en ella estaban y siguen estando Londres y París– con el objetivo de derrocar al régimen fundamentalista de los Talibán, los famosos “estudiantes de teología”. El operativo fue la respuesta de Washington al apoyo que los talibán le habían proporcionado a Osama Bin Laden. Pero aquellos nefastos “estudiantes” habían sido también aliados de Estados Unidos y de Occidente, obedientes agentes locales que luego se volvieron contra los imperios del Oeste. Bush quiso sacarlos del poder e implantar un esquema democrático occidental. Afganistán sigue ocupado y en estado de guerra. En 2003, el segundo en experimentar la importación de la democracia con bombas fue Saddam Hussein. Aquí, el pretexto consistió en decir que Saddam Hussein escondía armas de destrucción masiva. Saddam no era cualquiera. Fue un poderoso, espantoso, sangriento y benemérito dictador respaldado por prácticamente todas las democracias del mundo desarrollado. En la lucha contra Irán, Saddam resultó una pieza esencial de Occidente. Le vendieron armas, le compraron su petróleo, le construyeron palacios y edificios mientras el tirano oprimía a su pueblo mucho más allá de los límites de la barbarie. Masacró a chiítas y kurdos, torturó y desangró a su país hasta la náusea. Georges Bush lo desalojó con una invasión. En nombre de la democracia y las armas de destrucción masiva (después se volvieron armas de desaparición masiva) una coalición internacional, en la que no estaba Francia, sembró bombas y muerte en el suelo iraquí. El país sigue ocupado y en guerra. Libia es un caso aparte, pero los argumentos son los mismos: la cruzada militar se hace en nombre de los civiles a los cuales Muammar Khadafi asesina sin miramientos desde que el país se le levantó a mediados de febrero. Occidente encontró en Khadafi un aliado ideal para hacer explotar sus bombas allí donde los sacudones de la historia lo habían excluido. La revolución libia deriva de las revoluciones biológicas que estallaron en Túnez y se propagaron en todo el sur del Mediterráneo y los países del Golfo. Era, por una vez, un movimiento genuino, auténtico, una demostración histórica, colectiva y emocionante de que todas las pavadas y mentiras a propósito del mundo árabe no eran más que la burda propaganda de Occidente, una construcción embustera y racista para excluir a los árabes del legítimo lugar que tenían en la modernidad y sacar, con ello, el conveniente provecho: con el pretexto de la amenaza terrorista o del fundamentalismo islámico se mantuvo en el poder a dinosaurios sangrientos y corruptos con los cuales las grandes potencias hacían negocios múltiples. Las revoluciones árabes, de Egipto a Túnez, pasando por Yemen, Bahrein, Libia o Jordania, le demostraron al mundo que ser árabe o musulmán no significaba ser terrorista, que el Corán no era una bomba ni la barba el distintivo de un kamikaze y que detrás de esa imagen cincelada y modelada por las inteligencias y los intereses occidentales había una sociedad civil. La irrupción de aviones occidentales en el cielo libio viene a empañar esa dinámica. Otra vez, la empresa mesiánica de las grandes potencias se pone en marcha para salvar a los civiles de un tirano con el cual esas mismas potencias mantenían relaciones de fructuosa proximidad. Ningún demócrata puede deplorar el fin de una tiranía, pero sí la forma en que Khadafi vive, tal vez, sus últimos momentos al frente de un país trastornado por 42 años de dictadura, las dos fases del colonialismo italiano –antes y durante Benito Mussolini– la administración británica y la enclenque monarquía del rey Idriss, reintroducido en Libia por los británicos. El operativo montado para sacarlo del poder huele a precipitación, a intereses políticos transversales, a aventura armada, tiene acentos de legitimidad insegura y deja una sensación de desconfianza que el buen fin que se propone, liberar a un pueblo de la dictadura y a la represión, no llega a borrar. Sin dudas había otros medios de ayudar a la oposición libia a sacarse de encima a Khadafi. Con menos intereses en juego entre los actores centrales y periféricos que influyen en esta crisis no hubiese sido necesario recurrir una vez más a la cirugía militar occidental. Existían muchos caminos, pero Occidente volvió sobre sus pasos para servir la fórmula de siempre: la liberación a sangre y fuego. Las potencias se metieron con las armas en un juego que no les correspondía y que ellas contribuyeron a complicar con sus mediaciones precipitadas, su falta de coherencia, su cobardía y sus remotos reflejos, siempre renovados: cerrar los ojos, pactar con los diablos, y luego abrirlos cuando ya es demasiado tarde, para todos.

