Miércoles, 13 Febrero 2013 07:26

¿Son legítimas las policías comunitarias?

¿Son legítimas las policías comunitarias?

Se discute si la guardia o policía comunitaria (como la de la CRAC en Guerrero) son legítimas. El presidente del CNDH, Raúl González Plascencia, ha declarado que son una "señal de alarma". El ombudsman insiste en que una "frágil línea divisoria" distingue las policías comunitarias de los grupos paramilitares. En el editorial de La Jornada del 7 de febrero pasado se escribe que "no por ello debe soslayarse que esa vulneración al orden constitucional ocurre con el telón de fondo de un estado de derecho violentado de antemano", ya que se infringiría el artículo 17, que enuncia que "ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma". Todo esto merece algunas precisiones semánticas, de principios.

 

En primer lugar, habrá que distinguir: a) la pretensión de derecho del ciudadano individual que toma en sus manos directamente el cumplimiento del ejercicio de la justicia. Esto no puede aceptarse, ya que el Estado tiene el monopolio del ejercicio de la coacción legítima (si es que es legítima). Pero muy distinto es b) cuando una comunidad originaria, parte del pueblo, desde un derecho consuetudinario (anterior al Estado de las Indias en la época colonial o el Estado mexicano desde el siglo XIX), asume el ejercicio del poder político, que ostenta como última instancia de ser el sujeto colectivo de la soberanía. El Estado ejerce delegadamente dicha soberanía por representación y fundado, ese ejercicio, en la soberanía popular (que es anterior a la constitución y al estado de derecho). Es decir, cuando una comunidad reúne al pueblo y toma una decisión colectiva según usos y costumbres, no es una persona cualquiera que se arroga un derecho que le niega el artículo 17. El ejercicio de la soberanía del pueblo reunido legítimamente según sus costumbres no es ninguna "señal de alarma", sino, por el contrario, señal que debe escuchar el Estado, en el ejercicio del poder obediencial fundado en el pueblo, para atender con suma diligencia ese reclamo que se le impone como una obligación ineludible en favor de dicha comunidad que manifiesta una necesidad perentoria. Es, por tanto, ejercicio de un derecho pleno, anterior a la Constitución y al estado de derecho.

 

En segundo lugar, la diferencia entre a) la existencia de la policía comunitaria (como la de la CRAC) y b) los grupos paramilitares no tienen una "muy frágil línea divisoria", como opina el ombudsman, sino una abismal diferencia (y creer que son simplemente dos actuaciones ilegales semejantes comienza a preocupar). Los paramilitares son organizados por el Estado, los gobiernos, las estructuras militares o grupos de poder que, no pudiendo reprimir legalmente al pueblo que defiende sus derechos, crea estas estructuras violentas para de manera ilegal cumplir sus corruptos fines. Los grupos paramilitares son parte del terrorismo de Estado inconfesable. La policía comunitaria es, en cambio, expresión de la soberanía popular legítima anterior al Estado (y al que éste debería respetar y respaldar, y no pretender comandar, infiltrar, corromper o instrumentar como se está orientando la estrategia estatal en Guerrero con comunidades que no tienen la experiencia de la CRAC).

 

En tercer lugar, podría pensarse que supuesto el estado de derecho es peligroso ponerlo en cuestión porque crea una situación de caos, anomia, o "ingobernabilidad", opina el ombudsman. Habría que preguntarse si existe estado de derecho cuando el Poder Judicial está mostrando debilidad, contradicción y hasta corrupción en tantos miembros, y viendo que hasta en su más alta esfera no se admitió ningún argumento para demostrar un fraude electoral o haber superado los límites de gastos de un candidato en una campaña política, lesionando los intereses de las mayorías; cuando las policías locales, de los estados y federal, y hasta el Ejército, han sido infiltrados por el narco, como es público, quedando la población inerme ante la violencia de los cárteles; cuando las cárceles son escuela del crimen y no lugar de readaptación de los criminales, etcétera. En realidad si hay algo "muy frágil es la línea divisoria" entre la inexistencia del estado de derecho y su existencia. Por ello las comunidades más pobres y más golpeadas, de manera legítima (según usos y costumbres, y por la definición constitucional de que la soberanía reside en el pueblo), toman democráticamente la decisión de su autoprotección. Y lo han hecho desde 1995 en la CRAC, en armonía con toda la comunidad, habiendo extirpado el crimen y la droga en sus territorios, ejemplarmente. La intervención de la policía oficial, y aun del Ejército, se manifiesta frecuentemente como problemática, porque se ha mostrado como elemento de conflicto, de peligro para la comunidad y de posibilidad de que se "entiendan" con las fuerzas del crimen.

 

En cuarto lugar, se exige que sean entregados por la policía comunitaria los presuntos criminales al Poder Judicial estatal. En la CRAC, desde hace años, se había concedido que las comunidades ejercieran prudentemente la justicia según usos y costumbres, y lo han hecho de modo equilibrado, sabio, y sin mayores conflictos. No son linchamientos o juicios apresurados. Son juicios que van cumpliendo su jurisprudencia ancestral y reciente, y han funcionado. Ahora se exige que entreguen los posibles culpables de crímenes. ¿Tiene realmente el Poder Judicial procesos debidos precisamente definidos para estos casos? ¿No será que muy fácilmente los presuntos culpables serán liberados (como se acostumbra), por falta de pruebas, y las comunidades los vean volver a sus fechorías? Es posible que en esos casos el sistema comunitario de justicia muestre mayor coherencia, pues tiene un conocimiento mucho más completo de las motivaciones de los criminales, y así pueden mejor recabar las pruebas y juzgar apegados a sus costumbres. Grupos de estudiantes de derecho en Acapulco comienzan a estudiar estas cuestiones.

 

Por último, pareciera que la estrategia política en Guerrero es cooptar este movimiento democrático participativo de las comunidades y subordinarlo a las estructuras del estado local, in­corporando esas policías comunitarias a la policía oficial. Ésta desnaturalizaría la experiencia de los pueblos, porque la policía respondería a las órdenes de las estructuras estatales y no a las exigencias de las comunidades. Así, lo logrado se corrompería rápidamente por el deterioro de las instituciones policiales y de justicia en las que el pueblo más pobre sabe que no puede confiar.

 

Es necesario respetar la dignidad y el derecho de las comunidades originarias y campesinas a que ejerzan una autonomía de autoprotección y de impartición de justicia según usos y costumbres democráticas y participativas, que no sólo solucionarán el problema de la seguridad (que el Estado no puede hoy garantizar), sino igualmente serán escuela de democracia que puede ser ejemplar para toda la sociedad campesina y urbana en general. Lo contrario sería implantar un régimen autoritario, una represión generalizada de los movimientos sociales y comunidades originarias, que nos recordarían tiempos pasados que habíamos esperado que no volvieran.

 

Enrique Dussel

* Filósofo.

 

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¿Son legítimas la policía y la justicia comunitarias según usos y costumbres?

Hemos leído en La Jornada (13/1/13) que en las Costas de Guerrero se ha organizado en muchas comunidades la policía comunitaria, y aun desde 1995 el ejercicio de la justicia según usos y costumbres (como en la CRAC2). Y se nos informa que la policía del Estado se ha hecho presente en algunos pueblos, según versiones, para tomar bajo su responsabilidad a algunas personas acusadas de actos contra la comunidad, contra las leyes establecidas. Se acusa igualmente de que este tipo de organizaciones está socavando la soberanía del Estado y se organizan fuera de éste, y aun contra éste. Pareciera que luchan por una autonomía que el Estado debiera concederles. Creo que se usan categorías políticas que sería bueno meditar un poco.

