El caníbal fracking en EU y México: concepto itamita de Norteamérica

El demoledor libro de Bethany McLean –quien exhumó el fraude financierista de la gasera texana Enron– sobre el canibalismo del fracking (fracturación hidráulica), la toxicidad del agua usada y su estafa financiera (https://amzn.to/2yG6QCj), todavía le dio pocos años de vida a la mítica cuenca Permian: suprema productora de shale gas/petróleo en Texas (http://bit.ly/2ykYXCE).

 

Kevin Crowley, de Bloomberg –cercano al Partido Demócrata y enemigo del filo-petrolero Trump– diluye el vino embriagante del "auge del petróleo en la cuenca Permian" que "exhibe señales de sobrecalentamiento ,escasez de arena, gasoductos y mano de obra que pueden poner en peligro el futuro de EU como una superpotencia energética"(https://bloom.bg/2yF4Ry0).

 

La cuenca, que abarca 90 mil millas de roca sedimentaria entre Texas y Nuevo México, lleva seis años de auge gracias a los "avances en perforación".

 

Jessica Summers y Sheela Tobben, también de Bloomberg, catalogan a la cuenca Permian como la "mayor parcela de petróleo en el mundo (sic) que está a punto de superar la producción de Irán": produce 3.18 millones de barriles al día(mbd) y puede alcanzar 4 mbd en 2023, mientras el campo Ghawar de Arabia Saudita, el máximo del mundo, produce casi 6 mbd (https://bloom.bg/2yIJX13).

 

Según Kevin Clowley, "EU se volvió una superpotencia energética gracias a la cuenca Permian y está a punto de superar a Arabia Saudita y a Rusia como el mayor productor de petróleo del mundo", lo cual "tendrá implicaciones políticas y económicas de largo alcance en la política exterior de EU".

 

Jerarcas del petróleo de EU vaticinan el auge de la cuenca Permian de "una o dos décadas por lo menos (sic)" gracias a la doble tecnología del fracking y la perforación horizontal que inyectan arena, agua y químicos.

 

Harold Hamm, mandamás de Continental Resources y confidente del presidente, alardea que con Trump, EU tiene sus "propios petrodólares" y se puede dar el lujo de propinar sanciones a Irán.

 

Pero no todo es color de rosa con la cuenca Permian que "exhibe señales de sobrecalentamiento" cuando la "arena se ha vuelto una preciosa materia prima que se cotiza a 60 dólares la tonelada".

 

El dinero corre a raudales y hoy un conductor de camión obtiene 150 mil dólares al año y han convertido los caminos para "tráfico agrícola en las más peligrosas de EU", sumado de los cuellos de botella de su transporte a refinerías y tankers en el Golfo.

 

La "Nueva California" o el "Nuevo Oeste" es hoy la cuenca Permian cuyo "máximo desafío" es la "escasez de plomeros y electricistas".

 

La parte fundamental del "éxito" caníbal del fracking radica en las grandes cantidades de agua que requiere cuando por cada barril de petróleo se producen cuatro barriles de agua tóxica y cuyos "manejadores" no saben como disponer de ella y no toman en cuenta los daños deletéreos que provoca, sin contar los sismos, la contaminación del gas metano y la toxicidad del agua potable.

 

El caníbal fracking epitomiza la bisagra de dos privatizaciones especulativas: la del petróleo y la del agua, en donde convergen los megabancos y las principales corredurías de Wall Street y la City, como Morgan Stanley/Goldman Sachs/Citigroup.

 

Se trata de un cuádruple negocio circular de banca/energéticos/agua/alimentos y que ha divulgado ICA (por sus siglas en inglés) encabezada por la DIA y la CIA (http://bit.ly/2yGbAb5).

 

El caníbal fracking epitomiza el concepto geoestratégico de integración energética de "Norteamérica" (http://bit.ly/2yHFviW) propalado por Goldman Sachs (http://bit.ly/2yL6A4M), CFR (https://on.cfr.org/2yHgPY4) y el ITAM (sic) para derrotar a China, según Joseph Nye (http://bit.ly/2yJdEiv).

