Viernes, 22 Marzo 2013 08:00

Once días que conmocionaron a Colombia

Once días que conmocionaron a Colombia

Desde el pasado 25 de febrero, y hasta el 8 de marzo, el país vivió en conmoción. No fue para menos: campesinos caficultores y cacaoteros, transportistas y trabajadores del carbón, uno a uno, empezando por estos últimos, como granos del mismo costal, se declararon en protesta. En el caso de los primeros tres sectores, tomaron la calle, cerraron vías, amenazaron con marchar sobre Bogotá, se enfrentaron con la policía que pretendió impedir su libre derecho a la protesta, en fin, rompieron con voz y dignidad la parsimoniosa conformidad que parece vivir una sociedad en extremo sumisa a pesar de los escandalosos indicadores de desigualdad y pobreza que la marcan.

 

La ola ascendente de inconformidad se encrestó con el paro y movilización de los campesinos caficultores, a los que se sumaron casi de inmediato los cacaoteros. Los caficultores exigían al gobierno nacional solución para su crisis económica producto, en apariencia de la revaluación del peso, pero acumulada desde hace años, poco a poco, por la ruptura del Pacto Internacional que regulaba el comercio internacional del café, por la diversidad de plagas que ahora atacan el grano –y la obligación derivada que traen para los campesinos de intoxicar sus plantas con variedad de químicos–, además de la renovación de cultivos a que los obliga la Federación Nacional de Cafeteros.

 

Por once días sus pasos y voces rompieron la rutina nacional. Desde las más distantes veredas y corregimientos de docenas de municipios, por miles, como nunca se había visto, pequeños y medianos agricultores, acompañados de trabajadores agrícolas, se volcaron sobre las principales vías de diversidad de departamentos, entre ellos, los del eje cafetero, Antioquia, Valle del Cauca, Tolima, Cauca, Huila, Nariño. Su decisión, organización y consistencia organizativa era notable. En uno y otro punto instalaron carpas, levantaron fogones, distribuyeron funciones, dispuestos a una lucha de muchos días. Y levantaron la voz: "no regresaremos a nuestras fincas hasta que el Gobierno negocie y reajuste el subsidio que entrega por carga de café". Con esta capacidad organizativa resolvieron, al mismo tiempo, las amenazas oficiales de judicialización de la protesta, sus distorsiones informativas y en general la guerra sicológica desplegada por el Gobierno, manipulación en la cual el establecimiento no desfalleció ni un día.

 

Sus voces de protesta e inconformidad se escucharon por todo el país, incluso entre indígenas, constituidos en la novedad de esta protesta, lo que indica que el cultivo del grano se extendió a regiones que antes no se consideraban cafeteras, y que ahora el grano también está sembrado en espacios de estricto minifundio. Pero indicando, asimismo, que el problema del café lo es también de la tierra, de su propiedad, de los estímulos que se tienen para quienes la cuidan y siembran, de si se busca o no soberanía alimentaria, entre otras problemáticas por resolver. Por eso, esta movilización, al vincular esa inmensidad de campesinos, evidencia la quiebra total de la supuesta representatividad que decía portar la Federación de Cafeteros. En verdad, esta no representa ese inmenso arco iris de gente mestiza, color de tierra, quemada por el sol, más los blancos, negros, en fin, toda esa variedad de la pobrecía colombiana que ha tenido que colonizar, tierra adentro, a fuerza de ser violentados.

 

La fuerza de la protesta fue notoria. Tal vez por la dilación a que fueron sometidos por el gobierno por espacio de dos años –en los cuales realizaron plantones, presentaron pliegos, realizaron marchas y concentraciones puntuales, todo ello en pro de diálogo y concertación–, o tal vez porque los pobres han aprendido que si no es con acciones directas el gobierno central no atiende ningún reclamo. Como ciclón, en todos los departamentos, a cada concentración se fueron sumando con los días cientos, miles de campesinos inconformes, y en la medida que crecían en número las vías se cerraban como con puerta de acero. En especial la llamada Panamericana, que permaneció cerrada en extensos kilómetros, sometida a rígido control campesino e indígena, rota por numerosas barricadas. ¿Se ligaba en una sola mano la protesta histórica de estos sectores con una demanda puntual?

 

Tal vez sí, tal vez no. Pero más allá de esto hay que resaltar que allí emergió por espacio de una semana larga un poder social que indica que en el campo colombiano descansa un potencial social dispuesto a lo que sea. Si bien la motivación más notoria era la económica, al pliego de exigencias se sumaron demandas contra la gran minería, por la protección del medio ambiente, por condiciones de trabajo, por una política agraria integral. En saber relacionar estos reclamos con otras agendas sociales, y en garantizar su demanda y concreción en el mediano plazo, de eso depende la cualificación de las luchas agrarias, en especial la de estos campesinos, que no son ajenas a las de otras familias dedicadas al campo, confiando su economía a la demanda y precio de otros sembrados, pues lo que está en crisis es el agro, el modelo de desarrollo implementado por los sectores dominantes. Cualificación que también depende de la capacidad y disposición del Movimiento Dignidad Cafetera para acoger en su seno –de manera federada– al conjunto social movilizado, hasta ahora no relacionado con esta organización. Una verdadera Constituyente cafetera puede ser la salida para este relacionamiento y para la elaboración de una propuesta agraria integral y colectiva.

 

Se está ante un gran reto. Lo que se debe entender es que el levantamiento del paro no es más que una tregua, pues la "solución" del subsidio no es sólo coyuntural sino volátil y vulnerable. Los campesinos cafeteros tienen claro que las cartas se deben barajar de nuevo y que los cambios en las lógicas de la producción, en la estructura gremial y en los fines y gestión de los fondos solidarios de los productores, pasa por un reencuentro con el verdadero hermanamiento y el rescate de la identidad de grupo. Queda latente, entonces, el próximo paso, que a la par de la mentada Constituyente cafetera no puede ser otra que la creación de una verdadera Federación democrática de los productores, en la que la planeación y conquista del futuro surja de acuerdos reflexivos en los que el fin último no es cosa distinta al bienestar del colectivo social. Si los cafeteros, con ayuda del resto de la sociedad, logran darle esa lección al país no sólo se salva el café sino que se abre una puerta de esperanza para un futuro mejor para todos.

 

A la sombra de esta protesta emergió, y se protegió, la de los cacaoteros, con asiento fundamental en el Magdalena Medio. Su reivindicación, en lo fundamental económica, tenía poca proyección, por lo cual el Gobierno logró neutralizarla con un pequeño subsidio. Se desmontaron de la jornada de lucha tan rápido como ingresaron; esto es preocupante, pero tras de ello queda la lección de que, incluso, en regiones sometidas a un fuerte y pertinaz control paramilitar, donde fueron asesinados o expulsados miles de campesinos, aún allí, vuelve a encender la llama de la inconformidad.

 

De manera similar sucedió con los transportadores de carga, que sometidos desde hace varios años al incremento del galón de la gasolina y del Acpm, así como de peajes y al costo de las autopartes, se quejan por la reducción de sus ganancias. En realidad, su mayor problema es el exceso de oferta, pero tratan de encontrar un alivio a su problemática, aunque parcial, concentrando su reclamación en el tema del precio del combustible. Su congelamiento por varios meses los desmovilizó, si bien un sector de ellos –sin fuerza para imponerse en las autopistas– quedó inconforme con lo acordado.

 

Por su parte, los trabajadores del carbón aprueban un paro que se extiende por espacio de 30 días, tras el cual logran algunas reivindicaciones, todas ellas laborales: salarios, estabilidad, salud, incorporación por contrato fijo de 600 trabajadores que laboraban por contrato temporal (de 7.000 que están bajo esa modalidad contractual). Lo crítico de este pliego –y del acuerdo logrado– es que está reducido a una reivindicación sin ninguna extensión solidaria. Entonces, es un triunfo de los trabajadores sindicalizados, pero con sabor amargo por su gremialismo.

 

Pese a estas circunstancias, a la desconexión en su proyección política de estos cuatro conflictos que coincidieron en el tiempo, lo cierto es que durante los once días que duró el paro cafetero, acompañado de las otras protestas, el país estuvo sumido en un tiempo especial: el de la conmoción. La solución parcial que se le dio a los conflictos agrarios y al de los transportistas, indica que en poco tiempo estallaran de nuevo. Sin duda, para que en próximas jornadas salgan airosos, los movimientos sociales deben proyectarlos con sentido de tiempo.

 

Las lecciones que deja la jornada son para todos y entre todos hay que extraerlas.