 

En primer lugar, muchas de esas comunidades indígenas son anteriores al Estado colonial y aun al Estado independiente representativo liberal. Aunque no lo fueran en el tiempo, dichas comunidades por su naturaleza son también anteriores al Estado constitucional, ya que como parte del pueblo participan de la soberanía que se predica del pueblo en primer lugar, y en segundo lugar, y por derivación, del Estado. Reunida la comunidad en democracia directa en una aldea, pueblo o barrio urbano, esa asamblea es en acto el momento esencial, fundamental, del Estado en cuanto tal. La participación activa del pueblo en dicha asamblea constituye el momento primero, desde abajo y anterior a la representación3 del Estado. Todos los ciudadanos, y en mayor medida los indígenas por ser los más antiguos habitantes del territorio del Estado mexicano, son Estado en cuanto miembros participantes de esas asambleas en la base. Es un derecho anterior a la Constitución que ésta puede o no reconocer legalmente, pero que no se pierde legítimamente por no ser constitucional. La Constitución puede mejorarse y hacer constar en ella derechos que no formuló en una redacción anterior (quizá por falta de conciencia de los derechos de los indígenas, de la mujer, de los niños, de los ancianos, de los marginales, etcétera). Constitucionalidad y legitimidad no son lo mismo. Es desde la legitimidad que se puede cambiar y mejorar la constitucionalidad o legalidad de una norma legislada.

 

Los pueblos indígenas, afrodescendientes o mestizos de la Costa de Guerrero tienen entonces todo derecho a defender su seguridad, más cuando a la policía (y hasta al Ejército) se les ha visto negociar con grupos ilegales y por ello no defender las comunidades. Los hechos son por demás conocidos. La CRAC, en su inicio, debió luchar más contra la policía estatal que contra el crimen o los cárteles de la droga. Pero venció en su doble lucha y ha crecido, e imparte justicia sobre los criminales a quienes su policía comunal priva de la libertad y condena a penas impuestas según usos y costumbres. ¿Es esto ilegítimo o se trata de una autonomía usurpada antes de que le sea concedida?
Téngase claro. Dichas comunidades constituyeron (o debieron constituir constitucional y legalmente) al Estado. De todas maneras no hay que olvidar que siempre son Estado cuando están reunidas en comunidad en la base, según derechos ancestrales y racionalmente fundamentados. La legitimidad se deduce del consenso del pueblo (subjetivamente), desde donde se crean instituciones objetivas (por ejemplo, la Constitución o las leyes que la secundan). Si esto último falta (por injusticia histórica, por haber excluido a los indígenas o por falta de conciencia) sigue siendo legítimo el derecho consuetudinario que presiona para que el derecho promulgado lo instaure. Es decir, la autonomía o el derecho a la defensa de las comunidades indígenas a su seguridad no se lo otorga el Estado, sino que solamente lo reconoce y cuida que se cumpla. En su naturaleza (anterior a la juridicidad del acto) es legítima.

 

Pero además, el hecho de la presencia de la policía estatal para “recuperar” a los aprehendidos por la policía comunitaria debe situarse en el mismo contexto. La comunidad tiene derecho a juzgar en usos y costumbres a los delincuentes, derecho que no siempre reconoce el derecho promulgado. Dada la situación extrema de injusticia, de inseguridad, y contemplando la articulación existente de hecho entre el crimen y la policía estatal o el poder judicial, el pueblo (último sujeto de la soberanía, anterior al Estado, la policía, los jueces y el Ejército) tiene, por derecho humano, legitimidad en el ejercicio de su facultad judicativa. Que se reconozca legalmente o no puede ser objeto de negociación, pero teóricamente tiene ese derecho anterior al Estado representativo, o como el momento fundamental y primero del mismo Estado en su momento participativo en la asamblea de base, que es la olvidada esencia de la democracia.

 

El pueblo, las comunidades podrían exclamar: “¡El Estado somos nosotros!” Y, por tanto: “Ustedes (policía, gobernador, presidente, diputados… representantes) deben ejercer un poder obediencial4, y están por tanto a nuestro servicio y no como autoridad despótica”. Si todas las comunidades indígenas, agrícolas, barriales organizaran policías comunitarias podrían realmente cambiar la tremenda situación de inseguridad que vive el pueblo mexicano. Pero sería extremadamente peligroso para los poderes fácticos que gobiernan el país.

 

1 Filósofo.

2 Véase en Internet, bajo el concepto de “CRAC”, información sobre la “policía comunitaria”.

3 Véanse estos conceptos en mi libro Carta a los indignados, Editorial La Jornada, México, 2011: “La democracia participativa”, pp. 28ss.

4 Véase mi obra 20 tesis de política, Siglo XXI, México, 2006.

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El laboratorio Kaspersky, una empresa internacional de seguridad informática con sede en Rusia, publicó un informe en el que da a conocer su pronóstico sobre el desarrollo de amenazas cibernéticas en el próximo año.

 

Según la compañía, en 2013 se registrará el crecimiento del uso del software malicioso para el espionaje comercial. "Los ataques de este tipo se producen por la gran cantidad de información publicada en Internet y el creciente uso de las redes sociales con fines comerciales", explica el laboratorio. Por lo tanto, se puede predecir que los casos del ciberespionaje se harán más frecuentes.

 

Asimismo, Kaspersky advierte de que los 'hackers' continuarán atacando los recursos web de distintas organizaciones con fines ideológicos, ya que la dependencia de Internet por parte de la sociedad se hace cada vez mayor y, mientras tanto, cualquier sitio sigue siendo vulnerable a los ataques cibernéticos.

 

De acuerdo con el laboratorio, los Gobiernos nacionales también aprovecharán el poder de la Red global utilizando los virus como armas en 'ciberguerras', así como tratando de acceder a los datos personales de los usuarios para vigilarlos en secreto.

 

Kaspersky asegura que aumentará el número de virus para dispositivos con el sistema Mac OS, que antes se había considerado invulnerable o al menos, exento de amenazas. Sin embargo, ahora el laboratorio advierte a través de su informe: "Las amenazas para el sistema operativo de Apple son muy reales y en el futuro su número sólo va a aumentar".

 

(Tomado de RT: http://actualidad.rt.com/actualidad/view

 

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Iniciativa popular en California: ¿etiquetar o no etiquetar a los alimentos transgénicos?

"Lo que para unos es comida,

para otros es amargo veneno"

Lucrecio, poeta romano (99 AC-55AC)

 

Si California fuera un país, con su población de casi 40 millones de habitantes, estaría entre los 30 países más poblados del planeta. El impacto económico, político y cultural de California en el resto de Estados Unidos es enorme. Es por este motivo que iniciativas ciudadanas que son sometidas a referéndum allí y su legislación estatal, para el caso, tienen tanta importancia. De las 11 iniciativas presentadas al electorado de California en 2012, probablemente la que concite mayor atención sea la Propuesta 37 acerca del etiquetado de alimentos que contienen organismos genéticamente modificados ( OGM ). La aprobación o no de este proyecto de ley tendrá un efecto considerable en cómo se organiza el sistema alimentario del país, ya sea al favorecer a pequeños productores orgánicos locales (si se aprueba), o al permitir una mayor expansión del agronegocio de las grandes empresas (si no es aprobado).

 

La propuesta es sencilla. La guía oficial para los votantes de California resume la Propuesta 37 de la siguiente manera: "Exige el etiquetado de los alimentos vendidos a consumidores, que son producidos a partir de plantas o animales con materiales genéticos modificados en formas específicas. Prohíbe la comercialización como 'naturales' de dichos alimentos o de otros alimentos procesados. Dispone exenciones". Se recolectaron más de un millón de firmas para lograr que la iniciativa sea sometida a votación.

