De la Minga del Cauca a la Minga Nacional

El 27 de marzo, luego de 18 días de desarrollo de la “Minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz” con epicentro en el departamento del Cauca y el suroccidente del país, la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), acompañada por múltiples organizaciones del país realizó un llamamiento a la “Minga Nacional por la defensa de la vida, los territorios y la paz”, ¿Cuáles son las implicaciones de este nuevo ejercicio a nivel nacional? ¿Logrará dar un aire a la Minga del suroccidente? ¿Qué pasará con el paro nacional previsto para el 25 de abril?


Tras más de 18 días de Minga ininterrumpida y más de 15 días del cierre de la vía Panamericana por parte de no menos de quince mil personas, el levantamiento social liderado por el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric)* tiene un balance confuso y un desenlace difícil de prever.


En territorio es evidente la potencia de las comunidades a la hora de movilizarse; sorprende, asimismo, que sin una agenda preparada con encuentros previos que llamarán a múltiples sectores a discutir y así lograr una preparación de la movilización con visión integral y de largo plazo, la Minga avance con un escalonamiento de lo regional a lo nacional, que con el llamamiento de la Onic es inocultable. Sin embargo, aún no se alcanza a ver un cuerpo social y político que jaquee al gobierno de Duque, pues muchos sectores –incluidos los indígenas– tenían previsto un paro nacional para el 25 de abril (ver recuadro), lo que genera que la potencia de la Minga tenga límites y no aglutine a toda los movimientos sociales, menos al llamado país nacional, pues las razones de la movilización, sus objetivos y métodos aún no permean al conjunto del país.


Breve balance de la Minga hasta el momento


El ambiente en el departamento del Cauca cada día se caldea más, producto de la parálisis de la vía Panamericana, lo que genera conflictos con los sectores económicos de la región que días atrás –25 de marzo– se reunieron con el Centro Democrático y abrieron discusiones en torno a la “concentración de tierras por parte de los indígenas” así como sobre “la protección de la propiedad privada”, discusión que seria llevada al Congreso de la República para ser sustentada por la bancada uribista, que no ahorró palabras para asegurar que la Minga “está infiltrada por actores al margen de la ley”, estigmatizando, deslegitimando y criminalizando a los indígenas y campesinos que están movilizados.


Alzamiento indígena que reclama negociación directa con el jefe de Estado, la que al ser negada ha llevado la negociación a un callejón sin salida que no permite prever un desenlace próximo. Puja entre fuerzas sociales y el poder tradicional que domina en el país, que se ve atravesado por la confrontación directa entre quienes bloquean el paso normal de vehículos y las fuerzas armadas del establecimiento, con un saldo hasta ahora de decenas de heridos y no menos de 8 muertos. Como siempre, los reclamantes son los que sufren la mayoría de víctimas. Alrededor de esta confrontación, una ofensiva insurgente encabezada por fracciones de las Farc rearmada turbia el panorama de la región, en especial en los municipios de Caloto, Toribio, Santander de Quilichao, Miranda y Morales.


Tras siete días de negociación y tras la suspensión de la mesa por la retención de un militar infiltrado en las protestas, e identificado como tal por la guardia indígena –que posteriormente sería entregado en perfecto estado de salud–, no se ha logrado llegar a un acuerdo, pues ante la exigencia del cumplimiento de los más de 1.500 acuerdos incumplidos por parte del Estado con los pueblos indígenas y los campesinos del Cauca –que implican erogaciones por cerca de 4,5 billones de pesos–, el establecimiento se mantiene en la posición de no negociar más allá de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, donde estipulan 10 billones de pesos para los indígenas del país: así mismo, en cuestión de tierras, la Minga exige alrededor de 40 mil hectáreas mientras que el gobierno apenas ofrece 1.500.

Una confrontación de fuerzas reafirmada por parte del establecimiento el 28 de marzo, a través de una alocución presidencial, en la cual Duque reafirmó lo exigido hasta ahora para integrarse a la mesa de negociación: hasta que no desbloquen la vía no se trasladará al Cauca. La respuesta de los indígenas no tardó en llegar, y anunció la decisión de diversidad de pueblos indígenas de empezar de inmediato una Minga nacional: pueblos indígenas Pastos, Quillacingas, Ingas Kamentsa, Pijaos y otros empezaron de inmediato a movilizarse.


Llamamiento a la Minga Nacional propuesta por la Onic


En Bogotá, un día antes de la alocución presidencial, y como parte de la presión indígena para el buen desenlace de este conflicto, el 27 de marzo, la Organización Nacional Indígena de Colombia en rueda de prensa hizo el llamamiento a la “Minga Nacional por la defensa de la vida, los territorios y la paz”, llamamiento que invita a impulsar lazos de unidad entre todos los pueblos indígenas, así como a diversos sectores como afrodescendientes, campesinos, sectores populares, ambientalistas, estudiantes, para defender la vida.


Para sustentar su llamado, dirigentes de la Onic realizaron un ligero diagnóstico de contexto político indicando que estamos atravesando por una crisis consecuencia de la agudización del “modelo económico, social y político que continúa y acrecienta la acumulación de riqueza en pocas manos y aumenta la brecha de la desigualdad social”, producto del ascenso de la derecha en la región y en el país, que implican la gestación de guerras para despojar los territorios, violando derechos humanos y atacando las autonomías de los pueblos.


Frente al análisis de nuestro país y el gobierno de Duque, evidencian que hay un alto índice de líderes y lideresas asesinados/as en Colombia con un total de 584 casos entre el 1 de enero de 2016 y el 9 de febrero de 2019, de los cuales más del 50 por ciento pertenecen a pueblos indígenas y afrodescendientes. Cuestionan, de igual manera, el modelo del gobierno actual por su ataque directo a la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP–, el rompimiento de diálogo con la insurgencia del Eln, el desconocimiento de los escenarios de dialogo pactados por el Estado con el movimiento social, la militarización de la vida, el impulso de un plan de desarrollo que atenta contra los derechos de salud, trabajo, educación, así como la intensificación del modelo extractivista que destruye los páramos, ríos, boques, vida y existencia de los pueblos.


Ante esto proponen juntar esfuerzos, unir luchas y actuar conjuntamente para “defender la vida, los territorios, la autonomía, el agua, los derechos humanos y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, las garantías democráticas”, impulsando una Minga Nacional (movilización) de carácter político para confrontar al gobierno en el mes de marzo, confluyendo en el mes de abril en el Refugio Humanitario.


Estos son los temas propuestos por la Minga Nacional:


• Defensa de la vida, la paz y los derechos humanos.
• Defensa de los territorios para la vida.
• Defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
• Acuerdos incumplidos con el movimiento social colombiano.
• Posicionamiento político y exigibilidad frente Plan de Desarrollo 2018-2022.


Esta propuesta de Minga Nacional trae algunas preguntas para analizar: si el conjunto del movimiento social colombiano se adhiere a este llamado, como coyuntura óptima para impulsar los reivindicado por los indígenas y hacer cumplir las propias, ¿Hasta dónde están dispuestas a llegar las organizaciones indígenas para hacer cumplir todas las exigencias de los demás sectores? ¿Cuál va a ser el escenario de coordinación de esta Minga Nacional? Si lo que se desea es consolidar la unidad. ¿por qué no se ha propuesto un escenario de encuentro que aglutine al conjunto del movimiento social para escuchar de una manera horizontal todas las propuestas y agendas existentes? Al impulsar la Minga Nacional ¿seguirá siendo el Cauca el epicentro de negociación con el gobierno nacional? De ser así ¿esto implicaría que la mesa del Cauca debe cerrarse y por tanto abrir una nueva con negociadores de todos los sectores?


Retos y proyecciones para el conjunto del movimiento social


Aunque estos impulsos de movilización, gestados desde los pueblos indígenas deben ser valorados y apoyados por el conjunto del movimiento social, es necesario que se profundicen las discusiones y debates al interior de estas propuestas pues con más organización y coordinación seguramente este momento estaría posibilitando el encuentro de todas las inconformidades y movilizaciones en una sola agenda, superando así la persistente dispersión que la caracteriza.


