Sábado, 26 Septiembre 2015 16:05

El ojo vigilante del Estado en Colombia

El ojo vigilante del Estado en Colombia

Crece el cerco a la ciudadanía por los sistemas de inteligencia y las leyes del Gobierno. La Política de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la Ley de Seguridad Ciudadana, el nuevo Código de Policía y los sistemas de inteligencia Esperanza, Sigd y Puma, son en su conjunto la punta de lanza de las acciones de vigilancia punitiva y control estatal que violan el derecho a la privacidad de millones de colombianos, así como otros derechos fundamentales, a la par que consolida un Estado policivo que todo lo ve y registra, donde todos y cada uno de los pobladores del país son sus potenciales enemigos, y como tal hay que tratarlos.

 

Nuevas leyes, la implementación de algunas reformas a códigos de control social y la formulación de nuevos proyectos de Ley en el Congreso de la República para el mismo particular, resaltan la creciente disposición del gobierno colombiano para darle más poder a los organismos de control y represión (Policía, Fuerzas Armadas y sus organismos de inteligencia, los sistemas jurídicos y judiciales) e impulsar políticas de seguridad que basan su accionar y 'eficiencia' en el incremento de la vigilancia, el control coercitivo y la penalización del delito o la simple infracción. La privacidad de millones de connacionales se encuentra violada en medio del proceder estatal por garantizar su continuidad (de una minoría que se considera legitima), para lo cual potencia control y dominio a través de un tipo de seguridad que restringe y viola derechos sustanciales de su población, ampliando el ya reinante Estado policivo colombiano.

 

Según su percepción de la vida cotidiana, el enemigo se incuba en las sombras de las individualidades, las cuales debe penetrar, controlar y reprimir si fuera el caso; el enemigo puede camuflarse e incluso mutar en los espacios por fuera de su alcance, más allá de las fronteras de su poder. Es necesario, entonces, derribar todas las talanqueras y alcanzar la capacidad de escuchar y ver mucho más allá de la vida pública, para poder descubrir y exterminar males ocultos, incubados en los espacios privados, peligros que pueden impactar a la sociedad.

 

Paranoia del poder; máquina de control y destrucción de inconformidades y rebeldías, a la vez que potenciador de circuitos cotidianos de enajenación. El control hecho norma y rutina. Es así como la vida privada de los individuos, el envés de la vida pública, es objeto de un doble interés: el mercado pretende encontrar las claves para el éxito de innumerables productos, el espacio en que se sustentan cientos de estrategias de mercadeo soportadas en variables que miden aspectos de la subjetividad de las personas; por otro lado es el Estado quien penetra la privacidad de las personas haciendo uso de herramientas y parámetros que permiten rastrear eventuales amenazas a la seguridad colectiva. La vida privada de los individuos en Colombia, al igual que en numerosos países, es objeto de la dinámica de una doble disputa: la del Estado y la del mercado, integrado al primero y soporte sustancial del mismo.

 

El Estado moderno, ojo que todo lo ve, poder que todo lo controla, potenciado en sus prácticas, en los tiempos que corren, por las nuevas tecnologías informáticas que clasifican y registran todo en línea y al instante. Labor que en muchas ocasiones las facilita el mismo ciudadano al entregar de manera desprevenida sus datos y gustos, todo por un posible descuento en una próxima compra.

 

Esta es un mecanismo, ya inserto en las rutinas del día a día. Pero en otras ocasiones es el trabajo público de los ciudadanos, sus concepciones políticas las que facilitan las vulneraciones a su privacidad y hasta los seguimientos y controles policivos. Así puede deducirse, por ejemplo, de la lectura del Informe anual sobre vulneraciones a la libertad de prensa y el derecho a la comunicación de la Federación Colombiana de Periodistas, (enero-diciembre del 2014), el cual informa que durante la Operación Andrómeda1 fue perseguida la actividad periodística de varios comunicadores nacionales y extranjeros que cubrían temáticas relacionadas con el proceso de paz. Plantea el informe: "Estos casos dan cuenta de la ausencia de garantías para ejercer un periodismo independiente en el país, de la dificultad para el cubrimiento de temáticas relacionadas con el conflicto armado colombiano y de la imposibilidad de ejercer el derecho a la libre información". Durante el 2014 se presentaron 146 violaciones a periodistas relacionadas con seguimientos ilegales; Bogotá fue la ciudad donde se reportó mayor incidencia con 35 casos (24%), seguidos del departamento de Antioquia con casos 19 (13%) y Valle con 11 casos (8%).

 

Así mismo, en el Informe sobre la libertad de prensa en 2014 de la Fundación Para la Libertad de Prensa (Flip) documenta un importante incremento de ataques a la prensa en espacios digitales. Durante el año 2014 la Flip registró seis ataques contra medios en línea, así como quince reportes de duplicación de cuentas de redes sociales y de correos electrónicos para atacar la reputación de los periodistas. En días recientes ha sido llamativo el caso de la actriz Carolina Sabino a quien una fiscal estuvo a punto de imputarle el "delito" de aborto al ser monitoreada una conversación con su amiga Lina Luna, esposa del hacker Andrés Sepúlveda, famoso por el escándalo de suscitado durante la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga. La actriz no era objeto directo de las interceptaciones, no estaba autorizado ningún seguimiento sobre ella, sin embargo casi fue procesada por una conversación que tuvo con su amiga que sí estaba siendo investigada. Otro caso más de violación a la privacidad, intimidad, derechos de la mujer y extralimitaciones de la Fiscalía, la misma entidad encargada de controlar y supervisar la idoneidad de las interceptaciones.

 

Los medios de comunicación y periodistas, así como defensores de derechos humanos, activistas, políticos de oposición, líderes estudiantiles han sido víctimas de ataques que se presume estuvieron a cargo de la inteligencia oficial, en el ejercicio de actividades de vigilancia y control a la ciudadanía. Los casos de las interceptaciones del DAS y las de "Andrómeda" permiten considerar la validez de estas hipótesis, la tensión entre la preservación de las libertades individuales y una necesidad creciente de garantizar un tipo de seguridad que tiene como réditos la estabilidad política y el control social. El presente suplemento reconstruye algunos de los movimientos del Estado colombiano en su cruzada por la seguridad, contra la privacidad de los ciudadanos en Colombia, tras el objeto de garantizar su dominio y continuidad.

 

 

La seguridad y la política

 

La doctrina de Seguridad hecha política pública en Colombia

 

En el 2011 fue presentada la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Pnscc) por el Gobierno Nacional, desarrollada a partir del "apoyo" de "Cooperación Técnica" del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al Departamento Nacional de Planeación (DNP) quienes se encargaron de realizar la propuesta inicial. Fue definida como una "[...] política implacable contra el delito y sus causas, una propuesta integral y multisectorial orientada a enfrentar el fenómeno desde múltiples frentes, que incluye acciones que van desde la prevención hasta la penalización"2. Se basa principalmente en cinco ejes centrales: Prevención Social y Situacional; Presencia y Control Policial; Justicia, Víctimas y Resocialización; Cultura de la Legalidad y Convivencia; Ciudadanía Activa y Responsable. Además de estos ejes se incluyeron dos transversales a toda la propuesta: Sistemas de Información, Estudios de Políticas Públicas y Desarrollos Normativos.

 

Según el Gobierno su objetivo central consiste en "Proteger a los nacionales y extranjeros que se encuentren en Colombia, en su vida, integridad, libertad y patrimonio económico, por medio de la reducción y la sanción del delito, el temor a la violencia y la promoción de la convivencia." El análisis crítico de los ejes centrales y transversales de la política devela la naturaleza de los propósitos y sus intenciones. Veamos:

 

El primero de los ejes centrales, "Prevención social y situacional", pretende orientar la estrategia por la senda de la prevención, neutralización, control y reducción de los riesgos específicos e inminentes de la ocurrencia de delitos a través de un enfoque doble: social y situacional. La dimensión de prevención social está dirigida a programas de impulso, promoción y capacitación en temáticas como educación sexual, buena crianza, resolución de conflictos, desescolarización, desarrollo de talentos, entre otros. La dimensión situacional orienta intervenciones sobre una serie de factores de contexto espacial como la iluminación de zonas de la ciudad, la recuperación de espacios para el esparcimiento, la instalación de circuitos cerrados de televisión, desarrollos arquitectónicos que favorezcan la vigilancia.

 

La política gubernamental en el primer eje de acción es susceptible a interpelaciones pues sus disposiciones de prevención social y situacional no vinculan ningún tipo de acción específica orientada a la superación de las condiciones de pobreza y exclusión de las comunidades donde se incuban (no exclusivamente) algunas de las principales problemáticas que pretende erradicar. Las disposiciones que desarrolla han sido ejecutadas durante años por instituciones del Estado, ofreciendo pésimos resultados en las zonas marginales de los principales centros metropolitanos del país, espacios que siguen siendo focos de pobreza, violencias y delitos. Es claro que en cuanto a la prevención el Gobierno insiste en considerar irrelevantes estrategias orientadas a masificar el acceso al empleo formal, a vivienda digna, a planes integrales de salud, a la educación superior, pues todas las anteriores siguen siendo ignoradas como mecanismos de lucha contra el delito.

 

El segundo eje, "Presencia y control Policial", alude a la clásica estrategia de aproximar la Policía a la comunidad en aras de incrementar su presencia y el control en las unidades barriales que integran la ciudad. El eje contempla el perfeccionamiento de los sistemas de comunicación y la capacidad de respuesta de la Policía a la ciudadanía. El incremento de la vigilancia y el control policivo está relacionado con la formulación del Proyecto de Ley 99 del 2014, proyecto de Ley que aún se encuentra en curso en el Congreso y mediante el que pretende expedirse el nuevo "Código Nacional de Policía y Convivencia", polémico por las atribuciones excesivas que otorga a ese ojo y brazo estatal.

 

El tercer eje "Justicia, Víctimas y Resocialización", está conformado por estrategias orientadas al fortalecimiento de la capacidad operativa de la justicia, la orientación y atención psicosocial a víctimas de delito, la difusión y sensibilización en los mecanismos alternativos para solucionar conflictos. El fortalecimiento de la justicia se entiende a través del logro de un mayor número de condenas por delito, motivo por el que se debe fortalecer e incrementar la coordinación entre la Fiscalía, la Policía y el Consejo Superior de la Judicatura. Las estrategias sobre las víctimas y socialización en este eje son bastante débiles, están pensadas para alcanzar mayor número de condenas por delitos cometidos y mejorar el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

 

El cuarto eje "Cultura de legalidad y convivencia"3 dirige los esfuerzos a incrementar la apropiación de las normas de conducta en el marco del "Estado social de derecho, las instituciones y principios democráticos". El documento precisa: "Para tal fin, el Gobierno Nacional promoverá el desarrollo de programas que incrementen la eficacia de las sanciones legales y las regulaciones sociales para los comportamientos violatorios de las normas, incentiven las prácticas políticas y administrativas basadas en los principios del buen gobierno y la participación ciudadana, utilicen estrategias pedagógicas para difundir los valores constitucionales y legales, y articulen las políticas sociales con aquellas que propugnen el reconocimiento de las diversas identidades."

 

La cultura que pretende ser implantada es la de la obediencia a las normas legales y morales establecidas. Algunas estrategias del cuarto eje, como el fomento de la autorregulación en el consumo del alcohol, la prevención de la accidentalidad vial, la propuesta para el establecimiento de relaciones interétnicas que contribuyan al manejo de las diferencias, pueden resultar bastante apropiadas como mecanismos de convivencia, pero es evidente –por el discurso que las soporta y proyecta– que incluso ellas quedarían reducidas al manejo punitivo. Por otro lado no existe ninguna estrategia concreta para fomentar los principios del buen gobierno y de la participación ciudadana.

 

El quinto eje de la Política de Seguridad titulado "Ciudadanía activa y responsable" pretende fortalecer los vínculos de los ciudadanos con las autoridades para que juntos ejerzan una mayor vigilancia y control sobre la comunidad. El fortalecimiento de las redes de apoyo y seguridad ciudadana, de los mecanismos de cooperación con las autoridades, de sistemas de autocuidado, están orientados a fundamentar el autocontrol ciudadano, con lo que el sistema global de seguridad podría alcanzar una mayor eficacia al contar con miles de agentes civiles adicionales.

 

Finalmente los dos ejes transversales "Sistemas de información y estudio de políticas públicas" y "Desarrollo Normativos" se encuentran orientados respectivamente a facilitar el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas para enfrentar el delito, la criminalidad y la violencia; desarrollar un marco más robusto para combatir el delito a través del impulso de marcos normativos diseñados contra el crimen y para estimular la convivencia. Dos de estos marcos son el Estatuto de Seguridad Ciudadana y el Código de Convivencia Ciudadana.

 

En términos generales este es el corpus central de la Política de Seguridad Ciudadana elaborada con la colaboración del BID, política capaz de develar no solo la concepción superficial y punitiva que el Estado tiene frente al delito, sino la consideración de la seguridad y convivencia ciudadanas a través del aumento de la vigilancia y el control ejercido por las autoridades, las condenas impartidas por el sistema de justicia, así como de la densificación de normas cuya ruptura se penaliza. Una de las intenciones principales de esta política consiste en que los ciudadanos se vuelvan gestores de su propia seguridad, de un tipo de seguridad restringido a la protección de los bienes, la dignidad, la protección contra el delito, sin incorporar aspectos sociales vinculados con el bienestar social y el buen vivir.

 

En esta política es el Estado quien funge como garante y gestor absoluto de las disposiciones a través de autoridades cuya pretendida estatura moral está desmentida por los cientos de casos en que aparecen como violadores de los derechos fundamentales de la ciudadanía, con miles de asesinados en ciudades y el campo, con otros muchos desaparecidos, con no pocos poblando cárceles a pesar de no haber quebrantado Ley alguna, o haberlo hecho de manera leve (al menos mucho menos grave que los llamados delitos de cuello blanco, con los cuales se hurtan algunos personajes de la llamada clase alta, lo que es de toda la sociedad), quebrantado el orden constitucional, vulnerando incluso los derechos de los colombianos y colombianas que ahora deben cooperar entregándoles voluntariamente una porción significativa de su autonomía y privacidad en aras de lo que han definido como convivencia y seguridad.

 

La política hecha Ley

 

Uno de los pilares de la Política de Seguridad y Convivencia Ciudadana es la Ley de Seguridad Ciudadana, presentada en julio del 2011. En palabras del Ministerio de Justicia: "El propósito de esta Ley no es simplemente aumentar una penas o penalizar ciertas conductas. Se trata de precisar la forma en que la justicia debe enfrentar los fenómenos de mayor impacto que atenten contra la seguridad de los habitantes del territorio".

 

La Ley de Seguridad se orientó a reformar el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas de extinción de dominio y se dictan en ellas otras medidas de seguridad. Nos referiremos a tres paquetes de reformas específicos.