 

El grupo que promueve el proyecto de ley, Sí a la Propuesta 37, logró miles de adhesiones de grupos de defensa de la salud, del interés público, de los consumidores y de la agricultura y los alimentos, entre otros. La portavoz de la Propuesta 37, Stacy Malkan, defensora de la salud ambiental de larga trayectoria, me dijo: "La Propuesta 37 es muy simple. Se trata de nuestro derecho a saber qué hay en los alimentos que comemos y con los que alimentamos a nuestras familias. Se trata de nuestro derecho a decidir si queremos comer alimentos que han sido alterados en forma considerable a nivel genético por empresas como Monsanto, que contienen bacterias, virus y genes extraños que nunca antes han estado presentes en el sistema alimenticio. Se ha ocultado la ingeniería genética a los consumidores estadounidenses durante dos décadas. Otros sesenta y un países exigen leyes de etiquetado, pero nosotros no hemos logrado que se apruebe el etiquetado aquí debido a la gran influencia de Monsanto y de las empresas químicas. De modo que lo que está sucediendo en California es que un movimiento de base se ha alzado para exigir el etiquetado".

 

El periodista Michael Pollan es un peso pesado en el sector de la alimentación. Ha publicado varios libros que son éxito de ventas como "La botánica del deseo", "El dilema del omnívoro", "En defensa de la comida", "Las reglas de la alimentación: manual para comer" y su más reciente libro, de próxima publicación: "Cooked: A Natural History of Transformation". Fui a entrevistarlo a Berkely, donde es parte del cuerpo docente de la Facultad de Periodismo de la Universidad de California, Berkeley. Pollan apoya la Propuesta 37 y me explicó sus motivos:

 

"Está sucediendo algo muy interesante en torno a los alimentos en nuestro país. Hay un movimiento. Es posible verlo en los mercados de productores, en el tipo de conversación que tenemos en los medios acerca de los alimentos. La gente se está comenzando a interesar mucho en saber de dónde vienen sus alimentos, cómo fueron producidos, y está tratando de 'votar con su tenedor', como dice la consigna, a favor del tipo de alimentos que apoya sus valores, el tipo de alimentos que consideran más saludables o ambientalmente sustentables. Este movimiento representa una gran amenaza para las grandes empresas de alimentos, que preferirían que no pensáramos acerca de cómo se producen los alimentos que consumimos porque a menudo no es una imagen muy bonita".

 

Para Pollan, la ciencia aún no es clara acerca de si los alimentos genéticamente modificados representan riesgos para la salud. "Si bien es cierto que los organismos genéticamente modificados fueron desarrollados por científicos en laboratorios, en lugares como Berkeley, no se confundan, son propiedad de las empresas. Monsanto y DuPont son propietarias de alrededor de un 47% del suministro de semillas en este país. El verdadero beneficio de los OGM para estas empresas es la capacidad de controlar los recursos genéticos de los que depende la humanidad. Es como poner un código de barras en cada planta. Uno puede identificar cuáles son sus plantas en el campo, pero los agricultores son obligados a firmar contratos que les prohíben guardar sus semillas y les prohíben a los investigadores estudiar este tipo de semillas. Esta quizá sea mi principal objeción a esta tecnología. No estoy seguro de que haya una amenaza a la salud vinculada con los transgénicos. Creo que aún tenemos que investigar más ese asunto. Pero de lo que sí estoy seguro es de que esto representa un nuevo nivel de control empresarial del suministro de alimentos".

 

La Propuesta 37 podría no ser aprobada debido a que estas empresas, que Malkan describe como "las mayores empresas de pesticidas y de comida chatarra del mundo han gastado 40 millones de dólares en bombardear a California en una campaña que se basa en engaños y mentiras. Sus publicidades muestran una mentira tras otra y no son cuestionadas por los medios". Las campañas publicitarias son ingeniosas y están por todas partes. Sugieren que la ley de etiquetado está mal redactada, que provocará más burocracia, aumentará el costo de los alimentos y generará una lluvia de demandas sin sentido.

 

David Zilberman, catedrático de agricultura de la Universidad de California, Berkeley, se opone a la Propuesta 37, aunque, paradójicamente, sostiene un fuerte argumento a favor de una amplia regulación sobre la seguridad de los alimentos: "Casi todos los alimentos que consumimos están genéticamente modificados. Aunque los etiquetáramos, hay pesticidas que son mucho peores que los alimentos genéticamente modificados". Quizá, al oponerse a la Propuesta 37, plantó la semilla para la creación de un movimiento más amplio por la seguridad de los alimentos que incluya también el etiquetado de los pesticidas.

 

California produce gran parte de los alimentos que se consumen en Estados Unidos. Una ley de etiquetado en dicho estado podría sentar un precedente para la seguridad alimentaria de todos.

 

Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

 

Texto en inglés traducido por Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 750 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 400 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Fuente: http://www.democracynow.org/es/blog/2012/10/26/iniciativa_popular_en_california_etiquetar_o_no_etiquetar_a_los_alimentos_transgnicos

Amy Goodman

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Miércoles, 26 Septiembre 2012 06:58

Los asesinatos de dos abogados sacuden Honduras

Los asesinatos de dos abogados sacuden Honduras
La sociedad hondureña está conmocionada por el asesinato en menos de 24 horas de dos conocidos defensores de los derechos humanos dedicados a proteger a campesinos en un antiguo litigio con varios terratenientes del Valle del Aguán, al sur del país.

 
Los asesinatos se produjeron en incidentes separados. El domingo Antonio Trejo Cabrera, un abogado defensor de los campesinos quien recientemente había solicitado medidas de protección para él y sus familiares, recibió varios disparos que acabaron con su vida. El lunes, el fiscal encargado de Derechos Humanos en la ciudad Choluteca, Manuel Eduardo Díaz Mazariegos, era acribillado con 11 balazos.
 

Los crímines además de generar preocupación en el Gobierno hondureño, han llamado la atención del Departamento de Estado de EE UU. Trejo, el abogado indigenista, había enviado un documento a Washington en el que apuntaba a los responsables de lo que pudiera pasarle. “De sucederme algo a mí, a mis bienes o a mi familia, responsabilizo a los señores Miguel Facussé (...), quienes pueden atentar contra mi vida mediante sicariato, ya que saben que las demandas que hay en su contra están prosperando y los campesinos van a recuperar las tierras que les despojaron ilegalmente”, señala el documento. Facussé, un poderoso terrateniente local, rechazó la acusación y clamó por su inocencia en el crimen mediante anuncios pagados en la prensa. El ministro de Seguridad hondureño, Pompeyo Bonilla, aseguró que el Ejecutivo está “moviendo toda la gente necesaria para llegar hasta los responsables”.

 
Según datos revelados por un informe del Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) entre 2011 y lo que va del 2012 al menos 30 profesionales del derecho perdieron la vida de forma violenta en crímenes que no han sido esclarecidos por la justicia. La cifra se eleva a 80 abogados asesinados retrocediendo a años anteriores. Los expertos apuntan al alto grado de impunidad del que gozan los sicarios dado que el 95% de los asesinatos no se traducen nunca en una condena.

 
“Esta es la situación que prevalece en Honduras y debería ser motivo de escándalo internacional”, declaró a este periódico Benjamín Cuéllar, del Consejo de Directores del Centro Internacional para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). “Las recientes muertes violentas de Manuel Díaz y Antonio Trejo, respectivamente, son los últimos acontecimientos trágicos que se suman a una ola de represión en la cual se incluyen también periodistas, trabajadores del campo, sindicalistas, líderes políticos y demás”, añadió. Cuéllar subrayó que “esta represión contra el pueblo hondureño se agudizó con el golpe de Estado de junio del 2009 [destitución de Manuel Zelaya] y se mantiene durante la presidencia de Porfirio Lobo. No queda más que condenarla y llamar a la comunidad internacional solidaria, a los sistemas regional y universal de derechos humanos, así como a los Gobiernos democráticos para que reclamen un alto a los atropellos contra la dignidad de los hondureños


Por Juan José Dalton San Salvador 25 SEP 2012 - 19:44 CET

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Domingo, 16 Septiembre 2012 08:28

Mentiras y guardaespaldas

Mentiras y guardaespaldas
El veterano de Vietnam que dictó el curso fue agregado militar en Argentina, en el apogeo del terrorismo de Estado, dato que Puricelli borró de su biografía. También hizo escuchas telefónicas en Colombia y entrenó al ex presidente Uribe. En Guantánamo no se violan los derechos humanos porque los presos aumentan de peso y los abusos en Abu Ghraib fueron obra de unos pocos jóvenes soldados. Cómo usar a los medios para engañar a la población. Una PCI de la Armada en Inteligencia. Saín pidió la renuncia de Puricelli.

