Carrie Lam, durante la conferencia de prensa. En vídeo, las declaraciones de Lam. T. SIU REUTERS

Los convocantes de las manifestaciones siguen considerando insuficientes las garantías de la ministra principal

 

 

Dos días después de una nueva manifestación masiva en Hong Kong, la jefa del gobierno autónomo, Carrie Lam, ha lanzado un nuevo gesto conciliador. El polémico proyecto de ley de extradición, origen de esta ola de protestas y que por primera vez hubiera permitido entregar sospechosos a China, “está muerto”, ha sostenido la ministra principal. Pero, de nuevo, ha evitado confirmar la retirada definitiva de la medida, ahora suspendida sine die, y los grupos convocantes de las marchas han dejado claro que la rama de olivo les sigue pareciendo insuficiente.

La ministra principal había anunciado la suspensión del proyecto de ley el 15 de junio, tres días después de que la Policía dispersara por la fuerza una concentración de decenas de miles de estudiantes que intentaba impedir la tramitación. Entonces, Lam aseguró que esa suspensión equivalía a “matar” el proyecto de ley, pues ya no habría tiempo material ni voluntad para retomarlo durante la actual legislatura, que expirará a mediados de 2020.

En una rueda de prensa antes de reunirse con sus asesores en la sede del Ejecutivo autónomo, Lam reconoció que el trabajo de su gobierno en el proyecto de ley ha sido un “completo fracaso”. “Sigue habiendo dudas sobre la sinceridad del gobierno o preocupaciones acerca de que el gobierno vaya a reiniciar el proceso (de tramitación) en el legislativo”, explicó. “Así que lo reitero: no existe tal plan, el proyecto de ley está muerto”.

Pero la ministra jefe no declaró explícitamente la retirada de la medida, como le exigen los manifestantes. Sin esa declaración, sostienen, el gobierno puede volver a ponerla sobre la mesa cuando quiera.

Desde el 9 de junio, los hongkoneses se han manifestado en cuatro grandes marchas, dos de ellas por encima del millón de participantes según sus organizadores, contra el proyecto de ley. Pero ante la resistencia de Lam a declarar retirada la medida, la protesta se ha ido ampliando y se ha convertido en la peor crisis que China ha afrontado en su territorio autónomo desde que el Reino Unido le traspasó la soberanía en 1997.

Ahora las exigencias incluyen también la apertura de una investigación independiente sobre abusos de la Policía en la disolución de las manifestaciones; garantías de que no se encarcelará a los detenidos en esas concentraciones y que no se etiqueten las protestas como “disturbios”, algo que puede acarrear hasta diez años de cárcel para sus protagonistas; dimisión de la propia Lam y reforma democrática del sistema de elección del jefe de gobierno. El 1 de julio, para exigir el cumplimiento de estas demandas, centenares de estudiantes tomaron durante tres horas la sede del legislativo hongkonés.

En su rueda de prensa este martes, Lam reiteró que se abrirá una investigación sobre el comportamiento policial; pero solo de nivel interno, no encabezada por un juez como reclaman los manifestantes. Pero sí "publicaré el resultado del informe, para que todos puedan saber qué ha ocurrido este último mes. Los que participaron, tanto manifestantes como policías, podrán presentar pruebas".

Lo que ocurra con las varias decenas de detenidos, sostuvo, dependerá de los tribunales. También precisó que no ha habido una declaración oficial de “disturbios”, una etiqueta que solo se ha aplicado al comportamiento de algunos.

Está dispuesta, según confirmó, a abrir un diálogo público con los jóvenes manifestantes. "Tenemos que escuchar a las generaciones más jóvenes y de diferentes sectores para saber qué es lo que piensan", admitió, al reconocer que los acontecimientos del último mes "reflejan que hay problemas más profundos" y hay que "trabajar para solucionarlos".

No hizo mención alguna a la posibilidad de dimitir o de cesar a alguno de sus ministros implicados en el embrollo. En cambio, pidió "una oportunidad, tiempo y espacio" para que Hong Kong regrese a la normalidad.

Las organizaciones que representan a los manifestantes han considerado las declaraciones de Lam muy insuficientes. En una rueda de prensa en el exterior de la sede del legislativo, el Frente de Derechos Civiles y Humanos de Hong Kong, que ha convocado tres de las cuatro grandes marchas, indicó que la ministra jefe se ha limitado a repetir la posición que mantiene desde el día 15, sin cambios significativos.

“No por repetir una cosa una y otra vez se convierte en algo mejor”, subrayó la portavoz del Frente Bonnie Leung. “Sigue rechazando retirar la ley. La palabra ‘muerta’ no tiene ningún significado legal”.

En un comunicado, el partido Demosisto, fundado por el antiguo líder estudiantil Joshua Wong, exigió que se declare retirado el proyecto de ley y “se prometa que el proceso de tramitación legislativa no se retomará en el futuro”.

También subraya que “el gobierno ha empujado a los representantes de los jóvenes a la oposición, eliminando sus derechos humanos básicos y sus libertades políticas metiéndoles en la cárcel y descalificándoles (como candidatos electorales). Si el gobierno desea reparar esta relación, el secretario de Justicia debe comprometerse a no presentar cargos contra los manifestantes jóvenes y no privar más a las jóvenes generaciones de sus candidatos y de su participación en el proceso electoral”.

Por, Macarena Vidal Liy

Pekín 9 JUL 2019 - 03:26 COT

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Ley de Regiones, ¿para la descentralización y el desarrollo territorial?

La Ley de Regiones es casi una realidad en Colombia, de ser refrendada por Duque, vendrán cambios en toda la estructura administrativa del país. ¿En qué consiste esta Ley? ¿Cuáles son sus implicaciones?

 

En abril del año en curso surtió conciliación en el Senado el articulado del proyecto de ley No. 258 de 2018 –Cámara– y 182 de 2017 –Senado– “Por la cual se dictan normas orgánicas para el fortalecimiento de la Región Administrativa de Planificación, se establecen las condiciones para su conversión en Región Entidad Territorial y se dictan otras disposiciones, en desarrollo de los artículos 3016 y 3017 de la C.P” ampliamente conocido como “Ley de Regiones”.

Esta iniciativa, surgida a comienzos del año 2017, luego de surtir cuatro debates en comisiones y plenarias de Cámara y Senado, fue aprobada y está a la espera de sanción presidencial para entrar en vigencia.

 

 

Implicaciones de la Ley de Regiones

 

Como su nombre lo indica, este proyecto de Ley pretende fortalecer las Regiones Administrativas de Planificación (RAP) y fijar condiciones para su posterior conversión en Regiones Entidad Territorial (RET). Las RAP son una forma asociativa entre dos o más departamentos, con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio, con el fin de promover acciones para el desarrollo regional, propender por la articulación de la planeación entre las distintas Entidades Territoriales que la conforman y velar por una visión regional en los distintos planes, programas y proyectos que se adelanten para el desarrollo del país.

Las RET, por su parte, implican un mayor desarrollo en su alcance, puesto que constituyen una nueva instancia institucionalizada de ordenamiento y organización político administrativa del país, en forma de Entidad Territorial –al igual que los municipios y departamentos–, lo que implica disposiciones orgánicas y arreglos institucionales en definición de competencias, articulación con otros niveles político administrativos, y el establecimiento de fuentes de financiamiento que pueden provenir del Presupuesto General de la Nación, de recursos de las Entidades Territoriales que las conforman, o de la generación de recursos propios, las cuales tendrían que garantizar su funcionamiento como una nueva estructura administrativa de ordenamiento y de instancias burocráticas implícitas en su conformación y desarrollo.

 

Discusiones entorno al proyecto de Ley

 

El proceso de sanciones y debates en torno al proyecto de ley desde su primera ponencia, atravesó diferentes modificaciones a partir de distintas disposiciones fiscales y discusiones frente a las implicaciones que tendrían algunas de las propuestas planteadas en sus inicios, que vale la pena traer a colación en tanto brindan una idea de las intenciones iniciales con que surge esta iniciativa.

Mientras el actual articulado aprobado deja claro que de ninguna manera la constitución de las RAP o las RET podrán generar presiones de financiamiento provenientes directamente de los recursos del Presupuesto General de la Nación o podrán modificar la asignación del Sistema General de Participaciones, las primeras propuestas de articulado ponían de manifiesto su interés en que esto fuera posible, especificando la necesidad de que los gastos de funcionamiento de las nuevas estructuras administrativas fueran garantizados por las transferencias de la Nación, lo cual implicaba el sostenimiento de una Gobernación y una Asamblea Regional como nuevas estructuras burocráticas, sin hallar una relación necesaria con los objetivos principales de planificación y gestión del desarrollo.

Ahora bien, cabe resaltar que la figura de las RAP definidas en el proyecto de ley aprobado, no son innovadoras sino que se implementaron incluso desde la expedición de la ley 1454 de 2011 que dicta normas orgánicas sobre el ordenamiento territorial del país, estableciendo las RAP como esquemas asociativos regionales que no generan presiones en el presupuesto nacional o en creación de nuevas instancias burocráticas, y que respondan a objetivos de planificación y gestión del desarrollo regional por medio de la devolución de competencias y recursos del nivel nacional al territorial.

Debe resaltarse que luego de 8 años de su implementación, las RAP no cuentan con evaluaciones técnicas ni experiencias claras de su puesta en marcha, siendo un modelo incipiente que presenta distintos retos para su consolidación y que, además, debería ser la evaluación de estas experiencias la que permitiera el análisis de las realidades territoriales locales, el entendimiento de sus propias dinámicas de desarrollo y sus necesidades de planeación, para luego determinar las estructuras administrativas que lo posibiliten y no de manera contraria como se propone.

En este sentido, cabe preguntarse si el logro de la dinamización de la planeación y el desarrollo territorial, de manera real y efectiva, depende de la creación de estructuras administrativas en niveles superiores de gobierno que definan las estrategias de desarrollo regional, o si más bien debería ser la definición propia de los espacios territoriales locales por medio de su fortalecimiento, quienes permitieran la construcción de una visión de planeación para el desarrollo que responda a sus propias dinámicas socio-económicas, culturales, geográficas y en especial funcionales, para que a partir de ellas puedan generar alianzas estratégicas con otros territorios locales, sin depender de su delimitación geográfica territorial sino de la pertinencia de su asociatividad de acuerdo a los objetivos que persigan.