 

El misterio del fracking, notable fracaso financiero, fue develado por McLean quien expuso que se trata de una burbuja financierista de la Reserva Federal y de la bancocracia de Wall Street y la City.

 

El mito transfronterizo del fracking en EU y el noreste de México lo abordaré en una conferencia magistral en el auditorio Barros Sierra de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, hoy miércoles a mediodía (http://bit.ly/2yKEqH0).

 

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El futuro del planeta, en manos de unos ricos que no pagan su deuda

Mientras el informe del IPCC deja claro que los esfuerzos para contener el aumento de temperatura global por debajo de 1,5 grados deben ser mucho más rápidos y mayores, el principal instrumento económico para la adaptación, el Fondo Verde para el Clima, no tiene apenas fondos. Los países ricos son los que más deben aportar, pero las negociaciones siguen encalladas.

Por si aún no había quedado suficientemente claro, el último informe del Grupo de Expertos Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) viene a afianzar un hecho que se lleva corroborando año tras año: si queremos limitar el aumento de temperatura medio del planeta por debajo de los 1,5 grados, los esfuerzos a realizar deben ser mucho mayores y más rápidos de lo que hoy tienen acordado las naciones y organizaciones que rigen el mundo. Es más, el documento se ha centrado en las consecuencias que implicaría quedarse en un incremento de 1,5 grados o llegar a los 2. Y este segundo escenario es catastrófico, especialmente, por supuesto, para los más pobres.


“El informe del IPCC ha encontrado que el factor sobre el que más impacta ese aumento de 1,5 grados a 2 es el agua”, señala Alejandro González, responsable de Cambio Climático de InspirAction. Si con 1,5 el nivel del mar subirá entre 26 y 77 centímetros, con 2 grados esa cifra aumentará 10 cm, lo que se traduce, según el informe, en 10 millones de personas más afectadas, básicamente en las zonas más desfavorecidas.


“Ese medio realmente marca una diferencia muy importante, por eso tenemos que ser mucho más ambiciosos”, apunta Tatiana Nuño, responsable de Energía y Cambio Climático en Greenpeace. Y en lugares como el Estado español es crucial. Como indica Javier Andaluz, responsable de Cambio Climático de Ecologistas en Acción , “en los países mediterráneos puede ser la diferencia entre adaptación o pérdidas y daños irreversibles”.


Un cambio tan drástico y una aceleración de los objetivos y ambiciones necesitan de acuerdos políticos y dinero, mucho dinero. “El instrumento clave para la adaptación es el Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés) y por lo que sabemos hasta ahora el dinero no está puesto sobre la mesa”, denuncia Andaluz.


El compromiso adquirido es movilizar 100.000 millones de dólares para conformar este fondo, pero desde el mismo dejan claro que, a día de hoy, solo hay un 10% de esa cifra: 10.200 millones. “El nivel de urgencia que tenemos es tal que los países ricos, que son los responsables de todo esto, no solo tienen que realizar las medidas de mitigación, sino que tienen que contribuir a que no haya emisiones extra en los países más desfavorecidos”, apunta González. Por ello , la demanda por parte del llamado G77 —en el que se agrupan los países con menos capacidad económica y del que forman parte 134 naciones— más China de que haya una inversión mayor por parte de los más poderosos va a ser una de las claves de la próxima Cumbre del Clima (COP24), que se celebrará en diciembre en Katowice (Polonia).


Sin embargo, tal como señala el experto de InspirAction, “no hay un compromiso claro y firme de que esos países ricos vayan a comprometer los fondos que habían acordado para capitalizar el GCF”. La última cumbre preparatoria interseccional con este punto en la agenda tuvo lugar en septiembre en Bangkok y dejaba un panorama oscuro. “Quedó claro que el G77 y China no van a avanzar y a seguir bajo el Acuerdo de París si no está el dinero y las transferencias de capacidades puestas sobre la mesa”, indica Andaluz, “y eso debe salir de los más ricos”. Pero a pesar de la urgencia, las posiciones en cuanto a financiación quedaron enconadas en dos posiciones: la de los que más tienen, básicamente el Grupo Paraguas —que incluye a Estados Unidos, Canadá, Rusia, Japón y Australia— más la Unión Europea, y la del G77.


