Visita del secretario de Salud de EEUU a Taiwán: peligroso desafío contra China

La próxima visita del secretario de Salud de EEUU, Alex Azar, a Taiwán ha puesto al rojo vivo la confrontación multidimensional contra China en vísperas de la reunión de los jerarcas del Partido Comunista Chino en la ciudad costera de Beidaihe.

Para Pekín, el tema de Taiwán representa una línea roja existencial trazada desde 1979.

Mucho más que una chispa bélica en el mar del Sur de China —que sería el equivalente estratégico del mar Caribe para EEUU y que le brinda a China su salida al océano Índico—, el sacudimiento del avispero de Taiwán puede orillar ineluctablemente a China a responder al desafío de Trump.

Taiwán constituyó en 1979 la piedra de toque del establecimiento de las relaciones de Pekín y Washington, y que hoy es puesto en alto riesgo.

Según Samson Ellis y Cindy Wang, de Bloomberg, "la visita al más alto nivel de EEUU a Taiwán en décadas es un desafío a China".

Con el pretexto de que EEUU tiene la intención de aprender las enseñanzas del manejo del COVID-19 en Taiwán —que tuvo pocos infectados (476) y pocos muertos (7)—, el secretario de Salud y Servicios Humanos, el libano-estadounidense Alex Azar, encabezará la semana entrante una delegación a la isla renegada de Taiwán con la que, en forma oficial, EEUU había roto sus relaciones diplomáticas hace más de 40 años.

El desafiante anuncio no hizo esperar la increpación de China que, mediante el portavoz de su Ministerio de Relaciones Exteriores Wang Wenbin, denunció su "firme oposición" y calificó a Taiwán —un archipiélago de 35.980 km cuadrados con 23,6 millones de habitantes— como "el tema más importante y sensible de las relaciones de China y EEUU".

Justamente la visita de Nixon en 1973 a China durante la que se reunió con el timonel Mao Zedong y el primer Zhou Enlai —que en realidad desprendió a China de la URSS, desde el punto de vista geoestratégico— plasmó el desde entonces axioma inamovible de una sola China para el establecimiento de relaciones diplomáticas con Pekín en 1979.

Ya en 2014, durante la presidencia del Partido Demócrata con Barack Obama, Gina McCarthy, administradora —que no secretaria— de la Agencia de Protección Ambiental, dio un discurso en Taipéi en 2014 que provocó la ira de los funcionarios chinos en Pekín.

El manejo del COVID-19 por Alex Azar ha sido más que catastrófico, y muy bien podría aducir tras bambalinas lo que queda de la diplomacia estadounidense. Que se trata de una misión de sanidad pedagógica —en la etapa aciaga del pugnaz Mike Pompeo, secretario de Estado, exdirector de la CIA y zelote evangelista sionista que busca ser el sucesor de Trump en caso de su reelección—.

En plena deriva, Mike Pompeo ha llegado hasta el atrevimiento inconcebible para un diplomático de alentar el cambio de régimen del Partido Comunista en China y de haber sancionado en forma circense a 92 millones de chinos. 

Lauren Meier y Ben Wolfgang, del The Washington Times —de los famosos moonies surcoreanos vinculados a la CIA y al nepotismo dinástico de los Bush—, confirman que la visita planeada a Taiwán de Alex Azar "escala las tensiones entre EEUU y China".

Según The Washington Times, esta atrevida jugada  —y una nueva agenda de jugadas de Mike Pompeo diseñadas para limitar el alcance del sector high-tech de China— "muestra el deseo de la Administración Trump de escalar la campaña de presión contra Pekín aún en medio de las elecciones de noviembre". 

The Washington Times da pie a la postura de Joseph Biden, el todavía presunto nominado presidencial por el antidemocrático Partido Demócrata, quien "reveló que tiene planes para revertir muchas de las tarifas recientemente impuestas a Pekín, que forman parte central de la agenda contra China del presidente Trump". Biden ha calificado las medidas de Trump como "contraproducentes" y acusa a la Administración de fracasar en colaborar con los aliados para formular una respuesta más efectiva frente a China.

The Washington Times subraya que "China siempre ha reaccionado con una especial intensidad a las señales de que EEUU estimula la independencia de Taiwán, a quien China considera parte integral de su territorio".

Nada menos que Kevin Rudd, ex primer ministro de Australia y presidente del Asia Society Policy Institute (con sede en Nueva York) redactó un alarmante artículo para la influyente revista Foreign Affairs: Hay que tener cuidado de las armas de agosto en Asia: cómo preservar las tensiones de EEUU y China para que mo detonen una guerra,que resume el deterioro en espiral descendente de la tormentosa relación entre EEUU y China durante medio siglo.

Kevin Rudd consagra un amplio capítulo al tema de Taiwán y comenta el argumento de Pekín de que "Washington se acerca peligrosamente al cruzar las líneas rojas de China sobre el estatuto internacional de Taiwán, y consecuentemente pone en riesgo la base de la entera relación de EEUU y China".

Para Rudd, el mundo se encuentra ante "el prospecto no solamente de una nueva guerra fría, sino de una guerra caliente", cuando los "riesgos serán especialmente elevados en los próximos pocos meses críticos desde ahora hasta la elección presidencial de EEUU" y donde la "lista de puntos de fricción es extensa, desde el ciberespionaje y la militarización del dólar hasta Hong Kong —donde EEUU carece de una base legal internacional para una virtual intervención— y el mar del Sur de China", lo que "hace el manejo de la crisis aún mas difícil".

Rudd llega hasta a recomendar el libro clásico de Christopher Clark Los sonámbulos, que exhuma las fallas de la diplomacia de 1914 y que con "un relativamente menor incidente (el asesinato del archiduque austriaco en Sarajevo) puede escalar en una guerra entre las grandes potencias en solo unas semanas".

El secretario de Defensa de EEUU, Mark Esper, anunció los lineamientos de la relación con China durante su reciente discurso en el Foro de Seguridad de Aspen.

En este tenor llama la atención la petición de Mark Esper de haber dialogado por teléfono, un día después del Foro de Seguridad de Aspen, con su homólogo chino Wei Fenghe. Quizá para atenuar una probable confrontación bélica desde el mar del Sur de China hasta Taiwán cuando Pekín le ganó la partida a EEUU y al Reino Unido con la aplicación de su ley de seguridad a Hong Kong. A Trump solo le quedó el recurso retórico de amenazas y de nuevas sanciones que llevaron al cierre mutuo de dos consulados, el de Houston y el de Chengdu.

Pareciera que los jerarcas chinos, que en estos días de agosto se reúnen en su conclave secreto anual en la ciudad costera de Beidaihe, apuestan a la reelección de Biden, por lo que no valdría la pena de atizar el fuego de aquí a 88 días.

Entretanto queda más claro que la belicosidad multidimensional de Trump y su gabinete sinófobo comporta un carácter notoriamente electoral, del que tampoco habría que desprender los temas trascendentales que irán in crescendo y que denotan la fuerte competencia de EEUU contra China y Rusia, según diversos reportes del Pentágono.

El mayor desafío para China será una reelección nada improbable de Trump.

10:25 GMT 07.08.2020URL corto

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Hizbolá e Israel: el riesgo limitado de otra guerra

En las últimas semanas han sucedido varios incidentes armados entre el Ejército Israelí y la organización libanesa, tanto en Siria como en la frontera de Líbano. Netanyahu ha advertido a Hizbolá de que se arriesga a otra guerra, aunque ni Tel Aviv ni el líder de la organización chií, Hassan Nasrallah, parecen interesados a meterse a fondo en un conflicto abierto.

 

En febrero de 1992, un helicóptero Apache israelí de fabricación estadounidense mató a Abbas Musawi, cofundador y líder de Hizbolá. Con él murieron su esposa, su hijo de cinco años y otras cuatro personas. Israel descabezó la organización chií libanesa y se libró de uno de sus perores enemigos, pero los israelíes no imaginaban que quien iba a suceder a Musawi se convertiría en un enemigo todavía más hábil, hostil y encarnizado.