Por otro lado, a pesar del cambio en las pretensiones de financiamiento por parte del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el funcionamiento de las RAP y las RET, y las definiciones de financiamiento centradas en la disposición de recursos de las Entidades Territoriales que las conforman, así como de recursos de cofinanciación, aún queda la inquietud frente a los mecanismos de concurso para la asignación de recursos para los proyectos de inversión definidos por cada una de las regiones, puesto que podría poner en desventaja a aquellas regiones que por su capacidad institucional no cuenten con ciertas fortalezas en la generación de proyectos de inversión bien formulados o. incluso, en la supeditación de objetivos locales de desarrollo territorial a costa de intereses e influencias más fuertes presentes en las amplias estructuras territoriales que implican las regiones.

 

El paso de las RAP a la constitución como RET

 

Lo anterior no pretende poner en duda la pertinencia del espíritu de desarrollo regional y las necesidades que el país presenta en esta materia, sino cuestionar los mecanismos institucionales y de ordenamiento que se dispongan para tal fin. Así, pese a que las RAP pueden traer beneficios para el desarrollo del país –como espacio para la planificación y gestión del desarrollo territorial–, lo que en este proyecto de ley llama principalmente la atención y genera múltiples dudas, es el paso de las RAP a su constitución como RET.

De ahí la necesidad de resaltar que una nueva forma de ordenamiento político administrativo en un nivel superior al departamental, puede generar novísimas presiones fiscales y burocráticas, y en un contexto real del país, es evidente que aún falta mucho camino para el alcance de autonomías locales y la consolidación efectiva de la descentralización, una pretensión que debiera pasar por el estimulo a la participación plena de la ciudadanía en la definición de proyectos de inversión que respondan a la identificación de sus propias necesidades para la transformación efectiva de su cotidianidad. De así avanzar, construyendo una visión de desarrollo local que parta de la participación democrática de sus habitantes, le estaríamos dando paso a una democracia cada vez más renovada, donde lo formal se someta a lo real, es decir, donde más allá de elegir a sus gobernantes de cualquier nivel administrativo, el ciudadano de a pie sienta los beneficios de la participación decisoria en todos los aspectos de su cotidianidad. Solo así, por ejemplo, podrían crearse barreras efectivas contra la corrupción, a la vez de construir vías de desarrollo acordes a su contexto.


Así mismo, solo basta con echar un vistazo a las debilidades territoriales para generación de recursos propios, a las generalizadas deficiencias en materia fiscal representadas en la calidad del gasto o su capacidad de recaudo de ingresos diferentes a los provenientes del origen nacional, a la baja capacidad en materia de planeación para la construcción de proyectos de inversión adecuados que superen la visión cortoplacista de los distintos gobiernos, o a los múltiples conflictos en torno a los títulos y delimitación de territorios así como su concentración en propiedad.

En este camino de búsquedas y fracasos, basta con recordar lo vivido con los procesos de municipalización y definición de formas claras de organización político administrativa en las áreas no municipalizadas del país, que abarcan nada menos que cerca de una cuarta parte del territorio nacional en los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés; o mejor aún, cuando al cabo de 28 años de la celebración de la Constitución del 91, que abre paso a la conformación de las Entidades Territoriales Indígenas “ETI”, que serían definidas en la Ley de Ordenamiento Territorial, se expide esta última en 2011 sin referencia alguna frente a este punto, poniendo de manifiesto el constante desinterés y falta de voluntad de gobierno para el respeto por la autonomía, derechos y garantías a los pueblos indígenas del país.

Ante estas realidades y dilemas, es urgente estar al tanto de que la implementación de las RAP realmente resulte aportando de manera efectiva a la dinamización del desarrollo territorial, a la superación de brechas de desarrollo en los territorios, a la consolidación del proceso descentralizador del país, y a la generación de nuevas autonomías que permitan una mejor planificación y ejecución de proyectos de inversión con visión regional. Pero, en especial, debería esperarse que el paso a las propuestas RET se de a partir de una evaluación realista de la experiencia de implementación y efectividad de las RAP.


Estamos ante el último paso que debe surtir este proyecto para transformase en Ley, y existe expectativa por la decisión que tomará Duque frente al mismo, aunque es previsible su aprobación por lo jugosa que resulta la oportunidad de potenciar su acumulado político a partir de las banderas siempre pretendidas de descentralización y autonomía, así como de sus proclamas presentes desde el inicio de su campaña en pro de la construcción de un país de regiones. Al final de este debate de varios años, esto es lo determinante, a un lado quedan participación, democracia real, autonomía, mejoramiento de lo administrativo, y autodeterminación propia de la visión de desarrollo regional, así como otros tópicos indispensables de considerar para que el país camine por la senda de la construcción democrática del territorio, dejando a un lado la senda requerida por instancias superiores burocráticas de gobierno.

 

* Economista de la Universidad Nacional de Colombia. Estudiante de maestría en Estudios Políticos del mismo centro de estudios.

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Sábado, 06 Julio 2019 06:47

La guerra eterna es un buen negocio

La guerra eterna es un buen negocio

El mejor negocio que hicieron las fuerzas armadas de Estados Unidos en su vida fue la guerra contra el terror. Los extremistas que destruyeron las torres gemelas y Osama bin Laden le solucionaron a los militares un problema que parecía imposible, cómo hacer que los presupuestos de defensa aumentaran eternamente sin importar si había guerra o paz, si se combatía una amenaza existencial o una insurgencia. Desde 2001, Washington se considera en guerra y los demócratas decidieron ser tan “patriotas” como la derecha. El gasto militar norteamericano se fue totalmente de madre y nadie tiene la menor idea de cómo frenar un proceso ruinoso.

Las cifras involucradas en este proceso son espectaculares. El presupuesto de defensa votado en 2018 tocó la barrera simbólica de los 700.000.000.000 de dólares. En este 2019, propios y ajenos le levantaron la mano obedientes a Donald Trump y votaron 716.000 millones. Y para el año que viene ya se discute darle a los de uniforme 750.000. Esto es mucho, mucho más de lo que gastan en armarse las ocho siguientes naciones más gastadoras: China, Arabia Saudita, Rusia, Francia, India, Gran Bretaña, Alemania y Japón. Y eso que Rusia es el único país capaz de materialmente exterminar a los Estados Unidos con su arsenal nuclear.

Quienes defienden esta madre de todas las batallas presupuestarias señalan que el Tío Sam es tan rico que puede darse estos lujos y muchos más. Técnicamente, es cierto, porque el gasto en defensa apenas llega al cuatro por ciento del PBI nacional y en términos históricos es bajo. Hacia el final de la segunda guerra mundial, Estados Unidos gastaba el cuarenta por ciento del PBI en derrotar al Eje. En la guerra de Corea se gastaba nada menos que el quince por ciento, y al comienzo de la de Vietnam se ponía con el diez por ciento, una baja que mostraba cuánto había crecido la economía.

Pero esto, cierto como es, es también un truco contable. Para comenzar, hay que tener en cuenta que si un país tiene una buena década y crece, digamos, el treinta por ciento, no tiene por qué subir su gasto militar treinta puntos. Si no hay amenazas claras, puede seguir gastando la misma cifra fija y bajar el porcentaje del PBI que se le va en esas cosas. Es lo que explica la diferencia entre Corea y Vietnam: una década de gran crecimiento para los americanos. Y es lo que explica que al terminar Corea el ejército se achicó y el presupuesto bajó un veinte por ciento en dinero constante, como lo hizo un treinta después de Vietnam y 26 puntos al terminar la guerra fría en 1990. Esa reducción, junto a la eliminación de 600.000 tropas para ahorrar, fue llevada a cabo por halcones como George Bush padre, Dick Cheney y Colin Powell, nada menos.

Lo que sabían estos duros conservadores es que no importa realmente cuánto se gasta del PBI sino cuánto se gasta del presupuesto nacional. Y aquí viene el milagro: el gobierno de los Estados Unidos gasta ahora casi exactamente el 60 por ciento de su presupuesto de libre disponibilidad en los militares. Esto quiere decir que fuera de lo que está obligado a hacer por ley –pagar los sueldos, atender la deuda nacional, pagar las jubilaciones oficiales- sesenta centavos de cada dólar se van a los uniformes.

Hay que imaginar la situación: todo lo demás que hace un gobierno se lleva el vuelto. La Nasa, el FBI, la CIA, los parques nacionales, el servicio diplomático, la guardia costera, la guardia de fronteras, los entes de seguridad de alimentos, de telecomunicaciones y de medicamentos, los entes que supervisan aerolíneas, bancos y bolsas, toda la infraestructura nacional, la justicia federal, la ayuda humanitaria, migraciones y el largo etcétera de tareas de un gobierno nacional, viven de lo que les dejan los militares. A dólares valor constante, ajustados por inflación y corrigiendo el valor adquisitivo desde 1945, es de lejos el mayor presupuesto militar desde la rendición de Hirohito.

Y aquí hay que anotar que este presupuesto no incluye la vasta red de servicios médicos a los ex combatientes, que tiene su propia Secretaría y fondos, ni las importantes sumas que reciben universidades y otras instituciones públicas y privadas para investigar y desarrollar tecnologías de uso militar o mixto. Esto también se paga, y bien, por cuerda separada.

¿Cómo puede ser que se gaste tanto? Una razón es que Estados Unidos descubrió que defenderse, aunque sea de fantasmas, es un espectacular negocio para gente bien conectada. Así, un portaaviones nuclear llegó a costar trece mil millones de dólares, un trece seguido de nueve ceros. Un avión de combate F35, sale por apenas noventa millones, con lo que se compran como si fueran caramelos. Nadie tiene ya la menor idea de cuánto deberían valer estos sistemas de armamentos y cualquier comparación con armas similares rusas o chinas es descartado con un “los nuestros son mejores”. Es cierto, pero ¿tanto mejores?