El Brigadier Mayor (R) Richard Goetze, uno de los especialistas estadounidenses en Seguridad Nacional, Guerra No Convencional y Operaciones de Información, que durante toda la semana pasada entrenaron a tres docenas de funcionarios civiles del ministerio de Defensa, fue agregado militar en la Argentina durante los peores años del terrorismo de Estado. Este dato esencial fue omitido en el curriculum del instructor que el ministerio de Defensa distribuyó a los participantes en el curso pero sí figura entre las biografías que la Fuerza Aérea de Estados Unidos suministra sobre su personal. Allí se constata que en julio de 1976 llegó a Buenos Aires como agregado militar a la embajada de su país, donde permaneció hasta julio de 1978. Aquí reunió dos agregadurías: la de la Fuerza Aérea y la del Pentágono (http://www.af.mil/information/bios/bio.asp?bioID=5567). Esos fueron los años más intensos en la represión clandestina organizada por el gobierno militar. Según el cálculo realizado por la Conadep en su informe Nunca Más, entre 1976 y 1978 se produjeron el 93 por ciento por ciento del total de las desapariciones de personas y los aviones de las distintas fuerzas fueron utilizados para arrojar prisioneros al mar. Si este antecedente hubiera sido difundido, los civiles asistentes al curso podrían haber enriquecido el diálogo con la explicación en primera persona del brigadier Goetze sobre aquellos años del terrorismo de Estado. Quien hoy dirige el Grupo Militar en la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, el coronel Patrick D. Hall, también tiene una historia interesante que los cursantes no conocen: Hall estaba asignado en Caracas cuando el presidente Hugo Chávez denunció la injerencia militar estadounidense en la política de su país. Hay otros componentes engañosos de esta historia, que reflejan los modos de conducción del ministro Arturo Puricelli. El secretario de Estrategia y Asuntos Militares Oscar Cuattromo dijo en la sesión inaugural que luego de leer la nota del domingo “Welcome back, boys” quería dejar en claro que el curso estaba en línea con la política del gobierno nacional desde 2003 y dentro de las leyes vigentes. Es decir, aquellas que separan la Defensa Nacional de la Seguridad Interior. Luego solicitó que se acercara el subsecretario de Formación, pero Carlos Pérez Rasetti prefirió permanecer en las gradas del anfiteatro del salón Roca del ministerio. “No hace falta”, se excusó, mientras las pantallas gigantes reflejaban el desconcierto de Cuattromo ante su gesto de distancia. Por más que un comunicado oficial haya minimizado la gravedad del curso, su divulgación lo convirtió en una mancha venenosa con la que nadie quiere contaminarse, porque más allá de las palabras tranquilizadoras implica una regresión inocultable en la política oficial hacia las Fuerzas Armadas. Los instructores suministraron abundante material para justificar estos temores a la extralimitación castrense que propone el Pentágono.

Verdades a medias


El comunicado que emitió el ministerio el mismo domingo destacó que estos cursos también se dictaron entre 2007 y 2010, lo cual es sólo una parte de la verdad: no se compraban llave en mano como ahora sino que su contenido era analizado con antelación por el ministerio, que vetaba todo aquello que colisionara con las columnas de la arquitectura institucional argentina, de modo que los instructores no tocaran temas doctrinarios sino sólo técnicos. Otra verdad a medias de la información emitida por Puricelli, luego de recibir el insistente reclamo de la presidente CFK, quien lo localizó en Santa Cruz, fue que el ministerio había decidido que por primera vez los cursos se dirigieran sólo a personal civil. La realidad es que el 18 de julio Pérez Rasetti se dirigió a Cuattromo para solicitarle los datos de todos los militares que participarían ya que “conforme a los requisitos establecidos por el Grupo Militar de los Estados Unidos, los postulantes inscriptos deberán ser autorizados por el gobierno de los Estados Unidos para asistir al curso”. Cuattromo, a su vez, lo remitió el mismo día sin ninguna observación, al Subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar, Martín I. Plaza. Fue el Secretario de Asuntos Internacionales, Alfredo Forti, quien le informó al jefe del Grupo Militar, coronel Patrick Hall, que la autorización para asistir a un curso la daba el gobierno argentino y no el estadounidense. Hall le explicó que para entregar los certificados de asistencia contemplados en el curso, la ley de su país exige un previo estudio sobre los postulantes, para asegurar que no tengan vinculación con estupefacientes, terrorismo o violaciones a los derechos humanos. En esas condiciones, no puede realizarse el curso, replicó Forti. Hall insistió varios días después: podemos hacerlo para civiles, que no están incluidos en los requisitos de nuestras leyes, dijo. Hall también está ofreciendo cursos a las fuerzas de seguridad, con las que mantiene contacto directo sin pasar por el Ministerio de Seguridad. El comunicado oficial de Defensa también pretende que la actual gestión dispuso que “prevalecieran los cursos del tipo operativo y/o técnicos, desechando aquellos de contenido doctrinario”. El que transcurrió del lunes al viernes lo desmiente. Pese al cuidado que tanto los invitados como el Ministerio pusieron en cada palabra, los expositores se referían en forma indistinta a Seguridad y Defensa, como si se tratara de lo mismo. En la ronda de preguntas varios funcionarios asistentes señalaron esta contradicción con el marco normativo argentino. Los norteamericanos prefirieron no profundizar el punto.

–Son sólo ideas –dijeron.

Ideas que el propio Goetze se encargó de mostrar cómo se llevan a la práctica. Contó que junto con Bruneau impartieron un curso sobre planificación y comunicaciones de la Defensa e Inteligencia al en ese momento presidente electo de Colombia, Alvaro Uribe, y a su gabinete ministerial. Ante cada herramienta de planificación sobre la que se explayaba, Goetze ponía como ejemplo a Colombia. Un funcionario le preguntó por la dimensión ética de esas enseñanzas, dadas las masivas violaciones a los derechos humanos que se verificaron en Colombia, con los numerosos casos de falsos positivos. Otro asistente cuestionó también la efectividad de esa intervención militar en la seguridad interior, aduciendo que las guerrillas de las FARC seguían presentes en el valle del Cauca. Goetze lo admitió, con una sorprendente crítica a su discípulo Uribe, por las órdenes que impartió a los jefes militares. “Lo mismo nos pasó a nosotros en Vietnam. Si el gobierno pide muertos, los jefes militares se los darán.” Contó entonces una anécdota personal. “Después de una batalla en Vietnam apilamos juntos los cadáveres de los dos bandos, para que vieran cuán efectivos éramos.” Bruneau, que es un experto en Inteligencia sobre Brasil, expuso en portuñol sobre el caso de México. Dijo que el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Interior había fracasado, porque se cometen violaciones a los derechos humanos, igual que en Centroamérica.

–¿Y entonces, por qué Estados Unidos sigue presionando para involucrar a los militares en tareas policiales? –le preguntaron.

Bruneau hizo un largo silencio hasta que contraatacó:

–¿Por qué dice que presiona? A mí no me consta.

–Figura en el Programa operacional 2016 del Comando Sur –insistió otro participante.