En esta lógica, de dispersión y ausencia de coordinación efectiva, hay que ganar consciencia que las luchas parciales, cada una por su lado, no lograrán el o los propósitos que las animan. Una plataforma social común en lo nacional, con funcionamiento simultáneo por diversas regiones del país, es un reto indispensable de encarar, donde el afán de protagonismo, las urgencias particulares, las prioridades políticas, etcétera, den paso a una reflexión y accionar común, con un plan de gobierno alternativo que le evidencia al conjunto nacional que sí existe otra forma de vivir, de construir economía, realizado desde las mayorías y con beneficio para el conjunto social.


Posdata. La paradoja caucana


Vale la pena decir que lo problematizado en el artículo Minga indígena y popular. Retos y aprendizajes: El sur occidente colombiano intenta poner freno al gobierno de Duque, ¿Lograrán sus objetivos?, donde se cuestionaban diferentes aspectos de la realidad de los movimientos sociales en Colombia, entre ellas su perspectiva y valoración del poder en la política actual, queda reflejada con la actitud de la dirigencia del Cric en cabeza del hoy senador Feliciano Valencia, quien se negó a brindar información a nuestro medio sosteniendo que: “si quieren información vayan al Cauca”. De igual manera, ha sido imposible encontrar alguna entrevista con consejeros que se encuentran en la Minga.


Actitud que refleja, o su prepotencia o su errada valoración de los medios de comunicación alternativos, actitud explicativa de la dificultad reinante en el movimiento indígena para construir con ellos agendas comunicativas comunes, como lo ha propuesto nuestros medio desde años atrás.


Actitud displicente con medios alternativos que cambia de manera sustancial al tratarse de las plataformas oficialistas (Caracol, RCN, El Tiempo, El Espectador, Semana), en las cuales identifican al poder real. Pareciera ser que los medios populares solo son útiles para que cubran espacios y agendas a las cuales no concurren los medios oficiosos. Vaya paradoja y vaya sentido de la comunicación.


Toda una paradoja caucana, pues desde el Cric siempre se escucha el malestar por la desinformación que generan los medios del establecimiento, los cuales tergiversan información y mienten ante la realidad, pese a lo cual siempre son privilegiados para entregarle información.

Notas


*A la que se sumaron de inmediato los indígenas agrupados en el Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec), Consejo Regional Indígena del Huila (Crihu), Organización Indígena de Antioquia (OIA), así como los campesinos del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (Pupsoc), el Coordinador Nacional Agrario (CNA), Comité de Integración del Macizo Colombiano (Cima) y distintas organizaciones sociales, ambientales y populares de esta parte del país.

Ver artículo en: https://www.desdeabajo.info/colombia/item/36420-minga-indigena-y-popular-retos-y-aprendizajes-el-sur-occidente-colombiano-intenta-poner-freno-al-gobierno-de-duque-lograran-sus-objetivos.html


Fuentes consultadas


https://www.onic.org.co/comunicados-onic/2884-llamamiento-minga


https://www.onic.org.co/minga/2879-organizaciones-sociales-defensoras-de-los-derechos-humanos-academicos-democratas-humanistas-y-lideres-politicos-exigen-al-presidente-de-colombia-ivan-duque-marquez


https://www.youtube.com/watch?v=zK7xaIOLd8A


https://www.semana.com/nacion/articulo/cauca-cinco-atentados-en-menos-de-12-horas/606941


https://www.semana.com/nacion/articulo/cinco-puntos-por-los-cuales-se-hace-tan-complejo-que-haya-humo-blanco-en-el-cauca/606965

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/430950-indigenas-del-tolima-se-unen-a-minga-nacional-de-reclamacion?fbclid=IwAR3DhpKjchuUqbJYUIDtfJI-WjeBPV6gbPt8mTWqCYkTQifp05WK9nuNFMg

https://www.semana.com/nacion/articulo/la-minga-no-se-rinde-ahora-convocan-a-los-indigenas-de-todo-el-pais-para-que-se-unan-al-paro/607041


 Recuadro


Entrevista a Jimmy Alexander Moreno, vocero Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular.

El movimiento social y la Minga.

desdeabajo (da). Los días 9 y 10 de febrero, se realizó en la ciudad de Bogotá el Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas, el cual concluyó con el llamdo a la realización de un paro nacional para el 25 de abril, ¿qué fuerza podrá tener este paro nacional si el movimiento indígena encabezado por el Cric dio un impulso de movilización un mes antes de lo previsto?


Jimmy Moreno (JM). Bueno, ese escenario lo hemos venido valorando, entendiendo la fuerza generada por el proceso de la Minga por la defensa de la vida y el territorio. Entonces, lo que hemos acordado es que estamos en una dinámica en la cual se ha venido avanzando sobre el marco de movilizaciones que están convergiendo sobre una apuesta de país, en donde hemos definido unas líneas temáticas como la defensa de la vida, garantías a los derechos humanos, cumplimiento de los acuerdos incumplidos por parte del Gobierno, en contra el Plan Nacional de Desarrollo, entre otros temas que estamos agitando en todos los procesos de movilización.


Entonces, sobre ese marco, el escenario de paro camina con base en las acciones que definimos a principios de marzo y que tendrá un primer momento de articulación nacional hacia el 25 de abril, entendiendo que muchos procesos entrarían en un momento de desgaste, pero vendrían otros procesos que se suman, por ejemplo están los demás procesos de la Cumbre Agraria, el movimiento sindical, dignidades agropecuarias, entre otros, que estamos apostándole hacia ese marco del 25 de abril para hacer una acción nacional que hemos llamado “Refugio Humanitario”.


da. ¿Quiere decir que en el marco de la Minga Nacional el movimiento campesino no saldría con toda su fuerza?


JM. Lo que hemos conversado con los indígenas es que vamos a acompañar y nos solidarizamos con el escenario de Minga, y si hay posibilidades en algunas regiones de sumarnos pues no nos negamos a eso, pero nosotros tenemos el impulso para continuar en ese ejercicio de movilización hacia finales de abril, para llevar ese escalonamiento de las jornadas de movilización. Sobre esa base vamos moviéndonos, aunque vamos haciendo lecturas conjuntas de acuerdo a como avance la coyuntura y todo el escenario de movilización.


da. En los puntos que plantea la Minga se articulan múltiples agendas, por ejemplo, puede verse desde exigencias por la implementación del acuerdo con las Farc hasta la exigencia por el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, ¿Hasta donde creen está dispuesto a llegar el movimiento indígena para hacer cumplir las reivindicaciones de los otros sectores?


JM. Bueno, eso es un poco lo que le planteaba, es decir, tenemos una agenda de país en la cual todos estamos de acuerdo, pero por distintas visiones políticas, distintas apuestas, no logramos encontrar un escenario de movilización, pero entendemos que todos compartimos casi que los mismos criterios políticos. Entonces, sobre esa base creemos que es importante recoger todos esos escenarios y hemos visto que el Cric y la Onic siempre han estado abiertos a invitar a que el movimiento social acompañe sus movilizaciones y, por ejemplo, esta vez en el suroccidente del país están movilizados el Congreso de los pueblos-CNA, Marcha Patriótica, Fensuagro, Pupsoc y otros movimientos campesinos que se han articulado a esa agenda del movimiento indígena, lo que favorece el fortalecimiento de la movilización y de la misma estructura de unidad. Entonces, sobre esa base estamos mirando el escenario nacional, cómo convergemos en líneas políticas, pero entendiendo que la movilización va a ser escalonada.

da. Teniendo en cuenta la lógica de incumplimientos a los acuerdos firmados con organizaciones y con la misma implementación de los acuerdos con las Farc, el conjunto del movimiento social se encuentra en un espiral de negociación-movilización-incumplimiento-movilización-renegociación, ¿cómo se puede negociar de una manera diferente con este Gobierno, sin volver a caer en lo mismo?


JM. Digamos que los acuerdos que se han firmado desde el movimiento estudiantil, sindicatos, Cumbre Agraria, movimiento indígena, afros, camioneros, entre otros sectores, son valorados como algo no valido por parte del gobierno Duque; entonces, sobre esa base creemos que es a través de la movilización permanente con las cuales podremos obligar al Gobierno a que cumpla lo acordado.


Por ejemplo, con la Cumbre Agraria tuvimos un primer escenario de sentarnos con la ministra del Interior, e hicimos una agenda para volver al escenario de negociación en la Mesa Única Nacional, pero no podemos volver a caer en esa discusión técnica, sino que entendemos que debemos dar una discusión más de fondo y más política, pero es a través de la calle y la organización social que podemos avanzar en esos procesos de negociación.