El Estado no sólo es socio de la industria de armas como comprador y como inversor en el desarrollo técnico de estas armas, sino que vive presionando a propios y ajenos para que las compren. Eso explica que los sauditas, tan quemados últimamente, sean bien recibidos en la Casa Blanca, donde llegan portando enormes cheques para comprar armas que ellos tampoco necesitan.

La falta de límites a este desmadre económico es ya un sistema bien armado, en el que el Congreso sólo piensa en quedar bien con sus votantes locales. Es lo que explica que no se pueda cerrar una base en territorio soberano, aunque no sirva para nada, porque cada base provee empleo directo o indirecto a los vecinos. Y es lo que explica que los militares ya no sepan cómo pedirle al Congreso que deje de obligarlos a comprar tanques: ya tienen más de seis mil, muchos más de los que van a necesitar jamás, más de los que tenía Hitler para invadir la Unión Soviética. Cada tanque es caro de comprar, de mantener y hasta de usar.

Los militares, por su parte, se acostumbraron a este desmadre y ni se molesta en rendir cuenta. Ya en 1990, el primer presidente Bush firmó una ley que ordenaba a cada ministerio presentar una contabilidad exacta de sus gastos a partir de 1992. Los militares lo lograron recién el año pasado, después de hacerle un contrato a una firma civil de 450 millones de dólares. El informe muestra un panorama caótico, un Pentágono básicamente incapaz de saber cuánto gasta y en qué, con una burocracia monstruosa. Los norteamericanos tienen uno de los ejércitos menos eficientes del mundo y son casi campeones en eso de tener el mayor número de no combatientes respecto a las tropas de combate.

De alguna manera, no asombra que en los 18 años de guerra en Afganistán e Irak, Estados Unidos haya gastado más que en derrotar a los alemanes y los japoneses, incluyendo el desarrollo de la bomba atómica, nuevamente en dólares ajustados. Y tampoco asombra que después de tanto gasto, haya tan poco que mostrar como resultado.

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Fotografía

La situación de los rescatistas que salen al mar Mediterráneo en busca de barcos precarios sobrecargados de migrantes, en su mayoría libios, está más difícil que nunca. Tras la decisión de Italia de cerrar sus puertos y prohibir la actividad de las organizaciones humanitarias, quienes continúen con los rescates se arriesgan a enfrentar multas, arrestos y largos procesos judiciales. Como ocurrió con la capitana del Sea Watch, Carola Rackete, detenida por “favorecer la inmigración ilegal” y navegar en “zonas prohibidas”, acusación que recibió por rescatar a 40 migrantes y llevarlos al puerto italiano de Lampedusa.

 

 “Salimos al mar a pesar de las sanciones y de las multas y lo hacemos en un contexto absolutamente agresivo y violento. Criminalizan a los migrantes y ahora también a nosotros”, afirma Laura Lanuza, una de las integrantes de Open Arms, otra de las organizaciones de ayuda humanitaria que rescatan migrantes y una de las pocas que quedan en el mar. Open Arms nació en 2015, luego de que se difundiera la foto de un niño de tres años ahogado en las costas del Mediterráneo. Esa imagen, que conmovió al mundo como hace días lo hizo otra de un padre con su pequeña hija muertos los dos en un río de Mexico, hizo que un guardavidas español reuniera algunos amigos rescatistas y se lanzara al mar. En estos cuatro años, la organización creció a partir de donaciones, salió a alta mar 63 veces y rescató a 60 mil personas.

 

La política de puertos cerrados sin embargo puso en duda su trabajo. El barco Open Arms estaba varado hace seis meses en un puerto español por trabas burocráticas. El jueves pasado sus tripulantes decidieron volver al mar sin importar las consecuencias. “Pasamos demasiado tiempo viendo cómo la gente se muere mientras nadie hace nada. Antes que ser cómplices preferimos ser sancionados”, cuenta Lanuza, que forma parte de la organización desde los inicios, hoy ya como responsable de comunicación.

 

 

¿Cuál es la situación ahora de los rescatistas?

Desde hace un año cuando decidieron cerrar los puertos de Italia y Malta, cada misión es anómala. Antes teníamos una rutina de trabajo, las misiones eran de 15 días y cuando terminaban volvíamos al puerto para cambiar la tripulación. Ahora el contexto es absolutamente agresivo y violento. Los migrantes son criminalizados y nosotros también. Italia acaba de firmar un decreto que prohíbe la presencia de organizaciones humanitarias en aguas italianas por lo que salir al mar implica desobedecer, algo que traerá multas y sanciones. Llevamos demasiado tiempo esperando a que el Gobierno nos permita volver a salir, demasiado tiempo viendo como la gente se muere y nadie hace nada. Antes que ser cómplices preferimos ser sancionados.

 

¿Cómo es el Open Arms?

Es un barco viejo de 1974, en el que tuvimos que invertir. La mayor parte de la tripulación son voluntarios y lo hacemos todo con donaciones. En el barco viajan 19 personas en total entre capitán, marineros, cocineros, socorristas, enfermeros, médicos y dos periodistas. El trabajo es muy difícil, las situaciones que se viven en el mar son muy dramáticas y no siempre acaban bien. Hemos visto a bebés colapsar a bordo, por eso también tenemos apoyo psicológico. Este año llevamos 600 personas ahogadas y es probable que sean muchas más porque no hay testigos. En cuatro años hicimos 63 misiones y rescatamos 60.000 personas entre el mar Egeo y el Mediterráneo.

 

¿Qué pasa una vez que salen al mar?

La situación es muy diversa, las distancias son muy grandes y los barcos muy lentos. Salimos a aguas internacionales atentos al radar y a los prismáticos para poder ver cualquier embarcación en peligro. Lo más normal es localizar una embarcación con los prismáticos o a través del inmarsat, que es un sistema de comunicación satelital, donde avisan si ven a un hombre en el agua o una embarcación sobrecargada. Tenemos dos embarcaciones rápidas con las que nos acercamos y repartimos chalecos salvavidas. De a poco vamos trasladando a la gente al Open Arms. En el barco se les hace un reconocimiento médico, a veces hay casos muy graves. Hay que estar atentos también si huelen a gasolina porque la gasolina mezclada con agua salada provoca quemaduras muy graves. Por lo general suelen llevar el combustible en botellas de plástico que se derraman y hay muchos quemados.

 

¿Cómo es la primera aproximación y en qué estado están los barcos?

Nos acercamos gritando que somos socorristas, que se queden tranquilos, que no los vamos a llevar a Libia. Muchos lo único que repiten es “Libia no, Libia no”. Hay muchísimos niños que viajan solos, en la última misión había unos 40. Son los más vulnerables junto con las mujeres porque muchas están embarazadas y no lo saben, todas han sido violadas. Las embarcaciones flotan de milagro, llevan tres veces más la cantidad de gente que deberían y no son adecuadas para distancias largas. Entre libia y cualquier puerto seguro hay entre tres o cuatro días de viaje. A veces son botes de goma con 160 personas. Están también los wooden boat, los de madera, que son los más peligrosos porque tienen dos pisos y por el nivel de hacinamiento se ahogan con el humo del motor. Una vez que subimos a la gente al barco solicitamos formalmente un puerto seguro para desembarcar a estas personas. Por mucho tiempo fue Italia pero desde que Matteo Salvini (ministro italiano de Interior) cerró los puertos todo se complicó.

 

¿Una vez en el puerto qué pasa?

Nosotros protegemos la vida en el mar, nuestra misión termina en el momento en que llegamos a un puerto seguro. A partir de que la gente llega al puerto queda en manos de los países y muchas otras organizaciones que trabajan con los migrantes. De hecho la mayoría de las historias no tienen un final feliz, la solicitud de asilo puede tardar años y puede ser negada, entonces los deportan. No es que nosotros queramos estar en el mar pero estamos cubriendo un vacío en el salvamento.

 

¿Qué recordás de tu primera misión?

Lo primero que sentís cuando estás en medio del mar es que eres tan vulnerable. Mires a donde mires no hay nadie que te pueda ayudar. El primer golpe visual de ver a todas estas personas en embarcaciones más que precarias, que se pueden hundir en cualquier momento, impresiona tanto. Ver el estado en que estas personas llegan al barco… la sensación de pensar que si no llegábamos a tiempo podrían estar muertas es muy brutal.

 

¿Vivieron situaciones violentas?

En la última misión que estuve nos dispararon los guardacostas libios. Libia es un país en guerra donde mandan tres milicias y se vulneran sistemáticamente los derechos humanos. Hemos sido tiroteados, secuestrados y perseguidos. La situación no era favorable pero siempre contábamos con la coordinación de la guardia costera italiana, ahora es un espacio sin ley y a nosotros nos transformaron en un objetivo. De las nueve organizaciones con doce barcos que éramos ya no queda ninguna. Nos quieren sacar a todas de allí para que nadie pueda documentar las muertes y nadie pueda decir lo que está pasando. La Unión Europea decidió lavarse las manos y financia a un cuerpo de guardacostas libio que lo que hace es interceptar a la gente que está huyendo y la devuelve en caliente. Algo que es totalmente ilegítimo. Las organizaciones molestamos porque estamos denunciando como la Unión Europea le está pagando a unas milicias para que capturen a la gente y la devuelva a campos de concentración.

 

¿Qué pasa ahora?

Decidimos desobedecer y abandonamos el puerto. Salimos de Nápoles rumbo al Mediterráneo central para proteger la vida allí. Como cualquier otro barco en el mar tenemos la obligación de socorrer. Sabemos que llegarán notificaciones con las sanciones. Si los gobiernos quisieran no se moriría nadie en el mar, estamos absolutamente solos.

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Arabia Saudí-lrán: los ocho motivos de un odio “sunnita-chiita” poco religioso

 

Bombardear Irán” ha sido una exigencia del Reino de Arabia Saudí (RAS) a EEUU desde hace años. Para conseguirlo, contribuyó a la campaña electoral de Donald Trump, invirtió ingentes millones en la economía militar de EEUU, e incluso adaptó el suministro del petróleo de la OPEP al mercado mundial a los intereses de Washington. ¿Piensa que el presidente de EEUU tiene “un precio” o es su sicario?