El brigadier Goetze acudió entonces al rescate de Bruneau. Negó que el Comando Sur promocionara el uso de las Fuerzas Armadas en la Seguridad Interior. “Tienen programas de ayuda a las Fuerzas Armadas para que puedan asistir a las autoridades civiles en casos de catástrofe”, dijo. (Esa es la nueva línea que Estados Unidos se ilusiona con imponer en la Conferencia de Ministros de Defensa que sesionará el mes próximo en Uruguay, asignando el rol de coordinación a la obsoleta Junta Interamericana de Defensa.) Cuando Goetze intentó dar un ejemplo produjo una de las revelaciones más asombrosas de la semana:

–En Colombia nosotros hacíamos Inteligencia, escuchábamos las conversaciones telefónicas y a los militares sólo les pasábamos las conversaciones sobre drogas. Y del dinero que recibíamos de Estados Unidos, la mayor parte iba a la policía.

–Pero en Colombia la Policía Militar depende de Defensa, opuso otro cursante.

–Es cierto –admitió el militar estadounidense.

Bruneau y Goetze también estuvieron trabajando en Chile, Guatemala, El Salvador, Rumania y Mongolia. Una de las pantallas de un power point utilizado durante el curso, que se reproduce en la tapa de esta edición, se refiere en forma explícita al uso de los militares en la seguridad pública.

Medios de comunicación



Otro capítulo de gran interés fue el que dictó Goetze sobre los medios de comunicación. Explicó que al gobierno le interesaba influir sobre ellos y a través de ellos sobre el sistema político. Dijo que a la luz de la experiencia de Vietnam (“Al volver no podía usar mi uniforme en la calle, y hasta me escupieron”), el jefe militar conjunto en Irak planteó mantener lejos a los periodistas. Pero, agregó, la jefa de prensa del Pentágono lo convenció de que podían invitarlos a formar parte de las unidades y que esto los comprometería a transmitir el punto de vista de las tropas. “Fue un éxito. Los 120 periodistas invitados se entusiasmaron y transmitieron la visión táctica de la guerra, los detalles de cada enfrentamiento y no el cuadro estratégico general. En definitiva, el público quiere ver los tiros, eso le dimos y esa fue la visión que tuvieron también los legisladores, porque lo vieron en los medios.” Como quien medita en voz alta, dijo que “un problema de insertar a los medios en las unidades es que los militares se sienten limitados”, y volvió a ejemplificarlo con su experiencia como piloto en Vietnam: “Uno no hace las mismas cosas cuando lleva gente de prensa que cuando no la lleva”. La biografía que difundió Puricelli también omite que Goetze piloteaba aviones AC-47: Son aquellos que en apoyo de las tropas limpiaban el terreno ametrallando a toda figura humana a la vista. Al referirse a las violaciones a los derechos humanos cometidas en la prisión iraquí de Abu Ghraib y la cubana de Guantánamo, sobre las que mostró imágenes estremecedoras, Goetze dijo que habían constituido fallas de la comunicación, porque generaron “mala imagen” en el mundo. “Pero en realidad los autores de los abusos en Abu Ghraib fueron unos chicos jóvenes soldados, y en Guantánamo no es cierto que se violen los derechos humanos. El general Douglas Frazer, jefe del Comando Sur, me dijo hace dos meses por teléfono, desde el avión en que regresaba de una visita a Guantánamo, que los presos tienen comida en cantidades industriales, hasta están aumentando de peso y todo es legal. El problema es la percepción que transmiten los medios, que en política es más importante que los hechos.” Por su parte, Bruneau citó notas del diario La Nación sobre inseguridad en la Argentina y comentarios que escuchó en el programa A dos voces del Canal TN. Según Goetze, la manipulación de la prensa es parte de la función de Defensa. Incluso citó una presunta definición de Winston Churchill, según la cual la verdad es tan importante que siempre debe llevar algunas mentiras como guardaespaldas.

Seguridad y redes sociales


Bruneau y Goetze son autores de diversos artículos sobre el empleo de las Fuerzas Armadas centroamericanas para la represión de las de Guatemala Oscar Berger. Esto potencia el interés de una afirmación de Bruneau durante el curso en el ministerio de Defensa, cuando reconoció que el único país de la región sin maras era Nicaragua y lo atribuyó al entramado social y organizativo que creó el sandinismo, que no dejó espacio para que penetrara el crimen organizado. Cuando Bruneau justificó el empleo militar en cuestiones de seguridad de México por la corrupción de la policía y la demanda social de militarización, un asistente le repuso que las demandas sociales no suceden en el vacío, que son construcciones mediáticas, dijo que los medios son empresas comerciales que buscan utilidades y que en su afán de ganar dinero estimulan esas medidas. Otro participante introdujo un tema sociológico no menor:

–Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México mencionan la relación entre el tratado de libre comercio de Norteamérica y el crimen organizado, porque el Nafta desestructuró el campo y la migración a las ciudades proveyó de mano de obra barata de los carteles.

Bruneau la pateó afuera:

–No voy a opinar del Nafta –dijo. Tampoco hizo referencia al patrullaje de la costa occidental de Guatemala que 200 marines estadounidenses realizan desde hace dos semanas para combatir el narcotráfico. Es la primera vez que los marines entran en acción allí desde 1978, anotó la agencia Associated Press.

Sin tiempo para el opio

La coronela de la Fuerza Aérea Anne McGee se refirió a herramientas de planeamiento, con el viejo esquema FODA (que analiza las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, propias y del enemigo). Algunos de los académicos presentes objetaron que era un método que se consideraba superado en las ciencias sociales, porque no permite predecir ni introducir variables ajenas al proceso.

–Todo se retroalimenta –balbuceó McGee.

–Pero dentro de un mismo paradigma –insistió el interlocutor.

–Sí, es cierto –admitió, con visible incomodidad cada vez que algún enfoque crítico la apartaba del libreto que recitaba en forma mecánica.

Cuando McGee citó las experiencias de su país en Irak y Afganistán, donde según su currículum preparó y coordinó todas las órdenes de Despliegue puestas a la firma del jefe del Pentágono, los civiles argentinos plantearon los problemas sociales y las asimetrías que había en esos países. La mujer admitió que el opio era un serio problema en Afganistán y Bruneau la interrumpió, cosa que no hizo ni antes ni después en toda la semana. “No hay tiempo”, dijo. McGee advirtió que lo que diría no se limitaba a la Defensa, porque tenía que ver con todos los medios necesarios para asegurar los objetivos nacionales y sostuvo que las distintas agencias del Estado deben trabajar juntas. En ese contexto no mencionó Defensa ni Seguridad, pero el mensaje era claro. Goetze y Bruneau también estuvieron juntos en Chile donde este año asesoraron al gobierno del presidente Sebastián Piñera en la elaboración de su plan estratégico de Defensa. Esa estrategia fue presentada en junio por el ministro chileno de Defensa, al que le compete orientar y coordinar la acción de los distintos organismos e instituciones nacionales para enfrentar los desafíos de seguridad. En uno de sus párrafos sostiene que “los límites rígidos entre ámbitos de seguridad, interna y externa, están siendo superados y los Estados buscan fórmulas para usar sus medios de modo más eficaz e invertir sus recursos financieros de manera más eficiente”, lo cual marca un retorno a la doctrina del enemigo interno. Este texto, dice la Estrategia chilena, “se concibe como una política de políticas para el ámbito específico de la seguridad y defensa nacionales”. Esta centralidad del ministerio que conduce a las Fuerzas Armadas se reflejó incluso en el hecho de que los ministerios de Interior y de Relaciones Exteriores no participaron en la presentación de la nueva estrategia.

