Haddad camina con paso seguro hacia la elección

Las encuestas indican que los electores comienzan a vincular al flamante postulante petista Fernando Haddad con su mentor, Lula. Y esbozan una polarización entre el ex alcalde de San Pablo y Jair Bolsonaro, de extrema derecha.


Con Lula en el pecho. Dos encuestas publicadas ayer indicaron que Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT), camina con paso seguro hacia el balotaje del 28 de octubre frente al capitán retirado del Ejército Jair Bolsonaro. Un sondeo de la agencia FSB contratado por el Banco BTG Pactual reveló que en una semana el ahijado de Lula creció un cien por ciento: saltó de 8 a 16 puntos de intenciones de voto contra 33 de Bolsonaro.
Otra medición realizada por la agencia MDA a pedido de la Confederación Nacional del Transporte le dio 28,2 puntos al ex militar contra 17,6 del petista.
Haddad fue proclamado como candidato el 11 de setiembre cuando Lula lo escogió como su heredero al anunciar que desistía de participar en los comicios. Ese día, al salir de la campaña, el fundador del PT tenía un 40 por ciento de votos potenciales contra el 20 de Bolsonaro.
En principio las encuestas de ayer indican que los electores comienzan a vincular al flamante postulante petista con su hacedor. Los anuncios de campaña mostraron la buena acogida que tuvo Haddad cuando se presentó, luciendo camisetas con el nombre de Lula, en la favela Rocinha de Río de Janeiro y recorriendo el centro de San Pablo.
En estos dos sondeos Haddad comenzó a distanciarse del centroizquierdista Ciro Gomes que hace una semana ocupaba el segundo lugar con cierta holgura.
Los números conocidos ayer, más otra encuesta de Datafolha publicada el viernes, esbozaron una polarización entre el ex intentendente de San Pablo Haddad y Bolsonaro que permanece internado debido a las heridas sufridas hace doce días cuando un hombre lo apuñaló durante un acto proselitista.
Si este antagonismo izquierda-ultraderecha se cristaliza Haddad tendría asegurado el segundo lugar en el primer turno del 7 de octubre y con él un boleto para el ballottage del 28.
Lula y Haddad analizaron el pulso de la batalla electoral, con contornos de guerra política.
El jefe petista está “muy satisfecho con las encuestas pero dijo que no hay que dejarse llevar por las encuestas, éstas tienen su importancia pero la campaña se tiene que mover con base a nuestras propuestas sobre educación y trabajo y el respeto a la democracia”, dijo Haddad. Así lo planteó ante un grupo de periodistas apostados frente a la Superitendencia de la Policía Federal curitibana, donde Lula está arrestado desde el 7 de abril.
En la reunión también se trató el proceso que condujo el afamado Sergio Moro, denunciado por abusos antes el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“Le dije a Lula que probablemente la ONU va a juzgar el mérito de su proceso en el primer semestre del año que viene, él me reiteró que no cambia la dignidad por la libertad, él tiene la convicción de que las cortes superiores de Brasil y los foros internacionales van a probar su inocencia”.
En otra entrevista concedida ayer por la mañana, antes de embarcar a Curitiba, Haddad habló sobre la posibilidad de firmar un indulto al ex presidente si llega al Palacio del Planalto en enero del año que viene. Evitó ser categórico sobre el tema y dijo esperar que el Supremo Tribunal Federal tome cartas en el asunto.
Fue más claro en su cuestionamiento a la “concentración” de la propiedad de los medios, materializada en el grupo Globo, opuesto encarnizadamente a cualquier tipo de regulación. Habló también del boicot de los diarios grandes a la instalación de portales de medios extranjeros en portugués.
“¿Quién le teme a la diversidad?, nosotros los del PT no le tememos”, aseguró.
Esa posición neta contra el oligopolio mediático más poderoso de América del Sur no había sido expresada en las campañas presidenciales de Lula, en 2002 y 2006, ni en las de Dilma Rousseff en 2010 y 2014.
Lula, Haddad y el PT están convencidos de que el golpe que derrocó a Dilma Rousseff hace dos años hubiera sido imposible sin el aval de la empresa de la dinastía Marinho. Y que ese mismo conglomerado hará todo lo que esté a su alcance para que el partido no retorne al poder en 2019. En otras palabras: Globo se aliará a Bolsonaro para boicotear a Fernando Haddad.

 

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Lunes, 17 Septiembre 2018 05:57

No tan deprisa

No tan deprisa

La forma usual en que se tratan las crisis económicas, tanto sus orígenes como sus consecuencias, debe ser revisada seriamente.

Los políticos, académicos, analistas y medios suelen tratarlas como situaciones puntuales, sobre las que centran su atención cuando ocurren y, muy pronto, las arrinconan como si el paso del tiempo las superara y los indicadores de una recuperación, aunque sea leve, fuesen suficientes para pasar a otras cosas más cómodas o rentables.

En México tenemos varios ejemplos de esto desde las crisis de los años 1980 hasta la de gran dimensión, como fue la de 2008 y de la cual se recuerda ahora el décimo aniversario. El caso es que cada una deja una marca.

Tras la caída de la actividad económica (medida como el producto interno bruto) que provoca una crisis, ésta tiende a recuperarse, incluso por efecto de rebote estadístico y se le trata como una superación. Lo mismo ocurre con los precios de los artículos de consumo, acciones y bonos, bienes raíces, tasas de interés y tipo de cambio. Se expresa también en la ocupación de la fuerza de trabajo.

Las crisis son recurrentes y manifiestan el movimiento cíclico de las variables económicas. Este hecho no debe ocultar, sin embargo, el asunto primordial de las repercusiones sociales que permanecen subsumidas en la discusión y sólo reaparecen de modo puntual cuando los indicadores oficiales se publican periódicamente.

Los individuos y las familias resienten el impacto de una crisis, tanto en el flujo de sus ingresos como en su patrimonio y la manera en la que se "recuperan" no es evidente, ni pareja y no se expresa fehacientemente en los indicadores económicos y financieros que comúnmente se utilizan.

En todo esto tiene un papel relevante la forma en la que se compone cíclicamente la deuda que contraen las familias, el acervo que se acumula y los flujos de pago que exige.

En el caso del empleo, o la ocupación como se mide en las encuestas, es necesario atender al salario, por supuesto, pero también a las condiciones de formalidad, duración y la precariedad de los trabajos disponibles. El conjunto de las oportunidades para distintos grupos de la población se recompone con las crisis y no de manera equitativa. Abarca cuestiones patrimoniales y el amplio espectro de los servicios sociales.

Una de las cuestiones que ha recibido atención, sobre todo luego de la crisis de 2008 es la expansión de la desigualdad económica. Los beneficios de la recuperación, conforme los criterios con los que se mide, indican que ésta tiende a concentrarse especialmente en los estratos de mayor ingreso, en los precios de las acciones y de las propiedades inmobiliarias y con un aumento de la deuda privada y pública.

No es casual que 10 años después se sigan debatiendo y analizando las causas y las consecuencias de la crisis de 2008; entre ambas, por cierto, no hay una relación unívoca, pero sí tendencias observables.

Fue, en efecto, un fenómeno de gran envergadura. Lo que se discute hoy sucede a la sombra de los excesos que la generaron y que han sido sometidos en muchos casos de modo más bien cosmético. La especulación extrema es predominante con todo lo que entraña.

Tal debate se da igualmente a la sombra de una nueva crisis que se vislumbra en las condiciones de los mercados: en la producción y el financiamiento, en la estructura monopólica que los caracteriza y en las políticas económicas que se imponen a escala global, como el nuevo proteccionismo.

De modo paralelo, las tendencias que se observan como derivación de la crisis apuntan a un entorno político y social muy inestable. En Europa se da con un retorno nacionalista y xenófobo. Ahí están los casos ostensibles de Hungría, Polonia e Italia y el resurgimiento de los partidos y movimientos de ultraderecha en Alemania, Austria y Suecia. Todos ellos de corte racista, antigitanos, antimusulmanes, antisemitas y antinmigrantes o cualquier otra minoría.

Esto ocurre, sí, en plena Europa, que enfrenta presiones de desintegración política, social y económica. Estas tensiones parecían haberse contenido luego de 1945 y 1989. Ocurre en Estados Unidos donde, como advirtió recientemente el ex presidente Barack Obama, la elección de Donald Trump es el síntoma, que no la causa, de la división social en aquel país. Los efectos pueden reconocerse en México con las recientes elecciones.

Las crisis son, finalmente, de naturaleza social, no pueden restringirse al ámbito de la economía, de los indicadores de los mercados y del sempiterno trato que se hace de la confianza de los inversionistas como una exigencia y a la vez una muestra de las condiciones políticas.

El caso es que el impacto complejo de una crisis, como la de 2008, tiene que ser asumido precisamente en términos políticos. Ahí está una muestra clave del déficit de una sociedad que aún pretende ser global.

 

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Lunes, 17 Septiembre 2018 05:45

“Cruzo la calle y encuentro un trabajo”

“Cruzo la calle y encuentro un trabajo”

Catalogado como “presidente de los ricos”, el líder francés se dedica ahora a los pobres con un ingreso universal de actividad, un subsidio aún por definirse, entre otras medidas dirigidas a los sectores más vulnerables.

Macron paga en los sondeos tanto los magros resultados de su política como sus intervenciones displicentes.


La nueva súper producción política del presidente francés Emmanuel Macron está en pleno rodaje. Luego de que, apenas inició su mandato en 2017, fue catalogado como “el presidente de los ricos”, el jefe del Estado se dedica ahora a los pobres con una serie de disposiciones destinadas a combatir las crecientes carencias de la sociedad. En plena pérdida de popularidad el macronismo sale a corregir una inusual sinfonía de sarcasmos contra los sectores más vulnerables de la sociedad. Desde su ya famoso “los galos son refractarios a los cambios”, pasando por las ayudas sociales “cuestan una guita monstruosa” o su última salida ante un desempleado a quien le dijo “cruzo la calle y encuentro un trabajo”, Macron ha concentrado sus intervenciones con posiciones antagónicas hacia los pobres y hasta culpabilizado a los excluidos del sistema. Ayer, el líder de la izquierda radical Jean-Luc Mélenchon (Francia Insumisa) se preguntó “Macron invita a seis millones de personas a cruzar la calle para encontrar un trabajo. Para él, los desocupados son culpables de su desempleo. ¿Dónde vive este hombre?”. Como lo recuerda un editorial publicado este fin de semana por el matutino Libération, nunca ha dicho una palabra sobre los directores de empresas “que cobran millones en indemnizaciones cuando se van mientras sus resultados son malos, los banqueros que especulan sobre el volcán”.