 

Publicado enEdición 189
Viernes, 22 Marzo 2013 07:05

Las ovejas ya están esquiladas

Las ovejas ya están esquiladas

En las administraciones Uribe y Santos, los erarios municipales han padecido significativos recortes. Para llenar el enorme hueco fiscal, los alcaldes han endurecido los Estatutos Tributarios, recargando sobre los ciudadanos la desatención del Estado, y los impuestos que les son exonerados a las multinacionales.

 

Con el inicio del año 2013 han despertado, otra vez, numerosas protestas en diversas ciudades. La razón: se mantiene la inconformidad con las altas cifras por pagar que han traído las facturas del impuesto predial. Lo novedoso de esta situación es que los inconformes no demandan que no se cobre el impuesto, sino que éste sea justo (es decir, que se cobre de acuerdo a la capacidad económica de las familias), y deciden que, mientras tanto, estarán en desobediencia civil.

 

Como se sabe, la nación y las entidades territoriales se sostienen y proyectan su funcionamiento, principalmente, a partir de establecer y recaudar impuestos, imponiendo “a todos los ciudadanos” la obligación de pagarlos para el sostenimiento de los gastos de financiación del Estado en sus distintas variables. Para el caso que nos ocupa, todos los propietarios y poseedores de vivienda cancelan el impuesto que se conoce como predial. Para que así sea, todos los municipios colombianos cumplen con las labores denominadas técnicamente formación catastral, actualización de la formación y conservación catastral, a través de sus respectivas autoridades catastrales (tres del orden municipal para Bogotá, Cali, y Medellín; una departamental para Antioquia y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi para el resto del país), en cumplimiento de las normas más recientes que regulan este y otros impuestos: leyes 14 de 1983 “Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales”, 44 de 1990 “Por la cual se dictan normas sobre catastro e impuestos sobre la propiedad raíz, se dictan otras disposiciones de carácter tributario y se conceden unas facultades extraordinarias”, y 1450 de 2011 o “Plan Nacional de Desarrollo”.


Desde hace treinta años, los gobiernos nacionales han ejercido constante vigilancia para que se cumpla de manera cabal con el mandato legal, pero, sin duda alguna, la mayor presión la han recibido los alcaldes en la última década pues con los Actos Legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007 –de modificación de la Participación en los Ingresos Corrientes de la Nación– los municipios padecieron significativos recortes en sus recursos. Estas medidas formaron, entonces, un hueco en los fiscos locales, y los gobiernos nacionales exigen a los alcaldes que lo llenen con el endurecimiento de sus estatutos tributarios, incluso bajo amenazas disciplinarias, fiscales y penales. No pocos hacen del mandato su propio designio, como el Alcalde de Medellín, comprometido con toda política neoliberal del mandatario nacional.


Y su pretensión no es poca. En el año 2005 Santiago Montenegro, Director de Planeación Nacional, calculaba que si los municipios aumentaban un punto en el Impuesto Predial podrían recaudar un billón de pesos más por año. Esta afirmación ayuda a entender por qué las dos administraciones de Uribe y la actual de Santos empujan al alza los impuestos de los municipios: que sean los ciudadanos de la localidad los que aporten para atender sus necesidades –cada vez más crecientes– y no la Nación.


Y la cascada impositiva se vino sobre los hogares. Dispone la ley del Plan Nacional de Desarrollo, 1450 de 2011, que el avalúo catastral no podrá ser inferior al 60% del valor comercial del inmueble. Un cálculo, un impuesto, que se elabora en ese mundo ajeno a la cotidianidad de la inmensa mayoría de propietarios inmobiliarios, dueños apenas de una propiedad: su casa, destinada a la vivienda familiar.

 

Esta determinación del avalúo catastral, competencia de la autoridad administrativa, va acompañada de la decisión de los concejos municipales respecto de la tarifa del impuesto predial. Se entendería entonces que estas corporaciones de elección popular aplicarían, teniendo en cuenta el crecimiento real de la base gravable (resultado de la actualización catastral), unas tarifas bajas –más bajas mientras más haya subido el avalúo catastral– de manera que, al cruzarse con los rangos de avalúo y según el estrato socioeconómico, el impuesto se eleve en proporciones justas, equitativas y progresivas, respetando la capacidad de pago de la población. En todos los municipios de Colombia, la realidad ha sido diferente de esta legítima consideración, pues los concejos han definido tarifas, por lo general, muy altas.


En Medellín, del uno al cinco por mil

 

En el caso del concejo de Medellín, este aprobó en noviembre el Acuerdo Municipal 64 de 2012 –Estatuto Tributario–, cuando la actualización catastral aún no estaba concluida, hecho que ocurrió a fines del mes de diciembre. No había, por tanto, suficiente conocimiento de la nueva base gravable que permitiera inferir la magnitud del descenso que la tarifa requería. La tarifa mínima fue así mismo modificada por la ley 1450 de 2011 pasándola, del 1 por mil, al cinco por mil, instrucción rápidamente recogida por nuestra Corporación municipal.

 

Para poner en cifras la situación, veamos el ejemplo de lo que sucede con la factura del impuesto predial en esta ciudad, y la verdadera condición socioeconómica de sus hogares:

 

El total de predios registrados en su oficina de catastro asciende a 875.462 y los propietarios son 702.448. El 70.31% de los propietarios urbanos y el 85.55% de los rurales sólo tienen una propiedad, lo que significa que no la tienen para el negocio rutinario. El 76.5% de los hogares son estratos 1, 2 y 3. En 212.552 hogares (29.73% del total) falta dinero para comprar alimentos y en 60.075 hogares de los 298.000 en los que hay niños, alguno se acuesta con hambre porque no alcanza el dinero para la comida.

 

En la comuna El Poblado (estrato 6 en su inmensa mayoría), el promedio del dinero destinado por los hogares para el pago de alimentos mensuales bordea el millón cincuenta mil pesos, pero en otras trece comunas (sin Laureles y Belén) esta cifra varía entre trescientos y cuatrocientos mil pesos.

 

Esto sucede en una ciudad como Medellín, donde la economía familiar está en crisis. Así lo denuncian datos como que el 49% de los desconectados de los servicios públicos domiciliarios trabaja, de estos el 55% son informales y del 51% que no trabaja, un poco más de la mitad son amas de casa; el 53.2% de los usuarios de las Empresas Públicas de Medellín de estratos 1, 2 y 3 paga más de $165.000 mensuales, y el 55.2% de ellos gana menos de $560.000, y otro 43% gana menos de $400.000.


Sin duda, estas son cifras de pobreza, hambre y desempleo, y esta es la verdad de las condiciones como viven quienes van a pagar la factura del impuesto predial. Es evidente que se presenta una contradicción insoluble, antagónica, entre factura y capacidad de pago. Hay datos que enseñan que los promedios del impuesto predial en comunas pobres están, en todos los casos, por encima de los cien mil pesos: comuna uno $111.179; dos $131.208; tres $125.369; seis $166.062; ocho $198.369; trece $212.654, para mencionar apenas unos casos.


Con razón decía George Soros, uno de los grandes especuladores financieros del mundo, que “en esta etapa de la historia los impuestos tienden a pasar del capital a los ciudadanos”. En época de globalización neoliberal, traducimos nosotros, a los grandes capitales multinacionales se les enriquece más, se les exonera de impuestos, mientras a los pobres se les empobrece más, se les carga severamente con toda clase de impuestos. Y esto debe terminar.


Medellín, en desobediencia civil

 

Hasta ahora, de manera cumplida los ciudadanos han atendido las obligaciones del artículo 95 numeral 9 de la Constitución Política: “Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad”, pueden ahora, entonces, ejercer el derecho legítimo de hacer valer su fuerza, también cumpliendo con una prerrogativa que les ha sido otorgada por la propia Constitución Política: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente” (artículo 37).

 

Y así se está procediendo: decenas de organizaciones comunales, cívicas, sindicales, gremiales, políticas y religiosas; constituyeron a fines del mes de enero en la ciudad de Medellín, el Comité Ciudadano Predial Justo y han llevado a cabo, al menos, una marcha gigantesca y muchos plantones en las comunas, evidenciando el ánimo de indignación que recorre toda la ciudad y el clamor por la revisión total de los avalúos residenciales y comerciales, por la merma significativa del impuesto predial y por un Proyecto de Acuerdo que defina las tarifas de acuerdo con la capacidad de pago de los contribuyentes.

 

Pero no sólo en Medellín. En toda Colombia, por la extendida condición de desempleo causada por el cierre de fábricas y unidades productivas agropecuarias, por la generalización de la pobreza, las distintas organizaciones sociales que lideran el reclamo colectivo contra estos impuestos enfatizan en los impuestos justos. Procurar que toda esa gama de protestas se reúnan en un gran movimiento nacional por la derogatoria de las leyes de actualización catastral es la consigna que hoy está vigente.