No vemos otra forma de realizar lo acordado; el gobierno ha mostrado poca voluntad y además a mostrado su talante guerrerista, entonces estigmatiza, criminaliza la protesta, da un tratamiento militar a la movilización. Ante esta realidad es que nosotros decidimos fortalecer nuestros procesos organizativos, fortalecer la movilización social permanente, y también generar mecanismos de autoprotección, por lo cual avanzamos en los temas de guardias campesinas, indígenas y cimarronas, como mecanismo de protección y defensa de los territorios.


Pero también hacemos una reflexión: que si bien desde lo político y lo reivindicativo tenemos unas agendas y mecanismos de negociación con el gobierno, nuestra apuesta, desde nuestra visión de poder, va mucho más allá. Entonces, sobre esa base, estamos reflexionando en cómo avanzar en el fortalecimiento de nuestros gobiernos propios en los territorios y así consolidar nuestra propuesta de país desde nuestras visiones, que van más allá de seguir en el ciclo de movilización y generar negociaciones.

 

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La luz verde de Trump a Israel: primero los Altos del Golán, ¿luego Cisjordania?

Cuando el presidente Donald Trump mudó la embajada de Estados Unidos al Jerusalén ocupado el año pasado, saboteando así cualquier esperanza de establecer un Estado palestino viable, hizo saltar en pedazos el libro de normas internacionales.

 La semana pasada se dedicó a pisotear las páginas destrozadas. Lo hizo, por supuesto, vía Twitter.

En referencia a una larga franja de territorio sirio que Israel anexó en 1967, Trump escribió: “Después de 52 años, es hora de que Estados Unidos reconozca la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, algo de importancia estratégica crítica para el Estado de Israel y la estabilidad regional”.


Israel expulsó a 130 mil sirios de los Altos del Golán en 1967, durante la guerra de los Seis Días, y catorce años después anexó el territorio –en violación del derecho internacional–. Una pequeña población de drusos sirios es la única sobreviviente de esa operación de limpieza étnica.


Replicando sus actuaciones ilegales en los territorios palestinos ocupados, Israel inmediatamente estableció colonos judíos y emprendimientos comerciales en el Golán.
Hasta ahora, ningún país había reconocido ese acto de pillaje. En 1981, los miembros de la Onu, incluido Estados Unidos, declararon “nulos” los esfuerzos israelíes por cambiar el estatus del Golán.


En los últimos meses, sin embargo, el primer ministro israelí, Biniamin Netaniahu, comenzó a intensificar los esfuerzos para destruir ese consenso y ganar para su causa al único superpoder mundial.


Fue movido a actuar cuando Bashar Al Assad –con la ayuda de Rusia– empezó a revertir de forma decisiva las pérdidas territoriales sufridas por el gobierno de Siria durante la guerra que afecta a ese país desde hace ocho años.


Los combates atrajeron a una multitud de otros actores. El propio Israel usó el Golán como base desde la que lanzar operaciones encubiertas para asistir a los oponentes de Assad en el sur de Siria, incluyendo a combatientes del Estado Islámico. Irán y la milicia libanesa Hizbolá, entretanto, intentaron limitar el margen de maniobra de Israel actuando en nombre del líder sirio.


La presencia cercana de Irán fue el pretexto usado por Netaniahu para que Israel tomara posesión permanente de la zona, calificándola como una barrera vital contra los esfuerzos iraníes en pos de “usar Siria como una plataforma para destruir Israel”.


Previamente, cuando Assad perdía terreno frente a sus enemigos, el líder israelí hizo un alegato diferente. Entonces, sostuvo que Siria se estaba rompiendo en pedazos y que su presidente nunca estaría en posición de reclamar el Golán.


La actual racionalización de Netaniahu no es más persuasiva que la anterior. Rusia y la Onu ya han avanzado en reestablecer una zona desmilitarizada en el lado sirio de la línea de separación. Esto impediría que fuerzas iraníes puedan desplegarse en los Altos del Golán.


A pesar de ello, en una reunión entre Netaniahu y Trump en Washington este lunes, el presidente estadounidense convirtió su twit en una orden ejecutiva.


El momento elegido es significativo. Se trata de otro vulgar intento de Trump de intervenir en las elecciones israelíes, fijadas para el 9 de abril. Esto proveerá a Netaniahu de un gran incentivo en momentos en que enfrenta acusaciones de corrupción y una amenaza creíble desde un partido rival, Azul y Blanco, encabezado por ex generales del ejército.
Netaniahu apenas pudo contener su alegría tras el twit de Trump, y al parecer lo llamó para decirle: “¡Hiciste historia!”.


Pero, en verdad, no se trató de un capricho. Israel y Washington han estado apuntando en esta dirección desde hace tiempo.


En Israel, hay un entendimiento multipartidario para quedarse con el Golán.


Michael Oren, ex embajador israelí en Estados Unidos y confidente de Netaniahu, lanzó formalmente el año pasado un plan para cuadruplicar la cantidad de colonos en la zona y llevarla hasta 100 mil en el plazo de una década.


El Departamento de Estado dio su aparente aprobación el mes pasado, cuando incluyó los Altos del Golán dentro de la sección dedicada a Israel en su reporte anual de derechos humanos.


Este mes, el senador republicano Lindsey Graham hizo una gira por el Golán en un helicóptero militar israelí, junto a Netaniahu y David Friedman, el embajador de Trump en Israel. Graham dijo que él y el senador Ted Cruz intentarían convencer al presidente de Estados Unidos para que cambiara el estatus del territorio.


Mientras tanto, Trump no ha escondido su desdén por el derecho internacional. Este mes, sus funcionarios prohibieron la entrada a Estados Unidos a personal de la Corte Penal Internacional (Cpi) con sede en La Haya, que investigan crímenes de guerra estadounidenses en Afganistán.


La Cpi se ha visto enemistada tanto con Washington como con Israel tras sus iniciales y exiguos intentos de hacerles rendir cuentas.


Sea cual sea la versión de Netaniahu acerca de la necesidad de evitar una amenaza iraní, Israel tiene otras razones, más concretas, para quedarse con el Golán.


El territorio es rico en recursos hídricos y provee a Israel de un control decisivo sobre el Mar de Galilea, un gran lago de agua dulce de crucial importancia en una región que enfrenta grandes problemas con el agua.


Los 1.200 quilómetros cuadrados de tierra robada son explotados a destajo, desde florecientes viñedos y huertos de manzanas hasta una industria turística que, en invierno, incluye las laderas cubiertas de nieve del monte Hermón.


Según indica la organización israelí de derechos humanos Who Profits, en un informe de este mes, compañías israelíes y estadounidenses también están estableciendo parques eólicos comerciales para vender electricidad.


Además, Israel ha estado cooperando silenciosamente con el gigante energético estadounidense Genie para explorar potenciales reservas de petróleo bajo el Golán. El asesor y yerno de Trump, Jared Kushner, tiene inversiones familiares en Genie. Pero extraer el petróleo será difícil, a menos que Israel pueda argumentar de forma plausible que tiene soberanía sobre el territorio.


Por décadas, Estados Unidos había presionado regularmente a Israel para que entrara en conversaciones de paz con Siria, tanto a nivel público como secreto. Hace sólo tres años, Barack Obama apoyó una reprimenda del Consejo de Seguridad de la Onu a Netaniahu por afirmar que Israel nunca renunciaría al Golán.
Ahora Trump ha dado luz verde a Israel para que se aferre a él de forma permanente.


Pero, diga lo que diga, la decisión no traerá seguridad para Israel ni estabilidad regional. De hecho, convierte en un sinsentido el “acuerdo del siglo” de Trump –un plan de paz regional largamente demorado para poner fin al conflicto israelí-palestino que, según los rumores, podría develarse poco después de las elecciones en Israel.


En cambio, el reconocimiento de Estados Unidos será visto como una bendición por la derecha israelí, que clama por anexar vastas áreas de Cisjordania, lo que pondría el clavo final en el ataúd de la solución de los dos estados.


La derecha de Israel puede argumentar: “Si Trump ha dado su consentimiento para nuestra apropiación ilegal del Golán, ¿por qué no también para nuestro robo de Cisjordania?”.


(Tomado de Counterpunch.org, por convenio.)

