Protesta de funcionarios en el distrito central de Hong Kong, este viernes. Billy H.C. Kwok Getty Images

La novena semana consecutiva de protestas contra el Gobierno autónomo culminará con la primera huelga general en cinco décadas

 

 

Todo estado es un cuerpo vivo, compuesto de individuos con un cometido burocrático, pero individuos al fin y al cabo. Como tales, miles de funcionarios de Hong Kong han salido a la calle en la tarde de este viernes para censurar la acción del Gobierno del que forman parte. Lo han hecho desafiando la exigencia oficial de “lealtad absoluta” y la amenaza de que aquellos que participaran pondrían en riesgo su puesto de trabajo. Arropados por muchos otros manifestantes, han ocupado los alrededores del Chater Garden en el distrito Central. Con la concentración de este viernes, tranquila pero de una profunda carga simbólica, arrancaban 72 horas que serán claves para el futuro de la ciudad.

Las calles que desembocan en Chater Garden están colapsadas, pero después de nueve semanas consecutivas de protestas ya nadie parece sorprendido. Resuenan gritos de “ka yau”, exclamación similar al “¡vamos!” español, mezclados con la melodía triunfante de Do You Hear the People Sing (“¿Oyes a la gente cantar?”), una canción de Los Miserables que llama a la resistencia popular frente a la tiranía y se ha convertido en uno de los himnos de las protestas, hasta el punto de haber sido eliminada de los servicios musicales de China continental. Pero los hongkoneses todavía son libres de escuchar lo que quieran y en el centro de la plaza un grupo de políticos pro democracia, liderados por la consejera legislativa Tanya Chan, arengan a la multitud.

Todo ello a pesar de que en la mañana de este viernes el secretario jefe de la Administración, Matthew Cheung Kin-chung, llamara a “mantener la neutralidad”, afirmando que como trabajadores públicos “nuestro objetivo es servir a la población, no dejemos que nuestras opiniones personales afecten a nuestro trabajo”. El Gobierno fue más duro en un comunicado oficial compartido ayer: los funcionarios deben “lealtad absoluta” al “al jefe del ejecutivo —la discutida Carrie Lam— y al Gobierno de turno”. Y la amenaza: “Actuaremos de acuerdo con los mecanismos establecidos contra cualquier violación”. Un grupo de trabajadores de 52 agencias gubernamentales contestaron en una carta anónima, recordando que el derecho de reunión pública de los funcionarios está recogido por el artículo 27 de la Ley Básica, la normativa que rige el territorio. “Exigimos que dejen de realizarse declaraciones que induzcan al pánico entre los empleados públicos”, concluía el documento.

Cae la lluvia y se despliega una carpa de paraguas, icónico instrumento, en formación tortuga. Debajo de uno de ellos se resguarda Matt, de 30 años y empleado del departamento de orden público. Matt no tiene miedo. “Hong Kong todavía se rige por el imperio de la ley”, asegura. “Esto es una manifestación pacífica y legal para expresar nuestra preocupación”. La mayoría de sus compañeros de oficina también han asistido, aunque no han hablado entre ellos acerca del riesgo que eso podría suponer para su carrera. El acceso a la función pública es muy exigente: hay que pasar varias rondas de exámenes y entrevistas. Solo un pequeño porcentaje lo logra. Matt lo consiguió hace tres años. “Antes trabajaba en el sector privado. Me cambié porque este puesto ofrece más estabilidad y un mejor salario, pero también porque quería servir a la gente: por eso estoy aquí hoy”.

El cisma entre el pueblo y el Gobierno de Hong Kong parece irremediable. Ambas partes han redoblado la tensión en los últimos días. El ejecutivo local se niega a dar su brazo a torcer y sigue sin asumir ninguna de las exigencias de los manifestantes, que a día de hoy se resumen en cinco puntos: retirada oficial de la ley de extradición —en el origen de las protestas—, amnistía para los detenidos, investigación independiente sobre la actuación policial, dimisión de Lam e implantación efectiva del sufragio universal.

Amenazas veladas

El Gobierno chino, por su parte, ha abandonado su papel secundario ante una situación que, consideran, se le ha ido de las manos al Ejecutivo local. En la última semana han amenazado en dos ocasiones con movilizar al Ejército y emplear la fuerza contra las protestas. Esta posibilidad sería traumática y, posiblemente, sangrienta. Todas las partes quieren evitarla: el problema es que es la única alternativa efectiva sobre la mesa. Lam no afloja, los manifestantes tampoco. A consecuencia, con cada día la retórica se eleva, la paciencia de Pekín disminuye y el peor de los escenarios se acerca un poco más.

Lo que suceda en los próximos tres días será clave para el futuro de Hong Kong. Los manifestantes y la sociedad civil han reaccionado ante el peligro apretando aún más, hasta alcanzar un clímax —solo temporal— en la mayor crisis en la historia moderna de la ciudad. Tras la concentración de los funcionarios de hoy, este sábado habrá protestas repartidas por varios barrios de la ciudad, una de ellas pro China; seguida de la multitudinaria convocatoria dominical que ya se ha convertido en tradición, hasta desembocar en la primera huelga general desde los años sesenta, que servirá como termómetro para medir el apoyo popular a la causa. También para ver cómo reacciona la policía, cuya estrategia parece pasar por confiar en los arrestos como método de desmovilización. Aun así, Shawn, estudiante de 20 años, tiene pensado ir. “No sé si salir a la calle va a servir de algo, pero me arrepentiría de no hacerlo”. No será esta crónica el primer texto, tampoco el último, en dejar constancia de que “el valor de un Estado, al final de cuentas, es el valor de los individuos que lo componen".

 

Por Jaime Santirso

Hong Kong 2 AGO 2019 - 14:16 COT

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Arrecia la guerra contra las comunidades y la Guardia Indígena en el Norte del Cauca

El conflicto para las comunidades del Norte del Cauca no se detiene. No pasaron ni las primeras 24 horas del mes de agosto para que el asesinato sistemáticos de líderes sociales prosiga su senda.

A plena luz del día, a las 2:00 de la tarde, en el sector de Pajarito, resguardo de Huellas –Caloto–, fue asesinado el coordinador de la Guardia Indígena Gersain Yatacue, ultimado por sujetos que se movilizaban en moto y que hasta el momento de escribir esta nota no han sido identificados.

El asesinato de Gersain no es aislado y confirma las amenazas recibidas por las autoridades indígenas en los últimos meses, en las que ponen precio a las cabezas de diferentes líderes, consejeros y Guardias del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), acciones que evidencian el incumplimiento por parte del gobierno nacional en el tema de protección de los derechos humanos en los territorios, punto central de la más reciente Minga realizada por distintas organizaciones y movimientos sociales del Cauca.

El conflicto arrecia en la región por la disputa del control territorial. Ante la crítica situación de derechos humanos las autoridades y comunidades indígenas tomaron la decisión de profundizar y fortalecer los ejercicios de gobierno propio y con ello el ejercicio de controles de la Guardia en los territorios, decisión que incomodó a los diferentes grupos armados asentados en esta parte del país, sean legales o ilegales, entre ellos estructuras paramilitares, cartel de Sinaloa, disidencia de las Farc, Eln, Epl, batallones de alta montaña, de asalto aéreo y policía.

El control territorial, base de un tema económico fundamental.

Las pujas por el control de los territorios tienen como principio la disputa por la economía de la región pues, según fuentes cercanas a este medio, no debe olvidarse que esta zona hace parte de un corredor estratégico a través del cual se realiza el cultivo, producción y transporte de coca y marihuana hacia el exterior o interior del país; cultivos que han tenido un incremento exponencial de hectáreas debido a la poca disposición por parte del gobierno nacional de cumplir con los acuerdos para su erradicación, tema álgido que por denunciarlo cobró la vida del gobernador del resguardo de Huellas Caloto, Edwin Dagua Ipia en diciembre del 2018.

Así mismo, como es conocido, es rentable controlar las rutas en cuestión por medio del cobro de impuestos, lo que lleva a constantes enfrentamientos entre diferentes actores armados. Otros factores, además de los señalados, también están en disputa por la economía de la región, como son los monocultivos de caña de azúcar de los ingenios de Ardila Lule existentes en la parte plana del valle geográfico del río Cauca, así como las grandes extensiones de pino y árboles maderables de Cartón Colombia, ubicados en la parte alta del territorio ancestral de Cerro Tijeras, municipio de Buenos Aires, factores que evidencian una disputa no solo por el negocio del narcotráfico sino por el incremento de proyectos de explotación y extracción de los recursos naturales de la región.

En este marco, el crimen de Gersain Yatacue es un mensaje de que la guerra para las comunidades, autoridades y Guardias Indígenas del Norte del Cauca está más viva que nunca, lo que implicará mayor organización por parte de las comunidades, quienes con fuerza y valentía continúan defendiendo sus territorios por justicia, pervivencia y vida digna, para lo cual, como lo dicen en alguna de sus canciones: “por cada indio muerto otros miles nacerán”.

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Emiratos Árabes se anexionan a la “isla extraterrestre“ de Yemen como trofeo

«Nunca habrá un Yemen unido después de hoy«, escribió en Twitter Abdullah Khaleq, el exasesor del príncipe heredero de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Mohamed Bin Zayed, que es el autor material, –junto con otro Príncipe de las Tinieblas, Mohamed Bin Salman de Arabia Saudí y sus patrocinadores occidentales-, de transformar a Yemen en un matadero de decenas de miles de civiles. Balcanizar la única república de la península arábiga ha sido uno de los 25 principales objetivos de la agresión militar de la coalición dirigida por EEUU y una pieza del proyecto de la Reconfiguración del Mapa de Oriente Próximo, que tras desmantelar los estados de Irak, Libia y Siria, y abortar la revolución egipcia del 2011, se centra hoy en Irán.