Por Rodolfo Yanzón *


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Martes, 22 Febrero 2011 06:33

Esa vieja costumbre de espiar

El potencial de Internet como estructura abierta es también su mayor debilidad. Las comunicaciones descentralizadas pasan por un sinfín de servidores entre un destino y otro (por ejemplo, entre un navegador ubicado en una computadora casera y una página de un banco), dando lugar a que estas mismas puedan ser interceptadas, escuchadas y –aunque es un poco más difícil– alteradas. Las empresas, los gobiernos y los hackers lo saben, el usuario no tanto. El usuario de Internet tiene confianza ciega en el artefacto. Supone que el instrumento está bien construido y deposita en eso que se llama “la red” casi toda su vida: claves de su cuenta bancaria, registros de comunicaciones personales, el último recorrido deportivo, las fotos de la familia, gustos y consumos.

“Los protocolos de Internet no fueron diseñados sobre un concepto de seguridad, así que hay mucho trabajo por hacer”, dice el hacker Moxie Marlinspike en exclusiva a Página/12, desde San Francisco. Marlinspike, tal su nombre de batalla, dedicó buena parte de su vida a investigar la seguridad informática y con su empresa Whisper Systems desarrolló las aplicaciones RedPhone y TextSecure (ver sección Dedos) para contrarrestar esa sensación de desamparo que sobreviene mientras más se conoce cómo funciona la red. Además, con clara ambición educativa, Marlinspike demostró que aún las comunicaciones aparentemente seguras pueden ser interferidas.

“No se trata de elegir entre usar Google y no preocuparse por la privacidad o dejar de usar el buscador. La elección no es realmente entre la privacidad y el uso de teléfonos inteligentes, sino que la tecnología tiene el poder de cambiar el uso que les damos a los servicios, de tener un teléfono móvil o de usar Google. Tenemos que crear las posibilidades para que la gente use herramientas de seguridad”, dice Moxie Marlinspike, uno de los expertos en seguridad más respetados del Silicon Valley.

Sus revelaciones lo han puesto en el ojo de los servicios de inteligencia de su propio país. En noviembre pasado, Marlinspike fue detenido en la aduana de Estados Unidos cuando volvía de un viaje de trabajo por República Dominicana, sin motivo aparente. Su laptop y sus dos teléfonos celulares fueron confiscados sin orden judicial de por medio, fue encerrado en un cuarto de detención y un investigador forense le pidió las claves de su computadora, a lo cual Marlinspike obviamente se negó. “Ya no puedo confiar en estos aparatos”, declaró Marlinspike después de ser liberado. Ayer, confirmó a Página/12 que no volvió a usar esos aparatos. Gracias a la “excepción de búsqueda en los límites” (border search exception), el gobierno de Estados Unidos puede requisar computadoras en los aeropuertos, copiar los discos rígidos incluso sin ningún tipo de orden judicial. “Pero la verdad es que no tengo idea por qué me detuvieron”, cierra.

En julio pasado también fueron interceptados el experto informático Jake Appelbaum en Nueva Jersey y el investigador del MIT David House cuando volvía de México. Marlinspike obtuvo atención de la comunidad de seguridad informática cuando presentó su trabajo en la conferencia Black Hat en Las Vegas. Allí demostró que los certificados de seguridad digital de los navegadores podían ser vulnerados. Poco tiempo después, PayPal inutilizó su cuenta que tenía por cobrar quinientos dólares.

Marlinspike volvió a la prensa internacional cuando –después de estar funcionando durante un año para Estados Unidos– habilitó para Egipto dos servicios de encriptación que pueden usarse en teléfonos celulares inteligentes bajo el sistema operativo Android de Goo-gle: Text Secure, que permite encriptar mensajes de texto y ya se puede usar desde Argentina, y RedPhone, que permite realizar comunicaciones de voz cerradas por Internet. RedPhone todavía no está disponible aquí, aunque “en unas pocas semanas estará disponible para el resto del mundo”, asegura Marlinspike. La experiencia con Egipto (donde las tecnologías móviles y las redes sociales jugaron como catalizadores en las revueltas populares) sirvió para preparar el terreno de la internacionalización. Moxie asegura que pronto estarán las aplicaciones para iPhone y BlackBerry. “Es obvio que en Egipto monitorearon llamadas. Es realmente sencillo para ellos hacerlo. Están usando los mismos equipos de telecomunicaciones vendidos a los proveedores en Estados Unidos, con las mismas puertas traseras”, le dijo entonces a GalaxyRoot.