“Presidente de los ricos” cuya retórica envuelve “un desprecio de casta”, Macron paga en los sondeos tanto los delgados resultados de su política como sus intervenciones displicentes. Con los meses ha logrado que su perfil sea el de un hombre “indolente” ante el sufrimiento social y no el del centrista extremo que arropa a todo un país. El plan contra la pobreza desplegado ahora constituye la primera ofensiva en ese campo en un momento delicado donde la caída en los sondeos de opinión, las denuncias contra varios ministros y el enfrentamiento con la prensa han enturbiado su gestión. Macron se presentó como el promotor de un “Nuevo Estado de bienestar” que busca desmontar el círculo de “la fatalidad social”. El eje de la iniciativa gira en torno a la capacitación, la infancia, la juventud, la manera de renovar los circuitos del reparto de los subsidios y, sobre todo, una idea hurtada a los socialistas (fue presentada en la campaña electoral de 2017 por el candidato socialista a la presidencia, Benoît Hamon): la instauración de una suerte de “ingreso universal de actividad”. Se trata de un subsidio aún por definirse que garantice un ingreso mínimo y ayuda sociales a todas las personas. Su plan, como casi todo lo que hace, es una pincelada del social reformismo tan defendido por los social demócratas y otra inspirada de la filosofía social de la derecha. La palabra “universal” toca el corazón de la izquierda. El hoy analista y ex director del vespertino Le Monde, Jean-Marie Colombani, comentó en los medios la “habilidad” de Macron cuando “evoca un slogan de la izquierda y una realidad que evoca reivindicaciones clásicas de la derecha”.


La situación social francesa privilegiada en comparación con sus vecinos. Por un lado, es el país del Viejo Continente que consagra más recursos que ningún otro a los respaldos sociales con un 32,1% del Producto Interno Bruto mientras que su porcentaje de pobreza llega al 13 6?%. En el seno de la Unión Europea Francia es, sin lugar a dudas, el país con políticas de redistribución e igualdad más profundas. En este contexto, la red imponente de subsidios sociales respalda a los cerca de nueve millones de personas que viven con ingresos por debajo del promedio nacional (1.150 dólares).


Como lo señaló el mandatario, su dispositivo no consiste en “ayudar a los pobres a vivir mejor en la pobreza, sino ayudarlos, acompañarlos para que salgan de ella”. En síntesis, según su idea, no se busca que sean menos pobres sino que haya menos pobres. El costo de las medidas macronistas asciende a unos 8000 millones de euros. No cambia tanto el monto sino la forma en que se encamina el problema. Por ejemplo, el ingreso universal de actividad estará condicionado por “derechos y deberes suplementarios”. Con ello se apunta a romper el círculo de la dependencia inactiva permanente en la que suelen caer muchas de las personas que se benefician con los subsidios. Ya hay en Europa un modelo de reforma semejante: hace más de diez años, tanto el ex primer ministro británico Tony Blair como el canciller alemán Gerhard Schröder emprendieron transformaciones similares con la misma mezcla de social reformismo y liberalismo atenuado. La proyección pública de “Macron presidente de los pobres” recién acaba de comenzar. El jefe del Estado aún arrastra la etiqueta de la película que el mismo diseñó como “Macron presidente de los ricos”.
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Domingo, 16 Septiembre 2018 06:14

Necesitamos un nuevo contrato social

Necesitamos un nuevo contrato social

El pacto socioeconómico alcanzado tras la II Guerra Mundial en Occidente se ha roto. La democracia depende de su refundación
 

Al menos cuatro grandes transformaciones desarrolladas en las últimas décadas han alterado profundamente el contrato social que rubricaron implícitamente las fuerzas de la izquierda (socialdemócratas) y de la derecha (democristianos) tras la II Guerra Mundial, que formalizó las reglas del juego para la convivencia pacífica durante más de medio siglo. Se trata de la revolución tecnológica, que ha hecho circular al mundo de lo analógico a lo digital; la revolución demográfica, que convirtió a Europa, cuna de ese contrato social, en un espacio compartido de gente envejecida después de haber sido un continente joven; la globalización, que ha llegado a ser el marco de referencia de nuestra época desplazando al Estado-nación; y la revolución conservadora, hegemónica desde la década de los años ochenta del siglo pasado y que ha predicado las virtudes del individualismo y de que cada palo aguante su vela, olvidando los principios mínimos de solidaridad social. El conjunto de estas revoluciones —la tecnológica, la demográfica, la globalizadora y la política— ha dado lugar a una especie de refundación de lo que el gran pensador vienés Karl Polanyi denominó a mitad de los años cuarenta “la gran transformación”.


El concepto de contrato social pertenece en su inicio al pensador Jean-Jacques Rousseau, que a mediados del siglo XVIII escribió un libro del mismo título, considerado precursor de la Revolución Francesa y de la Declaración de los Derechos del Hombre, y que trataba de la libertad y la igualdad de las personas bajo Estados instituidos por medio de un contrato social. Ese contrato era una suerte de acuerdo entre los miembros de un grupo determinado que definía tanto sus derechos como sus deberes, que eran las cláusulas de tal contrato. Esas cláusulas no son inmutables o naturales, sino que cambian dependiendo de las circunstancias y transformaciones de cada momento histórico y de las correlaciones de fuerzas entre los componentes de los grupos.


El contrato social que surge en Europa y se extiende por buena parte del planeta, a distintas velocidades, después de la II Guerra Mundial decía básicamente lo siguiente: quien cumple las reglas del juego, progresa, logra la estabilidad y la tranquilidad en su vida. Una buena formación intelectual, la mejor educación, el esfuerzo permanente, la honradez y ciertas dosis de suerte (que había que buscar) aseguraban el bienestar de los ciudadanos y sus familias. Con un empeño personal calvinista, el funcionamiento de las instituciones de la democracia y el progreso económico general, el nivel de vida mejoraría poco a poco y nuestros hijos vivirían mejor que nosotros. Unos, los más favorecidos, se quedarían con la parte más grande de la tarta, pero a cambio los otros, la mayoría, tendrían trabajo asegurado, cobrarían salarios crecientes, estarían protegidos frente a la adversidad y la debilidad, e irían poco a poco hacia arriba en la escala social. Un porcentaje de esa mayoría, incluso, traspasaría la frontera social imaginaria y llegaría a formar parte de los de arriba: la clase media ascendente.


Esto ya no es así. Ese contrato social ha sido sustituido, por efecto de las transformaciones citadas, por lo que el sociólogo Robert Merton ha denominado “el efecto Mateo”: “Al que más tiene, más se le dará, y al que menos tiene se le quitará para dárselo al que más tiene”. Se inaugura así la era de la desigualdad y se olvidan las principales lecciones que sacó la humanidad de ese periodo negro de tres décadas (1914-1945) en las que el mundo padeció tres crisis mayores perfectamente imbricadas: las dos guerras mundiales y, en el intervalo de ambas, la Gran Depresión.


El historiador Tony Judt, entre otros, ha descrito con exactitud (Postguerra) cómo a partir de lo acontecido en esos 30 años nació otro planeta con distintas normas, ya que parecía imposible —decenas de millones de muertos después— la vuelta a lo que habían sido las cosas antes. Se acordaron señas de identidad diferentes, basadas en la intervención estatal siempre que fuese precisa, y con una nueva arquitectura institucional que pretendía que nunca más se pudieran repetir las condiciones políticas, sociales y económicas que habían facilitado los conflictos generalizados. Hubo un consenso entre las élites políticas (los partidos), económicas (el empresariado) y sociales (los sindicatos) para alcanzar la combinación más adecuada entre el Estado y el mercado, con el objetivo final de que toda práctica política se basara en la búsqueda de la paz, el pleno empleo y la protección de los más débiles a través del Estado de bienestar.


Recuerda Judt que en una cosa todos estaban de acuerdo, aunque hoy sea un concepto obsoleto: la planificación. Los desastres de las décadas del periodo de entreguerras (las oportunidades perdidas a partir de 1918; los agujeros ocasionados por el desempleo, las desigualdades, injusticias e ineficacias generadas por el capitalismo de laissez-faire que habían hecho caer a muchos en la tentación del autoritarismo; la descarada indiferencia y arrogancia de la élite gobernante, y las inconsecuencias de una clase política inadecuada) parecían estar todos relacionados con el fracaso a la hora de organizar mejor la sociedad: “Para que la democracia funcionase”, escribe el historiador, “para que recuperase su atractivo, debía planificarse”. Así se amplió la fe ciudadana en la capacidad —y no solo en el deber de los Gobiernos— de resolver problemas a gran escala, movilizando y destinando personas y recursos a fines útiles para la colectividad.


Quedó claro que la única estrategia con éxito era aquella que excluía cualquier retorno al estancamiento económico, la depresión, el proteccionismo y, por encima de todo, el desempleo. Algo parecido subyacía en la creación del welfare State: la polarización política había sido consecuencia directa de la depresión económica y de sus costes sociales. Tanto el fascismo como el comunismo habían proliferado con la desesperación social, con el enorme abismo de separación entre ricos y pobres. Para que la democracia se recuperase como tal era preciso abordar de una vez “la condición de personas” de los ciudadanos.