EAU controla el sur de Yemen y la estratégica isla Socotra a través de su ejército privado llamado “Cinturón de Seguridad”, compuesto por 90.000 hombres armados, bien organizados y bien pagados. Socotra  («Sukhadhara” en sánscrito «isla de la felicidad») fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco por su biodiversidad única -y virgen antes de la guerra-, y es apodada la ‘isla extraterrestre’ por su increíble paisaje que integra a 60.000 habitantes humanos y 700 especies de flora y fauna. Aquel Edén se ha convertido en otra base militar de EAU, pequeño país con ambiciones imperialistas, que tiene presencia naval también en otras tierras del Cuerno de África como Eritrea, Djibouti y Somalilandia.

La ocupación militar de Socotra por los emiratíes empezó bajo el pretexto de la “ayuda humanitaria” cuando al ser devastada por los ciclones de Chapala y Megh en noviembre de 2015 avanzó con la toma del control de sus instituciones e infraestructuras. Se culminó en 2017 utilizando el mantra de la “lucha contra hutíes”, milicias zaidíes del norte de Yemen que nunca ha puesto el pie en esta lejana isla. La política de Zayed forma parte de esta agenda que cuenta con el respaldo del Consejo de Transición del Sur, un movimiento separatista yemení de derecha.

El control sobre Socotra significa:

  • Consolidar el poder de EAU sobre el sur de Yemen, que fue independiente entre 1967 y 1991, como República Democrática Popular del Yemen, el primer estado árabe en ser dirigido por los comunistas. Durante aquellos años, se abolió el sistema tribal, se repartieron las tierras entre los campesinos, la sanidad y la educación fueron gratuitas y universales, se eliminaron gran parte de las leyes islámicas que discriminaban a la mujer, se erradicó el analfabetismo y se atendió por primera vez a los habitantes olvidados de los desiertos. Ahora, los hombres encapuchados persiguen a los izquierdistas nostálgicos de aquella inolvidable experiencia, asaltan a sus domicilios, los detienen, los torturan y los hacen desparecer. Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado la red de prisiones ilegales de EAU donde los adversarios, que también incluyen la derecha islamista de la Hermanada Musulmana, son torturados y ejecutados.
  • Participar en el control de una de las rutas comerciales más importante del mundo, que le proporciona el acceso al Canal de Suez, al estrecho de Bab al-Mandeb y al Mar Mediterráneo.
  • Descongestionar el puerto Jebel Ali de Dubái, construyendo un puerto en Socotra.
  • Poder convertirla en un centro del turismo vacacional para los millonarios.

Arabia Saudí mira con preocupación esta maniobra de EAU que amplía su influencia en el patio trasero del reino wahabí. 

La falsa retirada de EUA de la guerra

El anuncio de Abu Dabi de salir de la guerra contra Yemen “a favor de la paz” es una simple propaganda, teniendo en cuenta que este país ha utilizado la misma táctica que en Siria: en vez de enviar soldados propios, patrocina mercenarios. En Siria se llamaba el Estado Islámico y en Yemen el Cinturón de Seguridad. Con este anuncio Abu Dabi pretende:

  • Dar por terminada su participan directa en la guerra.
  • Centrarse en la coalición naval que el Pentágono planea formar en el Golfo Pérsico para aumentar la presión militar sobre Irán, bajo el amable título de «garantizar la libre navegación».
  • Enviar sus asesores y soldados a Libia, para servir a los objetivos de EEUU y Francia a favor del general Hafter, desmantelando el gobierno de Trípoli, que goza del apoyo de Turquía y Qatar, los dos rivales de EAU y Arabia Saudí.
  • Secuestrar la revolución democrática de Sudán, apartando a la Hermandad Musulmana y sus patrocinadores turco-qataríes del escenario, y así garantizar su acceso a las aguas del Nilo y al Canal de Suez. La intervención de EUA en Sudán se intensificó después de la visita del presidente Tayyip Erdogan a este país en diciembre del 2017 en la que el presidente sudanés, Omar al Bashir, le concedió una base militar en la isla Sauakin en el Mar Rojo. Bashir fue derrocado el pasado mes de abril por las protestas populares y también la acción del ejército respaldado por EAU.
  • Despistar a los hutíes y así esquivar sus ataques que han sido intensificados últimamente apuntando los aeropuertos y oleoductos de Arabia Saudíes.
  • Dejar que su socio y rival, Arabia Saudí, sea el último en salir de este atolladero y Salman el rostro de la humillante derrota apocalíptico de una guerra fallida que ha destrozado la imagen de los jeques de ambos países por la revelación de las atrocidades cometidas contra los civiles.

Zayed se desmarca de Salman, quizás porque es consciente de la inviabilidad del estado saudí y su “fin oficial” anunciado por el presidente de EEUU. Washington ha convertido esta guerra en un lodazal para los jeques de Riad, no sólo para debilitar a una familia que “inmerecidamente” controla la principal reserva mundial del petróleo y enlaza el destino de los descendientes del Salman Bin Abdulaziz a la voluntad de la Casa Blanca, sino también porque pretende seguir “ordeñándole” -como calificó Trump al hecho de sacarle dinero, mediante el negocio de armas: sólo en 2018 le vendió armas por el valor de 80.000 millones de dólares.

Abu Dabi agita su “exitoso” modelo de desarrollo para los países árabes al que llama la “Golficación” (¡del Golfo, eliminando su milenario nombre “Pérsico” por odio hacia Irán). ¿Por qué no llamarle la “Emiratización”, un estado cuyos súbditos renuncien a la república y la democracia a cambio  de la limosna que reciben de sus élites, formadas por hombres pervertidos, sin escrúpulos y sacados del oscurantismo medieval.

En el quinto año de la guerra, Yemen sigue viviendo la mayor crisis humanitaria del mundo, en parte, gracias al silencio organizado por los medios de comunicación de masa.

2 agosto 2019

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La municipalización y el reconocimiento de territorios indígenas

La expedición del Decreto 632 de 2018, sancionado por el gobierno Santos, germinó la posibilidad para la conformación de Territorios indígenas en el país. Estos territorios tomarían forma en áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, en donde por la ausencia de una figura político administrativa, junto con las condiciones de localización geográfica, la amplia extensión de territorios resguardados (26 millones de hectáreas) con baja densidad poblacional, así como la pervivencia de la identidad cultural y lingüística, y el carácter pluriétnico de los Resguardos Indígenas que allí se asientan, han puesto en jaque la operatividad y la eficiencia en la ejecución de recursos públicos destinados a los Resguardos Indígenas legalmente constituidos (particularmente la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones –Aesgpri–).

Así y ante este panorama, fue necesaria una estructura administrativa que jurídicamente encaje con el ordenamiento territorial y que, a su vez, se conjugue con la autonomía y la gobernabilidad de los pueblos indígenas.



Territorios indígenas: Una apuesta por la autonomía y el autogobierno



Puntualmente, el Decreto 632 estableció las normas transitorias para la puesta en funcionamiento de los Territorios indígenas en estas áreas del país, en principio, desde la concepción de una organización fiscal y una estructura administrativa al interior del Resguardo indígena, hasta ahora ejercida por las Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas (Aati), como un híbrido entre las formas de gobierno propio, y las que se mencionan en el marco jurídico en materia fiscal para los Resguardos indígenas, que es tan difuso e incipiente.

El cambio cualitativo con la puesta en funcionamiento de estos Territorios es que estos se reconocen como las estructuras institucionales al interior de los Resguardos, quienes son los beneficiarios de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones, generando la infraestructura institucional que posibilite en el corto plazo que estos Resguardos se certifiquen para la administración directa de los recursos de la Aesgpri, a ultranza de que este reconocimiento jurídico permita optimizar la toma de decisiones sobre el uso de estos recursos destinados a la financiación de proyectos de inversión para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades indígenas. En el largo plazo, con miras a que los Territorios indígenas recojan competencias como la prestación del servicio de educación y salud a través del Sistema Educativo Indígena Propio –Seip– y el Sistema Indígena de Salud Propia –Sispi–.

Ahora bien, superado el “lapo” político del Gobierno antecesor desde quienes vieron con recelo esta iniciativa, sobre la que vale la pena resaltar, se realizó con proceso de consulta previa y con la participación de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), lo que le sigue a esta apuesta normativa es su implementación en un contexto histórico y en un período de Gobierno distintos. El mismo Decreto estableció los tiempos y la articulación del trabajo interinstitucional que deberán adelantar el Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Nacional de Estadísticas –Dane–, la Agencia Nacional de Tierras y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para el reconocimiento formal de los Consejos indígenas como institución de gobierno, la demarcación geográfica y la georreferenciación de la población que hará parte de los Territorios en cuesión, por lo que solo resta esperar por la eficiencia y la voluntad en el avance de estos trabajos que terminen por materializar su puesta en funcionamiento.

Todo lo anterior, con la convicción de que esta puesta normativa representa un avance para reestructurar la distribución del poder local en zonas geográficas de ocupación indígena, como un mecanismo para ganar gobernabilidad y soberanía, posible solo en áreas no municipalizadas, lo cual apacigua el vitoreo entorno a esta convicción. Esto teniendo en cuenta que, a la par que se trabajaba en la implementación de los Territorios, se sancionaba el Decreto 1454 de 2018 que dio visto bueno a la municipalización de las áreas de Barrancominas y San Felipe en el departamento de Guainía, donde se asientan siete (7) los Resguardos beneficiados por la nueva normativa.