Fin de curso

El cierre del curso alteró el programa previo. Según la transcripción del programa publicada aquí el domingo pasado, se realizará un ejercicio en el que los participantes deberían desarrollar e implementar lineamientos estratégicos aplicando los conocimientos recién aprendidos. Sin explicaciones, que en realidad no eran necesarias, se pasó de la última conferencia a unas breves palabras de Cuattromo sobre la importancia de la capacitación. Tampoco se distribuyeron los prometidos CD con las presentaciones de los estadounidenses, “porque se decidió que antes las autoridades del Ministerio revisasen su contenido”.




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Martes, 07 Agosto 2012 06:32

La seguridad en el ojo ajeno

La seguridad en el ojo ajeno
Las compañías de seguridad vienen diciendo que la biometría es la mejor de las seguridades electrónicas. Han convencido a los guionistas de Hollywood, han decidido a gobiernos (incluso para controlar acceso a las canchas de fútbol) y a empresas privadas de que hay que invertir en guardar información sensible y única de la gente para evitar a los impostores o para luchar contra la trata de personas o el terrorismo: siempre hay motivos para invertir en seguridad. Y dentro de la biometría –la identificación por una parte del cuerpo que dicen suele ser irremplazable– se suponía que el reconocimiento de iris era imposible de fraguar. Pues bien, siempre hay un hacker que se encarga de demostrar lo contrario, y sólo basta un par de lentes de contacto tuneados para que la maravilla ocurra y uno pueda ponerse los ojos de quien quiera.


La demostración se presentó en el congreso Black Hat, el evento de inseguridad informática más poderoso del mundo. La investigación fue mostrada por Javier Galbally, un ingeniero electrónico español especializado en biometría y enfocado desde hace años en las vulnerabilidades de la misma. De lo que se trata, simplemente, es de poder duplicar una imagen de la membrana ocular a través de la técnica de ingeniería inversa: habitualmente, el reconocimiento de iris se usa después de que una persona a la que es necesario darle un acceso se le escanea el iris. Este escaneo se convierte en información digital y va a una base de datos. Cada vez que la persona usa su iris para ingresar a donde fuera que vaya, el sistema verifica que se trata de la misma información. Pues bien, ahora se sabe, esa información se puede duplicar.


De todas maneras, la duplicación del iris no es una tarea sencilla: primero hay que tener acceso a la información digital guardada en alguna base de datos, y según Galbally, una vez que se tiene acceso a la plantilla original, un hacker puede usar algoritmos genéticos para alterar código sintético que podría hacer quedar la plantilla idéntica a la original. Es decir, la imagen del iris podría ser duplicada. “Alguien podría imprimir la información del iris en un lente de contacto y usarlo para ingresar a algún lugar”, explicó Galbally en la presentación.


“El sistema de reconocimiento de iris de tipo comercial sólo mira el código del iris y no el ojo”, explicó Galbally. Lo que se entiende aquí es que se puede llegar a una réplica del “ojo” desde el código guardado. El “encuentro” es un verdadero dolor de cabeza para la industria de la seguridad, ya que el reconocimiento de iris está considerado la fuente de identificación más certera que se conoce. Hasta ahora no se han conocido reportes de intrusiones debido a esta falla y tampoco queda claro si podría ser peligroso, pero la vulnerabilidad está ahí. “Lo importante es que la gente sepa que existe”, dijo.


Es decir: se puede robar una identidad, si se tiene acceso a la base de datos de iris guardados, se lo puede recrear, imprimir y pegar en un lente de contacto y decir “yo soy ése”, explicó Galbally, quien condujo la investigación junto al grupo de reconocimiento biométrico ATVS, en la Universidad Autónoma de Madrid. Con el sueño del control internacional permanente y la fascinación por la tecnología biométrica, algunos aeropuertos ya están implementando el ingreso a los países a través del sistema biométrico. El aeropuerto de Schiphol, en Amsterdam, lo vende como si se tratara de una baratija. La web dice: “¿Cansado de hacer colas en el aeropuerto?” “¿Quiere pasar rápido y a salvo sin mostrar su pasaporte?”. Le falta el “llame ya” y ya estamos listos. Dice el anuncio: “Ponga su iris en la base de datos del aeropuerto y entre por la vía rápida”. Muchos otros aeropuertos lo han usado, miles de edificios lo hacen para guardar información secreta, y ahora también notebooks que usan el sistema para “dejar” entrar a sus usuarios.


El problema es que el sistema de reconocimiento a través de iris no guarda una réplica del ojo propiamente dicha, sino el código generado por el escaneo. Así, se pensaba que no se podía hacer ingeniería inversa porque no había acceso a la fuente original, sino a un simple código. Los algoritmos genéticos son difíciles de explicar: se trata de herramientas que llegan a un resultado luego de una serie de iteraciones en el procesamiento de los datos. Los algoritmos genéticos van modificando las imágenes y contrastándolas contra el código original hasta que ambos coinciden casi a la perfección. “Los algoritmos genéticos aplican reglas inspiradas en la evolución natural para combinar las imágenes sintéticas del iris, van produciendo mejores generaciones de la misma forma en que evolucionan las especies naturales de generación en generación. Pero no hay que esperar millones de años, sólo unos minutos”, explicó Galbally, quien vulneró el sistema VeriEye para argumentar su investigación. Como sea, qué diría Juan Vucetich si viviera.

@blejman

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El servicio secreto de Obama y las prostitutas de Cartagena
El Servicio Secreto de Estados Unidos ha reemplazado a un grupo de agentes encargados de la seguridad del presidente Barack Obama en la Cumbre de las Américas por haber tratado supuestamente con prostitutas, ha informado The Washington Post.

Según el diario estadounidense, un portavoz del Servicio Secreto Edwin Donovan ha confirmado que un número sin determinar de agentes enviados a Cartagena de Indias (Colombia) han sido reemplazados por supuesta mala conducta, sin especificar las razones.

Sin embargo, otras fuentes consultadas por el diario apuntan que al menos un agente del Servicio Secreto ha regresado a Estados Unidos por un asunto relacionado con prostitución. Obama llegó este viernes a Cartagena para participar, junto a una treintena de gobernantes más del continente, en una cita que tendrá lugar entre hoy y mañana en esa ciudad caribeña del norte de Colombia.

Donovan indica que los agentes que podrían ser sancionados han sido sustituidos inmediatamente y en ningún momento la seguridad del presidente estadounidense se ha visto comprometida. "El Servicio Secreto se toma las alegaciones de mala conducta muy seriamente", señala el portavoz del cuerpo encargado de la seguridad del presidente en un comunicado. Según The Washington Post, los agentes implicados podrían pertenecer todos a una misma unidad, que está siendo investigada.

EFE Washington 14/04/2012 18:30 Actualizado: 14/04/2012 18:58
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Los servicios de seguridad privada y los «‘israelitas’ de Latinoamérica»

Ha habido mucha alharaca en los últimos años en círculos neoconservadores en EE.UU. y entre funcionarios del Ministerio de Exteriores israelí sobre el peligro para la seguridad global planteado por una supuesta infiltración islamista en América Latina.
 

Una falacia utilizada por los autoproclamados expertos en el asunto es que ahora es posible viajar en avión desde Caracas a Teherán con una sola parada en Damasco. Para que los responsables políticos y el público en general no dejen de reaccionar con suficiente alarma ante semejantes noticias, la severidad de la amenaza se subraya mediante lazos inventados entre musulmanes de América Latina y toda tendencia regional potencialmente desfavorable, lo que resulta en un fantasma de cárteles criminales islamo-narco-socialistas que amenazan la frontera sur de EE.UU.
 

En un cable de WikiLeaks de la embajada de EE.UU. en Bogotá con fecha del 1 de diciembre de 2008, una entidad bastante inesperada se sumó a la formación usual de amenazas basadas en Latinoamérica. El cable discute las maniobras en Colombia de la firma israelí Global Comprehensive Security Transformation (Global CST), fundada por el general (de la reserva) Israel Ziv –ex jefe del Directorado de Operaciones de las fuerzas armadas israelíes– contratado para ayudar en la lucha contra organizaciones criminales y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como para evaluar potenciales peligros procvedentes de Ecuador y Venezuela.
 