Estos elementos seminales del contrato social de la posguerra ya estaban de retirada antes de 2008. Entonces llegó como un tsunami de naturaleza humana la Gran Recesión, la cuarta crisis mayor del capitalismo, de la que estos días se cumplen los 10 primeros años. Sus consecuencias han exacerbado tal crisis y han regresado con fuerza las dudas entre muchos ciudadanos en la convivencia pacífica entre un sistema de gobierno democrático y un capitalismo fuertemente financiarizado: los mercados son ineficientes (el desiderátum de mercado ineficiente es el mercado de trabajo), y el sistema político, la democracia, que se legitima corrigiendo los fallos del mercado, no lo hace. Así surge la desafección respecto a la democracia (el sistema político) y el capitalismo (el sistema económico).
Una buena parte de la población ha salido de la Gran Recesión más pobre, más desigual, mucho más precaria, menos protegida socialmente, más desconfiada (lo que explica en buena parte la crisis de representación política que asola nuestras sociedades) y considerando la democracia como un sistema instrumental (somos demócratas siempre que la democracia resuelva nuestros problemas). Muchos ciudadanos expresan cotidianamente sus dudas de que los políticos, aquellos a los que eligen para que los representen en la vida pública, sean capaces de resolver los problemas colectivos. De cambiar la vida a mejor.


Además de la ruptura del contrato social tradicional, en la última década se ha aniquilado el pacto entre generaciones. No se cumple lo que hasta hace unas semanas decía un anuncio en la radio de una empresa privada de colocaciones: “Si estudias y te esfuerzas, podrás llegar a lo que quieras”. El historiador Niall Ferguson escribe que el mayor desafío que afrontan las democracias maduras es el de restaurar el contrato social entre generaciones, y Jed Bartlet, el presidente ficticio de EE UU en la serie televisiva El Ala Oeste de la Casa Blanca, comenta a su interlocutor: “Debemos dar a nuestros hijos más de lo que recibimos nosotros”. Este es el sentido progresista de la historia que se ha roto.


El estrago mayor que ha causado la Gran Recesión en nuestras sociedades ha sido el de truncar el futuro de una generación. O de más de una generación. Ha reducido brutalmente las expectativas materiales, y sobre todo emocionales, de muchos jóvenes que se sienten privados del futuro que se les había prometido. Se ha actualizado la llamada “curva del Gran Gatsby”, que explica que las oportunidades de los descendientes de una persona dependen mucho más de la situación socio¬económica de sus antecesores que del esfuerzo personal propio. Ello conlleva la transmisión de privilegios más que la igualdad de oportunidades.
Una joven envía un tuit que se hace viral, y que se pregunta: “¿Cómo hicieron nuestros padres para comprar una casa a los 30 años?, ¿eran narcos o qué?”. La Gran Recesión ha profundizado en los desequilibrios que ya existían antes de ella e introducido nuevas variables en el modelo; escenarios dominados por la inseguridad vital, que ya no es solo económica, sino cultural. Muchas personas, millennials o mayores de 45 años que se han quedado por el camino, sobreviven en la incertidumbre, la frustración y sin opciones laborales serias; no esperan grandes cosas del futuro, al que presuponen más amenazas que oportunidades, y que en buena medida no entienden. Estos jóvenes son los que han sido calificados como un “proletariado emocional” (José María Lasalle).


El nuevo contrato social habrá de tener en cuenta las transformaciones citadas y otros elementos que se han incorporado a las inquietudes centrales del planeta en que vivimos, como el cambio climático. El objetivo del mismo debería condensarse en la extensión de la democracia en una doble dirección: ampliar el perímetro de quienes participan en tomar las decisiones (ciudadanía política y civil) y extender el ámbito de decisión a los derechos económicos y sociales (ciudadanía económica) que determinan el bienestar ciudadano.

 

Por Joaquín Estefanía
15 SEP 2018 - 17:24 COT

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Un nuevo eje autoritario requiere un frente progresista internacional

Bernie Sanders hace un llamamiento global a la reacción contra la regresión en muchos países hacia una nueva derecha nacionalista

Debemos examinar honestamente cómo ese orden ha fracasado en cumplir muchas de sus promesas y cómo los autoritarios han explotado hábilmente esos fracasos


Se está llevando a cabo una lucha global que traerá consecuencias importantísimas. Está en juego nada menos que el futuro del planeta, a nivel económico, social y medioambiental.


En un momento de enorme desigualdad de riqueza y de ingresos, cuando el 1% de la población posee más riqueza que el 99% restante, estamos siendo testigos del ascenso de un nuevo eje autoritario.


Si bien estos regímenes tienen algunas diferencias, comparten ciertas similitudes claves: son hostiles hacia las normas democráticas, se enfrentan a la prensa independiente, son intolerantes con las minorías étnicas y religiosas, y creen que el gobierno debería beneficiar sus propios intereses económicos. Estos líderes también están profundamente conectados a una red de oligarcas multimillonarios que ven el mundo como su juguete económico.
Los que creemos en la democracia, los que creemos que un gobierno debe rendirle cuentas a su pueblo, tenemos que comprender la magnitud de este desafío si de verdad queremos enfrentarnos a él.


A estas alturas, tiene que quedar claro que Donald Trump y el movimiento de derechas que lo respalda no es un fenómeno único de los Estados Unidos. En todo el mundo, en Europa, en Rusia, en Oriente Medio, en Asia y en otros sitios estamos viendo movimientos liderados por demagogos que explotan los miedos, los prejuicios y los reclamos de la gente para llegar al poder y aferrarse a él.


Esta tendencia desde luego no comenzó con Trump, pero no cabe duda de que los líderes autoritarios del mundo se han inspirado en el hecho de que el líder de la democracia más antigua y más poderosa parece encantado de destruir normas democráticas.


Hace tres años, quién hubiera imaginado que Estados Unidos se plantaría neutral ante un conflicto entre Canadá, nuestro vecino democrático y segundo socio comercial, y Arabia Saudí, una monarquía y estado clientelar que trata a sus mujeres como ciudadanas de tercera clase? También es difícil de imaginar que el gobierno de Netanyahu de Israel hubiera aprobado la reciente "ley de Nación Estado", que básicamente denomina como ciudadanos de segunda clase a los residentes de Israel no judíos, si Benjamin Netanyahu no supiera que tiene el respaldo de Trump.


Todo esto no es exactamente un secreto. Mientras Estados Unidos continúa alejándose cada vez más de sus aliados democráticos de toda la vida, el embajador de Estados Unidos en Alemania hace poco dejó en claro el apoyo del gobierno de Trump a los partidos de extrema derecha de Europa.


Además de la hostilidad de Trump hacia las instituciones democráticas, tenemos un presidente multimillonario que, de una forma sin precedentes, ha integrado descaradamente sus propios intereses económicos y los de sus socios a las políticas de gobierno.


Otros estados autoritarios están mucho más adelantados en este proceso cleptocrático. En Rusia, es imposible saber dónde acaban las decisiones de gobierno y dónde comienzan los intereses de Vladimir Putin y su círculo de oligarcas. Ellos operan como una unidad. De igual forma, en Arabia Saudí no existe un debate sobre la separación de intereses porque los recursos naturales del país, valorados en miles de billones de dólares, le pertenecen a la familia real saudita. En Hungría, el líder autoritario de extrema derecha, Viktor Orbán, es un aliado declarado de Putin. En China, el pequeño círculo liderado por Xi Jinping ha acumulado cada vez más poder, por un lado con una política interna que ataca las libertades políticas, y por otro con una política exterior que promueve una versión autoritaria del capitalismo.


Debemos comprender que estos autoritarios son parte de un frente común. Están en contacto entre ellos, comparten estrategias y, en algunos casos de movimientos de derecha europeos y estadounidenses, incluso comparten inversores. Por ejemplo, la familia Mercer, que financia a la tristemente famosa Cambridge Analytica, ha apoyado a Trump y a Breitbart News, que opera en Europa, Estados Unidos e Israel, para avanzar con la misma agenda anti-inmigrantes y anti-musulmana. El megadonante republicano Sheldon Adelson aporta generosamente a causas de derecha tanto en Estados Unidos como en Israel, promoviendo una agenda compartida de intolerancia y conservadurismo en ambos países.


Sin embargo, la verdad es que para oponernos de forma efectiva al autoritarismo de derecha, no podemos simplemente volver al fallido status quo de las últimas décadas. Hoy en Estados Unidos, y en muchos otros países del mundo, las personas trabajan cada vez más horas por sueldos estancados, y les preocupa que sus hijos tengan una calidad de vida peor que la ellos.


Nuestro deber es luchar por un futuro en el que las nuevas tecnologías y la innovación trabajen para beneficiar a todo el mundo, no solo a unos pocos. No es aceptable que el 1% de la población mundial posea la mitad de las riquezas del planeta, mientras el 70% de la población en edad trabajadora solo tiene el 2,7% de la riqueza global.


Los gobiernos del mundo deben unirse para acabar con la ridiculez de los ricos y las corporaciones multinacionales que acumulan casi 18 billones de euros en cuentas en paraísos fiscales para evitar pagar impuestos justos y luego les exigen a sus respectivos gobiernos que impongan una agenda de austeridad a las familias trabajadoras.


No es aceptable que la industria de los combustibles fósiles siga teniendo enormes ingresos mientras las emisiones de carbón destruyen el planeta en el que vivirán nuestros hijos y nietos.


No es aceptable que un puñado de gigantes corporaciones de medios de comunicación multinacionales, propiedad de pequeño grupo de multimillonarios, en gran parte controle el flujo de información del planeta.


No es aceptable que las políticas comerciales que benefician a las multinacionales y perjudican a la clase trabajadora de todo el mundo sean escritas en secreto. No es aceptable que, ya lejos de la Guerra Fría, los países del mundo gasten más de un billón de euros al año en armas de destrucción masiva, mientras millones de niños mueren de enfermedades fácilmente tratables.


Para poder luchar de forma efectiva contra el ascenso de este eje autoritario internacional, necesitamos un movimiento progresista internacional que se movilice tras la visión de una prosperidad compartida, de seguridad y dignidad para todos, que combata la gran desigualdad en el mundo, no sólo económica sino de poder político.


Este movimiento debe estar dispuesto a pensar de forma creativa y audaz sobre el mundo que queremos lograr. Mientras el eje autoritario está derribando el orden global posterior a la Segunda Guerra Mundial, ya que lo ven como una limitación a su acceso al poder y a la riqueza, no es suficiente que nosotros simplemente defendamos el orden que existe actualmente.


