El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu

Hasta la llegada de Donald Trump al poder, la Casa Blanca reconocía Cisjordania como territorio palestino ocupado en el que debía crearse el futuro Estado de Palestina

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha afirmado este domingo estar "confiado" en poder anexionar partes de Cisjordania ocupada en dos meses, en el marco de la propuesta de paz de Estados Unidos, según ha indicado en un mensaje grabado para un grupo evangélico estadounidense.

"Hace tres meses, el plan de paz de (Donald) Trump reconoció el derecho de Israel sobre todo Judea y Samaria (Cisjordania) y el presidente Trump prometió reconocer la soberanía israelí sobre las comunidades judías allí y en el Valle del Jordán", ha recordado Netanyahu.

"Dentro de un par de meses –ha agregado– confío en que esa promesa será honrada y que podremos celebrar otro momento histórico en la historia del sionismo". Aunque el plan estadounidense popularmente conocido como el Acuerdo del Siglo sí prevé la anexión de las colonias en territorio cisjordano y coincide con muchas de las posiciones del Gobierno de Netanyahu, su texto no reconoce el derecho de Israel sobre toda Cisjordania.

Hasta la llegada de Donald Trump al poder, la Casa Blanca reconocía Cisjordania como territorio palestino ocupado, en el que debía crearse el futuro Estado de Palestina, y consideraba los asentamientos judíos en la zona como ilegítimos.

El mensaje de Netanyahu llega a menos de una semana de la firma de un acuerdo en Israel para un Ejecutivo de unidad entre Netanyahu y el centrista Beny Gantz, que denominaron "Gobierno de emergencia nacional" y que, durante los próximos seis meses, solo podrá tomar medidas vinculadas a la lucha contra el coronavirus y la anexión de territorios en Cisjordania.

La comunidad internacional ha reacionado con severidad en los últimos días al conocerse la voluntad de Israel de avanzar unilateralmente hacia la anexión de Cisjordania. Francia, el Reino Unido y Alemania fueron algunos de los países que cuestionaron la decisión, sumándose a las declaraciones del enviado de Naciones Unidas para Oriente Medio, Nickolay Mladenov, que la describió como "una creciente amenaza" para la paz en la región.

Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, advirtió también esta semana de los peligros que supondría la anexión, que dijo "constituiría una seria violación a la ley internacional", y reiteró la posición de la Unión Europea de no reconocer la soberanía de Israel sobre los territorios ocupados desde 1967.

Hanán Ashrawi, miembro del Comité Ejecutivo de la OLP, agradeció hoy las declaraciones de la comunidad internacional contra la anexión, aunque dijo también que "es momento de tomar medidas concretas y preventivas" para "restaurar la relevancia y efectividad de la responsabilidad internacional".

El pacto entre Netanyahu y Gantz, firmado el pasado lunes, estipula el 1 de julio de este año como la fecha en que se llevará la cuestión de la anexión de Cisjordania al Parlamento. Esta deberá contar también con el aval de Estados Unidos, que parece garantizado tras una declaración esta semana del secretario de Estado, Mike Pompeo, en apoyo al pacto mediante el cual se formará el nuevo Ejecutivo.

EFE - Jerusalén

26/04/2020 - 19:42h

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Israel estudió cómo aplastar una posible revuelta civil armada por el coronavirus

El ejército y otros estamentos israelíes consideraron la posibilidad de un grave deterioro de la situación social en el país y examinaron cómo aplastar una hipotética revuelta causada por la parálisis económica. En un documento al que tuvo acceso Haaretz, redactado en el pico de la crisis, el ejército recomendó al gobierno suavizar las restricciones y mostrar menos fuerza y más compasión para no exacerbar las tensiones.

 

El ejército israelí empezó a prepararse hace dos semanas para hacer frente a un escenario de revuelta armada popular si la situación económica del país se deterioraba significativamente como resultado del cierre casi completo de la economía decretado por el gobierno para hacer frente a la pandemia, revelaron varios medios de comunicación.

El Consejo para la Seguridad Nacional reunió un panel de 30 miembros entre los que había analistas y oficiales del ejército, funcionarios del gobierno, delegados de la policía y notables del mundo académico, para discutir en qué circunstancias podría darse una revuelta civil y de qué manera habría que aplastarla.

Las recomendaciones del panel, a las que tuvo acceso el diario Haaretz, se redactaron después de estudiar dos posibles escenarios: una "revuelta civil"  y "una desobediencia civil a gran escala" debido a una "tensión que podría conducir a un resentimiento o enfado entre la gente".

En opinión del panel, la tensión y el enfado "no conducirían a fenómenos sociales a gran escala por sí mismos, al menos a corto plazo", pero el segundo escenario existiría la potencialidad de causar un "daño a largo plazo a la sociedad israelí y a la democracia".

Una posible causa para un levantamiento popular a gran escala, dice el documento, podría ser la falta de fe en el gobierno y en el sistema político, o el hecho de que pareciera que el gobierno está perdiendo el control sobre la pandemia o el estado.

Otros elementos que podrían causar un levantamiento civil serían la lucha económica, las hipotecas y la incapacidad de algunos de pagar el alquiler o incluso de comprar alimentos, así como una escasez de alimentos en las tiendas. Precisamente, el viernes el gobierno de Benjamín Netanyahu, fuertemente presionado por los sectores económicos, decidió levantar más restricciones autorizando la apertura de los pequeños comercios, pese a la oposición inicial del ministerio de Sanidad.

En el documento redactado hace dos semanas se decía: "La rutina de la vida al completo se ha roto de repente para la mayoría de la población (...), el final del cierre todavía no se conoce y la gente ha recibido distintas estimaciones, desde varias semanas a muchos meses". Esta circunstancia, decía el panel, puede conducir a tensiones sociales, desobediencia civil y resentimiento hacia las autoridades"

Se mencionaba un sondeo realizado por el ejército donde se recogía que el 88% de los encuestados aseguraban que sus vidas se habían visto gravemente afectadas por la crisis, y un 75 por ciento decían que solo salían de sus casas si era absolutamente necesario. El 19% no salía de sus domicilios bajo ninguna circunstancia.

El panel advertía que la gente podría encontrar una cabeza de turco en un grupo social particular como los árabes, los ultraortodoxos o los extranjeros, inmigrantes ilegales y refugiados, quienes podrían llegar a pagar por la expansión de la pandemia y la crisis económica.

"El bienestar de la gente se ha dejado de lado para concentrarse en detener la propagación. Con la extensión de la cuarentena es necesario prestar atención y dar recursos a la gente para enfrentarse a la causa de las tensiones entre la gente", decía el documento, que advertía que si no se proporcionaban recursos, la gente podría levantarse contra el gobierno.

El panel recomendó al gobierno que contratara a miles de israelíes para trabajar en los hospitales y en unidades de seguridad comunitarias semejantes a las que funcionan en las poblaciones cercanas a la Franja de Gaza. También recomendaba que los soldados participaran en la distribución de alimentos y realizaran patrullas nocturnas.

Al gobierno le indicaba que debía adoptar una posición más relajada con la gente. "Menos munición y más compasión", sentenciaba. También le recomendaba que policías desarmados visitaran a los israelíes de más edad y que distribuyera alimentos por las tardes entre los musulmanes durante el mes de ramadán que empezó este viernes.

Según The Jerusalem Post, a pesar de la recomendación de que el ejército y la policía deberían actuar sin tanto rigor, el gobierno ha usado ampliamente la fuerza en otras protestas a gran escala, especialmente contra el sector árabe. En octubre de 2000, se aplastaron las protestas árabes con un coste de 13 civiles muertos en la Galilea poco antes de que estallara la segunda intifada.

jerusalén

26/04/2020 09:02

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Asesinan a otro líder comunitario en Colombia; suman 80 en el año

El líder comunitario y defensor ambiental Alejandro Llinás Suárez fue asesinado el viernes en la zona rural de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el departamento del Magdalena, en el norte de Colombia. El activista había denunciado en semanas recientes la presencia y el hostigamiento de grupos paramilitares.

Llinás Suárez era un defensor ambiental del Parque Tayrona. Según medios locales, varios individuos armados entraron en su finca y acabaron con su vida.

"Con profunda tristeza lamentamos el asesinato del líder de Colombia Humana en Santa Marta, Alejandro Llinás", publicó en su cuenta de Twitter el movimiento político Colombia Humana, liderado por el senador Gustavo Petro.

Hostigamiento paramilitar

Llinás Suárez fue "un defensor de su territorio, del ambiente y los recursos naturaleza. Pedimos justicia para que su asesinato no quede impune!", agregó la organización.

"La violencia política sigue cobrando vidas, triste realidad. Alejandro Llinás Suárez fue asesinado hoy en Calabazo, Santa Marta, Magdalena", tuiteó por su parte la activista Mariana Risaralda, que ha subrayado que Llinás Suárez "denunció la presencia y el hostigamiento de grupos paramilitares en la zona".

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va de 2020 han sido asesinados más de 80 líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. El gobierno ha contabilizado desde 2016 hasta abril de 2020 los asesinatos de 364 líderes sociales, de los cuales el 55 por ciento se encuentran ya bajo investigación.

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EE UU sella un acuerdo millonario con Groenlandia que provoca indignación en Dinamarca

El plan de ayuda financiera, por 11 millones, llega ocho meses después de que la oferta de Trump de comprar el territorio molestara a Copenhague

Groenlandia no está en venta, pero sí en alquiler. Eso es lo que sugerían los medios daneses hace casi un año, cuando la primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, tachó de “absurda” la oferta de compra del territorio ártico por parte del presidente de EE UU, Donald Trump. Tan solo ocho meses después del choque entre ambos socios de la OTAN, los titulares se han mostrado acertados. Washington y Nuuk, la capital del territorio danés semiautónomo, han anunciado un acuerdo de inversión en proyectos en el territorio helado por un total de 83 millones de coronas danesas (11 millones de euros) abriendo un intenso debate en la capital del reino.

“Con esta buena noticia se confirma que nuestro trabajo de consolidar una relación constructiva con Estados Unidos da sus frutos”, ha dicho el primer ministro groenlandés, Kim Kielsen. El Gobierno socialdemócrata de Dinamarca, en minoría, ha aplaudido también la inversión de Washington en su territorio del Ártico, en cuyas negociaciones ha estado involucrado desde el pasado otoño. Y es que Groenlandia, pese a gozar de una amplia autonomía —de hecho pertenece a Dinamarca, pero no a la Unión Europea (UE)—, sigue siendo Copenhague el único interlocutor válido en cuestiones de Exterior y Defensa. “No es un secreto que hemos trabajado con Groenlandia para asegurar que se beneficie de la presencia de Estados Unidos”, ha explicado a los medios locales el ministro de Exteriores danés, Jeppe Kofod, quién intentó rebajar la crispación en Copenhague calificando el acuerdo económico de “completamente natural”.