Así, en las tres últimas décadas, Hassan Nasrallah ha dirigido la organización con mano de hierro, ha reforzado las relaciones con Irán, se ha armado hasta los dientes y ha mantenido a raya al poderoso ejército del sur con un sinfín de enfrentamientos y escaramuzas, y con algunas guerras que, entre otras cosas, consiguieron expulsar a Israel de Líbano en 2000 para evitar el constante goteo de soldados muertos.

La semana pasada, un militar israelí dijo que su país no tiene miedo de ningún ejército de la región ya que es consciente de su absoluta superioridad. Si un ejército regular árabe se atreviera a incordiar al estado judío más de la cuenta, los israelíes solo tendrían que enviar unos cuantos aviones para defenestrar a cualquier régimen de la zona. Es una hipótesis descartada. Sin embargo, este no es el caso de Hizbolá, que opera como una guerrilla, aunque al mismo tiempo dirija la política libanesa desde el gobierno y el parlamento de Beirut.

 Es natural que los aliados de Israel consideren que Hizbolá es una organización terrorista. Hace solo unos días la embajadora de Estados Unidos en Beirut arremetió públicamente contra Hizbolá y Nasrallah, y fue necesario pararle los pies. La intromisión de EEUU en la política libanesa viene de antiguo y se produce a diario. Washington, cuya acción exterior en Oriente Próximo es la que dicta Israel, querría acabar de una vez por todas con esa mosca que molesta a su aliado más estrecho.

Eso explica las declaraciones de la embajadora en Beirut, que ni son las primeras ni serán las últimas de ese tenor. Los americanos están estrangulando la economía libanesa con una fuerza sin precedentes únicamente con el deseo de que Líbano deje en la cuneta a Nasrallah, algo que no va a ocurrir puesto que Hizbolá es el partido esencial para el sostenimiento del país. Si Hizbolá desapareciera, reinaría un caos absoluto.

La influencia de Nasrallah en la política de Oriente Próximo es enorme, y su prestigio también. Un sondeo realizado hace unos años reveló que los israelíes se fían más de lo que dice Nasrallah que de lo que dicen sus propios líderes. Cuando el líder chií libanés abre la boca en público, las televisiones hebreas recogen y analizan sus palabras al detalle, y en ocasiones hasta las transmiten en directo para satisfacer la avidez de sus telespectadores.

 

Narallah nació en el área de Beirut en 1960, el noveno de los diez hijos de una familia chií que no tenía inclinaciones religiosas. Estudió en Líbano y en la ciudad iraquí de Nayaf antes de ser deportado de ese país por Saddam Hussein en 1979, en el marco de una amplia expulsión de chiíes. Al poco de regresar a su país, Israel puso en marcha la invasión de 1982, lo que hizo que muchos chiíes libaneses se afiliaran a Hizbolá.

Es lo que hizo Nasrallah, que un tiempo antes estuvo afiliado al partido chií secular Amal. Sus estudios religiosos lo condujeron a la ciudad iraní de Qom, pero volvió a Líbano tras el asesinato de Musawi para hacerse cargo del liderazgo de Hizbolá, imprimiendo a la organización un carácter de resolución y eficacia que desde entonces han sido marca de la casa.

Nasrallah cree que el islam no es una religión como las demás, sino que tiene una explicación para cada situación y problema que se plantea a nivel individual, social y planetario. Es una opinión muy extendida entre los islamistas, ya sean suníes o chiíes, que buscan siempre soluciones en el marco de la religión, como ocurrió por ejemplo con los Hermanos Musulmanes egipcios tras la revolución contra Hosni Mubarak de 2011.

El conflicto armado más destacado entre Israel y Hizbolá se produjo en 2006, después de que las milicias chiíes ejecutaran una operación dentro del territorio enemigo que costó la vida a tres soldados. Los milicianos capturaron además a dos soldados y mataron a otros cinco en la fallida operación de rescate israelí.

La guerra se prolongó 34 días durante los cuales Israel causó una tremenda destrucción de objetivos civiles en todo Líbano. El número de víctimas mortales se elevó a más de 1.200 en Líbano, mientras que murieron 165 israelíes, la mayoría soldados. Aunque la guerra fue criticada dentro de Líbano y por los dirigentes árabes de algunos países, la reputación de Nasrallah se disparó entre las capas populares árabes por ser capaz de plantar cara al poderoso ejército israelí.

Su prestigio no ha disminuido desde entonces, a pesar de que desde 2007 permanece oculto y apenas participa en actos públicos, es decir que la mitad de su vida como líder de Hizbolá ha transcurrido en la clandestinidad. La sola mención de Nasrallah inquieta a muchos israelíes. En los últimos años Hizbolá ha incrementado su arsenal de armas y se cree que si hubiera otra guerra tendría para las dos partes mayores consecuencias que la de 2006.

Es por este motivo que tanto Israel como Hizbolá no parecen estar interesados en otro conflicto armado, aunque este podría llegar después de cualquiera de los incidentes que tienen lugar periódicamente. En esta situación, lo que hacen Israel y Hizbolá es seguir armándose y preparándose para la próxima guerra.

JERUSALÉN

05/08/2020 08:16

Por EUGENIO GARCÍA GASCÓN

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Activa China el sistema de navegación por satélite BeiDou-3, su alternativa al GPS

China activó este 31 de julio su propio sistema de navegación por satélite, conocido como BeiDou-3 (BDS-3), que supondrá una alternativa al GPS estadounidense y al GLONASS ruso.

Esto ha sido posible después de que fuera lanzado la semana pasada el último satélite necesario para el funcionamiento de todo el sistema. El evento, celebrado en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, contó con la presencia del presidente Xi Jinping.

“El BDS es el resultado de los esfuerzos de un ejército de trabajadores, movilizados por el partido y la nación, el trabajo duro de cientos de miles de ingenieros en todas las áreas y el soporte firme del público”, declaró el diseñador jefe del proyecto, Yang Changfeng.

Son tres subsistemas que componen el BDS, que funcionan a través de 55 satélites en la órbita terrestre. El primero de ellos, el BeiDou-1 fue completado en 2000, mientras que el segundo fue lanzado en 2012.

Este ambicioso proyecto, que tomó unos 20 años en ser completado, tiene por objetivo competir directamente con el GPS y reemplazarlo por el BDS en el país asiático. De tal modo, se planea disminuir la dependencia de las tecnologías de Estados Unidos.

31 julio 2020

(Con información de Sputnik)

Mayoría de asesinatos de ambientalistas en 2019 se registraron en América Latina: Global Witness

De acuerdo con un nuevo informe de la ONG Global Witness, 212 defesores de la tierra y el medio ambiente fueron asesinados en 2019, un incremento del 30 por ciento con respecto al año anterior. Cerca de un 40 por ciento eran indígenas y defensores de tierras ancestrales.

Más de dos terceras partes de los asesinatos tuvo lugar en América Latina.

El aumento de los crímenes es parte de una tendencia más amplia. Un estudio publicado por Nature, en 2019, indica que en 15 años, entre 2002 y 2017, fueron asesinados más de 1.558 defensores del medio ambiente.

Mary Menton, investigadora de justicia ambiental de la universidad de Sussex y coautora del informe, dijo a DW que no le sorprendería que el número real fuera el doble, debido a los problemas para reportar e investigar esos casos. Según Menton, solo el 10 por ciento de los autores de los crímenes han tenido que responder ante la Justicia.

El creciente conflicto en torno a las tierras está forzando a indígenas y líderes comunitarios a proteger más decididamente sus territorios, señala Rachel Cox, de Gobal Witness. «Los miembros de pueblos indígenas son desproporcionadamente vulnerables a ataques”, dice, refiriéndose a las minorías que ofrecen resistencia contra proyectos mineros, forestales o agrícolas.

Pero los asesinatos son solo la punta del iceberg. «Muchos más activistas son atacados, apresados o difamados por su trabajo”, dice Cox. Estos cinco países fueron los que registraron tasas especialmente altas de muertes de activistas en 2019.