Por Jonathan Cook
29 marzo, 2019

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Una mirada a la propuesta del POT para Bogotá. La felicidad de unos pocos a costa de la gran mayoría*

Causa sorpresa y algo de indignación después de leer los documentos de propuesta al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para Bogotá, en donde se describe que la felicidad es el futuro que le espera a los bogotanos a partir de la adopción de dicho plan. No hay que ir más allá de las primeras cuarenta páginas para darse cuenta que esta felicidad solo podrá ser disfrutada por unos pocos a costa de la gran mayoría de los ciudadanos, situación más contraria a su política de eco-eficiencia y equidad. Veamos por qué:

Tomando lo pronunciado por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que define a la sostenibilidad así: “el desarrollo sostenible como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”, se puede entender que esta visión ha emergido como el principio rector para el desarrollo mundial a largo plazo. Propósito que está compuesto por tres pilares y trata de lograr de manera equilibrada: el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. ¿será que la propuesta al proyecto de Acuerdo al POT si logra este equilibrio?

En la propuesta al POT se identifica en las políticas la eco-eficiencia y equidad a partir de la ocupación y consumo del territorio; destacándose el aprovechamiento de los recursos naturales. Es así, que el plan define el aprovechamiento del espacio público a partir de sus diferentes estructuras propuestas, aumento del transporte público a partir de la culminación de las redes de Transmilenio, en donde se identifica el uso de buses a gas y diésel, el desarrollo de grandes proyectos inmobiliarios que necesariamente implican la habilitación de suelo para la renovación urbana, la construcción de redes de servicios públicos, vías, equipamientos, espacio público, etc. Lo anterior plantea que la eco-eficiencia y la equidad en la ciudad solo tiene como premisa de alcance: la intervención en el territorio a partir de grandes proyectos urbanos que podrían menoscabar el equilibrio con las condiciones ambientales en el suelo, el agua y la calidad del aire.

En este mismo sentido, la política de competitividad identifica la promoción en la calidad de las actividades económicas a partir de la optimización de infraestructuras necesarias para su funcionamiento, situación que implica una atracción de mayor población flotante, sumada a la radicada en la misma, situación lógica para el desarrollo integral de la ciudad, propósito que pone en duda el tal equilibrio enunciado en todo el documento, en donde los principios y políticas son subsidiarias de la política de competitividad.

Frente a lo anterior es necesario referirnos a las condiciones demográficas que permiten sustentar la propuesta estratégica del POT. En años pasados la experiencia de formular planes a partir de datos sobredimensionados como es el caso de los Planes Maestros que no contaron en su formulación de proyectos con los resultados del censo de población Dane 2005. La fuente tenida en cuenta para la estimación de sus proyectos y por ende sus metas fue las proyecciones de población estimadas a partir del Censo de Población Dane 1993, realizadas al interior de la Secretaría Distrital de Planeación, que estimaba un crecimiento de población para el año 2004 de 7.395.600 personas. En otros documentos se estimó en 7.545.2311. Tiempo después, más precisamente en el año 2007 se logró obtener los resultados del Censo de Población Dane 2005, teniendo como resultado el total de la población para Bogotá Censo 2005 Dane: 6.778.6812, logrando identificar que los proyectos estimados en los Planes Maestros fueron sobredimensionados a una población adicional promedio de 691.734 de habitantes. Razón por la cual y en gran medida las metas de ejecución definidas en los Planes Maestros no lograron su esperada ejecución.

Si bien en la actualidad no es posible identificar datos oficiales del total de la población censada en Bogotá en el año 2018 (según datos Dane noviembre de 2018 la ciudad cuenta con 7.150.000 habitantes) y según el documento de “Análisis demográfico y proyecciones poblacionales de Bogotá” que es parte de los documentos que sustentan la formulación al Plan de Ordenamiento Territorial, la población estimada para el 2020 es de 8.380.801)3. De lo anterior se identifica una diferencia de más de un millón de habitantes en la población bogotana actual y que son sustento para la definición de los proyectos urbanísticos para los próximos 15 años en la ciudad.

En este mismo sentido, las cifras estimadas para determinar la base de sustento de proyectos de vivienda como: Lagos de Torca, Ciudad Río y la intervención en la reserva Thomas Van Der Hammen, presentan dudas por la necesidad de este tipo de proyectos en la ciudad, a cambio de mayores espacios destinados a zonas de reserva ambiental o zonas destinadas a protección de zonas pobladas por inminentes inundaciones. Por tanto, es preciso preguntarse: ¿La ciudad va a crecer de acuerdo a las cifras contenidas en la propuesta del POT? De ahí que pueda pensarse que esa sobreestimación estaría enfocada al desarrollo de proyectos inmobiliarios para una población imaginaria que beneficiarían en gran medida a los intereses privados, principalmente el sector de la construcción.

Luego el discurso del actual modelo de ordenamiento evidencia su inclinación, en mayor medida, a favor del desarrollo económico de la ciudad a partir de la explotación de los recursos naturales, en detrimento de la sostenibilidad de la misma, teniendo en cuenta las dificultades evidentes en las cifras que sustentan la propuesta de importantes proyectos inmobiliarios. Igualmente, se exacerban los patrones de consumo y se estima a la ciudad como una mercancía, o en el peor de los casos como un objeto para la satisfacción de necesidades económicas de grupos minoritarios.

La reflexión apunta a indicar que desde el concepto de calidad de vida y equidad socioespacial, el desarrollo económico generado en la ciudad es una condición necesaria para el crecimiento económico, el mismo que nos obliga a pensar en los beneficios –ante el soñado auge– para la población en general.

El proyecto de Acuerdo para la adopción del POT, presenta beneficios incuestionables en términos económicos, concentrado en los sectores de la construcción, la industria, y el sector terciario que son los que ofrecen bienes y servicios, sector financiero, banca, etc. Es decir, quienes tiene a su haber los modos y bienes de producción que finalmente serán quienes logren esa tan “anhelada felicidad”, a diferencia de una gran mayoría de gente que participaría marginalmente de la supuesta prosperidad generada en el plan propuesto, condenándolos a continuar en su papel pasivo de usurarios y/o consumidores.

Por otro lado, se identifica la política de gobernabilidad en donde se describen varias situaciones interesantes, como son:

Reducción en la participación del Estado como hacedor de la ciudad, ya que se evidencia en la propuesta de Acuerdo que en gran medida se entrega el proceso de construcción de la urbe al sector privado –con el apoyo y soporte de la Administración Pública como garante en la realización del plan–, limitando la participación de diferentes sectores de interés (organizaciones comunitarias de vivienda. Organizaciones de vendedores ambulantes en el espacio público) presentes en la ciudadanía en el ordenamiento del territorio.

Por otro lado, al revisar las condiciones de los equipamientos en la propuesta de POT, estos equipamientos en donde se localizan las actividades sociales (colegios, jardines infantiles, bibliotecas, Hospitales, etc.) se equiparán a las actividades comerciales. Esta apuesta es parte de la exacerbación de las actividades económicas en donde se incluyen las actividades sociales como parte de la dinámica del mercado; es decir, se miden por la generación de su capital económico, desestimando la producción de su capital social y cultural. Situación más desafortunada en principio para los servicios sociales ya que la estimación de su localización en este POT, solo la define la oferta y la demanda en términos económicos, perdiendo la esencia como servicio social.

De igual manera las zonas destinadas a la construcción de vivienda social, las cuales presentan riesgos ambientales para su localización en donde se incluyen como mitigables, pero en la realidad estos riesgos por inundación siempre estarán presentes, como es el caso de los bordes de los humedales Jaboque y La Conejera y algunas partes del borde del río Bogotá. De lo anterior, se deduce que en la presente propuesta de acuerdo al POT importan más la acción inmobiliaria y la habilitación de suelo para la construcción de proyectos de vivienda que los riesgos propios de la naturaleza, que son desestimados.

Pero esta acción inmobiliaria rapaz e insaciable no se limita a lo anterior, en la propuesta al POT utiliza las herramientas del ordenamiento para beneficio común –como es el caso de la enajenación voluntaria o expropiación por vía administrativa y judicial– como una herramienta del desarrollo urbano en Bogotá con fines de lucro para unos pocos (situación hoy vigente en el Decreto Distrital 621 de 2016, en los ejes viales de la Avenida NQS y calle 80).