 

Por Javier Gaviria Betancur, presidente de la Asociación Antioqueña de Ligas de Usuarios de los Servicios Públicos – ASULUS.


Recuadro

¡Esto es un asalto!


Ahora, que para todo el país se exige adelantar los procesos de actualización catastral cada cinco años, muy útil es recordar con exactitud cómo está definido el avalúo catastral por la más reciente norma expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Resolución 070 de 2011: “El avalúo de la actualización de la formación es el avalúo catastral corregido para eliminar disparidades provenientes de cambios físicos, variaciones de uso o de productividad, obras públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario”, lo que significa que el mayor valor no proviene en exclusivo de agregar mejoras o construir nuevas áreas, sino también de estrenar en el entorno urbanístico obras de infraestructura física o de equipamiento urbano, y, lo que es peor, de los movimientos económicos o financieros, literalmente especulativos, en el mundo de los negocios de la propiedad raíz, elemento perverso, pues supone que todos tenemos nuestra casa para negociar con ella.

Publicado enEdición 189
La verdadera religión en el movimiento profético

Tanto los profetas no escritores y escritores del Antiguo Testamento (siglos 9º a 5º a. C.) como los profetas de todos los tiempos y, particularmente, los profetas de América Latina han cumplido parte de su ministerio en las tareas de denunciar “una falsa religión” y “unos falsos líderes religiosos” y en dibujar los perfiles de la religión que libera al ser humano y por ello agrada a Dios. En esa lectura de la historia se destacan Amós, Oseas y Miqueas (siglo VIII a. C) como profetas de la justicia que denuncian con lenguaje enérgico y duro los abusos religiosos y las injusticias sociales; profundizan en el pasado como profetas de la historia; fustigan a los malos sacerdotes, a los falsos profetas y a los ricos. Habacuc y Sofonías (siglo VII a. C.) se lamentan sobre la injusticia predominante y anuncian castigo para los causantes de ella. Ezequiel, Jonás y Baruc (siglo VI a. C.) predican la piedad interior y la responsabilidad personal junto con un mensaje de esperanza y de consuelo para el pueblo devastado; predican contra los particularismos excluyentes del judaísmo de después del exilio.


Son características comunes de esos movimientos proféticos, el anuncio de una religión orientada hacia la justicia y el señalamiento de los que la persiguen y oprimen por esa causa; el desenmascaramiento de la connivencia de la religión oficial con las injusticias y pecados de los sistemas políticos; la denuncia de la religión que ignora la práctica de la justicia; el señalamiento del culto lleno de ritos pero vacío de contacto vivo con la situación de las personas y carente de amor y de misericordia; la denuncia de la religión alienante y al servicio de los opresores; el señalamiento de la corrupción religiosa que busca ganancia económica y poder para la casta sacerdotal; la caracterización como “religión en pecado” a la religión opuesta a las luchas por la justicia de viudas, huérfanos y empobrecidos.

 

A partir de esa praxis profética, ahondada por las praxis y por las teologías de liberación de los pueblos históricamente colonizados, negados y oprimidos, pueden surgir, al menos, seis tesis sobre el espíritu religioso auténtico. Esas tesis evidencian, así mismo, la ilegitimidad de las iglesias históricas, supuestamente fundadas en el espíritu de Jesús de Nazaret.

 

Tesis 1: La Iglesia de los medios poderosos cambia el “Anuncio del Reino” por estrategias de crecimiento, con políticas como captación de nuevos clientes y mercado de todo tipo. Soportes sociológico-teológicos de esta tesis: No todos los medios son válidos para el anuncio y construcción del Reino de Dios. Los medios poderosos son contrarios a los valores que, con el nombre de “reino de Dios”, anunció Jesús. Según el discurso evangélico, lo pequeño y mínimo del mundo escoge Dios para confundir los proyectos de los grandes y soberbios.


Tesis 2: La Iglesia de poder es atea del “Dios de la vida”. Soportes histórico-teológicos: Sólo a los humildes y sencillos se les revela el proyecto de Reino de Dios. El poder político, militar y religioso eliminó a Jesús y pretendió eliminar su anuncio posterior; y luego, ese poder se divinizó a sí mismo. Para afianzar su proyecto, el poder absolutizado elimina a los pobres y a los que se ponen de su parte históricamente. Cuando un ser humano o un colectivo humano escoge el poder como su tesoro existencial, allí no habrá lugar para el proyecto de Dios.


Tesis 3: Cuando los que gobiernan no siguen el proyecto de Dios, la religión no puede ser su aliada. Soportes profético-teológicos de esta tesis: Cuando el gobernante y su sistema se apartan del plan de Dios, todo el aparato de gobierno cae en pecado y se corrompe. Un solo pobre en la nación es señal inequívoca de que algo esencial se ha roto: la alianza de buen vivir entre Dios y el pueblo que lo invoca.


Tesis 4: La religión formalista –de solo culto– traiciona a Dios cuando cree que puede disponer de él mágicamente, a su antojo. Soportes bíblico-teológicos: Según enseñanza esencial de Jesús y de los profetas que lo antecedieron, de nada sirve el culto si no hay una disposición radical del corazón, una fe limpia de complicidad con los actores de la injusticia y el oprobio. No se pueden instrumentar ni cosificar las relaciones con Dios. Llegada es la hora en que –según Jesús– los verdaderos adoradores adorarán al Padre en Espíritu y en Verdad.


Tesis 5: La religión formalista –de derecho canónico– falsifica a Dios cuando elimina a las personas en su nombre. Soportes evangélico-teológicos: Según los evangelios, Jesús vino al mundo a dar la vida, no por una institución sino por mujeres y hombres concretos y por su vocación de integridad humana: “he venido al mundo para que tengan vida y la tengan en abundancia”, predicaba Jesús. El Dios del evangelio, de los profetas y del Nuevo Testamento no es un legislador rígido sino un Dios de amor y de misericordia. Los profetas escritores casi no citan la alianza ni el decálogo; no insisten en la ley para evitar que se caiga en una interpretación formalista-legalista de Dios.


Tesis 6: La religión “uniforme” se predica a sí misma y no al Dios-amor que afirma a cada ser individual. Se pone como fin en sí misma, en lugar de la relación de las personas entre sí y con Dios. Soportes profético-teológicos: Los profetas consideran a cada persona humana como un yo responsable que responde ante sí mismo y ante un tú divino. Los profetas invitan a cada individuo humano a tomar una decisión personal-comunitaria frente a Dios. El Dios bíblico es una voluntad divina profunda y esencial a la que no le agrada un ser humano sometido y sin conciencia de su inviolable dignidad. El Dios del nuevo pueblo invita a cada persona a construir un juicio crítico-político de todos los sistemas y a tomar sus propias decisiones en coherencia con sus lecturas de realidad.

 


Recuadro

También cae

 

Por estos días el estado Vaticano, en tanto signo del poder hegemónico, patriarcal, monoteísta, ortodoxo, piramidal, capitalista, heterosexual, excluyente, misógino, homofóbico y vertical de occidente, capitaliza todos los medios de comunicación del mundo neoliberal. Las mujeres y hombres creyentes del pueblo no reciben ni una pizca de lucidez crítica para entender y descodificar lo que allá se trama, se negocia y se orquesta.

 

Aunque nadie lo dice, porque también la alienación es global, ese poder hegemónico religioso también cae. Hace décadas viene derrumbándose y cayendo con estrépito. Para bien de la historia y de las utopías que alimentan nuestros sueños de nueva humanidad. Tal vez las seis tesisque he propuesto nos ayuden a leer con espíritu atento y con conciencia despabilada la realidad de derrumbamiento ético y simbólico que acontece en la iglesia católico-romana. Con ese espíritu las he propuesto a la consideración de las y los lectores del periódico desdeabajo.


 

Por Ancisar Cadavid Restrepo, Director de la Fundación Educativa Soleira, La Estrella, Antioquia. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.


 

La Estrella, febrero 28 de 2013

Publicado enEdición 189
Viernes, 22 Marzo 2013 05:42

¿Puede el Estado ser lo común?

¿Puede el Estado ser lo común?

Las reflexiones y análisis rigurosos y comprometidos son imprescindible en este periodo turbulento y caótico, en el cual las fuerzas antisistémicas tienen dificultades para orientarse y definir un rumbo. Algunos de esos análisis han jugado un papel destacado en los debates que realizan los movimientos, porque iluminan los temas más importantes para orientarse en el largo plazo.

 

Los trabajos del geógrafo David Harvey, en particular aquellos que permiten comprender mejor los modos de acumulación del capital, han sido incorporados por numerosos movimientos para analizar la realidad que desean transformar. El concepto de “acumulación por desposesión”, que puede traducirse también como acumulación por despojo, formulado en su libro El nuevo imperialismo (Akal, 2004), es una de las ideas-fuerza aceptadas por quienes integran organizaciones antisistémicas.