  1. Colombia

La situación en Colombia se ha agravado. El país, que en 2018 ocupaba el segundo lugar de la lista de defensores de la tierra y el medioambiente asesinados, con 24 casos, escaló ahora al tope de este trágico escalafón. Colombia encabeza la lista de 2019 con 64 muertos, víctimas de una violencia que en parte se atribuye a la deficiente implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y a la falta de protección de campesinos en la pugna por sus tierras.

  1. Filipinas

El segundo país más mortífero para defensores del medio ambiente fue Flipinas, donde fueron asesinados por lo menos 46 ambientalistas el año pasado, lo que representa un aumento del 53 por ciento. 26 asesinatos tuvieron relación con el agronegocio.

Leon Dulce, coordinador nacional del Kalikasan People’s Network for the Environment, señaló que se están produciendo oleadas de violencia debido a los esfuerzos del gobierno de expandir la minería y la industria forestal, bajo la consigna de la «recuperación económica tras la crisis del COVID-19”. El presidente Duterte también está recurriendo a draconianas leyes antiterroristas para neutralizar a los activistas, catalogándolos de criminales.

El sur de la isla de Mindanao sigue siendo un foco candente, con 19 asesinatos relacionados con la defensa medioambiental, debido a la oposición contra la plantación de palmas aceiteras y a otras actividades de la agroindustria.

  1. Brasil

El agresivo impulso que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quiere darle a la minería a gran escala y a la agroindustria en la Amazonía, ha puesto a las comunidades indígenas en la primera línea de la lucha contra el cambio climático, especialmente porque la deforestación de territorios indígenas  aumentó un 74 por ciento entre 2018 y 2019. El 94 por ciento de los 24 asesinatos de activistas cometidos en Brasil tuvo lugar en la Amazonía.

La violencia en la región se incrementó cuando el gobierno de Bolsonaro presentó un controvertido proyecto para legalizar la minería comercial en territorios indígenas.

Según Mary Menton, el propio Bolsonaro está «alentando activamente la violencia» contra activistas indígenas, con un discurso de odio.

  1. México

En 2019 fueron asesinados 18 defensores de la tierra y el medio ambiente en México, entre ellos Otilia Martínez Cruz, de 60 años, y su hijo Gregorio Chaparro Cruz, de 20. Ambos fueron encontrados muertos fuera de su hogar, en la localidad de El Chapote, el 1 de mayo de ese año. Se estima que estos asesinatos están relacionados con sus esfuerzos por detener la tala ilegal de árboles en sus tierras ancestrales.

Dos meses antes, en febrero de 2019, Samir Flores fue asesinado. El día anterior a su muerte, el campesino nahuatl y activista ambiental de Amilcingo había hablado públicamente contra el Proyecto Integral Morelos, dirigido a desarrollar la infraestructura para la energía de carbón y gas.

  1. Honduras

En Honduras, los asesinatos aumentaron de cuatro, en 2018, a 14, el año pasado. Los ataques letales contra ambientalistas han apuntado preponderantemente contra mujeres, y han continuado su tendencia ascendente desde el brutal asesinato de la dirigente Berta Cáceres. La activista fue asesinada en 2016, meses después de haber ganado el prestigioso premio Goldman, por oponerse a la construcción de una represa en su región.

«Las mujeres tienen un importante liderazgo en la lucha” contra compañías de la industria extractiva y «grupos criminales que quieren quitarles sus tierras”, afirma Marusia López, de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, que documentó 1.233 ataques contra estas activistas entre 2017 y 2018. 

 

Aencias

29 julio 2020

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Protesta frente al capitolio por cancelación del DACA. EU perdió a su juventud: el sustento de un país está desacreditado en la nueva generación.Foto Ap

Antes de la volcánica explosión generalizada, expuse la rebelión de la “Generación Y ( millennials)”y la “Generación Z ( centennials)” en EU (https://bit.ly/2D2OXTN) cuando “50 por ciento de los millennials y 51 por ciento de la Generación Z sienten que el sistema económico de EU ha trabajado en su contra” con una “colosal deuda universitaria de los millennials: ¡1.6 millones de millones de dólares!” ( https://bit.ly/3fboPnI ) cuando EU se encuentra inundado por sus deudas al consumo (https://bit.ly/37pIu0l).

El futuro ya alcanzó a EU: “la verdadera revolución demográfica será implosiva con el ascenso de los centennials (Generación Z) hispánicos (sic) de EU y su promedio asombroso de 11 años de edad” (https://bit.ly/2MUSAgy).

Pew Research expone la identidad generacional de los contestatarios ( https://pewrsr.ch/3eSvx1d ): 40 por ciento son blancos (sic), primordialmente demócratas y menores de 30 años de edad: los millennials (https://bit.ly/2E75FlH).

Según Pew Research, los jóvenes adultos y demócratas asistieron a una protesta el pasado mes: blancos 46 por ciento; latinos 22, afros 17 y asiáticos 8 por ciento. Los latinos vienen en segundo lugar después de los blancos y antes que los afros cuando 79 por ciento es proclive a los demócratas y 17 por ciento lo es a los republicanos. De 18 a 29 años, es decir, los millennials, asistió 41 por ciento; de 20 a 49 años, 38 por ciento y de 50 a 54 años 15 por ciento.

Destaca que la protesta sea casi igual de las zonas urbanas (41 por ciento) y las suburbanas (42) frente a 17 de la zona rural (el área que vota por Trump). La elección se jugará en el área suburbana, donde vive la mayor parte de las minorías.

En su artículo de corte escatológico, Paul Craig Roberts, anterior secretario asistente del Tesoro con Reagan, juzga que EU cesó de existir (sic) hace varias décadas cuando “solamente la fuerza fundacional del país (…) preservó la imagen viva de un país funcional”, en clara alusión a la demolición iconoclasta de los iconos de los padres fundadores de la independencia de EU, lo cual atribuye al autodio (sic) de las élites liberales (sic) blancas (sic) que dominan la educación, los multimedia y el gobierno.

Paul Craig Roberts recuerda su artículo de hace 15 meses: La cultura occidental (sic) murió de una muerte políticamente correcta (https://bit.ly/2ZVO6xz).

Se lamenta que la iconoclastia no está únicamente limitada al sur –la otrora confederación secesionista–, sino que rebasa a los Padres Fundadores para alcanzar a la Constitución y al emblema nacional, definidos como racistas.

Lo más relevante de su canto de cisne es la admisión de que EU perdió a su juventud: el sustento de un país está desacreditado en la nueva generación (https://bit.ly/2CVvAfu).

¿Cómo puede tener presente, no se diga futuro, un país que desdeñó a sus millennials y desprecia el futuro de sus centennials cuando lo único que le importa es enriquecer a su parasitaria plutocracia misántropa?

Paul Craig Roberts concluye con un epitafio sonoro: es muy tarde para hacer algo.La pregunta es: ¿quién sobrevivirá? No serán los blancos.

En efecto, la dinámica demográfica juega en contra de los axiomas fundacionales del Partido Republicano a quien, a mi juicio, le queda como último recurso la balcanización de los WASP (blancos, protestantes , anglosajones), hoy aliados a los evangelistas sionistas de la dupla de los Mike (Pence y Pompeo), para crear su República Blanca, quizá en alianza con un segmento de los latinos.

Paul Craig Roberts no cita para nada al movimiento antisionista de los Black Lives Matter (BLM) y al grupo Antifa que supuestamente encabezan la revuelta como epifenómeno, cuando la participación de los millennials blancos ha sido de mayor calado en la profundidad de las aguas turbulentas.

Lo peor en una guerra civil/guerra de clases/guerra cultural es tomar partido desde afuera cuando EU parece estar herido de muerte entre dos cosmogonías incompatibles: delicada situación que no será resuelta por quien fuere el vencedor de la elección presidencial en menos de cuatro meses.