“Durante un período de tres años, Ziv se ganó la confianza del ex ministro de Defensa [colombiano] [Juan Manuel] Santos prometiendo una versión más barata de la ayuda del USG [gobierno de EE.UU.], sin las condiciones que imponemos. Nosotros y el GOC [gobierno de Colombia] averiguamos que Global CST no tiene experiencia latinoamericana y que sus propuestas parecen tener más bien el propósito de apoyar las ventas de equipamiento y servicios israelíes que de satisfacer las necesidades del país”.
 

No está claro por qué el gobierno de EE.UU. debe expresar sorpresa ante el hecho aparente de que no se encaren las “necesidades del país” cuando su propia experiencia latinoamericana incluye el multimillonario Plan Colombia, inaugurado hace más de una década, ostensiblemente como medio para reducir la producción y el tráfico de droga. En 2009, hablé con agricultores del departamento meridional de Putumayo, quienes describieron los efectos del plan dentro del país, como la repetida fumigación aérea de sus cultivos de subsistencia, ganado, suministros de agua y sus hijos.
 

Una parte sustancial de los fondos del Plan Colombia se destinó a los contratistas privados de seguridad basados en EE.UU. Según se informa, actualmente un 97% de la cocaína que llega a EE.UU. proviene de dicho país.
 

En cuanto a las condiciones teóricamente impuestas a la ayuda oficial de EE.UU., Amnistía Internacional ha objetado el hecho de que “el Departamento de Estado siga certificando la ayuda militar a Colombia, incluso después de estudiar el historial de derechos humanos del país”, que casualmente tiene el honor de ser el peor del hemisferio.
 

La experiencia de Global CST


La afirmación de Ziv sobre la relevancia internacional de sus antecedentes en las fuerzas armadas israelíes, “Pensamos que nuestra experiencia podría contribuir tremendamente a la seguridad del mundo y a la paz mundial [sic] es, mientras tanto, cuestionada por el siguiente pasaje del cable de Bogotá:
 

“En febrero de 2008 fuentes de [la Policía Nacional de Colombia] informaron de que un intérprete de Global CST, el ciudadano israelí nacido en Argentina Shai Killman, había hecho copias de documentos clasificados del Ministerio de Defensa de Colombia en un intento frustrado de venderlos a las [FARC] a través de contactos en Ecuador y Argentina. Los documentos contenían supuestamente información de base de datos de objetivos de alto valor (HVT). Ziv negó el intento y envió a Killman de vuelta a Israel”.
 

El nuevo artilugio de Colombia para lograr la reconciliación


El desmentido de Ziv se hace más convincente a la luz del hecho de que Global CST ha rendido sus servicios a las fuerzas armadas de la nación de Georgia así como a Abjasia, la república disidente de Georgia. Los objetivos pacíficos de la firma son además puestos en duda por las armas y el entrenamiento que según los informes suministró a la junta militar de Guinea, responsable de la masacre de manifestantes por la democracia en Conakry en 2009.
 

En el consejo de Global CST está presente el ex ministro adjunto de Defensa israelí Ephraim Sneh, cuyos recientes esfuerzos por la causa de la paz han incluido la defensa de la matanza masiva de palestinos durante la Operación Plomo Fundido porque Hamás no había “llevado inversionistas a Gaza”. El ex ministro no explicó cómo esperaba que trabajaran los inversionistas con un bloqueo militar israelí cuando incluso artículos básicos como pasta y lápices no tienen libre paso.
 

“Los ‘israelitas’ de Latinoamérica”


La intrusión de Global CST en el campo imperial del gobierno de EE.UU. fue facilitada por Juan Manuel Santos, actual presidente de Colombia, quien ha explicado que durante su período como Ministro de Defensa le recomendó la empresa su amigo el ex ministro israelí de Exteriores Shlomo Ben-Ami.
 

En un video promocional de Global CST, Santos caracteriza a la compañía como sigue:


“Son gente con mucha experiencia; nos han estado ayudando a trabajar mejor. Es como la persona que está en el gimnasio, y cuando vas y haces el ejercicio te dice cómo hacerlo mejor.”


Hay más elogios efusivos expresados por cuenta de los entrenadores personales en un video para un programa de televisión israelí, en el cual Santos anuncia: “Incluso hemos sido acusados de ser los ‘israelitas’ [sic] de Latinoamérica, lo que me hace sentir personalmente orgulloso”.
 

Este pronunciamiento ocurre poco después de que el narrador del programa había descrito la incursión de Colombia en Ecuador en 2008 y el asesinato del segundo del comando de las FARC, Raúl Reyes. La evaluación en hebreo del narrador se transcribe en subtítulos en inglés: “De repente, los métodos que resultaron ser eficientes en Nablus y en Hebrón comienzan a hablar en español”.
 

Aparte de un orgullo compartido por los asesinatos selectivos ilegales extraterritoriales, hay otros motivos por los cuales Colombia podría calificarse como el Israel de Latinoamérica. Para comenzar, el difunto Carlos Castaño Gil –padre del paramilitarismo colombiano moderno– reconoció que copió el concepto paramilitar de los israelíes durante una excursión de entrenamiento a Israel en los años ochenta.
 

En asuntos que requieren el desplazamiento de seres humanos de sus tierras, el ejemplo sionista es indudablemente invaluable, aunque los colombianos carecen por desgracia de la opción de citar la justificación bíblica de sus reivindicaciones territoriales. En ambos casos, la aplicación liberal del término “terrorista” suministra una justificación conveniente para la eliminación de sectores excedentes de la población, sean palestinos en campos de refugiados o campesinos colombianos cuya existencia obstaculiza las intenciones de las corporaciones internacionales respecto a los recursos del área.
 

El hecho que la muerte y la destrucción causada por el Estado judío y el parangón de colusión militar-paramilitar que es el Estado de Colombia cuantitativa y cualitativamente exceden las causadas por sus respectivos némesis no ha perjudicado sus posiciones como máximos receptores de ayuda militar de EE.UU.


Creatividad militar


La necesidad de utilizar víctimas en el papel de agresores ha llevado a una variedad de desempeños militares creativos tanto en el Israel original como en su aprendiz latinoamericano. En 2008, se reveló que los soldados colombianos asesinaron a posiblemente miles de civiles y luego vistieron sus cuerpos con vestimentas de las FARC a fin de recibir bonificaciones y más vacaciones.


Juan Manuel Santos sirvió como ministro de Defensa bajo el presidente Álvaro Uribe cuando estalló el escándalo de los “falsos positivos”. A pesar de éste y otros Santos se permitió comentar en el programa mencionado de la televisión israelí que “ya no existe” el miedo en Colombia y que “ahora nos sentimos libres”.
 

En cuanto a la creatividad militar israelí, la portavoz Avital Leibovitch explicó después de la masacre del Mavi Marmara en 2010 –parte de la Flotilla de la Libertad que trató de romper el cerco de Gaza– que las víctimas del incidente no fueron los nueve activistas humanitarios turcos asesinados, sino los comandos que los mataron.
 

El Ministerio de Exteriores israelí cargó sumisamente un conjunto de fotos en Flickr titulado “armas encontradas en el Mavi Marmara”, que destacó las tendencias violentas de los navegantes y consistía de imágenes de botellas de agua, cuchillos de cocina, destornilladores, kaffiyes y una honda decorada con estrellas rosadas y púrpura y la palabra “Hizbulá”. El hecho de que la honda no fuese en realidad “hallada en el Mavi Marmara” sino más bien resucitada de un archivo irrelevante lo sugiere la etiqueta que acompaña la imagen, según la cual “Esta foto fue tomada el 7 de febrero de 2006, usando una Nikon D2Xs”.
 