 

En otros trabajos Harvey se empeña en comprender más a fondo los movimientos del capital y su impronta en los espacios geográficos y en los territorios, destacando cómo han reconfigurado la trama urbana en las últimas décadas. En El enigma del capital y las crisis del capitalismo (Akal, 2012), constata la estrecha relación entre urbanización, acumulación de capital y eclosión de las crisis. Desde la posguerra (1945), apunta, la suburbanización jugó un papel importante en la absorción de los excedentes de capital y de trabajo.

 

El consumo explica el 70 por ciento de la economía estadunidense (frente al 20 por ciento que representaba en el siglo XIX), lo que lo lleva a concluir que “la organización del consumo mediante la urbanización se ha convertido en algo absolutamente decisivo para la dinámica del capitalismo” (p. 147). Consecuente con sus trabajos anteriores, coloca en un lugar central la creación de nuevos espacios y territorios, y los considera el aspecto fundamental de la reproducción del capitalismo, destacando las categorías de “renta de la tierra” y “precio del suelo” como las bisagras entre capital y geografía.

 

El análisis de la “lógica territorial” del capitalismo, complementaria y convergente con los flujos del capital que atraviesan los espacios con “una lógica más sistemática y molecular que territorial” (p. 171), conduce a Harvey a abordar el poder, los estados y las resistencias, recordando que en este periodo “el Estado y el capital están más estrechamente entrelazados que nunca” (p. 182). Ingresa aquí en un terreno mucho más delicado. Aunque parezca contradictorio con esa afirmación, defiende “la utilización del Estado como instrumento principal de contrapoder frente a capital” (p. 173).

 

En todo caso, Harvey hace un reconocimiento a las juntas de buen gobierno zapatistas como organizaciones territoriales capaces de crear un nuevo orden social. En este punto no establece ninguna diferencia entre organización territorial y Estado, ni entre poder instituido y contrapoderes. Aunque no trabaja en esa dirección, el debate acerca de si todo poder territorial es sinónimo de Estado sigue abierto y aún no hemos avanzado mucho al respecto.

 


No creo que sea lo más adecuado continuar un debate de carácter ideológico sobre el Estado –aunque sabemos la posición de Marx al respecto, siempre sostuvo la necesidad de destruir el aparato estatal–, sin abordar previamente los caminos para salir del capitalismo y transitar hacia un mundo diferente. En su más reciente trabajo, Rebel cities ( Ciudades rebeldes, aún no traducido), Harvey dedica un capítulo a “La creación de los comunes urbanos”, donde critica frontalmente tanto la organización centralizada de inspiración leninista como el “horizontalismo”, al que acusa de centrarse en prácticas de pequeños grupos que resultan imposibles en escalas mayores y a escala global.

 

Harvey cuestiona también las “autonomías locales” como los espacios adecuados para proteger los bienes comunes, porque en los hechos “demandan algún tipo de cercamiento” ( enclosure, p. 71). El razonamiento de Harvey está anclado en las “escalas”: tener un huerto comunitario en tu barrio es algo bueno, dice, pero para resolver el calentamiento global, la calidad del agua y del aire o problemas a escala global, no podemos apelar a asambleas ni a las formas de organización que tienen hoy los movimientos. Para eso no hay otro camino que apelar al Estado, en escala nacional, regional o municipal.

 

Tres consideraciones al respecto. Lo que propone Harvey se inscribe en una profunda tendencia histórica que ha recobrado vigor en los últimos años. Aunque quien suscribe no la comparta, el grueso de los movimientos latinoamericanos migraron de las posiciones autónomas a las prácticas estatistas y electorales. No reconocer esta tendencia no contribuye a profundizar los debates.

 

La segunda tiene que ver con el carácter del Estado: ¿puede el Estado, que no es lo común sino la expresión de una clase social, tener alguna utilidad para proteger lo común? La comunidad, verdadera expresión de lo común, es la organización humana más adecuada para proteger los bienes comunes. No es casual que allí donde esos bienes han sido preservados es donde predominan los modos comunitarios en sus más diversas formas.

 

En tercer lugar, es necesario deshacer un malentendido que ha ganado enorme predicamento en los últimos años: asumir la administración del Estado, el gobierno, se convirtió para muchos activistas en el camino para transitar hacia un mundo nuevo. Más allá de cómo se evalúan las gestiones de los gobiernos progresistas, no existe en el mundo ninguna experiencia de construcción de nuevas relaciones sociales desde el Estado heredado por el capitalismo.

 

“La clase obrera no puede limitarse simplemente a tomar posesión de la máquina del Estado tal y como está y servirse de ella para sus propios fines”, escribió Marx en 1872, al hacer balance de la Comuna de París. Que aún no tengamos fuerza material para hacer lo que recomendaba Marx no quiere decir que nuestro horizonte deba ceñirse a luchar por administrar lo existente, porque de ese modo nunca superaremos el capitalismo.

Publicado enInternacional
Jueves, 21 Marzo 2013 18:14

El BID bautiza a los “vulnerables”

El BID bautiza a los “vulnerables”

ALAI AMLATINA, 21/03/2013.-  Las instituciones financieras internacionales anuncian todos los días el fin de la recesión global. Desde 2008, están enviando mensajes de que EEUU ya superó la crisis. Igualmente, los europeos aseguran que la recuperación ya está tomando forma y pronto se abrirá camino hacia la prosperidad. El Banco Mundial se encuentra en la vanguardia de este movimiento.

 

En el caso de América Latina, el Banco Mundial y las demás instituciones financieras no pueden decir mucho porque todavía no entienden porque en gran parte de la región la acumulación capitalista crece y prospera. Para confundir aún más, recién publicaron un informe donde dice que ha “emergido” una nueva clase social en América latina que llama “los vulnerables”. Representa el 37.5 por ciento de los latinoamericanos (es decir, 3 de cada ocho de los habitantes de la región somos “vulnerables”).

 

Según la nueva calificación, el 30 por ciento de los latinoamericanos estamos en la categoría que llaman “pobreza”. Otro número igual, está en la casilla correspondiente a “clase media”. No lo dice, pero se entiende que el resto, el 2,5 por ciento, son los ricos que concentran el 50 por ciento de la riqueza de la región. En otras palabras, las dos terceras partes de los latinoamericanos viven en la pobreza (la suma de los “pobres” y de los “vulnerables”) con menos del 5 por ciento de la riqueza.

 

Las reuniones de los gobernantes de los países y de los bancos toman nota de esta situación pero no proponen soluciones a los problemas que crean sus propias políticas.

 

Durante una reunión reciente de “gobernadores” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizada en la ciudad de Panamá, se celebraron los logros alcanzados por los países de la región. Fue una mezcla de ciencia ficción, fantasía y pronósticos neoliberales (más ajustes) que compartieron los representantes de todos los países de la región con sus contrapartes de EEUU y Canadá.

 

Según el actual presidente del BID, Juan A. Moreno, el futuro de América Latina se ve muy alentador ya que la llamada “clase media” está creciendo a tasas muy elevadas (parte de la ciencia ficción). Además, en el caso de Centro América, “muchas multinacionales están volviendo a construir fábricas y centros de servicios en Mesoamérica cuyo objetivo es abastecer no sólo a EEUU, sino a Centro y Sudamérica” (¿Moreno en el país de la fantasía?).

 

A pesar de este optimismo y buenos augurios, el BID recomienda austeridad y control de gastos por parte de los gobiernos (más ajustes en tiempos de auge económico). En un mensaje que se dispara en varias direcciones, en forma simultánea, el informe aprobado por la Asamblea del BID pide, por un lado, más “ahorros” y, por el otro, “incentivos al desarrollo”. En síntesis, recortes a los ingresos de los trabajadores y aumentos a las ganancias de los capitalistas.

 

En la reunión efectuada en la capital panameña se respiró una atmósfera divisionista entre los gobiernos de la región. EEUU y sus socios del “Pacífico” abogaron por una mayor privatización del capital. Es decir, que los bancos internacionales canalicen los recursos de los países (producidos por los trabajadores) hacia las empresas privadas. Para ello hay que crear las empresas capaces de trabajar con los recursos del Estado. Un representante gubernamental colombiano dijo que el Estado tiene que mejorar la infraestructura. Otro mexicano dijo que el Estado tiene que financiar el acercamiento del gobierno con el sector privado. Tanto gobierno como sector privado tienen que ser más agresivos en la transferencia de los fondos de pensiones que controlan las entidades públicas hacia las empresas privadas. Se planteó que en México hay 150 mil millones de dólares depositados en fondos de pensiones que deben pasarse a manos del sector privado. Mientras tanto, otros 100 mil millones de dólares en inversiones en el sector de la construcción (infraestructura) debe canalizarse hacia el sector privado.