¿Está preparado México a todas las eventualidades que le afectarán irremediablemente?

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¿Brasil se prepara para una guerra en Sudamérica?

Ha ingresado al Parlamento la nueva Política Nacional de Defensa, un documento de 21 páginas que promueve un viraje militar de Brasil hacia la región y asegura que Sudamérica dejó de ser un "área libre" de conflictos y apunta la posibilidad de "tensiones y crisis" que pueden llevar al país a movilizar sus FFAA para defender la Amazonía.

La noticia partió del diario conservador O Estado de Sao Paulo, y destaca que el documento define tanto la Amazonía como las reservas de petróleo off shore, en la plataforma continental en el Atlántico Sur, como sus prioridades estratégicas. Lo más grave es que el documento apunta directamente a Venezuela, sin nombrarla.

"No se pueden ignorar las tensiones y las crisis en el entorno estratégico, con posibles consecuencias para Brasil, de modo que pueda estar motivado para contribuir a la solución de posibles controversias o incluso para defender sus intereses", puede leerse en la PND según el diario.

El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva respondió a la revisión de la PND diciendo que Brasil corre el riesgo de ser empujado a una guerra contra Venezuela para servir los intereses económicos y geopolíticos de EEUU. Agregó que su Gobierno se empeñó en que la PND y la Estrategia Nacional de Defensa (END) sean "instrumentos de paz, soberanía y desarrollo autónomo".

"Es alarmante darse cuenta de que las viejas teorías sobre rivalidades con los vecinos están resucitando y que nuestras Fuerzas Armadas puedan ser utilizadas para acciones incompatibles con los principios constitucionales de no intervención y autodeterminación de los pueblos", señaló el expresidente.

El punto central de su análisis, compartido por analistas y periodistas, es la denuncia de la creciente sumisión del presidente Jair Bolsonaro y de los militares que lo rodean a EEUU, que se traduce en una "alineación automática" de Brasilia con Washington.

El ex alcalde de Sao Paulo y candidato del Partido de los Trabajadores a la presidencia en las elecciones de 2018, Fernando Haddad, se pregunta si "el contribuyente brasileño va a pagar por una guerra que no es nuestra contra un vecino que nunca representó una amenaza para la soberanía brasileña".

La presión de los militares en el Gobierno puede haber sido decisiva en esta inflexión. Según un reciente informe del Tribunal de Cuentas de la Unión, en 2018 había 2.765 militares en cargos civiles en el Gobierno federal. En 2019, primer año de Bolsonaro, el número llegó a 3.515. Ya en 2020 alcanzó la astronómica cifra de 6.157, lo que representa un crecimiento de la presencia militar del 122% en sólo tres años.

El diario Folha de Sao Paulo hizo un estudio de largo plazo, que concluye que la presencia militar en el Gobierno se duplicó en los últimos 20 años. Ahora los militares tienen presencia en 18 órganos de gobierno, incluyendo Salud, Economía y Educación.

Por el contrario, desde mediados de la década de 1990 hasta 2016, la presencia militar estaba restringida al Ministerio de Defensa, a la vicepresidencia y al gabinete de Seguridad Institucional que se encarga de la seguridad del presidente. Durante los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso, Lula y Dilma Rousseff, el Mnisterio de Defensa fue dirigido siempre por un civil.

En Brasil se manejan tres tipos de documentos respecto a la política militar:

  • La Política Nacional de Defensa establece los objetivos nacionales y las tareas a llevar adelante en la región;
  • La Estrategia Nacional de Defensa, delineada en 2008 bajo el mando de Lula y un equipo de intelectuales, define las directrices y la forma de actuación para conseguir los objetivos;
  • El Libro Blanco, finalmente, informa a la opinión pública la situación de la Defensa.

La PND también pide un incremento de los presupuestos de Defensa, que deberían llegar al 2% del PIB, frente al 1,3% actual, que incluyen gastos del personal no activo, como reserva y jubilados. Durante el primer año de Bolsonaro, el sector militar fue el que más expandió los gastos federales, a pesar de lo cual varios programas están retrasados, como la construcción de submarinos.

Un factor adicional que resulta tan preocupante como las mencionadas "tensiones y crisis" en la región, consiste en la mención de "actores exóticos" peligrosos para Brasil, en obvia referencia a China que es el principal sostén del régimen venezolano y además está en el ojo de la Casa Blanca y del Pentágono.

Según el periodista Igor Gielow, especialista en geopolítica y asuntos militares y colaborador del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos con sede en Londres, la presencia de China en América del Sur "entró oficialmente en el radar militar brasileño" a instancias de Washington.

Es posible que el ex canciller y ex ministro de Defensa de Lula, Celso Amorim, haya acertado al decir que las Fuerzas Armadas viven un proceso de "desmoralización" como consecuencia de su alineamiento con Bolsonaro. En su opinión, los militares fueron "demasiado lejos" al ingresar de forma masiva en el Gobierno, para concluir que están siendo contaminadas por el bolsonarismo y apartarse de la política para cumplir su papel institucional.

Al ser la primera vez que la Política Nacional de Defensa se aparta de sus anteriores ediciones desde 1999, que aseguraban que no existía riesgo de conflictos en la región, Amorim considera "grave" el viraje en curso. "Es un pasaporte para la intervención militar, cambia estructuralmente la idea de la estrategia nacional de defensa en relación a América del Sur que siempre fue de disuasión hacia fuera y cooperación hacia adentro".

A mi modo de ver, no se debe interpretar la omnipresencia militar en el Gobierno, así como la sumisión a EEUU, con las concepciones clásicas sobre democracia y soberanía nacional. Desde el punto de vista tradicional, lo que sucede en Brasil sería una desviación anti-democrática y anti-nacional.

Pero el tema es otro. En momentos de declive del sistema mundial, de creciente caos geopolítico y social que se prolongará por décadas, las Fuerzas Armadas se erigen como garantes del Estado. En esa tarea no importan ni los derechos humanos, ni los derechos democráticos. Quedan suspendidos. Lo único importante, en esta mentalidad, es mantener aferrado el timón del control estatal. Para esa tarea, las Fuerzas Armadas y policiales son las más adecuadas.

17:07 GMT 24.07.2020URL corto

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El misterioso Acuerdo Estratégico para 25 años entre China e Irán

"Hemos escuchado que quieren firmar un nuevo acuerdo de 25 años con un país extranjero, a espaldas del pueblo". Con esta frase rebosante de sospechas, un resucitado expresidente Mahmud Ahmadinejad provocó la semana pasada un terremoto político en Irán que ha puesto en jaque hasta al jefe del Estado, el Ayatolá Jamenei, responsable máximo de la política exterior de la República Islámica (RI).

Ahmadinejad, que sueña con ganar las elecciones presidenciales de 2021, se refiere a un documento secreto que la RI ha firmado con China para los próximos 25 años, oculto incluso al parlamento, donde entran sólo los fieles al Ayatolá. Mientras, el Gobierno alega que se trata de un "borrador y no acuerdo" y jura que lo publicado en diferentes periódicos extranjeros sobre el contenido del texto es falso: dice que la gigantesca inversión china en Irán no es a cambio de convertirse en una colonia de China; que no habrá un desembarco de 5.000 efectivos chinos en Irán para proteger sus proyectos; ni tampoco se arrendará a China las islas iraníes en el Golfo Pérsico, ni tampoco se otorgará al gigante chino el monopolio de la compra del petróleo iraní y a precios muy bajos.

"Esos ajund (término despectivo para referirse al clérigo), con tal de permanecer en el poder, están dispuestos a vender a Irán a los chinos" es la frase más bonita que los iraníes, muy sensibles a lo que refiere a su milenaria tierra, están dedicando a la RI, cuyo líderes presumen de su identidad "islámica" por encima de la "iraní" y sueñan con instalar un "imperio chiita". A China, también le acusan del intento de apuntalar a una RI en sus momentos más bajos y de cometer el mismo error que cometió cuando el sucesor de Mao, Hua Guofeng, visitó Irán en 1978 para apretar la mano del Sha, un dictador sanguinario que meses después era derrocado. Cierto que China no suele crear Estado vasallos, pero tampoco se destaca por tener análisis acertados en su política exterior.