El desarrollo inmobiliario así impuesto y con beneficio particular, a partir acciones de gestión por enajenación voluntaria o expropiación por vía administrativa en zonas de renovación urbana sobre los ejes viales más importantes de Bogotá, es una de las formas más agresivas del desarrollo urbano de las cuales hay noticia, en el cual y para el cual la Administración Pública –el Estado– se pone al servicio de la acción expropiadora de un gestor inmobiliario o de un constructor particular con objetivos netamente de beneficio particular. Es una realidad privatizadora del espacio y por tanto improcedente, por su lejanía de la equidad y felicidad enunciada en los principios de la propuesta de Acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá.

 

* El presente artículo es la segunda parte del publicado en la página: www.desdeabajo.info, titulado: “Bogotá, la ciudad del caos y la ciudad del orden”, sábado 19 de mayo de 2018.
1 Secretaría Distrital de Planeación. Evolución de los principales indicadores sociales de Bogotá (1990- 2003) Página 43. Secretaría Distrital de Planeación. Aglomeración y condiciones de vida en Bogotá. Página 19.
2 www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-general-2005-1. Información Tomada en febrero de 2019.
3 http://www.sdp.gov.co/micrositios/pot/proyecto-de-acuerdo

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Trump: “Rusia tiene que salir de Venezuela”

El presidente de EE UU recibe a la esposa de Guaidó y sube el tono de su amenaza a Maduro: "No se puede alcanzar más presión de la que ya tienen, fuera de lo militar"


Donald Trump recibió este miércoles en el Despacho Oval a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó, y subrayó su apoyo hacia el líder de la Asamblea Nacional, cumplidos ya dos meses desde que fue reconocido por Estados Unidos y medio centenar de países como presidente interino de Venezuela, con Nicolás Maduro aún instalado en el poder. El mandatario estadounidense subió el tono de sus amenazas al régimen chavista –"No se puede alcanzar más presión de la que ya tienen, fuera de lo militar", dijo– y lanzó un mensaje directo a Moscú, que ha enviado militares al país caribeño: "Rusia debe salir".


Estaba previsto que fuera el vicepresidente, Mike Pence, el anfitrión de la visita de Rosales a la Casa Blanca, pero finalmente también Trump hizo los honores a la mujer de Guaidó, a quien se refirió como primera dama. "Hoy temo por la vida de mi marido", llegó a decir Rosales ante la prensa, destacando las acusaciones de "terrorismo" contra el hermano de Guaidó, Gustavo, y el arresto de Roberto Marrero, su mano derecha. "Es un golpe al círculo más cercano del presidente pretendiendo desestabilizar su lucha", añadió.


Conforme las semanas pasan en Venezuela, las sanciones por parte de Estados Unidos se multiplican –al petróleo, al oro, al corazón de la economía venezolana–, la presión diplomática aumenta y la crisis del país se agrava, pero el chavismo permanece a los mandos efectivos del Gobierno, protegido por el Ejército. Ahora, además, cuenta con nuevo apoyo militar ruso. El Kremlin, gran aliado de Maduro, reconoció el martes que ha enviado "especialistas", que se suman al despliegue de baterías antiaéreas rusas S-300 en la periferia de Caracas.


La pregunta de cuál será el punto de ruptura por el cual la Administración de Trump optaría por una intervención militar no deja de repetirse en Washington en cada rueda de prensa, en cada entrevista, a medida que el tiempo pasa y la situación política se deteriora. El Gobierno estadounidense asegura que todavía le queda margen para presionar con sanciones, muchas de las cuales aún no se han puesto en marcha de forma efectiva, pero este miércoles Trump sonó más duro. "Ahora mismo tienen mucha presión, no tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada. Así que, ya veremos", afirmó. "Fuera de lo militar, no se puede alcanzar más presión de la que ya tienen", para insistir en el lema oficial del EE UU en este conflicto: "Todas las opciones están sobre la mesa"

Por Amanda Mars
Washington 27 MAR 2019 - 13:40 COT 

 

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Pompeo proclama como milagro de Dios la anexión del Golán por Netanyahu

En Estados Unidos (EU) están más concentrados en la ridiculización del Rusiagate con sus vencedores y perdedores, (https://bit.ly/2WhIl8u) que en el reconocimiento de Trump, junto al primer ministro israelí Netanyahu y a su yerno talmúdico Jared Kushner, a la anexión unilateral de las Alturas del Golán regaladas a Israel (https://bit.ly/2UekkBK).

Días antes de las elecciones en Israel, el regalo de Trump es un espaldarazo a la relección de su aliado atribulado, el primer Netanyahu (https://lemde.fr/2FuD5rl), que coloca a la esquizofrénica política exterior de EU en su máxima contradicción cuando sanciona simultáneamente a Rusia por su supuesta anexión de Crimea.

Trump se pasa regalando lo ajeno –antes Jerusalén, (https://bit.ly/2RdRAUY) hoy las Alturas del Golán, y mañana se espera sea Cisjordania– sin importarle el repudio casi universal desde China, pasando por Rusia, hasta la Unión Europea.

Ya destaqué el leitmotiv cleptomaniáco de la anexión del Golan por Israel (https://bit.ly/2CFnNiO).

En entrevista a Christian Broadcasting Network, Mike Pompeo, ex director de la CIA y hoy secretario de Estado, afirmó que Trump pudo haber sido enviado por Dios (¡mega-sic!) para salvar al pueblo judío y dijo estar "confiado de que el Señor opera aquí". ¿De qué clase será su "Dios" que opera siempre en favor de los mismos anexionistas?

El entrevistador Chris Mitchell hizo notar al fundamentalista cristiano Pompeo que Israel estaba celebrando el Purim cuando Esther hace dos mil 500 años salvó al pueblo judío de Haman, primer ministro del rey persa Achashveirosh (Ahasuerus), con la ayuda de Dios.

Mitchell equiparó a Haman de hace dos mil 500 años con el Irán de hoy, a lo que Mike Pompeo reviró que "como cristiano (sic) ciertamente creo es posible".

Habría que contrastar esta versión solipsista con la de los persas, quienes afirman haber "salvado tres veces a los judíos" (https://bit.ly/2UTvyZC).

Achashveirosh (Ahasuerus) es el rey persa Jerjes, presunto amante de Esther, quien salvó a los judíos e hizo primer ministro a Mordechai.

Ya en una ocasión Baby Bush, extraviado en sus célebres adicciones, aseveró haber dialogado con Dios –lo cual nadie pudo comprobar– que le sirvió de coartada divina para invadir Irak.

Mike Pompeo visitó en forma inédita el Muro Occidental de Jerusalén con el primer ministro Netanyahu y David Friedman, embajador israelí-estadunidense de Trump.

En enero reciente, el vicepresidente Mike Pence, que es más "evangelista sionista" que Trump y Pompeo juntos, visitó el Muro Occidental acompañado por empleados del Western Wall Heritage Foundation (https://bit.ly/2usLVRh).

Hoy Trump, Pence, Pompeo rinden más honores al Muro Occidental de Israel que al obelisco que honra a su primer presidente y al Lincoln Memorial de la capital.

Ahora los análisis tendrán que (con)centrarse en la geopolítica teológica como advertí en mi libro Trump y el supremacismo blanco: Palestinización de los mexicanos (https://bit.ly/2JFEXmC) y en mi artículo en Sputnik sobre el ascenso del "evangelismo sionista" (https://bit.ly/2COnHG5)” de la triple santa alianza de Trump/Netanyahu/Bolsonaro.

Un triunfador tras bambalinas es el talmúdico Jared Kushner, controvertido yerno de Trump, quien “leyó la Megillah (https://bit.ly/2UbyG6a) en la Casa Blanca durante la celebración del Purim” (https://bit.ly/2t5jE5x).

Según la ultraortodoxa Chabad Lubavitch, "El Megillah (Rollo,en Hebrero) es el recuento de eventos del Purim escrito por Esther y su primo Mordechai, líder de los zelotes" (https://bit.ly/2WhCnEC).

El presidente del Parlamento iraní Ali Larijani, cercano al Ayatola Jamenei, fustigó la violación del derecho internacional por Trump, mientras el presidente turco Recep Tayyip Erdogán llevará el caso ante la ONU que también rechaza la anexión (https://bit.ly/2us8IN0).

Trump exacerba las tensiones en el Medio Oriente y eviscera la poca congruencia que queda(ba) de la política exterior de EU que ha vulgarizado su iranofobia para complacer al supremacismo racista del Estado apartheid/paria de Israel.

Se recrudecen las nuevas guerras religiosas del "evangelismo sionista".