 

La Asamblea del BID informó que los dos hombres más ricos del mundo – Carlos Slim y Bill Gates - participaron mediante videoconferencias en la reunión de Panamá. Hicieron recomendaciones de cómo emularlos y convertir los recursos públicos disponibles en fuente de riqueza privada. Ambos participan, actualmente, en un programa de salud en Centro América donde los recursos de esos países son administrados por una fundación creada por los billonarios mencionados. Gates señaló a los participantes que en Centro América hay oportunidades para “combinar conocimientos financieros, regionales y de salud” para crear más riqueza. En el informe no se mencionó los problemas de salud que crean estos programas que promueve el BID que sólo se preocupan del lado financiero (costo / beneficio).

 

En la reunión de Panamá, en medio de los discursos y la confusión, emergió la nueva clase social de los “vulnerables”. Los representantes de las empresas privadas participantes subrayaron la importancia de las computadoras y del empleo informal para esta nueva clase social. A su vez, los medios regionales continuaron reforzando su campaña de desinformación circulando la versión de Washington al concluir que “los países ubicados en (las riberas) del Pacífico crecen más rápido que los del Atlántico”. Algunos medios panameños agregaron – sumando confusión a la reunión del BID -  que “México ya había superado a China en los envíos de productos” (¿exportaciones?).

Por Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del  Centro de Estudi

 

os Latinoamericanos  Justo Arosemena (CELA) http://marcoagandasegui11.blogspot.com

Publicado enInternacional
Jueves, 21 Marzo 2013 06:42

Cada quince minutos hay un asesinato

Cada quince minutos hay un asesinato

Entre 2004 y 2007, el conflicto armado de Irak resaltó en 76.266 muertes. En Sudán, otro país convulsionado, los muertos fueron 12.719, poco más que los 12.417 registrados en Afganistán. En el mismo período, los muertos de Colombia han sido 11.833. Pues en Brasil, entre 2004 y 2007, ocurrieron 147.343 muertes por armas de fuego. Ese número se hace aún más impactante comparado con el total de víctimas fatales registradas en doce países que vivieron conflictos armados, de la República del Congo a Pakistán, pasando por Somalia y los territorios palestinos e Israel: 169.574.

 

Esos son los datos compilados por el Centro Brasileño de Estudios Latinoamericanos, que acaban de ser divulgados en Brasilia. Solamente en 2010, han sido asesinadas 36.792 personas en Brasil, un promedio de cien al día, o cuatro por hora. Una cada quince minutos.

 

Hay otros aspectos del mapa de la violencia en Brasil que llaman la atención. Si antes las muertes violentas estaban concentradas en los dos mayores centros urbanos, San Pablo y Río de Janeiro, ahora el fenómeno se nacionalizó. Con eso, Brasil sigue ocupando un lugar destacado entre los países más violentos del mundo, tomándose como base la proporción de asesinatos por cada cien mil habitantes: 20,4 personas.

 

Ese número sitúa a Brasil en el octavo puesto entre las cien naciones con estadísticas consideradas relativamente confiables, según la institución. La media de asesinatos es el doble de lo que la ONU considera tolerable (diez por cada cien mil habitantes). Julio Jacobo Waiselfisz, coordinador de la investigación, destaca que la violencia se diseminó por todo el país, aunque se haya concentrado en el nordeste y en el norte.

 

En Alagoas, por ejemplo, se registró en 2010 la tasa de 55,3 homicidios por cada cien mil habitantes. Es el estado donde más se mata a negros y mujeres. En la capital, Maceió, famosa por sus playas y polo de atracción turística, esa media es de 94,5 por cada cien mil habitantes. No sólo es la capital más violenta de Brasil, sino una de las más violentas del mundo.

 

El problema es que otras capitales muy turísticas, como Salvador de Bahía, también aparecen con índices elevadísimos (59,6 asesinatos por cada cien mil habitantes). Río de Janeiro, octavo estado con mayor proporción de muertos por arma de fuego (26,4 por cada cien mil habitantes), tiene una capital relativamente segura, comparada con las demás: 23,54. Más del doble del tope determinado por la ONU.

 

San Pablo, el más rico y poblado estado del país, es uno de los cuatro, entre los 27 estados brasileños, que se quedan por debajo de la marca que la ONU dice que es “tolerable”: 9,3 asesinatos por cada cien mil habitantes. Ha sido el estado con la disminución más significativa de esa proporción, en el período entre 2000 y 2010: 67,5 por ciento menos asesinatos. En Río de Janeiro, la caída ha sido de 43 por ciento. Y en Pará, entre 2000 y 2010, el número de asesinatos creció un absurdo 307 por ciento. En el vecino Maranhao, también en el norte miserable, aumentó 282,2 por ciento. En Bahía, 195 por ciento.

 

El estudio abarca un período que va de los dos últimos años de la segunda presidencia de Fernando Henrique Cardoso al final de los dos gobiernos de Lula da Silva. El resultado demuestra que pese a que los gobiernos estaduales, a lo largo de todos esos años, declararon reiteradamente que la seguridad pública era tema prioritario (también los gobiernos nacionales pulsaron la misma tecla), los resultados son elocuentes y preocupantes. Son políticas ineficaces o, en el mejor de los casos, insuficientes.

 

Hay muchas explicaciones para el fenómeno de la violencia: el narcotráfico, la gran cantidad de armas (legales y principalmente ilegales) en circulación y la misma cultura de la violencia como vía de solución para conflictos personales.

 

A eso hay que sumar la corrupción policial, la incompetencia olímpica de la policía a la hora de investigar crímenes, la absurda morosidad y la corrupción de la Justicia, el estado degradante y degradado del sistema carcelario.

 

En relación con la manera en que las muertes por arma de fuego se diseminaron rápidamente por todo el país, dejando de concentrarse en los dos o tres mayores centros urbanos de Brasil, la explicación resulta sorprendente: según la investigación llevada a cabo por el Centro Brasileño de Estudios Latinoamericanos, el fenómeno se debe a la desconcentración industrial y a la migración interna provocada por la expansión geográfica de actividades económicas. O sea, cuanto más se desconcentran la industria y la economía, más se desconcentra la violencia.

 

La responsabilidad directa de la seguridad pública es de los estados, aunque el gobierno nacional igualmente tenga su propia política sobre el tema. De todas formas, los resultados observados deben ser imputados principalmente a los gobiernos estaduales, que se muestran, en la inmensa mayoría, incapaces de frenar la violencia que crece y se dispersa según crece y se diseminada la oferta de trabajo.

 

Todo eso hace recordar un viejo dicho brasileño: “Si corres, el bicho te atrapa; si te quedas, el bicho te come”. Así las cosas. El país diversifica su economía, por todas partes crecen las posibilidades de trabajo, empleo y renta, y crecen también la posibilidad de que, frente a una política ineficaz de seguridad pública, te peguen un tiro.

Publicado enInternacional
Miércoles, 20 Marzo 2013 05:58

¿Quién asesora a Dios en el Vaticano?

¿Quién asesora a Dios en el Vaticano?

En asuntos celestiales, mi campo es finito. Y en los terrenales, más allá de los desmanes causados por los milicianos de la "banda de Loyola", que en el siglo XVI fueron autorizados por el Papa para luchar contra… (toc-toc-toc)… ¡Joder!…Justo cuando me estaba cayendo el veinte. ¿Quién será?

 

–Ah… ¿cómo le va, vecino?

 

–Permítame darle un abrazo.

 

–Pero mi santo es el 19...

 

–Pues que sea por anticipado…

 

–¿Y a cuento de qué?

 

–¡El nuevo Papa, vecino! ¡El nuevo Papa es argentino!

 

–Mire usted, yo…

 

–¿A poco no es usted argentino?

 

–Y mexicano.

 

–¡Pero de la tierra del Papa!

 

–Y de la "mano de Dios".

 

–Caray… tiene usted razón.

 

Toc-toc-toc… (La esposa del vecino y la perrita histérica que ladra cuando asomo por el balcón.)

 

–Buena tardeeeee… Debe sentirse orgulloso ¿verdá…?

 

–Gracias, gracias… muy amables, pero yo…

 

Dirigiéndose a la perrita que no dejaba de husmear y de gruñirme, le dijo:

 

–Calma, Preciosa… ¡hazte amiga del señor, que el Papa es argentino!