Poderosos contaminantes


La responsabilidad histórica de los más ricos no está en duda. Tampoco que, hoy en día, los que más tienen son los que más contribuyen al cambio climático. Un informe de Oxfam International ya indicaba en 2015 que el 10% de la población con más recursos es la responsable de la mitad de las emisiones globales, mientras que la mitad más pobre del mundo en términos de población —3.500 millones de personas— solo producen el 10% de las emisiones. Por ello, como indican desde el colectivo Contra el Diluvio, “con la desigualdad actual, si conseguimos que el 10% más rico del mundo emita al nivel del europeo medio reduciríamos rápidamente las emisiones de CO2 en un tercio”.


En la misma línea, el informe Equidad y aumento de ambición: hacia un Diálogo Facilitado que sea efectivo en 2018 , firmado por más de un centenar de organizaciones de todo el globo en diciembre de 2017, remarca que “los compromisos de los países más enriquecidos no llegan a cubrir lo que sería una contribución justa”. Para no sobrepasar las 450 ppm de concentración de C02 en la atmósfera en 2020 —escenario que se equipara con un calentamiento no superior a 2ºC, siendo actualmente de 405 ppm—, el documento ya resaltaba la necesidad de “destinar más de 375.000 millones de dólares anuales en los países del Sur global, que deberán llegar a 1,3 billones de dólares en 2035”.


Con cifras pero sin fondos


Con estos hechos sobre la mesa, llama la atención la falta de acuerdo sobre los 100.000 millones que el GCF necesitaría para el año 2020, más teniendo en cuenta que esa cuantía es calificada por las organizaciones sociales como arbitraria. “Esa cifra se dice al tran tran, se pone sobre la mesa para encauzar unas negociaciones que ya estaban vendidas”, apunta González, quien destaca que “no se decide si van a ser préstamos, préstamos a fondo perdido, donaciones… cuáles son las características de esos préstamos o de las aportaciones de los países”. Además, el experto recuerda que “enseguida salieron voces como Oxfam o Amigos de la Tierra calculando que esa cantidad debía de ser al menos del doble”.


De hecho, el informe Equidad y aumento de ambición señalaba hace diez meses que un Fondo Verde para el Clima presupuestado con 100.000 millones de dólares se encontraba “muy lejos de las necesidades reales”, y destacaba que la adaptación de los ecosistemas, naturales y humanos “supondrá un coste de entre 140.000 y 300.000 millones de dólares anuales en 2030, y que se multiplicará por cinco en 2050”.


Financiación privada


Con este panorama y la falta de acuerdos, los gobiernos giran la mirada hacia las empresas, lo que tiene sus peligros, según denuncian desde las organizaciones sociales. “Cada vez surge con más interés que las grandes empresas pongan ese dinero que falta en el Fondo Verde para el Clima”, indica Andaluz.


“Las grandes compañías están haciendo un doble juego”, destaca por su parte el responsable de InspirAction. “Por un lado, desde la cumbre de Addis Abeba [para la Financiación del Desarrollo Sostenible de 2015 ] se dice que los Objetivos de Desarrollo Sostenible no se podían sostener con financiación pública y debía entrar la privada; y no un porcentaje, sino que el grueso debía venir de multinacionales, con la consiguiente desvirtuación de la agenda de desarrollo, con una serie de injerencias de modelos de negocio, etcétera…”. Por otro, la llegada al GCF de “empresas y fondos de inversión para intentar capitalizar iniciativas para desarrollar proyectos”.