 

Algunas de las reformas sensibles introducidas sobre el Código Penal fueron las siguientes: 1. Modificaron los requisitos para el acceso al brazalete electrónico como medida sustitutoria de la pena en establecimiento carcelario: no podrán acceder a beneficio quienes superen condenas de más de ocho años de prisión o que hayan cometido delitos como el terrorismo y todas las modalidades asociadas, porte ilegal de armas, tráfico de menores de edad, genocidio, secuestro, extorsión, tráfico de personas, lavado de activos, tráfico de estupefacientes, entre otros; 2. Se crean los delitos de disparo de armas de fuego sin necesidad y tráfico de menores de edad; 3. Se amplió la pena del delito de porte ilegal de arma de fuego de nueve a doce años de prisión; 4. Se penaliza de 2 a 4 años a quienes obstaculicen las vías; de 4 a 8 años quienes dañen el transporte público; 5. Las medidas de allanamiento no necesariamente se efectuarán bajo orden manifiesta de la Fiscalía, podrán llevarse a cabo durante las 24 horas del día.

 

Algunas reformas polémicas sobre el Código de Procedimiento Penal son las siguientes: 1. Ampliaron los términos para que la Fiscalía desarrolle la imputación, es decir, tendrá más tiempo para llevar a cabo las investigaciones y "disminuir el margen de impunidad". Luego del vencimiento inicial de los términos se designará a un nuevo fiscal que debe decidir sobre el imputado en el plazo de 60 días adicionales; 2. Ampliaron el tiempo en que pueden desarrollarse interceptaciones, ahora equivale a seis meses; 3. La vigilancia y el seguimiento pasivo de personas podrán llevarse a cabo hasta por un año, tiempo luego del cual puede reanudarse la misma si surgen nuevos motivos que la hagan necesaria.

 

Las reformas al Código de Infancia y Adolescencia incorporan el incremento de la sanción de privación de la libertad para menores que tendrá una duración entre los 2 y 8 años para todos los mayores de 14 años, y para todos los menores de 18 años que hayan cometido los delitos de: homicidio doloso, secuestro, extorsión y delitos agravados contra la libertad, la integridad y la formación sexual. Otra modificación tiene que ver con el cumplimiento de la pena: los menores de edad deben cumplir la totalidad de la condena incluso si han cumplido la edad de 21 años, en la que anteriormente podían recuperar la libertad.

 

La Ley de Seguridad Ciudadana contiene algunas de las disposiciones de la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana llevadas al plano de la legalidad por el Congreso de la República. En cada una de las reformas, la ley busca incrementar la pena para delitos que ya estaban contemplados en códigos. El Gobierno sigue presumiendo con esta Ley que el incremento de las condenas, la tipificación de nuevos delitos susceptibles de ser penalizados, el incremento de la rigidez de las medidas punitivas y de vigilancia contribuirán a la seguridad de los habitantes. La ley sigue apostando al robustecimiento de las acciones de choque contra el delito. El presidente Juan Manuel Santos, al presentar la ley, la resumió como "garrote para castigar a quienes violan la Ley".

 

 

Nuevo Código de Policía

 

"Las perlas del Código de Policía"4 tituló El Espectador un artículo, en el cual cuestionan algunas de las disposiciones del Proyecto de Ley 99 del 2014, "Por el cual se expide el Código de Policía y Convivencia" sobre el que había iniciado el proceso de discusiones en la Comisión Primera del Congreso de la República.

 

De acuerdo al artículo la controversia que propone el nuevo Código de Policía se suscitó gracias al libro tercero del Código titulado "Medios de policía, medidas correctivas, autoridades de policía y competencias, procedimientos, mecanismos alternativos de solución de desacuerdos o conflictos".

 

Este Código incorpora algunas disposiciones que han resultado bastante polémicas. La primera de ellas es el artículo 210 que otorga la autorización explícita a la Policía para ingresar a la residencia de los ciudadanos, sin autorización judicial, cuando se presente situaciones como las siguientes: 1. Para proteger a una persona que se encuentre en grave alteración de su estado de conciencia por motivos de orden mental o de consumo de bebidas alcohólicas y/o; 2. Cuando una persona esté en peligro de agredir a otra o en otra clase de estado que represente inminente riesgo a su vida o a la de sus familiares o de terceros; 3. Para proteger a una persona en peligro de ser agredida; 4. Para proteger los bienes de personas ausentes; 5. Cuando las personas pretendan evadir a la Policía y se escondan en casas de terceros; 6. Para aplicar una medida correctiva cuando sea alterada la convivencia; 7. En persecución de una persona que desobedezca o se oponga a un procedimiento policial, o sobre el que pesa una orden de captura vigente. Este artículo despliega todo un abanico de posibilidades con el que se podrían justificar ingresos sin autorización a domicilios.

 

Otro de sus disposiciones que ha suscitado inquietud es el artículo 199, que reglamenta el traslado por protección a centros asistenciales, centros de salud u hospital, o a un lugar determinado por la administración municipal, cuando una persona se encuentre en: 1. Estado de indefensión o alteración del estado de conciencia (alteración mental, consumo de sustancias psicoactivas); 2. En caso de riñas o comportamientos temerarios. La policía tiene competencias para definir si alguien se encuentra en el "estado de alteración de conciencia" que posibilita ser detenida por un periodo no mayor a 24 horas (¿se encuentran los agentes de policía capacitados para determinar tal estado de salud?)

 

Por su parte, el artículo 211 consigna: "El personal uniformado de la Policía Nacional podrá utilizar medios de apoyo de carácter técnico, tecnológico o de otra naturaleza, que estén a su alcance, para prevenir y superar comportamientos o hechos contrarios a la convivencia y la seguridad pública. De tratarse de medios de apoyo que puedan afectar físicamente a la persona, deberán ser usados bajo los criterios de necesidad, proporcionalidad y racionabilidad según las circunstancias específicas [...]". Lo que tenemos aquí es "luz verde" a la implementación de herramientas como pistolas de choque eléctrico que en casos documentados han ocasionado serios daños a las personas, llegando incluso a causar su muerte.

 

El nuevo Código de Policía también reglamenta en su artículo 76 las reuniones de los ciudadanos bajo tres tipologías (1. Reuniones o manifestaciones públicas y pacíficas en el espacio público; 2. Actividades que involucran aglomeraciones de público no complejas; 3. Actividades que involucran aglomeraciones de público complejas). Cada uno de estos tres tipos de reuniones es colocado bajo la competencia de autoridades administrativas y policiales quienes tienen facultades de interdicción y en todo momento pueden ingresar a los lugares si consideran que con las reuniones está siendo alterada la convivencia. Esta disposición representa un peligro inminente del derecho de reunión de quienes habitamos Colombia.

 

Los artículos 157 y 158 reglamentan la existencia de albergues para animales callejeros y establecen el "sacrificio eutanásico" en caso de que una vez puestos en disposición de los albergues no se logre, después de 30 días, entregar en adopción a un nuevo propietario. Duro golpe a los defensores de animales.
Además de todo lo anterior, el nuevo Código de Policía pretende sancionar con un verdadero arsenal de multas infracciones propias del ámbito de la convivencia de los ciudadanos, es decir, llevar al plano de la penalización administrativa (también penal) muchos de los comportamientos disruptivos que no han podido ser regulados a partir de la difusión de los escasos programas de cultura y pedagogía ciudadana. De aprobarse en el Congreso, el nuevo Código representaría en sí mismo un retroceso a la libertad y los derechos ciudadanos, ahondando en estrategias punitivas y coercitivas, otorgando un poder desbordado a la Policía para que imponga modelos de ciudadanía y de comportamiento que restan capacidades a los ciudadanos para que puedan resolver los problemas por su cuenta. En este sentido, además de autoritario, el Código ahonda la antidemocracia, ordena a los ciudadanos horizontalmente y coloca por encima de la ciudadanía a la autoridad, quien es la única habilitada para mediar y resolver sus conflictos o, en el mejor de los casos, para supervisar o liderar cualquier mecanismo de conciliación.

 

La vigilancia y el control

 

El ojo vigilante del Estado

 

En los últimos diez años al menos tres han sido los escándalos en los que instituciones del Estado colombiano han resultado involucradas en flagrantes violaciones a la privacidad de altos funcionarios, víctimas del conflicto y políticos de oposición, violaciones procuradas a través de interceptaciones y seguimientos ilegales efectuadas con la tecnología y los recursos humanos financiados con el dinero del conjunto social.

 

Las violaciones no solo han controvertido el orden constitucional vigente, sino también han vulnerado algunos de los compromisos internacionales suscritos por el Estado colombiano, encaminados a la salvaguarda de los derechos humanos en el territorio nacional. Antes que una profunda reflexión y un cambio de actitud, las pretensiones de ejercer una vigilancia sistemática sobre el mayor número de colombianos posible sigue siendo la principal ambición de las instituciones policivas que cada día gozan de más libertades propiciadas por la ausencia de control técnico y político estatal.


Un conflicto armado de más de cincuenta años de existencia, el combate frontal contra la insurgencia armada y contra todos los grupos políticos de oposición, un afán frenético del Estado por incrementar su capacidad para dar de baja a cualquier actor que desafíe el orden establecido, todos estos factores configuran el contexto en que las capacidades de vigilancia de las instituciones policivas en Colombia viven su incrementado exponencial bajo la mirada cómplice y el apoyo irresponsable de los tres poderes públicos, y la complacencia de una parte de la ciudadanía narcotizada por el manejo mediático de la inseguridad que viven algunas ciudades. Actitud que de hecho está facilitada por el control policial de la vida cotidiana, del cual también hace parte la privatización de la seguridad (celaduría) en miles de empresas, instituciones y hogares, lo cual ha transformado la figura del civil armado, hostigando y amenazando al desprevenido transeúnte, en un componente más del paisaje urbano y rural. Privatización que puede llegar al extremo de lo vivido en Medellín y otras ciudades del país, donde bandas barriales controlan e imponen su ley en los territorios que habitan.

 

El informe "Un Estado en la sombra: vigilancia y orden público en Colombia", publicado por Privacy Internacional en agosto del 2015 expone: "A lo largo del último decenio, el Estado colombiano ha estado creando una arquitectura de vigilancia masiva, sin autoridad legal clara ni salvaguardias adecuadas contra el uso indebido, y sin que haya habido tampoco posibilidades suficientes de escrutinio público. En un país donde se ha visto utilizar de manera habitual la vigilancia de las comunicaciones para someter a hostigamiento a quienes critican las políticas del Gobierno, controlar en todo momento a los funcionarios públicos y comprometer las iniciativas de resolución pacífica del persistente conflicto armado, la ampliación del Estado de vigilancia en la sombra de Colombia es un grave motivo de preocupación".

 

El caso de las interceptaciones del DAS revelado en el 2009 en el que se conoció que al menos 600 figuras públicas habían sido víctimas de vigilancia y hostigamientos, al igual que el caso de "Andromeda" en el 2014 donde se denunció que una unidad de inteligencia del ejército, bautizada con este nombre, había desarrollado seguimientos durante más de un año sobre el equipo negociador del Gobierno en la mesa de conversación de La Habana, son los más recientes episodios en los que el país conoció de las actividades de seguimiento ilegales efectuadas desde el seno de los organismos de inteligencia del Estado, la ausencia de control sobre ellas y el sesgo político de los monitoreos. La disposición del Ejecutivo y del Congreso de la República para robustecer los sistemas de inteligencia, la ausencia de un paulatino incremento del control sobre la actividad de los técnicos y expertos, son dos de los factores de los que puede inferirse una paulatina profundización de este tipo de prácticas de vigilancia indiscriminada sobre los sistemas de comunicación en el país.

 

La industria de la vigilancia al descubierto

 

El documento "Demanda y oferta: la industria de la vigilancia al descubierto" producido por Privacy Internacional en el 2015 documenta que el presupuesto colombiano destinado a la defensa durante el presente año equivale a 14.170 millones de dólares estadounidenses, siendo el segundo rubro mejor financiado de la Nación. Parte importante de este presupuesto está dedicado a la adquisición de tecnologías para la vigilancia y el seguimiento de indeseables y potenciales sospechosos. Es por ello que el interés de las Fuerzas Armadas y organismos de control en general parece haberse elevado en los últimos años en los que las autoridades colombianas han sido frecuentes participantes de ferias de tecnología, vigilancia y seguridad, como la ISS World en 2012, en las que han buscado recurrentemente el acceso a nuevas tecnologías para la gestión de la seguridad.

 

La mayoría de este tipo de tecnología la suministran empresas estadounidenses e israelíes. Los productos son comprados para desarrollar actividades de interceptación de redes y de interceptación táctica. Algunas de estas empresas son Verint Systems, Compañía Comercial Curacao de Colombia, Emerging Technologies Corporation, Star Colombia, Eagle Comercial.

 

Star Colombia es particularmente importante en el ámbito. Fue constituida como empresa en el año 2004 y trabajó exclusivamente en la creación del sistema de interceptación Esperanza. El informe aclara: "En la actualidad, STAR suministra hardware y software de interceptación, plataformas de análisis de grandes cantidades de datos (big data) y centros de demanda y control, entre otras soluciones de seguridad, y es el único distribuidor autorizado de los productos de varias empresas internacionales. Asimismo, es una de las pocas empresas de propiedad colombiana que suministra su propio material de interceptación de redes de marca registrada".

 

Los antes relacionados son algunos de los nombres de las empresas involucradas en el negocio de la vigilancia. Suministran equipos, programas y soporte técnico a las autoridades para que estas lleven a cabo interceptaciones. Pocas veces han querido reconocer su responsabilidad en violaciones flagrantes de los derechos humanos pues, como sostiene el informe de Privacy Internacional, "En vez de reconocer sus responsabilidades, las empresas tienden más bien a echarla culpa y responsabilizar del uso indebido de las tecnologías de vigilancia al usuario final de los productos y servicios que suministran. [...] El hecho de que un Estado viole los derechos humanos no exime en modo alguno a una empresa de la responsabilidad de respetarlos. En las circunstancias en que la venta de tecnología pueda dar lugar abusos contra los derechos humanos, esa responsabilidad es aún mayor".

 

Hay que recalcar, además, que la mayoría son empresas colombianas que representan marcas extranjeras como Pen-Link y Nice Systems, con autorización para comercializar sus productos en el país, brindar soporte a los usuarios de los mismos. Pero aquí no están todos los nombres, son apenas algunas de las empresas que controlan un jugoso negocio desconocido por la opinión pública, manejado en la penumbra junto a las autoridades que destinan millonarios recursos de los contribuyentes para adquirir tecnologías destinadas a incrementar su vigilancia y control sin contar con suficiente veeduría de parte de la Fiscalía, única autoridad con competencia para autorizar los monitoreos.

 

Sistemas de interceptación y seguimiento: así somos vigilados

 

En Colombia existen tres sistemas de interceptación gestionados por diferentes agencias de inteligencia. Sus nombres son Esperanza, Sigd y Puma. El primero de estos es el sistema más usado, gestionado por la Fiscalía General de la Nación y al que tiene acceso la Policía (también lo tuvo el extinto DAS). El sistema lo están utilizando para la interceptación desde finales de la década de 1990.