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Para Trump, los Altos del Golán son de Israel

Estados Unidos rompe con décadas de consenso mundial y se convierte en el primer país en reconocer la soberanía de Israel sobre una área siria que ocupa desde 1967.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer un decreto por el que reconoce oficialmente la soberanía israelí sobre los Altos del Golán. El mandatario justificó esa medida por lo que calificó como las agresivas acciones de Irán y de grupos terroristas contra Israel. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió, sin embargo, que la decisión estadounidense no cambia en absoluto el estatus internacional de esta zona arrebatada a Siria en 1967.


“Esto es algo que debería haberse hecho hace muchas décadas”, dijo Trump al rubricar la proclamación presidencial, junto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca. “Las acciones agresivas de Irán y de grupos terroristas siguen convirtiendo al Golán en una plataforma de lanzamiento de ataques contra Israel”, denunció el magnate neoyorquino. Estados Unidos se convierte así en el primer país en reconocer la soberanía de Israel sobre un área siria que ocupa desde la Guerra de los Seis Días de 1967, y que se anexionó en 1981 en un gesto que la población rechazó y la comunidad internacional no reconoció.


Netanyahu celebró como histórica la formalización de esa medida, que Trump ya había adelantado el pasado jueves en un vía Twitter. “Su proclamación llega en un momento en que el Golán es más importante que nunca para nuestra seguridad”, dijo a Trump el primer ministro israelí. “Para mí era muy importante venir aquí, a la Casa Blanca. Israel ha tenido la suerte de tener a muchos amigos dentro del Despacho Oval durante muchos años. Pero Israel nunca ha tenido mejor amigo que usted”, disparó el premier, quien se vio obligado a acortar su visita a Estados Unidos -inicialmente prevista para dos días- por nuevas tensiones en la Franja de Gaza (ver aparte). Netanyahu afirmó, asimismo, que su país nunca renunciará a su soberanía sobre los Altos del Golán. “Nunca renunciaremos a ellos”, sentenció.


Sin embargo, la ONU subrayó que la decisión del presidente estadounidense no cambia el estatus internacional de esta zona arrebatada. “Para nosotros, el estatus del Golán ocupado está consagrado en las resoluciones del Consejo de Seguridad. La postura no ha cambiado”, dijo a los periodistas Stéphane Dujarric, el portavoz del jefe de la organización, António Guterres. “Para el secretario general está claro que el estatus del Golán no ha cambiado a pesar de la decisión de Trump”, agregó.


No obstante, de cara a las elecciones del 9 de abril en las que Netanyahu se juega su puesto, el primer ministro puede presumir cuando vuelva de Washington de otra victoria diplomática (que se sumaría al reconocimiento estadounidense de Jerusalén como capital de Israel por parte del gobierno de Trump). La decisión del mandatario republicano le cae, entonces, como anillo al dedo a un Netanyahu que podría ser acusado en los próximos días de corrupción en tres casos. Por el momento, en la carrera hacia las elecciones, el líder del derechista Likud, en el poder desde hace diez años, ve sus posibilidades de reelección recortadas por el candidato centrista Benny Gantz, un general retirado, quien se presenta como un serio adversario.


Con la firma de este decreto, Estados Unidos rompe con décadas de consenso internacional, al transformarse en el primer país en reconocer la soberanía de Israel sobre un área estratégica que ocupa a Siria desde la Guerra de los Seis Días de 1967 y que se anexionó en 1981. Esa anexión nunca fue reconocida por la comunidad internacional. En 1981, el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad una resolución que declaraba nulas y sin efecto jurídico internacional las decisiones de Israel de imponer sus leyes y su administración en ese territorio. La ONU tiene desplegada desde 1974 una misión de paz en el Golán, que se encarga de mantener el alto el fuego entre Israel y Siria y de vigilar la implementación del acuerdo de retirada. Actualmente, dicha área está poblada por unos 27.000 sirios de mayoría drusa. Está compuesta por cuatro pueblos árabes -Majdel Shams, Ein Qiniyye, Masade y Buqata- además de una treintena de asentamientos judíos, que son considerados colonias por la comunidad internacional.


El gobierno sirio rechazó la decisión de Washington. “En un ataque flagrante a la soberanía e integridad territorial de Siria, el presidente de Estados Unidos reconoció la anexión del Golán sirio”, dijo una fuente del ministerio de Relaciones Exteriores, citado por la agencia de noticias estatal SANA. “Trump no tiene el derecho ni la autoridad legal para legitimar la ocupación israelí”, añadió esta fuente de la diplomacia siria.


Por su parte, Rusia, aliada del gobierno de Bashar Al Assad, dijo temer una nueva ola de tensión en la región.“Desgraciadamente,eso puede conducir a una nueva ola de tensión en Medio Oriente”, advirtió la portavoz de la diplomacia rusa Maria Zajarova, según informaron las agencias de prensa rusas.

 


 

“El Golán es un territorio sirio ocupado” comunicó el organismo

 

La Liga Arabe condenó la decisión de EE.UU.

 

La Liga Árabe condenó ayer la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de reconocer la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, territorio sirio ocupado desde 1967. El secretario general de ese bloque, Ahmed Abulgueit, dijo en un comunicado que esa decisión “no es válida en su forma y su contenido” y refleja una “violación de la ley internacional”, además de “disminuir la posición de Estados Unidos en la región y en el mundo”. Abulgueit agregó que no cambia el estatus legal de los Altos del Golán: “El Golán es territorio sirio ocupado, ningún país reconoce la soberanía de Israel sobre el Golán y hay resoluciones del consejo de seguridad (de la ONU) adoptadas por unanimidad que así lo confirman”.


Asimismo, señaló que “legitimar la ocupación es una nueva tendencia de la política estadounidense”, que marcha a la par con “las posiciones y los deseos israelíes”. “No se pueden otorgar derechos ni conceder privilegios por la fuerza, la ley internacional no está constituida por un solo estado, independientemente de su posición”, añadió el secretario general.
En la nota declaró que la Liga Árabe “respalda con fuerza el derecho de Siria a sus tierras ocupadas” y que eso se reflejará en las posturas que adopten en la cumbre del organismo el próximo fin de semana en Túnez.


Por su parte, el ministro de Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, rechazó la decisión de Trump y advirtió de que va a aumentar las tensiones en la región de Oriente Medio. “Jordania tiene una actitud firme y clara, y rechaza cualquier decisión que reconozca la anexión de Israel de los Altos del Golán ocupados”, dijo Safadi en un comunicado.


También el Ministerio de Exteriores libanés mostró su rechazo a la medida de Trump y aseguró en un comunicado que el Golán “es una tierra árabe siria y ninguna decisión podrá cambiar este hecho”, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) del país de los cedros.


El propio gobierno sirio calificó de “violación” la decisión de Washington y aseguró que no afectará a la realidad sobre el terreno. “No podemos permitir la legitimación de la ocupación de los Altos del Golán”, dijo asimismo el presidente Tayyip Erdogan, quien se opone al presidente sirio Bashar al-Assad, en un discurso en una reunión de la Organización de Cooperación Islámica en Estambul. Tanto Irán como Rusia han desplegado fuerzas en Siria para apoyar a Assad durante el conflicto sirio.

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Martes, 26 Marzo 2019 06:34

El apoyo a Correa sigue vivo

Jorge Yunda, electo alcalde de Quito, fue asambleísta del partido de Correa.

Candidatos afines al correísmo obtuvieron un espaldarazo ciudadano en las municipales.

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El apoyo a Rafael Correa sigue vivo pese a que el exmandatario no reside en Ecuador. Candidatos afines a la Revolución Ciudadana obtuvieron un espaldarazo en las elecciones municipales y regionales del domingo. El escrutinio confirmó la victoria de Jorge Yunda a la alcaldía de Quito y de la correísta Paola Pabón a la prefectura de Pichincha. Por otro lado, se impuso la candidata socialcristiana Cynthia Viteri en Guayaquil, un feudo de la derecha.


La sorpresa más importante de esta votación fue el fraccionamiento del voto en la capital ecuatoriana, donde el candidato del partido Unión Ecuatoriana obtuvo el 21,35 por ciento de los votos, con el escrutinio de actas al 98,52 por ciento. Le seguía Luisa Maldonado, del movimiento de izquierda Compromiso Social, con 18,44 por ciento de los sufragios escrutados, y en tercera posición, con 17,72 por ciento, quedó el general y exalcalde de Quito Paco Moncayo, que era favorito en los comicios.