La municipalización: la otra cara de la moneda



En una iniciativa adelantada y presentada por la Asamblea Departamental del Guainía. Con ella se optó por el control institucional del 60 por ciento del territorio del Departamento, a través de la municipalización y no de los Territorios indígenas, a pesar de que el 99 por ciento del territorio y el 92 por ciento de la población en estas áreas, respectivamente, es indígena; desconociendo el contexto socio-demográfico, y los derechos a la autonomía y la gobernabilidad que ya habían ganado espacio con el Decreto 632, y que permiten cuestionar las razones de una institucionalidad político-administrativa municipal en un territorio de asentamiento netamente indígena.

Precisamente, fueron estos los argumentos presentados en tutela de las comunidades indígenas Sikuani y Piapoco, quienes reclamaron al Departamento el respeto a sus derechos fundamentales en el marco de la autodeterminación, así como su preocupación por el traslape de los títulos colectivos constituidos en Resguardos indígenas en caso que se diera la municipalización, la cual, luego de la consulta previa adelantada por el Ministerio del Interior el pasado mes de marzo, tuvo éxito solo en el área de Barrancominas, mientras que para San Felipe la iniciativa no pudo ser materializada.

La deuda en materia de ordenamiento territorial indígena.

Este panorama jurídico en materia de indígenas, que devela la disputa entre las Entidades Territoriales y los Resguardos por el dominio institucional de las áreas donde aún no se había definido la manera de ordenar el territorio, también refleja que siguen siendo cortos e incipientes los avances en materia normativa para el ordenamiento y la integración de los Resguardos a la estructura político administrativa del país, ante el limbo jurídico en el que han permanecido.

Realidad aunada al problema de su  incapacidad jurídica para contratar, que se ha vuelto lastre para la ejecución de recursos públicos en proyectos de inversión que estén en línea con su cosmogonía, usos y costumbres que tengan impacto real; y adicional a la deuda histórica y social con sus comunidades, dada el constante incumplimiento de los compromisos del Estado con las mismas, no solo en garantía de sus derechos a la autonomía y la gobernabilidad  que abandera toda iniciativa política para los indígenas y que parece ser suficiente, sino en garantía de sus demás derechos fundamentales con enfoque diferencial.

Aun así, frente a estas disyuntivas en materia jurídica y social con las comunidades indígenas, y muy a pesar de los adelantos en esta materia por parte del gobierno nacional anterior con la conformación de los Territorios indígenas, no solo tratando de dar un tinte de formalidad a los Resguardos, al menos en materia fiscal,  sino también tratando de ordenar la región de la Amazonía que representa aproximadamente el 40 por ciento del territorio nacional; esta disputa por el control institucional del territorio de asentamiento indígena sigue reclamando una política de Estado, eso a lo que también ha llamado la Corte Constitucional, en alguna de sus intervenciones en las comunidades indígenas “EXHORTAR al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que regulen lo concerniente a la conformación de las Entidades Territoriales Indígenas de acuerdo con el mandato previsto en el artículo 329 de la Carta Política”,  una exhortación vigente 28 años después de aprobada la Carta del 91.

Pese a ello y paradójicamente, mientras que el asunto del ordenamiento territorial indígena pareciera no estar aún dentro de la agenda política,  la superposición de  más estructuras político administrativas sobre los municipios y los departamentos sí que ha estado en primer renglón, a propósito de la reciente Ley de Regiones como última novedad en materia de ordenamiento territorial. De manera que ahora tenemos municipios, departamentos, la puerta abierta para las regiones, pero nada de entidades territoriales indígenas, con todas las implicaciones fiscales,  programáticas y de desarrollo que conlleva el ordenamiento territorial sobre las comunidades que de ellas hacen parte.

 

Publicado enEdición Nº259
Puerto Rico: furgón de cola de la nación más poderosa del mundo

Un 45 por ciento de la población de Puerto Rico es pobre, mientras que en EE.UU el promedio nacional llega al 12. La deuda pública de la isla está en manos de capitalistas norteamericanos y los residentes del estado 51º de la Unión pagan impuestos federales sin recibir los beneficios del federalismo.

 

La escena y su desenlace político pueden parecer de ficción en EE.UU. Pero no, porque se trata de Puerto Rico, un estado libre asociado cuyo status encubre una forma de colonialismo desde 1952. La escena consistió en 250 mil personas que exigieron en las calles de San Juan, su capital, la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares. El desenlace será su salida del poder, prevista para el 2 de agosto. La isla que se autogobierna con una soberanía limitada – dependería del Congreso de Estados Unidos para declararse independiente – es el furgón de cola de un país cuyo presidente le da la espalda. Lo confirman las consecuencias del huracán María que arrasó con personas y bienes en septiembre de 2017. El peor en casi un siglo. Donald Trump no solo negó la cantidad real de víctimas. También acusó a las cuestionadas autoridades locales de su pronunciada crisis económica, agravada por el fenómeno climático.

La historia desmiente al magnate. Un 45 por ciento de la población de Puerto Rico es pobre, mientras que en EE.UU el promedio nacional llega al 12. La deuda pública de la isla – de unos 72 mil millones de dólares – está en manos de capitalistas norteamericanos y los residentes del estado 51º de la Unión pagan impuestos federales sin recibir los beneficios del federalismo. Además, los portorriqueños le han puesto el cuerpo a todas las guerras que Estados Unidos ha desparramado por el mundo. Sirvieron en sus ejércitos cientos de miles, desde la Segunda Guerra Mundial hasta las excursiones bélicas por Irak y Afganistán. Sus muertos se cuentan por decenas.

Las principales empresas de servicios en Puerto Rico son de EE.UU: Mc Donalds, Kentucky, Home Depot, farmacias CVS, entre otras. La gestión de Rosselló Nevares – según el Centro de Periodismo Investigativo local – estimuló las ganancias de “multinacionales como Monsanto y promovió la ley de Zonas de Oportunidad que reduce el pago de contribuciones a inversionistas”. Los chats misóginos y homofóbicos del gobernador renunciante que le costaron el cargo, más la corrupción que se le atribuye a su administración, explican su salida. Pero no la responsabilidad de Estados Unidos en la deriva de Puerto Rico. Rosselló Nevares podría tener que responder en la Justicia por los presuntos delitos de “depravación, malversación de fondos públicos, negligencia en el cumplimiento del deber y aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos” según el mismo sitio periodístico.

En abril pasado, Francisco Martínez, un veterano economista de la Universidad de Puerto Rico aportó cifras clave sobre el deterioro social de la isla durante un simposio. Dijo que el 55 % de las mujeres jóvenes de entre 18 y 24 años están por debajo del nivel de pobreza y también el 50 % de los hombres. Un dato adicional corrobora el panorama: Misisipi, el estado más pobre de EE.UU tiene un ingreso anual promedio por hogar de 42.009 dólares mientras que la isla apenas llega a 19.775, según el mismo Martínez. Trump no pagó demasiados costos políticos por esto. Incluso se atrevió a decir que su gobierno “ha hecho un gran trabajo” en la isla para sacarla de su crisis económica.

El presidente fue todavía más lejos cuando negó las cifras con la cantidad de muertos que dejó el huracán María. En ese sentido se pareció bastante a Rosselló Nevares. El 28 de agosto de 2018, el gobernador de Puerto Rico tuvo que rendirse ante las evidencias que presentó un estudio de la Universidad George Washington. Las víctimas fatales ya no eran 64 como él había informado y sí 2.975.

María de Lourdes Santiago es la actual vicepresidenta del Partido Independentista Puertorriqueño. En su cuenta de Twitter escribió el viernes: “Salir de Ricky (por el gobernador Rosselló Nevares) para tener a Wanda (Vázquez Garced, su sucesora) es como curarse de dengue para contraer chicungunya”. Para esta dirigente opositora “la opción de estadidad y la anexión, no son atractivos para los EE.UU”. Aunque parece que mucho menos es la alternativa independentista. Las grandes corporaciones estadounidenses serían las primeras en oponerse – como lo han hecho hasta ahora – porque gozan de exenciones impositivas por haberse instalado en la isla y pagan salarios más baratos que en otros estados.

El costado militar tampoco es una cuestión menor en esta relación asimétrica de la nación más poderosa del planeta y su estado libre asociado más pobre. Según un informe de la cadena Telesur que cita la opinión del periodista local Luis De Jesús Reyes, Puerto Rico siempre fue “un enclave geoestratégico en las pretensiones de EE.UU de mantener su control militar en el Caribe y América Latina”. Estados Unidos llegó a tener seis bases militares, incluyendo la naval más grande del mundo fuera de su territorio: Roosevelt Roads, que cerró definitivamente en 2004 después de que se abriera en 1943. Pero la más cuestionada por sus consecuencias sobre el medio ambiente con la utilización de material radioactivo que elevó los índices de cáncer fue la de Vieques. Estaba en una isla que pertenece al archipiélago de Puerto Rico. EE.UU tuvo que retirarse en 2003 después de que los vecinos de la base empezaron una campaña de agitación tras el asesinato del joven viequense David Sanes Rodríguez. Era un soldado que hacia guardia cuando el 19 de abril de 1999 dos bombas cayeron a su alrededor.