Los fondos estadounidenses, según el acuerdo, irán destinados a proyectos relacionados con la extracción de materias primas, turismo y educación y serán los groenlandeses, junto con los estadounidenses, los que decidan exactamente cómo y cuándo gastar el dinero. Pero las voces que señalan una doble intención de Trump en un territorio en el que China y Rusia reclaman su parte del pastel no dejan de crecer.

Nada más hacerse público el acuerdo entre Washington, Nuuk y Copenhague, la oposición danesa, a derecha e izquierda, estalló en tropel. Los ultraderechistas del Partido del Pueblo Danés (DPP) creen que el pacto es “insultante”, según declaró el diputado Soren Espersen al diario Altinget. Los socialistas, también en la oposición, creen que el acuerdo es “extremadamente provocativo” y que lo único que persigue es generar crispación en las relaciones entre Copenhague y Nuuk por las que, si bien hay una gran autonomía política, económicamente hay cierta dependencia.

Groenlandia, cuya economía se basa casi exclusivamente en la pesca, recibe anualmente 576 millones de euros de Copenhague, lo que representa dos tercios de sus finanzas. Con el pacto con EE UU, algunos diputados en el Folketing (Parlamento nacional) han lanzado la voz de alarma y vaticinan que Groenlandia poco a poco se irá alejando de Copenhague para alinearse con sus nuevos socios estadounidenses. “Tenemos que aclarar si ellos [EE UU] pagan ahora y nosotros [daneses] estamos en deuda mañana”, dijo la diputada groenlandesa en Copenhague Aaja Chemnitz Larsen. Muchos en el Folketing opinan que nadie da un cheque en blanco y que Washington acabará imponiendo sus condiciones. Un alto funcionario de la Casa Blanca citado por el Financial Times aseguró, sin embargo, que EE UU ya no planea comprar Groenlandia.

Poco después de aquella crisis diplomática desatada el pasado verano entre ambos socios de la OTAN en la que Trump llegó a cancelar de la noche a la mañana una visita oficial a Copenhague, Washington inició una serie de discretos movimientos para seducir a Groenlandia. Mandó a una delegación al territorio helado —el 80% de su superficie está cubierta de hielo— para proponer ciertas inversiones en infraestructuras como carreteras y aeropuertos.

En noviembre, Copenhague dio luz verde la reapertura en Nuuk por primera vez desde los años 50 del consulado estadounidense, un movimiento que se acaba de hacer oficial. La oficina diplomática se alojará en una base militar en la capital groenlandesa —EE UU cuenta ya con otra base aérea en Thule, al noroeste del territorio— y el nuevo cónsul se trasladará desde Copenhague una vez que las medidas para evitar la propagación del coronavirus lo permitan. Groenlandia tiene una representación diplomática en Washington desde 2014.

Rusia y China

El interés por la influencia en el Ártico crece entre las principales potencias mundiales. La embajadora estadounidense en Dinamarca, Carla Sands, ha alertado en un comunicado esta semana que, pese a la política de “baja tensión” que ha mantenido desde los años 90 el Consejo Ártico (la asamblea con presencia de los países del Norte) en el territorio, ahora surgen “nuevos desafíos”. Y pone a China y Rusia como ejemplo.

Moscú está dando mucho peso a su estrategia militar en el Ártico reabriendo bases de la Guerra Fría y estableciendo un nuevo comando Ártico, revela la diplomática. Y Pekín, continúa, se llama a sí mismo “un Estado cercano al Ártico”, pese a la distancia que les separa. “China busca establecer la Ruta de la seda polar” a través del desarrollo de rutas marítimas que emergen en el polo Norte como consecuencia del calentamiento global.

Madrid / Copenhague - 24 abr 2020 - 8:31 COT

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Viernes, 24 Abril 2020 06:44

Autonomías para enfrentar las pandemias

Autonomías para enfrentar las pandemias

Cuando el Estado es poco más que un miserable espectro genocida, los recursos de los pueblos son el único relevo posible para combatir guerras y enfermedades, cuyos efectos no tienen, casi, la menor diferencia. Es cierto que las guerras destruyen, además de personas, edificios e infraestructuras, mientras las epidemias afectan, primordialmente, a los seres humanos.

En el norte y el este de Siria, después de una larga década de guerra azuzada por los principales estados del planeta y de la región, los más armados y los menos razonables, capaces incluso de haber creado y alimentado ese monstruo llamado Estado Islámico, los pueblos organizados están resistiendo ahora la pandemia de coronavirus.

Lo más notable, según las noticias que nos llegan, es que combaten el virus con las mismas armas que utilizaron durante la guerra: la cohesión comunitaria, la organización de base y la determinación, como pueblos, de hacer frente colectivamente a los mayores obstáculos. Así es la vida en los territorios donde el pueblo kurdo hace de la autonomía su seña de identidad.

Un ventilador cada 100 mil habitantes, son los recursos técnicos con los que cuenta la región, según el Centro de Información de Rojava. Buena parte del instrumental sanitario fue destruido por los recientes ataques de Turquía a las regiones autónomas kurdas.

Las cooperativas textiles y agrícolas son las encargadas de producir mascarillas para protección y los alimentos necesarios. Las comunas decidieron un toque de queda desde el 23 de marzo, sometiendo a los viajeros que llegan a la zona a una cuarentena preventiva, mientras las estructuras económicas y políticas de la autonomía, las mismas que han permitido la sobrevivencia durante una década de guerra civil en Siria, son las que garantizan la vida de la población.

"Las cooperativas están más en sintonía con las necesidades de las comunidades en las que viven sus miembros y, por tanto, tienen más probabilidades de tomar decisiones basadas en la necesidad que en las ganancias", señala un reporte de "Kurdistán América Latina" (https://bit.ly/2RX5EVo).

Las comunas, que son la unidad básica en las que está organizada la población, garantizan el cumplimiento del toque de queda y la distribución de alimentos, basadas "en el conocimiento local y la pequeña escala de estas estructuras". Elaboran listas con las familias que tienen mayores necesidades de alimentos, productos de limpieza y medicamentos y van de familia en familia distribuyendo la ayuda, para evitar aglomeraciones.

Una forma de organización que facilita la protección de las familias, ya que "los integrantes de la comuna no necesitan viajar mas allá de sus vecindarios para distribuir ayuda, disminuyendo el número de personas que viajan de ciudad en ciudad".

Este orden comunitario y autónomo se mantiene en una región poblada por 4 millones de personas, incluyendo alrededor de un millón de refugiados que viven en tiendas de campaña por la agresión turca. A pesar de la estricta organización, del trabajo de las cooperativas y comunas y de la solidaridad internacional, los hospitales y centros de salud tienen capacidad para atender sólo 460 casos activos de coronavirus.

Un informe del Comité de Solidaridad con Kurdistán de la Ciudad de México destaca que los estados y las organizaciones internacionales, como la ONU y la OMS, están actuando de forma irresponsable ante los continuos bombardeos de Turquía sobre las aldeas de Rojava, que provocan cortes de agua y agravan la situación sanitaria.

Ante esta situación sólo vale la "autoorganización comunal, ecológica y pacífica" de los pueblos en el contexto de la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria, inspirada en el confederalismo democrático teorizado por Abdullah Öcalan, líder kurdo prisionero en la isla turca de Imrali.

En sintonía con la experiencia zapatista y de otros pueblos latinoamericanos, sigue el Comité de Solidaridad, defienden "una salud comunitaria basada antes que nada sobre la autonomía, la prevención social y la educación más allá de las medidas estatales represivas y centralizadoras".

"Volver a la tierra y a la naturaleza", es uno de los lemas del pueblo kurdo, que busca enfrentar ésta y futuras pandemias repoblando aldeas rurales, reforestando, con cultivos diversificados en base al trabajo comunitario.

Las palabras autodefensa, autonomía y salud comunitaria, resuenan estos días aciagos desde Rojava hasta Chiapas, pasando por Lima, donde cientos de andinos retornan a sus pueblos en la sierra, bajo el lema "Aquí termina Lima", en una magnífica descripción de Rodrigo Montoya (https://bit.ly/3bvGW69). Lejos de la modernidad urbana individualista, quieren rehacer su vida en comunidades, tejidas con base en la reciprocidad y la ayuda mutua.

El futuro de la humanidad se juega en estos espacios y territorios de los abajos, ya que resistir la pandemia supone poner en juego los mismos recursos con los que resisten al Estado y al capital.

 

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Viernes, 24 Abril 2020 06:30

Crece en Perú el éxodo del hambre

Un grupo de migrantes descansa bajo un puente de la ruta Panamericana Sur cerca de Lima.    ________________________________________ Imagen: EFE

Miles de personas huyen de Lima a pie en busca comida en sus pueblos

Es el éxodo de los olvidados, los excluidos, los pobres extremos, en plena cuarentena. Regresan a sus pueblos como sea.

Desde Lima. “Nos va a matar el hambre antes que el virus”, exclama, con voz de angustia, una mujer joven, de rostro cansado, que lleva en brazos a su hija de pocos meses. El suyo es un amargo reclamo por el abandono, un desesperado grito por ayuda. Esa noche dormirá-como las anteriores y las siguientes- sobre unos cartones al lado de la carretera que lleva de Lima a la zona andina en el centro del país. Va de regreso a su pueblo. Va escapando. Sin nada, lo hace caminando. Le esperan cientos de kilómetros. Con ella pasarán la noche más de trescientas personas que cargan la misma angustia y comparten el mismo recorrido, largo, agotador, penoso. En otros puntos de esa misma carretera, y en otras carreteras, que van para el sur y el norte del país, otros miles viven el mismo drama. Abandonan la capital para regresar a sus pueblos. En Lima, la ciudad de la que escapan con desesperación, se concentra la mayor parte de casos de coronavirus en el país, pero ellos no huyen del virus. Huyen del hambre. Es el éxodo de los olvidados, los excluidos, los pobres extremos, en plena cuarentena por el coronavirus.

 “Ya no tenemos qué comer, por eso regresamos a nuestros pueblos, donde algo tendremos. Caminando nos iremos, no tenemos de otra”, dice un hombre sentado junto a sus tres pequeños hijos que duermen abajo de un puente de la autopista. Era vendedor ambulante y ahora con la cuarentena se quedó sin los pocos ingresos con los que apenas sobrevivía. En otra carretera, un joven cuenta que era pintor eventual, que como se quedó sin trabajo desde que comenzó la cuarentena no pudo pagar el cuarto en el que vivía, lo echaron a la calle y sin dónde ir ha emprendido la sufrida caminata de retorno al pueblo del que salió hace años. “Ya no aguantamos más, no tenemos nada ya, estamos viviendo en las calles, ya no tenemos para comer”, grita una mujer cuando se le acerca la cámara de un noticiero. Ellos forman parte de este éxodo del hambre.