Para su implementación y uso el Estado ha recibido el apoyo de la DEA; se presume que fue el sistema empleado por el DAS para llevar a cabo las interceptaciones ilegales que pusieron a la institución en el ojo del huracán en el 2009. El informe de Privacy Internacional define así a Esperanza: "Desde el punto de vista de su funcionamiento, [...] es un sistema de interceptación selectiva, que se basa en solicitudes activas de usuarios humanos, los administradores de la Fiscalía, para "encargar" a los proveedores de servicios de Colombia envían los registros de datos y audio de llamadas de telefonía fija y móvil, solicitados específicamente. Esta actividad está aprobada expresamente por la Constitución y el Código de Procedimiento Penal de Colombia".

 

Esperanza permite a la Fiscalía establecer conexión con los proveedores de servicios para recibir paquetes de información en los que se almacenan las llamadas y luego transmitirlos a una sala central de monitoreo donde posteriormente son dirigidos a otras salas de investigación bajo el mando del CTI y la Policía. El sistema no está automatizado, es decir, no es un sistema con capacidad de llevar a cabo el monitoreo masivo y almacenamiento de información para el análisis, necesita de una orden judicial específica y de la cooperación del proveedor de servicios telefónicos para que la interceptación pueda ser llevada a cabo.

 

 

La interceptación solo es legal en Colombia bajo el amparo de una orden judicial, sin embargo Esperanza, que se consideraba el sistema más regulado y con mayor apego a la normativa constitucional, fue el instrumento con el que fueron desarrolladas algunas de las interceptaciones ilegales que generaron el escándalo del DAS. Sus agentes falsificaron las solicitudes de interceptación para poder tener acceso a las llamadas telefónicas, mensajes de correo electrónico, listas de contactos nacionales e internacionales de políticos, activistas y periodistas, para luego someterlos (junto a sus familiares) a sistemáticos hostigamientos e intimidaciones. Además de ello las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía determinaron que el DAS había desarrollado su propia capacidad de interceptación de redes independiente de Esperanza.

 

De acuerdo a Privacy Internacional, "Esperanza estaba conectado en 2012 al menos a 20 salas, identificadas por colores. Al menos seis de estas salas recibían apoyo económico y técnico de la DEA, cuyos analistas compartían el espacio de trabajo con sus colegas colombianos" (gráfico "Un arcoíris de salas" resume la arquitectura física del sistema).

 

El primer sistema de interceptación masiva en Colombia fue establecido en al año 2005 por la Dipol (Dirección de Inteligencia Policial), fue conocido bajo las siglas de Sigd (Sistema Integral de Grabación Digital). A diferencia de Esperanza el sistema estaba orientado a recopilar tráfico masivo de información en 16 líneas troncales. Se necesitaba que el nuevo sistema de interceptación suprimiera la intermediación de los operadores. El software elegido para desarrollar la tarea fue Vantage, comercializado por la empresa Verint.


Para el monitoreo activo de internet, también vinculado al sistema, fue elegido el módulo Reliant. Sobre el sistema se refiere Privacy Internacional en los siguientes términos: "Los técnicos de Verint instalaron el equipo pertinente, con las sondas y todo, que la Policía importó directamente de Israel con exención de derechos de importación, en los centros de conmutación de los proveedores de servicios y lo conectaron a la sala de monitoreo de la DIPOL de su sede de la avenida Boyacá de Bogotá, dejando a cargo de La Curacao el mantenimiento y la solución de problemas del producto. Los analistas de sus 20 estaciones de trabajo eran capaces, al menos en teoría, de grabar conversaciones de un objetivo seleccionado, captar 100 millones de registros de datos de llamadas al día e interceptar 20 millones de SMS diarios. Además, una función de reconocimiento de voz generaría automáticamente datos de llamadas en formularios para procesador de texto, a los que los analistas podían añadir manualmente notas y transcripciones o resúmenes de las llamadas. Estas funciones masivas podían ampliarse o reducirse si era necesario, al precio correspondiente". El sistema Sigd no fue muy operativo. Privacy Internacional documenta que al consultar con expertos en el tema, dijeron que la Policía probablemente adquirió equipos cuyo funcionamiento no entendía, no sabía cómo utilizar.

 

La Plataforma única de Monitoreo y Análisis (Puma) fue adquirida en el año 2007 y alojada en la Dirección Antisecuestro y Extorsión de la Policía. La tecnología a partir de la que fue desarrollada es mucho más sofisticada que la de Esperanza: el sistema es capaz de interceptar y almacenar todas las comunicaciones que transitan por los cables que integran las troncales principales de comunicación del país a partir de sondas que interceptan el flujo de comunicaciones y la almacenan en servidores para después ser analizadas por poderosos sistemas con los que buscan patrones o perfiles que han sido predefinidos por los analistas. A diferencia del sistema Esperanza, Puma no es un sistema de monitoreo selectivo, es decir no fue diseñado para el seguimiento de individuos particulares, sino para el monitoreo en masa de comunicaciones, con lo que el precepto constitucional de las autorizaciones judiciales para las interceptaciones sería masivamente violado. Funcionaba a partir de la plataforma Reliant desarrollada por la empresa israelí-estadounidense Verint Systems.

 

Puma elimina la intermediación de los proveedores de servicios porque se encuentra conectado a la infraestructura misma que usan los proveedores comunicaciones en el país. Privacy Internacional sostiene en su informe que: "En 2007, al principio, PUMA tenía ocho salas de monitoreo repartidas por toda Colombia en sus seccionales de Medellín, Bucaramanga, Cúcuta, Pereira, Villavicencio, Neiva, Cali y Barranquilla. Desde estas salas, los analistas de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), de la DIJIN, y los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) monitoreaban las llamadas interceptadas. Asimismo, entre 2011 y 2013, se añadieron en algún momento varias estaciones de trabajo para agentes de la DIPOL [...] El sistema había crecido hasta tener 83 estaciones de trabajo en total, 58 de ellas en la sede de la DIJIN en Bogotá. En 2013, la Policía anunció un gran plan de ampliación de PUMA para convertirlo en el principal sistema de interceptación de Colombia".

 

 

En el año 2013 la Policía asignó la suma de 50.000 millones de pesos para la ampliación del sistema, más de la mitad de dicho presupuesto estaba orientado al fortalecimiento tecnológico y cibernéticos (herramientas de hackeo, un software que permite interceptar computadores, llamadas por skype, emails, mensajes instantáneos y contraseñas: el Sistema de Control Remoto (RCS, en inglés) desarrollado por Hacking Team, empresa italiana, cuyos procedimientos van en contravía de los derechos humanos y la privacidad en internet). Según Privacy Internacional: "Es decir, al software y hardware básicos necesarios para convertir PUMA en un sistema completo de interceptación legal, capaz de recopilar datos y contenido de llamadas de voz, VoIP, tráfico de Internet y redes sociales en 12 de los proveedores de servicios de telecomunicaciones de Colombia –cuatro redes de datos móviles y voz (Claro, Tigo, Avantel y Movistar) y ocho proveedores de servicios de Internet (Une, Telefónica, Emcali, Metrotel, ETB, Telebucaramanga, Telmex y EPM)".

 

En esta oportunidad el contrato lo obtuvo la empresa israelí Nice Systems quien conformaba un consorcio con la empresa colombiana Eagle Comercial SA. La ampliación del sistema Puma permitiría interceptar 100.000 objetos a la policía, serían creadas 700 estaciones en todo el país, se adquiriría un módulo de monitoreo para el tráfico ISP, ocho sondas se encargarían de extraer los datos directamente de la infraestructura de comunicación; por primera vez se podrían interceptar datos 4G.

 

El proyecto Puma fue suspendido en agosto del 2014, para lo cual fue determinante el llamado de atención del Fiscal General de la Nación Eduardo Montealegre quien advirtió sobre el uso indiscriminado de la interceptación y sobre la pertinencia de que estos sistemas se encontraran bajo el control estricto de la Fiscalía. A pesar de esto Privacy Internacional documenta en su informe la suscripción de nuevos contratos entre la Policía y operadores tecnológicos para la implementación del sistema en ciudades como Villavicencio y Bucaramanga. Privacy International tiene información reciente respecto de que el sistema ha comenzado a ser instalado durante el 2015.

 

La presión ejercida en Colombia por el Gobierno sobre las autoridades para que den resultados en el marco de sus políticas de guerra y seguridad, ha llevado al establecimiento de agencias de inteligencia paralelas, sin mando ni presupuesto unificado. Las disposiciones constitucionales5 y del Código de Procedimiento Penal6 han sido particularmente vulneradas por la recurrente instalación de sistemas de vigilancia automatizados y masivos que implican la vigilancia a gran escala de las comunicaciones en el país, tecnologías sobre las que se presume (en el más cándido de los escenarios) no han sido bien comprendidas y por ello su implementación ha sido impulsada al margen de las dificultades de control normativo que fundamenta su propia arquitectura tecnológica.

 

En esta dinámica de control y represión, es claro que los entes públicos han sido incapaces de salvaguardar los derechos de los colombianos, entre ellos su privacidad, por el contrario, han contribuido a ampliar el poder de las autoridades para penetrar en los sistemas de comunicación que usan los ciudadanos. Así queda establecido con la aprobación en abril del 2013 de la Ley estatutaria 1621, conocida como Ley de Inteligencia y contrainteligencia, la que manifiesta en su artículo 17:

 

"Las actividades de inteligencia y contrainteligencia comprenden actividades de monitoreo del espectro electromagnético debidamente incorporadas dentro de órdenes de operaciones o misiones de trabajo. La información recolectada en el marco del monitoreo del espectro electromagnético en ejercicio de las actividades de inteligencia y contrainteligencia, que no sirva para el cumplimiento de los fines establecidos en la presente Ley, deberá ser destruida y no podrá ser almacenada en las bases de datos de inteligencia y contrainteligencia. El monitoreo no constituye interceptación de comunicaciones.

 

La interceptación de conversaciones privadas telefónicas móviles o fijas, así como de las comunicaciones privadas de datos, deberán someterse a los requisitos establecidos en el artículo 15 de la Constitución y el Código de Procedimiento Penal y sólo podrán llevarse a cabo en el marco de procedimientos judiciales."

 

Esta Ley fue revisada por la Corte Constitucional quien debía garantizar que se ajustara al orden constitucional. Fue aprobada a principios del 2013 porque la Corte consideró que el "monitoreo" del espectro electromagnético no es igual a la "interceptación" de comunicaciones y que esta actividad no viola la Constitución. Afirmación que es bastante sospechosa pues el acceso pleno a uno de los canales por donde fluye muchas de las comunicaciones en el país no asegura nada a los usuarios respecto a que su información sea respetada y, más allá de un monitoreo, se estén desarrollando actividades de registro y análisis.

 

Además de lo anterior el pronunciamiento de la Corte desconoce el otro tipo de tecnologías de inteligencia como Puma y Sigd que se basan exactamente en el acceso a los canales por los que transitan la totalidad de las comunicaciones del país, 'chuzados' así millones de colombianos por potentes unidades de procesamiento que sin embargo, con viejas técnicas, "serían incapaces" de vigilar a unos cuantos cientos o miles de ciudadanos. ¿Cómo asegurar que no se desarrollen este tipo de actividades violatorias de los derechos de los ciudadanos si la tecnología misma, sumada a una falta de control, así lo posibilitan? ¿Podrán confiar los ciudadanos en el profesionalismo, en el apego a la Constitución por parte de los organismos de inteligencia del Estado? Sin duda, la tecnología avanza más rápido que la Ley.

 

El trasfondo de la discusión sobre la validez de la implementación de los sistemas de inteligencia del Estado tiene que ver con el de una concepción de seguridad que se impone por encima de las libertades y la vida privada de los ciudadanos. Estas dos dimensiones de la humanidad cada día se encuentran más subordinadas a la potencia de los Estados que ubican toda la fuente de amenazas, de todo peligro, en los espacios que se encuentran por fuera de su ámbito de vigilancia y control. Es por ello que estos espacios individuales y colectivos deben ser allanados pues en ellos se incuba el terrorismo y potenciales amenazas a la ciudadanía (¿o potenciales amenazas a los ordenamientos y constitución endógena de los Estados?).

 

De esta manera, y consecuente con su razón de ser, el Estado colombiano pretende convertirse en otro guardián de la seguridad de la ciudadanía. Su hipótesis principal sostiene el argumento de que debe proteger a los ciudadanos de los propios ciudadanos (nunca de él mismo) razón por la cual ellos deben reconocer su autoridad providencial, sin colocar en duda sus buenas intenciones y su superioridad moral. Es por ello que estos ciudadanos deben entregarle al Gobierno, y a sus autoridades de inteligencia, las llaves de su privacidad para el beneficio de todos, al fin de cuentas "quien nada debe, nada teme".
Para Colombia George Orwell no lo hubiera podido imaginar mejor: estamos a punto de otorgar a nuestro Estado poderes similares, quizás un poco más lesivos, que los que entregaron los ciudadanos a su Gobierno en la famosa novela "1984". El Gran Hermano se consolida en Colombia, país de poca memoria que ofrece gentilmente un stock importante de herramientas de tortura a su propio verdugo. 

 

1 Con este nombre fueron bautizadas las actividades emprendidas por la unidad de inteligencia "Andrómeda" ubicada en el céntrico sector de Galerías en Bogotá. En mayo del 2014, gracias a denuncias desarrolladas por medios de comunicación, fueron conocidas las actividades ilegales de seguimientos que desarrollaba esta unidad de inteligencia del Ejército sobre periodistas, miembros de la oposición y sobre el equipo negociador del Gobierno en La Habana.
2 Dos conceptos son centrales en la política: el primero de ello es el de seguridad ciudadana que se entiende como la protección universal a los ciudadanos frente a aquellos delitos y contravenciones que afecten su dignidad, su seguridad personal y la de sus bienes, el temor a la inseguridad; el segundo concepto es el de convivencia ciudadana entendida como la promoción del apego y la adhesión de los ciudadanos a una cultura ciudadana basada en el respeto a la Ley, a los demás y a las normas básicas de comportamiento.
3 Se entiende la cultura de la legalidad y convivencia como el seguimiento y el respeto de normas y acuerdos sociales básicos y la capacidad de autorregulación ciudadana.
4 Sección de política, 20 de mayo del 2015, http://www.elespectador.com/noticias/politica/perlas-del-codigo-de-policia-articulo-561431
5 El artículo 15 de la Constitución Política de Colombia dice en su artículo 15: ""La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley."
6 El Código de Procedimiento Penal en su artículo 14 dispone: "Toda persona tiene derecho al respeto de su intimidad. Nadie podrá ser molestado en su vida privada.
No podrán hacerse registros, allanamientos ni incautaciones en domicilio, residencia, o lugar de trabajo, sino en virtud de orden escrita del Fiscal General de la Nación o su delegado, con arreglo de las formalidades y motivos previamente definidos en este código. Se entienden excluidas las situaciones de flagrancia y demás contempladas por la ley.
De la misma manera deberá procederse cuando resulte necesaria la búsqueda selectiva en las bases de datos computarizadas, mecánicas o de cualquier otra índole, que no sean de libre acceso, o cuando fuere necesario interceptar comunicaciones."