Debemos examinar honestamente cómo ese orden ha fracasado en cumplir muchas de sus promesas y cómo los autoritarios han explotado hábilmente esos fracasos para construir más apoyo para sus intereses. Debemos aprovechar la oportunidad para reconceptualizar un orden realmente progresista basado en la solidaridad, un orden que reconozca que cada persona del planeta es parte de la humanidad, que todos queremos que nuestros hijos crezcan sanos, que tengan educación, un trabajo decente, que beban agua limpia, respiren aire limpio y vivan en paz.


Nuestro deber es acercarnos a aquellos en cada rincón del mundo que comparten estos valores y que están luchando por un mundo mejor.


En una era de rebosante riqueza y tecnología, tenemos el potencial de generar una vida decente para todos. Nuestro deber es construir una humanidad común y hacer todo lo que podamos para oponernos a las fuerzas, ya sean de gobiernos o de corporaciones, que intentan dividirnos y ponernos unos contra otros. Sabemos que estas fuerzas trabajan unidas, sin fronteras. Nosotros debemos hacer lo mismo.


Le pedimos a Yanis Varoufakis que comente el artículo Bernie Sanders. Aquí está la respuesta:


Bernie Sanders tiene toda la razón. Los inversores hace tiempo que han formado una "hermandad" internacional para garantizarse rescates internacionales cuando sus pirámides de cartón se derrumban.


Hace poco, fanáticos de la derecha xenófoba también formaron su propia Internacional Nacionalista, llevando a que los pueblos orgullosos luchen entre sí y así ellos puedan controlar las riquezas y el poder político.


Ya es hora de que los demócratas de todo el mundo formen una Internacional Progresista, que luche por los intereses de la mayoría de cada continente, de cada país. Sanders también tiene razón cuando dice que la solución no es volver al status quo cuyo fracaso estrepitoso dio lugar al ascenso de la Internacional Nacionalista.


Nuestra Internacional Progresista debe llevar adelante una visión de prosperidad compartida y ecológica que podemos lograr gracias a la ingenio humano, siempre que la democracia le dé la oportunidad de desarrollarse.


Para eso, debemos hacer más por unirnos. Debemos formar un consejo común que escriba el borrador del New Deal Internacional, un nuevo acuerdo de Bretton Woods progresista.

14/09/2018 - 21:27h

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Viernes, 14 Septiembre 2018 06:10

La izquierda en el límite

La izquierda en el límite

En la pasada década, en diversas partes del mundo, la izquierda ha emprendido múltiples y disímbolos intentos por figurar el enigma de cómo gobernar en tiempos tan inclementes. Tiempos cifrados por las secuelas de lo más cercano (que nos ha tocado vivir) a una depresión (la crisis financiera de 2008), por el ascenso de las versiones más exóticas (e inalienables) de la derecha (Trump, Rajoy, Temer…), por la restauración (casi en copycat) de los mecanismos que llevaron a la propia crisis y por el súbito giro, en los años recientes, que recomienda amurallar mercados y naciones. Un recorrido más detallado por cada una de estas experiencias mostraría las gigantescas dificultades para hacer política de izquierda desde los andamiajes del Estado, cuando éste representa hoy la zona más acosada y disputada por los poderes globales. Toda la retórica conservadora sobre el Estado como sitio de la degradación, la inoperancia, los excesos y el dispendio no hace más que ocultar que, por debajo de la mesa –y a veces no tan debajo–, esos poderes han hecho del Estado su principal fuente de ingresos y utilidades –mediante el endeudamiento–, su guardián policiaco –para garantizar el extractivismo y las obras de estructura– y su niñera o su pastor –como una metáfora medieval– de almas y cuerpos de poblaciones que viven siempre bajo el azoro de la criminalidad.


De esta breve y reciente historia de la izquierda quedan éxitos inesperados –casi nunca reconocidos–, repliegues forzados, caídas bruscas, fracasos abismales (y hasta fatales) y catástrofes –como la tragedia de Nicaragua–. Pero sobre todo: intentos apenas advertidos por desarrollar estrategias impensadas –inverosímiles hace pocos años– para hacer de la vida cotidiana algo menos inclemente en tiempos tan bizarros. Y acaso es este límite el que fija sus máximas expectativas en la actualidad. Enumero sólo unas cuantas estaciones de este pasado reciente.


Brasil, el caso más paradigmático. Bajo los gobiernos de Lula y Dilma, Brasil acabó por consolidarse como una asombrosa subpotencia, la única en América Latina. Nadie se los puede negar. Gobiernos siempre realistas, enfrascados frecuentemente en alianzas descorazonadoras (basta con recordar que Michel Temer fungió como vicepresidente de Dilma Rousseff) que hicieron posible hacer frente al desafío número uno de cualquier orientación de izquierda en la actualidad: propiciaron un veloz crecimiento durante años –hasta que llegó la crisis de 2015. Sólo así, bajo condiciones de maduración, fue posible emplear estrategias sociales destinadas a hacer un poco menos pobre la pobreza. Sin crecimiento, intentar distribuir el ingreso conduce a la locura. ¿La clave brasileña?: no permitir la escalada del endeudamiento. Tal vez, el desafío más complejo de la actualidad. No hay nada que prenda más los focos rojos en el mundo global que un Estado que renuncia a endeudarse. La razón es sencilla: hoy no es necesario bloquear naciones, basta con cortarles el suministro de préstamos. En el primer momento en que el gobierno del PT mostró una debilidad, comenzó la cacería de los halcones bancarios. Fue el momento del desafuero de Dilma. Pero la respuesta del PT, lejos de enfrentar la crisis con violencia –como en el caso de Nicaragua– siguió los compromisos de las instituciones que él mismo ayudó a forjar. Nunca hay que despreciar la distinción entre una izquierda democrática y una autoritaria y clientelar, si se quiere entender a la izquierda en general.


Portugal, la sociedad manda. Bajo la coalición de Antonio Costa, Portugal parece haber sorteado muchos de sus dilemas tradicionales. Se ha convertido en un centro tecnológico, una economía próspera y una sociedad cada vez menos desigual. La fórmula ha sido distinta a la brasileña: situar al Estado como un soporte de la sociedad y entregar a ésta toda la iniciativa. Tal vez sea la fórmula idónea para el siglo XXI.


Grecia, la zona de la ambigüedad. La mayoría de los analistas apuntan que abandonar el euro habría sido la mejor opción para el país mediterráneo. La sociedad griega no se recobra, la degradación de la vida continúa, la vida precaria se extiende. Y sin embargo, Tziriza, al que hace algunos años se acusó de capitulación, ha logrado tranquilizar a la angustia europea. Todo a costa de su propia identidad. ¿Valió la pena? Si no hay condiciones para realizar el mínimo de una estrategia de izquierda, ¿por qué no dejar que gobierne el centro? Un síndrome de las franjas políticas de este ámbito es no reconocer el momento en el que hay que replegarse. Esta ambición no mata, pero termina con cualquier identidad.


Uruguay, un caso singular. Nadie más exitoso que el Frente Amplio que gobierna desde Montevideo. La fórmula ha sido insertar a las inversiones extranjeras estrictamente en el mundo productivo –y contener su paso en la esfera financiera. Inversiones de riesgos calculables, ecológica y socialmente ecuánimes, sobre todo en el desarrollo de la infraestructura.


Todas estas fórmulas pasan por una y la misma pregunta: cómo domesticar a las fuerzas globales y mantener, en casa, un Estado disciplinado.

 

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Brasil. Una votación a la sombra de la tutela militar

La campaña electoral en Brasil, después de dos partidas en falso, puede darse finalmente por lanzada con la inscripción de la fórmula que comparten Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT), y Manuela D’Avila, del Partido Comunista de Brasil (PCdoB). En su primera partida en falso, la elección tenía a Lula Da Silva como el hombre a batir, pero la aspiración utópica de que fuera habilitado como candidato fue liquidada por el Tribunal Superior Electoral el 31 de agosto. El segundo arranque fallido fue con el ultraderechista Jair Bolsonaro corriendo por el carril del victimario, con su discurso permanente de incitación a la violencia: ese personaje fue transformado en víctima por un esquizofrénico que lo hirió con un cuchillo el 6 de septiembre.


La campaña, a partir de ahora, podrá tener otras sorpresas, pero es difícil que alguna cambie la naturaleza del juego. Dos certezas están en pie desde el principio de todo: la primera, que el 7 de octubre no se elige presidente, sino que se decide quiénes son los dos que permanecen en el ring para disputar efectivamente la presidencia tres semanas después; la segunda, que Bolsonaro tiene su vacante asegurada para la pelea de fondo.


Si vamos a creerle a las encuestas, dadas las trayectorias de intención de voto que se ven hasta aquí, los únicos dos candidatos que no podemos descartar de la disputa por una plaza en el ballottage son dos exministros de Lula: Haddad y Ciro Gomes. Eso nos deja con tres personajes en la obra, los tres con discursos bien nítidos. En la extrema derecha de la pantalla la propuesta de un fascismo en defensa propia: dirigir toda la furia y, de ser necesario, la violencia contra los políticos ladrones y contra las minorías y los distintos (por etnia, por opción sexual, por condición de vida) que serían la claque de aquellos. Moderadamente hacia la izquierda, dos propuestas desarrollistas que llaman a dejar atrás el marasmo creado por el Centrão (bloque transversal conservador) que usurpó el gobierno con el juicio político amañado de 2016, con dos declinaciones: o bien “el pueblo feliz de nuevo” (tal como han bautizado su alianza electoral el PT y el PCdoB), es decir, regresar al momento previo al “golpe”, cuando todo habría estado legal, o bien una renovación carismática del liderazgo para retomar un impulso de desarrollo con justicia social. Una continuidad desprejuiciada de la línea de los gobierno de Lula y Dilma o un cambio que tome nota de la purga que ha producido en el sistema político la operación Lava Jato, con todo y sus injusticias.


Dando por buenos los sondeos, Ciro, con un 12% de intención de voto y Haddad, con 9%, son candidatos que todavía no han tocado su techo o que, más bien, no han terminado de repartirse los despojos de la intención de voto a Lula que no se vayan al voto blanco, nulo o a Bolsonaro. Las cartas de cada uno ya las ha visto todo el mundo: Ciro se ha presentado explícitamente como “el más progresista después de Lula” e implícitamente como el único, además de Lula, que es más que los partidos que lo apoyan; Haddad, por el contrario, está condenado a no ser nada más (nada menos, en tanto aun un PT maltrecho puede aspirar a estar en la definición de la presidencial, como lo ha estado siempre desde 1989) que el partido, el delegado del líder preso. Sin tiempo material para hacer una campaña poniéndose en valor a sí mismo, sólo le cabe aparecer al lado de la foto de Lula para crecer por asociación. Ciro, en cambio, desafía: su masa es suficiente para que los votos graviten hacia él aunque Lula pretenda mantenerlos en su órbita.