“RedPhone y TextSecure permiten comunicarse en privado. No sólo para personas comunes, sino también para empresas que quieren mantener conversaciones privadas. Sirve también para áreas de compras que no quieren que la competencia sepa de qué se está hablando”, dice el programador. El funcionamiento de las aplicaciones de Whisper Systems es realmente sencillo: sólo basta que el software detecte que un emisor y un receptor usan el mismo programa para que las comunicaciones queden ilegibles a quien quiera interferirlas. Además, los mensajes quedan encriptados en ambos teléfonos, haciendo imposible saber su contenido, a no ser que alguien consiga las claves a punta de pistola. Para eso no hay encriptación que valga.

Por Mariano Blejman

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Estados Unidos vetó en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un proyecto de resolución promovido por países árabes contra la política de colonización israelí en los territorios palestinos ocupados.
La delegación estadounidense fue la única de los 15 países del máximo órgano de seguridad internacional con poder de veto en votar en contra de la medida auspiciada por más de 100 países.
 
Tras la votación este viernes, la embajadora de EE.UU. ante la ONU, Susan Rice afirmó que la decisión unilateral de su país se debió a que “no nos parece sensato que el Consejo trate de resolver los asuntos cruciales que dividen a israelíes y palestinos”.
 
La representante estadounidense afirmó que su oposición a la resolución palestina no se puede interpretar como un respaldo a los asentamientos que Israel ha construido en los territorios ocupados tras la guerra de 1967.
 
El proyecto de resolución presentado este viernes por La Autoridad Nacional Palestina (ANP) reafirmaba que “los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados en 1967, incluido Jerusalén este, son ilegales y constituyen un gran obstáculo para alcanzar una paz justa, duradera e integral”.
 
Más temprano, fuentes de las oficinas gubernamentales de la ANP en Ramala, informaron que Abbás había sido “sometido a enormes presiones por parte de EE.UU. a fin de forzar al liderazgo palestino” para retirar la resolución; presión efectuada a través de intercambios telefónicos entre Barack Obama y el presidente de la ANP, Mahmud Abbas
Por su parte, el miembro del Comité Central de Al-Fatah y dirigente palestino Nabil Shaath, aseguró este viernes que si “EE.UU. es tan débil que no es capaz de votar a favor o en contra, ¿cómo podrá pedir a Israel que acabe con la ocupación y ayudarnos a establecer un estado palestino?”.
 
Shaath fue más lejos al reseñar que “la impotencia estadounidense frente a Israel es inaceptable”, y agregó que la dirección palestina debe tener en cuenta únicamente y en primer lugar el interés nacional palestino.
 
Israel construye desde diciembre de 2010 al menos 620 viviendas en una colonia palestina ocupada al noroeste de Jerusalén, hecho que congeló las negociaciones de paz entre las dos naciones.
 
Israel ocupó luego de la guerra de los 7 días, en 1967, una porción significativa de los territorios palestinos, incluyendo el noroeste de Jerusalén.
 
Estados Unidos, junto con Gran Bretaña, Francia, Rusia y China, es miembro permanente del Consejo de Seguridad y cuenta con el privilegio del veto. Los otros integrantes de esa instancia son Brasil, Colombia, Líbano, Nigeria, Gabón, Portugal, Bosnia y Herzegovina, India, Suráfrica y Alemania.
 
Con este veto a la resolución palestina, el Gobierno del presidente Barack Obama utiliza por primera vez el derecho a esta prerrogativa en el Consejo de Seguridad de la ONU.
 
(Con información de Telesur)
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Tener un ministro de Justicia que se llama Angelino y ser un magnate de la comunicación es algo que, para Silvio Berlusconi, no puede tener precio. Lo primero da seguridad. Angelino Alfano, ángel de la guarda del primer ministro italiano, llevó este viernes al Consejo de Ministros la reforma de la Justicia, un borrador olvidado en el fondo del armario el año pasado y que fue aprobado por unanimidad. Dentro de dos semanas, una vez pasado a limpio, tendrá que ser ratificado, introduciendo, entre otras cosas, la inmunidad parlamentaria de Il Cavaliere.