 


 


Recomendaciones para la protección de la privacidad


El alto grado de sofisticación de los sistemas de inteligencia del Estado y de la capacidad de penetrar cualquier tipo de sistema de comunicación existente en el territorio nacional desafía la creatividad de periodistas, académicos, intelectuales, políticos, defensores de derechos humanos, activistas, entre otros, que (sin pretender difundir la paranoia) en los próximos años nunca podrán estar seguros de ser interceptados y monitoreados por las autoridades represivas del Estado. Las siguientes recomendaciones quizás pueden ser criticadas por sustentar un retroceso tecnológico, pero en el nuevo escenario de la vigilancia y control pueden ser más efectivas para asegurar la privacidad que cualquier otras alternativas basadas en la tecnología:

 

  • Todos equipos de comunicación que emiten señales son susceptibles de ser interceptados: computadores de mesa, tabletas digitales, computadoras portátiles, teléfonos inteligentes, lectores digitales, reproductores de música, etcétera. Pueden hacerlo incluso cuando se encuentran en modo de vuelo o cuando no te encuentras navegando en internet. La única manera de asegurar que no estén siendo interceptados es que no tengan ningún hardware de conectividad asociado (dispositivos Lan, Wireless, Bluethooth, etc.)
  • Los datos en las unidades de almacenamiento sobreviven cualquier formateo. La única manera de asegurar su destrucción es la eliminación física de la unidad de almacenamiento misma. En el caso del disco duro la fundición de sus cabezas de almacenamiento, en el caso de las memorias Ram y Usb, la incineración completa de las mismas.
  • Sistemas operativos alternativos como Linux, aunque no garantizan la absoluta confidencialidad, sí pueden ofrecer algunas dificultades a los hackers.
  • Cuando se maneje información confidencial, debe almacenarse en computadores o dispositivos sin ningún tipo de componente físico que posibilite la conectividad, además deben encriptarse los archivos o las unidades de almacenamiento.
  • Los dispositivos que ofrecen los mayores riesgos son los smartphones: pueden proporcionar datos exactos de la ubicación de sus usuarios, sus cámaras y micrófonos pueden ser activados automáticamente por programas que manejan las autoridades policivas, en caso de la batería sea retirada, pueden conocer el lugar preciso en que fue ejecutado el procedimiento.
  • Es necesario pensar mecanismos de comunicación alternativos, por fuera de las redes de vigilancia del Estado en los que la palabra escrita, la voz, la memoria humana, los encuentros furtivos, los espacios seguros, comiencen a jugar de nuevo un rol fundamental. Aunque esto tampoco garantice la absoluta confidencialidad y seguridad en las comunicaciones, puede entorpecer las labores de inteligencia pues sacarían del plano de búsqueda la comunicación. λ
Sábado, 26 Septiembre 2015 12:59

El tinglado electoral

El tinglado electoral

Una nueva contienda electoral está en curso en todo el país. La campaña por controlar territorios y presupuestos se torna electrizante pues el sector financiero y otros grupos económicos están dispuestos a llegar –en el caso de la capital del país– hasta las últimas consecuencias para retomar su control. No es para menos: el gobierno de Bogotá dispone de un presupuesto anual de cerca de 20 billones de pesos, y una nómina de no menos de 50 mil empleados.

 

La historia se repite

 

El 30 de octubre del año 2011 ganó las elecciones de Bogotá Gustavo Petro Urrego. Tuve la oportunidad de conocer de primera mano el triunfo pues por azares del destino ese mismo día terminé fungiendo de testigo electoral en Corferias, bastante atento al conteo de votos en cada una de las mesas de votación. Desde que fueron abiertas las primeras urnas fue clara la tendencia: el candidato progresista llevaba entre diez y quince votos de ventaja en cada puesto de votación sobre Enrique Peñalosa y Gina Parody, sus directos competidores.

 

Aquella noche de finales de octubre fue bastante clara y fría en Bogotá; recuerdo a los activistas agitando banderas tricolores en la carrera séptima, eufóricos por el triunfo de su candidato, después embriagados, y horas más tarde durmiendo el arrullo etílico, sintiendo, con seguridad, que habían triunfado, que desde el día siguiente "sería todo diferente" pues habían contribuido al triunfo que iba a alterar definitivamente el futuro aciago de la ciudad. No eran más que un puñado de esperanzas vanas, cándidas, pueriles.

 

Han transcurrido cuatro años desde aquel momento y la situación llega casi al mismo punto de los días que antecedieron a la victoria de Petro: las campañas en plena ebullición, la agitación electoral, las fotos, los discursos, las encuestas bipolares y gran parte de los mismos problemas que enfrentan a diario millones de ciudadanos capitalinos aún sin resolver, fundamentando discusiones y propuestas, contribuyendo a trivializar debates electorales en los que la competencia por acumular votos ha embebido de demagogia y futilidad las mismas propuestas de gobierno.

 

Las encuestas

 

El trasfondo del escenario se encuentra matizado, al igual que en el 2011, por las encuestas de intención de voto, que siguen encargándose de vaticinar cuál será el resultado efectivo de las elecciones por la alcaldía más importante del país. Cuatro años atrás las mismas encuestas solo tuvieron capacidad de predecir el resultado hasta pocas semanas antes de las elecciones que ganó Petro con 721.308 votos (32.16%), 150.000 más que Peñalosa quien logró el 25.07 por ciento del total de la votación, ambos resultados porcentualmente pobres en términos de representación si se tiene en cuenta que para el periodo electoral del 2011 –de acuerdo a la Registraduria Nacional del Estado Civil– votaron 2.324.885 ciudadanos capitalinos, tan solo el 47.40 por ciento de las personas habilitadas para hacerlo en esta ciudad. Seis meses antes de estos comicios las encuestas catalogaban como virtual ganador a Peñalosa, con diferencias hasta de 15 puntos porcentuales frente a Gustavo Petro.

 

Dos meses antes de las elecciones del 2011 Carlos Lemoine, presidente del Centro Nacional de Consultoría, escribía "Las encuestas también son semejantes a la mirada inocente del niño que en el cuento de Hans Christian Andersen se dio cuenta de que el rey no tenía vestido: muestran con inusitada frecuencia cómo importantes candidatos de importantes partidos en realidad no tienen votos". Pero no solo esto, también pueden mostrar ficticiamente que tienen más votos de los que en realidad poseen. En fin, toda una distorsión de la realidad para favorecer al candidato de su preferencia. Sobre este particular el sociólogo francés Pierre Bourdieau planteó: "Las problemáticas que proponen las encuestas de opinión están subordinadas a intereses políticos, y esto pesa enormemente tanto sobre la significación de las respuestas como sobre la significación que se le confiere a la publicación de los resultados". Por tanto, las encuestas de intención de voto no pueden entenderse por fuera de esta subordinación a intereses específicos y a las pretensiones de simplificación del campo sujeto a sus mediciones.

 

Una perla

 

El 14 de agosto del año en curso, el diario El Tiempo1 presentó los resultados de una encuesta desarrollada por Datexco Company, pagada por el diario junto a la W radio. La noticia titulaba "Encuesta de Datexco: Peñalosa (31.4%), Pardo (28%)". El titular no deja duda: allí reposa una de las estrategias mediáticas para manipular la información, pues la nota no explica muy bien que las cifras obtenidas a partir del estudio se consolidaron en el hipotético escenario de que la candidata a la alcaldía de Bogotá por el Polo, Clara López Obregón, no concurriera a las urnas. Solo poco antes de terminar la noticia realizan una breve alusión en dos líneas al respecto de que en el escenario fáctico tendría lugar un empate entre los tres aspirantes a la alcaldía, hipótesis manejada en los más recientes sondeos.

 

Evitando discutir la fiabilidad de las encuestas, el análisis debería fijarse en este tipo de dispositivos ejecutados en los medios de comunicación para asociar palabras e imágenes de candidatos con números que expresan tendencias de votación poniendo y quitando favorabilidades, sobre el hecho mismo de las intenciones de los medios de incidir en la contienda electoral a través de la manipulación en la presentación de las cifras por las que pagan millonarias sumas. Las encuestas, los discursos basados en sus cifras, llevan consigo formas de exhibiciones y ocultamientos, estrategias de vaticinio que pueden modificar, al menos, la forma en que los electores se representan la contienda electoral. Nunca responden a los intereses puros por aproximarse probabilísticamente a la verdad.

 

Detrás de los bastidores del discurso

 

La forma como exponen sus propuestas los candidatos, nos permite presentar la hipótesis de que los electores carecen de los elementos suficientes para llevar a cabo –de forma idónea– la selección del/a candidato/a de sus preferencias. Esta hipótesis se soporta en la retórica ambigua y simplista de las propuestas en boga, con la cual ocultan los intereses particulares de los sectores del poder alineados sobre cada uno de los candidatos en disputa.
El primero de los elementos de análisis que debe ser destacado son los efectos producidos en los grupos hegemónicos por la sucesión de gobiernos de izquierda democrática durante doce años en Bogotá. Más de una década sin controlar su enorme presupuesto ha terminado por afectar su estructura de poder clientelar, golpeando sus intereses de acumulación y reproducción de capital a corto y mediano plazo.

 

Estos sectores han decido no quedarse con los brazos cruzados, invierten infinidad de recursos para lograr su propósito. De ello da cuenta la constitución de ProBogotá el primero de agosto de 2014, como lo develó este mismo periódico en su anterior edición (agosto 20–septiembre 20), donde se precisa: "[...] este tanque de pensamiento, conformado y financiado por las empresas y grupos empresariales de mayor músculo financiero, no solo locales, sino también extranjeros, se propuso como primer gran objetivo, retomar el poder capitalino para los intereses del gran empresariado. Se trata de un modelo de intervención para gestionar ciudades a partir de la injerencia de lo privado en lo público, dentro del espíritu más audaz y avasallador de la economía de mercados". ProBogotá apoya las candidaturas de tres aspirantes a la alcaldía de Bogotá: Enrique Peñalosa (Uribismo "Light"), Rafael Pardo (Corriente Santista) y Pacho Santos (Uribismo de línea dura). Tres candidatos que representan a grupos de poder específicos, con ambiciones particulares que sin embargo comparten el espectro ideológico neoliberal. Tres candidatos capaces de diversificar las apuestas del capital financiero por retomar el control de la alcaldía a partir del voto de los estratos medios capitalinos, candidatos que intentarán sobreponerse al voto social y de opinión que para ellos ya ha hecho suficientes estragos.

 

Su pretendido "rescate" de Bogotá está sustentado en discursos reactivos que sustentan entre dientes la continuidad de las políticas sociales consolidadas por los gobiernos de izquierda en la ciudad, al tiempo que descalifican las administraciones de los últimos doce años en aspectos como: administración, seguridad, movilidad, crecimiento de la ciudad, relaciones con las autoridades policiales, manejo de Transmilenio y SITP, inversiones del Distrito, entre otros aspectos cuya gestión no ha encuadrado dentro de su matriz de pensamiento político económico.

 

En perspectivas del 25 de octubre, no deben descartarse cualquier tipo de alianza entre estos tres candidatos de las elites, del capital financiero y de la ideología neoliberal. Sus propuestas y discursos, en varios aspectos enfatizan perfil social y popular, pero no es posible confiarse en ello, pues pretenden una ciudad "bien gerenciada" pero para el capital, como fue la constante durante todo el siglo XX, cuando controlaron en sus manos y bolsillos esta urbe, permitiendo su descomunal crecimiento, y un desorden que favorece los negocios que siempre pretenden, así como el control social, el miedo y la división social, junto al control policivo, que siempre necesitan.

 

Otra de las personas que aspira a regir el destino de Bogotá es la candidata del Polo Democrático Alternativo –PDA–, Clara López Obregón, quien ha manifestado encontrarse comprometida con la continuidad de las políticas sociales implementadas desde hace doce años en la capital. Su candidatura espera obtener nuevamente el voto de confianza de la ciudadanía; su confianza parte de su loable gestión cuando tuvo que afrontar la alcaldía de la ciudad luego del descomunal escándalo de corrupción originado por los hermanos Iván y Samuel Moreno Rojas. Bogotá es pieza fundamental para el PDA, y debe ganarla pues con ello defiende su unidad, accediendo a niveles importantes de poder que le permitirían refrendar su propuesta política ante millones de personas.

 

Si el PDA gana las elecciones no tendrá una tarea fácil, pues nuevamente serán interpuestas toda serie de cortapisas al sostenimiento de las políticas de corte social, deberá encarar la heráldica labor de impulsar en el Concejo un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, el desafío por constituir movimiento social por fuera de los ajetreos del balcón del Palacio del Liévano, tan necesario para robustecer el ejercicio de la gobernabilidad del Distrito de manera más seria y ética de lo que lo han podido conseguir el fútil embellecimiento de barrios populares, el pliegue del Distrito a la empleabilidad clientelar.

 

Clara López también deberá demostrar a sus electores que ahora realmente es más amarilla que roja, que las sospechas sobre su vocación real de gobierno infundadas en sus prolijas relaciones con el ala samperista del Partido Liberal, solo son producto de la paranoia sectarea de la izquierda y que las palabras del exministro liberal Alfonso López Caballero escritas en una carta enviada a Horacio Serpa: "Con Clara López tiene el Partido Liberal una carta ganadora [...] Con ella el Partido volverá a hacerse escuchar en Bogotá y a participar directamente en los destinos de la ciudad. Quienes abrigan alguna reticencia a votar por Clara porque no se sienten identificados con el Polo han de saber que muchas de las mejores mentes y de los más caracterizados dirigentes liberales la apoyan", corresponden a nobles intenciones democráticas, a la voluntad del Partido Liberal por gobernar, junto con el Polo, de manera pulcra una vez más a la capital del país.

 

Las opciones y los escenarios están ante quienes eligen. Frente a cualquiera de ellos es necesario reiterar los interrogantes planteados en el artículo "Doce años de gobierno de la izquierda en Bogotá" publicado en la edición anterior de este mismo periódico: "¿Cómo actuar para que lo electoral no termine por subsumir el conjunto de las energías de los sectores alternativos? ¿Cómo actuar para no institucionalizar el conjunto de nuestras acciones y proyectos? ¿Cómo actuar para mantener viva la disposición de la lucha social directa? ¿Cómo construir una forma de gobernabilidad y de gestión pública propia de la izquierda? ¿Cómo forjar una forma de conducción de gobierno que controle los egos, personalismos y autoritarismos de los gobernantes?"

 

La ventana

 

El próximo 25 de octubre muchos más soñarán con el cambio mientras asisten a las urnas con ilusión de construir con votos un mejor mañana. Otorgarán a uno de los candidatos el poder para que los gobierne y esperarán de forma pasiva a ser gobernados de una manera justa, equitativa e incluyente, mientras la exigencia, el imperativo de toda ciudadanía en el país bien debería propugnar por el ejercicio de su propio gobierno y los mecanismos de control necesarios para que quienes incumplan la misión encomendada sean siempre recordados.

 

Otros quizás despertarán del embriague etílico de todas las borracheras de su vida, teniendo la plena conciencia de que avanzaron más rápidas las palabras que las acciones de quienes prometieron revolucionar la realidad a cambio de que les dieran la facultad de gobernarlos "representativamente". Hasta tanto, algunas de las claves de la superación del estado de cosas actuales permanecerán ocultas en las lenguas muertas del empoderamiento ciudadano, al que nadie quiere apostar.