Así están las cosas. Multinacionales y sus modelos de negocio en la base de la lucha global contra el clima. El futuro del planeta, en manos del capital y supeditado al beneficio. Lo dice hasta el GCF: “Responder al desafío climático requiere la acción colectiva de todos los países, ciudades, empresas y ciudadanos privados”. Un fondo que busca 100.000 millones de dólares anuales desde 2020 que puedan llegar “desde diversas orígenes”.


Mientras tanto, el informe del IPCC deja clara la situación: el ritmo actual de emisiones el aumento de 1,5ºC será un hecho en algún momento entre 2030 y 2052. Y la cosa irá a peor. “Estamos en la trayectoria de un aumento de entre 3 y 4 grados”, expone la responsable de Greenpeace, “así que necesitamos transformaciones muy rápidas y muy urgentes en todos los ángulos de gran alcance, donde se incluye el sistema energético, el transporte, el modelo de consumo, al consumir menos carne, la agricultura…

”.
Tras el fiasco de Bonn y el fracaso de Bangkok y del resto de reuniones intermedias, el horizonte está puesto en Katowice.

Por Pablo Rivas
@CeboTwit

publicado
2018-10-13 07:01:00

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Los científicos alertan: hacen falta cambios "sin precedentes" contra el cambio climático

El útlimo informe del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de la ONU estima que, a este ritmo, un aumento de la temperatura media del planeta por encima de 1,5 grados se superará entre 2030 y 2052



Limitar la subida de temperaturas a 1,5 grados centígrados requeriría "cambios sin precedentes" a nivel social y global, según alerta el nuevo informe presentado esta madrugada por el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de la ONU (IPCC, por sus siglas en inglés).
La temperatura global del planeta ya ha aumentado 1 grado centígrado de media desde la era preindustrial, pero los científicos advierten de que, a este ritmo, la barrera de los 1,5 grados se superará entre 2030 y 2052. Evitarlo "requeriría cambios rápidos, de amplio alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad", desde consumo de energía a planificación urbana y terrestre y muchos más recortes de emisiones, señalan.


El informe, presentado en Incheon (Corea del Sur), examina vías para limitar el calentamiento hasta 1,5 en lugar de llegar de 2 grados, tal y como se estableció en el Acuerdo del Clima de París, y advierte de que los efectos para ecosistemas y la vida en el planeta serán mucho menos catastróficos si se logra mantener esta barrera más ambiciosa.


"Mantener el calentamiento global en un nivel inferior a 1,5 grados en vez de 2 será muy difícil, pero no imposible", dijo el presidente del IPCC, Hoesung Lee, en la presentación del informe.


Acotar el calentamiento por debajo del límite de 1,5 grados evitaría una mayor extinción de especies y, por ejemplo, la destrucción total del coral, básico para el ecosistema marino, o reduciría la subida del mar en 10 centímetros para 2100, salvando zonas costeras y litorales, según el informe.


Superar el límite de 1,5 grados depararía un mayor incremento del calor extremo, las lluvias torrenciales y la probabilidad de sequías, algo que tendrá un efecto directo sobre la producción de alimentos, sobre todo en zonas sensibles como el Mediterráneo o Latinoamérica.


También afectará a la salud, suministros de agua y crecimiento económico, con un impacto especialmente negativo sobre las poblaciones más pobres y vulnerables del planeta, dice el texto, que cuenta con 6.000 referencias científicas y viene firmado por 91 expertos de 40 países.
Para evitar superar esa barrera, dice el informe, hace falta consumo energético más eficiente, agricultura más sostenible y menos extensiva o destinar más terreno al cultivo de recursos energéticos.


También multiplicar por cinco la inversión actual en el terreno tecnológico para lograr que transporte, edificios o industria emitan mucho menos y que a su vez se perfeccione la captura de gases de contaminantes.


El informe, dirigido a países de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, será usado como base para las discusiones de la vigésimo cuarta cumbre del clima (COP24) que se celebrará en Katowice (Polonia) este diciembre.