¿Qué contiene el acuerdo?

Por lo publicado por The New York Times, The Asia Times y otros diarios extranjeros, la "versión final" del acuerdo de 18 páginas, fechada el 21 de mayo, estipula que China:

. En el marco de su Iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda (IFRS), China invertirá en Irán en los próximos 25 años entre 120.000 y 400.000 millones de dólares en un centenar de proyectos que incluyen los campos de energía (gas y petróleo), tecnología, infraestructura (aeropuertos, presas, puertos) y transporte (trenes de alta velocidad y metro).

. Construirá una carretera de 2.300 kilómetros que uniría Teherán con Urumqi en Xinjiang, conectando con el puerto pakistaní de Gwadar en el Mar arábigo, como una ruta alternativa al estrecho de Malaca.

. Unirá con ferrocarriles a Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán y Turkmenistán con Irán, para alcanzar Europa pasando por Turquía.

. Recibirá trato de favor en las licitaciones de los nuevos proyectos de gas y petróleo iraníes y recibirá un descuento mínimo garantizado de 12% .

. Instalará en Irán empresas manufactureras, utilizando la mano de obra barata iraní, para luego enviar los productos a los mercados europeos, a través de los enlaces que va a crear en Irán, desde las islas del Golfo Pérsico hasta la frontera con Turquía.

. Se le dará el derecho a retrasar el pago de sus deudas hasta en dos años, y luego abonarlas en yuanes o monedas que no serán ni euro ni dólar.

. Habrá cooperación militar: entrenamientos, intercambio de inteligencia en materia antiterrorista, y el uso de las bases militares iraníes por China (que no viceversa) y el despliegue de las capacidades de guerra electrónica (EW).

. Dará a Irán el acceso al GPS chino y construir infraestructura para el despliegue de 5G.

Estos y otros puntos del texto que le aleja de un contrato vinculante, se parecen más a una lista de deseos de la RI, además por surrealistas, como lo es el apartado militar, y después de lo que pasó con la Asociación estratégica ruso-iraní": desapareció antes de nacer.

La idea de una Asociación Estratégica Integral fue planteada durante la visita del presidente Xi Jinping a Teherán en 2016, después de la firma del acuerdo nuclear de los 5+1 con Irán, el levantamiento (parcial) de las sanciones, y unos 10 meses antes de la presidencia de Donald Trump. Entonces, la RI no mostró interés hacia China, intentando atraer la inversión de las compañías occidentales a Irán. La reactivación de las sanciones por Trump (por las presiones ejercidas desde Israel y Arabia Saudí) mostró que el gobierno islamista tampoco conoce su lugar en la región y en el mundo: ahora ni las empresas chinas y rusas querían trabajar en Irán, por el temor a las represalias de Washington.

A pocos meses de las elecciones presidenciales de EEUU y la probabilidad de la expulsión de Trump del poder, y la promesa de Joe Biden de regresar al acuerdo nuclear y levantar las sanciones contra Irán, China -también acosada y cercada por EEUU-, regresa a Irán, con la ilusión de:

. Utilizar la "carta de Irán" en sus negociaciones con EEUU.

. Acceder a las inmensas reservas de gas y petróleo iraní y disminuir su dependencia al petróleo ruso y saudí.

. Reducir drásticamente el tiempo de transporte de sus mercancías a Oriente Próximo, Asia Central y Europa, burlando el cerco Indo-Pacífico de EEUU.

. Entrar, casi de forma exclusiva, en el mercado iraní de 80 millones de habitantes, y a otros 4.600 millones de personas de habitantes de Eurasia.

Por su parte, Teherán así demuestra sus opciones a la Unión Europea -, pasiva y sin una política exterior independiente de EEUU.

¿Qué dice la oposición?

Todos los partidos políticos iraníes, desde el exilio, han expresado su preocupación por la opacidad de la RI:

. El partido Tudeh, comunista, mientras espera la versión oficial para dar su opinión, afirma que la defensa de los intereses del pueblo iraní está por encima de cualquier otra consideración (geopolítica), y apunta a la naturaleza del totalitarismo medieval-religioso gobernante, la falta de cualquier control sobre el poder, la monumental corrupción, y las políticas anti-iraníes del régimen en favor de sus ambiciones islamistas, para plantear la pregunta de si este sistema tiene voluntad y capacidad de defender los intereses de la nación iraní. De hecho, la RI perdió buena parte de los derechos de Irán sobre el Mar caspio tras el fin de la URSS, firmando sin más el reparto que Vladimir Putin le puso delante.

. "Si es un acuerdo beneficioso para el pueblo ¿Por qué lo ocultan?", pregunta el Partido de Izquierda de Irán (fedaínes del pueblo) que acusa a la RI de tener la intención de transferir la mayoría de las áreas económicas del país a otro gobierno, cuando Irán necesita tener relaciones equilibradas con todos los países del mundo.

. El Frente Nacional (Chebheye Mel.li),el partido del mítico Doctor Mosaddeq, compara el acuerdo con la firma de los tratados de Golestán (1813) y Turkmenchay (1828) con la Rusia zarista, por los que los mandatarios incompetentes iraníes perdieron dos guerras y cerca de 250.000 kilómetros del territorio del país (los actuales Georgia, Azerbaiyán, Armenia), le otorgaron un trato preferencial para sus exportaciones en los artículos no competitivas en los mercados europeos, y le cedieron los derechos de Irán sobre el Mar Capsio, a cambio de que Moscú apoyase al odiado príncipe heredero Abbas Mirza Qayar. La ira de los iraníes se desató: asaltaron la embajada rusa en Teherán el 11 de febrero de 1829, matando a todos los funcionarios, incluido al embajador Aleksandr Griboyédov. Así nacieron los sentimientos "anti-rusos" en Irán , explotados hábilmente por los regímenes del Sha y de los islamistas contra la Unión Soviética, cuando fue justamente Lenin quien en 1917 abolió el Turkmenchay. Los mosaddequistas piden un referéndum controlado por los observadores internacionales para que los ciudadanos iraníes decidan al respecto.

. El expríncipe Reza Pahlavi tacha el acuerdo de "vergonzoso" por "colocar a los soldados extranjeros en nuestro suelo". No se acuerda que su padre, El Sha, hospedó a cientos de militares de EEUU en el territorio iraní. Es más, la delicada posición geográfica de Irán también forzó al Sha a buscar equilibrios: firmó en 1965 con la Unión Soviética la construcción de la primera fábrica siderúrgica de Irán en Isfahán y la de Maquinaria pesada de Arak a cambio del gas iraní.

Firmar este tipo de acuerdos por China no es nada extraño: lo hizo con Pakistán en 2018 por el valor de 62.000 millones de dólares para el desarrollo de proyectos de comercio, inversión, energía e infraestructura. En 2014, también puso su autógrafo a un "acuerdo estratégico", de 20 años con Iraq -colonia político-militar de EEUU-, por lo que Bagdad exportaría 100 mil barriles de crudo a China a cambio de la construcción de infraestructura. Sin embargo, cuando en 2016 EEUU introdujo al Estado Islámico en Iraq desde Siria, aquel proyecto se congeló.

Además de los iraníes, se oponen al pacto, obviamente EEUU, Israel (que sufrió las mismas olas de protesta cuando en 2018 Shanghai International Port Group –SIPG– consiguió la gestión del puerto de Hifa), y los países árabes, pero también la India, país "hermano" de Irán, enemigo de China, porque:

. El acuerdo amplía el acceso de China al Océano Índico.