 

 


 

1 http://www.eltiempo.com/bogota/encuesta-de-datexco-entre-penalosa-y-pardo/16233735.

 


 

Recuadros

 

¿Continuidad? ¿continuidad reformada?

 

Más allá de los trivializados discursos sobre la solución a problemáticas puntuales, en todas las apuestas de gobierno resalta la manifiesta imposibilidad de replantear estructuralmente la ciudad, de desarrollar rupturas respecto a la matriz hegemónica de gobierno, de ahí que se oscile entre una continuidad y una continuidad reformada, nada diferente ni originalmente revolucionario, ninguna alternativa capaz de transcender la somera manipulación de variables endógenas al sistema o subsistemas asociados. Se ha vuelto infecunda la imaginación política para enfrentar los problemas de la ciudad, al ser esterilizada por los límites que imponen al cambio las leyes, los códigos, las cortes y los organismos de control.

 


 

Recuadro 2

 

Movilidad

 

Rafael Pardo
1. Modalidad intermodal; 2. Mayor grado de sinergia entre peatones, bicicletas y transporte público; 3. Mejoramiento del servicio de Transmilenio (ampliación de estaciones, eficiencia operacional, mejoramiento de vías, señalización, información al usuario) y el SITP
Desarrollo de infraestructura para peatones y usuarios de bicicleta; 4. Desarrollo del metro, mejoramiento de la malla vial, construir nuevas carreteras (Avenida Longitudinal de Occidente - ALO). 5. La posibilidad de cobrar a los carros particulares por congestionar ciertas zonas de la ciudad.

 

Enrique Peñalosa
1. Disposición de una malla vial reparada; 2. Mejora en la gestión del tráfico y en la construcción de nuevas vías; 3. Rápida construcción del metro, con modificaciones a los diseños iniciales e incorporando tramos elevados; 4. La expansión de las troncales de Transmilenio; 5. Volver técnica y financieramente viable al SITP; 6. Incrementar el uso de la bicicleta del 6 al 15 por ciento y la infraestructura de ciclorutas; 7. Cultura ciudadana para mejorar el tráfico; 8. Construcción de la ALO; 9. Interconexión entre SITP y transporte intermunicipal.
"Proponemos generar desarrollo y calidad de vida para todos, con un sistema público de transporte masivo más rápido, cómodo y eficiente, que incluya la Primera Línea del Metro y que integre a todos los sectores de la ciudad".

 

Clara López Obregón
1. Robustecimiento del Sistema Integrado de Transporte a partir de la interconexión del existente con el metro; 2. Mejoramiento de la malla vial y modificar la construcción de la fase III de Transmilenio, conectando a Soacha con el norte de la ciudad a través de la Avenida 68; 3. Una de las preocupaciones inmediata está relacionada con el estado de las troncales de Transmilenio de la Caracas y Autopista Norte, sobre las que propone inversiones inmediatas para solucionar el problema de las vías.

 

Seguridad

 

Enrique Peñalosa
1. El alcalde de la ciudad debe liderar la Policía y exigir resultados. 2. Prevención del delito (atención a jóvenes vulnerables); 3. Mejoramiento de entornos que fomentan el crimen (espacios poco iluminados, con basuras, escombros y "graffities"); 4. Fortalecimiento de la Policía con mejores medios técnicos (cámaras de vigilancia con reconocimiento facial y placas de vehículos); 5. Incremento del número de policías; 6. Renovación a la línea 123 y creación de un nuevo sistema de denuncias; 7. Cero tolerancia al atraco y acoso en Transmilenio; 8. Creación de la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana; 9. Garantizar a las mujeres el acceso efectivo a la Justicia, sancionar a sus agresores y castigar el maltrato intrafamiliar.
"Vamos a imponer el imperio de la Ley. Haremos cumplir las normas generando espacios urbanos limpios, seguros donde reine el orden y no el hampa. Vamos a garantizar el derecho sagrado a vivir sin miedo".

 

Clara López Obregón
1. Enfrentar la inseguridad en la ciudad a partir de la profundización de la inclusión social mediante la cultura democrática; 2. Ampliar la cobertura de la política pública hacia sectores vulnerables, mano dura con la delincuencia, pero que también mano tendida para sacarlos de las actividades delincuenciales; 3. Gestionar la seguridad a partir de criterios técnicos, de inclusión social y de eficiencia; 4. Atacar las bandas de microtráfico en las localidades y en los colegios, pero proporcionar oportunidades de trabajo y educación para evitar que los jóvenes emprendan o perduren en el camino del crimen. 5. Incrementarse el número de efectivos de policías a partir de los recursos humanos de la misma institución y no mediante la creación de grupos policivos paralelos. 4. Profundización de las políticas de inclusión social, como timonel de la política de seguridad del Distrito.

 

Rafael Pardo
1. Relaciones más armónicas entre la Policía y la administración distrital; 2. El fortalecimiento de los cuadrantes de Policía; 3. Implementación de un nuevo sistema de denuncia, "banco de datos de rostros" para lograr implementar la tecnología de reconocimiento facial, grupos elite infiltrados en el servicio público, son algunas propuestas puntuales para el aseguramiento de la seguridad en la ciudad; 4. Creación de una "Guardia urbana" de cinco mil hombres y mujeres que atenderán las contravenciones contempladas en el Código de Policía, garantizando que "quien incumpla una norma sea sancionado".

 

Modelo de ciudad

 

Clara López

1. "Toda la actividad administrativa, económica y social, así como las relaciones con la ciudadanía y el Concejo Capitalino estarán atravesadas por lo que ahora se conoce como el derecho a la ciudad que garantice a todos y todas el disfrute y aprovechamiento de la vida social en igualdad de oportunidades y de acceso al ejercicio de los derechos fundamentales sociales y colectivos". 2. El derecho a la ciudad comprende: el derecho al ambiente sano, el derecho a que los niños sean privilegiados, el derecho de las minorías étnicas, de la diversidad sexual, a una perspectiva de género, a la igualdad de oportunidades, el derecho a la salud pública, derecho a no ser desplazado de la ciudad por proyectos de renovación urbana, al acceso a toda la ciudad, entre otros.
"Es necesario continuar fortaleciendo el entorno favorable a la actividad privada mediante la construcción de la infraestructura que facilite toda clase de actividad productiva generadora de empleo y que contribuya a mejorar la calidad de vida de todos los bogotanos como una manera concreta de ir cerrando la brecha entre las dos ciudades".

 

Rafael Pardo
1. Desarrollar una gestión urbana que localice y distribuya con equidad territorial las oportunidades de desarrollo y bienes colectivos como recreación, cultura, educación y salud. 2. Urbanismo de la demanda, atender las necesidades de las personas evitando que éstas tengan que desplazarse demasiado para poder satisfacerlas. 3. Ciudad como plataforma física de la competitividad y la innovación, capaz con su sistema urbano de generar confianza en los agentes económicos, atender las demandas de espacio público con calidad. 4. Ejecución de actividades urbanas integrales en subscentros de la ciudad, el replanteamiento de las normas de uso y aprovechamiento del suelo hacía el interés común.

Enrique Peñalosa
"Ajustaremos el Plan de Ordenamiento Territorial con una gran participación ciudadana y de los diversos sectores, para que sea una ciudad respetuosa de la dignidad humana, incluyente, eficiente, atractiva y competitiva que propicie el buen vivir de sus habitantes y el disfrute de sus visitantes".
1. Recuperar Metrovivienda como agencia encargada de ofrecer soluciones de vivienda a los sectores más populares.; 2. Construcción de vivienda popular incluye la recuperación de tierras de los urbanizadores ilegales, el acceso a los programas y convocatorias de vivienda hechas por el Gobierno Nacional; 3. La renovación urbana es una de las estrategias centrales para construir ciudad; la apuesta de Peñalosa incluye la construcción de parques, andenes, colegios y centros comunitarios. (recuadro, ¿Continuidad?)

Publicado enEdición Nº 217
Israel, la guerra segurocrática y el policía guerrero

El nuevo libro del investigador israelí Jeff Halper, integrante del Comité Israelí contra las Demoliciones de Casas, arroja luz sobre la industria armamentística y sostiene que Israel es hoy en día el país de referencia para las fuerzas armadas y policiales de todo el mundo.


Desde hace 18 años Jeff Halper ha estado en la primera línea del conflicto entre Israel y Palestina, ayudando a reconstruir casas palestinas demolidas por Israel en los territorios ocupados. Su nuevo libro sobre Israel sale publicado cuando está a punto de dejar su cargo como director del Comité Israelí contra las Demoliciones de Casas (Icahd, por su sigla en inglés). La principal conclusión de Halper es inquietante: Israel, dice, está globalizando a Palestina.


La investigación de amplio alcance realizada por este ex profesor de antropología lo ha llevado a especializarse en un tema en el que no se siente del todo cómodo: la industria mundial de armas. Halper afirma que Israel está sacando provecho –tanto financiera como diplomáticamente– de los sistemas de control que ha desarrollado en los territorios ocupados. Está exportando su know-how a las elites mundiales deseosas de proteger sus privilegios de las amenazas tanto externas como internas.


En un mundo supuestamente sumido en una guerra sin fin contra el terrorismo, puede que todos enfrentemos un futuro como el de los palestinos. El libro de Halper, titulado War Against the People: Israel, the Palestinians and Global Pacification ("Guerra contra la gente: Israel, los palestinos y la pacificación global"), que saldrá el mes próximo, sugiere que Israel ofrece una ventana única en algunos de los más importantes desarrollos recientes de lo que él llama "la guerra segurocrática".


La tesis central del libro surgió cuando trataba de entender por qué un país diminuto como Israel tiene un impacto mucho mayor que su peso económico, político y militar. ¿Cómo es que Israel tiene tanta influencia, no sólo en Estados Unidos y Europa, sino –de manera más sorprendente– en países tan diversos como India, Brasil y China?


Ninguna de las explicaciones habituales –la culpa del Holocausto, el poder de los lobbies, o incluso el crecimiento del fundamentalismo cristiano– parecía dar una respuesta acabada.


PACIFICACIÓN GLOBAL

 

Zeev Maoz, profesor israelí de ciencia política residente en California, puso a Halper ante una pista diferente. "Él ha observado que uno de los principios fundamentales del movimiento sionista fue siempre ligarse a una potencia hegemónica y servirla", dice Halper.


Los sionistas hicieron eso desde el principio apoyando a Gran Bretaña en Palestina. Una vez establecido como Estado, en 1956 Israel ayudó a los franceses y a los británicos en Suez, y después de 1967 actuó como suplente de Estados Unidos en el Oriente Medio, durante la Guerra Fría.


Hoy en día, la creciente influencia de Israel, sostiene Halper, refleja su posicionamiento en el corazón de la rápidamente floreciente industria de "pacificación global" asesorando y asistiendo a fuerzas armadas, policías y agencias de seguridad nacional en todo el mundo.


En el mundo pos 11 de setiembre, Israel es el rey de la seguridad –o la "securityland", como lo describió recientemente un destacado analista israelí.


Y, significativamente, Israel está comenzando a valerse de esta utilidad para buscar un apoyo político y diplomático mayor, dice Halper, aun cuando en la comunidad internacional crece la exasperación por los casi 50 años de ocupación. Tal respaldo, incluso de gran parte del mundo árabe, a menudo pasa desapercibido.


La sombría advertencia del presidente de Estados Unidos Dwight Eisenhower en los años 1950, de que un "complejo militar-industrial" rampante amenazaba con convertirse en el verdadero poder detrás de la fachada de la democracia popular necesita actualizarse, dice Halper.


Él describe el surgimiento de lo que llama el complejo misilístico: la dominación de espectro completo por parte de Estados Unidos y sus aliados mediante la acción conjunta de fuerzas armadas, seguridad interna, vigilancia, inteligencia y legislación.


Después de décadas controlando al pueblo palestino sometido a ocupación, señala, Israel no tiene rival en todas estas esferas: utiliza los territorios ocupados como un laboratorio gigante para desarrollar y probar nuevas ideas, tecnología, tácticas y armamento.


UNA SUPERPOTENCIA ARMAMENTÍSTICA

 

Cuando me reu-ní con él en su casa en el oeste de Jerusalén, Halper hizo cuestión de subrayar que él sólo está esbozando el esquema de la nueva industria de pacificación mundial liderada por Estados Unidos, adentrándose en aguas en gran parte desconocidas. Periodistas, analistas y académicos han rehuido las investigaciones necesarias, según él, prefiriendo mantenerse dentro de sus estrechas especializaciones.


Halper está interesado en el análisis de la "big picture" que le permita unir los puntos. Y al hacerlo se ha obligado a sí mismo a explorar un territorio desconocido, a leer textos clave en los estudios de seguridad, a estudiar detenidamente los trabajos de expertos en terrorismo y a reunirse con generales condecorados.


Halper señala que Israel gasta alrededor del 8 por ciento de su Pbi anual en el presupuesto militar –aproximadamente el doble del gasto per cápita de Estados Unidos–. A pesar de su tamaño, Israel tiene más aviones de guerra que cualquier país europeo.


Israel posee cuatro de los 100 principales fabricantes de armas del mundo, y se encuentra entre los diez principales países comerciantes de armas; según algunas estimaciones, en el cuarto lugar. Desde 2007, el Índice Global de Militarización ha coronado anualmente a Israel como la nación más militarizada del planeta.


En mayo pasado Israel recibió un nuevo galardón, convirtiéndose en una "superpotencia cibernética": sus compañías venden una décima parte de la tecnología de seguridad informática y de redes del mundo.


Ese enfoque en los sistemas militares y de armamento ha llevado a Israel a mantener relaciones militares oficiales con 130 países, muchos de ellos dictaduras bien conocidas por sus violaciones de los derechos humanos. Los informes sugieren que Israel mantiene además negocios más dudosos y secretos con otros regímenes.


Este mes la Onu reveló que Israel estaba rompiendo el embargo militar occidental al venderle armas a Sudán del Sur, alimentando la guerra civil en ese país. Los críticos han sugerido que Israel también tiene asesores y entrenadores que operan clandestinamente en Sudán del Sur.


EL FIN DE LAS GUERRAS CONVENCIONALES

 

Pero el verdadero talento de Israel, dice Halper, ha sido explotar un nuevo énfasis en la "guerra segurocrática".


"Las guerras entre estados son en gran parte una cosa del pasado. En el nuevo tipo de guerra, los aviones F-35 y las armas nucleares son mucho menos útiles. Lo que se necesita ahora son las habilidades que Israel ha desarrollado después de un siglo de 'contrainsurgencia' contra los palestinos. Israel es el país de referencia cuando se trata de la guerra segurocrática."


La necesidad de este tipo de guerra se puso de relieve tras el ataque estadounidense a Irak en 2003, señala Halper. Las guerras convencionales entre estados han tenido tradicionalmente tres fases: los preparativos operacionales, el ataque mismo y el desenlace.


Pero Irak –así como antes Afganistán– mostró que existe una cuarta etapa: la necesidad de estabilización y mantenimiento de la paz después de un cambio de régimen.