También están los que viajaron a la capital desde el interior por algún trámite, un tratamiento médico o para un trabajo temporal de unos meses, y quedaron atrapados por la inmovilización social. Después de 40 días de cuarentena y con sus pocos recursos agotados, tratan con desesperación de regresar a sus casas. Muchos están entre los caminantes en las carreteras, otros centenares duermen en las calles de la ciudad, frente a estaciones de buses o el aeropuerto esperando que salga ese bus o ese vuelo humanitario que las autoridades les han ofrecido, pero que no llega. Llevan días en esa interminable espera. Los que se cansan de esperar se suman a los caminantes que huyen de la capital para no morir de hambre en tiempos de cuarentena. Se han dado choques entre estos angustiados pobladores y la policía cuando ésta les bloquea el camino para que no sigan su viaje.

“No se puede permitir una salida desordenada porque estos grupos grandes son caldo de cultivo de contagios y se puede generar un problema en las zonas a las que se dirigen. Lo primero es empadronarlos, después se les tiene que hacer pruebas rápidas del coronavirus para ver si están infectados, si lo están son llevados a un centro de salud, los que dan negativo son llevados a su destino en transporte puesto por el Estado y cuando lleguen deben estar dos semanas en aislamiento porque hay la posibilidad que tengan el virus a pesar del resultado negativo de la prueba rápida. Todo esto requiere una articulación y una logística que no es algo sencillo. Entendemos la desesperación de la gente, reconocemos que esto se puede hacer más rápido, estamos trabajando en eso. Ya hemos trasladado a más de tres mil personas”, le declaró a Página/ 12 la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, encargada por el gobierno para tratar este asunto.

Con 70 por ciento de los trabajadores en la informalidad, sin derechos laborales y la mayoría con ingresos precarios, y empresas dando licencias sin paga, la larga inactividad ha llevado a una buena parte de la población, que se ha quedado sin ingresos, al límite de su resistencia. Millones que antes de esta crisis ya estaban en la pobreza, o al borde de ella, piden ayuda para sobrevivir. El gobierno ha dispuesto la entrega de un bono equivalente a unos 220 dólares para 3,5 millones de familias pobres urbanas y un millón de hogares rurales, pero es insuficiente en el monto y en la cobertura, y todavía no se termina de entregar. Ayer el presidente Martín Vizcarra anunció que este bono se ampliará hasta llegar a 6,8 millones de familias, el 75 por ciento de hogares del país. Reconoció la lentitud en su reparto. “Hay que ser autocríticos, tenemos que ser más rápidos. El hambre no espera”, dijo. Se raparte alimentos, pero la entrega es lenta y desorganizada.

El Perú es el segundo país de América Latina, después de Brasil, con más casos de coronavirus. Son 20.914 los contagiados y 572 los muertos. En las últimas 24 horas se han dado 1.664 nuevos casos y 42 fallecidos. Con los contagios en alza, la cuarentena, que comenzó el 16 de marzo, ayer fue prorrogada hasta el 10 de mayo. Esa extensión era necesaria, dicen los expertos. “La salud de la gente es lo primero”, ha dicho Vizcarra al anunciar esta nueva prórroga. La cuarentena ha tenido importantes fisuras, por desorganización, irresponsabilidad de parte de la población y la necesidad de muchos que sobreviven del día a día y salen a buscar algún ingreso.

El débil sistema de salud está al límite. El Perú es uno de los países de la región con la más baja inversión en salud, con menos del cinco por ciento de su PBI al año, y eso está pasando factura en esta crisis sanitaria. Hay hospitales desbordados, enfermos que han muerto esperando atención. En las carreteras, sigue el éxodo del hambre.  

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La violencia silenciosa que arrecia en el campo colombiano en medio de la pandemia

 El alto el fuego del ELN rebaja las estadísticas, pero el conflicto entre grupos armados no se detiene y se disparan las amenazas contra exguerrilleros

En pocas horas en Colombia murieron ocho disidentes de la antigua guerrilla de las FARC, un militar falleció en un combate con otra columna que se separó de los acuerdos de paz, una banda de paramilitares amenazó a un periodista y el partido político nacido del grupo insurgente, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, denunció la indefensión ante estas organizaciones de los excombatientes que abandonaron las armas. Fue allí, en el municipio de Argelia, ubicado en el departamento suroccidental del Cauca, donde en los últimos días se intensificaron los combates entre un sector de las disidencias y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las Fuerzas Armadas informaron este miércoles de que “ocho terroristas murieron al enfrentarse con las unidades militares” mientras trataban de contener esos enfrentamientos, que se enmarcan en la lucha por el control de una ruta del narcotráfico.

Estos son los episodios violentos más recientes conocidos en Colombia, que hace frente a la emergencia sanitaria del coronavirus -que ha dejado 130 muertos y más de 3.000 infectados- con una estricta cuarentena y el cierre de las fronteras. Sin embargo, la violencia en el campo, en un país eminentemente rural que acaba de salir de un conflicto armado de más de medio siglo, no se detiene. Y ahora es más silenciosa porque todos los ojos están centrados en la pandemia. El partido FARC deploró a través de un comunicado que “en medio de la crisis [...] hay grupos que, con una lectura equivocada del momento, no dan tregua con sus actos, agudizan los temores y la zozobra que actualmente se vive en las comunidades”. Argelia fue el último escenario de una persecución consolidada por parte de las bandas criminales: “Rechazamos el señalamiento y la declaración como objetivo militar de los dirigentes de las organizaciones sociales y de los militantes de nuestro partido y reincorporados”, señala un comunicado.

El abismo entre campo y ciudad y la escasa presencia de las autoridades en algunos territorios no supone una novedad en Colombia. Pero en estas circunstancias hace saltar las alarmas de los expertos. Lo explica Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. “El país está concentrado en el coronavirus, las Fuerzas Armadas están en acuartelamiento esperando una crisis del coronavirus, pero el país se sigue incendiando. Y la otra parte de la respuesta es que en datos, en números, en estadísticas no se ve, porque el ELN paró la actividad y los enfrentamientos entre grupos no se cuentan, porque es cuando se ataca la fuerza pública”.

El ELN es la última organización guerrillera aún activa en Colombia, aunque se disputa el control del tráfico de droga con otras bandas. Esto es, aunque a finales de marzo declarara un alto el fuego unilateral con el Estado, sus actividades siguen pese a que haya suspendido los ataques a las fuerzas militares. “Si viene el ELN y declara un cese unilateral al fuego, ellos siguen enfrentándose a otros grupos, siguen expandiéndose, aunque hayan parado la actividad frente al Ejército, la guerra sigue, con las disidencias y los paramilitares”, continúa Ávila.

El procurador, Fernando Carrillo, se pronunció públicamente a propósito del caso del Cauca. “Sobre la situación en Argelia, hacemos un llamado a la fuerza pública colombiana para garantizar la protección efectiva, la vida e integridad personal de los reincorporados en el marco de la implementación del acuerdo final”, afirmó. La oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas se sumó al llamamiento, solicitando “protección inmediata tanto de reincorporados de las FARC como de las comunidades que están padeciendo el control violento de grupos armados en la zona”.

A eso se añaden los ataques sistemáticos a los líderes sociales y las preocupaciones por la compleja implementación de los acuerdos de paz firmados con las FARC en 2016. Entonces se acabó una guerra, pero no la violencia. El jefe de la misión de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, manifestó que la necesidad de redoblar los esfuerzos ante la epidemia de covid-19. “Tenemos la obligación colectiva de seguir garantizando el progreso en la implementación del acuerdo de paz. La paz en Colombia no puede ser una víctima de la pandemia”, señaló el martes. “La violencia en contra de excombatientes se ha mantenido a pesar de la cuarentena nacional. Desde la publicación del informe [a principios de marzo] otros tres excombatientes han sido asesinados, para un total de 195 desde la firma del acuerdo de paz”. Así las cosas, Ruiz Massieu considera que “así como diferentes sectores en Colombia se están uniendo para enfrentar la pandemia, es necesario que todos los sectores se unan para poner fin a la epidemia de violencia contra líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos y excombatientes”.

México - 16 abr 2020 - 03:03 COT

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Un grupo de migrantes venezolanos camina hacia la frontera de su país procedentes de Colombia. En vídeo, el éxodo de los migrantes. FOTO: FERNANDO VERGARA (AP) | VÍDEO: REUTERS

El fenómeno, incipiente frente a un éxodo de millones de personas, saca a la luz el debate sobre la atención a los migrantes en Colombia

Una migración masiva, miles de personas sin apenas recursos y los efectos de una pandemia que en todo el mundo golpea con mayor fuerza a los más vulnerables. El cóctel es la premisa de un fenómeno numéricamente incipiente, aunque significativo porque pone de manifiesto el debate sobre la atención a los migrantes venezolanos. Los reportes desde la porosa frontera entre Colombia y Venezuela, cerrada desde mediados de marzo como parte de los esfuerzos para contener el coronavirus, dan cuenta del retorno de más de un millar de personas, aunque según el chavismo son casi 4.000. Decidieron desandar sus pasos y regresar a su país, pues las medidas de aislamiento obligatorio decretadas por el Gobierno de Iván Duque hasta el 26 de abril les impiden ganarse la vida en las ciudades colombianas que los acogían.

Se trata de personas que habían optado por emigrar ante el colapso económico y de servicios que se agravó en Venezuela desde que Nicolás Maduro sucedió a Hugo Chávez, en 2013, y que no pueden ser atendidas por las autoridades colombianas. Al menos medio centenar de buses coordinados por gobernaciones, alcaldías y asociaciones de migrantes los han transportado en la última semana desde distintos lugares como Bucaramanga o Soacha –que colinda con Bogotá– hasta la ciudad de Cúcuta, fronteriza con el Estado Táchira. Incluso desde ciudades tan distantes como Pasto, la capital del departamento de Nariño que limita con Ecuador, en el otro extremo del país. Este jueves más de 300 migrantes fueron retenidos a la salida de la capital, que como el resto del país se encuentra en estricto régimen de confinamiento. En varias carreteras colombianas se observan grupos de caminantes, decididos a hacer a pie y autostop el largo trayecto hasta la frontera.

El número de retornados, que de momento es muy contenido frente a las abrumadoras cifras del éxodo venezolano, se enfrenta a un aumento si la comunidad internacional no incrementa su financiación para apoyar la respuesta del Gobierno colombiano ante la crisis sanitaria, ha advertido el Consejo Noruego para Refugiados (NRC). “Es algo que no hemos visto antes. Por supuesto, hay muchos más venezolanos que se quedan. No conocemos los números precisos”, explica a este periódico Dominika Arseniuk, directora del NRC en Colombia. Además de los siete cruces oficiales, a lo largo de la frontera de más de 2.200 kilómetros abundan los pasos ilegales conocidos como trochas. “Para muchos venezolanos no es seguro volver. La situación en Venezuela no ha cambiado y sigue empeorando. Entonces nosotros esperamos que los venezolanos que han venido a Colombia puedan quedarse, pero para esto necesitamos ayudarles a sobrevivir este periodo muy difícil para ellos”.