La ubicación estratégica de la isla ha sido más que una ventaja, un problema para su progreso e integración a EE.UU. Si a ello se le suma la política en piloto automático de Washington, un gobierno como el de Rosselló Nevares – el primer gobernador que renuncia por la presión popular -, calamidades como el huracán María y los informes lapidarios de Amnistía Internacional sobre la situación social, Puerto Rico es un bote a la deriva en el mar de las Antillas. Según El Nuevo Día – el diario local de mayor circulación - a dos años del desastre climático, el Partido Nuevo Progresista todavía en el gobierno le pidió a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (Fema, por sus siglas en inglés) que despache a la isla miles de toldos azules de fibra reforzada. Serían para reemplazar a los casi 30 mil que hay en malas condiciones. Todavía siguen colocados en las casas donde había techos que voló el huracán.

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¿Planea Trump usar la bomba nuclear contra Afganistán e Irán?

 

«Podría ganar esa guerra en una semana. Pero no quiero matar a 10 millones de personas. Afganistán podría ser borrado de la faz de la Tierra», dijo el presidente de EEUU en su encuentro con el primer ministro de Pakistán Imran Khan el 22 de julio. ¿Con qué arma se puede matar a 10 millones de seres humanos y aniquilar un país de 37 millones de habitantes en unos días? En esta misma reunión, Trump  renovó sus amenazas a Irán: «Estamos listos para lo peor«, aunque ya el 21 de junio le comunicó al mundo que podría lanzar un ataque militar devastador sobre Irán, y no porque Teherán hubiese enviado un buque militar a las aguas de EEUU o que hubiese fabricado bombas nucleares de forma ilegal, como lo han hecho sus amigos Pakistán, India e Israel, sino simplemente como medida para que «llegue a la mesa de negociaciones y abandone su intento de desarrollar armas nucleares». Un día después de que Irán derribase un avión no tripulado de EEUU en su cielo, Trump insinuaba algo tan inquietante que el mundo prefirió ignorar: “No estoy buscando la guerra (¿en serio?) y, si la hay, será una destrucción como nunca se ha visto” y que «si Irán quiere pelear, ese será el fin oficial de Irán”. Días después, el hombre que está a cargo de unas 5000 ojivas nucleares dio más pistas a los periodistas sobre sus planes: cualquier guerra con Irán «no duraría mucho, te lo aseguro. No duraría mucho. No estoy hablando de botas en el suelo”.

El escenario está listo: el portaviones de propulsión nuclear Lincoln ya está en el Golfo Pérsico; el año pasado, el Comando de EEUU para Europa (USEUCOM) participó en Israel en el simulacro militar llamado «Juniper Cobra», que prepara el despliegue de las fuerzas de la OTAN y EEUU desde Europa para apoyar a Israel en su guerra contra Irán. En 2017, EEUU y un grupo de países europeos participaron en los ejercicios militares Blue Flag también en suelo israelí, exhibiendo las bombas nucleares B61-12 de los occidentales, pues las del propio Israel (al menos unas 200) “todas [están] apuntando a Teherán” reveló Colin Powell, el Secretario de Defensa de Bush. El arsenal israelí incluye las Municiones Especiales de Demolición Atómicas (Special Atomic Demolition Munitions– SADM),  mal llamadas “mini-bombas nucleares”, que pueden contener hasta 1 kilotón de TNT, causando un “mega” daño al espacio atacado; tres de los seis submarinos Dolphin – regalados  por Alemania a Israel y que costaron a los contribuyentes unos 1300 millones de euros-, tienen capacidad de lanzar misiles nucleares. Éste país bombardeó en 1981 el reactor nuclear de Iraq y en 2007 el de Siria, ambos con la previa autorización de EEUU.

 

¿Para qué Trump usaría armas nucleares?

 

El 13 de abril de 2017, Donald Trump hizo estallar en Afganistán GBU-43, la bomba no nuclear más poderosa del mundo, y ocultó el número de la víctimas. Su objetivo no era otro que exhibir la línea de su política exterior y regalar 14.6 millones de dólares de la caja publica a las compañías de armas, bajo el pretexto de destruir unos túneles “yihadistas” armados con palo y daga.

Las acciones de Trump contra Irán muestran que busca fórmulas que justifiquen, ante la opinión pública, una respuesta militar “merecida”,  aunque de momento no se atreve a pronunciar las palabras “ataque nuclear”. No pretende un “cambio de régimen” en Teherán sino continuar con el Proyecto de reconfigurar Oriente Próximo, destruyendo Irán como la gran potencia de la región y asegurar el dominio de EEUU en la zona empapada del Oro Negro y de influencia chino-rusa. La primera barrera para que un presidente de EEUU lance un ataque nuclear sobre una nación, aunque se presente como “limitado”, es que carezca de un mínimo nivel de ética, y como el propio Trump confiesa, él es el candidato: las víctimas civiles de una bomba nuclear, dijo, son una desafortunada «realidad de guerra«, y que él a diferencia de otros presidentes posee la «fortaleza moral para hacer lo que debe hacerse» para proteger a EEUU y sus aliados. Los NeoCon tienen prisa para acabar con Irán a través de él, puesto que no hay garantía de que volviese a ser elegido en 2020. Sheldon Adelson, el magnate sionista que donó 45 millones de dólares a la campaña electoral de Trump pidió a EEUU en 2013 que efectuase un “ataque nuclear preventivo” en áreas no pobladas de Irán como táctica de negociación. “Entonces dices: ¡Mira! El siguiente está en el medio de Teherán [¡con 12 millones de habitantes]. Luego vendrán a negociar”. Algunos medios estadounidenses, que le presenten a Trump como “Madman”, un presidente chiflado, simplemente pretenden convertirle en la cabeza de turco de una posible catástrofe de esta magnitud, si llega a suceder, para un plan diseñado desde hace años.

Entre los objetivos:

Recuperar el temible poder de EEUU perdido frente a China. En 1945 lo hizo matando al instante a 200.000 japoneses enviando un mensaje a la Unión Soviética, la ganadora de la Segunda Guerra Mundial. La salida de Trump del INF, el Tratado sobre Armas Nucleares de Medio Alcance, firmado con la Unión Soviética en 1987 o destinar 1.2 billones de dólares para renovar el arsenal nuclear en los próximos 30 años, forman parte de esta política.

Buscar una victoria rápida y contundente sobre Irán, evitando una larga guerra que pueda poner en peligro a Israel y Arabia Saudí.

La dificultad del traslado de cientos de miles de soldados y un gran equipamiento al Golfo Pérsico y Oriente Próximo para derrotar a Irán en una guerra “cuerpo a cuerpo”.

Desconocer la capacidad militar de Irán para una guerra convencional y las dudas que tiene EEUU al respecto, son factores que aumentan la probabilidad del uso de la bomba nuclear por parte de EEUU e Israel.

El 2 de febrero de 2018, en el documento de la Revisión de la Postura Nuclear (NPR) de EEUU para abordar las supuestas “amenazas sin precedentes” de otras naciones, se nombra concretamente a Irán, y eso antes de que Trump saliera del acuerdo nuclear: «Irán conserva la capacidad tecnológica y gran parte de la capacidad necesaria para desarrollar un arma nuclear en un año después de decidir hacerlo«, por lo que ha decidido “persuadirle” con una serie de pasos que empezaron con su salida del acuerdo y declararle país patrocinador del terrorismo continúan con la militarización de todas sus fronteras.

 Donald Trump llegó a plantear un “ataque quirúrgico usando misiles Trident» (que llevan cabeza nuclear) contra Daesh – unos cuantos miles de hombres armados con espada, alojados en las ciudades poblados de Irak y Siria.

El temor a una “locura” de Trump le llevó al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el 14 de noviembre de 2017, estudiar una ley que impidiera al presidente lanzar un ataque nuclear. Cuenta la prensa que el secretario de Estado Rex Tillerson fue destituido justamente por llamarle a Trump “maldito imbécil”, después de que el presidente le sugiriera al Pentágono aumentar hasta diez veces el arsenal nuclear. Si tenemos armas nucleares, ¿por qué no podíamos usarlas? Había preguntado a sus asesores.

Una de las misiones de Trump es, posiblemente, romper el tabú del uso de las armas nucleares, siete décadas después: “no os preocupéis, son tácticas y limitadas”, insinúa el hombre convertido en presidente gracias a una macabra burla de la historia.

27 JULIO 2019

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Sábado, 27 Julio 2019 05:18

¿Contener a Irán? No, a Trump

¿Contener a Irán? No, a Trump

Ya es hora de que nos pongamos las pilas con respecto a lo que ocurre en esta farsa de la "crisis" en el golfo Pérsico, esta charada de mentiras y pomposidad que Trump y sus cachorros en Londres nos presentan.

 

Un presidente estadunidense que es un racista, misógino, deshonesto y sicológicamente perturbado –apoyado por dos consejeros agresivos y tan indignos y falsarios como él– amenaza con ir a la guerra con Irán, en tanto otro bufón, dado a las mentiras en serie y a agitar arenques ahumados durante los debates, y hoy primer ministro británico, prefiere concentrarse en la autodestrucción de su país en vez de en el secuestro de sus barcos.

 

Los iraníes, siempre los taimados "terroristas" chiítas del Golfo, se han atrevido a pintarle un violín al presidente orate que rompió el tratado nuclear de su país con Irán, y ahora juegan con lanchas de motor en el estrecho de Ormuz para recordar tanto a Trump como a Johnson –y al pobrecito Jeremy Hunt– que Medio Oriente es la tumba de imperios de verdad, muertos hace mucho tiempo. ¡Cuánta maldad! ¿Qué audaces crímenes terroristas se propondrán cometer los persas ahora?