Pero, ¿Por qué el principal país islámico-sunnita del mundo, Indonesia, mantiene buenas relaciones con la República Islámica-chiita de Irán pero el RAS sueña con convertirlo en un montón de cenizas?

 

  1. Pasan catorce siglos de la invasión de los árabes procedentes de las actuales tierras de Arabia Saudí a un Imperio Persa agotado y decadente. Ni las bolas de cristal de su rey de reyes le avisaron del devastador ataque que iba a destruir Irán del único espacio a su alrededor que no conquistó (por desértico), ni del Oro Negro que ocultaba bajo sus arenas. Durante los dos siglos del dominio árabe sobre Irán, sucedieron numerosos movimientos populares y políticos para expulsar a los ocupantes del poder. Aunque lo consiguieron, y un Irán cristiano, mitraísta, budista y zoroástrico fue islamizado, se negó a arabizarse, manteniendo su lengua, su cultura y sus milenarias tradiciones, los derrotados se atrevieron a iranizar el islam: crearon el chiismo, marcado por algunos elementos de la mitología persa, como los 12 apóstoles del Ormuz y la llegada de un Salvador cuando el mundo llegue a su fin. Así, en 1501 el chiismo sale de la clandestinidad para convertirse en la religión oficial del Estado, desbancando el sunismo («Tradicionalismo»). Será por decreto ley a mano del guerrero azerbaiyano Ismael I (1487 – 1524), fundador de la dinastía Safávidas «Los sufles».

 

El objetivo de Ismael I, hijo de la princesa Marta (nieta de la griega Teodora), al fusionar dos identidades, -la “iraniedad” y el “chiismo”- fue levantar una rígida frontera con el principal enemigo de Irán: los “turcos-sunnitas” del imperio otomano (los árabes se encontraban bajo el dominio turco). Ser iraní-chiita era y es una identidad única, que no se encuentra en otro estado. El afán de derrotar a los otomanos fue tal que el monarca Shah Abbas I Safávidas (1571 — 1629) buscó alianza en la Europa cristiana: envió una delegación a la corte de Felipe III, para negociar un posible pacto. El viaje tuvo una curiosa anécdota: uno de los integrantes de la comitiva, Uruch Beg, apodado “el Don Juan de Persia” fue asesinado en Valladolid, por causas desconocidas.

De hasta qué punto la religión es un instrumento del poder, y los pueblos no eligen su credo, aquí otro dato: en 1736, Nader Shah (1688 —1747), el rey de Irán suspendió el chiismo como la religión oficial del estado, y además lo declaró una escuela más del  sunismo; pretendía así pacificar las relaciones con el vecino otomano, aunque tuvo que retroceder, debido a la resistencia del alto clérigo chií, que no estaba dispuesto a sacrificar su estatus y sus intereses ni por una causa suprema.

La batalla entre estas dos identidades incompatibles tuvo su máxima manifestación durante el reinado de Reza Pahlavi (1925- 1941). Su golpe de estado coincide con el inicio de la formación del RAS. La dictadura Pan-Iranista de Pahlavi es modernizadora, semilaica, y anti-árabe, y en el centro de sus reformas capitalistas está una visceral lucha contra la casta clerical, considerada en la milenaria literatura persa símbolo de la corrupción moral, hipocresía y gandulismo. Los castigos crueles de este rey a los opositores -sobre todo a los comunistas e intelectuales progresistas, alcanzaban también  a los clérigo islámicos: son sometidos a “khal-e lebas” («despojados de la sotana»), y serán afeitados en público de barba y bigote (símbolos de la hombría). Aquel rey desmanteló los tribunales religiosos, reformó la Ley de Familia, abrió universidades, promovió el cine, teatro, música, aunque la joya de su corona fue en 1935 prohibir el velo como un paso decisivo del tránsito social de la Edad Media al siglo XX, dejando que las mujeres entrasen en el mercado de trabajo en los centros académicos, artísticos y científicos. Cambiar el nombre de Persia por el de Irán, «la Tierra de los Arios», en la Sociedad de Naciones fue la culminación de su afán de recuperar la “grandeza” del Irán preislámico

En el RAS, el proceso político es al revés: nace como resultado de la alianza entre la tribu Al Saud y la escuela fundamentalista wahabí. No habrá un “estado” con sus instituciones, sino una empresa privada perteneciente a una familia de corte feudal, cuya ambición no irá más allá de aumentar el peso del oro de sus propiedades.

En esta época, las relaciones entre ambos países son tensas. Los ataques a los peregrinos iraníes en la Meca por los saudíes (que consideran al chiismo una herejía) e incluso la decapitación de uno de ellos, harán que Teherán cierre la embajada de Arabia en Teherán y prohíba a los creyentes iraníes viajar a la ciudad santa.

El protagonismo de EEUU en la región, después de la Segunda Guerra Mundial, forzará a Mohammad Reza Pahlavi y al rey Faisal a acercarse: estarán unidos por la lucha anticomunista y crearán instituciones islámicas globales, como la Organización del Congreso Mundial Islámico, La Liga Mundial de Musulmanes y la Organización de la Conferencia Islámica. El número de mezquitas en Irán se dispara en la década de los 1970 como una barrera para frenar el aumento de la simpatía de los jóvenes hacia los postulados de la izquierda.

Richard Nixon convertirá a Irán y a la RAS en “Twin Pillars” (Doble pilar) de los intereses de EEUU en la región más petrolífera del mundo. El Sha será el encargado de hacer de “Gendarme del Golfo Pérsico”: así recupera para Irán las tres islas de Gran Tomb, Pequeño Tomb. y Abu Musa, que habían sido ocupadas por Gran Bretaña en el siglo XIX y cedidas a los Emiratos Árabes en 1968, y a petición de los ingleses enviará en 1973 al ejército iraní a Omán, para aplastar a la guerrilla marxista de Dhofar, que soñaba con un segundo país árabe socialista (el primero fue Yemen del Sur. La amistad de los sultanes de Omán con Irán perdura hasta hoy.

Múltiple impacto de la caída del Sha sobre Riad

  1. La caída del “último emperador” de Irán en 1979, y sobre todo el fin de la monarquía milenaria más poderosa de la región, provocará pánico en Riad, que teme su efecto mariposa. En la región, las repúblicas iban ganado terreno a las monarquías caducas: antes de Irán, Afganistán (1973), Libia (1969), Yemen (1962), Irak (1958) y Egipto (1952) derrocaron a sus reyes.
  2. Que el sistema político de Irán, al contrario de otras repúblicas semiseculares del “mundo islámico”, se proclamase “islámico” presentaba un nuevo desafío a Riad: por primera vez tendrá un competidor. El ayatola Jomeini no era ningún “republicano”. Su propuesta inicial fue instaurar un okumat-e eslami «Estado islámico), un califato religioso a la semejanza del gobierno de Mahoma. Fue la presión de millones de iraníes que exigían una república, para poder elegir y cambiar al jefe de estado, lo que obligó al ayatola a poner el adjetivo de “república” a una criatura sin precedentes en la historia: un califato dirigido por un clérigo todo poderoso y no elegido que gestionará Welayat-e Faghih, la «Tutela del Jurista Islámico», con capacidad legal de suspender el parlamento y al presidente “electo” (que debe ser varón, chiita, y fiel al Tutor), y en un sistema basado en la Sharia  chii , en el que los habitantes del país tendrán derechos distintos en virtud a su sexo, nacionalidad, religión y la fidelidad hacia el “Tutor”, figura que, por razones desconocidas, es denominada por la prensa occidental como “Líder espiritual”.
  3. Que Jomeini presentase el nuevo estado como una república “islámica; que no “chiita”, y tachara a los saudíes de ” adulterar el islam”, de “ser peones de Israel y de EEUU”, “infieles” o “corruptos y criminales”, arrebataba el monopolio que reclamaban los Saud sobre los “musulmanes sunnitas” del mundo, que son cerca del 80% de la comunidad.
  4. Una comparación rápida entre la RAS y la RI transmitía la idea de que el islam iraní permite el arte, las elecciones, o ciertas libertades a las mujeres, sin tener en cuenta la historia del propio país (que incluso tuvo ministras antes de la RI), presentando a la teocracia saudí como sistema menos desarrollado que la chiita. Al ser Irán un país más avanzado que RAS, sus fundamentalistas también los son.
  5. La carga “social” de la revolución iraní, recogida por Jomeini, quien en un principio, y bajo la gran influencia de la izquierda iraní, prometió justicia a los “desheredados”, introduciendo el factor “lucha de clases” en la comunidad religiosa, que suele dar prioridad a la fe del creyente frente a su cuenta bancaria. Sobre la marcha, se descubrirá que el ayatolá se refería a la “igualdad de los musulmanes ante dios”, insistiendo en que la “propiedad es sagrada en el islam”; y para disipar dudas, en respuesta a los trabajadores que pedían una vida digna sentenció: “preocuparse por el estómago (o sea, la economía) es cosa de animales”. Al final no hubo una teología chiita de liberación, confirmando el principio de que la justicia social es posible sólo en un sistema socialista de producción y distribución justas de los recursos, y sólo bajo la dirección de las fuerzas de izquierda.
  6. El aumento de la influencia de la RI en la región pondrá en jaque a los saudíes, que además, tienen fieles al chiismo en su propio país, que para más inri habitan la región más petrolífera del país.
  7. El intento de la RI en desarrollar un programa nuclear. En 2002, el Consejo de Seguridad de la ONU impone duras sanciones contra Irán.

 

A partir de la RI, las batallas en la región, que tenían tinte nacional (árabe-israelí, irano-árabe, etc.), pasarán por primera vez por líneas religiosas chiita-sunnita, dividiendo aún más a los trabajadores de la región frente a sus enemigos. Palestina fue la primera víctima de esta nueva situación. La Organización para la Liberación Palestina perderá su fuerza: además de luchar contra la ocupación israelí debe protegerse de los ataques de grupos religiosos patrocinados por la RI y RAS.