Colombia es por mucho el principal destino de una diáspora de casi cinco millones de venezolanos que huyeron de su país. Los que ahora retornan son una muy pequeña porción de los radicados en el país vecino, más de 1.825.000 hasta el 29 de febrero según los datos difundidos por Migración Colombia. En la última semana se abrió un corredor humanitario para cerca de 2.000 retornados, una cifra que palidece incluso frente a los más de 30.000 que pudieron regresar en los días siguientes al cierre de la frontera el pasado 14 de marzo, o a los más de 50.000 que cruzaban cada día la línea limítrofe antes de la pandemia.

Sin embargo, la emergencia sanitaria y las consecuentes medidas de aislamiento obligatorio han sacado a la luz el espinoso asunto de la atención a los venezolanos en Colombia. La prensa ha registrado la expulsión de familias migrantes de pensiones que no pueden pagar en plena cuarentena nacional. Muchos de los venezolanos afincados en Colombia forman parte de las franjas más vulnerables de la sociedad, y cerca de nueve de cada diez alimenta las filas de la informalidad. “Muchos ya han vuelto, muchos quieren volver y muchos que se quedan en Colombia también se han encontrado en situación de calle”, resume Arseniuk. Pese al gran esfuerzo de Colombia, algunos incluso regresaron a su país quejándose de malos tratos recibidos. Dentro de Venezuela, la noticia ha sido recibida con cierta incomodidad ante la posibilidad de que estén infectados, aunque el aparato chavista intenta sacar rédito político del fenómeno.

Política de acogida

Bajo una enorme presión, Colombia ha mantenido una política de acogida y flexibilidad migratoria elogiada internacionalmente, y busca continuarla pese a la contingencia de la Covid-19. A pesar de esos esfuerzos, los recursos con insuficientes. El Gobierno ha pedido con insistencia mayor cooperación de los organismos multilaterales. Lanzado en noviembre de 2019, el plan de ayuda regional de la ONU para responder a una inédita crisis migratoria que precede al coronavirus ha recibido apenas el 3% de los fondos solicitados.

“Ha sido una situación que ha puesto a prueba nuestras capacidades, aun así, se ha logrado responder frente a las circunstancias. Hace falta mucho, pero el compromiso del Gobierno por acoger e integrar a los migrantes no desfallece”, ha dicho Felipe Muñoz, gerente presidencial para la frontera. Su despacho coordina ahora mismo diversas acciones como la entrega de 200.000 bolsas de alimentos en 40 municipios del país para población migrante o reforzar –con el acompañamiento de Acnur– la capacidad del hospital de Maicao, otra de las poblaciones fronterizas más impactadas.

En tiempos de crisis, el origen de los fondos para ayudarlos con alimentación o auxilios de arrendamientos se ha convertido en un punto de fricción entre el Ejecutivo de Duque y algunos mandatarios locales. La reciente “peregrinación”, como la llamaron las autoridades en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, fue desordenada. Allí temen que cualquier embudo de personas en la frontera, justo en medio de las medidas de aislamiento obligatorio, sería el peor escenario posible y un potencial foco de contagio.

Colombia tiene hasta este viernes casi 2.500 casos confirmados de coronavirus y contabilizó 80 muertes. Venezuela reporta oficialmente 175, con 9 fallecidos. Muchos de estos emigrantes viven de lo que producen diariamente. Desesperados ante los problemas económicos y episodios de xenofobia, sin estatus legal, han decidido regresar como llegaron, tres años atrás. Sin lujos y, a menudo, caminando. Después de haber contemplado en silencio la brutal diáspora de personas que abandonó Venezuela por los pasos fronterizos con Colombia a partir de 2016 –rumbo también a Ecuador, Perú y Chile–, la jerarquía chavista ha reseñado con alborozo, aunque con cierta discreción, el retorno de estos días. Regresan a un país quebrado económicamente, metido en un conflicto político interminable y con una infraestructura sanitaria en ruinas.

Tan pronto cruzan la frontera, los retornados son recibidos por efectivos militares para ser interrogados. El canciller, Jorge Arreaza, informó a través de Twitter: “Estamos registrando y coordinando el regreso de miles de compatriotas desde Colombia. Todos son evaluados clínicamente y se les realizan pruebas de despistaje del coronavirus. Muchos están de tránsito, rumbo a los puestos fronterizos”. Esta semana el chavismo colocó una etiqueta en las redes cuyo llamado era “Bienvenidos a casa” para colocar en relieve esta inusual circunstancia.

Freddy Bernal, miembro de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, que actúa como “protector” del Estado fronterizo de Táchira –un cargo al margen de la Constitución que tiene en sus manos todo el poder político del cual carece la actual gobernadora electa, militante de la oposición– declaró que “a todos los venezolanos que por alguna circunstancia deciden volver a su patria, aquí en casa les estamos esperando”. “Con disciplina y consciencia les invitamos a cumplir las medidas sanitarias recomendadas (…) No están solos, su patria venezolana, presidida por Nicolás Maduro, está lista para recibirlos con amor y darles atención y abrigo”, insistió. Declaraciones similares han hecho en estos días miembros de las Fuerzas Armadas. En un intento por contrarrestar los devastadores efectos para la reputación del Gobierno de un éxodo sin precedentes, Maduro ya había comenzado a organizar el plan ”Vuelta a la Patria” que ha hecho retornar, en avión, unas 10.000 personas.

Bogotá / Caracas - 11 abr 2020 - 19:21 COT

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“Europa fue el primer muerto del coronavirus”

El trastorno planetario provocado por la propagación del Covid-19 no tiene espejos en la historia. Siete años después de que China pusiera en marcha su programa más ambicioso de reconquista del mundo reactualizando el mito de la Ruta de la Seda, esa ruta se convirtió en un sendero de muerte. En 2013, Beijing desplegó una red de infraestructuras repartida por los cinco continentes mediante comunicaciones marítimas y ferroviarias entre China y Europa, pasando por Kazajistán, Rusia, Bielorrusia, Polonia, Alemania, Portugal, Francia o el Reino Unido. El sueño de 1.000 millones de dólares dio lugar a la tercera extinción del siglo XXI: la primera fue financiera, con la crisis bancaria de 2008; la segunda fue la extinción de las libertades cuando el exanalista de la Central de Inteligencia Americana (CIA) Edward Snowden reveló la extensión y la profundidad del espionaje planetario orquestado por Estados Unidos y sus agencias de seguridad; la tercera es sanitaria.

Ya nadie se pregunta hacia dónde va el mundo sino, más bien, si mañana habrá un mundo. Las máscaras del tecnoliberalismo y su construcción global, es decir, la globalización, se han caído. La máscara, ese objeto tan precioso para sobrevivir, se volvió el revelador del abismo mundial; sin máscaras se corrió el telón de la ausencia de consenso a escala europea para enfrentar la crisis sanitaria y financiera, o pactar ordenadamente el cierre de las fronteras; sin máscaras, la Organización Mundial de la Salud (OMS), supuestamente a cargo de la salud del planeta, demostró que era un gigante burocrático sin incidencia en la realidad; sin máscaras, la cooperación internacional apareció como una ficción desesperada. Las divergencias entre estadounidenses y europeos nunca fueron tan insuperables, tanto como las que atraviesan a los Estados que componen la Unión Europea. Entre insultos, incomprensión, golpes bajos y visiones antagónicas entre la preservación de la vida o la salud o la de la economía y las finanzas, los dirigentes de las potencias sobresalieron por su incapacidad para diseñar un horizonte.

El mundo que existía desde la Segunda Guerra Mundial dejó de respirar. Donald Trump enterró el multilateralismo heredado del siglo XX, mientras el coronavirus ponía la cruz sobre un sistema internacional que de “sistema” solo tenía el nombre.

Muchos de estos acontecimientos han sido anticipados por Bertrand Badie a lo largo de una obra consagrada a las relaciones internacionales. Profesor en Sciences Po París y en el Centro de Estudios e Investigaciones Internacionales (CERI), Badie desarrolló una obra del otro lado de los consensos. En 1995 se adelantó enLa fin des territoires [El fin de los territorios], en 1999 exploró cómo sería Un monde sans souveraineté [Un mundo sin soberanía] y en 2004 empezó a tejer el análisis sobre la inercia de los poderosos, es decir, la impotencia de los potentes y publicó L'impuissance de la puissance. Essai sur les incertitudes et les espoirs des nouvelles relations internationales. Los ensayos siguientes lo acercaron a la configuración actual: El tiempo de los humillados. Una patología de las relaciones internacionales y Diplomacia del contubernio. Los desvíos oligárquicos del sistema internacional (ambos editados por la Universidad Nacional de Tres de Febrero). En esta entrevista, realizada en plena crisis mundial, el profesor le sigue los pasos a un mundo que se cae y esboza los contornos del próximo.

Hemos cambiado de paradigma con esta crisis sanitaria. Usted sugiere que, desde ahora, la seguridad de los Estados ya no es geopolítica sino sanitaria.

Así es, y hay un conjunto de cosas. Están la seguridad sanitaria, la seguridad medioambiental, la seguridad alimentaria y la seguridad económica. Conforman varias seguridades que ya no son militares sino de naturaleza social. Se trata de un gran cambio con respecto al mundo de antes. En este momento, por primera vez en la historia, estamos descubriendo la realidad de la globalización. Este descubrimiento no atañe a los Estados, sino que toca a cada individuo. Esto es lo nuevo. En la historia, es raro que los individuos aprendan en directo, en su propia carne, en su vida cotidiana, cómo son realmente las transformaciones de la vida internacional. Antes estaban las guerras para acercar este aprendizaje, pero las guerras afectaban indirectamente a la población. Aquí, todo el mundo está afectado. Podemos entonces esperar un cambio de la visión del mundo y de los comportamientos sociales. Esta tragedia puede conducir a una transformación brutal de la visión que tenemos del mundo y de nuestro medio ambiente. Tal vez, se dejarán de lado todos los viejos esquemas, es decir, los esquemas como el de la concepción militar y guerrera de la seguridad, entiéndase, un mundo fragmentado entre Estados-nación en competencia infinita y una concepción de las diferencias que remite siempre a esa dualidad de la vida entre amigos y enemigos. Hoy ya no hay amigo o enemigo sino asociados que están expuestos a los mismos desafíos. Esto cambia completamente la gramática de la sociología y de la ciencia de las relaciones internacionales. El otro ha dejado de ser un rival, el otro es alguien de quien dependo y que depende de mí. Esto nos debe conducir hacia otra concepción de las relaciones sociales y de las relaciones internacionales, en la que estoy obligado a admitir que, para ganar, necesito que el otro gane; tengo que admitir que, para no morir, necesito que el otro no caiga enfermo. Esto es algo completamente nuevo. 

Sin embargo, los desacuerdos entre los Estados nunca habían sido tan abismales. Las relaciones entre Europa y Estados Unidos han empeorado con esta crisis sanitaria mientras que, dentro de la Unión Europea, los antagonismos se han profundizado en el momento más dramático de la humanidad.