 

¿Tomamos en serio esta basura? Tal vez deberíamos culparnos a nosotros mismos. Nuestros comentaristas y corresponsales, nuestros poderosos imperios mediáticos, se tragan gustosos a los sórdidos personajes de Washington y Londres y luego –cuando olisquean guerra– se les congela el rostro en un gesto de rectitud patriótica al hablar de la "política de Trump en Medio Oriente", su "política en el Pérsico", su cercana amistad con su "aliado" saudita, que tiene el cabello enmarañado con sangre coagulada, o su aliado israelí, propenso a despojar territorios. Qué estupideces.

 

No existe una política de Trump respecto de nada. Tampoco existe una política de Boris Johnson, ni de Jeremy Hunt, de no ser, quizá, un quejumbroso balido estilo Gilbert y Sullivan sobre la conducta "total y absolutamente inaceptable" de Irán al golpear el Stena Impero.

 

No estorbar

 

"Impero" era la palabra correcta. En realidad, no había nada más triste y lastimero que la voz del comandante del barco británico Montrose –o Foxtrot 236, como los iraníes lo llamaron, según el número que llevaba la fragata en la proa– al leer su reglamento victoriano a los guardias revolucionarios el pasado viernes. "No deben estorbar, impedir, obstruir o detener el paso del Stena Impero", citó. Oh, pero los iraníes sí que podían estorbar, impedir, obstruir y detener el paso del buque cisterna de bandera británica, y de hecho lo hicieron. Porque sabían que el único navío británico de guerra que navegaba en todos los 251 mil metros cuadrados de mar que son el golfo Arábigo –o Pérsico, como ustedes gusten– era una fragata de 133 metros de eslora, demasiado lejana para evitar tal "impedimento" y "obstrucción". Lejos están los días en que el quinceañero Horatio Nelson surcó imperiosamente el Golfo hasta Basora en la fragata de 20 cañones Seahorse, en el siglo XVIII, capitaneada por su tío Maurice Suckling. Si el Duncan, bautizado en honor del triunfador de la batalla de Camperdown, en el siglo XVIII, acude en auxilio del Montrose, bautizado en honor del duque del mismo siglo, pueden pasar unas semanas juntos, y luego el Montrose volverá a casa.

 

En tiempos de Nelson, la armada real poseía más de 600 naves. Hoy tenemos menos de 20 para evitar que las hordas iraníes, o las chinas o cualesquiera otras hordas, obstruyan e interrumpan lo que nos gusta llamar "nuestros vitales suministros petroleros". Fue de algún modo apropiado que el buque cisterna capturado estuviera vacío en su travesía hacia el reino dictatorial de Arabia Saudita, el amado aliado de Trump, cuando fue secuestrado. No es extraño que Jeremy Hunt quiera enfriar las aguas del Golfo en vez de ordenar a su minúsculo barquito que sirva de escolta junto con la poderosa flota estadunidense.

 

Captura montypythonesca

 

Sin embargo, sí fue apropiado que, en la cúspide de una nueva era de autoengaño y misticismo imperial, los británicos se hayan embarcado en la captura montypythonesca del buque cisterna iraní en Gibraltar. Se nos dio a entender –y aquí el lienzo de la pompa fue ricamente bordado– que el Grace 1, que los marinos reales abordaron con la misma elegancia con que sus contrapartes enmascarados iraníes bajaron a rappel sobre el Stena Impero, fue detenido porque llevaba petróleo a Siria. La Unión Europea, supuestamente ansiosa por aplicar esas sanciones, no dijo nada. Y entonces Jeremy quiso platicar con los iraníes, recibir seguridades de que su cisterna no se dirigía hacia Banias, sino –¿quién sabe?– a las islas griegas, tal vez, o a la Costa del Sol.

 

Entonces, nada más para competir con la Reunión de Té del Sombrerero Loco, el asunto fue puesto en manos del ministro presidente de la Suprema Corte de Gibraltar, cuya jurisdicción política –eso se supone que creamos– abarca grandes asuntos de Estado desde Washington hasta Londres y Teherán, aun cuando la población de la roca es de menos de 35 mil almas. Oh, pero sí, nos dicen, la Corte de Gibraltar ha ordenado la detención del Grace 1 por otros 30 días. Bien, bien, debemos cumplir los deseos de ese poderoso cuerpo judicial. Cierto, esto está apenas a un paso de Trial By Jury, la ópera cómica que nuestro flamante premier de seguro adorará.

 

Si los estadunidenses no hubieran apremiado, solicitado o instruido a los británicos capturar el Grace 1 –como cada vez más parece haber sido el caso–, estén seguros de que no habría ocurrido. Y estén seguros de que, si Jeremy hubiera declinado involucrarse en esta tontería, la Corte de Gibraltar, su ministro presidente y los otros tres ministros habrían olvidado su palabrería legal, le habrían concedido su gracia y deseado buena travesía. Pero no: cuando nos involucramos en esta acción incendiaria, era inevitable que los iraníes hicieran lo mismo. Como he reflexionado a menudo, esos persas nos entienden mucho mejor que nosotros a ellos.

 

El arenque de Boris

 

Entonces, acompáñenme un momento a Teherán. ¿De veras creemos que los iraníes –por arrogantes, vanidosos, crueles y vengativos que puedan ser– no están conscientes de la inminente autoinmolación británica en el Brexit? ¿Imaginamos por un momento que no han captado las complejidades de la batalla Johnson-Hunt, su desenlace decidido por una camarilla de Tories cuyas resoluciones hacen ver las elecciones parlamentarias y presidenciales iraníes como un modelo internacional de democracia? Estén seguros de que los iraníes tomaron nota del arenque de Boris. Pero ellos tienen peces más grandes que freír en el Golfo.

 

Y ¿en serio creemos que los iraníes han olvidado la última "guerra de los buques cisternas" del Golfo en 1987? Yo la recuerdo muy bien. Informé sobre todo ese penoso asunto, volando literalmente sobre el Golfo humeante en helicópteros, día tras día. El clímax llegó cuando los estadunidenses decidieron abanderar buques cisternas kuwaitíes con las barras y las estrellas y les pusieron una escolta de la Armada estadunidense que los protegiera de los ataques aéreos iraníes. Hoy, eso parece familiar. En aquel tiempo, claro, éramos aliados de ese excelente y demócrata guerrero árabe Saddam Hussein, quien había invadido Irán en 1980 (con un costo final de más de un millón de vidas). Bueno, pues la primera misión de escolta resultó un desastre –aunque Trump, Hunt, Boris Johnson y Humpty Dumpty han olvidado todo aquello– cuando el buque cisterna kuwaití Al Rakkah, nominalmente bendecido como el estadunidense Bridgeton y acompañado por un puñado de navíos de guerra, golpeó una mina iraní el 24 de julio de 1987. Pudo continuar su travesía, pero las naves estadunidenses –cuyos costados eran tan frágiles que una mina pudo haberlos hundido– hicieron el resto del viaje en fila india detrás del Bridgeton como una parvada de polluelos, usando el enorme bulto del buque cisterna para protegerse. Los iraníes, como digo, no habrán olvidado esa humillación estadunidense. Después de todo, son especialistas en humillación cuando creen haber sido humillados.

 

Pero ¿creemos que la ridícula "Fuerza de Protección del Golfo" de Trump tendrá mejor destino? Hay pocos voluntarios, pero, puesto que Boris Johnson estuvo dispuesto a hundir a un embajador británico, supongo que podría arriesgar una fragata o dos. Los iraníes, de nuevo, ya habrán previsto esto. Su tratado nuclear, honorablemente firmado con el presidente estadunidense de ese tiempo, ha sido roto en pedazos, destripado y vergonzosamente destruido por Trump. Así pues, tras haber sido traicionados por los estadunidenses, y sometidos a más sanciones por el mismo culpable, ¿por qué no deberían ponerse ellos también a jugar a los superpoderes, poniendo los inocentes navíos de su majestad británica como blancos en su consola de juegos?

 

Aún no hemos captado la verdadera importancia –pero, otra vez, estén seguros de que los iraníes sí– de la irritación de Trump con el informe de Kim Darroch sobre la destrucción estadunidense del tratado nuclear. La rabieta de Trump llevaba la clara intención de que destituyeran al embajador británico. Estaba diciendo "mándenlo a casa", así como quería "mandar a casa" a una congresista de su país que lo increpó. Y nuestro flamante premier le concedió el deseo.

 

Sin embargo, entre todas estas artimañas, todavía se supone que debemos tragarnos las pamplinas que nuestros mensajeros imperiales escriben para nosotros, suponiendo una vez más que existe una política de Trump hacia el Golfo, que la cordura para Medio Oriente puede venir de los residentes de una institución mental. Por eso David Ignatius, viejo colega mío y amigo de los días de la guerra civil en Líbano, escribe ahora la siguiente burrada en su columna en Estados Unidos: “A medida que la confrontación de Estados Unidos con Irán se profundiza en el Pérsico… la tarea sombría, pero inevitable, es contener a Irán y prepararse para la guerra, si la contención falla”.

 

Para lograr esto, según Ignatius, Mohammed bin Salman debe asumir la responsabilidad por el asesinato de Jamal Kashoggi y concluir la guerra en Yemen –como si el príncipe heredero fuera a contemplar lo segundo, ya no digamos lo primero– porque “la relación estadunidense-saudita es importante para la seguridad de ambas naciones, en especial conforme la confrontación con Teherán se aproxima a la guerra… relanzar la relación entre ambos países sobre una base más honesta es urgente ahora, cuando crece el peligro de un conflicto regional”.