. Pone fuera del juego a Nueva Delhi, que iba a invertir en el estratégico puerto de Chabahar, el único puerto oceánico de Irán, situado en el Océano Índico, y el acceso más cercano a las aguas abiertas para países sin litoral de Asia Central; también iba a desembolsar dinero en el desarrollo del campo de gas Farzad-B. Teherán está muy molesto que el país que un día fue "no alineado", dejara de comparar el petróleo iraní, contribuyendo a la grave crisis económica que padece. Este acuerdo sería el segundo gran golpe a Modi por su "alineación" con Trump: el otro, fue la entrega de Afganistán a Pakistán por el presidente de EEUU.

El punto común de la mayoría de las críticas es que "alargará la vida de la RI", pensando que las sanciones de EEUU sobre una población desesperada acabaría con el régimen: Los 12 años del embargo criminal del Consejo de Seguridad sobre el pueblo iraquí (1991-2003) no terminaron con Saddam: las revoluciones no las hacen los moribundos, y la igual que en Iraq, el objetivo de estas sanciones es la nación iraní que no a la RI. Los bazaríes, la burguesía comercial, instalada en el poder desde 1978, ha hecho su agosto con las sanciones de EEUU, importando de China y Turquía incluso aquellos productos que el propio Irán fabricaba, forzando a miles de talleres a cerrar y enviar a millones de trabajadores a la miseria: ¡Importan hasta la alfombrilla para rezar y la tela para el velo!

¿Llegará a materializarse?

Una cosa es agitar un documento "estratégico" y otra es poder ponerlo en marcha.

. Este acuerdo sufre el resultado de un siglo de propaganda anticomunista de los Pahlavi y los islamistas, creando en los ciudadanos una desconfianza irracional hacia Oriente, representado por China y Rusia, y una pasión por Occidente.

. Esta región es el lugar del pulso entre las potencias mundiales y regionales, y este tipo de proyectos son demasiado irrealistas para que cumplan sus objetivos.

. Las incursiones militares de Israel-EEUU contra Irán en la región y ahora también en el propio suelo iraní, que le convierten en un lugar inseguro para invertir.

. Las sanciones de EEUU que afectan a la tecnológica Made in USA que China utiliza en sus proyectos. En 2019, china abandonó las obras del campo de gas de Pars Sur, el más grande del mundo, por las amenazas de Washington.

. Además de un entorno favorable, Irán necesita un cambio político que invite la participación libre de las empresas, y no como ahora que una élite militar (al igual que en Pakistán y Egipto) ha monopolizado la totalidad de la economía y fuera de cualquier control popular. Para más inri, Irán representa el principal país del mundo en fuga de capital humano y de cerebros.

. La economía iraní que, al igual que en la era Pahlavi sigue fuertemente dependiente de la renta del petróleo, y esta renta está al servicio de la clase gobernante y su militarismo. El mencionado acuerdo, por la estructura del poder y un neoliberalismo presentado "economía islámica", encaja dentro del llamado circulo vicio del "desarrollo del subdesarrollo".

Irán se equivocó en 2016 al pensar que China por sus intereses estratégicos en Irán, asumiría los riesgos en su relación con EEUU. Beijing votó en favor de las seis resoluciones en el Consejo de Seguridad contra Irán por su programa nuclear, y se ha negado, a pesar de la insistencia de Rusia, a dimitirle como miembro de la Organización de Cooperación de Shanghái.

. La profunda desigualdad entre los perfiles de ambos países, está descartada la fórmula "ganar-ganar". La RI no está en condiciones de conseguir un acuerdo justo: pasó lo mismo con el opaco acuerdo nuclear con los 5+1, que tuvo más sombras que luces para Irán (aun sin ser publicado oficialmente), y al final Irán perdió por goleada.

. Si Biden ocupa la Casa Blanca, EEUU regresará al acuerdo nuclear y levantará las sanciones, lo cual significa la reanudación de las relaciones comerciales de EEUU este país y la UE con Irán. ¿En qué quedará, entonces, el acuerdo con China? El actual parlamento, -francófilo y anglófilo-, pondrá pegas al acuerdo si consigue reactivar la alianza con los occidentales. De hecho, ha sido un diputado, Mahmud Ahmadi, quien reveló que el acuerdo incluye la cesión de "todas las islas iraníes a China".

. No se descarta que este sea una maniobra de la RI para presionar a un desesperado Trump que busca un logro en su política exterior: le da la oportunidad de firmar un nuevo acuerdo nuclear y levantar las sanciones, antes de las elecciones de noviembre; a pesar del asesinato de Soleimani, que fue una puñalada por la espalda a la RI, y puso fin a la discreta cooperación de ambos países en Siria, Irak y Afganistán, la RI sigue buscando fórmulas para una "coexistencia Pacífica" con EEUU.

24 julio 2020

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Jueves, 23 Julio 2020 06:30

Carta de 94 congresistas de EE.UU

Carta de 94 congresistas de EE.UU

Se deben respetar los mecanismos de autoprotección de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y otras zonas humanitarias similares, incluido el apoyo brindado por los acompañantes internacionales, incluso durante la pandemia.

 

Muchas son las voces en el mundo que se han estado pronunciando en contra del Gobierno Colombiano por su incapacidad de proteger y velar por los derechos de los ciudadanos, pues la multiplicación de asesinatos de líderes sociales, de desmovilizados de las FARC y violaciones a menores de edad por la fuerza pública y el paramilitarismo ha llegado a lo más alto del cinismo. El pasado 6 de julio de 2020, 94 congresistas de los Estados Unidos, en una carta al Presidente Trump a través de su Secretario de Estado Mike Pompeo, le pidieron que presione al Presidente de Colombia, Iván Duque, para que proteja a los líderes sociales y a comunidades vulnerables como nuestra Comunidad de Paz, para la cual exigen respeto a sus mecanismos de autoprotección y que se nos permita el acompañamiento internacional incluso durante la pandemia. El texto de la Carta es el siguiente:

En la medida en que la pandemia del coronavirus expone y acentúa los problemas que existen en cada uno de los países que arrasa, nos preocupa especialmente su impacto sobre la seguridad de los valientes defensores de los derechos humanos y los líderes sociales en Colombia, quienes están arriesgando sus vidas para construir una paz duradera.

Nos dirigimos a usted para pedirle que inste a la Administración Duque a que renueve sus compromisos de implementar los históricos acuerdos de paz de 2016 y proteger a los amenazados defensores de los derechos humanos de Colombia, cuya vulnerabilidad se ha agudizado durante la cuarentena de la COVID-19.

Actualmente, Colombia es el país más peligroso del mundo para los defensores de los derechos humanos. Más de 400 defensores de los derechos humanos han sido asesinados desde que se firmó el Acuerdo de Paz, siendo esta una pérdida de líderes cívicos comprometidos y valientes que Colombia no puede permitirse.

La lentitud del Gobierno colombiano en la implementación del Acuerdo de Paz, el fracaso en llevar las instituciones civiles del estado a las zonas de conflicto y su persistente incapacidad para prevenir y judicializar los ataques contra los defensores han permitido que esta tragedia se desate sin control. Esto parece haberse agudizado, ya que los grupos armados ilegales aprovechan la pandemia al tiempo que el Gobierno no responde, lo que agrava aún más la vulnerabilidad de los defensores de los derechos humanos y los líderes locales que son objeto de persecución.

Por ejemplo, el 19 de marzo, tres hombres armados se presentaron en una reunión en la que campesinos discutían acuerdos voluntarios de erradicación de coca, y asesinaron al líder comunitario Marco Rivadeneira.

 Él promovía la paz e iniciativas de sustitución de coca en su comunidad, representaba a su región en la mesa de garantías para la protección de los defensores de derechos humanos y era miembro de la plataforma de derechos humanos nacional Coordinación Colombia Europa Estados Unidos. Las comunidades afrocolombianas, indígenas y de campesinos pobres, como la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, siguen sufriendo y se tornan aún más vulnerables por la presencia descontrolada de actores armados ilegales en sus territorios.

Marco Rivadeneira fue uno de los 23 líderes sociales asesinados entre el 15 de marzo y el 24 de abril, durante las primeras semanas de la cuarentena por la pandemia en Colombia. Según la ONG colombiana Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), durante los primeros seis meses de 2020, fueron asesinados en Colombia 153 líderes y defensores sociales.