 

La respuesta de Riad al desafío de la RI

  • Financiar la guerra de Sadam Husein contra Irán entre 1980-1988.
  • Fundar el Consejo de Cooperación del Golfo en 1981 como sistema de seguridad “anti-chiita”, y promover con EEUU una “OTAN sunnita”.
  • Consolidar su control sobre el precio del petróleo y la OPEP.
  • Impedir, junto con Turquía e Israel, que en Irak los iraníes pudiesen aprovechar el “error” de Bush de implantar un gobierno chiita tras derrocar al sunnita Saddam Husein. Es la primera vez que Irán obtiene una influencia de envergadura en un país árabe.
  • Enviar a miles de “Yihadistas” a Siria, para derrocar a Bashar al Asad el único aliado de la RI en la región.
  • Planear en 2009 el desarrollo de un programa nuclear, mientras “ayuda” a Pakistán para mantener su bomba atómica.
  • Pedir a los gobiernos de Bush y de Obama bombardear Irán.
  • Patrocinar la campaña electoral de Trump a cambio de que rompiese el acuerdo nuclear de EEUU firmado en 2015, a pesar de beneficiar a Arabia (y a Israel), pues el levantamiento de las sanciones económicas sobre Irán fue el último golpe a las esperanzas de los saudíes de una acción bélica de Washington contra Irán. El acuerdo permitía a Teherán normalizar su relación con el mundo, aumentar sus mercados, y también su zona de influencia en perjuicio de sus competidores regionales, justo cuando Arabia estaba sufriendo un déficit presupuestario de 87.000 millones de dólares y planteaba vender ARAMCO, su empresa estatal de petróleo y gas. Según el FMI, el país árabe puede quedarse sin activos financieros en pocos años. Le urgía a Riad, que se ha convertido en el primer comprador de armas del mundo, hacer desaparecer a Irán como potencia. Y para ello, ha empezado por pagar millones de euros a la prensa y a “Google” para borrar el adjetivo “Pérsico” al golfo que lleva este nombre, antes de la aparición de Arabia, cuando la antigua Grecia lo denominaba “Limen Persikos”. De allí “la Guerra del Golfo”, de un golfo sin nombre y ubicación geográfica.

 

Y estas no son las únicas amenazas percibidas por Riad:

  • Los extremistas sunnitas le acusan de ser poco islámico. permitir en las tierras sagradas del islam, por ejemplo, piscinas mixtas en la base militar de EEUU.
  • Los sectores liberales “sunnitas” -como el periodista Jamal Khashoggi, las mujeres feministas y jóvenes seculares, como el bloguero Raif Badawi o el poeta palestino Ashraf Fayadh, acusados de apostasía.
  • Y del propio EEUU, que le amenazó con eliminarle en dos semanas.

 

Pasa un siglo del Tratado de Sykes-Picote, que repartió Oriente Próximo entre las superpotencias del momento, Francia y Gran Bretaña. Ahora EEUU busca una nueva arquitectura geopolítica que garantice sus intereses a largo plazo en esta estratégica región del planeta, y Arabia Saudí no es más que una herramienta en sus manos en ejecutar este proyecto.

Este conflicto entre las dos teocracias está teniendo lugar en el Estrecho de Ormuz, y en  el suelo de terceros países como Irak, Siria, Líbano y Afganistán: se trata de un juego  de suma cero, y no sólo por la incompatibilidad de sus intereses, sino también por su mirada metafísica que distorsiona la realidad que les rodea.

30 junio 2019

Publicado enInternacional
Ley de Regiones, ¿para la descentralización y el desarrollo territorial?

La Ley de Regiones es casi una realidad en Colombia, de ser refrendada por Duque, vendrán cambios en toda la estructura administrativa del país. ¿En qué consiste esta Ley? ¿Cuáles son sus implicaciones?

 

En abril del año en curso surtió conciliación en el Senado el articulado del proyecto de ley No. 258 de 2018 –Cámara– y 182 de 2017 –Senado– “Por la cual se dictan normas orgánicas para el fortalecimiento de la Región Administrativa de Planificación, se establecen las condiciones para su conversión en Región Entidad Territorial y se dictan otras disposiciones, en desarrollo de los artículos 3016 y 3017 de la C.P” ampliamente conocido como “Ley de Regiones”.

Esta iniciativa, surgida a comienzos del año 2017, luego de surtir cuatro debates en comisiones y plenarias de Cámara y Senado, fue aprobada y está a la espera de sanción presidencial para entrar en vigencia.

 

 

Implicaciones de la Ley de Regiones

 

Como su nombre lo indica, este proyecto de Ley pretende fortalecer las Regiones Administrativas de Planificación (RAP) y fijar condiciones para su posterior conversión en Regiones Entidad Territorial (RET). Las RAP son una forma asociativa entre dos o más departamentos, con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio, con el fin de promover acciones para el desarrollo regional, propender por la articulación de la planeación entre las distintas Entidades Territoriales que la conforman y velar por una visión regional en los distintos planes, programas y proyectos que se adelanten para el desarrollo del país.

Las RET, por su parte, implican un mayor desarrollo en su alcance, puesto que constituyen una nueva instancia institucionalizada de ordenamiento y organización político administrativa del país, en forma de Entidad Territorial –al igual que los municipios y departamentos–, lo que implica disposiciones orgánicas y arreglos institucionales en definición de competencias, articulación con otros niveles político administrativos, y el establecimiento de fuentes de financiamiento que pueden provenir del Presupuesto General de la Nación, de recursos de las Entidades Territoriales que las conforman, o de la generación de recursos propios, las cuales tendrían que garantizar su funcionamiento como una nueva estructura administrativa de ordenamiento y de instancias burocráticas implícitas en su conformación y desarrollo.

 

Discusiones entorno al proyecto de Ley

 

El proceso de sanciones y debates en torno al proyecto de ley desde su primera ponencia, atravesó diferentes modificaciones a partir de distintas disposiciones fiscales y discusiones frente a las implicaciones que tendrían algunas de las propuestas planteadas en sus inicios, que vale la pena traer a colación en tanto brindan una idea de las intenciones iniciales con que surge esta iniciativa.

Mientras el actual articulado aprobado deja claro que de ninguna manera la constitución de las RAP o las RET podrán generar presiones de financiamiento provenientes directamente de los recursos del Presupuesto General de la Nación o podrán modificar la asignación del Sistema General de Participaciones, las primeras propuestas de articulado ponían de manifiesto su interés en que esto fuera posible, especificando la necesidad de que los gastos de funcionamiento de las nuevas estructuras administrativas fueran garantizados por las transferencias de la Nación, lo cual implicaba el sostenimiento de una Gobernación y una Asamblea Regional como nuevas estructuras burocráticas, sin hallar una relación necesaria con los objetivos principales de planificación y gestión del desarrollo.

Ahora bien, cabe resaltar que la figura de las RAP definidas en el proyecto de ley aprobado, no son innovadoras sino que se implementaron incluso desde la expedición de la ley 1454 de 2011 que dicta normas orgánicas sobre el ordenamiento territorial del país, estableciendo las RAP como esquemas asociativos regionales que no generan presiones en el presupuesto nacional o en creación de nuevas instancias burocráticas, y que respondan a objetivos de planificación y gestión del desarrollo regional por medio de la devolución de competencias y recursos del nivel nacional al territorial.

Debe resaltarse que luego de 8 años de su implementación, las RAP no cuentan con evaluaciones técnicas ni experiencias claras de su puesta en marcha, siendo un modelo incipiente que presenta distintos retos para su consolidación y que, además, debería ser la evaluación de estas experiencias la que permitiera el análisis de las realidades territoriales locales, el entendimiento de sus propias dinámicas de desarrollo y sus necesidades de planeación, para luego determinar las estructuras administrativas que lo posibiliten y no de manera contraria como se propone.

En este sentido, cabe preguntarse si el logro de la dinamización de la planeación y el desarrollo territorial, de manera real y efectiva, depende de la creación de estructuras administrativas en niveles superiores de gobierno que definan las estrategias de desarrollo regional, o si más bien debería ser la definición propia de los espacios territoriales locales por medio de su fortalecimiento, quienes permitieran la construcción de una visión de planeación para el desarrollo que responda a sus propias dinámicas socio-económicas, culturales, geográficas y en especial funcionales, para que a partir de ellas puedan generar alianzas estratégicas con otros territorios locales, sin depender de su delimitación geográfica territorial sino de la pertinencia de su asociatividad de acuerdo a los objetivos que persigan.

Por otro lado, a pesar del cambio en las pretensiones de financiamiento por parte del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el funcionamiento de las RAP y las RET, y las definiciones de financiamiento centradas en la disposición de recursos de las Entidades Territoriales que las conforman, así como de recursos de cofinanciación, aún queda la inquietud frente a los mecanismos de concurso para la asignación de recursos para los proyectos de inversión definidos por cada una de las regiones, puesto que podría poner en desventaja a aquellas regiones que por su capacidad institucional no cuenten con ciertas fortalezas en la generación de proyectos de inversión bien formulados o. incluso, en la supeditación de objetivos locales de desarrollo territorial a costa de intereses e influencias más fuertes presentes en las amplias estructuras territoriales que implican las regiones.

 

El paso de las RAP a la constitución como RET

 

Lo anterior no pretende poner en duda la pertinencia del espíritu de desarrollo regional y las necesidades que el país presenta en esta materia, sino cuestionar los mecanismos institucionales y de ordenamiento que se dispongan para tal fin. Así, pese a que las RAP pueden traer beneficios para el desarrollo del país –como espacio para la planificación y gestión del desarrollo territorial–, lo que en este proyecto de ley llama principalmente la atención y genera múltiples dudas, es el paso de las RAP a su constitución como RET.

De ahí la necesidad de resaltar que una nueva forma de ordenamiento político administrativo en un nivel superior al departamental, puede generar novísimas presiones fiscales y burocráticas, y en un contexto real del país, es evidente que aún falta mucho camino para el alcance de autonomías locales y la consolidación efectiva de la descentralización, una pretensión que debiera pasar por el estimulo a la participación plena de la ciudadanía en la definición de proyectos de inversión que respondan a la identificación de sus propias necesidades para la transformación efectiva de su cotidianidad. De así avanzar, construyendo una visión de desarrollo local que parta de la participación democrática de sus habitantes, le estaríamos dando paso a una democracia cada vez más renovada, donde lo formal se someta a lo real, es decir, donde más allá de elegir a sus gobernantes de cualquier nivel administrativo, el ciudadano de a pie sienta los beneficios de la participación decisoria en todos los aspectos de su cotidianidad. Solo así, por ejemplo, podrían crearse barreras efectivas contra la corrupción, a la vez de construir vías de desarrollo acordes a su contexto.