 

Así pues, olviden que Trump es un lunático y que el príncipe heredero parece ser un joven profundamente perturbado que gobierna un Estado sicótico. La Casa Blanca es un manicomio, pero, según Ignatius, debemos prepararnos para la "tarea sombría, pero inevitable", de "contener a Irán" –en vez de contener a Trump– porque "crece el peligro de un conflicto regional".

 

Ser racional

 

Tal vez sea buena idea, en este momento, recordar lo que es patrullar el Golfo frente a la costa iraní. Hace poco más de 30 años, yo iba a bordo de uno de los viejos barcos hermanos del Montrose, la fragata Broadsword, que escoltaba buques cisternas británicos por el estrecho de Ormuz bajo la mirada de la Guardia Revolucionaria. Para dar a los lectores un toque de realidad –realidad real, por así decirlo–, esto es lo que escribí en ese tiempo:

 

“Lo que afligía a la mayoría de los marineros en el Golfo era el calor. Quemaba las cubiertas de las naves hasta que estaban, literalmente, demasiado calientes para caminar sobre ellas. Los marineros británicos se paraban de puntas, por las temperaturas calcinantes que salían del acero. El revestimiento de las cargas de profundidad, los dispositivos Bofors para apuntar las armas, estaban demasiado calientes para tocarlos. En la cubierta de vuelo de los helicópteros el calor subía a 57 grados, y sólo una mano descuidada hubiera tocado un tubo sin ponerse los guantes. El calor creaba pesadez en la cabeza, un sopor insuperable, una tremenda irritación con los otros seres humanos en cubierta. Dentro del barco… el calor se movía más rápido que los marineros. El comedor de oficiales estaba fresco, a 26 grados. Tomé un vaso de agua; yo estaba bañado en sudor. Al abrir la primera puerta hermética, me emboscó el calor. Después de la segunda puerta, caminé hacia una fundición tropical, mientras el conocido mar gris lamía el casco. ¿Cómo es posible trabajar en estas condiciones y seguir siendo racional?”

 

Sin embargo, supongo que se trata precisamente de ser racional, pero nuestros amos ya no poseen esa facultad. Por cierto, el Broadsword fue vendido a los brasileños hace casi un cuarto de siglo, en 1995. El Bridgeton fue desmantelado en India siete años después. Y allí es donde nuestros descocados líderes deberían estar hoy: en el deshuesadero.

 

The Independent

 

Traducción: Jorge Anaya

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Palestina suspende todos los acuerdos con Israel

La decisión se produce tras la demolición de diez edificios palestinos en las afueras de Jerusalén Este.

 

El líder palestino Mahmud Abás ha anunciado este jueves la suspensión por tiempo indefinido de todos los acuerdos existentes con Israel luego de que civiles palestinos fueran desplazados a la fuerza tras la demolición de diez edificios en el vecindario palestino de Sur Baher en las afueras de Jerusalén Este.

"No sucumbiremos a los dictados y la imposición de un hecho consumado sobre el terreno por la fuerza bruta, específicamente en Jerusalén", declaró Abás en una reunión de emergencia en Ramala, citado por la agencia de noticias palestina WAFA.

El presidente palestino ha agregado que su pueblo sigue abierto a abrazar "una paz justa, global y duradera", pero ello no significa que aceptará el 'statu quo' o se rendirá ante la ocupación de sus territorios. "No nos rendiremos ni vamos a coexistir con la ocupación, ni tampoco aceptaremos el 'acuerdo del siglo'. Palestina y Jerusalén no están a la venta ni en oferta", subrayó.

  • El 'acuerdo del siglo' propuesto por la Casa Blanca para poner fin al conflicto palestino-israelí consiste en reunir 50.000 millones de dólares y crear aproximadamente un millón de puestos de trabajo para los palestinos, mejorando la situación en Cisjordania y la Franja de Gaza.
  • La Autoridad Palestina rechazó dicha propuesta de manera preventiva, considerándola un esfuerzo de EE.UU. para obligar a su pueblo a "renunciar" a sus derechos.

Abás aseveró que "no habrá paz ni seguridad ni estabilidad" en la región y en el mundo hasta que se respeten plenamente los derechos de los palestinos. Al agradecer a todos los países que apoyan la causa palestina, Abás recordó que no estaría de más adoptar medidas concretas e implementar las resoluciones de las Naciones Unidas sobre el terreno.

En la reciente cumbre de La Meca celebrada a principios de junio, la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) rechazó "cualquier acción que infrinja el estatus histórico y legal de Jerusalén Este" y todas las medidas ilegales de Israel que buscan cambiar los hechos en territorios palestinos ocupados, aunque tampoco expresó la voluntad de devolverles a los palestinos todo el territorio que les pertenecía antes de la creación del Estado de Israel.

Publicado: 25 jul 2019 21:05 GMT | Última actualización: 25 jul 2019 23:28 GMT

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El dragón se apodera del mar del Sur de China

Más acá de la guerra tecnológica, cuyo desenlace sigue siendo incierto y, al parecer, lejano, lo que resulta seguro es que China está consolidando sus posiciones para convertir el estratégico mar del Sur de China en un coto cerrado, algo similar a lo que viene siendo el Caribe para Estados Unidos en el último siglo.

El dragón sigue creciendo en todos los aspectos, como lo enseña la última lista de la revista Forbes sobre las 500 mayores empresas del mundo: "Excluyendo Taiwán, 119 empresas de China continental y Hong Kong llegaron a la lista, casi a la par con los Estados Unidos. Este es un cambio histórico", dijo la revista en un comunicado.

Desde 2001, ha habido un cambio significativo en la distribución geográfica de las empresas en el ranking. EEUU tenía 215 en 2001, que cayeron a 121 este año. En tanto, China tenía sólo 10 en 2001 y pasó a las 129 en la actualidad, si se computan las diez de Taiwán en la lista Fortune Global 500 de este año. Tres grandes empresas estatales chinas (Sinopec Group, China National Petroleum y State Grid) se colocan entre las cinco principales compañías este año.

Pero el centro del poder de Pekín se está expresando cada vez más en el mar del Sur de China. Surgen estos días dos datos centrales: además de las siete islas artificiales fortificadas construidas por China en ese mar, consiguió ahora la cesión de una base naval de Camboya que puede trastocar los equilibrios regionales y, en paralelo, se conocieron ejercicios con misiles antibuque en las proximidades de las disputadas islas Spratly y Paracel (Nansha y Xisha).

La primera información proviene del Wall Street Journal que sostiene que China y Camboya firmaron un acuerdo secreto que le permite a la Marina del dragón el acceso exclusivo a la base naval Ream en el golfo de Tailandia durante 30 años. Aunque el Gobierno de Phnom Penh negó la versión, en gran medida porque se trataría de un acuerdo inconstitucional, en los hechos Camboya es el principal aliado de China en la región.

En 2017 el Gobierno de Camboya canceló los ejercicios militares bilaterales Angkor Sentinel con EEUU y ahora los realiza exclusivamente con China. La reacción de Washington no se hizo esperar. Emily Zeeberg, portavoz de la embajada en Phnom Penh, instó al Gobierno camboyano a que respete "su compromiso constitucional de seguir una política exterior independiente".

Un dato adicional de la mayor importancia es que la base naval está situada a escasa distancia de un aeropuerto que está siendo construido por una empresa china. Se trata del aeropuerto Dara Sakor, en la costera provincia de Koh Kong, cuya pista supera los 3.200 metros, lo que permite el aterrizaje de grandes naves. Está en construcción además un resort turístico que ocupa 45.000 hectáreas donde se invertirán 3.800 millones de dólares por la china Union Development Group.

Por otro lado, entre el 29 de junio y el 3 de julio, la Armada china realizó pruebas reales con misiles de medio alcance entre las islas Spratly y Paracel, en un bloque de 22.000 kilómetros cuadrados. Entre los misiles probados se encuentra el DF-21D, con un alcance de 1.500 kilómetros, denominado "asesino de portaviones" por su capacidad de caer en vertical sobre el blanco, lo que hace muy difícil la defensa.

Además fue probado el misil DF-26 con un alcance de 5.000 kilómetros, con capacidad para una ojiva nuclear. Este misil puede alcanzar la isla de Guam, donde EEUU tiene una de las más importantes bases militares en el Pacífico.

Según el análisis de Asia Times, "las pruebas fueron una advertencia a Estados Unidos en el sentido de que sus buques de guerra y los portaviones son vulnerables al cruzar el mar del Sur de China, o en caso de acudir en ayuda de sus aliados en las aguas en disputa con Pekín". En esa situación están países como Japón, Taiwán, Vietnam, Filipinas, Malasia, Brunéi e Indonesia.

Para China, la región del mar del Sur o Meridional es doblemente problemática. Por un lado, la hegemonía en esas aguas tiene un carácter estratégico militar, ya que es el espacio desde el cual puede sufrir una agresión, como ya sucedió en el pasado, con las flotas imperiales inglesa y francesa. Además, un tercio del transporte marítimo mundial atraviesa el mar del Sur de China, que representa el grueso de las exportaciones e importaciones del dragón.

La "libertad de navegación" que reclama Washington va en contra de la soberanía que reclama China, que está convirtiendo esas aguas en espacio de uso exclusivo de su Armada.