En la situación actual nos encontramos con desacuerdos entre Estados Unidos y el resto del mundo a los que ya estamos acostumbrados. Pero también vemos profundos desacuerdos dentro de Europa con, por ejemplo, el rechazo de Alemania a los famosos “coronabonos”, es decir, la mutualización de las deudas. Ese será justamente el gran enigma cuando salgamos de la crisis. Seguimos estando coyunturalmente en un esquema de desacuerdos enormes y de competencia tal vez más agudos que antes. Pero eso es porque estamos en una situación de urgencia y, en estos casos, el reflejo natural es esconderse detrás de un muro, cerrar las puertas y las ventanas. Podemos esperar que el miedo suscitado por esta crisis conduzca a que se reconozca que no será viable enfrentar en forma duradera este tipo de nuevo desafío sin una profunda cooperación internacional. Es comprensible que los desacuerdos y la competencia entre los Estados sean densos en medio del incendio. Sin embargo, es necesario entender que, a corto plazo, habrá que cambiar de programa.

Queda entonces la tarea de redefinir una nueva geopolítica.

La geopolítica ha muerto. La visión tradicional, geográfica, de las relaciones internacionales no vale más porque estamos en un mundo unido. La realidad ha dejado de ser la confrontación entre regiones del mundo y Estados para volverse la capacidad o la incapacidad de gestionar la globalización.

El colapso sanitario explotó en un mundo ya muy trastornado por el surgimiento casi planetario de movimientos sociales y por la redefinición de las propuestas políticas marcadas por la nostalgia nacionalista. Las tres figuras emergentes de este contexto son los negacionistas de la pandemia: Donald Trump, Boris Johnson y Jair Bolsonaro.

La pandemia intervino en un contexto doble que no se debe olvidar. El primero es el ascenso vertiginoso del neonacionalismo en diferentes latitudes: en Estados Unidos, Gran Bretaña, Brasil, Europa e incluso en los países del Sur. Ese nacionalismo lleva a los dirigentes en el poder a promover o halagar a las opiniones públicas fomentando la ilusión de una respuesta nacional o de protección frente a los peligros. Ello agrava la situación porque esta tentación demagógica viene a complicar la gestión multilateral de esta crisis. El segundo contexto remite a que recién salimos de un año 2019 absolutamente excepcional. 2019 fue el año en que se dieron una multitud de movimientos sociales a través del mundo: América Latina, Europa, Asia, África, Oriente Medio. Estos movimientos sociales reclamaban lo mismo: un cambio de políticas. Las revueltas sociales denunciaban el neoliberalismo y la debilidad de la respuesta de los Estados y, también, de las instituciones y de las estructuras políticas. Hoy, para los Estados, la gran dificultad se sitúa en el hecho de que tratan de responder a corto plazo y con un perfil nacionalista mientras que, al mismo tiempo, cuentan con muy poca legitimidad en el seno de sus sociedades. La consecuencia de este esquema han sido las dudas, los tanteos y la ineficacia demostrada por los gobiernos. Una situación semejante obligará a cambiar la gramática de los gobiernos.

Hay, en toda esta tragedia, una contradicción cruel: justo antes de la crisis sanitaria, China se encontraba en plena expansión. En 2013 empezó a reactualizar el mito de la Ruta de la Seda y para ello desplegó una impresionante red de comunicación y de infraestructuras a través del mundo. Pero esa Ruta de la Seda mutó en ruta de la muerte.

Es cierto y hay dos puntos esenciales. En primer lugar, esta crisis que se inició en Wuhan golpeó muy fuerte a la economía china y, diría, a la propia credibilidad de los políticos chinos y sus políticas. La crisis también reveló las debilidades del sistema chino. No olvidemos que el virus nació debido a la fragilidad del sistema sanitario y alimentario de China: el coronavirus nació en esos mercados que no responden a las reglas elementales de higiene. Fue la base de su propagación. La credibilidad china se vio disminuida debido a esta fragilidad sanitaria. Al mismo tiempo, hay una paradoja: China ingresó antes que nadie en esta crisis, pero también salió de ella antes que los demás y de forma eficaz. No estoy seguro de que Europa tenga la misma capacidad de reacción que China. Salvo si, por desgracia, China conoce una segunda ola de contaminación, es muy probable que esté de pie cuando Estados Unidos y los países de Europa sigan de rodillas. China está tratando de probarlo enviando médicos y equipos y ofreciendo ayuda a los países que están en plena tormenta. Esto puede significar que cuando nosotros continuemos peleando contra el virus China se habrá levantado y tendrá, entonces, una ventaja frente a las viejas potencias.

A lo largo de esta crisis hemos asistido a una suerte de geopolítica de chez soi, es decir, una geopolítica de casa para adentro. Cada país se concentró en su problemática cuando el imperativo no era financiero como en la crisis de 2008, sino sanitario.

La urgencia es doble. Es sanitaria ahora y será económica y financiera muy rápidamente. El problema radica en que Europa ha sido la primera víctima del coronavirus. Europa fue el primer muerto. Todos los reflejos que se esperan de Europa están ausentes. La primera intervención de Christine Lagarde, la directora del Banco Central Europeo (BCE), fue catastrófica. Hasta llegó a invitar a los Estados a que se las arreglaran por su cuenta. Luego, la respuesta de la Comisión Europea resultó igualmente débil. El desacuerdo entre los principales países europeos (Alemania, Francia, España, Italia, Países Bajos) en torno de la gestión de la mutualización de las deudas muestra hasta qué punto se carece de un resorte europeo. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Europa se construyó por primera vez en su historia porque los europeos tenían miedo de una tercera guerra mundial y sabían que no podría reconstruirse ni salir de las ruinas únicamente con el esfuerzo nacional. Por eso se eligió una reconstrucción colectiva. Hoy, como todas esas metas han sido alcanzadas, la dinámica europea ha dejado de existir. No obstante, es precisamente allí donde está la clave de su porvenir. El miedo que los europeos tenían en 1945 lo vuelven a sentir ahora con el coronavirus. Los europeos van a descubrir que esa necesidad de reconstrucción que había en 1945 persistirá en cuanto salgamos de este drama sanitario. Tal vez, la conjugación de estos dos factores conduzca a que Europa renazca al final de esta crisis. Pero claro, cuando llegue ese momento habrá que cambiarlo todo. 

Aunque los paralelismos puedan resultar tramposos, muchos analistas trazan un paralelo entre la situación actual y la crisis de 1929. Luego de aquella hecatombe vino la Segunda Guerra Mundial y, justo antes, el ascenso del nacionalismo. ¿Acaso el virus no podría volver a fecundar un contexto semejante?

Es demasiado pronto para saber cómo serán las consecuencias. Las cosas pueden ir en los dos sentidos. Pero quisiera igualmente señalar que, antes del fascismo y el nazismo, el primer resultado de la crisis de 1929 fue el keynesianismo y Franklin D. Roosevelt, es decir, la reorientación de la economía mundial que permitió su salvación. No hay que tener una visión exclusivamente pesimista sobre los efectos de esta crisis. Creo que todo dependerá de la manera en que el miedo actual evolucione y de cómo ese miedo sea gestionado políticamente. Si el miedo desaparece rápidamente, se corre el riesgo de que volvamos a comenzar con el viejo sistema. Si el miedo perdura, tal vez esto nos conduzca hacia las transformaciones que necesitamos. Sin embargo, desde ahora, se plantea el gran problema de la gestión política del miedo. ¿Quién se hará cargo? Seguramente, la extrema derecha utilizará ese miedo como recurso electoral explicando que es urgente reconstruir las naciones, los Estados y restaurar el nacionalismo. No obstante, la extrema derecha no es la única oferta política existente. 

Sí, pero ya antes de esta crisis la extrema derecha se erigió como planteo político reestructurado y con mucha legitimidad.

Hay mucho de eso. Si se observan los Estados europeos, todos tienen un sistema político descompuesto. En Francia no hay más partidos políticos, en Alemania la socialdemocracia no cesa de debilitarse mientras que los demócrata-cristianos de la canciller Angela Merkel están sumidos en una crisis, en Italia la democracia cristiana y el Partido Comunista desaparecieron, e incluso en Gran Bretaña el sistema partidario que antaño estaba tan bien estructurado ya no existe más. Estamos en plena recomposición política. La versión optimista quiere que esta recomposición política desemboque en el nacimiento de partidos con capacidades de llevar las riendas de la globalización. De hecho, actualmente, ningún partido político sabe qué es la globalización. Tal vez advenga un keynesianismo político. Por el contrario, el horizonte negativo sería que esa recomposición no se lleve a cabo. 

En uno de sus últimos libros y, más recientemente, cuando estallaron las insurgencias sociales en 2018 y 2019, usted planteó que estábamos ingresando en el segundo acto de la globalización. ¿Acaso esta crisis no ha barrido con ese segundo acto?

No, para nada, es el mismo. No hay que disociar lo que ocurrió en 2019 de lo que está pasando ahora. Es lo mismo, es decir, el redescubrimiento angustiado de una urgencia social. Ese es el segundo acto de la globalización, el cual consiste en distinguir globalización de neoliberalismo, es decir, dejar de confiarle al mercado la gestión exclusiva de la globalización. En el curso de este segundo acto se trata de construir una globalización humana y social. Estas fueron las demandas de 2019 y los mismos reclamos vuelven ahora con urgencia ante la crisis del coronavirus. Si somos optimistas, podemos esperar que esta crisis termine por acelerar el advenimiento del segundo acto de una globalización humana y social. De lo contrario, cabría pensar que la catástrofe sanitaria no hizo sino complicar y atrasar la marcha hacia la segunda secuencia. 

2019 nos mostró a una humanidad ligada por lo que usted llamó un perfil intersocial. ¿Persiste aún esa dimensión de conexión, de diálogo y de compenetración entre identidades sociales?

Sí, claro, tanto más cuanto que esta crisis nos revela que las relaciones intersociales se vuelven determinantes a través del planeta. Estas relaciones intersociales son incluso más importantes que las relaciones entre los Estados, los gobiernos o los militares. El porvenir del planeta está en las interacciones sociales, en la tectónica de las sociedades, es decir, en esa capacidad propia de las sociedades para interactuar entre ellas más allá de la voluntad de los gobiernos.

Uno de los ejes constantes de su reflexión ha sido plantear la forma en que, en las relaciones internacionales modernas, es el Sur quien fija la agenda del Norte y, también, cómo ello desembocó en una representación geopolítica marcada por la impotencia de los poderosos. El coronavirus ha dejado al desnudo esa impotencia.

¡Estamos más que nunca en ese esquema!. Estamos viendo cómo los instrumentos clásicos de la potencia no pueden hacer absolutamente nada frente al coronavirus. Estados Unidos, que es la superpotencia de las potencias, conoce una propagación de la infección superior a la de China y Europa. Hemos dejado de estar en el registro de la potencia. Los recursos clásicos de la potencia nada pueden hacer. Debemos pasar ahora de la potencia a la innovación. Solo ganaremos si convertimos la vieja concepción de la potencia en capacidad de innovación para encontrar nuevos tratamientos, una vacuna, así como los medios técnicos capaces de remodelar la globalización para que esta no sea, como hoy, una fuente de dramas. Estamos ante un nuevo umbral de la historia. 