La industria de la pacificación, que ha experimentado un auge pos 11 de setiembre, señala Halper, se está extendiendo hacia Occidente. A medida que el ejército asume muchas de las funciones de la fuerza policial en las guerras externas como Irak y Afganistán, en casa la policía se vuelve cada vez más militarizada. La policía de Ferguson no se diferencia en nada de sus compatriotas del ejército en Irak.


"Lo que estamos viendo es el surgimiento del Estado de seguridad humana: una eterna 'guerra contra el terror', y el mundo en un estado de excepción permanente. Las fronteras tradicionalmente claras entre policías y militares, entre las agencias de inteligencia interna y externa –en otras palabras, entre el Fbi y la Cia– se desmoronan."


POLICÍAS GUERREROS

 

Para las elites que ven el peligro acechando en cada esquina, Israel tiene la respuesta: lo que llama el "policía guerrero". Durante décadas Israel ha estado operando fuerzas paramilitares como la Policía de Fronteras, así como servicios de inteligencia como el Shin Bet, cuya área de responsabilidad operativa no está limitada por ninguna distinción entre Israel y los territorios palestinos ocupados.


"Israel creó hace mucho tiempo el modelo de militares y policías que trabajan juntos, y ahora está bien posicionado para entrenar al mundo", concluye Halper.


Ese punto quedó en evidencia esta semana, cuando el gobierno israelí anunció que un oficial del ejército de larga trayectoria, Gal Hirsch, se convertiría en el jefe de la Policía Nacional de Israel.


¿Qué es lo que está en juego? ¿No están Estados Unidos y Europa tratando de defenderse de las amenazas terroristas reales?


Halper cree que es importante examinar estos hechos dentro de un marco más amplio: el del sistema capitalista mundial.


No es casualidad, en su opinión, que Estados Unidos esté hablando de amenazas terroristas mundiales al mismo tiempo que la riqueza y el poder se están desterritorializando, creando un archipiélago de intereses de las elites que se extiende desde partes de Estados Unidos y Europa hasta Singapur y las Islas Vírgenes.


Las empresas trasnacionales necesitan corredores seguros para el flujo de capital y mano de obra, según él, al tiempo que gran parte del resto del mundo se convierte en terrenos baldíos o marginales.


La preocupación es cómo mantener un orden social propicio para el capitalismo cuando grandes extensiones del planeta están siendo empobrecidas y los migrantes tratan de escapar de su situación desesperada.


Aquí es donde entra Israel. El lugar donde Israel ha desarrollado sus ideas y las ha testeado son los territorios ocupados, dice Halper. El control de Gaza, por ejemplo, ofrece un modelo para otros estados interesados en las cuestiones de vigilancia interna, seguridad fronteriza, guerra urbana, amenazas de migración y mucho más. "Los palestinos, en este sentido, son un recurso importante para Israel. Sin los territorios ocupados, Israel sería Nueva Zelanda. Sería un destino turístico, no una potencia hegemónica regional."


UN LUGAR EN LA MESA DE LA OTAN

 

La industria armamentística de Israel no sólo está dirigida a hacer dinero. "Ella permite que Israel se siente a la mesa con los países de la Otan." Israel lleva a cabo ejercicios militares con la Otan y ayuda a desarrollar drones Watchkeeper para los europeos.


También mantiene relaciones cada vez más estrechas, dice Halper, con regímenes que son ostensiblemente sus enemigos, como Arabia Saudita. "Los saudíes están financiando al Estado Islámico, así que ¿cómo se explica su alianza con Israel? El denominador común es la 'política de seguridad'. No hay dos países que tengan intereses más parecidos que Israel y Arabia Saudita."


Cuando los sauditas dieron a conocer la Iniciativa Árabe de Paz en 2002 –sostiene Halper– ofrecieron el reconocimiento del mundo árabe a Israel como potencia hegemónica regional, a cambio de poner fin a la ocupación.


Esta utilidad de Israel ¿está dando frutos diplomáticamente?


Hay indicios de que cada vez más. The Economist señaló recientemente que India, que tiene una larga historia de apoyo a la causa palestina, fue uno de los cinco países que se abstuvieron en el Consejo de Derechos Humanos de la Onu el mes pasado al votarse una resolución que critica a Israel por su conducta en el ataque de 51 días a Gaza el verano pasado, en el que murieron más de 500 niños.


Según la revista, los dirigentes israelíes creen que la creciente dependencia de la comunidad internacional de su armamento reducirá en el largo plazo la vulnerabilidad de Israel al movimiento mundial de boicot, desinversión y sanciones (Bds).


Halper señala que Nigeria, otro país que se ha convertido en dependiente de las armas israelíes, recientemente también traicionó su tradicional apoyo al pueblo palestino.


Nigeria sacó a Israel y Estados Unidos de un gran aprieto en diciembre pasado cuando votó en el Consejo de Seguridad de la Onu en contra de una resolución palestina que exigía el fin de la ocupación. Estados Unidos había temido que tendría que usar el veto.


Halper hace hincapié en que Estados Unidos todavía sigue –por cierto margen– siendo el mayor comerciante de armas del mundo. Pero en su lucha por ocupar más nichos, Israel está arrojando luz sobre el verdadero propósito de la industria de armas: no la seguridad, sino la pacificación.


"Cuando lo llamas 'seguridad', acallas el debate. ¿Quién no quiere seguridad? Pero cuando lo replanteas como 'pacificación', los verdaderos objetivos se vuelven mucho más claros."


* Publicado en Middle East Eye el 29-VIII-15.Traducción: María Landi. Cook es un premiado periodista independiente británico, residente en Nazaret y autor de varios libros. Escribe sobre temas de Oriente Medio, especialmente la cuestión Israel-Palestina. Su sitio web: www.jonathan-cook.net.

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Los 'padres' de Internet desconfían ahora de los ordenadores

Vinton Cerf, una de las personas que más han influido en el desarrollo de Internet, cree en la tecnología como motor de nuevos productos y servicios y, sin embargo, desconfía del dominio del software, los programas que gobiernan estos productos y servicios y ahora se actualizan sin intervención del usuario a través de Internet. Sin un buen control previo, puede ser peligroso, señala. Por su parte, Leonard Adleman, que inventó el sistema criptográfico de clave pública RSA, el más utilizado en las comunicaciones por Internet, ve llegar la moneda virtual y, al igual que Cerf en cierto modo, empieza a temer que la rapidísima evolución de los ordenadores les convierta en una especie independiente del hombre.

Cerf y Adleman son dos de los 26 galardonados con los más prestigiosos premios en matemáticas y computación (todos ellos hombres) que asistieron a finales de agosto al Foro Heidelberg de Laureados, un encuentro con 200 jóvenes investigadores que se celebra todos los años en esa ciudad alemana. Como expertos son optimistas pero también ven los riesgos de lo que tanto han contribuido a crear.


Cerf, considerado el padre de Internet y su principal evangelista, bromea que le da cierto miedo el sillón programable que tiene en su casa, pero se pone más serio cuando habla del automóvil Tesla que se ha comprado su esposa. "Al fin y al cabo es un ordenador gigante sobre ruedas y cuando mi mujer me dice que su coche le anuncia casi todas las mañanas que puede hacer nuevas cosas, porque se ha actualizado el software sin que ella haya decidido nada, pienso que puede ser peligroso si ha habido alguna equivocación", comentó en un encuentro con un reducido número de medios, entre ellos Público.

En 2004, Cerf obtuvo el premio Turing, el más prestigioso en ciencias de la computación y lleva un decenio como vicepresidente de Google, una empresa en la que trabajan 55.000 personas, la mayoría jóvenes. A sus 72 años, Cerf reconoce que ha tenido que reconsiderar muchas de sus ideas, tanto por el contacto con los jóvenes como por los cambios en la informática, como el gran aumento en la potencia de computación, pero está metido en casi todos los aspectos de Internet. La polémica sobre la privacidad, por ejemplo, la asocia a una etapa de turbulencia en el desarrollo de las aplicaciones en Internet pero espera que "no perdamos de vista el hecho de que Internet ha sido una herramienta muy valiosa para la humanidad".


Cuando surge el tema de moda, el Internet de las Cosas –lo que ya está llegando, que cada vez más objetos cotidianos se conecten a Internet–, Cerf vuelve al dominio del software. "Es agradable disponer de un sistema de vigilancia y control en el hogar", pone como ejemplo sencillo, "pero se basa en un software con acceso a Internet y puede ser potencialmente peligroso". ¿Por qué? "Por un lado regula la temperatura estupendamente", comenta, "pero es importante que el sistema esté bien autentificado, homologado, que sólo las personas adecuadas accedan a los datos (como la policía o los bomberos en este caso) y no los posibles ladrones que utilicen los datos para preparar su entrada". Resalta que el equilibrio entre información y seguridad es muy importante.

Adleman tiene una preocupación parecida, basada en la rapidez que marca el desarrollo de la computación. "Creíamos que los ordenadores serían nuestros sucesores evolutivos", comentó ante los periodistas. "Yo también lo pensé al principio, pero todo va tan rápido que me pregunto cómo será dentro de 50 años nuestra relación con los ordenadores". Y este experto de 69 años se pregunta cómo evolucionarán, si llegarán a ser una especie. "La relación futura con nuestra especie no está clara, ahora hay sinergia, pero pueden llegar a evolucionar tecnológicamente por su cuenta, sin necesidad de nuestra aportación". De ahí a que los humanos no puedan controlar los ordenadores hay un paso que Adleman no llega a prever.


El abandono de la moneda física, a favor de lo que prefiere llamar "moneda sin masa" está claro para Adleman, quien admite que ahora está metido en el estudio de este tema. "Yo lo preví, sé positivamente que el futuro económico estará en Internet". ¿Y qué opina del bitcoin, la moneda virtual y desregulada que es ya una realidad? "El bitcoin es una demostración de que la moneda virtual es posible, pero hay muchas formas de hacerlo y el bitcoin es solo una", responde. "Lo importante es que ahora tenemos la oportunidad de pararnos y preguntarnos lo que queremos", comenta. Por sus declaraciones no ve el paso a la moneda virtual como algo revolucionario: "Lo que está claro es que debe ser un sustrato para el crecimiento económico futuro, y en su diseño sería necesario incluir flexibilidad para la actuación de los gobiernos, para la política económica, algo que el bitcoin no tiene".

Esta ha sido la tercera edición del foro, que organiza una fundación del mismo nombre creada por el industrial alemán Klaus Tschira, cofundador de la empresa SAP de software, fallecido recientemente. Reúne a galardonados con los premios Abel, Turing, Fields y Nevanlinna y está coorganizado por, entre otras instituciones, los patrocinadores de estos premios, como la Academia Noruega de Ciencias y Letras, la Asociación de Sistemas Informáticos (ACM) y la Unión Matemática Internacional. Los jóvenes investigadores seleccionados este año proceden de 50 países distintos y ninguno de ellos era un científico español que trabajara en España.

Venezuela pugna en el Consejo de Seguridad por el respeto a la soberanía: Rafael Ramírez

El embajador Rafael Ramírez, representante permanente de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, ha encabezado este último año la presencia de la revolución bolivariana en el Consejo de Seguridad por primera vez en un cuarto de siglo, con la intención de cumplir con el objetivo del fallecido presidente Hugo Chávez de hacer valer la voz de los países en desarrollo, los países del sur en el organismo más poderoso de esta institución mundial.


En entrevista con La Jornada en sus oficinas de la misión de Venezuela ante la ONU, Ramírez recuerda que su país intentó ocupar un puesto en el Consejo de Seguridad en 2006, "pero fuimos boicoteados por manipulaciones de Estados Unidos sobre todo... pero ingresamos el año pasado con una votación histórica en la que obtuvimos unos 184 votos, lo que nos dio gran legitimidad en la Asamblea General y nos permite hablar de manera clara y transparente".


Siempre apegado a la defensa de la soberanía como posición fundamental de su país, Ramírez enumeró una serie de principios que guían su presencia en el Consejo de Seguridad; destaca la exigencia de que todas las decisiones del Consejo cumplan con la Carta de la ONU, ya que se han tomado decisiones intervencionistas que violan el derecho internacional. Da como ejemplo reciente el caso de Libia, donde el resultado de la intervención internacional es un país sacudido por la ingobernabilidad, que crea un terreno propicio para el terrorismo, como ha ocurrido en otros países del norte de África y Medio Oriente.


Ramírez enfatizó la necesidad de que el Consejo de Seguridad se ajuste al respeto de la soberanía de los países, ante decisiones de intervención que se pretenden tomar, como en el caso de Siria "donde algunos miembros del Consejo de Seguridad se arrogan el derecho de decidir si un gobierno establecido en un país es legítimo o no... decisión que le corresponde al pueblo sirio".


Venezuela también se opone a que el Consejo de Seguridad pretenda tutelar a ciertos países, como es el caso de muchos en África. Más de 50 por ciento de las decisiones del Consejo se refieren a África, informa, y nosotros hemos dicho que la causa raíz de esta situación tiene que ver con el pasado colonial y los lazos que mantienen las antiguas potencias coloniales sobre esos países que pretenden tutelar.


A la vez, Venezuela aboga por una reforma tanto del Consejo de Seguridad como de otras entidades dentro del sistema de la ONU, para superar lo que se considera una estructura ya caduca que se estableció hace 70 años –con cinco países miembros permanentes con derecho de veto y otros 10 rotatorios– y que ya no refleja la realidad geopolítica actual en el mundo.


Por otro lado, junto con Chile en el Consejo se promueve el ejemplo de América Latina en muchos rubros, por ejemplo, que es una zona de paz, sin armas de destrucción masiva y que siempre privilegia la resolución pacífica de conflictos. Agregó que por los cambios políticos de los últimos años, el sur latinoamericano es una zona progresista en muchos sentidos, consolidada en mecanismos multilaterales –Unasur, el Alba, PetroCaribe, un Mercosur ampliado–, que sirve de ejemplo de una región que con cooperación y respeto a la soberanía resuelve sus conflictos, sin injerencias, comparada con otras regiones del mundo.


Hablando de conflictos regionales, se le pregunta sobre el contexto en que estalla la actual disputa venezolana con Colombia (donde, después de que contrabandistas colombianos mataron a tres militares venezolanos, Caracas cerró parte de la frontera y expulsó a unas comunidades colombianas de esa zona), y Ramírez respondió que es importante recordar que después de la muerte de Chávez, el país experimentó una agudización del asedio a nuestro proceso de cambio bolivariano bajo la concepción de que, desaparecido nuestro líder fundamental, nuestra revolución tenía sus días contados.
En ese contexto se realizaron las elecciones nacionales donde triunfó Nicolás Maduro, pero sectores de oposición rehúsan reconocer los resultados e intensifican sus ataques. El asedio, agrega Ramírez, también se da por el lado económico; nuestro país ha sido sometido a lo que calificamos como una verdadera guerra económica. Señaló que la economía enfrenta serios retos, pero no sólo por la caída del precio del petróleo, o por cuestiones estructurales, sino por un ataque económico, incluida una deliberada manipulación sobre su moneda, ataques a sus reservas, entre otras cosas, con el objetivo de "desestabilizar a nuestro país.