Así mismo, solo basta con echar un vistazo a las debilidades territoriales para generación de recursos propios, a las generalizadas deficiencias en materia fiscal representadas en la calidad del gasto o su capacidad de recaudo de ingresos diferentes a los provenientes del origen nacional, a la baja capacidad en materia de planeación para la construcción de proyectos de inversión adecuados que superen la visión cortoplacista de los distintos gobiernos, o a los múltiples conflictos en torno a los títulos y delimitación de territorios así como su concentración en propiedad.

En este camino de búsquedas y fracasos, basta con recordar lo vivido con los procesos de municipalización y definición de formas claras de organización político administrativa en las áreas no municipalizadas del país, que abarcan nada menos que cerca de una cuarta parte del territorio nacional en los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés; o mejor aún, cuando al cabo de 28 años de la celebración de la Constitución del 91, que abre paso a la conformación de las Entidades Territoriales Indígenas “ETI”, que serían definidas en la Ley de Ordenamiento Territorial, se expide esta última en 2011 sin referencia alguna frente a este punto, poniendo de manifiesto el constante desinterés y falta de voluntad de gobierno para el respeto por la autonomía, derechos y garantías a los pueblos indígenas del país.

Ante estas realidades y dilemas, es urgente estar al tanto de que la implementación de las RAP realmente resulte aportando de manera efectiva a la dinamización del desarrollo territorial, a la superación de brechas de desarrollo en los territorios, a la consolidación del proceso descentralizador del país, y a la generación de nuevas autonomías que permitan una mejor planificación y ejecución de proyectos de inversión con visión regional. Pero, en especial, debería esperarse que el paso a las propuestas RET se de a partir de una evaluación realista de la experiencia de implementación y efectividad de las RAP.


Estamos ante el último paso que debe surtir este proyecto para transformase en Ley, y existe expectativa por la decisión que tomará Duque frente al mismo, aunque es previsible su aprobación por lo jugosa que resulta la oportunidad de potenciar su acumulado político a partir de las banderas siempre pretendidas de descentralización y autonomía, así como de sus proclamas presentes desde el inicio de su campaña en pro de la construcción de un país de regiones. Al final de este debate de varios años, esto es lo determinante, a un lado quedan participación, democracia real, autonomía, mejoramiento de lo administrativo, y autodeterminación propia de la visión de desarrollo regional, así como otros tópicos indispensables de considerar para que el país camine por la senda de la construcción democrática del territorio, dejando a un lado la senda requerida por instancias superiores burocráticas de gobierno.

 

* Economista de la Universidad Nacional de Colombia. Estudiante de maestría en Estudios Políticos del mismo centro de estudios.

Publicado enEdición Nº258
Marcelo Ebrard, ministro de Relaciones Exteriores de México, durante una conferencia de prensa en el Palacio Nacional en la Ciudad de México, junto a Andrés Manuel López Obrador / Foto: AFP, Alfredo Estrella

 

México desplegó esta semana unos 15 mil miembros de la Guardia Nacional en su frontera norte, que se suman a los cerca de 6 mil ya apostados en el sur. El objetivo: contentar a Donald Trump y su electorado antinmigrante. Al ritmo de las amenazas y las extorsiones de Washington, la legalidad humanista cede terreno a la noción de seguridad nacional. Nuevo estilo de negociación para la vieja empresa de control colonial.

 

El pasado 30 de mayo, cuando el presidente Donald Trump amenazó en un tuit a México con imponerles aranceles punitivos a todas sus exportaciones en un plazo de 11 días si no frenaba el éxodo de refugiados hacia Estados Unidos, las relaciones bilaterales entraron en la más grave crisis político‑diplomática desde los años ochenta.

En la coyuntura, el autócrata de la Casa Blanca necesitaba otra guerra. Inmerso en un conflicto global de tarifas y financiero con China, amenazó a India, a Turquía y a las 28 naciones de la Unión Europea; fintó con Corea del Norte, después con una invasión y un golpe de Estado en Venezuela, y luego el objetivo fue y sigue siendo Irán, al que amenazó con la aniquilación total. Como encontró resistencias, adelantó su campaña por la reelección y, abusando de la asimetría de poder, eligió a México como blanco de una guerrita económica espléndida a golpes de tuits, dislates verbales y amenazas mediáticas. Fabricó una crisis y obligó a su contraparte a sentarse a la mesa con una pistola en la cabeza. Es decir, utilizó una lógica de “negociación” mediante chantaje. Una guerra sin misiles, con aranceles punitivos virtuales, que, de concretarse, podrían destruir industrias y 900 mil puestos de trabajo del lado mexicano.

En rigor, la guerra de migrantes por aranceles fue política: el mitómano de la oficina oval necesitaba consolidar su imagen de supremacista blanco y xenófobo para exacerbar las actitudes chovinistas de su base electoral. Como en su campaña de 2015‑2016, México y los centroamericanos que huyen del horror y quieren ingresar a Estados Unidos vuelven a ser parte de la estrategia de la presidencia imperial y la extrema derecha en el poder; son consustanciales a la narrativa nativista fundacional de campaña del populista Trump, de cara a los comicios del 3 de noviembre de 2020.

MÉXICO, UN EXTRAÑO ENEMIGO.

Las razones esgrimidas para lanzar esa ofensiva coercitiva no fueron comerciales. Trump insistió en que el éxodo méxico‑centroamericano  a Estados Unidos constituye un problema de seguridad nacional. Justificó su guerra de aranceles contra México con base en la ley de poderes económicos de emergencia internacional (Ieepa, por sus siglas en inglés), que desde 1977 permite a los inquilinos de la Casa Blanca intervenir de manera extraordinaria en asuntos económicos en caso de una “amenaza internacional inusual y extraordinaria”. Es una ley que se aplica contra países considerados “enemigos”. Jimmy Carter la utilizó contra Irán cuando la crisis de los rehenes de la embajada de Estados Unidos en Teherán, en 1979. Se ha empleado contra Corea del Norte, Siria y Sudán, y varias órdenes ejecutivas de Trump para sancionar y desestabilizar a Venezuela han sido justificadas con base en la Ieepa.

Así, México pasó de aliado y socio comercial subordinado de Estados Unidos a país enemigo, que pone en riesgo la seguridad nacional de la superpotencia. Un exabrupto. Además, para imponer su agenda a los enviados del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington, Trump usó trampas de crupier de casino, donde la casa siempre gana. Lo que fue combinado con una estrategia de máxima presión: el viernes 7 de junio, durante una reunión de 12 horas en el tercer día consecutivo de “negociaciones”, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y su comitiva fueron despojados de laptops, celulares y otros aparatos electrónicos, para evitar grabaciones secretas (que, por lógica, sí hicieron funcionarios del Departamento de Estado).

¿Resultado? México aceptó enviar 6 mil efectivos de la Guardia Nacional (en formación) a ejercer funciones de vigilancia, control y verificación migratoria en la frontera de 240 quilómetros con Guatemala; criminalizar y perseguir a quienes huyen del terror y buscan asilo o refugio, y acelerar la instrumentación del programa Remain in Mexico (Quedate en México) para combatir los flujos migratorios (lo que viola la ley de asilo estadounidense y el principio de la no devolución), con la condición de que si en 45 días estos no decrecen de manera significativa, el “tercer país seguro” regresa a la mesa junto con la imposición de aranceles punitivos.

En el corto plazo, Trump –a la cabeza de un Estado canalla (rogue state), que no se considera obligado a actuar de acuerdo con las normas internacionales– coaccionó a México para que hiciera el trabajo sucio al interior de sus fronteras. Y ahora, el eslabón más débil de la relación tiene una presión migratoria en forma de pinza: en la frontera norte con Estados Unidos, por la devolución de unos 60 mil centroamericanos, que deberán esperar en México mientras se tramita su asilo en tribunales estadounidenses, y, en la frontera sur, por el ingreso de unos 100 mil refugiados guatemaltecos.

Trump pretende un Acuerdo de Tercer País Seguro (Atps) con México, para que resuelva su ineficiente y lento sistema de asilo –que, como ha sido documentado, incluye virtuales campos de concentración para niños, niñas y mujeres–, ante la falta de republicanos y demócratas para reformarlo. Se estima que 80 por ciento de los casos de asilo son negados después de un año o más de espera. Estados Unidos está negociando un Atps con Guatemala, para crear de jure un cerco jurídico internacional que lo aísle del éxodo de refugiados centroamericanos. México es la otra pieza clave.

Pero no deja de ser contradictorio que Estados Unidos nombre a México como tercer “país seguro” (véase Brecha, 14‑VI‑19), cuando el propio Trump considera la frontera sur del imperio como una de las más peligrosas del mundo. Al respecto, cabe consignar que la migración no es la única carta que tiene Trump. En abril pasado difundió una serie de tuits en los que decía que estaba buscando una sanción económica para “los 500.000 millones de dólares en drogas ilegales que son enviadas y contrabandeadas a través de México” por la frontera sur de Estados Unidos. Dio un año para revertir esa situación. A mediados de junio volvió a insistir en que 90 por ciento de la droga que ingresa a Estados Unidos lo hace desde México y que en 2018 hubo 60 mil muertos por sobredosis de opiáceos, de los cuales 15 mil fallecieron por sobredosis de heroína o sus derivados ingresados desde México.

 No queda duda de que la política de estilo macartista de Trump pegó en la línea de flotación del discurso humanista de Andrés Manuel López Obrador. Y aunque, como reveló The New York Times, el acuerdo migratorio del 7 de junio contiene acciones que México ya había aceptado previamente, resulta evidente que el gobierno mexicano expandió y aceleró su ejecución con un despliegue de personal y equipo sin precedentes en la zona sur del país, en particular en la porosa, desordenada y violenta frontera con Guatemala, donde para los lugareños, a ambos lados de una línea divisoria surcada de aldeas, ejidos y caseríos, el Estado es un concepto difuso.