En lo inmediato, entonces, se trata de saber quién prevalecerá. Pero hay una pregunta que suscita preocupaciones más graves: ¿cómo digerirá el Centrão que después de tantos afanes y conspiraciones, después de tirar al mar la llave del calabozo de Lula, las alternativas que podrían derrotar a Bolsonaro sean las víctimas de esa conspiración? Más preocupante aún: ¿un próximo presidente que no sea Bolsonaro, pero sin la legitimidad de haber batido el hombre a batir porque a éste los tribunales le impidieron competir, podrá volver a meter en caja el espectro de la tutela militar que se encarna en el activismo desembozado del jefe del ejército, general Eduardo Villas Bôas?


* Coordinador del Programa de Política Internacional del Laboratorio de Políticas Públicas.


 La nueva cirugía al candidato de ultraderecha puso en crisis al partido militar de Brasil


Crece el nerviosismo en la tropa de Bolsonaro


Según trascendidos de la prensa brasileña, el candidato a vice, Hamilton Mourao, estaría interesado en dar un golpe interno, representar a Bolsonaro en los debates televisivos y hasta convertirse en el presidenciable.

La cirugía a la que fue sometido de urgencia Jair Bolsonaro puso en crisis al partido militar formado en su entorno. El capitán retirado del Ejército estuvo hasta los primeros minutos de ayer en un quirófano del Hospital Albert Einstein de San Pablo debido a complicaciones intestinales derivadas de la puñalada recibida hace una semana durante un acto de campaña. Fue la segunda intervención quirúrgica en seis días. El parte médico divulgado en la mañana de ayer indicó que el paciente evolucionaba favorablemente pero retornó a la sala de terapia intensiva y no informó sobre cuándo se le dará el alta, faltando sólo 24 días para la primera vuelta electoral.


“Sin Bolsonaro no estamos en condiciones de llevar millones de personas a las calles”, reconoció el diputado Mayor Olimpio, policía de San Pablo que integra la “Bancada de la Bala” en en el Parlamento.


Las declaraciones y el gesto del diputado reflejaban el desconcierto del primer círculo de poder bolsonarista en una campaña signada por los imponderables y la proscripción de Luiz Inácio Lula da Silva, con su 40 por ciento de intención de voto.


Con la salida de Lula, reemplazado por Fernando Haddad, Bolsonaro quedó primero en las encuestas con el 26 por ciento de apoyo y más del 40 por ciento de rechazo. Merval Pereira, comentarista en jefe del grupo Globo, sostuvo que el candidato no podrá hacer campaña ni estar en los debates hasta el 7 de octubre, y consideró difícil que pueda participar en las actividades proselitistas entre ese día y el 28 del mismo mes cuando será el ballottage.


Generales, policías y pastores entran y salen nerviosamente del centro médico ubicado en el sur de San Pablo devenido en comando de campaña del Partido Social Liberal (PSL).


Según el diario Valor Económico, hay disputas entre los diversos grupos bolsonaristas profundizadas después del ataque con arma blanca del jueves pasado. Una de las facciones la comanda el general Hamilton Mourao, candidato a vicepresidente en la fórmula del PSL. Según parece, el general estaría interesado en dar un golpe interno, representar a Bolsonaro en los debates televisivos y hasta convertirse en el candidato presidencial del PSL. Mourao es conocido por exaltar el golpe de 1964 y arengar a favor de otras sediciones políticas. En 2015 Dilma Rousseff lo separó del Comando Militar del Sur por fogonear el impeachment. La semana pasada el general respaldó la posibilidad de un golpe militar como antídoto para el clima de anarquía que se agravó en esta campaña presidencial. Un aliado político del general, Levy Fidelix, habló a las claras sobre la posibilidad de un putch dentro para voltear al candidato presidencial. Dijo Fidelix : “Bolsonaro puede quedarse 40 días en el hospital, no vamos a perder ese tiempo (...) Mourao puede ser el candidato”.


Otro grupo está formado por los hijos de Bolsonaro. Encabezado por el diputado federal Eduardo a quien secundan el diputado estadual por Río Flavio y el concejal de esa ciudad Carlos. Según trascendidos los hijos del capitán no estarían dispuestos a ceder el comando de la campaña al general Mourao.

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El aborto bajo los gobiernos ‘del cambio’ de América Latina y el Caribe (I)

En la mayoría de países de América Latina y el Caribe el aborto está prohibido, pero es la región con el porcentaje más alto de abortos provocados del mundo. Solo uno de los gobiernos 'progresistas' que proliferaron en la región desde fines de los '90, el de 'Pepe' Mujica en Uruguay, utilizó su mayoría parlamentaria para legalizar el aborto.

El 97% de las mujeres de América Latina y el Caribe en edad fértil —entre los 15 y los 44 años— viven en países donde el aborto está prohibido. Así lo asegura el Guttmacher Institute, un prestigioso organismo estadounidense que desde hace 50 años trabaja junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros centros especializados, en grandes campañas sobre relaciones sexuales seguras, programas de prevención de embarazos de adolescentes, campañas de educación de uso de anticonceptivos, salud reproductiva y promoción de leyes para la despenalización y legalización del aborto en el mundo.

Según uno de sus más recientes informes, de marzo pasado, “durante 2010-2014 tuvieron lugar anualmente 6,5 millones de abortos provocados en América Latina y el Caribe, frente a los 4,4 millones durante 1990-1994”. “El porcentaje de abortos fue de 44 por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva (…) El promedio de abortos en la región fue de 48 por cada 1.000 mujeres casadas y de 29 de cada 1.000 solteras”, añade el informe.

La región tuvo en el periodo 2010-2014 el número más alto de embarazos no deseados de todo el mundo —96 por cada 1.000 mujeres—, cifra que en la subregión caribeña llegó a 116 de cada 1.000.
Se calcula que, de los 14 millones de embarazos no deseados que se producen cada año en América Latina y el Caribe, cerca de la mitad —46%— termina en abortos.

En el mismo periodo 2010-2014, habrían sido 56 millones los abortos provocados cada año a nivel mundial, seis millones más que de 1990 a 1994 —debido, entre otros factores, al aumento de la población—, pero el promedio fue de 35 por cada 1.000 mujeres, un 5% menos que en el periodo 1990-1994. El número de abortos es superior en los países desarrollados. Esto supone, en cualquier caso, un porcentaje muy inferior al de América Latina y el Caribe.

 

"En América Latina y Caribe se calcula que podrían haber muerto 900 mujeres por abortos clandestinos en 2014"

 

No hay estadísticas oficiales sobre cuántos de estos abortos provocados en la región que tratamos se realizaron clandestinamente, pero el Guttmacher Institute estima, sobre la base de informes provenientes de numerosas fuentes fiables, que podría tratarse de un 60% de ellos. Unas 760.000 mujeres aproximadamente tuvo que ser atendida en 2014, por ejemplo, por problemas derivados de abortos realizados en condiciones inseguras. En ese año podrían haber sido al menos unas 900 las mujeres muertas a causa de ese tipo de intervenciones, provocados generalmente por infecciones y/o falta de medios o escasa profesionalidad de quien practica el aborto.

Según un comunicado conjunto del Guttmacher Institute y la OMS, del total de abortos provocados que tienen lugar en el mundo cada año, unos 25 millones son considerados “peligrosos” por las condiciones en las que se realizan.

América Latina y el Caribe es la segunda zona del mundo —después de África subsahariana— con más embarazos entre mujeres menores de 20 años. Mientras a nivel mundial el ratio está en 46 nacimientos por cada 1.000 jóvenes, en esta región es de 66,5 nacimientos por cada 1.000 —lo que supone unos 2 millones de nacimientos al año de madres adolescentes—, aunque ha disminuido progresivamente en las últimas tres décadas.

Solo en 2014, murieron 1.900 adolescentes durante el embarazo, el parto o el posparto, sin considerar las muertes por abortos provocados. Las prohibiciones y legislaciones restrictivas existentes en América Latina y el Caribe sobre el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo son la clave del drama que sufre la región sobre este tema.

Después de la oleada de golpes de estado militares en la zona durante los años 60, 70 y 80 del siglo pasado y el ciclo de gobiernos civiles neoliberales que predominaron durante los 90 moldeados por el Consenso de Washington, el triunfo electoral de Hugo Chávez en Venezuela en 1998 provocó el inicio de un cambio de rumbo.

En un corto periodo de tiempo llegaron al poder en varios países fuerzas populares, reformistas, con discursos y propuestas progresistas, que llevaron la ilusión y la esperanza a millones y millones de personas de esa, la región con mayor desigualdad social de todo el planeta.

Algunos de esos gobiernos llevan muchos años en el poder, como es el caso de Venezuela o Bolivia. En otros, como Argentina, estuvieron 13 años; en Brasil, 10 años. ¿Qué cambio experimentaron las mujeres latinoamericanas que luchan por un aborto legal, seguro, libre y gratuito, en esos países y en otros como Nicaragua, Chile, Uruguay, El Salvador, Paraguay, durante esos gobiernos que se auto reivindicaron del 'socialismo del siglo XXI' o al menos 'progresistas?

Es imposible hoy día ver una línea divisora clara entre lo realizado por esos gobiernos sobre el tema, en relación a lo hecho por gobiernos declaradamente conservadores o de derecha. Con la excepción de Uruguay, en ninguno de los países que tienen o tuvieron gobiernos 'progresistas' en esa zona del mundo en lo que va de siglo XXI se legalizó el aborto. Las categorías en las que los organismos internacionales dividen a esos países según su postura sobre el tema lo demuestra.

El Guttmacher Institute clasifica en varias tablas a los países de la región en función de la legislación actual sobre el aborto que tienen. Así muestran que hay seis países —Nicaragua, El Salvador, Honduras, Haití, República Dominicana y Surinam— donde la interrupción voluntaria del embarazo está prohibida totalmente.