En este ataque a nuestro país han participado elementos de la extrema derecha colombiana, sobre todo los vinculados al ex presidente Álvaro Uribe, que han tratado de incidir en nuestra política interna con el objetivo de ampliar y extender su influencia dentro de nuestro territorio, acusó.


Cuenta que aunque se mantienen relaciones cordiales y muy respetuosas con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, dentro de Colombia hay fuertes sectores económicos enemigos de la revolución bolivariana, y fuertes actores vinculados al paramilitarismo que han buscado establecer zonas de influencia dentro de Venezuela.


Ante esto, argumentó Ramírez, en defensa de nuestra soberanía y de nuestra economía, el presidente Nicolás Maduro ha ordenado un conjunto de medidas para impedir que estos elementos al margen de la ley pasen de Colombia a Venezuela y atenten contra nuestra economía y estabilidad.


Agregó: está demostrado que esos elementos participan de manera directa en un masivo contrabando de nuestros productos con cálculos de que hasta 35 por ciento de la producción nacional de Venezuela se va hacia Colombia. Y es que existen dos modelos: nosotros tenemos uno que favorece a los sectores sociales más necesitados, y ahí en Colombia hay una economía de libre mercado, otro modelo completamente distinto. De manera tal que muchos sectores colombianos lucran e intentan aprovecharse de un conjunto de medidas diseñadas para el pueblo venezolano, al usar todo eso para un mercado negro.


Recuerda: nosotros abrigamos en nuestro territorio a cerca de 5 millones de colombianos y siempre los hemos acogido como hermanos. Somos un país profundamente bolivariano y para nosotros es una sola gran patria Colombia y Venezuela en el espíritu bolivariano. De hecho, cuando Chávez llegó al poder, regularizó a todos los inmigrantes colombianos y les otorgó todos los derechos venezolanos, porque sabíamos que muchos huían y huyen de la situación de violencia extendida de cinco décadas".

 

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Miércoles, 06 Mayo 2015 08:18

Francia será el nuevo Gran Hermano

Francia será el nuevo Gran Hermano

La ley sobre la información legaliza el derecho de los servicios secretos a acceder a los datos privados de las personas mediante la intercepción de las conversaciones en celulares e Internet y la instalación de micrófonos.


Lo ilegal se volvió legal, lo clandestino será autorizado como práctica de control policial de las comunicaciones telefónicas, las navegaciones en Internet o simplemente las grabaciones de conversaciones en una estación de trenes y todo sin control alguno del Poder Judicial. La Asamblea Nacional francesa votó mayoritariamente, 438 votos contra 86, el proyecto de ley sobre la información que apunta a acrecentar la lucha contra el terrorismo haciendo más o menos de cada ciudadano un ser humano potencialmente sospechoso. Si la ley pasa la barrera del Senado y del Consejo Constitucional, turistas o ciudadanos tendrán que tener mucho cuidado y no decir en un andén de metro, en la calle, en la red o por SMS "qué mina tan bomba" o "que tipo súper explosivo". Entre otros dispositivos activados, estos términos pueden despertar la programada suspicacia de los algoritmos que, bajo forma de "cajas negras", las empresas que suministran el acceso a la red estarán obligadas a instalar en sus sistemas. En suma, la ley sobre la información legaliza sin intervención judicial el derecho de los servicios secretos a acceder a los datos privados de las personas mediante la intercepción de las comunicaciones, los intercambios por Internet, la radiografía de los teléfonos celulares, la instalación de micrófonos en zonas privadas, la supervisión de los metadatos, la instalación de balizas en los autos y hasta el recurso a los llamados Imsi Catcher.


Esta gran oreja tecnológica permite que los servicios capten y graben los datos emitidos por teléfonos celulares y computadoras e incluso lo que pueda decir una persona dentro de un amplio radio de cobertura. El círculo de los Estados que vigilan a todo el mundo tiene un nuevo Big Brother en la familia, y éste no es cualquiera. Se trata de Francia, el país de las libertades, de la democracia idealizada, de los derechos humanos y de los derechos cívicos. Respaldada aparatosamente por la clase política, pero repudiada por amplios sectores de la sociedad civil, que la consideran "liberticida", la ley es una respuesta a los atentados que sacudieron a Francia y al mundo a principios de enero, cuando unos jihadistas franceses que circulaban al margen de los radares policiales perpetraron la matanza contra el semanario satírico Charlie Hebdo y montaron el secuestro de decenas de personas en un supermercado kosher en el Este de París. En este contexto, la ley barre amplio. Los campos de acción que justifican la vigilancia se extienden a "la independencia nacional, la integridad del territorio y la defensa nacional", así como a "la prevención del terrorismo" o los "intereses mayores de la política extranjera", a la "prevención a los daños a la forma republicana de las instituciones", el "crimen o la delincuencia organizada", "los intereses económicos, industriales y científicos".


Este amplio catálogo de cobertura preocupó a quienes ven en ese texto una amenaza contra los activistas o los manifestantes. En realidad, como ocurre en casi todo el mundo cuando se trata de los derechos digitales, la movilización ciudadana fue escasa. No hubo grandes marchas como si, lamentablemente, la lucidez acerca de la manera en que los Estados restringen derechos o violan los principios básicos en el ámbito digital sólo perteneciera a un grupo muy estrecho de militantes. Existe una indiferencia y una ignorancia colectivas muy, muy densas. La gente ve aún a Internet o los teléfonos celulares como juguetitos tecnológicos inofensivos, sin aceptar que son tan peligrosos como dejar una ventana abierta antes de irse de vacaciones.


Hubo sí fuertes antagonismos en los medios y una oposición liderada por grupos como Bajo Vigilancia, La Cuadratura del Net, Amnistía Internacional o Reporteros sin Fronteras. En un nivel más institucional, la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL) criticó la implementación de las "cajas negras" en los sistemas de las empresas que ofrecen acceso a la red. Este espía se encargaría de "detectar una amenaza terrorista sobre la base de un tratamiento automatizado". Asimismo, Jacques Toubon, el defensor de los derechos, manifestó sus "reservas" mientras que la presidenta de la Cncdh (Comisión Nacional Consultiva de los Derechos Humanos), Christine Lazerges, apuntó el serio riesgo de que "se ponga en peligro el Estado de Derecho por medio de un desliz liberticida". El sindicato francés de la magistratura y decenas de asociaciones expresaron la misma opinión, el mismo temor. El socialista Pouria Amirshahi, los conservadores Laure de la Raudière y Henri Guaino, el ecologista Sergio Coronado o la comunista Marie-George Buffet fueron, en el mundo político, los más perseverantes militantes contra esta ley. En algunos casos, el debate borró las fronteras políticas. Sergio Cornado, por ejemplo, observa que "los medios otorgados a los servicios de Inteligencia en nombre de la lucha antiterrorista serán, de hecho, utilizados para otras causas en un contexto muy borroso".


La crítica central es que el concepto desarrollado por Francia funciona como la red de un pescador que se arroja al mar a ver si hay pescados. Es exactamente al revés de lo que hacían antes los servicios secretos: éstos partían de una fuente, de un individuo o de un grupo sospecho para, a partir de allí, ampliar las investigaciones. La ley es todo lo contrario: se espía a cualquier persona para ver si entre la multitud hay un sospechoso. Para eso servirán, por ejemplo, los metadatos, con los cuales se analizarán "los perfiles que hoy pasan inadvertidos" para "detectar futuros terroristas". El otro escollo mayor radica en que el control de la vigilancia recae en manos de un organismo administrativo independiente, el Cnctr (Comisión Nacional de Control de las técnicas de espionaje). Esto implica que las autorizaciones para espiar no pasan por ningún tamiz judicial sino meramente administrativo.
Los socialistas franceses son decididamente modernos, muy liberales y ya conquistados por la idea de hacer de nuestros contactos con el mundo una cacería de terroristas y otros delincuentes. Por supuesto que a nadie le asombra: ni ésta ni ninguna ley contempla la vigilancia de los fabulosos flujos financieros que circulan en el mundo producto del crimen, el narcotráfico, la evasión fiscal o la especulación ladrona.


Ante el recrudecimiento de las críticas y el peso moral e intelectual de quienes las asumieron, el presidente francés, François Hollande, tomó una decisión inédita hasta hoy: prometió remitir el proyecto de ley al Tribunal Constitucional para que éste lo valide. No obstante, la geografía de la ley es tan amplia y los servicios de inteligencia tienen las manos tan libres que es lícito preguntarse qué pasará con un empresario que viene a hacer negocios a París y se comunica con la sede de su empresa.


¿No será acaso espiado en nombre de los "intereses económicos, industriales y científicos" de Francia? ¿Y las empresas instaladas en París que compiten con empresas francesas en el mercado internacional no son acaso un peligro para esos intereses? El impacto de la barbarie terrorista ha servido en bandeja la construcción de una ley totalmente asimétrica, sin garantías de que sus extensos medios no sean utilizados contra inocentes, sindicalistas, militantes por los derechos cívicos, científicos o empresarios de cualquier parte del planeta que, por una u otra razón, vienen a Francia. El Gran Hermano será en el futuro nuestro más celoso guardián.


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Sábado, 18 Octubre 2014 08:19

"Demagógico y efectista"

"Demagógico y efectista"

Más de un centenar de académicos, intelectuales, dirigentes políticos, artistas, periodistas y miembros de organismos de derechos humanos manifestaron su preocupación por la repetición del "discurso demagógico y efectista" que propone utilizar a las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad pública e hicieron un llamado a "no aceptar un retroceso contraproducente" y actuar con "responsabilidad ciudadana". El documento se titula "Fuerzas Armadas y seguridad pública: para disipar confusiones", advierte sobre los peligros que entraña "la especulación política de corto plazo" y lleva las firmas de personalidades diversas como la ex ministra Nilda Garré, la ensayista Beatriz Sarlo, los ex cancilleres Jorge Taiana y Dante Caputo, el general retirado Martín Balza, el politólogo Vicente Palermo y el periodista y presidente del CELS, Horacio Verbitsky.

En los últimos meses varios dirigentes plantearon la intervención militar en la represión del narcotráfico. "Recientemente un ex presidente de la República, un candidato presidencial a las elecciones 2015 y un ex ministro de Defensa ha hecho declaraciones en favor del entrecruzamiento de las actividades militares con las policiales", arranca el documento, que evita los nombres propios pero advierte que el uso de militares en tareas policiales contradice la normativa vigente y es "una opción gravosa en varios sentidos, que remite más al pensamiento mágico que al abordaje razonado de los problemas".


Las Fuerzas Armadas existen "para defendernos de eventuales amenazas armadas externas". Los militares se educan y adiestran "para la eventual aplicación de la violencia en el grado extremo que requiere la guerra", explica el documento. Para enfrentar los problemas de seguridad pública, la República cuenta con "instituciones específicamente diseñadas", fuerzas formadas y entrenadas "conforme al marco constitucional y jurídico vigente". Se trata de las policías y fuerzas de seguridad, que en determinadas ocasiones pueden "utilizar la coerción". La "formación, adiestramiento y doctrina" de las fuerzas "intermedias" les permite inclusive "mayor flexibilidad y capacidad de respuesta para enfrentar amenazas a la seguridad interior", destaca el texto que suscriben también el ex ministro León Arslanian, el constitucionalista Roberto Gargarella, el politólogo Juan Gabriel Tokatlian, el dirigente radical Marcelo Stubrin, el ex fiscal Hugo Cañón y el cineasta David Blaustein.


El marco legal vigente, fundado en "un amplio consenso pluripartidario", diferencia claramente las misiones y campos de actuación de las fuerzas militares, policiales y de seguridad. "Producir una desviación de las misiones de las FF.AA. hacia funciones de seguridad pública involucra serios problemas y riesgos", advierten. En primer lugar, más allá de que todos usen armas, "soldados y policías están instruidos para actividades diametralmente diferentes", recuerdan. La supuesta eficacia militar, advierten, está descartada. En los países que apelaron al recurso militar se observa "la persistencia del crimen organizado, fundamentalmente del narcotráfico", un "incremento de los niveles de violencia y de violaciones a los derechos humanos", y también mayor corrupción por "la connivencia que suelen mantener con los grupos a los que deben combatir".


"Los argentinos aprendimos en Malvinas que, si las FF.AA. desvirtúan su oficio", como ocurrió durante el terrorismo de Estado, "ulteriormente no son un instrumento apto para defender la Nación", recuerdan. Hacia el final se manifiestan "muy preocupados" al ver que "dirigentes políticos exponen de manera poco responsable" sobre el tema y advierten que "el pensamiento mágico es inconducente". "Creemos que la especulación política de corto plazo engarzada a un discurso demagógico y efectista, cuyo objetivo es policializar la labor militar, puede abrir la puerta a peligrosos futuros", señalan. Sin personalizar, arriesgan que en algunos casos se trata de un error "ingenuo" y en otros de "interesados y riesgosos oportunismos". Concluyen con un llamado "a no aceptar un retroceso contraproducente, a aprender de los errores de terceros y a encarar nuestros problemas de seguridad pública con responsabilidad ciudadana, sin enconos y con discernimiento".

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Edward Snowden: "Internet no es el enemigo al igual que no lo es Irak"

Pocos tienen el privilegio de entrevistar a Edward Snowden, aún por videoconferencia, después de que destapara, por medio de filtraciones a los periodistas, uno de los mayores escándalos, o el que más, de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA por sus siglas en inglés).


TED Talks lo ha conseguido. El programa de Tecnología, Entretenimiento y Diseño con más de 900 charlas (que se pueden descargar gratuitamente), traducidas a 80 idiomas y, hasta 2011, visitadas por más de 400 millones de veces, lo ha entrevistado en una curiosa videoconferencia. Al parecer, el programa estadounidense ha creído que las de Snowden sí eran "Ideas dignas de difundir" (el lema del espacio televisivo), al contrario de lo que pueda pensar su país.


Te han calificado de muchas maneras en los últimos meses. Te llamaron soplón, traidor, héroe. ¿Con qué palabras te describirías?
Quién soy realmente no importa. Si soy la peor persona del mundo, puedes odiarme y pasar a otra cosa. Lo que de verdad importa son los problemas. Lo que en verdad importa es la clase de gobierno que queremos, el tipo de Internet que queremos, el tipo de relación entre las personas y las sociedades. Hacia allí quiero que vaya el debate y lo vemos cada vez más con el tiempo. Si tuviera que describirme, no usaría "héroe", ni "patriota", ni "traidor". Diría que soy un ciudadano estadounidense como cualquier otro.


Hace un año, estabas en Hawái trabajando como consultor para la NSA. Como administrador de sistemas, tenías acceso a sus sistemas y empezaste a revelar ciertos documentos clasificados a algunos periodistas elegidos cuidadosamente, lo que desembocó en las revelaciones de junio. ¿Qué te impulsó a hacer eso?
Si iba al Congreso, corría el riesgo de que me enterraran junto con la información y que la gente nunca se enterara. No había leyes, no había protección legal para un empleado privado, para un analista privado como yo. Pero la Primera enmienda de la Constitución de los EEUU nos garantiza la libertad de prensa por una razón: permitir una prensa antagonista que desafíe al Gobierno.