MIGRACIÓN, REFUGIO, DERECHOS HUMANOS Y TERRITORIOS.

La migración es un derecho humano reconocido en el derecho internacional. A su vez, el derecho internacional de refugiados se rige por la Convención de 1953 de la Organización de las Naciones Unidas, que aplica dicho estatus a toda persona que tenga “un temor fundado por su vida”, debido, principalmente, a la persecución de orden político, étnico, racial o religioso. Otras motivaciones para tipificar la condición de refugiado, recogidas en la Declaración de Cartagena de 1984, son la violencia generalizada, la hambruna, el cambio climático y la violencia intrafamiliar, preceptos que fueron incorporados por México en la nueva ley de refugiados de 2011. A su vez, según el artículo 2 de la ley de migración mexicana, “en ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito”.

No obstante, las acciones ordenadas por López Obrador indican una visión de migración basada en una noción de seguridad nacional. Es decir, una política migratoria de corte militar, punitiva y violatoria de derechos humanos. Según Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados y correligionario de Amlo, con su “nativismo histérico” Trump logró “desplazar el muro de la frontera norte (de México) hasta Chiapas y utilizar a la Guardia Nacional como border patrol. Y agregó: (Trump) quisiera exhibir a nuestro país como una jaula frente al electorado estadounidense”.

En ese contexto, López Obrador considera que el fenómeno migratorio responde a carencias materiales y a la inseguridad en regiones marginadas de México y Centroamérica. Cierto. Pero nunca dice que la pobreza, la marginación y la violencia extrema –delincuencial y estatal– son generadas por el sistema capitalista, clasista y expoliador. Un capitalismo criminal y militarizado, que en el marco de políticas de “libre comercio” (¡vaya eufemismo de ocasión!) convirtió a México, Guatemala, El Salvador y Honduras en países extractivistas y maquiladores, que de manera masiva expulsan seres humanos de sus territorios.

Los territorios son el centro estratégico de la competencia mundial (doctrina Monroe 2.0) y las relaciones de poder. La historia de la colonización es a la vez la del reparto de territorios. No obstante, el colonialismo actual ocurre también mediante un adoctrinamiento integral neosocialdarwinista y el sometimiento violento de quienes oponen resistencia; abarca tanto los territorios como los sentidos o las percepciones y las construcciones semióticas y culturales. México y Centroamérica son parte de los territorios de las guerras interimperialistas, de las guerras por territorios, bienes naturales, mercados y mano de obra barata. Y para la guerra se necesita soldados, marinos y guardias nacionales militarizadas, y, más importante aun, ganar “las mentes y los corazones” mediante la guerra psicológica.

ÉMULO DE AL CAPONE EN LA CASA BLANCA.

Según el Financial Times, críticos estadounidenses de Donald Trump lo comparan a menudo con un gángster. El propio ex jefe del Fbi James Comey, despedido por Trump, dijo que su trato con él le recordó su empleo anterior “como fiscal antimafia”. Y en verdad los gestos y el estilo gansteril de Trump recuerdan a los personajes de El padrino y Los Soprano. En particular, su tendencia a tratar las alianzas como una forma de estafa de protección: pagás o dejo de proteger el vecindario. Pero también su forma de conducir la política exterior, con énfasis en las relaciones personales y una disposición a cambiar de manera repentina de las palabras cálidas a las amenazas, y viceversa.

¿Un ejemplo? Ante las amenazas del don de la Casa Blanca, el 17 de junio México ya había sellado su frontera con Guatemala con la Guardia Nacional. Tres días después, durante una entrevista con Telemundo, Trump dijo que López Obrador “le gusta” y quisiera reunirse con él. Interrogado sobre si consideraba a México un país aliado o enemigo, riéndose, respondió: “Esta semana lo considero amigo”. Negó que México haga el “trabajo sucio” y añadió que “han estado haciendo un trabajo excelente”. “Firmamos un acuerdo hace una semana y media, colocaron 6 mil efectivos en la frontera sur… Hasta ahora están haciendo un buen trabajo. Si no hubiera sido así, hubiéramos impuesto sanciones.”

Dicho eso, y apenas a dos semanas de haber alcanzado un acuerdo migratorio preliminar con México, filtraciones anónimas del Departamento de Seguridad Nacional reproducidas en medios estadounidenses dieron cuenta de la próxima puesta en marcha de un operativo (“megarredadas” lo llamaron) para deportar a familias completas de migrantes que residen en las principales ciudades del país. Para complacer a sus bases retrógradas, Trump amenazó con una nueva cacería antinmigrante. Mientras tanto, a López Obrador le está corriendo su tiempo de gracia. Y si algo exhibe la coyuntura, son los nexos del padrino Donald Trump con los magnates (robber barons), los banqueros de Wall Street y el Estado profundo, dominado por los servicios de inteligencia y el Pentágono. Por lo que, por donde se las mire, en el largo camino hacia las elecciones de noviembre de 2020 en Estados Unidos, las relaciones entre Trump y López Obrador estarán llenas de sobresaltos y no terminarán bien.

Por Carlos Fazio

27 junio, 2019

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Cómo Israel planea concretar su anexión de Cisjordania

En la mayor parte de la Cisjordania ocupada ya hay una situación de anexión de facto. Casi dos tercios del territorio palestino, incluyendo la mayoría de sus tierras más fértiles y ricas en recursos, están bajo completo control de Israel. Cerca de 400 mil colonos judíos que viven allí disfrutan la totalidad de los derechos y privilegios de los ciudadanos israelíes.

 

Al menos 60 dispositivos legales ya fueron preparadas por miembros de derecha del parlamento de Israel durante la última legislatura para pasar de un estado de anexión de facto a uno de jure, de acuerdo a la base de datos de Yesh Din, un grupo israelí de derechos humanos. Yesh Din apunta que el solo hecho de que algunos de estos borradores hayan sido presentados como leyes constituye una forma de anexión: “el parlamento de Israel se considera (ahora) a sí mismo como la autoridad legislativa y el soberano de Cisjordania”.

Paradójicamente, el primer ministro, Biniamin Netaniahu, se opuso a muchos de esos proyectos de ley, aunque fueron redactados por su propia coalición de gobierno. Netaniahu argumentó que sería equivocado adelantarse al proceso de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que de por sí implica que la anexión es una prioridad en la agenda. Detalles filtrados sugieren que Washington se prepara a dar luz verde a la anexión formal de al menos un trozo de ese territorio como parte de su acuerdo, aunque las dificultades políticas de Netaniahu y su decisión de convocar otra elección en setiembre podrían poner otra vez algunos detalles en el freezer.

EL ANTECEDENTE DEL GOLÁN.

Tres acontecimientos recientes también han puesto sobre la mesa la anexión de parte o de toda Cisjordania por Israel. En marzo, el presidente de Estados Unidos reconoció la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, capturados a Siria durante la guerra de 1967 y anexados a Israel en 1981 violando el derecho internacional. Esa decisión de Estados Unidos sugiere un precedente de cómo podría aprobarse la anexión de Cisjordania.

En abril, en la previa a las elecciones generales israelíes, Netaniahu dijo que usaría la próxima legislatura para “extender la soberanía” a todos los asentamientos judíos en Cisjordania. “Extender la soberanía” es una expresión que los políticos israelíes prefieren a la palabra “anexión”. Cerca de 400 mil colonos viven en ese territorio en 150 asentamientos oficiales y en otros 120 puestos de avanzada “no autorizados” que han sido patrocinados de manera encubierta por el Estado israelí desde la década del 90. Estos asentamientos tienen jurisdicción sobre un 42 por ciento del territorio de Cisjordania.

A comienzos de junio el embajador estadounidense en Israel, David Friedman, un partidario incondicional de los asentamientos y uno de los arquitectos del supuesto “acuerdo del siglo” de Trump, dijo a The New York Times que para él Israel estaba “del lado de Dios”, y agregó: “Bajo ciertas circunstancias, pienso que Israel tiene el derecho de retener parte –aunque es poco probable que la totalidad– de Cisjordania”.

CRECE EL APOYO EN ISRAEL.

En Israel el apoyo a la anexión está creciendo. En una encuesta reciente se detectó un 42 por ciento a favor de distintas opciones de esta, en oposición al 34 por ciento que respalda una solución de dos estados. Sólo un 28 por ciento de los israelíes rechaza la anexión explícitamente.

Tras bambalinas, los debates sobre anexar formalmente los territorios palestinos abundan en Israel desde que este país ocupó Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza en 1967. Los sucesivos gobiernos israelíes, sin embargo, han puesto objeciones a una decisión de ese tipo, en vista de que habría fuertes objeciones internacionales (la mayoría de los miembros de la Onu se opondría a la anexión de un territorio que el derecho internacional reconoce como ocupado de forma ilegal), y que Israel se vería presionado a darles la ciudadanía a los palestinos de las áreas anexadas, incluyendo el derecho a votar, lo que minaría su mayoría judía.

Veteranos de la alta política israelí, como Moshe Dayan e Yigal Allon, estuvieron entre los primeros en proponer la anexión de partes de Cisjordania. Proyectaron mapas para un programa de asentamiento permanente que permitiría a Israel quedarse con porciones de Cisjordania, en especial con las tierras más fértiles y los acuíferos. Desde fines de los setenta y durante los ochenta una funcionaria del Ministerio de Justicia, Plia Albeck, declaró “tierra estatal” extensas áreas de Cisjordania, lo que permitió que el gobierno las trate como partes de Israel y que se construyan asentamientos allí.

MULTAS DE TRÁNSITO Y COMISARÍAS.

Israel no sólo ha aplicado sus leyes sobre los colonos, sino que docenas de delegaciones policiales ubicadas en Cisjordania operan como si el territorio ya hubiera sido anexado, cobrando multas de tránsito y controlando otras infracciones de los palestinos. En materia legal, el último recurso para los palestinos es la Suprema Corte de Israel. En 2011 esa corte decidió que Israel tenía permitido explotar más de una docena de canteras, uno de los recursos clave de los palestinos, en el entendido de que la ocupación se había convertido en “prolongada”. Evidentemente fue una sentencia que trató a Cisjordania como si hubiera sido anexada de facto.