En otros nueve países —Venezuela, Brasil, Chile, México, Guatemala, Panamá, Paraguay, Dominica y Antigua y Bermuda— el aborto está aceptado solo cuando esté en riesgo la vida de la embarazada.
En siete —Argentina, Bolivia, Ecuador, Granada, Perú, Costa Rica y Bahamas— solo se permiten los abortos cuando está en riesgo la vida de la mujer y para preservar su salud física. En otros cinco países —Colombia, Jamaica, St. Kitts y Nevis; St.Lucía y Trinidad y Tobago— se permite solamente cuando esté en riesgo la vida de la mujer y para preservar su salud física o mental. En tres —Barbados, Belize, St.Vincent y Grenadines— se autoriza en aquellos casos en los que esté en peligro la vida de la mujer, o su salud física y mental, o por razones económicas.

Solo cuatro países tienen despenalizado el aborto y es legal —Cuba (desde 1965), Uruguay, Puerto Rico y Guyana) con restricciones ligadas fundamentalmente al número de semanas de embarazo.

 

"Argentina: las mujeres de toda la región siguieron expectantes el debate parlamentario; Diputados votó a favor de legalizar el aborto pero el Senado lo rechazó. Hasta 2019 no se podrá repetir la votación"

 

El 14 de junio pasado el Congreso de los Diputados de Argentina celebró un debate histórico. Era la séptima vez en los últimos once años que se presentaba un proyecto de ley para despenalizar y legalizar el aborto pero la primera en la que finalmente el presidente de turno, el derechista Mauricio Macri, habilitaba el debate parlamentario.

Organizaciones médicas, feministas y distintas ONG coinciden en las cifras: anualmente se practican más de 400.000 abortos en Argentina, aunque no hay datos fiables de cuántos de ellos son clandestinos. Según las estadísticas del Ministerio de Salud, en los últimos años la cifra de muertes de mujeres por abortos oscila entre las 40 y las 50 al año, aunque tampoco especifica qué porcentaje de esas muertes se produjo a causa de abortos espontáneos o provocados. Para el ministerio, todas esas muertes tuvieron lugar tras un “embarazo terminado en aborto”, aunque distintas asociaciones estiman que en la mayoría de los casos se produjeron por abortos clandestinos, realizados en condiciones totalmente inseguras. La asociación feminista Mujeres de la Matria Latinoamericana ( MuMaLá ) ha creado recientemente el primer registro de muertes de mujeres a causa de abortos clandestinos en Argentina.

Dadas las características del tema, todos los partidos del hemiciclo respetaron la libertad de conciencia de sus parlamentarios y dieron libertad de voto, lo que produjo no pocas sorpresas.

En toda América Latina y el Caribe, y en menor medida también en algunos países europeos, se siguió con gran expectativa el debate, que duró más de 15 horas, con miles de feministas en la calle rodeando el Congreso, movilizadas, haciendo tronar sus tambores y ondeando pañuelos verdes, símbolo de su lucha. Las feministas argentinas son una referencia en toda la región desde que en 2015 un millón de mujeres salieron a la calle para gritar “¡Basta de matarnos, Ni una menos, Vivas nos queremos”, ante una ola de crímenes machistas.

En Argentina muere casi una mujer al día por la violencia de género, una lacra que es aún mayor en otros países de América Latina y el Caribe. La última gran ola de la batalla contra esos crímenes y por la diversidad sexual y los derechos laborales y sociales de las mujeres comenzó en 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner, pero no fue hasta diez años después cuando adquirió fuerza y masividad y lanzó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, una reivindicación que tradicionalmente ningunearon los grandes partidos políticos.

Y el 14 de junio, finalmente, el Congreso de los Diputados de Argentina aprobaba por 129 votos a favor y 125 en contra el proyecto de ley presentado por la oposición al Gobierno de Mauricio Macri para la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. El texto votado contemplaba despenalizar cualquier aborto hasta la 14º semana de gestación y para cualquier supuesto, a aplicarse dentro del llamado Programa Médico Obligatorio (PMO) tanto en las instituciones públicas como privadas.

Hasta el día de hoy sigue vigente en Argentina el Código Penal de 1921, que en sus artículos 85, 86 y 88 solo autoriza la interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos de peligro de la salud de la madre o de violación probada, previendo incluso penas de hasta cuatro años de cárcel por abortar.


En el proyecto de ley votado se establece que una mujer podría abortar tanto en la sanidad pública como privada también después de la 14º semana de gestación en los casos en los que haya riesgos evidentes para la salud de la mujer y si se considerara la imposibilidad de vida extrauterina del feto. El proyecto también especifica que si la embarazada es una menor de 16 años el aborto solo se podrá realizar con su consentimiento.

Ese proyecto de ley, una verdadera revolución en Argentina, rechaza la posibilidad de que en casos de máxima urgencia el profesional interviniente en el aborto alegue objeción de conciencia para no hacerlo y solo la respeta si ha dejado constancia previa de su negativa a realizar ese tipo de intervenciones.

Sin embargo, la euforia que suscitó la votación en el Congreso de Diputados se vio inmediatamente ensombrecida por el veto del Senado. Fueron 31 los votos a favor de la ley pero hubo 38 en contra, 2 abstenciones y 1 ausente por maternidad. Analizando esos resultados no pocos analistas escribiendo desde el exterior aseguraron que fueron los 'macristas' y sus aliados de gobierno, la Unión Cívica Radical (UCR), agrupados en el interbloque Cambiemos, quienes impusieron su mayoría para vetar la ley.

En realidad no se puede adjudicarles en exclusiva el resultado de la votación ya que no existió disciplina de voto de sus señorías en ninguno de los partidos y casi todas las formaciones políticas mostraron sus propias diferencias internas y más de una sorpresa. Por parte del grupo más grande del Senado, el opositor interbloque Justicialista (peronistas no 'kirchneristas'), que presentó el proyecto de ley, ocho votaron a favor pero 11 votaron en contra. En el segundo 'interbloque' en importancia, el de la UCR (parte del Gobierno), nueve votaron en contra y tres a favor. En el también gubernamental Frente PRO, de Macri, hubo cinco en contra pero cuatro a favor. En el caso del Frente para la Victoria (FpV) de Cristina Fernández de Kirchner, también hubo división, 8 votaron a favor pero una senadora votó en contra. Una división que se repitió también en la mayoría de las otras formaciones más pequeñas. En total en la Cámara Alta hubo 14 senadoras que votaron a favor de la ley y 14 en contra.

Cristina Fernández de Kirchner rechazó el aborto durante sus ocho años de gobierno. Ahora cambió su postura y votó a favor del proyecto de ley. Hasta último momento hubo incertidumbre de cómo votaría la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Muchos analistas dieron por descontado de que mantendría la misma posición que cuando fue presidenta, que votaría en contra de la ley; otros especulaban que podría ausentarse del hemiciclo para evitar ser abucheada por las miles de feministas que estaban en la calle pendientes de cada discurso y de cada voto.


Tanto durante su gobierno como durante la presidencia de su esposo, Néstor Kirchner, que le precedió en el cargo (2003-2007), se presentaron varias propuestas parlamentarias para que se debatiera la legalización del aborto pero ni uno ni otro aceptaron habilitar el debate. El peronista Miguel Ángel Pichetto, líder del interbloque Justicialista -antes integrado también en el FpV- e impulsor de la ley, recordó que él, en su momento jefe de la bancada oficialista, le había solicitado a la presidenta en 2013 convertir en ley un protocolo para casos de aborto por violación, siguiendo la doctrina sentada por la propia Corte Suprema de Justicia, una propuesta que ella también rechazó.

En febrero pasado Juliana di Tullio, ex diputada y jefa de la misma formación que la ex presidenta, el Frente para la Victoria, reconocía en una entrevista a la revista Anfibia que, durante los años de Gobierno de Cristina Fernández, en su formación “más de la mitad estaba en contra” de la legalización del aborto. “Fue mi decisión no poner el proyecto en el recinto para no perder, para mí hubiese significado un retroceso de 50 años. No tenía ni la mitad de los votos de mi bloque y al resto de los partidos les pasaba lo mismo. Además, faltaba lo que hoy sí existe: movilización en la calle y debate público instalado en los medios de comunicación”.

Y finalmente se desveló la incógnita sobre cómo votaría la ex presidenta en el Senado en 2018. En vísperas de la votación del pasado 9 de agosto ya adelantó a un popular entrevistador de televisión que votaría a favor de la legalización del aborto. En el propio Senado argumentó su voto y dijo que en su cambio influyó su hija Florencia, feminista, y “ver a las miles de chicas que se volcaron en la calle”.


En su descargo por no haber aceptado debatir el tema durante sus dos mandatos, Cristina Fernández reivindicó los avances logrados en libertad sexual durante su gobierno: “Votamos por la ampliación de derechos y hemos votado el matrimonio igualitario, que es una instancia superadora, superior a la interrupción del embarazo, que debería haber sido antes incluso. Este tema se nos pasó, debemos hacer una autocrítica”. La ex presidenta dijo en más de una ocasión que perdió a un bebé tras cinco meses de embarazo por un aborto espontáneo y que quedó muy traumatizada.

El debate parlamentario no podrá volver a repetirse hasta 2019 pero parece mayoritaria la idea en la sociedad de que terminará saliendo adelante la ley para despenalizar y legalizar el aborto. El tema está en la calle y la presión feminista va ganando cada vez más terreno.

 

"La injerencia de la jerarquía eclesiástica de la Iglesia católica en este debate, que hizo una gran campaña demonizadora del aborto"

 

La injerencia de la jerarquía eclesiástica de la Iglesia católica en este debate, que hizo una gran campaña demonizadora del aborto con llamamiento a sus fieles para que se movilizaran en la calle tal como en 1987 lo hizo contra el divorcio y en 2010 contra el matrimonio de personas del mismo sexo, provocó una oleada de apostasías.

La Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL) puso el pasado 8 de agosto —cuando se celebró el debate en el Senado— mesas frente al Congreso y ante la sede de la Conferencia Episcopal en el centro de Buenos Aires, para que tanto mujeres como hombres pudieran llenar una solicitud pidiendo ser eliminadas del registro bautismal, en repudio a la postura del clero argentino y del papa Francisco.
En pocos días recogieron 4.000 solicitudes que fueron entregadas en la Conferencia Episcopal. La CAEL reclama desde hace años la separación clara del Estado y la Iglesia y que se acabe la financiación pública de esta.

 

"Uruguay legalizó el aborto en 2012, durante el Gobierno del ex guerrillero 'tupamaro' Pepe Mujica"

 

En la campaña de las mujeres argentinas por la legalización del aborto supuso un aliciente inestimable el hecho que desde 2012 el vecino Uruguay lo hubiera aprobado, un estímulo para la lucha de todas las feministas de América Latina y el Caribe. Miles de argentinas y otras latinoamericanas han ido en estos años a abortar a Uruguay.

En Argentina, tras 13 años de gobiernos 'progresistas, los del 'kirchnerismo', el aborto siguió siendo ilegal. En Uruguay, en cambio, el Frente Amplio —amalgama de partidos de izquierda radical, socialistas, comunistas y demócrata cristianos— ganó por primera vez las elecciones en 2004 con el socialista Tabaré Vázquez como candidato presidencial, pero fue tras las elecciones de 2008, al ser elegido candidato por esa coalición el ex guerrillero del Movimiento Tupamaros 'Pepe' Mujica, cuando se produjo un giro a la izquierda interno que tendría también repercusión en la gestión de Gobierno.


En 2012 se aprobó la legalización de todo aborto que se realice durante las 12 primeras semanas de gestación, que se amplía a 14 semanas en los casos de violación.

“Los hombres no tendríamos que participar en esa decisión, es estrictamente del mundo femenino”, decía 'Pepe' Mujica en junio pasado en un acto en Rosario (Argentina) por el 90º aniversario del natalicio del 'Che' Guevara. “Impulsé en mi país una decisión de este tipo por un razonamiento muy sencillo: me crié en barrios proletarios, muy pobres, y conocí a una partera que se llamaba 'la Fonseca' que estaba a dos cuadras de la comisaría, y era la que practicaba los abortos. Y en Uruguay estaba prohibido. Allí no había ningún médico, solo una partera. Iban las mujeres pobres. Hay un problema de clase, siempre las mujeres pobres tuvieron la desgracia de sacrificar su juventud o hasta su vida”.

Durante el Gobierno de Mujica, en 2013 se legalizó también el matrimonio sexual y a fines de ese mismo año se aprobó igualmente la Ley 19.172, llamada la 'Ley de la Marihuana', que legalizó la venta de cannabis controlada por el Estado.

A pesar de las enérgicas protestas de la ONU Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en legalizar el cannabis, aunque los informes médicos y la planificación para su producción y distribución hizo que se demorara su venta —en un número limitado de farmacias— hasta julio de 2017. Por el propio origen y características de Uruguay, la Iglesia católica nunca tuvo tanta influencia como en Argentina y en la mayoría de países de la región, lo que ayudó históricameente al desarrollo de ideas progresistas. Ya en 1927 se convirtió en el primer país de toda América Latina y el Caribe en el que las mujeres pudieron votar. También fue el primero en legalizar la prostitución y uno de los primeros en permitir el divorcio a petición de la mujer.

 

“La revolución cubana legalizó el aborto libre, seguro y gratuito en 1965, pocos años después de su triunfo”

 

En Cuba la interrupción voluntaria del embarazo en los hospitales de la salud pública se legalizó en 1965 tras un proyecto presentado en su momento por la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) ante el alto número de muertes maternas provocadas por abortos clandestinos. Se legalizó antes incluso que en Reino Unido (1967), en Estados Unidos (1973) o en España (1985 y solo para algunos supuestos).
El aborto es permitido hasta las primeras 10 semanas de gestación, plazo que se amplía para aquellos casos en los que existan complicaciones para la vida de la madre o del feto. Solo está prohibido y es penalizado solo en tres casos: cuando haya lucro de por medio; cuando se realice fuera de las instituciones oficiales; o si es realizado por no profesionales o sin el consentimiento de la embarazada.

En 2016 se realizaron 85.000 abortos a mujeres de entre 12 y 49 años según el Ministerio de Salud Pública, lo que supone 45 casos por cada 1.000 mujeres. Aunque es inferior al promedio de abortos que se realizaban una década atrás y es la mitad del ratio existente en la región —96 por cada 1.000— las autoridades sanitarias cubanas consideran que sigue siendo una tasa excesivamente alta.

Según las estadísticas oficiales un 77% de mujeres cubanas en edad fértil utiliza algún sistema anticonceptivo. Sin embargo, hay una opinión extendida entre las ginecólogas y ginecólogos de Cuba de que muchas adolescentes utilizan el aborto “como un medio anticonceptivo más”, algo que se intentar frenar desde hace años con más campañas de educación sexual en las escuelas.

“La mujer cubana sabe que tiene el derecho a decidir y lo ejerce”, dice la doctora María Elena Benítez Pérez, del Centro de Estudios Democráficos (CEDEM) de la Universidad de La Habana, “pero el hombre a menudo se desentiende, lo considera 'un asunto de mujeres'”.

“Los hombres, por su parte, han ampliado sus roles tradicionales aunque no se puede hablar del fin del modelo de la cultura patriarcal que aún impera en la sociedad cubana”, sostiene, “y que se refuerza en esferas como las relaciones de pareja, las estrategias de negociación en el uso de métodos anticonceptivos, la responsabilidad individual ante un embarazo no deseado o no planificado, entre otros temas, donde los estereotipos y la costumbre revelan algunos signos de renovación, pero, donde hay todavía mucho más por hacer”.

A pesar de que en los últimos años ha llegado también a la isla la influencia de los movimientos 'pro vida' impulsados por la Iglesia católica e iglesias evangélicas en toda América Latina y el Caribe, nadie parece creer que esa corriente llegue a calar en la sociedad cubana que entiende desde hace más de medio siglo el aborto como un derecho básico e indiscutible de la mujer.

Los otros dos países de la región donde el aborto es legal son Guyana y Puerto Rico. Guyana (oficialmente República Cooperativa de Guyana), ese pequeño y poco conocido país de América del Sur septentrional limítrofe con Venezuela, Brasil y Surinam, miembro de UNASUR y la CELAC, legalizó el aborto en 1995 si es practicado en las primeras ocho semanas de gestación, plazo que se amplía hasta las 16 semanas en el caso de que exista riesgo para la embarazada o para el feto. Sin embargo, en la práctica, la interrupción voluntaria del embarazo pudo se realizada en todos los hospitales públicos solo a partir de 2008.

Tanto el Guttmacher Institute como otras instituciones internacionales incluyen a Puerto Rico como el cuarto estado de América Latina y el Caribe que tiene legalizado el aborto, aunque resulta polémica su inclusión tal como la muestra su propio nombre oficial: Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Un nuevo referéndum —no vinculante— en la isla en 2017 mostró que el 97% apoyaba la anexión a Estados Unidos.

Aunque no pueden votar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, los puertorriqueños son considerados ciudadanos estadounidenses desde 1917. Desde hace más de medio siglo se les deja elegir a su propio Gobernador, y han podido dotarse de su propia Constitución, pero esas como otras decisiones importantes de su Legislativo siempre deben ser ratificadas por el Congreso de los Estados Unidos.

Puerto Rico se rige por las leyes estadounidenses y el fallo del Tribunal Suprema en el caso Roe vs. Wade de 1973 —refrendado en Puerto Rico por su Tribunal Supremo en 1980— legalizó el aborto realizado tanto a mayores como a menores de edad hasta las 12 primeras semanas de gestación.


Sin embargo el Código Penal de la isla lo sigue tipificando como delito en su artículo 98, pudiéndose condenar a la mujer y al médico a duras penas de cárcel en determinados supuestos.

Este mismo año, la senadora Nayda Venegas Brown ha presentado un proyecto de ley para restringir más el derecho al aborto en Puerto Rico, especialmente en el caso de las menores de edad, haciéndose eco a la polémica reabierta sobre el tema en varios estados de Estados Unidos que intentan descafeinar el fallo de la Justicia de hace 45 años.

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Sábado, 08 Septiembre 2018 08:05

Grietas en el Estado de Bienestar sueco

Grietas en el Estado de Bienestar sueco

Junto con otros países escandinavos, Suecia sigue simbolizando hoy un sistema equitativo y libre. Pero el modelo viene enfrentando problemas que pueden quedar más que expuestos en las elecciones generales que se celebran hoy.

Con la caída del Muro de Berlín, el modelo social demócrata sueco brilló como uno de los grandes logros de la izquierda luego del fracaso del llamado “socialismo real”. Junto con otros países escandinavos, Suecia sigue simbolizando hoy un sistema equitativo y libre, que garantiza crecimiento y justicia social. Pero el modelo viene enfrentando problemas que pueden quedar más que expuestos en las elecciones generales que se celebran hoy.


Según los sondeos, la actual coalición de centro izquierda solo recibiría entre un 35 y 40 por ciento de los votos, mientras que los cuatro partidos de derecha se le situarían muy cerca. La sorpresa más inesperada y desagradable es el avance incontrolable de un partido de extrema derecha, que puede llegar a convertirse en la segunda fuerza política del país. PáginaI12 dialogó con el analista político sueco Vyktor Skyrman de la prestigiosa Fundación de centro izquierda, Katalis.


–¿Qué está pasando en Suecia que ha surgido con tanta fuerza un partido xenófobo que lleva el curioso nombre de Demócratas Suecos?


–El sistema sueco es parlamentarista. Los ciudadanos eligen a sus representantes y el parlamento elige al partido o coalición que tenga más escaños para formar gobierno. La actual coalición de centro izquierda formada por social demócratas y verdes gobierna con el apoyo de tres partidos progresistas. Si se confirman los sondeos, esta coalición obtendrá un poco más que la de los cuatro partidos de derecha. El problema es que los “Demócratas suecos”, un partido xenófobo que tiene raíces nazis y que, según algunos analistas, son una suerte de “fascismo soft”, podría conquistar un 20 por ciento de los votos. Esto abre el camino a una posible alianza entre la derecha y los demócratas suecos para formar gobierno que a la vez desplazaría a la coalición de centro izquierda y le daría legitimidad a un partido como los “Demócratas suecos” que podrían ser los que terminen decidiendo quién es el próximo gobierno.