Lo segundo, la comunicación, sirve para mandar globos sonda en el momento adecuado. Los ministros decretaron que el 17 de marzo sea fiesta nacional en conmemoración del 150 aniversario de la unidad de Italia. La noticia era inevitable, pero teniendo como únicos socios estables de Gobierno a la secesionista Liga Norte, el barullo mediático estaba asegurado. Así pasó. El partido del "Padania is not Italy" lo calificó de "locura". Pero no hay nada que Berlusconi no pueda solucionar con una cena con el líder de la Liga, Umberto Bossi, así que es posible que las quejas se queden sólo en daños colaterales.

Lo que realmente importa ahora en el Gobierno es blindar al mandatario. Y para ello se retorna a la reforma de la Justicia, uno de los caballos de batalla de Il Cavaliere desde el inicio de la legislatura. El texto había sido aprobado en una comisión parlamentaria en octubre del año pasado, pero tras la ruptura entre Berlusconi y el presidente de la Cámara Baja, Gianfranco Fini, se abrió una crisis de Gobierno que terminó con este último formando su propio partido, Futuro y Libertad (FLI), y con el decreto ley aparcado durante meses.

El anuncio del juicio inmediato para Il Cavaliere por abuso de poder y prostitución de menores en el marco del caso Ruby no ha hecho sino acelerar los tiempos. La reforma introduce cambios sustanciales en el funcionamiento de la Justicia, separando las carreras de jueces y fiscales, dividiendo en dos el Consejo Superior de la Magistratura y dando más poderes al ministro de Justicia. Pero, además, acepta la suspensión automática de todos los procesos judiciales del primer ministro por el hecho de ser primer ministro.

Mayoría frágil

Todo esto no es suficiente. Berlusconi reactivó otras dos leyes históricas: la conocida como "Bavaglio", que prohíbe los pinchazos telefónicos que tanto daño le han hecho en el caso Ruby; y el "Proceso breve", una amnistía que eliminaría de un plumazo miles de juicios. Para sacarlos adelante necesita una mayoría más compacta en el Parlamento, porque tras la salida de Fini y los suyos sólo junta 316 votos, los necesarios, pero no para estar tranquilo.

Mientras, ayer los diarios La Repubblica y L'Espresso comenzaron a publicar 4.000 cables de Wikileaks, en los cuales los diplomáticos de EEUU califican a Berlusconi como un "bufón" que "daña la imagen de Italia".

DANIEL DEL PINO
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El gobierno de México está equivocado. Y los errores, si no se corrigen a tiempo, pueden costar caro. La advertencia proviene de referentes de organizaciones sociales de ese país dedicadas a la problemática de la delincuencia y el crimen organizado. Los expertos apuntan exclusivamente a la estrategia que la administración federal del presidente Felipe Calderón está desarrollando para exterminar los carteles del narcotráfico, que están haciendo jirones a la sociedad mexicana. “Cada año perdemos un mundo de personas por una guerra sanguinaria que el gobierno está librando contra los criminales con la que, ya está probado, no obtendrá victoria alguna”, sentenció el responsable de México Unido Contra la Delincuencia, Eduardo Gallo. La violencia como táctica principal, la falta de planes que apunten a disminuir el consumo de droga y la incapacidad de eliminar la corrupción de la clase política y la policía, innegablemente necesarias para que las redes criminales funcionen, son los puntos más criticados.

El Consejo Nacional de Seguridad mexicano reveló la semana pasada que el crimen organizado produjo la muerte de 15.273 personas durante 2010. La cifra representa más de la mitad de las muertes contabilizadas desde 2006, cuando el gobierno les declaró la guerra a los carteles (ver aparte). Aunque advirtieron que la cifra no representa exhaustivamente la realidad, la crudeza creciente los preocupa. “Es necesario bajar el nivel de violencia al mínimo”, remarcó Gallo.

Desde su llegada al gobierno, Calderón basó su estrategia de lucha en trabajos de inteligencia y el accionar de la policía y los militares. La mecánica consistió y consiste en eliminar a la cabeza de los grupos, a la que no le cabe más destino que la muerte. “No se tienen en cuenta las segundas líneas. Sin el mando mayor, comienzan a disputarse el liderazgo. Son más inexpertos, intolerantes y violentos. El cartel perderá fuerza, pero ganará violencia”, señaló el experto.