Un nuevo umbral con un interrogante dramático: ¿qué ocurrirá cuando el coronavirus se expanda en los países del Sur carentes de toda estructura sanitaria?

Esa eventualidad anuncia una catástrofe. Si la pandemia llega al Sur, será todavía más dramática y lastimará más profundamente al planeta entero. Ello prueba que los centros de gravedad de nuestra historia y de nuestro porvenir están en el Sur. El auténtico momento de la verdad se planteará cuando África se vea confrontada masivamente a esta tragedia.

Se han caído tantas máscaras con esta crisis global. La búsqueda de una vacuna, por ejemplo. Cada país la elabora por su cuenta: Francia, Estados Unidos, Rusia, China, Cuba. Y en el medio está el espectáculo indecente de la OMS: no tiene voz, ni influencia, ni capacidad alguna de organizar acciones coordinadas. Se ve como un monstruo vacío y burocrático.

Este tipo de anarquías son frecuentes en las situaciones de urgencia porque se establece una competencia entre un conjunto de actores que trata, más o menos sinceramente, de encontrar un remedio. Es algo paradójicamente normal porque así se estimula y se aceleran las investigaciones. Ahora claro, si estuviésemos en un mundo ordenado, la OMS habría debido encargarse de la definición de los protocolos de investigación y de los protocolos terapéuticos. Pero la OMS se ha vuelto alguien que cada tarde lee comunicados carentes de interés. Pero la naturaleza humana termina siempre por triunfar. El problema consiste en saber qué sacrificio habrá que hacer para todo esto. Un muerto es un muerto de más y ahora vamos ya por miles de muertos. Pienso que la humanidad renacerá de todo esto más fuerte y más consciente.

Por Eduardo Febbro (NUSO) 6/04/2020

Claude TRUONG-NGOC

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Esta entrevista se publicó en Nueva Sociedad.

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Elliot Abrahms, representante especial para temes relacionados con Venezuela, del Departamento de Estado de EU. Foto Afp

Ciudad de México. En la coyuntura de la llamada “epidemia del siglo”, la diplomacia de guerra de Estados Unidos ha decidido profundizar su guerra no convencional, asimétrica, contra Venezuela. Con una serie de acciones sucesivas que pretenden generar miedo y pavor (shock and awe) en filas “enemigas”, la administración Trump activó el 26 de marzo pasado el miserable plan diseñado por el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el representante especial para Venezuela, Elliott Abrams, cuyo objetivo final es intentar producir un “cambio de régimen” en el país que tienen la reservas probadas de hidrocarburos más grandes del mundo.

Ese día, en lo que parece marcar un nuevo punto de no retorno ahora bajo la pantalla judicial del golpismo (Lawfare), el fiscal general de EU, William Barr, anunció cargos criminales por narcoterrorismo, tráfico de cocaína, lavado de dinero y corrupción contra el presidente constitucional y legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro; una docena de altos funcionarios civiles y militares así como dirigentes del proceso bolivariano −e, incluso, un par de generales prófugos de la justicia venezolana−, bajo la grotesca argumentación de “haber participado en una asociación delictiva” que involucraría a una “organización terrorista extremadamente violenta” –las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC−, así como de “conspirar” para utilizar la venta de drogas como un “arma” contra Estados Unidos.

El 31 de marzo, en otra inadmisible intromisión –que viola  el Derecho internacional y los principios de la Organización de las Naciones Unidas, entre ellos, el de no intervención, la libre determinación de los pueblos  y la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales−, Pompeo y Abrams hicieron público su “plan” denominado eufemísticamente “Marco para la transición democrática en Venezuela” (cuyo único fin es el derrocamiento de Maduro), lo que fue seguido, el 1 de abril, por el anuncio de Donald Trump, del lanzamiento de un nuevo operativo militar naval antidrogas en aguas del Caribe y el Pacífico.

Trump, quien apareció flanqueado en la Oficina Oval por el secretario de Defensa, Mike Esper, y el jefe del estado mayor, general Mark Milley, dijo que las operaciones marítimas antinarcóticos estarán dirigidas contra lo que, afirmó, es una “creciente amenaza” de “narcotraficantes y terroristas” que buscarán “aprovecharse” de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus para introducir drogas a EU y afectar a la ciudadanía.

A su vez, el secretario Esper identificó a Venezuela como una amenaza en particular, al acusar al “régimen ilegítimo de Maduro” de depender de las ganancias del narcotráfico para mantenerse en el poder. Con lo cual, se cumplirían los propósitos encubiertos denunciados a mediados de marzo por el canciller venezolano, Jorge Arreaza, de que en el marco de una nueva fase de agresiones unilaterales estadunidenses contra su país, el Pentágono y el jefe del Comando Sur, Craig Faller, estaban contemplando un “bloqueo naval” a Venezuela, acción reconocida por la ONU como “uso de la fuerza”; medida que podría ser reforzada en la coyuntura con acciones coercitivas bajo el paraguas de la Organización de Estados Americanos (OEA), vía el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), ambos, viejos instrumentos de la guerra fría al servicio de Washington.

Pino Arlacchi y los bulos de la CIA y el Pentágono

En el marco de la nueva fase de guerra híbrida de EU contra el proceso bolivariano de Venezuela, cabe recordar que el 15 de abril de 2019, durante una sesión de preguntas y respuestas en la Universidad de Texas, el secretario de Estado, Mike Pompeo, afirmó entre risas y aplausos: “Yo era director de la CIA (Agencia Central de Inteligencia). Mentimos, engañamos y robamos. Teníamos hasta cursos de entrenamiento”. (Aunque la transcripción oficial del Departamento de Estado no incluyó esas aseveraciones, sí quedaron registradas en video).

La confesión de Pompeo vino a confirmar lo que es público y notorio y está registrado en cientos de documentos oficiales y literatura sobre la CIA de los últimos 60 años. Pero no deja de ser grave que el jefe de la diplomacia estadunidense se refiera a sí mismo como mentiroso y ladrón. Máxime, en la actual coyuntura, cuando expertos comunicacionales del Pentágono y la CIA han echado a andar una nueva etapa de la guerra no convencional contra Venezuela, diseñada en base a operaciones de guerra psicológica, propaganda encubierta y mensajes indirectos a través de los medios de difusión masiva (radio, televisión, prensa escrita, Internet), direccionadas a conseguir el control y la manipulación de la llamada opinión pública mediante distorsiones informativas (noticias intoxicadas).

Al respecto, las acusaciones del fiscal general William Barr contra el presidente Maduro, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, el ministro del Interior, Néstor Reverol y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, entre otros, de emprender junto con las FARC una “conspiración narcoterrorista” para inundar a EU de cocaína, no admite la prueba del ácido. La teoría de un “narco-Estado” en Venezuela es pura ficción y las agencias estadunidenses lo saben.

 Tras enterarse del insólito entuerto, el ex vicesecretario de la ONU, Pino Arlacchi, ex director ejecutivo del Programa Antidroga de la organización mundial (UNODC, por sus siglas en inglés), escribió en su cuenta de facebook: “La acusación a @Nicolás Maduro por tráfico de drogas es una basura política. En 40 años de experiencia antidroga y como Vice Secretario ONU, nunca me  topé con #Venezuela, siempre lejos de los circuitos: EEUU primer consumidor, Colombia productor”.

Luego, en un artículo firmado difundido por Telesur, Arlacchi señaló que al conocer la noticia  de la acusación contra Maduro y miembros de su gobierno por tráfico de drogas, se quedó “sin palabras”. Escribió que al observar la persecución contra Venezuela ha visto muchas cosas, “pero honestamente no pensé que la asociación delictiva en el poder en los Estados Unidos llegaría a tanto”. Y añadió: “Después de robar $ 5 mil millones de los recursos financieros de Venezuela depositados en bancos de 15 países. Después de establecer un bloqueo de toda la economía del país a través de sanciones atroces, con el objetivo de golpear a la población civil para empujarla a rebelarse (sin éxito) contra su gobierno. Y después de un par de intentos de golpe fallidos, aquí está el tiro final, la calumnia más infame”.

Tras considerarlo como un “episodio de guerra asimétrica”, Arlacchi, quien se desempeñó como director ejecutivo de la UNODC entre 1997 y 2002, argumentó que “el golpe es tan fuera de medida”, que no cree que tenga consecuencias relevantes en Naciones Unidas ni en la Unión Europea. “No hay la más mínima evidencia” para apoyar esa “calumnia” que “sólo existe en la fantasía enferma de Trump y sus asociados”.

Agregó que bastaría consultar las dos fuentes más importantes sobre el tema: el Informe Mundial sobre Drogas 2019 de la UNODC y el último documento de la DEA, Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2019, para verificar sus dichos. Según este último, el 90% de la cocaína introducida en los EU proviene de Colombia, el 6% de Perú y el resto de orígenes desconocidos.  Pero según Arlacchi, es el informe de la ONU el que proporciona la imagen más detallada, mencionando a México, Guatemala y Ecuador como los lugares de tránsito de drogas a los Estados Unidos. Y la evaluación de la DEA cita a los famosos narcos mexicanos como los mayores proveedores en el mercado estadounidense.

“No hay rastro de Venezuela en ninguna página de los dos documentos. Y en ningún otro material de las agencias anticrimen de los Estados Unidos en los últimos 15 años (conozco muy bien el tema) se mencionan hechos que puedan conducir indirectamente a las acusaciones lanzadas contra el presidente legítimo de Venezuela y su gobierno. Por lo tanto, es exclusivamente basura política, que espero será tratada como tal fuera del sistema político mediático de los Estados Unidos”, remató Arlacchi.

Un informe de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, publicado el pasado 5 de marzo, señala que los cultivos de hoja de coca en Colombia aumentaron en 4 000 hectáreas, para alcanzar las 212 000; mientras que la producción de cocaína creció en un 8 %, pasando de 879 toneladas a 951, cifras que marcan récords históricos.

De las tres fuentes citadas y los dichos de Arlachi, se desprende que si EU quisiera realmente combatir el tráfico de drogas el objetivo sería Colombia, no Venezuela. Otro blanco sería perseguir a los cárteles que distribuyen la droga en EU, que se quedan con la mayor parte de la ganancia y la lavan allí.

Para complementar lo anterior, un informe reciente de The Washington Office on Latin America (WOLA), consideró “exagerado” el papel que se le otorga a Venezuela en el comercio transnacional de drogas. De acuerdo con la Base de Datos Antidrogas Consolidada Interagencial (CCDB) del gobierno de EU, citado por WOLA, en 2018 pasaron por Venezuela 210 toneladas métricas de cocaína y en ese mismo lapso pasó aproximadamente 10 veces más cocaína (2,370 toneladas métricas) por Colombia y siete veces más (1,400 toneladas métricas) por Guatemala.