 Para poner fin a esta tragedia, le pedimos que inste a la Administración Duque a que:

  • • Mejore la protección de los defensores de los derechos humanos y de los líderes sociales, comenzando por la investigación eficaz de los ataques y amenazas en su contra, la identificación de quienes ordenaron estos delitos y la presentación pública de los resultados de estas investigaciones.
  • • Desarrolle una hoja de ruta de protección en consulta con los defensores del grupo de trabajo de garantías que incorpore los retos derivados de la pandemia, como la necesidad de equipos de bioseguridad.
  • • Financie y aplique medidas de protección colectiva con enfoques diferenciales de género y étnico en consulta con las comunidades y por medio de la Unidad de Protección Nacional. Se deben garantizar las medidas colectivas acordadas con las autoridades de las comunidades afrodescendientes e indígenas. Se deben respetar los mecanismos de autoprotección de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y otras zonas humanitarias similares, incluido el apoyo brindado por los acompañantes internacionales, incluso durante la pandemia.
  • • Desmantele las redes de los sucesores de los paramilitares involucrados en el tráfico de drogas, ya que alimentan gran parte de la violencia ejercida contra los defensores de los derechos humanos y los líderes sociales. El Gobierno debe cumplir su compromiso de convocar periódicamente a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que fue creada por el Acuerdo con el objeto de desarrollar e implementar planes para desmantelar los grupos ilegales y proteger a las comunidades, los líderes sociales y los excombatientes.
  • • De manera eficaz, investigue, judicialice y presente los resultados relacionados con estas redes paramilitares y delictivas a través de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación. Acogemos con agrado el nuevo acuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, que tiene por objeto capacitar a los fiscales y los investigadores para que aborden enérgicamente estos delitos contra los derechos humanos. Es fundamental que el Estado ponga fin a la impunidad de los asesinatos, las desapariciones, los ataques y las amenazas contra los defensores de los derechos humanos, los líderes sociales, los activistas por el derecho a la tierra y el medio ambiente, los periodistas, los sindicalistas y otros defensores.
  • • Responsabilice prontamente a los miembros de la inteligencia del Ejército Nacional de Colombia, incluidos los más altos rangos, que dieron la orden y llevaron a cabo el perfilamiento e inteligencia masiva de 130 periodistas (incluidos periodistas estadounidenses), defensores de los derechos humanos, líderes políticos, y militares quienes han denunciado abusos. Estados Unidos también debe procurar que la cooperación de seguridad e inteligencia estadounidense no contribuya, apoye ni incite actos de inteligencia ilegal, ni ahora ni en el futuro.
  • • Implemente decididamente el Acuerdo de Paz, lo que incluye financiar adecuadamente el sistema de justicia transicional, implementar plenamente el Capítulo Étnico, cumplir los compromisos relativos a la protección de los excombatientes y los proyectos productivos para que se reintegren a la vida civil, y honrar los compromisos de verdad, justicia, reparación y las garantías de no repetición para las víctimas del conflicto.

Sr. Secretario, le instamos a que vele para que todas las agencias de los Estados Unidos se expresen con una voz única y clara para condenar los cada vez más frecuentes asesinatos y para presionar a la Administración Duque a que emprenda las acciones necesarias para identificar y judicializar a los autores intelectuales de estos delitos y desmantelar las estructuras delictivas que los protegen.

Por último, le instamos a que continúe brindando la valiosa cooperación de los Estados Unidos a Colombia, para implementar el Acuerdo de Paz, prestar asistencia humanitaria a los refugiados venezolanos y a las comunidades que los reciben y abordar la crisis de salud y seguridad alimentaria causada por la pandemia de la COVID-19. Estados Unidos también debería aprovechar las oportunidades que ofrecen el Acuerdo de Paz para llevar a cabo la erradicación sostenible y duradera de los cultivos ilícitos actuando en colaboración con las comunidades a fin de sustituir la coca con medios de vida legales y desmantelar las redes de tráfico”.

[La Carta es firmada por 94 miembros del Parlamento de los Estados Unidos y encabezada por los Congresistas James Mc Govern y Mark Pocan]

Como Comunidad de Paz agradecemos de todo corazón a todas las personas y comunidades del país y del mundo que nos han acompañado en este duro camino que lleva más de 23 años de resistencia civil, los invitamos a seguir presionando con este tipo de peticiones a este Gobierno ciego y sordo que poco le ha importado la vida de quienes pensamos diferente en este país.

                                             Comunidad de Paz San José de Apartadó

                                                                  Julio 20 de 2020  

Publicado enColombia
Fuente: ‘Territorios vigilados’ de Telma Luzzani. Diseño: Alejandro Acosta Hechavarría / Granma.

En los últimos años hemos visto cómo se integra cada vez más el ejército estadounidense en las estructuras militares de América Latina y el Caribe. Las operaciones multinacionales en la región son apenas la punta del iceberg, que raya en el espectáculo, de una organización transnacional cuyo epicentro se encuentra en las oficinas del Pentágono, en Virginia, Estados Unidos.

Uno de los 10 comandos del ejército estadounidense, el llamado Comando Sur, está encargado de preservar militarmente los intereses de la Unión y de las diferentes industrias y grupos de poder que controlan el aparato político-económico-cultural del angloimperio en lo que en Washington consideran el “patio trasero” de Norteamérica.

Sudamérica, bajo el dominio de la dependencia estadounidense, ha sido un territorio para el reposicionamiento de Estados Unidos en su despliegue militar unilateral, con más de 70 bases en los países de la región, siendo Panamá (con 12) y Colombia (con 9) los que mayor cantidad tienen. Sin bases no hay imperio.

La integración del ejército estadounidense a las estructurales militares de algunos estados en Sudamérica a través del Comando Sur se profundiza, al punto de que algunos ejércitos nacionales parecen prestos a abandonar cualquier resquicio de soberanía e independencia de sus bases fundamentales.

Lo confirma la visita del magnate presidente Donald Trump a los cuarteles generales del Comando Sur en Doral, estado de Florida, acompañado por el secretario de Defensa, Mark Esper, en donde se le dio un balance oficial de la supuesta “lucha contra las drogas” en la región.

En su participación ante Trump, el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur, decidió presentar a dos altos oficiales sudamericanos, uno colombiano y otro brasileño, señalándolos de empleados directos de su oficina castrense: “Trabajan para mí”.

Colombia, lo sabemos, se ha sumergido en la dependencia militar estadounidense, prestando y adjudicando territorios y bases locales a los altos oficiales de Estados Unidos para su despliegue y apresto operacional. Además, es socio global de la OTAN, la principal alianza mundial militar liderada por el Pentágono, lo que el Comando Sur en su postura de este año felicita ya que la nación latinocaribeña, junto con Brasil y Chile, “continúan aumentando sus contribuciones a la seguridad global”.

Aparte de asistir de primera mano al Comando Sur en su “lucha contra el narcotráfico”, el ejército colombiano también aporta asistencia a seis países de Centroamérica en el marco de un plan de educación militar y policial redactado por el Pentágono.

Por otro lado está Brasil, cuyo ejército, desde que llegó la derecha y extrema derecha al poder con Michel Temer vía golpe y luego Jair Bolsonaro a través de las urnas, ha decidido trabajar de cerca con los estadounidenses, al punto de unirse, junto a Colombia y Perú, el Grupo de Trabajo Aéreo-Terrestre Marino del Cuerpo de Infantería de la Marina liderada por oficiales del Pentágono, que operan en todo el hemisferio.

Esos mismos países sudamericanos forman parte de las misiones del USS Comfort, el buque hospital militar insignia de Estados Unidos en la región.

“Recientemente designado como un importante aliado no perteneciente a la OTAN y el socio más nuevo en el Programa de Asociación Estatal (SPP), trabajamos en estrecha colaboración con Brasil en una gama de misiones prioritarias”, dice el Comando Sur en la declaración de postura 2020.