 

Pletórica de dicha y armonía vecinal, la tertulia fue breve y acabó cuando la perrita se meó sobre una pila de periódicos. Al despedirse, frunciendo el entrecejo, el vecino asumió un porte más serio:

 

–Tenemos que platicar. ¿En qué periódico dijo que trabaja? –Y la señora, meneando con suavidad su cabeza, me miró con redoblada ternura:

 

–Un Papa argentino… ¡Que Dios le dé más!

 

Cerré la puerta, tomé aire, y sacudiéndome el confeti de congratulaciones me dije: ¿Y ahora? ¿Cómo sigo? En su primer mensaje del "ángelus", el papa Francisco pidió a los católicos ser más indulgentes y que no se apresuren a condenar los errores de los demás. ¿Y los que no lo son?

 

Quizá peco de sentimental, pero siempre me costó enfriar la inocencia y la fe de la gente. ¿Con qué derecho? Sin embargo, y en comparación con otros siglos, las creencias religiosas y dogmas de toda índole se hallan en retirada o a la defensiva, Incluyendo los fanatismos que, en el fondo, son manifestaciones de intrínseca debilidad.

 

Tampoco me caen los que se erigen en predicadores del aristotélico "justo medio", sugiriéndonos condenar la violencia "provenga de donde provenga" y permaneciendo equidistantes de los "extremos de uno y otro signo". Pues ambas expresiones son las favoritas de los hipócritas que lavan su complicidad con la violencia y el extremismo para salvaguardar sus miserables cuotas de poder terrenal… o celestial.

 

La designación de Jorge Mario Bergoglio fue causa de alegría en cientos de millones de creyentes, y motivo de esperanza en cientos de millones que no lo son porque se cansaron de esperarla. Por consiguiente, hay que sopesar. Porque en esta "alegría" participaron encumbrados "teólogos de la liberación", y 44 defensores de la "civilización occidental y cristiana" que están siendo juzgados en la provincia argentina de Córdoba, acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en el campo clandestino de La Perla.

 

El día del Ungido, los genocidas entraron en la sala del tribunal luciendo en sus solapas cintas con los colores amarillo y blanco: la bandera del Vaticano. Gesto más que simbólico que seguramente también hizo suyo el ex capellán de la policía Christian von Vernich, a quien la Iglesia no excomulgó ni le prohibió impartir misa en el penal donde purga condena.

 

Ahora bien. Sería injusto igualar a Bergoglio (el "simple" que viaja en Metro) con los curas que supervisaban la picana de 220 voltios. Pero el ex asesor espiritual de "Guardia de Hierro" (capítulo argentino de la fascista y ultracatólica de origen rumano) no acompañó a obispos comprometidos como Miguel Hesayne, Vicente Zazpe o Jaime Nevares. A más de guardar silencio luego de los asesinatos de los obispos Carlos Ponce de León, Enrique Angelelli, y el padre Carlos Mugica, entre cientos de seminaristas caídos en la lucha.

 

Recordemos las palabras de Victorio Bonamín, provicario general de las fuerzas armadas, antes del golpe: "Cuando hay derramamiento de sangre, hay redención. Nuestra religión es terrible: se nutre de la sangre de Cristo y se sigue alimentando de nuestra sangre" ( La Nación, 23/9/1975). Y la bendición impartida a las tropas del ejército tres meses después del golpe por el cardenal Pio Laghi, patrono de la Soberana Orden Militar de Malta y nuncio apostólico en Buenos Aires:

 

“El país tiene una ideología tradicional. Y cuando alguien pretende imponer otro ideario diferente y extraño, la nación reacciona como un organismo con anticuerpos ante los gérmenes, generándose así la violencia. Los soldados cumplen con el deber prioritario de amar a Dios y a la patria que está en peligro…” ( La Nación, 27/6/1976).

 

Lo importante: El papa "Francisco" no es un hombre de escritorio, y proviene de la única institución argentina que no pidió perdón ni mostró arrepentimiento por su complicidad con el terrorismo de Estado. Y como no hay dos sin tres, hincha de San Lorenzo de Almagro: el equipo favorito del embajador yanqui James Cheek cuando el país se fue al descenso, y los argentinos padecieron el infierno del llamado consenso de Washington.

Publicado enInternacional
Diálogo social y defensa de lo público con Trabajo Decente

Recientemente la Alcaldía de Medellín le presentó al Concejo los proyectos de acuerdo 106 y 107. El primero busca la integración de UNE–EPM con la empresa MILLICON (Tigo), y el segundo autoriza la transformación de Empresas Varias de Medellín (EEVV) en una Empresa Oficial de Servicios Públicos Domiciliarios organizada como una sociedad por acciones, con el propósito de integrarla al Grupo EPM y así obtener sinergias y economías de escala.

 

Se espera que con las EEVV como filial de EPM se potencien, se expandan y se integren los servicios públicos, y la recolección de las basuras tenga un horizonte más prometedor, con la ejecución de nuevos proyectos y la implementación de modernas tecnologías.

 

Llama la atención que mientras en el proyecto de acuerdo 106 se establece que en la fusión UNE–MILLICON “se conservarán los derechos laborales de los actuales servidores de UNE EPM Telecomunicaciones S.A.”, el proyecto de acuerdo 107 sobre EEVV nada dice sobre el tema. Solo en la parte motiva dice que la transformación “no implica interrupción en su régimen jurídico laboral y prestacional”.

 

Creemos que plantear este compromiso en la exposición de motivos no tiene ningún efecto vinculante, por lo que cobran fuerza los mensajes que la gerencia de EEVV le ha planteado al sindicato sobre el condicionamiento de EPM para dar paso a esta integración, la cual estaría sujeta a la modificación de algunas cláusulas convencionales, en particular la relacionada con la planta mínima de 510 trabajadores de la parte técnica y operativa.  

 

Se puede argumentar que cualquier cambio de la convención colectiva requiere la voluntad de la empresa y el sindicato, lo cual es totalmente cierto. Pero también es posible que se quiera resolver la exigencia de EPM sin considerar las necesidades de los trabajadores, y probablemente continuar con la subcontratación ilegal de personal tercerizado, que hoy es 7 veces más grande que la nómina de planta.

 

Desde el año pasado el sindicato de trabajadores de las EE.VV le propuso a la gerencia crear una mesa de discusión para buscar por las vías del diálogo una solución a los intereses de las partes, o sea garantizar la viabilidad financiera de la empresa en un marco de defensa de derechos laborales. Pero la petición no fue atendida favorablemente. La propuesta sigue vigente.

 

El sindicato debe dar la batalla para conservar a EEVV como patrimonio público. En la encuesta de percepción ciudadana Medellín como vamos 2012, esta empresa fue calificada con 4,4, sobre un máximo de 5. Fue la tercera entidad pública mejor evaluada en la ciudad. De ahí que sin duda puede garantizar una gestión más eficaz y un potencial de expansión estratégica del servicio en el país, en momentos que el Alcalde de Bogotá viene dando una batalla por recuperar lo público en el servicio de aseo, mejorando el servicio  y combatiendo la corrupción.

 

La recolección de desechos sólidos es un servicio fundamental que en el resto del país está en manos de particulares y mafias. La recuperación de lo público en Bogotá y el fortalecimiento de éste en Medellín son claves para restablecer el protagonismo del Estado en el manejo de los servicios.

Otro reto del sindicato es lograr una agenda de trabajo decente que vincule de manera directa a los 1.800 trabajadores que laboran por medio de empresas contratistas, de acuerdo con las normas legales vigentes y la sentencias C–614 del 2009 de la Corte Constitucional. Incluso el sindicato ha planteado establecer un “capítulo especial” que concilie la viabilidad financiera de la empresa con los derechos de los trabajadores nuevos que se formalicen. Por eso no se entiende que EPM considere un obstáculo la cláusula convencional de la planta mínima de 510 trabajadores, cuando hoy de ésta sólo hacen parte 250 personas. Es decir, los trabajadores subcontratados que desempeñan labores misionales superan en casi 7 veces la planta de personal directamente vinculado.

 

Como la manipulación de basuras es un oficio riesgoso, otro reto para el sindicato es mejorar las condiciones de trabajo en relación con la salud física, emocional y mental de las y los trabajadores de EEVV, a partir de espacios ya existentes como los comités paritarios de salud ocupacional, el comité de convivencia y de otros comités de salud y riesgos. Debe actualizar el diagnóstico de salud y trabajo y los mapas de riesgos con metodología participativa; y hacer un plan de mejoramiento, previo diagnóstico sobre la peligrosidad de las condiciones de trabajo y salubridad.


 
Por otro lado, EEVV es financieramente viable. El problema del pasivo pensional ya lo resolvió con la creación de un patrimonio autónomo que asumirá esta responsabilidad. Debe ahora enfocarse en mejorar su productividad y resolver temas pendientes como la estación de transferencia, la reposición de vehículos, la disposición final y la promoción de una cultura del reciclaje, que incluya y fortalezca organizativamente a los recicladores.