La forma de actuar del Estado convierte a los carteles en una cabeza de hidra cuyas puntas se vuelven cada vez más sanguinarias. Los que disputan el poder máximo deben fortalecerse para resistir, para ganar respeto y para controlar el territorio. Las luchas hacia adentro del grupo se suman a los enfrentamientos con otros grupos que intentarán disputar el territorio del debilitado y al intento del Estado de eliminar a todos. “Las muertes se multiplican sin límite”, concluyó Arturo Arango, responsable de la ONG Seguridad Pública en México. El plan estatal es ineficaz, también, en su intento de evitar que el tráfico de droga siga siendo un negocio increíblemente rentable. “El gobierno se convierte en el gran regulador del mercado”, señaló Arango. El combate a un cartel significa una restricción en la oferta de droga que comercializa ese grupo. Los grupos que intentan tomar el territorio del debilitado tienen un mercado al que pueden abastecer a mayor precio, según las reglas básicas de la economía. Los carteles restantes venden menos, pero ganan más. “Un plan más que seductor. Intentarán ganar ese mercado como sea”, apuntó.

El mapa oficial que refleja la distribución de carteles en México evidencia la existencia de dos grandes redes conformadas por los ocho grupos más poderosos. Viven de la producción, comercialización, distribución y venta al exterior de cocaína, marihuana y metaanfetaminas, que acompañan con contrabando de armas, de mujeres y de inmigrantes indocumentados, secuestros extorsivos y golpes comando a ductos de combustible. Los Zetas, el cartel de Juárez y el Beltrán Leiva integran una de las redes, que actúa en el sur y en la costa del Golfo. Los carteles de Sinaloa, del Golfo, la Familia michoacana y el cartel del Milenio conforman la otra gran estructura, que disputa el Golfo, pero se extiende hacia el Oeste.

De este presente al ideal exterminio de los carteles existe un abismo. Y los pronósticos son atroces: “El gobierno está perdiendo territorio sin pausa. Tamaulipas, Veracruz, Monterrey y Tabasco, cuatro ciudades de las ocho importantes a la orilla del Golfo, están en manos del crimen organizado. No faltará mucho para que toda la costa se convierta en un Estado independiente”, alertó el responsable de Seguridad Pública en México.

¿Qué es lo que permite el avance sin pausa de los grupos? Los referentes de las organizaciones sociales señalan un cóctel de variables que incluye corrupción, pobreza y falta de empleo que afecta, sobre todo, a las nuevas generaciones. “Como sociedad, no hemos sido capaces de brindar un presente próspero a los jóvenes”, apuntó Arango. Seguridad Pública los llama “la generación Ni-Ni”, ni trabajo ni educación. Para ellos –el 30 por ciento de las personas entre 18 y 30 años–, el narcotráfico es una salida fácil: “Les ofrecen trabajo, calidad de vida, seguridad. Todo lo que el Estado les niega”, concluyó. Lo mismo ocurre con la población empobrecida, unos 50 millones de mexicanos.

Al momento de ofrecer soluciones, los caminos aconsejados por las organizaciones se bifurcan. Para México unido contra la Delincuencia, las posibilidades son dos. Por un lado, el exterminio de las segundas y terceras líneas de cada cartel: “El flujo estructural también se debilita, y con menos violencia”, sostuvo Gallo. Por otro, el ataque a las redes financieras para “secar” la economía de los grupos criminales y lograr su desintegración sin muertes. “La plata generada por los carteles es plata negra que entra y sale, pero que tarde o temprano se blanquea en México, en la construcción de grandes hoteles, restaurantes y megaemprendimientos. Eso tiene que auditar el Estado”, explicó Gallo. La tarea necesita que la clase política y la policía no estén involucradas. “Sin la complicidad de los funcionarios, los carteles nunca podrían haber crecido tanto”, denunció.

Para Seguridad Pública, la clave es el consumo. “México lucha contra la oferta de droga y criminaliza el consumo, sin pensar en su reducción por otras vías. Sigue el consejo de Estados Unidos, el mercado más grande del mundo. En México, los consumidores son delincuentes, en vez de víctimas secundarias”, indicó el responsable de la entidad, que coincidió con su colega al mencionar a la corrupción: “La captura y judicialización de los participantes en la cadena de narcotráfico disminuyó considerablemente. Eso sucede porque entre esos participantes hay jueces, políticos y policías

Por Ailín Bullentini
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