En declaraciones a BBC Mundo,  el director de WOLA, Geoff Ramsey, dijo que la afirmación de que Maduro está “inundando” deliberadamente EU con cocaína es “absurda”. Y al igual que Arlacchi, remitió a los propios datos de la DEA. Según Ramsey, el Departamento de Justicia de EU se ha visto sometido a una fuerte presión para formular esas acusaciones por parte de sectores duros de la oposición venezolana y la comunidad de exiliados en Miami, utilizando el mismo guión usado por el gobierno de George H.W. en Panamá, en 1989,  en el marco de la guerra fría.

La judicialización (lawfare) de la política de cambio de régimen de la administración Trump se centrará ahora en cuerpos de seguridad como el FBI y la DEA, con apoyo de las unidades militares desplegadas en el Caribe y el Pacífico y los llamados “contratistas privados de seguridad”. Cabe recordar que al actual fiscal general de EU, William Barr, le correspondió redactar en 1989 la justificación legal para la invasión de Panamá y para que el FBI pudiera ingresar a tierra extranjera sin el consentimiento del gobierno anfitrión. Asimismo, Barr fue quien gestionó el indulto del genocida Elliott Abrams, inculpado por el caso Irangate.

Sobre la DEA y el desertor Alcalá

Cuando el pasado 26 de marzo el fiscal Barr acusó a Nicolás Maduro y once funcionarios de alto rango (además de dos militares desertores) de formar parte de una  “conspiración narcoterrorista” y puso precio a sus cabezas, aseveró que todos formaban parte de un denominado Cártel de los Soles.

Para entonces, hacía años que las usinas de la guerra sucia en los sótanos del Pentágono y la CIA venían fabricando la trama conspiracionista, que fue sembrada de manera intermitente −con mayor profusión en 2015−  en los medios hegemónicos de Occidente adscritos a la también llamada guerra de cuarta generación.

Entre los carteles difundidos a la manera del Lejano Oeste por el Departamento de Justicia y la DEA el 26 de marzo último, con sus logotipos y una leyenda que decía “REWARD OF UP TO $ 10,000,000.00 U$S” (Recompensa de hasta 10 millones de dólares), y que incluía sendas fotos de los buscados por pertenecer al Cártel de los Soles, figuraron los de dos ex generales retirados prófugos de la justicia venezolana: Hugo Carvajal Barrios y Cliver Alcalá.

Un día antes (25 de marzo), en Caracas, el vicepresidente de Comunicación e Información venezolano, Jorge Rodríguez, había develado un nuevo plan terrorista para asesinar de manera selectiva a altos funcionarios gubernamentales, incluido el presidente Maduro. La revelación se basaba en informaciones de medios de prensa colombianos, del 23 de marzo, sobre la incautación de un arsenal de guerra compuesto por 26 fusiles de asalto AR-15 y otros insumos bélicos, en la localidad de La Ciénaga, Barranquilla, que iban a ser introducidos a Venezuela por la frontera de Paraguachón, en el estado Zulia.

En ese contexto, el primero en reaccionar horas después del anuncio del fiscal Barr en Washington, fue Cliver Alcalá, militar desertor y prófugo de la justicia venezolana, acusado el 31 de agosto de 2019 −junto con Julio Borges y la ex fiscal venezolana Luisa Ortega Díaz− de haber participado en un plan para colocar aparatos explosivos en el Palacio de Justicia y sedes de la Policía Nacional y la Dirección de Inteligencia Militar, y vinculado en el intento de golpe de Estado  del 30 de abril de ese año.

Radicado en Barranquilla, Colombia,  y entrevistado por locutores de la emisora colombiana W Radio, Alcalá confesó ser parte de la trama para cometer actos terroristas en Venezuela con la asesoría de expertos estadunidenses, y se adjudicó la propiedad de las armas incautadas en La Ciénaga el 23 de marzo anterior. Afirmó que ese arsenal había sido financiado con dinero suministrado por el diputado venezolano Juan Guaidó y que el gobierno de Iván Duque estaba al tanto de esos planes y había facilitado medios para la logística. En el audio Alcalá expresó literalmente: “Las armas incautadas en Colombia pertenecen al pueblo venezolano, en el marco de un pacto, o de un convenio, firmado por el presidente Guaidó, el señor J. J. Rendón, el señor Vergara y asesores norteamericanos. Desde hace muchos meses vengo trabajando en la conformación de una unidad Libertad para Venezuela. A la reunión con los asesores norteamericanos me envió el señor Juan Guaidó y aportamos ahí, junto a militares venezolanos (…) hacer una unidad militar”.

En otra parte de la entrevista radial, Alcalá dijo: “Estoy en mi casa, no estoy huyendo, me informaron de la posibilidad de un falso positivo”. Es decir, temía que lo asesinaran. El 27 de marzo fue detenido y trasladado en un avión de la DEA a Nueva York.

Un día después, la agencia Reuters, desde Washington, difundió un cable según el cual el ex jefe de la inteligencia  militar de Venezuela, Hugo Carvajal, otro hombre clave del presunto Cártel de los Soles y con paradero desconocido en España, donde se había exiliado, también estaba en proceso de entregarse a las autoridades estadunidenses.

 Carvajal, el Cartel de los Soles y la prensa amaestrada

Junto con los de Cliver Alcalá y Diosdado Cabello, el nombre de Hugo Carvajal había formado parte del núcleo duro del supuesto Cártel de los Soles, según la trama fabricada por la DEA y la CIA para implicar al ex presidente Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, en una presunta conspiración criminal con la guerrilla de las FARC colombiana, para “inundar” de cocaína a Estados Unidos.

La maquinación, que tuvo su punto culminante en 2015,  estaba inscrita en la primera fase de la Operación Libertad Venezuela (Venezuela Freedom), perfilada en el “Informe sobre Venezuela” elaborado en 2012 por el director nacional de Inteligencia de EU, James R. Clapper, que ponía énfasis en la agitación propagandística de temas tales como el desabastecimiento programado de alimentos y medicinas, el incremento inusitado de precios, los apagones eléctricos generalizados, la delincuencia y la violencia criminal como parte de un proceso de descomposición político-social e ingobernabilidad inducido que utilizó entonces el accionar de bandas criminales (bacrim), narcotraficantes, grupos paramilitares y pranes con sus ejércitos de malandros.

En ese contexto, y como parte de la guerra irregular para desestabilizar al nuevo gobierno de Maduro, los guionistas de los servicios de inteligencia estadunidenses fueron sembrando en medios occidentales, su nuevo invento: el Cártel de los Soles.

El primer diario elegido para desatar el circo mediático fue el ABC de España, que a partir de su corresponsal en Washington, Emili J. Blasco, en enero de 2015 comenzó a difundir “primicias” con base en “fuentes cercanas” a una investigación abierta por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. “El jefe de seguridad del número dos chavista deserta a EE.UU. y le acusa de narcotráfico”, decía el titular de la nota. El blanco del despacho era el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, sindicado en la fabulación como el “cabecilla” del Cártel de los Soles y “operador” del “narcoEstado” venezolano. Y estaba dirigido a dividir a la interna chavista en la transición generada por la muerte del líder del proceso bolivariano, Hugo Chávez, en 2013. Pero ya ahí aparecían implicados varios militares y el entonces gobernador de Aragua, Tareck Al Aissami.

Sin una sola prueba y con eje en los testimonios dudosos de un escolta desafecto, Blasco utilizó la socorrida fórmula de la guerra fría, “fuentes cercanas”, para encubrir las filtraciones de la CIA, la DEA y el Departamento de Justicia. Asimismo, para construir sus argumentos,  utilizó en un par de ocasiones el verbo “especular”, enemigo del periodismo de investigación.

El 19 de mayo de 2015, según reportó en una investigación Fernando Casado (“El nuevo invento para atacar a Venezuela: El Cártel de los Soles”, 1 de junio de 2015), una nueva filtración llegó a las páginas de The New York Times: “EEUU centra su amplia investigación  sobre cocaína en altos oficiales venezolanos”. Con un tono menos amarillista que el de ABC, el influyente diario neoyorkino daba como fuente a la DEA, pero la falta de pruebas seguía estando presente.

Tres días después era The Wall Street Journal, el que con  filtraciones de agentes de la DEA y fiscales federales de Nueva York y Miami, reforzaba el bulo sobre el Cártel de los Soles: “Oficiales venezolanos sospechosos de convertir el país en un centro de distribución internacional  de cocaína”. Igual que los anteriores, la falta de pruebas, persistía.

El 24 de mayo, Jackson Diehl, uno de los editorialistas estrella de The Washington Post, venía a sumarse al cacareo mediático anglosajón. Diehl tituló su artículo de opinión “Un cártel de la droga en el poder en Venezuela” y trató como hechos fehacientes la “información” que publicó. Su fuente, que utilizó como prueba, eran supuestos correos electrónicos extraídos de la computadora del jefe de las FARC, Raúl Reyes, que ni la Suprema Corte de Justicia de Colombia había validado. Es decir, seguía sin haber pruebas sólidas.

Como suele ocurrir con la siembra de “carne podrida” en los medios, y en este caso a partir de la declaración de un desertor, Diehl, del Washington Post, tomó como referencia las notas publicadas en el ABC y The Wall Street Journal. Es decir, a partir de informaciones no verificadas, se utilizó a la prensa como prueba de lo que dice la prensa, para ir fabricando una “noticia”, que, a fuerza de repetición, se vuelve “verdad”.

En el marco de la guerra no convencional asimétrica en curso, los objetivos de las operaciones psicológicas e intoxicación (des)informativa del Pentágono, la CIA y la DEA habían sido expuestos por el general John Kelly, jefe del Comando Sur, el 12 de marzo de 2015 ante el Comité Senatorial de los Servicios Armados del Congreso de Estados Unidos. Kelly dijo que las acciones estaban  dirigidas a generar una situación de caos y desestabilización política en Venezuela, combinándose con  acciones callejeras y el empleo dosificado de la violencia armada, etapa que incluyó a las guarimbas con su casi medio centenar de muertos, los asesinatos selectivos, sabotajes contra instalaciones estratégicas y acciones paramilitares desde la frontera colombo-venezolana.

En ese marco de la noticia como espectáculo para encubrir propaganda de guerra, el 20 de mayo, la intriga sobre el Cártel de los Soles sería retomada por el diario español El País, en un reportaje que tituló “Nueva luz sobre el misterioso cartel de los Soles”. Pero más allá de lo  enigmático del titular, no aportaba nada nuevo y fue una oda a la especulación.

Cinco días después, la revista Newsweek en español reproducía en su portada el rostro de Diosdado Cabello con un titular que rezaba: “El más buscado”. La publicación estadunidense reproducía una entrevista a Juan Forero, el periodista de The Wall Street Journal que había divulgado una “primicia” sobre el Cártel de los Soles. Como expresó Newsweek, “lo que para muchos era un secreto a voces, ahora estaba asegurado por un diario con el prestigio de The Wall Street Journal”.