Algunas personas están furiosas con lo que hiciste. Oí una frase de Dick Cheney que dijo que Julian Assange era una picadura de pulga, Edward Snowden es el león que decapitó al perro. Dice que cometiste uno de los mayores actos de traición en la historia de EEUU. ¿Qué les dirías a las personas que piensan así?
Dick Cheney es especial. Es increíble porque cuando Julian Assange estaba haciendo su mejor trabajo, Dick Cheney decía que iba a terminar con los gobiernos del mundo, los cielos arderían en llamas y los mares entrarían en ebullición, y ahora dice que es una picadura de pulga. Deberíamos sospechar del mismo tipo de declaraciones exageradas sobre el daño a la seguridad nacional por parte de estos funcionarios. Pero pensemos que estas personas realmente creen lo que dicen. Yo diría que tienen una concepción muy cerrada de la seguridad nacional. Las declaraciones de gente como Dick Cheney no mantienen seguro al país. El interés del público no siempre es el mismo que el interés nacional. Ir a la guerra contra personas que no son nuestro enemigo en lugares que no son una amenaza no nos hace más seguros, y eso es válido en Irak o en Internet. Internet no es el enemigo. Nuestra economía no es el enemigo. Los negocios estadounidenses, chinos, y cualquier otra empresa son parte de nuestra sociedad. Son parte de nuestro mundo interconectado. Hay lazos de fraternidad que nos unen, y si se destruyen estos lazos socavando los estándares, la seguridad, la forma de conducta, los países y los ciudadanos del mundo esperan que nos atengamos a ellos.


Pero se dice que robaste 1,7 millones de documentos. Parece que solo algunos miles fueron compartidos con periodistas hasta ahora. ¿Habrá más revelaciones?
Seguro que hay más revelaciones por venir. Creo que sin dudas todavía están por hacerse algunos de los informes más importantes.


Hicieron el cálculo de que valía la pena reducir la seguridad de nuestras comunicaciones como parte de la defensa de EE.UU. contra el terrorismo. ¿Es un precio que vale la pena pagar?
Al analizar los resultados de estos programas contra el terrorismo, verán que no tienen fundamento y no hace falta que crean mi palabra, porque tuvimos la primera audiencia pública, el primer tribunal federal que lo analizó, fuera del arreglo secreto, y tildó a los programas de orwellianos y posiblemente inconstitucionales. El Congreso, que tiene acceso para instruir sobre estas cosas, y ahora desea hacerlo, ha presentado proyectos de ley para reformarlo, y dos paneles independientes de la Casa Blanca que revisaron toda la evidencia clasificada dijeron que estos programas nunca han detenido ni un solo ataque terrorista inminente para EE.UU. Entonces, ¿realmente estamos parando el terrorismo? ¿Estos programas tienen algún valor? Yo digo que no y los 3 poderes del gobierno estadounidense también dicen que no.


¿Crees que hay una motivación más profunda para ellos que la guerra contra el terrorismo?
La conclusión es que el terrorismo siempre ha sido lo que en el mundo de la inteligencia llamaríamos una excusa para la acción. El terrorismo es algo que provoca una respuesta emocional que permite que las personas razonen autorizando poderes y programas que de otra manera no harían. En la era post 11-S, usaron el secreto y la justificación del terrorismo para empezar estos programas en secreto sin consultar al Congreso, ni al pueblo de EE.UU., y es de ese tipo de gobierno a puertas cerradas del que tenemos que protegernos, porque nos hace menos seguros y no aporta valor.


Me parece que este debate no se divide por las líneas políticas tradicionales. No es izquierda o derecha, no se trata de estar a favor del gobierno, de ser libertario ni nada de eso. En parte es un problema generacional. Ustedes son parte de una generación que creció con Internet y parece que se ven ofendidos a un nivel casi visceral si ven algo que creen que puede dañar a Internet. ¿Hay algo de cierto en eso?
Sí, creo que es cierto. No se trata de ser de izquierda o derecha. Nuestras libertades básicas, y cuando digo nuestras, no me refiero solo a los estadounidenses, sino a las personas de todo el mundo, no tiene que ver con un problema partidario. Estas cosas en las que creen todas las personas, y depende de todos nosotros protegerlas, y de las personas que han visto y disfrutado de una Internet libre y gratuita depende de nosotros preservar esa libertad para que la próxima generación pueda disfrutarla, y si no cambiamos las cosas, si no nos paramos para hacer los cambios que hay que hacer para mantener la seguridad en Internet, no solo por nosotros sino por todos, vamos a perderla, y será una pérdida tremenda, para nosotros y para todo el mundo.


Hace 30 años que se fundó TED, en 1984. Hubo muchas charlas desde entonces siguiendo el razonamiento de que en realidad George Orwell estaba equivocado. No hay un Gran Hermano que nos mira. Nosotros, gracias al poder de la Web, y la transparencia, estamos mirando al Gran Hermano. De alguna manera, tus revelaciones le dieron una puñalada al corazón de esa mirada más bien optimista, pero todavía crees que hay algo para hacer al respecto.

Exacto, se puede argumentar que los poderes del Gran Hermano han aumentado muchísimo. Hace poco salió un artículo legal en Yale que establecía el principio Bankston-Soltani que decía que nuestra expectativa de privacidad es violada cuando las capacidades de vigilancia del gobierno se vuelven más baratas en un orden de magnitud, y cada vez que eso sucede, tenemos que revisar y reequilibrar nuestros derechos de privacidad. Eso no ha sucedido desde que los poderes de vigilancia del gobierno aumentaron en varios órdenes de magnitud, y por eso tenemos el problema que tenemos hoy pero todavía hay esperanza, porque los poderes de los individuos también se incrementaron con la tecnología. Soy una prueba viviente de que un individuo puede ir cabeza a cabeza contra los adversarios más poderosos y las agencias de inteligencia más poderosas del mundo y ganar, y creo que eso es algo que nos da esperanza, y tenemos que construir sobre eso para que sea accesible no solo para los expertos técnicos sino también para los ciudadanos comunes. El periodismo no es un delito, la comunicación no es un delito y no tienen que monitorear nuestras actividades cotidianas.


El New York Times pidió una amnistía para ti. ¿Aceptarías una oportunidad para volver a EEUU?
Claro. Sin dudas, los principios que han sido el fundamento de este proyecto han sido el interés público y los principios que subyacen al establishment periodístico de EE.UU. y del mundo, y creo que la prensa ahora dice apoyamos esto, esto es algo que tenía que pasar, es un argumento fuerte pero no es el argumento final, es el público el que debe decidir. Pero al mismo tiempo, el gobierno dio a entender que quiere un tipo de acuerdo, que quieren que comprometa a los periodistas con los que trabajé, a regresar, y quiero dejar en claro que no hice esto para estar a salvo. Hice esto para hacer lo correcto, y no voy a detener mi trabajo en interés del público solo para beneficiarme.

Kurdos e iraquíes sitiaron a los jihadistas en Zemar

Fue una rara buena noticia para el gobierno de Bagdad, que perdía terreno contra los insurgentes islamistas. La guerra contra el califato ya desplazó a 1.600.000 civiles en todo el país, con casi 1700 lugares de refugio.

 

El ejército de Irak logró cercar hoy junto a tropas kurdas la estratégica ciudad de Zemar, ubicada en el norte del país y en manos de Estado Islámico (EI), mientras que aviones estadounidenses continúan bombardeando posiciones del grupo extremista que quiere instaurar un califato en Medio Oriente. Luego de una serie de combates que comenzaron ayer, soldados iraquíes y peshmergas kurdos pudieron rodear esta localidad ubicada unos 35 kilómetros al oeste de Mosul, capital de la provincia de Nínive y la segunda ciudad del país.

 

Para la ofensiva, en la que murieron al menos 22 jihadistas, las tropas iraquíes y kurdas contaron con el respaldo de aviones de combate norteamericanos, informó el jefe del Comité de Seguridad del Consejo local de Nínive, Mohamed al Bayati. Los enfrentamientos prosiguen y las fuerzas de seguridad tienen el objetivo de irrumpir, explicó Al Bayati, pero precisó que por ahora mantendrán el cerco debido a que los islamistas minaron con explosivos sedes gubernamentales, así como caminos. Grupos de avanzada –agregó el funcionario iraquí– comenzaron a desactivar gran número de artefactos.


Los jihadistas volaron ayer varias viviendas de responsables y oficiales locales, y de jefes de clanes, un día después de incendiar tres yacimientos de crudo en Zemar. Esta ciudad, que depende administrativamente de Mosul, está ubicada en una de las regiones que desde antes del avance del EI en la región se disputan el gobierno central de Bagdad y la región autónoma del Kurdistán iraquí, que ahora pelean juntos con los jihadistas. Las tropas kurdas eran responsables de la seguridad en esa localidad, pero se retiraron tras un ataque lanzado hace unas tres semanas por el EI, que tomó la población, los yacimientos de crudo y el oleoducto que traslada petróleo a puertos turcos.


Otro ataque


En el centro del país, las tropas iraquíes y milicias chiítas se preparan para lanzar un operación con la que intentarán romper el asedio que jihadistas sunnitas imponen desde hace más de dos meses a la ciudad de Amerli, de mayoría chiíta y turcomana. Irak es escenario de un conflicto armado de carácter religioso y étnico desde hace más de dos meses, cuando insurgentes sunnitas encabezados por el EI, el grupo más extremo desde Al Qaida, iniciaron una ofensiva en la mitad norte del país árabe, donde quieren instaurar un califato junto con territorio de la vecina Siria. Según fuentes iraquíes, existen pruebas de que el EI es responsable de graves crímenes y exacciones contra la población civil, en un país donde la mayoría es chiíta, a quienes los sunnitas consideran apóstatas. Sus principales víctimas son las minorías religiosas, como los cristianos y los yazidíes.


El avance del EI en Irak provocó el desplazamiento forzado de 850.000 personas en un mes y elevó a 1,6 millón el número de personas que abandonó su hogar desde el pasado enero, debido a la violencia en todo el país, producto de una crisis política y de seguridad, tras el retiro de las tropas de Estados Unidos en 2011, luego de ocho años de ocupación. El dato fue revelado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que precisó que los desplazados están en 1577 lugares tras el agravamiento del conflicto armado en las provincias de Anbar y Nínive. La mayoría de los que huyeron encontraron refugio en la región autónoma iraquí del Kurdistán. Mosul y Sinyar son dos de los principales lugares de origen de una importante parte de los desplazados, que ahora viven en iglesias, mezquitas, escuelas, parques y edificios en construcción, sin agua corriente ni electricidad.


Estados Unidos decidió apoyar a las fuerzas iraquíes y kurdas desde el 8 de agosto pasado y ya lanzó más de un centenar de bombardeos contra posiciones jihadistas. Las fuerzas militares norteamericanas lanzaron hoy cuatro ataques aéreos en las proximidades de la represa de Mosul, informó el mando central estadounidense en un comunicado.

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Diez países de la región cuentan con penales que superan su capacidad en un 200%

 

Las cárceles en Latinoamérica enfrentan una situación crítica en materia de hacinamiento y superpoblación, lo que provoca la saturación en los servicios que brindan a los reclusos, en especial la asistencia en salud, según un informe de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), una organización que reúne a 20 defensorías del pueblo, procuradurías y comisiones de derechos humanos. Hasta diez países cuentan con cárceles que superan su capacidad en un 200%.

 

La entidad subraya que la crisis en la que están inmersos los sistemas penitenciarios de la región atenta contra la seguridad de las cárceles y viola los derechos humanos de los presos y del personal. El hacinamiento y la superpoblación generan el aumento de la violencia, la saturación de los servicios de salud y el desgaste de la convivencia entre los presos, entre otros efectos.

 

Además, entre los diez países cuyas cárceles son las más pobladas del mundo, hay cuatro latinoamericanos. Haití encabeza la lista, con una tasa de ocupación carcelaria del 416%. Le siguen El Salvador, en cuarto lugar, con un 320% de sobrepoblación; Venezuela (270%) en séptimo; y Bolivia (256%) en octavo, según datos del Centro Internacional de Estudios Penitenciarios de la Universidad de Essex (ICPS). La superpoblación en Paraguay alcanza un 131%, pero en su principal centro, la Penitenciaria Nacional de Tacumbú, esa cifra salta al 333%, según reportes de la Defensoría del Pueblo de ese país.

 

Puerto Rico es uno de los pocos casos en la región en que las prisiones no están superpobladas. Según el informe de la FIO, los bajos niveles de hacinamiento —un 88%, cifra similar a las de España o Alemania, por ejemplo—, se debe a inversiones realizadas en infraestructura en el sistema penitenciario del país.

 

Entre los países donde hay una atención inadecuada en salud, destacan Colombia, Bolivia, Uruguay y Nicaragua. La mayoría de las denuncias registradas por las defensorías de Panamá y Costa Rica se refieren, asimismo, a la falta de atención médica. El problema se debe, en parte, a la cantidad insuficiente de profesionales. En varios centros penales de estos países es necesario trasladar los presos hacia el centro médico más cercano, de modo que con frecuencia pierden las citas debido a la falta de transporte y personal de custodia.

 

 

La dificultad de acceder al servicio médico viene acompañada de otros problemas: la insalubridad de las celdas e instalaciones, las malas condiciones de higiene y una alimentación inadecuada, que hacen de las cárceles ambientes propicios a la proliferación de epidemias y enfermedades.

 

Brasil ocupa el puesto 35 en la lista de los mayores índices de superpoblación carcelaria, con un 172%. Ese país tiene, sin embargo, la cuarta población penitenciaria del mundo: cerca de 548.000 presos, mientras la capacidad de los centros de detención no sobrepasa los 319.000. Casi la mitad de las prisiones del país no tienen cama para todos los reclusos, y en un cuarto de ellas no hay colchón para todos. El baño de agua no se calienta en el 66% de estas localidades, y en el 40% no se proporciona el material para la higiene personal, según la Procuraduría de los Derechos de los Ciudadanos del país.

 

Cerca del 40% de los reclusos en Brasil están en prisión preventiva, según constató el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria, que visitó varias cárceles del país en 2013 y registró sus impresiones en un informe. "Existe una cultura del uso de la privación de libertad como norma y no como una medida excepcional reservada para delitos graves, conforme lo exigen las normas internacionales de derechos humanos", afirmó tras la visita Roberto Garretón, uno de los miembros del grupo.

 

Los expertos expresaron su preocupación por la falta de asistencia jurídica a los detenidos, lo que se hace aún más grave "en un país donde la mayoría de los presos son pobres y no pueden financiar un abogado", señaló Garretón. El grupo se encontró con innumerables casos donde los reclusos tuvieron que esperar meses o incluso años para tener un juicio y descubrir cuáles eran las acusaciones en su contra.

 

Paraguay, además de Brasil, destaca en el conjunto por el uso excesivo de la prisión preventiva: 6691 de los 9229 presos del país (el 72,5%) están en esta situación.

Las entidades de la FIO recomiendan a las autoridades implicadas hacer un "uso racional de la prisión preventiva"; construir nuevos centros penales y ampliar la infraestructura existente; impulsar medidas alternativas a la reclusión para los delitos menos graves; y mejorar la calificación de los agentes de la Justicia, entre otras sugestiones.

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