En ese mismo documento destaca que el Comando Sur junto con Brasil están en la vanguardia regional “para exponer actividades maliciosas por parte de partidarios de grupos terroristas como el Hezbollah libanés”, al lado de Chile, Argentina y Paraguay.

El mismo Jair Bolsonaro ofreció una base militar a Trump el año pasado. La Base de Alcántara podría pasar a manos estadounidenses. De esta manera Brasil pasaría a formar parte de la confirmación de hegemonía en la región y en un país con alcances geopolíticos, aunque malogrados por Bolsonaro, en los BRICS.

Estados Unidos autoriza a Brasil y a Colombia usar cohetes y aeronaves nacionales o extranjeras que tengan partes tecnológicas desarrolladas por su complejo industrial-militar. En sus contratos existen cláusulas que protegen la tecnología estadounidense y establecen normas para los técnicos brasileños y colombianos respectivamente en cuanto al uso de las bases y a la circulación en su perímetro. Colombia y Brasil ya han sido invadidos y conquistados por esa parte del capital monopolista que encuentra su negocio en la guerra y carrera armamentística.

Por esa misma condición es que son descritos como subalternos que trabajan personalmente para uno de los representantes clave del complejo industrial-militar bajo el uniforme de jefe del Comando Sur.

Aquello no se entiende sin la dimensión geopolítica que significa el ascenso global de China y su Iniciativa del Cinturón y la Ruta en América Latina más la alianza estratégica de Rusia con Venezuela y otros países anti-imperialistas y bloqueados por Washington, una dimensión que funge de alternativa a la unilateralidad militarista de Estados Unidos.

El cerco del Comando Sur sobre nuestros países es la otra cara de la moneda que domina la doctrina militar estadounidense, como amenaza sobre los estados aún soberanos que quedan en la región y como muestra de fuerza ante el bloque emergente anti-hegemónico. En ese marco, Brasil y Colombia son dos factores que el Pentágono prefiere de lacayos que asumidos soberanos.

22 julio 2020

Publicado enInternacional
El presidente sirio Bashar al-Assad y su esposa Asma se registran para emitir su voto durante las elecciones parlamentarias. / Europa Press

Tras las elecciones parlamentarias celebradas el domingo, y cuyos resultado no tendrán ninguna incidencia, Siria vuelve a la realidad cotidiana de las sanciones internacionales. Estos días se cumplen veinte años del ascenso al poder de Bashar al Asad, y tras casi una década de guerra civil, nadie alberga ninguna esperanza de que la situación vaya a mejorar a corto plazo.

 

Veinte años después de su ascenso al poder, el presidente Bashar al Asad participó el domingo a unas nuevas elecciones parlamentarias, las terceras desde el inicio del conflicto en 2011, elecciones que lo ratifican al mando de Siria pese a la enorme presión y las innumerables sanciones de Estados Unidos, Israel y la comunidad occidental en general. 

En el verano de 2000, a la edad de 34 años, Asad, un oftalmólogo educado en el Reino Unido, alcanzó el poder tras la muerte de su padre Hafez al Asad. Él mismo declaró entonces que planeaba liberalizar hasta cierto punto la política y la economía, pero enseguida tuvo que dar marcha atrás y consolidar la autocracia que heredó.

Un país como Siria, de una enorme complejidad étnica y religiosa, es casi ingobernable. Una liberalización de la política habría entregado el poder a islamistas de todo pelaje y condición, y habría sido un paso importante en la dirección de una cruenta guerra civil.

A los visionarios americanos que azuzaron el caos en Oriente Próximo obedeciendo a los intereses y consignas de Israel, no les importaba un rábano esa posibilidad, como demostraron en Irak. No es de extrañar que el último embajador americano en Damasco, Robert Ford (2010-2014), recorriera el país excitando a la población para que se rebelará contra Asad. Las consecuencias llegaron pronto y son las que todos conocemos.

A día de hoy está claro que no hay ni nunca ha habido libertad política en Siria y que eso debe achacarse básicamente a las ambiciones de las fuerzas islamistas de crear un estado islámico mucho más sectario que el de Asad, ambiciones que el gobierno ha reprimido sin contemplaciones para poder subsistir. Ciertamente, el gobierno de Asad no es el ideal, pero las alternativas que se ofrecen fácilmente podrían ser mucho peor.

Las cárceles siempre han estado llenas de islamistas. En los ochenta los islamistas echaban ácido en la cara de las jóvenes que no se cubrían el rostro, y cometían toda suerte de atentados. La matanza de Hama en 1982, ejecutada por el tío de Asad, fue el momento más álgido de la represión. Hoy Rifaat al Asad, el más proamericano del régimen, en su dorado exilio europeo, contrata abogados israelíes vinculados al gobierno de Benjamín Netanyahu para defenderse de los cargos de corrupción, según ha recogido la prensa hebrea esta semana con nombres y apellidos y sin que los interesados lo hayan desmentido.

El lector puede hacerse una idea de las cárceles sirias leyendo El caparazón. Su autor, Mustafa Khalifa, es un cristiano que por error fue encarcelado en la notoria prisión de Tadmor, especializada en islamistas. Khalifa cuenta sin cortarse un pelo sus experiencias hasta que años después, descubierto el error, fue trasladado a una prisión para no islamistas, donde había desde disidentes comunistas hasta liberales que vivían en unas condiciones más relajadas que los presos de cualquier prisión europea, con sus juergas, buena vida y alcohol incluidos.

Naturalmente, hay grupos liberales, especialmente en Occidente, pero también dentro de Siria, que aunque son minúsculos piensan que todo sería mucho mejor si se descabalgara a Asad. Las cosas irían de rositas y todos seríamos felices y comeríamos perdices. En esta gente han encontrado una excusa los gobiernos occidentales para implicarse directamente en el conflicto. Por eso muchos países occidentales y de la región han apoyado a los yihadistas más radicales que rebanaban cuellos con armas, dinero y logística, para acabar con el gobierno de Damasco.

Pero la realidad ha sido tozuda. Cuando empezaron las injerencias occidentales tras las llamadas primaveras árabes, algunas voces locales poco sospechosas de radicalismo ya advirtieron que lo que se estaba cociendo era un colosal error, pero nadie les hizo caso. Una de esas voces, la del patriarca maronita (católico) de Líbano, Bishara al Rai, puso el grito en el cielo a causa de la brutal injerencia que ponía en peligro la estabilidad y la convivencia logradas a través de los siglos, en Siria, en Irak y más allá. Nadie lo escuchó.

Las potencias regaron con armas y dólares a la "oposición moderada", es decir a grupos presuntamente liberales cuyos miembros podían contarse con los dedos de una o dos manos, y que no representaban a nadie más que a ellos mismos. Pero también regaron de armas a grupos yihadistas como el Estado Islámico y Al Qaeda que rebanaban cuellos y que eran la verdadera "oposición". Residuos importantes de estos grupos perviven en la provincia de Idlib sin que nadie los combata.

En la tesitura actual, Asad no tiene más remedio que aferrarse al poder. Al principio, cuando estallaron las revueltas, muchos creían que iba a poner tierra por medio y se iba a apartar, y que el país descendería al caos. El caos llegó de todas maneras impulsado por dirigentes extranjeros, y ahora hay que aceptar la nueva realidad y no seguir soñando con lo que sería lo ideal, como hacen los cuatro liberales que quedan.

El problema es que Occidente no va a aceptar la realidad, como no la aceptó en Irak o Afganistán, como no la acepta estos días en Libia ni en otras partes. En lugar de influir en la región de una manera positiva, los europeos se mantienen al margen cuando se les necesita o participan en los conflictos persiguiendo ideales irrealizables o intereses económicos, principalmente venta de armas. Las duras sanciones impuestas harán la vida mucho más difícil para la población siria en general y no resolverán ningún problema.

JERUSALÉN

21/07/2020 07:49

Por EUGENIO GARCÍA GASCÓN

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