En opinión del periodista Jonathan Manthorpe de Asia Times, la retirada del Gobierno de Trump del tratado IRNF (Intermediate-Range Nuclear Forces) crea una situación extremadamente peligrosa. El tratado había sido firmado en 1987 por los presidentes de EEUU y la URSS, prohibiendo los misiles de hasta 5.500 kilómetros: "Se negoció y acordó debido a que tanto la Unión Soviética como la OTAN comprendieron que el despliegue de lo que se llamó 'armas nucleares tácticas' podría desencadenar una escalada de conflictos que llevaría a una guerra nuclear”.

La situación sería similar, en su opinión, a la que se vivió en Europa hace 40 años. Por eso concluye, con ironía, que "sería maravilloso creer que Xi y Trump tienen la misma sagacidad para hacer frente a los peligros de esta situación de la que tuvieron Reagan y Gorbachov".

Más allá de la ironía del periodista, hay dos elementos que son ciertos. El primero es que la situación puede llegar a ser dramática si las dos potencias que se disputan los mares del Pacífico no encuentran las vías del diálogo para resolver los problemas que, por ahora, denominan como "guerra comercial", cuando en realidad es una amplia disputa que abarca desde las tecnologías de punta hasta la hegemonía marítima y militar.

La segunda, es que China no deja de avanzar, paso a paso, en todos los terrenos, como lo demuestra la conversión del mar del Sur de China en algo similar a lo que los romanos llamaban "mare nostrum", en referencia al Mediterráneo.

 

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Martes, 23 Julio 2019 06:09

Lideresas contra el despojo

Lideresas contra el despojo

– No sé leer ni escribir, pero me vengo al río y saco el oro para mi jornal, el pescado para alimentar a mis hijos y nietos, cultivo maíz y café… Y así junté para construirme mi casita y sacar adelante a mi familia yo sola. Porque a mi marido lo mataron los ‘paracos’.

A su marido, y a la mayoría de los tíos y primos de Eva Luceli Higuita Oliveros.  “He sufrido cuatro desplazamientos forzosos por los grupos armados, pero el peor va a ser este quinto que me va a hacer la hidroeléctrica Hidroituango, porque el río es mi papá, mi empresa. ¿De qué vamos a vivir cuando no podamos seguir viniendo?”, nos dice junto al puente La Garrucha, desde el que los paramilitares solían arrojar a sus víctimas al torrente, en la región colombiana de  Antioquia.

Eva Luceli, 52 años, aprendió desde pequeña a multiplicar los panes y los peces cribando la arena del majestuoso río Cauca hasta descubrir entre sus granos las deslumbrantes pepitas de oro. Sus manos obran el milagro de transformar semillas en alimento, y la fuerza física y mental de su pequeño cuerpo lleva décadas consiguiendo cubrir las necesidades de sus hijos y nietos. Pero todos estos conocimientos y resultados que no tienen ningún valor para las cuentas de resultados que compiten en la bolsa -y que no consiguieron exterminar las balas de la guerra colombiana-, van a ser arrasados por Hidroituango, una de las más de cien represas que se están construyendo en Colombia, un país donde ya se produce más energía de la que se consume, pero sin las que no se podrían abastecer las más de 9.000 concesiones de explotaciones mineras concedidas hasta 2015, así como cumplir con el plan estratégico de un país que pretende convertirse en un polo de generación eléctrica para el continente latinoamericano, así tenga para ello que expoliar y agotar los bienes comunes que han garantizado la subsistencia de miles de personas. «He sufrido cuatro desplazamientos forzosos por los grupos armados, pero el peor va a ser este quinto que me va a hacer la hidroeléctrica Hidroituango, porque el río es mi papá», Eva Luceli #Defensoras

De hecho, Eva Luceli, como la mayoría de la población de esta región que vive de la agricultura, la pesca y el barequeo -minería artesanal de oro-, ya tienen vetado el acceso a los 128 kilómetros cuadrados del cañón del río Cauca que han sido privatizados por Empresas Públicas de Medellín (EPM) para la construcción de la tercera represa más grande de América Latina. 

– Yo sí creo que nos van a matar. Cuando fuimos a protestar contra la represa a Toledo la gente gritaba “Ya llegan los guerrilleros”. Y cuando voy al río a sacar oro –peces ya no, porque desde que construyeron el muro de contención apenas hay– tenemos que tener cuidado porque te encuentras a desconocidos armados. Tengo miedo, pero ¿qué voy a hacer? No tengo otra opción. Esa gente que ha traído EPM nos mira mal.  

El 2 de mayo fue asesinado Hugo Albeiro George Pérez, campesino implicado en la lucha contra Hidroituango y el tercer integrante finado de Ríos Vivos, un movimiento social colombiano en el que se integran buena parte de las distintas luchas contra las hidroeléctricas.  

Como en las dos anteriores ejecuciones, las circunstancias siguen sin aclararse y están envueltas en la impunidad, como también sucede con los asesinatos de al menos 600 asesinadas, las desapariciones a manos del paramilitarismo —y su alianza con el Ejército colombiano— de cientos de personas entre la década de los 90 y el año 2010 en los 12 municipios afectados por Hidroituango. El terror generado por las masacres fue tal que 110.000 de sus 170.000 habitantes huyeron, perdiendo sus tierras y sus hogares.

La historia de la represa Hidroituango está estrechamente imbricada con la de las últimas dos décadas del conflicto colombiano. Dos días antes de que el entonces presidente de la gobernación de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, acabase su mandato antes de lanzarse a la campaña presidencial, la Asamblea regional aprobó la constitución de la empresa pública de Hidroituango. Era el 29 de diciembre de 1997, año en el que el paramilitarismo cometería algunas de las masacres más sangrientas en la zona afectada por la represa, como fue la de la vereda del Aro, por la que el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos no sólo por no evitarla cuando tenía conocimiento de las torturas, los descuartizamientos, desollamientos, violaciones y todo tipo de barbaries que cometieron durante una semana contra su población –así como el asesinato de quince campesinos–, sino también por “su participación y colaboración directa” a través del Ejército.

El Tribunal Superior de Medellín pidió en 2018 que Uribe Vélez fuese investigado por su posible relación con esta masacre, ya que según varios testimonios de paramilitares, estuvo presente en las reuniones para prepararla y un helicóptero de su gobernación sobrevoló la población mientras era masacrada.  Su hermano Santiago está siendo juzgado por ser supuestamente el creador del grupo paramilitar Los Doce Apóstoles, que con sus matanzas contribuyeron al éxodo masivo de la población de esta región.

“Este proyecto político-militar en el que participaban los paramilitares, la Policía y el Ejército creó así el escenario ideal para la llegada de Hidroituango, porque así la empresa se encontró con un territorio vaciado y una población diezmada y adolorida, que estaba buscando a sus muertos y que difícilmente opondría oposición a la represa por todo el terror que habían generado las masacres. Es así como entiendo el origen de tanto desplazamiento, tantas masacres y tanto dolor contra nosotros”, explica Cristina Isabel Zuleta, socióloga y lideresa del Movimiento Ríos Vivos que tuvo que abandonar su vida en Ituango de adolescente, ante el temor de su familia de que los paramilitares la agrediesen sexualmente como hacían normalmente con las jóvenes. 2010, el año en el que empezó a construirse la represa, fue el momento en el que más personas fueron asesinadas extrajudicialmente en esta región.

Mientras fuera de Colombia se habla de la paz tras la desmovilización de la guerrilla de las FARC, los habitantes de los doce municipios afectados por la represa siguen sometidos al control de los grupos paramilitares –en municipios como Valdivia fuimos testigos de cómo siguen dictando toques de queda–, pero también por la militarización que suele rodear a estos macroproyectos para garantizar el desalojo de las comunidades que viven o trabajan en la parte privatizada, y también para proteger las obras ante la oposición que suelen suscitar. En el caso de Hidroituango, se ha llegado a construir una base militar junto a su muro de contención.

En una región donde el 70% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, gran parte de la misma ya han experimentado lo que supone vivir como desplazada en las ciudades, o fuera de sus comunidades: más miseria, hambre y mendicidad. Y no está dispuesta a volver a vivirlo. Así les cueste la vida, como les advierten las amenazas que ha recibido Ríos Vivos como colectivo y de sus integrantes a título individual. Y como Cristina Isabel Zulueta, o Eva Luceli Higuita Oliveros, muchas de las que se han alzado en lideresas de esta resistencia han sido las campesinas.El 60% de los ríos del planeta están divididos por unas 60.000 represas, de 15 metros de altura, y unas 300 grandes hidroeléctricas con muros de más de 150 metros.

La falsa energía verde que no es renovable

Las grandes hidroeléctricas se han planteado desde organismos como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional como generadoras de “energía verde” y, por tanto, una de las estrategias para combatir el cambio climático. Sin embargo, son muchos los estudios que demuestran que su impacto medioambiental supera al supuesto ahorro de emisiones para el calentamiento global que se les atribuye. En 2014, un equipo de la Universidad de Oxford analizó la inversión económica requerida para la construcción de 245 grandes represas concluyendo que superaba a los beneficios. Y explicaban que otros métodos de producción energética como la eólica, la solar o pequeñas hidroeléctricas instaladas dentro de canales de regadío son más competitivas, generando además un menor impacto socioecológico. 