–¿De qué se trata este fascismo soft de los Demócratas Suecos?


–En las elecciones de 2010 los Demócratas suecos cruzaron el umbral del 4% del voto para conseguir representación parlamentaria: obtuvieron 20 escaños. Eran minoritarios. Hoy tienen la posibilidad de dar el gran salto. Tienen una política económica neoliberal, de bajos impuestos y hostilidad a los sindicatos, que combinan con una plataforma fuertemente anti-inmigratoria. En esto son bastante parecidos a Donald Trump.


–Sorprende todo esto porque el Partido Político dominante de la coalición de centroizquierda, los socialdemócratas, fue la fuerza hegemónica de la posguerra y casi siempre obtuvo entre el 40 y el 45% de los votos. Hoy apenas contaría con un 25% de los votos.


–Es parte de un largo proceso histórico. En los 80, igual que en muchas otras partes del mundo, Suecia vivió una liberalización financiera. Esta liberalización condujo a una burbuja inmobiliaria-financiera que explotó con la traumática crisis financiera en 1991. A esto hay que agregarle como clima de época, la caída del Muro de Berlín y la creciente hegemonía del discurso neoliberal, que impuso la llamada “Tercera Vía” de Tony Blair en el Reino Unido, Gerard Schroeder en Alemania y Bill Clinton en Estados Unidos, que era básicamente una versión neoliberal de la social democracia. Como resultado de todo esto, la socialdemocracia sueca formó parte de este “Tercera Vía” y adoptó una política de austeridad fiscal. Hoy pregonan el déficit cero o incluso superávit, algo que, curiosamente, hasta fue criticado por algunos bancos y medios de derecha porque impide la inversión en infraestructura.


–Es decir que la misma social democracia se ató de pies y manos respecto a lo que era su política tradicional.


–Aceptó el credo de que lo privado es bueno, lo estatal malo, con lo que perdió la palanca de la inversión pública y el espacio económico que necesita la política social con la consiguiente pérdida de apoyo en algunos sectores tradicionalmente socialdemócratas. Pero como decía es un fenómeno más amplio porque uno ve hoy el impacto de este viraje en muchos partidos de la izquierda europea. En 2012 en Holanda el partido Laborista obtuvo un 25 por ciento de los votos. El año pasado solo consiguió un seis por ciento. En Grecia Pasok fue del 44 por ciento en 2008 a un cinco en 2015. Los social demócratas en Francia, Alemana, Italia tienen también problemas. No hay una sola causa para explicar esto, pero sí hay un factor común que es que no solo se abandonaron las políticas y la retórica social demócrata sino que directamente se abrazaron recetas neoliberales. En este vacío ideológico, los votantes socialdemócratas están virando a la derecha en Francia, el Reino Unido, Europa del Este.


–Este giro político no se da en el vacío. Me interesa particularmente el caso de Suecia porque fue durante mucho tiempo un ícono de sociedad igualitaria. ¿Era correcta esta visión o estaba sobrevalorada?


–La ilusión de Suecia como “utopia” socialdemócrata tuvo mucho de verdad en los 80. Hoy habría que revisar esa imagen. En los últimos 30 años no ha habido ninguna reforma progresista. Los gobiernos conservadores y social-demócratas redujeron el impuesto a la riqueza, a los ingresos, a la herencia y la propiedad y practicaron desde los 90 el conservadurismo fiscal del déficit cero o del superávit fiscal. Estas políticas tienen un precio. La calidad de los servicios del estado de Bienestar ya no son lo mismo y hay mucha más desigualdad que en otras épocas. La década de los 80 fue la última con pleno empleo. Hoy una creciente parte de la población está desempleada o subempleada. Suecia tiene el fenómeno del uno por ciento capturaba el 20 por ciento la riqueza privada en 1978. En 2006 el porcentaje es el doble: un 40 por ciento. Unas 15 familias controlan el 70 por ciento de las compañías en la bolsa. Y según un cálculo reciente, hay unos cinco mil millones de dólares de evasión impositiva en los paraísos fiscales.


–Como ha ocurrido en otros países, la derecha xenófoba y anti-inmigratoria ha aprovechado esto. Italia, Hungría y Polonia son los casos más extremos en la Unión Europea (UE), pero hay una tendencia presente en casi todos los países. En la mayoría, esta tendencia contiene además una retórica antieuropea que ya produjo frutos: el Reino Unido está a meses de abandonar la UE. En Suecia los Demócratas Suecos proponen un referendo para abandonar la UE. ¿Tienen alguna posibilidad de éxito?


–Por el momento no. Suecia no está en el euro y es muy pro-Unión Europea. De manera que para los Demócratas Suecos no es un tema muy importante de su agenda. Ellos se centran en el tema inmigratorio. A más largo plazo, ¿quién sabe?

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Nicaragua se paraliza para exigir la libertad de los presos de Daniel Ortega

La huelga general convocada por la opositora Alianza Cívica y apoyada por la patronal logra un seguimiento masivo

La convocatoria de un cacerolazo doce de la noche del jueves al viernes marcó el inicio del tercer paro nacional en Nicaragua convocado para presionar al Gobierno de Daniel Ortega. Esta vez con la intención de exigir la liberación de centenares de personas apresadas por participar en las manifestaciones que desde abril exigen que el exguerrillero sandinista deje el poder. La huelga fue respaldada por la patronal, que instó a todas las empresas a echar el cierre durante 24 horas. Aunque hubo pequeños negocios que decidieron abrir sus puertas, el gran comercio, las franquicias internacionales, la banca y grandes compañías se unieron al paro. A media tarde de este viernes, la capital, Managua era una ciudad desolada.

El paro fue convocado por la opositora Alianza Cívica, la organización creada bajo la mediación de la Iglesia y que reúne a empresarios, estudiantes universitarios, sindicalistas, líderes campesinos, y académicos con el fin de negociar con el Gobierno una salida a la crisis política que ha dejado ya centenares de muertos, miles de heridos y un importante éxodo de nicaragüenses. Inicialmente, el trabajo de esta Alianza parecía limitarse a las negociaciones en el marco del llamado Diálogo Nacional. Pero con el recrudecimiento de la represión contra las manifestaciones pacíficas por parte del Ejecutivo de Ortega, la organización —que ha tratado de ejercer de freno a la deriva autoritaria del mandatario— ha recibido la crítica de algunos sectores de la sociedad que la acusan de falta de beligerancia.

La convocatoria de una huelga general era una de las principales demandas sociales a los miembros de la Alianza, como forma de presión extrema al régimen de Ortega, que enfrenta el deterioro de la economía tras casi cinco meses de crisis. Economistas consultados por este diario calculan que un día de parálisis de la actividad económica genera pérdidas cercanas a los 38 millones de dólares, además de una merma en la recaudación fiscal, uno de las principales fuentes de ingresos del Estado, que ha tenido que recortar su presupuesto por el orden de los 200 millones de dólares.

“Estamos frente a un régimen que no entiende de razones”, dice Azahalea Solís, abogada constitucionalista y uno de los rostros más visibles de la Alianza Cívica. “Aquí a las personas los raptan paramilitares, los capturan sin orden judicial, hay un enorme rosario de abusos en los que se violentan las garantías legales de los detenidos”.
Nuevas detenciones
Los nicaragüenses despiertan cada día con noticias de nuevas detenciones. Las personas apresadas son líderes del movimiento estudiantil que le planta cara a Ortega, médicos, profesores, activistas o cualquiera que haya participado activamente en las manifestaciones contra el régimen. Son detenidos por oficiales de Policía con apoyo de grupos irregulares fuertemente armados, que en Nicaragua son identificados como paramilitares por organizaciones de derechos humanos, pero que Ortega ha llamado “policía voluntaria”. Estas personas son trasladas a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas popularmente como El Chipote y denunciadas como centro de torturas y se les imputan cargos relacionados a terrorismo. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) calcula más de 400 personas han sido encarceladas en el marco de las protestas.

El joven Edwin Carcache fue apresado el martes. Forma parte del movimiento estudiantil y de la Alianza Cívica y era una de las caras más visibles de las protestas. Alentaba a los manifestantes en las marchas, megáfono en mano, gritando consignas contra el Gobierno de Ortega. Larguirucho, risueño y decidido, se le conocía por llevar siempre un sombrero con los colores de las bandera de Nicaragua. Fue uno de los estudiantes atrincherados en la Universidad Politécnica (UPOLI), una de las primeras en revelarse contra el Gobierno. Su detención conmocionó al país.
A Carcache —que fue detenido junto a otras cinco personas que más tarde fueron liberadas— las autoridades lo señalan de ser el líder de una banda “terrorista” y lo acusan por al menos ocho delitos: tenencia ilegal de armas de fuego, tentativa de homicidio e incendio en perjuicio del Estado. “Mi hijo es inocente, su único delito ha sido alzar la voz en las marchas, tomar un micrófono y denunciar a este régimen”, se reafirmaba el jueves Mercedes Dávila, madre del estudiante, en conversación con este diario.

Carcache es otro de los miembros de la Alianza Cívica apresados por el Gobierno. A inicios de julio fueron detenidos los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, que son acusados por el asesinato de cuatro policías en una lejana localidad del sur de Nicaragua. La Alianza también ha informado de amenazas de captura contra otros de sus miembros.

Por estas detenciones, consideradas ilegales, la Alianza Cívica convocó a la huelga general del viernes, que fue respaldada por el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la principal cámara empresarial del país. Managua y las principales ciudades del país lucían casi vacías y sus comercios cerrados, aunque el Gobierno intentó demostrar normalidad convocando a sus simpatizantes y trabajadores del Estado a ferias de alimentos y artesanías y obligando a todas las instituciones a mantener abiertas sus puertas y la circulación del transporte público. Millones de nicaragüenses, sin embargo, se mantuvieron encerrados en sus casas a la espera de que llegara la media noche y unirse a un “cacerolazo” que diera por concluida la huelga general, la enésima medida de presión para exigir el fin del Gobierno de Ortega. El mandatario, pese a todo, se mantiene atornillado en el poder.

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