Entrevista con Iván Vanega C., presidente del sindicato de EEVV

“Tememos que la integración con EPM abra posible camino a la privatización de Empresas Varias”

 


¿El sindicato ve como un hecho promisorio la integración EEVV-EPM?

 

Sí. Creemos que el proyecto de acuerdo ya ha sido ampliamente tratado en las juntas directivas de ambas empresas y se le ha dado el aval. Ya llegó al Concejo, donde tiene respaldo político. También la ciudadanía ve bien esa integración.

 

El tema del pasivo pensional de EEVV ya está resuelto. ¿Eso facilita la integración con EPM?

 

EEVV tiene 1.800 pensionados y los recursos para cubrirles su pensión ya están garantizados. Por eso para EPM, que es la que la quiere comprar, resulta más atractiva su adquisición. La pregunta es: ¿por qué no era tan atractiva antes?

 

¿Al sindicato qué le preocupa de la integración con EPM?

 

Que EEVV deje de ser pública. Nos preocupa que al ser integrada como sociedad por acciones, dentro de algunos años se venda parte de esas acciones a particulares. Porque la basura es un recurso y el aseo es un gran negocio, por eso los particulares siempre querrán quedarse con él. Hay mucha plata de por medio. Aunque hoy hay un aire diferente a nivel nacional contrario a la privatización, provocado desde la Alcaldía de Bogotá, habría que blindar a EEVV frente a posibles privatizaciones a futuro. ¿Qué esperamos nosotros? Qué con responsabilidad y sin ningún interés oculto se haga un buen acuerdo con EPM y éste se proyecte a nivel nacional; que se retome el proceso de devolverle al Estado el manejo de los servicios públicos esenciales. Creemos que el Estado no se los debió haber entregado a particulares.  

 

Sobre las consecuencias que la integración pueda tener para los intereses de los trabajadores y el sindicato, ¿qué temores hay?

 

Venimos trabajando con la gerencia de EEVV para que en el proceso de integración con EPM a los trabajadores se les respete sus derechos laborales y convencionales, cualquiera sea la figura que adopte la integración. Y con respecto a los trabajadores vinculados con empresas contratistas, que son unos 1.800, la administración dice que sale muy costoso vincularlos con el factor prestacional que hoy tenemos los vinculados. Pero nosotros como sindicato estamos dispuestos a ser flexibles, y de ser necesario a revisar la cláusula de la convención colectiva para nuevas vinculaciones. Máxime cuando hay una sentencia de la Corte Constitucional que dice que los trabajadores de entidades públicas que hagan labores misionales deben vincularse directamente.

 

¿Y los contratistas de EEVV tienen labores misionales?

 

Claro. Hacen recolección, conducen los carros y barren la ciudad, que es el objeto misional de EEVV. Realizan exactamente las mismas labores que los trabajadores vinculados. Pero nosotros tenemos mejores condiciones salariales, ellos ganan sólo el salario mínimo con las prestaciones de ley, y nada más.

 

Hablemos del reciclaje. ¿La normatividad colombiana favorece el reciclaje como política pública?

 

No. La Comisión Nacional de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRAG, que es la entidad que regula las tarifas a nivel nacional en el aseo, en su estructura tarifaria no reconoce ni da incentivos a las empresas y personas que hacen reciclaje. ¿Por qué? Porque en el caso de Medellín la tarifa la calcula con base en el volumen de basuras depositadas en el relleno sanitario de Pradera. O sea que entre más basura EEVV lleve a La Pradera, mejor le va con la tarifa, y eso desestimula el reciclaje. Y lo contrario: si hace un trabajo intensivo en reciclaje disminuye sus ingresos. Eso es paradójico. El Congreso debería legislar sobre esa materia.

 

¿Cómo está en Medellín el tema del reciclaje?

 

Para cualquier ciudad el reciclaje es una apuesta ganadora, porque no podemos seguir enterrando la riqueza. Bien organizado y coordinado es un negocio importante y genera mucho empleo, aparte del beneficio para el medio ambiente. En Medellín hay un reciclaje formal que realizan algunas personas, asociaciones y cooperativas. Creemos que hay que integrar a todas esas personas y organizaciones, y que la misma empresa prestadora del servicio de aseo sea la que direccione y coordine ese tema. Hoy EEVV no tiene el control ni el manejo directo del reciclaje, no está técnicamente organizada para hacerlo más eficiente. Tiene que empezar a poner en cintura ese tema, dándole más altura y formalismo, y obviamente cuidando los empleos. Hay una sentencia de la Corte en ese sentido, que es la que está tratando de implementar el alcalde Petro en Bogotá. Aquí no se ha hecho.

 

¿En Medellín hay cultura del reciclaje?

 

Se ha venido manejando, en unas alcaldías más que en otras. En el pasado se crearon rutas especiales, hubo un plan de repartición de bolsas, pero ese proyecto fue abandonado. Es necesario empezarlo nuevamente.


 
Ustedes trabajan con basuras, o sea que el tema de higiene y salubridad en el trabajo es importante. ¿Cómo está ese aspecto?

 

Estamos muy quedados en la parte de higiene. Hay dificultades en los centros donde el personal se cambia de ropa, hay hacinamiento, son muy pequeños los espacios para tanto trabajador contratista que hoy tiene la empresa, que usan los mismos espacios que nosotros los vinculados.
              

Publicado enColombia
De la universidad pública a la universidad común

Desde hace muchas décadas, “universidad pública” es la palabra de orden que organiza la militancia en torno de la necesidad de su “defensa” a la vez que la disputa por su contenido. Particularmente durante los años noventa, el espacio público universitario fue objeto de embates internos y externos para su conversión en una pura entidad prestadora de servicios y su sometimiento al paradigma de la empresa.

 

Sin embargo, herencia del trabajo intelectual y político de muchas generaciones, ha sabido “defenderse” de su malversación y ha logrado –al menos en buena medida– preservarse de su captura por el reino de la mercancía que establece la tasación de las vidas y las trayectorias académicas, de las ideas y de los conocimientos, como lo hace con cualquier otro objeto. La “defensa” que procura mantener a la universidad a distancia de la rentabilidad privada está destinada a ser continua y sostener renovadamente su condición “pública”, siempre pasible de pérdida. Noción organizadora de la universidad posreformista latinoamericana, “autonomía” designa a su vez la condición institucional que no sólo se afirma como autogobierno, sino también como potencia productiva de saberes dislocados del imperio de la mercancía y como reino de la crítica frente al “desmonte” de lenguajes, saberes y experiencias renuentes a ser reducidos a una simple ecuación costo/beneficio.

 

Sin detrimento de este resguardo de la universidad, frente a un progresismo reaccionario que no sólo vacía al conocimiento de su orientación social, sino que también aniquila memorias, historias, vacilaciones propias de la forma de vida dedicada al estudio, “improductividades”, el gusto por la especulación y por las aventuras inciertas del conocimiento que es el espíritu de lo que llamamos “investigación”, resulta necesario adjuntar a su “defensa” una apropiación plural que la convierta efectivamente en un bien común. La conquista de lo común se asienta necesariamente en la defensa de lo público, pero inscribe allí la construcción de la universidad como “incubadora” de nuevas relaciones sociales. Y resignifica, sin abjurar de ella, la noción de autonomía.

 

Conforme la acepción que se le busca adjudicar aquí, autonomía no es indiferencia ni autorreferencialidad ni autismo, sino más bien articulación, intervención, apertura a la no universidad, construcción heterogénea, convergencia política y cognitiva con movimientos sociales, hospitalidad hacia los saberes populares, común formación de redes contrahegemónicas. No clausura solitaria sino heterogeneidad solidaria; “extensión en sentido contrario” –según la expresión de Boaventura de Sousa Santos– que incorpora saberes concebidos en otra parte e ideas acuñadas fuera para componer una interpretación del mundo y una conversación sobre todas las cosas a la mayor distancia posible de la heteronomía del capital y del mercado.

 

La “universidad común” que resulta de esta “autonomía heterogénea” no se desentiende a su vez de la implementación de políticas públicas que tienen su origen en el Estado, en aquellos casos e iniciativas institucionales que pueden ser consideradas formas de contrapoder y creación de igualdad; en tanto que activa su potencia crítica, lo cual es otro modo de no desentenderse del Estado y no abandonarlo en sus fragilidades a las embestidas de poderes que lo exceden–, cuando la igualdad y el contrapoder no es lo que orienta la disputa por la ley y las decisiones estatales, sino más bien la tolerancia a –o la directa promoción de– formas de acumulación que conllevan depredaciones ambientales o sociales (agronegocios, megaminería, radicación de plantas de semillas transgénicas...) conforme un desarrollismo unilateral e inmediatista despojado de una sabiduría de las consecuencias.