El mantenimiento de las grandes represas requiere además de inversiones que superan incluso al de su levantamiento, por lo que la mayoría de ellas terminan generando menos voltaje del anunciado y no se suelen desmantelar cuando dejan de ser rentables porque el coste de reubicar y reciclar millones de tonelada de cemento y ladrillo –dos de las industrias más contaminantes y beneficiadas del auge de las hidroeléctricas–, así como de recuperar los cauces hídricos, superarían de nuevo la inversión inicial para su puesta en marcha. Países que tienen que aumentar su endeudamiento público –y por tanto, su dependencia de organismos como el FMI– no sólo por el alto coste de las obras, sino también porque los sobrecostes suelen superar el 100% de lo presupuestado inicialmente: la brasileña de Belo Monte ha costado ya más de 9.500 millones de euros, cuando salió a subasta en unos 5.000. 

Pero es que además del impacto medioambiental que conlleva inundar el territorio, modificar el trazado natural de los caudales, diezmar la población de las 9.000 especies acuáticas que habitan los ecosistemas fluviales y gestionar los sedimentos que se concentran en el reservorio por el muro de contención, hay que tener en cuenta que las ingentes cantidades de metano que emite la putrefacción de la flora inundada y los sedimentos acumulados, supera con creces el supuesto ahorro de emisiones que supondría la quema de combustibles fósiles o de la quema de biomasa. Según un estudio de la Escuela del Medioambiente de la Universidad de Washington, en Vancouver, el metano emitido por la descomposición de la vegetación inundada y de los sedimentos acumulados es un 25% superior a lo estimado hasta el momento de la publicación del informe, en 2016. Aunque el metano sólo permanece en la atmósfera una década, según declaró en la revista BioScience Bridget Deemer, su autora principal, “durante los últimos veinte años, el metano ha contribuido casi tres veces más al calentamiento global que el dióxido de carbono”. Estas emisiones son especialmente superiores en climas tropicales, que es en el que se enclava la mitad de Latinoamérica y de África.

Ninguna de estas revelaciones han frenado el enloquecido ritmo de construcción de represas, como tampoco lo ha hecho la constatación del empobrecimiento que generan entre los habitantes de las comunidades que son expulsadas de su territorio para su construcción, así como en las ribereñas marítimas en las que desembocan los ríos; ni que promuevan la corrupción por por los ingentes intereses económicos que implican; ni que muchas de las personas que se niegan a abandonar su hogar, su modo de vida, así como su fuente de subsistencia, suelan sufrir en determinados países hostigamiento, persecución e, incluso, el asesinato. Sólo en 2017, más de 210 defensores medioambientales fueron asesinados en el contexto de la lucha contra megaproyectos extractivistas como las hidroeléctricas. 

No sólo Berta Cáceres

Edizângela Barros es una de las 40.000 personas -8.000 familias- que han sido obligadas a abandonar su territorio por larepresa Belo Monte, que ha mutilado el río Xingu, en la Amazonía brasileña. Tras ocho años luchando contra su construcción desde el Movimiento de Afectados por las Represas, su función ahora, que ya está en funcionamiento, es exigir que la empresa —de accionariado público en su mayoría— cumpla con los compromisos adquiridos con las comunidades. En la suya el número de asesinatos anuales pasó de 48 a 86 entre 2011 y 2014.

Sólo se ha reconocido el derecho a una vivienda a un 4% de las personas desplazadas, mientras que a un 75% se le ha concedido una indemnización que no alcanza para adquirir una nueva, según la ONG Instituto Socio-Ambiental. El subregistro de impactos es común a estos megaproyectos, ya que —dado que afectan a zonas rurales y a comunidades indígenas— es habitual que la población carezca de contratos de propiedad en los territorios comunitarios.

“El desplazamiento ha roto los vínculos comunitarios. Los pocos que sí han conseguido que les reconocieran su derecho a una vivienda en los campamentos que ha creado la empresa, no tienen de qué vivir porque éramos pescadores, campesinos… Y, encima, el coste de la vida en las ciudades es mucho más caro. Paradójicamente, muchas familias afectadas no pueden pagar la luz. La empresa se comprometió a trasladarnos a barrios con escuelas, centros de salud, pero no han cumplido nada. Eso ha provocado, entre otras muchas cosas, un aumento de la violencia en las familias”, explica Edizângela Barros por vía telefónica desde su nueva residencia.

El Ministerio Público Brasileño ha denunciado al Estado y al consorcio Norte Energía —creado ad hoc por el Gobierno de Lula da Silva para acometer este megaproyecto— por etnocidio, es decir, el exterminio cultural de pueblos indígenas. Una acusación que podría trasladarse a otros países, como Honduras, el más mortífero para los y las defensoras medioambientales: 130 han sido asesinadas y varios centenares encarceladas desde 2009, cuando el Gobierno golpista de Porfirio Lobo empezó a otorgar las más de 110 concesiones hidroeléctricas y 500 mineras a empresas nacionales y transnacionales que vemos hoy. El asesinato más conocido es el de Berta Cáceres, a partir del cual el mundo empezó a entender que ser ecologista va mucho más allá de consumir de determinada estantería del supermercado, que decir “no” a los gobiernos y empresas transnacionales que imponen una ideología basada en el despojo de los bienes comunes puede costar la vida en determinados contextos marcados por la impunidad.

La campesina hondureña Albertina López, de la comunidad lenca Jilamito, se enfrenta, junto con otros cuatro activistas, a cuatro años de prisión. Están acusados de ocupar, durante una protesta, la propiedad privatizada donde se construye la represa Hidrocep, cuyas obras ya han convertido en barro el agua del río del que beben 170 familias.

“Trabajadores del empresario nos dicen que van a contratar a sicarios para que nos maten. También han comprado a vecinos, al Consistorio, a policías… pero nunca van a conseguir comprar nuestra dignidad porque este campamento se ha convertido en una hermandad”, explica Albertina. Desde 2017, decenas de hombres y de mujeres se turnan para impedir el avance de las obras; están poniendo sus vidas porque “el agua es vida”, reivindican.

El panorama no varía mucho en Ecuador, donde las protestas pacíficas contra los megaproyectos también son respondidas con violencia y denuncias por terrorismo o rebelión. Es el caso de Manuela Pacheco, a la que han denunciado por éstos y otros cargos en una quincena de ocasiones por oponerse a la represa que han construido en su aislada comunidad, San Pablo de Amalí, entre cuyo accionariado está la compañía vasca Ingehydro SL. Ahora que ya está funcionando, ni siquiera permiten a la población coger suficiente agua para regar sus cultivos, cuenta por teléfono.

Manuela se convirtió, junto con su esposo Manuel Trujillo, en un símbolo de la lucha contra las extractivistas, después de que ambos salieran con sus brazos —alzados y enlazados— del tribunal que en 2016 reconoció su inocencia por los cargos de terrorismo organizado, lo que ponía en evidencia la hipocresía del Gobierno bolivariano de Rafael Correa, que criminalizó la protesta social.

“Me ofrecían plata, carros, una casa… a cambio de que parásemos. En una reunión con gente del Gobierno, me dijeron que me podían sacar del país y que no hacía falta ni que volviese a mi casa, porque lo que allí tenía no valía nada —recuerda—. Esa es la visión que tienen de nuestras vidas, que no valen nada”.

Desde los Ejecutivos —sin apenas distinción por signo político— se presenta a estas personas como enemigas de sus países por ser contrarias a un supuesto desarrollo que no es sino una nueva forma de colonialismo basado en la acumulación por desposesión, robo o despojo. El extractivismo es más que un modelo económico: es una ideología que impone una cosmovisión social, económica y cultural.El extractivismo es más que un modelo económico: es una ideología que impone una cosmovisión social, económica y cultural.

Por ello, parte del trabajo de las organizaciones que trabajan contra estas dinámicas ha sido resignificar sus vidas, como explica Cristina Isabel Zuleta: “El principal ejercicio que hizo Ríos Vivos fue recuperar el orgullo de ser lo que somos porque la violencia te lo quita, te hace sentir muy poca cosa. No quieres ser mujer porque implica un riesgo, no quieres ser campesina porque implica un riesgo… La violencia te quita tus raíces, tu identidad, y lo primero que hay que recuperar es la certeza de que valemos algo, de que no merecemos lo que nos están haciendo y de que tenemos que buscar justicia. Y eso te da la posibilidad de renacer con los otros y las otras, y de sentirnos mejor con nosotras mismas”.

Las nuevas guerras son medioambientales

“El extractivismo es una forma de guerra hacia las comunidades y sus maneras de estar en el mundo, y contra los medioambientes”, explica Daniela del Bene, coordinadora del Atlas de Justicia Medioambiental, que recopila datos de más de 2.400 conflictos ecosociales en todo el mundo.

Aún no hay leyes para esta guerra. No existe normativa internacional que regule la responsabilidad de las transnacionales, una impunidad contra la que organizaciones como el Observatorio de Multinacionales de América Latina (OMAL) lleva años proponiendo una hoja de ruta, como explica Erika González, investigadora de OMAL: “En el ámbito internacional debería aprobarse un instrumento vinculante que obligue a las transnacionales a cumplir el Derecho internacional de los derechos humanos, del trabajo, del medio ambiente… Y un tribunal internacional que pueda juzgar a los directivos y a sus empresas, pero no sólo a las matrices, sino que siga toda la cadena de valor de las transnacionales: proveedores, filiales y contratas”.

Mientras, las que sí son perseguidas, ninguneadas, encarceladas y hasta asesinadas son las personas a las que le quitan todo lo que tienen para producir una energía destinada a engrosar las arcas de los que más acumulan. Y están dando sus vidas por defender la vida, la de todos y todas.

Por Patricia Simón

22 julio 2019 0

Publicado originalmente en Pikara

Publicado enSociedad