El mecanismo para dejar plantada en la opinión pública una confabulación sin pruebas sólidas, había funcionado a la manera de un lavado de información, donde la fuente original de la filtración, en este caso la DEA −y de manera encubierta la CIA−, la más de las veces quedaba oculta.

No obstante, como mencionó Fernando Casado en la investigación citada, el origen de la cadena había sido el diario ABC de España, que reprodujo una “primicia” de su corresponsal en Washington, Emili J. Blasco, célebre por otra “exclusiva” de 2012 a raíz de la enfermedad del presidente Hugo Chávez, que entonces se convirtió en trending topics y dio la vuelta al mundo: “A Chávez le queda un año de vida a menos que acepte un tratamiento intensivo”. Blasco utilizó como  fuentes “informes confidenciales elaborados por informantes con acceso al equipo médico de Chávez, manejados por servicios de inteligencia” (sic). Blasco ocultó que su fuente era la CIA, porque entonces su credibilidad habría sido nula. Pero meses después, el ex director del diario ABC, Ángel Espósito, entrevistado por Casado, reconoció: “ABC tiene acceso a una información de la CIA, ABC publica la información de la CIA, ABC no dice ‘ABC considera que a Chávez le queda un año’. ABC publica un informe de la CIA, de su corresponsal en Washington”.

Sin embargo, ABC y Blasco, autor del libro por encargo Bumerán Chávez, habían ocultado que su fuente era la CIA y manejaron como propia la información con subterfugios como “informes confidenciales” manejados por “servicios de inteligencia”. Es decir, fuentes anónimas y difusas, sin legitimidad periodística.

Tres años después, Blasco y el ABC habían vuelto a las andadas, ahora con la “primicia” sobre el mito del Cártel de los Soles. Sólo que en esta ocasión, el nuevo director del periódico madrileño, Bieito Rubido,  reconoció que había una relación entre su medio y los servicios de inteligencia de EU: “Lo que publicamos siempre es cierto. En este caso las fuentes son muy serias: desde la inteligencia española, hasta la CIA y la DEA” (Ver “Denuncia sobre Diosdado Cabello por narcotráfico ‘está más que contrastada’: Director del diario ABC”, NTN24, 27 de enero de 2015).

Invención de los laboratorios de la guerra sucia, sin una sola evidencia y sin que se diera cuenta del decomiso de una sola panela de cocaína en Estados Unidos u otra parte del continente con su logo, pronto, el expediente del cártel de los generales y la fabulación del narcoEstado venezolano quedarían eclipsados en el marco de la segunda fase de la Operación Libertad Venezuela del Comando Sur, que requirió del posicionamiento mediático de una “crisis humanitaria” (por falta de alimentos, medicamentos, agua y electricidad) y una matriz de opinión que manejara a nivel internacional el escenario de que la nación sudamericana estaba “cerca del colapso” y de una “implosión”, como recurso para facilitar una “intervención humanitaria” a “pedido” de la ONU o la OEA. 

El plan conspirativo y de guerra psicológica del Pentágono contemplaba entonces una “fase terminal” del proceso venezolano hacia julio-agosto de 2016.  Y para ello, Washington intensificó su política  de “cerco y asfixia” contra el gobierno de Nicolás Maduro, que en el marco de la Guerra de Espectro Completo elaborada en junio de 2000 por la Dirección de Políticas y Planes Estratégicos del Ejército de EU (ver documento Joint Vision 2020), intensificó el empleo de recursos diplomáticos, de información, militares, económicos, financieros, de inteligencia y jurídicos, y echó mano de grandes corporaciones y lobbys empresariales, operadores políticos de la derecha internacional y sus intelectuales orgánicos, actores no estatales (ONGs), jerarcas de la Iglesia católica y agrupaciones estudiantiles.

El caso Carvajal y el relato novelado de la DEA

Tras cuatro años de permanecer en las sombras, la construcción ficticia del Cártel de los Soles reaparecería en España luego de la detención por la Policía Nacional, el 12 de abril de 2019, del  ex jefe de los servicios de inteligencia y contrainteligencia militar de Venezuela entre 2000 y 2011, Hugo Carvajal.

En febrero de ese año, luego de la fabricación made in USA del diputado Juan Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela, y en vísperas del 23/F −el enésimo “Día D” para derrocar a Maduro, que tuvo como epicentro pantalla a la ciudad colombiana de Cúcuta en el fracasado intento de introducir “ayuda humanitaria” a Venezuela−, Hugo Carvajal, discípulo de Chávez en la academia militar, defeccionó, llamó a sus ex pares a la rebelión y dio su apoyo al “autoproclamado” impuesto por el trío John Bolton, Mike Pompeo y Elliott Abrams.

En medio de amagos y preparativos de invasión y cuando se estrechaba el cerco militar del Pentágono a Venezuela, Carvajal, según relató su esposa Angélica Flores al diario El País, huyó en marzo siguiente a Madrid con la ayuda de agentes del Centro Nacional de Inteligencia español (CNI), que incluso lo fueron a esperar al aeropuerto de Barajas. En abril, cuando iba camino a reunirse con agentes del CNI y ofrecer información, Carvajal fue capturado por una orden de extradición de Estados Unidos, y su caso fue ventilado en la tercera sala penal de la Audiencia Nacional.

El 13 de septiembre de 2019, en el marco de la comparecencia de Carvajal ante la Audiencia Nacional, el titular de primera plana del diario español El Mundo decía: “Hugo Chávez ordenó ‘inundar EEUU de cocaína de las FARC’”. El cintillo destacaba: “El Mundo accede al informe secreto de la DEA de Estados Unidos sobre Venezuela”. En interiores, el periódico afirmaba haber tenido acceso en “exclusiva” al informe de la DEA que el día anterior el Departamento de Justicia de EU había remitido a la Audiencia Nacional.

El “informe secreto” no agregaba nada nuevo sobre la trama divulgada en 2015 por la prensa mercenaria occidental, ni tampoco a la recopilación publicada en mayo de 2018 por la fundación estadunidense InSight Crime, bajo el título “Venezuela: ¿Un Estado mafioso?” La investigación de ese centro de investigación sobre crimen organizado patrocinado por Open Democracy −del magnate George Soros, ligado al Grupo Carlyle del clan Bush−, que volvía a dar por cierta la existencia del Cártel de los Soles, adolecía de los mismos defectos de los bulos periodísticos mencionados arriba: se basaba en supuestos y creencias y no presentaba evidencias sólidas, pero fue evidente que había sido elaborado para poder justificar, a posteriori, las prácticas de la guerra judicial (lawfare) que, con apariencia de legalidad, habían venido siendo utilizadas por Washington y sus aliados contra países considerados enemigos.

Carvajal rechazó, por falsas, las acusaciones de la justicia estadunidense, y sus abogados calificaron la petición de Washington como “persecución política”; subrayaron que la acusación se basaba en el testimonio de una decena de “delincuentes confesos” que no conocían al ex militar; denunciaron la “ligereza” con la que EU vinculaba a Carvajal con el Cártel de los Soles –dijeron que igual podrían haberlo relacionado “con el Ku Klux Klan o la Asociación Nacional del Rifle”− y pidieron la denegación de la extradición por no cumplir los requisitos y principios básicos, formales y no informales.

Fue evidente que la filtración de la justicia de EU al diario El Mundo buscaba presionar a los magistrados de la Audiencia Nacional. Sin embargo, el 16 de septiembre el tribunal colegiado denegó la extradición por considerar que la reclamación de EU estaba fundamentada “en una motivación política” y había sido gestada “dentro de la estrategia política estadunidense respecto a Venezuela”.

Los magistrados resaltaron “la falta de un verdadero relato de hechos concretados en la persona del reclamado” y argumentaron que la “conducta” que las autoridades estadunidenses  imputaban a Hugo Carvajal “se refiere indudablemente al ejercicio del servicio de inteligencia militar”. Relataron, asimismo, que la justicia de EU había fundamentado su reclamación en delitos de asociación ilícita para involucrarse en narcoterrorismo y para importar cocaína controlada dentro de Estados Unidos desde un lugar fuera del país, además de un delito de uso o posesión de armas de fuego.

Sin embargo, el tribunal advirtió que esa solicitud “está acompañada sólo de la declaración jurada de un agente de la DEA a cargo de la investigación” y “no se precisa qué actos concretos de carácter delictivo” realizó Carvajal. Por lo que el tribunal consideró la descripción de los hechos “huérfana de determinación”, y señaló que la declaración del agente de la DEA “no puede utilizarse para integrar el necesario relato fáctico que se precisa para atribuir a Carvajal los delitos de los que se le acusa”. Es más, el tribunal reprochó a EU que sus acusaciones estaban dirigidas a “una conducta abierta, abstracta e inconcreta en tiempo, lugar y actos que realizados formasen parte del delito imputado”.

Hugo Carvajal quedó en libertad provisional, con prohibición  de salir de España y debía presentarse cada 15 días en el juzgado. El 8 de noviembre la Fiscalía apeló el fallo de la Audiencia Nacional, y el Tribunal Supremo autorizó la extradición a EU. Varios magistrados no estuvieron de acuerdo con la decisión mayoritaria y, además, denunciaron presiones del consejero jurídico de la embajada de España en Washington, Jorge Carrera Domenech. Uno de los jueces plasmó su desacuerdo al salvar su voto y consideró que la investigación por narcotráfico contra Carvajal respondía “mucho más a lo que sería una especie de narrativa o relato novelado de un ataque conspirativo” contra EU “por parte de un enemigo de dicho Estado, que a una descripción jurídica de hechos delictivos concretos”.

Enterado de la situación por un periodista que lo quiso entrevistar, Carvajal se dio a la fuga y Elliott Abrams calificó la huida como una “vergüenza” para el gobierno de España. Desde entonces el tema había desaparecido del circo mediático, hasta que el pasado 26 de marzo el fiscal William Barr revivió el caso de Hugo Carvajal y la ficción sobre el Cártel de los Soles.

En un año electoral en EU, la nueva ofensiva de la Casa Blanca, que incluye un renovado cerco naval a Venezuela en el Caribe, está dirigida a boicotear las negociaciones del gobierno de Maduro con partidos de oposición, y se da cuando en medio de la pandemia del coronavirus que sumió en una grave crisis sanitaria a la administración Trump, ha quedado evidenciada la declinación de la industria del shale (gas/petróleo lutita) basada en la fracturación hidráulica (fracking), con la quiebra el 1 de abril de la productora Whiting Petroleum Corporation (con proyectos en Dakota del Norte y Colorado), primera víctima de la guerra de precios del crudo, que en los próximos días podría arrastrar a otras 50 compañías del sector. Con lo que Venezuela, con las reservas más grandes de hidrocarburos del mundo, vuelve a ser el objetivo principal de Washington, en su pugna geopolítica con las potencias que le disputan la hegemonía del sistema capitalista.

 

Por Carlos Fazio | sábado, 04 abr 2020

Publicado enInternacional