Desde los acuerdos de Oslo los líderes israelíes tienden a comprometerse de la boca para afuera con la creación de un Estado palestino, que surgiría en algún futuro lejano. Pero en la práctica han alentado la rápida expansión de los asentamientos. Esta política es a veces denominada “anexión progresiva”. La derecha israelí ha propuesto un número de variantes, desde la anexión de todos los territorios palestinos, incluida Gaza, hasta una anexión limitada a ciertas áreas de Cisjordania.

CÓMO OSLO DIO EL CONTROL A ISRAEL.

El principal marco para el debate israelí sobre la anexión es el proceso de paz de Oslo, que dividió temporalmente la Cisjordania ocupada en las áreas A, B y C, como preludio –se consideró– a una eventual transferencia de soberanía a la Autoridad Palestina. El área C, 62 por ciento de Cisjordania, está bajo completo control israelí y es donde están ubicados los asentamientos. Es también donde se encuentra la mayoría de los recursos hídricos, agrícolas y minerales. El área B, un 20 por ciento, está bajo control de la seguridad israelí, mientras las autoridades civiles son palestinas. Y el área A (más que nada espacios palestinos edificados en el 18 por ciento de Cisjordania) está, nominalmente, bajo completo control palestino.

La opción preferida por la mayoría del Likud de Netaniahu es la anexión de las áreas pobladas con colonos, alrededor de un 40 por ciento de Cisjordania, en su mayoría territorios localizados en el área C. Esta opción mantendría a los palestinos de Cisjordania fuera de las áreas anexadas y haría más fácil evitar tener que darles cualquier derecho de residencia o ciudadanía. La Autoridad Palestina tendría “autonomía limitada” –una suerte de rol municipal glorificado– sobre los restantes fragmentos de Cisjordania.

A la derecha del Likud las opiniones varían desde anexar toda el área C hasta incluir toda Cisjordania y la Franja de Gaza, hasta la creación de bantustanes palestinos a la manera del sistema de apartheid de Sudáfrica. Algunos proponen un método según el cual Israel iría incorporando gradualmente “rebanadas” de Cisjordania.

La centroizquierda israelí teme que la anexión formal no sólo violará el derecho internacional, sino que además dañará la imagen de Israel en el exterior, al alentar comparaciones con la Sudáfrica del apartheid. En ausencia de un Estado palestino, una minoría judía podría pronto gobernar sobre una mayoría de palestinos. Este sector del espectro político israelí también está preocupado por los costos de la anexión. Comandantes por la Seguridad de Israel, un grupo de oficiales de seguridad retirados, argumenta que la anexión conducirá al inevitable colapso de la Autoridad Palestina. Como resultado, cree que Israel incurriría en costos anuales de entre 2.300 y 14.500 millones de dólares, dependiendo de la extensión del área anexada. También habría una pérdida de 2.500 millones de dólares en inversiones extranjeras. Los levantamientos palestinos podrían costarle hasta 21.000 millones de dólares a la economía de Israel.

Economistas de derecha, como Amatzia Samkai, del Caucus por Eretz Israel, dicen, sin embargo, que su país se beneficiará económicamente. Si se anexa el área C, sólo un pequeño número de palestinos tendrá derecho a políticas sociales israelíes, afirma Samkai. Las pérdidas, agrega, pueden ser más que compensadas por una fuerza laboral ampliada y una caída en los costos inmobiliarios luego de que Cisjordania quede disponible para la industria de la construcción israelí.

por Jonathan Cook. Periodista independiente británico, residente en Nazaret y autor de varios libros sobre el conflicto israelí-palestino. Publicado por Middle East Eye el 18-VI-19. Brecha publica fragmentos (titulación también de Brecha).

27 junio, 2019

 

 

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 En 2015 aumentó el flujo de migrantes a la isla griega de Samos y sus vecinas Lesbos y Quíos, principales puertos de entrada a Europa. En lo que va del año suman 9 mil.Foto Afp

Ginebra. Más de 32 mil migrantes y refugiados han muerto o desaparecido en rutas migratorias de todo el mundo entre los años 2014 y 2018, según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que eleva a casi mil 600 la cifra aproximada de niños fallecidos, el más joven de ellos de apenas 40 días de vida.

 

El Proyecto de Migrantes Desaparecidos de la OIM analiza desde 2014 los datos de víctimas en las principales rutas migratorias del planeta, aunque la organización admite las dificultades de realizar una evaluación precisa. Así, sospechan que la cifra oficial podría ser "mucho menor" a la real, pues "muchos cuerpos nunca aparecen o no son identificados".

 

La OIM pusoo el foco en esta ocasión en los niños, a los que sitúa como protagonistas de un informe que admiten impreciso, ya que en el caso de los menores se suma no sólo la dificultad de confirmar su fallecimiento, sino también la ausencia de estadísticas precisas en materia de edad. Aún así, estiman que mil 593 han muerto entre 2014 y 2018.

 

El Mediterráneo ha sido la región mas mortífera para los menores, con 678 víctimas mortales durante estos años, lo que sitúa a esta zona por delante del sudeste asiático (363 niños fallecidos), África subsahariana (149) y el norte de África (144).

 

La OIM estima que, desde 2014, más de 17 mil 900 personas han fallecido en el Mediterráneo, de las cuales hay "casi 12 mil" cadáveres sin recuperar. Sin embargo, también admite que en esta zona hay un cambio de tendencia generalizado, al margen de repuntes como en el caso de España.

 

De esta forma, la organización internacional atribuye el descenso global en el número de migrantes fallecidos o desaparecidos entre 2017 y 2018 –que pasó de 6 mil 279 a 4 mil 734– a la menor afluencia migratoria en la zona mediterránea central, la que conecta Libia con el sur de Italia.

 

El número de migrantes que han intentado llegar a las costas italianas ha pasado en un año de 144 mil 301 a 45 mil 648, según la OIM, que alerta, no obstante, del aumento en la tasa de mortalidad en esta zona. Si en 2017 perdieron la vida 2 por ciento de quienes utilizaron esta ruta, en 2018 incluso la cifra más conservadora sitúa la proporción en el entorno de 3 por ciento.

 

En Asia, la OIM destaca la creciente mortalidad en la ruta que conecta el Cuerno de África con Yemen, aparentemente por el persistente conflicto militar de este último país. De las 53 muertes registradas en 2017 se ha pasado a las 125 de 2018.

 

En el sudeste asiático, la cifra de fallecimientos entre 2014 y 2018 se acerca a los 2 mil 200, entre ellos mil 723 rohinyas que han huido de la pobreza, la violencia y la persecución en el estado birmano de Rajine. Casi un millón de rohinyas están refugiados en Bangladesh, entre ellos más de 700 mil que llegaron tras la ola represiva de agosto de 2017.

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La foto que conmueve al mundo: padre e hija murieron al intentar cruzar un río

Otra vez una foto que expone el costado más cruel de la crisis migratoria conmueve al mundo entero. La imagen muestra los cuerpos de un hombre y su pequeña hija tendidos sin vida a la orilla del río Bravo, en el noreste de México, a un kilómetro del puente internacional que conecta con Estados Unidos.

Otra vez una foto que expone el costado más cruel de la crisis migratoria conmueve al mundo entero. La imagen muestra los cuerpos de un hombre y su pequeña hija tendidos sin vida a la orilla del río Bravo, en el noreste de México, a un kilómetro del puente internacional que conecta con Estados Unidos.

La tragedia ocurrió el domingo en la ciudad de Matamoros, en el estado mexicano de Tamaulipas. La esposa del hombre y madre de la niña fallecida que logró ser rescatada, Tania Vanessa Ávalos, dijo a las autoridades que el agua se llevó primero a la niña y fue el padre quien intentó agarrarla, pero ambos fueron arrastrados por la corriente del río y desaparecieron.

La imagen desgarradora recordó a la de 2015 cuando un niño sirio de 3 años murió ahogado en las aguas del Mediterráneo. En este caso, ambos están tirados a la vera del río, unidos por la remera del hombre. Se cree que el papá logró alcanzar a la nena en el agua pero que por la fuerte corriente decidió sujetarla por debajo de su remera. Ambos murieron ahogados.

El matrimonio era originario de El Salvador. Óscar Alberto Martínez Ramírez tenía 25 años y la pequeña Valeria, un año y 11 meses. Habían llegado a esta ciudad mexicana para pedir asilo político en Estados Unidos.

Sin embargo, ante la desesperación por la lentitud en los tramites decidieron junto con otros migrantes cruzar el río Bravo, según señaló la mujer.

Los cuerpos fueron encontrados al día siguiente por las autoridades de Protección Civil mexicanas. El hallazgo tuvo lugar en las orillas del río, entre unas ramas y a kilómetros del puente internacional de Matamoros que une esta ciudad con Brownsville, Texas.

Enrique Alberto Maciel Cervantes, presidente del Instituto Tamaulipeco del Migrante en Matamoros, lamentó la tragedia y pidió a los migrantes que no se metan a las aguas del río Bravo ya que las compuertas están abiertas y la corriente es muy fuerte. "El río no ayuda; cobra vidas", advirtió.

Miles de migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala ingresaron desde octubre a México en varias caravanas a través la frontera sur con el objetivo de cruzar a Estados Unidos. Ante el aumento del número de migrantes irregulares y de solicitantes de asilo que llegan a Estados Unidos, el presidente de ese país, Donald Trump, amenazó el 30 de mayo pasado con imponer aranceles a todas las importaciones mexicanas.

El 7 de junio se anunció un acuerdo que prevé el envío de 6.000 efectivos de la Guardia Nacional de México a la frontera sur, entre otras medidas para contener la migración. A cambio, Estados Unidos retiró la amenaza de los aranceles.

 Este lunes, el Gobierno de México anunció el despliegue de más de 20.000 efectivos, entre militares, marinos y miembros de la Guardia Nacional, en las fronteras norte y sur de México.

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