Ateniéndose al pasado de Yunda en las filas del expresidente Rafael Correa, de quien fue asambleísta, y también a la identificación política de Maldonado, las elecciones de este domingo en la capital ecuatoriana han sido interpretadas como una victoria del correísmo.


Una posibilidad que se corrobora con el triunfo también de Paola Pabón en la prefectura de Pichincha, de la que Quito es su capital. De 41 años y ex secretaría de la Gestión Política de la Presidencia de Correa, Pabón ha obtenido, con el 98,20 por ciento de actas escrutadas, el primer puesto en la provincia capitalina, con el 22,16 por ciento de los votos. Le sigue en segunda posición y el 20,75 por ciento de los votos Juan Zapata, de Alianza Izquierda Democrática. Quito era gobernada hasta ahora por el político Mauricio Rodas, de centro derecha.
Mas de trece millones de ecuatorianos acudieron a las urnas para elegir a 5.675 autoridades locales y sus suplentes entre alcaldes, prefectos, concejales urbanos y rurales, y miembros de las juntas parroquiales en el país. También se eligieron los siete vocales e igual número de suplentes del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), que reemplazará al actual, de carácter transitorio, cuya conformación avaló una consulta popular realizada el 4 de febrero de 2018. El Cpccs es el organismo que elige en Ecuador a las autoridades de control de otros poderes del Estado, como el fiscal general o el contralor.


En cuanto a Guayaquil, la otra ciudad más importante del país y su principal puerto, con el 98,40 de las actas escrutadas el resultado da la victoria a la abogada socialcristiana Viteri, que obtuvo el 52,81 por ciento de los votos. Se impuso al exprefecto de la provincia de Guayas Jimmy Jairala, de Centro Democrático, que se hizo con el 31,75 de las boletas.


Por su parte, en la ciudad andina de Cuenca, la tercera del país, encabeza el escrutinio, al 99.79 por ciento del voto procesado, el candidato Pedro Palacios, de Alianza Azuay, con un 28.05 por ciento, seguido del representante del Movimiento Renace, Jefferson Pérez, 22.18 por ciento.


En un voto también muy fraccionado en esa ciudad, les sigue con 19,51 por ciento el exalcalde de la ciudad, Marcelo Cabrera, que se alió con el centroderechista Creo.

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El factor Venezuela en el enfrentamiento Estados Unidos-Rusia

Aparte de las múltiples hipótesis que se han analizado para evaluar el alcance del conflicto venezolano, valdría la pena considerar también el posible impacto estratégico-militar de esa situación, que sorprendentemente se puede enmarcar en el enfrentamiento político y militar entre Estados Unidos y Rusia, que se ha agudizado después de la reciente denuncia de ambos al Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio (INF) firmado en 1987.

Al respecto, podemos comentar que Washington ha intensificado su presencia militar en nuestro continente, con la finalidad de evitar, entre otros objetivos, que países latinoamericanos o caribeños que le sean hostiles y hayan desarrollado alianzas con Rusia o China, pudieran llegar a convertirse en plataformas para un eventual ataque directo contra territorio estadunidense, es decir, la repetición de una situación como la crisis de los proyectiles emplazados en Cuba que en ese caso frenaron una invasión estadunidense a la isla.


Recordemos sobre el particular, que el vínculo militar entre Venezuela y Rusia se inició en 2005 bajo la presidencia de Hugo Chávez, que fue el año en que Estados Unidos comenzó a bloquear, cuando empezaron las discrepancias políticas entre ambos, la provisión de repuestos y refacciones para la flota de aviones caza bombarderos F-16 que la fuerza aérea venezolana había adquirido en 1983.


Asimismo, Venezuela, que veía clara la amenaza de una invasión, empezó a adquirir armamento de última generación de Rusia iniciando con 24 aviones caza rusos de última generación Sukoi 30-MK2 e importantes partidas de rifles de asalto AK 103 para remplazar los antiguos fusiles belgas FNFAL que usaba su ejército.


Ya en el poder el presidente Maduro, sucesor de Chávez, negoció con Rusia la compra de helicópteros de combate MI-17V5 y consolidó su defensa con un sistema antiaéreo móvil ruso S300VM, capaz de interceptar toda clase de objetivos, entre ellos misiles subsónicos, drones o aeronaves en un rango de 200 kilómetros.


Por su parte, la presencia militar estadunidense en América Latina se ha incrementado dramáticamente, ya que de las 177 bases militares que la potencia continental tiene en el mundo, 76 están en América Latina y entre las más conocidas resaltan 12 en Panamá, 12 en Puerto Rico, nueve en Colombia, ocho en Perú y otro significativo número en Centroamérica y el Caribe, además de importantes acuerdos de cooperación militar con Argentina, Brasil, Perú y Ecuador, entre otros.


Sin excluir el uso de la fuerza armada, en forma muy abierta, Estados Unidos ha señalado que sus fuerzas de tarea conjunta para América Latina tienen como objetivos la defensa del Canal de Panamá y el área del Canal de Panamá (lo cual, por cierto, no está previsto en el Acuerdo con Torrijos para devolver el canal a sus dueños); operaciones de control de migración (sin que aclaren a qué se refieren en ese delicadísimo tema aún sin resolver); asistencia humanitaria y respuesta ante desastres naturales. Además de operaciones militares unilaterales, bilaterales o multilaterales, con lo que nuevamente surge el fantasma de la creación de una Fuerza Interamericana de Paz que México ha rechazado una y otra vez, por su preocupación de que se convierta en una fuerza intervencionista sin base legal clara, sin que afortunadamente en ningún momento hablen de protección a los derechos humanos que ahora alegan para intervenir en Venezuela, quizá porque prácticamente Washington no ha ratificado ningún acuerdo regional sobre esa importante materia.


La situación descrita, es decir, la combinación de factores militares en el desarrollo de la región, aconsejaría, sin duda, que México, con su tradición en la lucha contra el armamentismo, tanto nuclear como convencional, reiniciara los esfuerzos que llevó a cabo con cierto éxito en 1977 para lograr un convenio regional que identificamos en la negociación como (Tlatelolco II) que prohibiera la presencia de tropas extranjeras en nuestros territorios y limitara la posesión de armas convencionales ofensivas –las nucleares ya están prohibidas mediante el Tratado de Tlatelolco– cuidando siempre el equilibrio estratégico-militar que requieren los países de la región, con la finalidad de lograr que América Latina y el Caribe llegue a ser en breve una zona de paz bajo claros parámetros de vigencia.

Sergio González Gálvez. Embajador emérito de México, escribe a título personal

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Un millón de razones para no irse de Europa

Un millón de personas se manifestaron ayer en Londres y otras ciudades británicas a favor de un nuevo referendo, más de cuatro millones firmaron una petición para revocar el artículo 50 y así evitar la salida británica de la Unión Europea (UE), todo a menos de tres semanas del 12 de abril, la nueva fecha que la UE le otorgó al Reino Unido para el Brexit. 

El destino de la manifestación probablemente no sea distinto del que sufrió en 2003 la marcha más multitudinaria de la historia británica para oponerse a la guerra contra Irak: un fuerte impacto político que no cambió el curso de las cosas. En tal caso, contribuyó a la erosión que viene viviendo la democracia a nivel global en uno de sus baluartes históricos, donde en el siglo XIII se crearon la Carta Magna y el parlamento. No se puede decir que el sistema tenga fecha de vencimiento, pero habrá que chequear si no está empezando a sufrir señales de arterosclerosis.


Entre los manifestantes y en la multi-partidista participación de líderes políticos, diputados, alcaldes, concejales, ONG y grupos extra-parlamentarios había una mezcla de desafío y expectativa. En las columnas que serpenteaban por el centro de Londres, un ex ministro laborista, Lord Andrew Adonis, explicaba que la salida pasaba porque el parlamento se haga cargo del proceso. “Theresa May no tiene un derecho divino a presuponer qué pensamos y qué queremos. No queremos este acuerdo que nos dejará más pobres y aislados. No queremos este gobierno que nos ha humillado internacionalmente y nos ha debilitado a nivel doméstico. Nuestro mensaje a los parlamentarios es que llegó la hora de que se hagan cargo del proceso”, indicó Adonis.