 

¿Cómo pensar lo común entre la universidad y los movimientos sociales? Y también: ¿qué es lo común entre las distintas ciencias y los diferentes movimientos sociales? Este interrogante no propone el hallazgo de lo que cosas distintas tienen en común, sino una exploración de algo que los diferentes pueden en común. Así, lo común no es lo ya dado de lo que se dispone sino el efecto de una voluntad de encuentro –o de una apertura a la aleatoriedad de los encuentros–, de un trabajo, y una conquista conjunta de acciones y nociones que precipitan una convergencia política; en otros términos: lo común es la conquista de una autotransformación que conmueve las identidades involucradas por la elaboración conjunta de una diferencia y la creación de una novedad.

 

La universidad común y los movimientos sociales (que con un pequeño forzamiento en la expresión podríamos llamar también “movimientos comunes”) se proponen como laboratorios de nuevas libertades y nuevas igualdades; como experimentación de relaciones sociales alternativas que desmantelen la separación corriente del saber y el sentido del saber en favor de una generación de comunidades contrahegemónicas capaces de mancomunar la búsqueda del conocimiento y el anhelo de transformación; capaces de constituir una red de intercambios de ideas y circulación de significados, y una convergencia de potenciamiento conjunto que no ocurre sin un trabajo y sin la creación de nuevas instituciones orientadas a albergar una conversación entre diferentes maneras de hablar y de interpretar el libro del mundo.

 

Cuando se produce, esa novedad no es efecto de una sumatoria de entidades incólumes sino de una interpenetración: una hospitalidad de los movimientos sociales hacia la ciencia y el conocimiento producido en la universidad (la escuela de formación política Florestán Fernandes del Movimiento sin Tierra de Brasil es un ejemplo de ello) y al revés, la inclusión –en sentido fuerte de la palabra– de saberes no universitarios al interior de la universidad conforme una cultura institucional que considere y promueva la extensión en sentido contrario.

 

La conquista de lo común requiere una tarea de traducción –en el estricto sentido de trans-ducción: llevar de un lado hacia el otro– en la que siempre (como cuando se lleva de una lengua a la otra) algo se pierde para ganar mucho. En este sentido, traducción no equivale a una aplicación inmediata de saberes provenientes de otro lado ni a una recepción pasiva de experiencias, sino antes bien a una actividad de comprensión y transformación. Esa actividad, política en sentido estricto, está destinada a ser interminable debido a una constitutiva opacidad de lo común, que no es algo anterior a lo que se pertenece ni un lastre con el que se carga, sino una dimensión emancipatoria por venir que no sucumbe a las ilusiones de la transparencia.

 

Por Diego Tatián, Decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba.

Publicado enInternacional
Lunes, 18 Marzo 2013 06:38

Libertad condicional

Libertad condicional

Acada rato llegan a este país disidentes de diversas naciones para denunciar ante foros académicos, de derechos humanos e instancias oficiales, como el Congreso, que sus gobiernos violan los derechos a la libertad de expresión y de prensa. Piden solidaridad para presionar a sus gobiernos a que respeten los convenios internacionales sobre este rubro y son aplaudidos por su valentía, mientras el gobierno estadunidense se pronuncia guardián mundial de estos derechos básicos, promueve la libertad de expresión como parte de su retórica diplomática, sobre todo contra países que no están alineados con Washington, y organiza foros en los que incluye el uso de los nuevos medios cibernéticos como nuevas herramientas de la "libertad".

 

Pero es probable que lo que más se necesite es que periodistas y promotores estadunidenses de la libre expresión viajen a otros países para solicitar la solidaridad de otros pueblos y enfrentar la creciente represión y limitación de la libertad de expresión que se ha ejercido aquí durante la última década. De hecho, lo más difícil en el caso estadunidense es justo que aquí, a diferencia de otros países donde es clara la violación de estos derechos, prevalece el mito oficial de la libertad de expresión. Los límites a esta libertad se revelan cuando se trata de cuestiones muy delicadas, donde el derecho de la sociedad a saber qué hace su gobierno se subordina a lo que el gobierno dicta como necesario para "proteger" a esa sociedad, lo que llaman "seguridad nacional".

 

Tal vez el suceso más claro para mostrar estos límites es el caso de Bradley Manning, quien ha aceptado responsabilidad por la mayor filtración de documentos oficiales secretos en la historia de este país, y a quien el gobierno ha enjuiciado por dar a conocer a los ciudadanos la historia de las guerras que se libran en su nombre. "Este juicio no se trata simplemente de la fiscalización de un soldado de 25 años que tuvo la osadía de reportar al mundo externo las matanzas indiscriminadas, los crímenes de guerra, la tortura y el abuso por nuestro gobierno y nuestras fuerzas de ocupación en Irak y Afganistán. Es un esfuerzo concertado por el estado de seguridad y vigilancia para extinguir lo que queda de una prensa libre, que tiene el derecho constitucional de revelar crímenes cometidos por quienes están en el poder", escribe el veterano periodista y premio Pulitzer Chris Hedges.

 

Hedges, quien fue reportero de guerra del New York Times y cubrió conflictos desde el mundo árabe a América Latina, escribió en Truthdig.com que de ahora en adelante los individuos que se atrevan a intentar que el público se entere de la verdad serán, como en el caso de Manning, acusados de "ayudar al enemigo". Agregó que “todos aquellos dentro del sistema que revelen hechos que desafían la narrativa oficial serán encarcelados, como John Kiriakou, el ex analista de la CIA que por revelar el uso de la tortura por el gobierno estadunidense empezó a cumplir una condena de 30 meses… Hay un término para designar a estados que crean estos vacíos de información: totalitarios”.

 

Cabe recordar casos como el reciente suicidio del activista cibernético Aaron Swartz, quien se dedicaba a usar sus talentos digitales para revelar y exponer intentos de control de Internet por el gobierno y las empresas, al enfrentar un juicio que podría acabar con su encarcelación por décadas, o Jeremy Hammond, que enfrenta 30 meses de cárcel por hackear presuntamente el sitio Stratfor, o el ex funcionario de la Agencia de Seguridad Nacional Thomas Drake, quien fue investigado por revelar la recaudación secreta de datos sobre ciudadanos estadunidenses. También está lo que alega Julian Assange, de que Estados Unidos busca extraditarlo y enjuiciarlo por las revelaciones en Wikileaks, temor que no carece de bases, especialmente cuando muchos altos funcionarios y legisladores lo han acusado de atentar contra la seguridad nacional de Estados Unidos, y el propio vicepresidente Joe Biden una vez lo llamó "terrorista de alta tecnología".

 

Estos casos, sobre todo el de Manning, según algunos expertos en leyes, tienen una intención: intimidar y hasta aterrorizar a informantes y periodistas que consideren revelar información sobre asuntos de "seguridad nacional".

 

Hedges, junto con el documentalista Michael Moore, el intelectual Noam Chomsky y Daniel Ellsberg, el famoso funcionario que filtró los papeles del Pentágono –hasta ahora la filtración más grande de documentos secretos– durante la guerra de Vietnam, se han sumado a demandas legales contra el gobierno por una ley que, acusan, puede ser utilizada contra periodistas al criminalizar toda interacción con lo que se considera "enemigos" de Estados Unidos, bajo amenaza de la detención militar indefinida, y otra que permite la intervención de comunicaciones personales de estadunidenses por agencias del gobierno sin autorización judicial.

 

Y esos esfuerzos no se limitan a territorio nacional. Por ejemplo, está el caso de Abdulelah Haider Shaye, el periodista de Yemen que en 2009 reveló un ataque aéreo estadunidense que mató a 14 mujeres y 21 niños y está encarcelado debido a la intervención de Obama para evitar que el presidente de ese país lo exculpara, como reveló The Nation el año pasado. El semanario afirmó que mientras el gobierno de Obama ofrece retórica sobre la libertad de prensa, "ha minado los derechos de periodistas y los informantes que los ayudan, cuyo trabajo a veces ha puesto al gobierno en una luz negativa".

 

Ante la promesa de Obama de hacer que su gobierno "sea el más transparente en la historia", no pocos preguntan si eso lo determina el gobierno o el pueblo. "Nuestra libertad depende de la libertad de la prensa, y esa no se puede limitar sin que se pierda", afirmó Thomas Jefferson.

 

O sea, libertad condicionada por las autoridades no es libertad.

 

(Para mayor información sobre el caso de Manning y Wikileaks, ver Wikileaks en La Jornada )

Publicado enInternacional