Los colombianos obtuvieron la oportunidad de defender su posición como ‘israelitas’ de Latinoamérica cuando, al completar el período presidencial de Uribe en 2010, éste fue reciclado en el puesto de vicepresidente del panel de la ONU encargado de la investigación de la masacre de la flotilla. El informe resultante -que determinó que un grupo de activistas de la flotilla estuvieron involucrados en un “extremo nivel de violencia”, y que sostuvo la validez del cerco israelí de Gaza a pesar de la propia clasificación del cerco como ilegal por la ONU– se benefició presumiblemente de la noción declarada de Uribe de que las organizaciones de derechos humanos sirven frecuentemente como fachadas de los terroristas.
 

La comunidad de paz de San José de Apartadó


Defendiendo su posición como una paramilitar colombiana de facto en el consejo editorial de The Wall Street Journal, mientras tanto, Mary O'Grady informó de una alianza entre terroristas de las FARC y los "peaceniks" en un artículo de 2009 sobre la comunidad colombiana de la paz de San José de Apartadó, afiliada a varias ONG.
 

La comunidad de la paz, que visité ese mismo año, se fundó en 1997 en la región de Urabá en el noroeste de Colombia como reacción a décadas de conflicto armado. Empleando un sistema de grupos de trabajo colectivo dedicados al cultivo de plátanos miniatura y cacao, la comunidad rechaza la cooperación con todos los protagonistas armados: militares, paramilitares y guerrilleros de las FARC por igual. A pesar de ello, al llegar al duodécimo aniversario en 2009, había sufrido 184 asesinatos de una población de aproximadamente 1.500 personas.
 

Veinticuatro asesinatos se han atribuido a las FARC, mientras que el resto se atribuye a las fuerzas armadas y/o a formaciones paramilitares. Tales cálculos ridiculizan aún más la afirmación de O'Grady de que “la comunidad de la paz ayudó a las FARC en su esfuerzo para presentar a los militares colombianos como violadores de los derechos humanos”.
 

La cofundadora de la comunidad, María Brígida González –cuya hija de 15 años fue asesinada en 2005, mientras dormía, por miembros de la Brigada 17 del ejército colombiano, que afirmó que Elisena era una combatiente de las FARC– me dijo que supone que el propósito final de semejantes ataques es “sembrar el terror para que todos huyan y se puedan explotar los recursos de la tierra”.


Colombia como modelo de seguridad regional


En un cable de WikiLeaks de marzo de 2009, la embajada de EE.UU. en Bogotá especificó que la región de Uraba es una “de 17 áreas de enfoque estratégico” dentro de uno de “dos sectores clave de territorio” de Colombia donde Global CST estaba ayudando al gobierno de Uriba a “lograr la irreversibilidad” en la batalla contra las FARC. Nueve meses después, la misma embajada hizo sonar la alarma de que la firma había violado el ámbito de acción de EE.UU.
 

Es dudoso, claro está, que los israelíes usurpen el legado de EE.UU. en Colombia, una manifestación irónica de lo que contenía el e-mail actualizado que recibí el año pasado de la comunidad de la paz en el que se enumeran ejemplos recientes de acosos y asesinatos de residentes del área: "John Kennedy fue asesinado en la tarde del miércoles 11 de mayo cuando dejó su casa para encontrarse con algunos vecinos para jugar un partido de fútbol”.
 

Si los colombianos comienzan o no a bautizar a sus hijos como David Ben-Gurion, el hecho de que el país haya sido aplaudido por el Departamento de Estado de EE.UU. y el Banco Interamericano de Desarrollo como un modelo regional en el enfrentamiento de amenazas a la seguridad asegura el fortalecimiento de un sistema en el cual los beneficios dependen de la perpetuación de la inseguridad.


Por Belén Fernández
Al-Jazeera

Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

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Jueves, 01 Diciembre 2011 09:19

Honduras militariza su inseguridad

Honduras militariza su inseguridad
El Congreso hondureño aprobó por unanimidad un proyecto para que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad interior por el tiempo que dure la emergencia nacional que decrete el Ejecutivo. A partir de un decretoley de interpretación del artículo 274 de la Constitución, las funciones policiales descansan en manos de las Fuerzas Armadas, desde la noche del martes y en forma temporal, para atender aquellas situaciones de emergencia que afecten a las personas y los bienes. La decisión coincide con una crisis de imagen de la Policía Nacional. Desde diversos sectores políticos reclaman que la policía, cuestionada por sus vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico –y cuyos miembros han sido acusados de cometer asesinatos y extorsiones, entre otros delitos– sea intervenida de inmediato. Sectores de la sociedad civil, académicos y políticos temen que el desembarco de las Fuerzas Armadas en las calles hondureñas reavive excesos y violaciones de los derechos humanos cometidos durante la dictadura en ese país.

El diario hondureño El Heraldo menciona que la norma destaca que “(las fuerzas de seguridad) podrán participar en forma permanente en la lucha contra el narcotráfico y además cooperar en el combate al terrorismo, tráfico de armas y el crimen organizado, a petición de la Secretaría de Seguridad”. Para realizar las funciones policiales en forma temporal, “el Poder Ejecutivo debe emitir el correspondiente decreto de emergencia, estableciéndose el término de vigencia de la norma y sus alcances”.

“Los fantasmas de los años ‘80, cuando las Fuerzas Armadas cometieron violaciones a los derechos humanos, no deben entorpecer esta decisión histórica, ya que estamos ante otro momento impactante en la vida nacional”, destacó Juan Orlando Hernández, dirigente del oficialista Partido Nacional. El presidente del Congreso instó por igual a oficiales y soldados a que dimensionen la responsabilidad que les toca asumir y “la confianza en ellos (los militares) que les estamos depositando”.

“El tigre está al acecho”, dijo el diputado Sergio Castellanos, de la centroizquierdista Unificación Democrática (UD). Y reconoció que siente temor de que se repitan los crímenes que dejaron, como saldo, al menos 182 desaparecidos y más de 200 asesinatos extrajudiciales cometidos por las Fuerzas Armadas. Pese a la inquietud del legislador, UD acompañó la norma que otorga facultades policiales a las Fuerzas Armadas.

Entretanto, la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, llamó nuevamente al gobierno a tomar acciones que permitan la depuración policial, tras el asesinato de dos estudiantes –uno de ellos su hijo– por efectivos de las fuerzas de seguridad. “Creo que ningún funcionario público, ninguno que haya sido electo por el pueblo, puede darle la espalda a una demanda que es tan legítima como tener un órgano policial depurado y al servicio de la ciudadanía”, dijo Castellanos.

Al hablar ante el Congreso, la rectora pidió una intervención “nacional e internacional” de la policía que se lleve a fondo. Tanto para los representantes de la UNAH como para algunos sectores empresarios y organizaciones de defensa de los derechos humanos, las medidas que se tomaron hasta ahora para combatir la corrupción policial han sido superficiales.

El presidente hondureño, Porfirio Lobo, se resistió hasta ahora a intervenir la policía. En reiteradas oportunidades señaló que no se puede actuar a la ligera y que se debe dar tiempo para que el actual ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, trabaje en la resolución del problema. Sin embargo, Lobo adelantó, con buena cintura política, que no se opondría a las recomendaciones que provengan de sectores de la sociedad sobre este asunto. El mandatario hondureño había enviado un mensaje al Congreso para que le diera herramientas jurídicas que permitieran a las Fuerzas Armadas realizar tareas policiales. Actualmente, los militares acompañan a los policías en tareas preventivas de seguridad, pero están bajo el mando de oficiales policiales y no pueden realizar arrestos y registros de viviendas. Honduras ostenta uno de los índices de homicidios más altos del mundo con 82,1 cada 100 mil habitantes.
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