El referendo de 2016 mostró un claro desequilibrio etario - los mayores de 60 a favor de la salida de la UE, los menores de 35 en contra. Hoy unos dos millones de británicos que no pudieron votar entonces, podrían hacerlo. Según las encuestas, tres cuartas partes se inclinarían por permanecer en la UE, suficientes para dar vuelta el resultado.


Lara Spirit, co-presidenta de “Our Future, Our Choice”, un grupo juvenil formado frente a la última consulta, opinó que estaba en juego la credibilidad democrática del Reino. “El Brexit va a dañar nuestro futuro, nos va a empobrecer. La enorme mayoría de los jóvenes se opusieron en 2016 y muchos más aún, se oponen hoy. Yo era muy joven en la época de las protestas contra la guerra en Irak. Esa manifestación no evitó la guerra, algo que marca un déficit en la dinámica democrática, pero volvió mucho más difícil la repetición de una guerra. Los políticos que ignoren esta manifestación, terminarán pagando un altísimo costo”, señaló Spirit.


El problema es que el Brexit ha desmadrado la dinámica política británica. El parlamento está fragmentado en tribus muchas veces inconciliables y May ha perdido todo control sobre su partido. El acuerdo que negoció con la UE fue derrotado dos veces en el parlamento, pero el plan gubernamental es llevarlo a una tercera votación esta semana si el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, lo autoriza y si ella misma calcula que tiene alguna chance de ganar.


En el caso improbable de que el mismo parlamento que rechazó el acuerdo por 230 y 149 votos en enero y marzo cambiara de parecer este lunes o martes, el Reino Unido seguiría en el bloque europeo hasta el 22 de mayo para permitir que se apruebe toda la legislación británica necesaria para proceder con la salida de la EU. Pero si no hay votación o el acuerdo es rechazado por una tercera vez, la salida sería el 12 de abril, es decir en poco menos de tres semanas. En este período el parlamento tendría la posibilidad de realizar “votos indicativos” sobre el tipo de salida que buscaría a la actual crisis a la espera de que, si hay consenso, la misma EU extienda el período de gracia más allá del 12 de abril.


Estos “votos indicativos” tienen sabores para todos los gustos. Un nuevo referendo como el exigido en la manifestación, la derogación del artículo 50 (que dejaría al Reino Unido en la UE), petición de los independentistas escoceses, una unión aduanera que evitaría el problema fronterizo irlandés y un brutal salto tarifario comercial con Europa, propuesta laborista con cierto consenso interpartidario o la salida sin acuerdo de los euroescépticos duros.


El voto es “indicativo”, es decir, no tiene fuerza de ley. May podría negarse a adoptar esa política, aunque gatillaría una crisis constitucional que podría terminar con su mandato que, de todas maneras, tiene los días, las semanas o los meses contados. Pero además no hay mucho tiempo para el debate y existe la posibilidad de que ninguna de estas opciones comande el apoyo de una mayoría parlamentaria. Pasó hace más de una década con la negociación para reformar la Cámara de los Lores: el parlamento estaba de acuerdo en su necesidad, pero no llegó a un consenso sobre qué vía adoptar.


La negociación inter-partidaria será fundamental para evitar una repetición de este fiasco que ahora tendría consecuencias mucho más devastadoras. En medio de esta selva, es cada vez más grande el peligro de que un error, un cortocircuito, un malentendido terminen consagrando una involuntaria salida sin acuerdo de la Unión Europea, el Hard Brexit, que busca el ala dura de los conservadores.

Por Marcelo Justo
Desde Londres

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Poeta, lingüista y política, Espinosa ha sido canciller y ministra de Defensa en Ecuador

Para la Organización de Naciones Unidas (ONU), no hay otra salida para la crisis actual en Venezuela que la vía de la negociación, el diálogo y la paz. La afirmación pertenece la presidenta de la Asamblea General de la ONU, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa. “La situación de carencias en Venezuela es grave y quien está sufriendo es el pueblo venezolano, pero a la vez la única manera de resolver esto es a través del diálogo, del acuerdo, de una negociación política seria entre las partes”, sostiene en esta entrevista con PáginaI12 en la que defiende el multilateralismo y critica el nacionalismo extremo. La diplomática visita Buenos Aires para asistir a la Conferencia para la Cooperación Sur-Sur, que cerrará hoy, una reunión de los jefes de estado de Uruguay, Chile, Paraguay y Argentina con cancilleres, ministros y altos funcionarios de países en desarrollo, incluyendo el vicepremier chino, además de autoridades de organismos multilaterales como el secretario general de la ONU. 

Poeta, lingüista y política, Espinosa ha conquistado puestos de trabajo tradicionalmente ocupados por hombres. Es la cuarta mujer (y la primera latinoamericana) que preside la Asamblea General de la ONU en sus 73 años de existencia. Antes, fue canciller y ministra de Defensa de Ecuador.


“La situación en Venezuela está drenando la energía de nuestra propia región”, afirma la Presidenta y se preocupa porque lo que dice puede no ser políticamente correcto. “La energía que podría ser utilizada para más cooperación y para más encuentros de temas de preocupación común, pero el foco está puesto en Venezuela, que es el único tema de agenda. Y eso es penoso”, explica. La salida de la crisis debe ser negociada, afirma y reafirma Espinosa, en la misma línea en que se ha pronunciado también el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres. “Hay que montar un proceso que permita un acercamiento, un diálogo y una negociación real, que incluya a los muchos actores que existen en la oposición”, dice la diplomática.


Mientras tanto, el organismo que representa concentra su accionar en la asistencia humanitaria: “Debemos generar el tejido necesario para la atención humanitaria en Venezuela, responder a las necesidades materiales de su gente”. No obstante, tampoco pierde de vista el papel que juegan las sanciones impuestas por Estados Unidos al gobierno de Nicolás Maduro. “Hay una afectación real a las sanciones que se han tomado que finalmente terminan perjudicando al pueblo de Venezuela”, afirma.


Sin embargo, Venezuela no es el único país con problemas para alimentar a su población. Según Espinosa, la falsa promesa de la globalización ha causado estragos.


“Producimos más alimentos, pero el nivel de hambre crece. Las desigualdades se han profundizado”, señala. Según el último informe de la La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en el 2017, 821 millones de personas pasaron hambre. Una de cada nueve personas en el mundo. “Entonces, el tema de distribución es clave y reducir las brechas de desigualdad es uno de los retos más grandes que tenemos los países de renta media, entre ellos, toda América Latina”, sentencia.


La lista de los problemas del mundo sigue y la funcionaria de la ONU los enumera: el fenómeno migratorio internacional, el crecimiento del número de personas desplazadas por conflictos violentos, el aluvión de refugiados, el crecimiento del extremismo violento, el terrorismo, las drogas y el narcotráfico, el cambio climático.


Para solucionarlos, Espinosa dice que tiene que lograr acuerdos entre los 193 países miembro de la ONU, o al menos entre la mayoría de ellos. Cuenta que estos acuerdos son cada vez más complicados. Ya casi no se aprueban resoluciones por consenso, sino que cada vez hay más polarización entre las distintas posturas. También, dice, hay países que no están contribuyendo a fortalecer el sistema multilateral. “La cruzada que como Presidenta de la Asamblea de las Naciones Unidas estoy haciendo es reposicionar el multilateralismo como una respuesta necesaria e irremplazable a los problemas globales. Porque estamos viendo el resurgimiento de posiciones nacionalistas extremas y al unilateralismo como respuesta. Y estamos viendo que esas voces van ganando espacios, legitimidad y votos. Eso sí es preocupante” reflexiona.


Espinosa, asimismo, es plenamente consciente de las falencias que la clase política en su conjunto, incluyendo a la ONU, tienen al hacer frente a los problemas globales. “Nuestra capacidad de respuesta tanto en el escenario multilateral, como en el de las políticas nacionales ha sido insuficiente. Entonces existe una gran frustración y una gran puesta en duda de la capacidad de las instituciones de poder responder a lo que está pasando”, asume. No obstante, durante su tiempo al frente de la Asamblea, se propone impulsar cambios en esa línea. “En mi presidencia el lema para este año es ‘Hacer que las Naciones Unidas sean relevante para las personas’, conectar nuestro trabajo al nivel más cercano de la gente”, indica. Sola no va a poder. Necesita, dice, el apoyo de los países. “También hay un nivel político que tiene que ser responsable de cumplir lo que acordamos, por eso estamos en esta cruzada de cumplir con lo que está escrito en el papel”.

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