08/10/2018 10:20 Actualizado: 08/10/2018 11:17

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El drama de los desplazamientos forzados crece en Colombia tras el proceso de paz

En los ocho primeros meses del año, 38.490 personas se han visto forzadas a abandonar su hogar en Colombia. Con estos datos, CODHES confirma que el número de desplazados internos del país se ha vuelto incrementar mientras más de un centenar de líderes y lideresas sociales han sido asesinadas.

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento en Colombia (CODHES) confirma que se ha vuelto a incrementar el número de personas desplazadas internas en ese país. En los primeros ocho meses del año, casi 40.000 personas han sido víctimas del desplazamiento forzado, y más de un centenar de líderes y lideresas sociales, asesinadas. 

El informe de la CODHES detalla que entre el 1 de enero y el 31 de agosto se han registrado 126 episodios de desplazamientos múltiples y forzosos, lo que ha obligado a abandonar sus casas a 38.490 personas, de las cuales 8.376 son afrodescendientes y 7.808 indígenas.


Entre las razones, esta organización civil destaca que en casi la mitad de los casos los desplazamientos se deben a enfrentamientos armados y, en menor medida, a amenazas e intimidaciones e, incluso, a la mera presencia activa de grupos armados en una determinada región.


ELN, EPL, GHP


Las responsabilidades recaen fundamentalmente en las actuaciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y Grupos Herederos del Paramilitarismo (GHP), lo que da una idea de la complejidad de la situación del país sudamericano pese al proceso de paz firmado oportunamente por el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hoy reconvertidas en partido político.


La mayoría de los episodios causantes de desplazamiento se han producido en la región de Antioquia (12.588 personas desplazadas en 36 episodios), Norte de Santander (11.962 en 30) y Nariño (6.090 en 27). “Otros departamentos donde se presentó un alto número de desplazamientos son Córdoba (8 eventos de desplazamiento, 2.127 personas desplazadas), Chocó (5 eventos, 1.361 personas desplazadas), en Valle del Cauca (4 eventos, 2.514 personas desplazadas) y Cauca (2 eventos, 1507 personas desplazadas)”, desgrana el informe de la CODHES.


En abril Naciones Unidas ya condenó la violencia creciente en algunas de las regiones donde se han registrado los mayores desplazamientos. Tal es el caso de Catacumbo, Norte de Santander. Según el organismo internacional, a principios de año ya se registraban 2819 desplazamientos, 144.000 personas sufrían graves restricciones de acceso a servicios y bienes básicos, y más de 40.000 niños y niñas llevaban al menos una semana sin poder asistir a clases.


“Hacemos un llamado de urgencia a todos los grupos armados a respetar la vida y la integridad de la población civil, respetar los derechos humanos, acatar el derecho internacional humanitario de manera inmediata y garantizar el acceso humanitario”, decía el comunicado de la ONU.
7,7 millones de personas


Si bien las cifras de desplazamientos anuales siguen siendo ostensiblemente menores a los años anteriores a los acuerdos de paz, Colombia continúa encabezando la lista de países del mundo con mayor cantidad de personas en situación de desplazamiento interno. Según el informe 2017 de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a finales del año pasado eran 7,7 millones de habitantes de ese país, es decir más del 15% de la población. Siria es la siguiente nación en la lista, con 6,1 millones de personas desplazadas internas (y 5,5 que han buscado refugio en otros países), para continuar con la República Democrática del Congo, con 4,5 millones y 685.000 personas, respectivamente.


Esta realidad no es nueva, la población colombiana sufre la situación del desplazamiento forzado desde hace décadas, no solo por los enfrentamientos armados, sino también a consecuencia de la guerra por los recursos naturales del país. Un proceso de privatización de las infraestructuras estatales y de extracción de recursos en el que la internacionalización de las empresas españolas ha jugado un papel determinante. Telefónica, Repsol, Gas Natural, Cepsa, Endesa, Unión Fenosa, BBVA, Banco Santander y ACS, Ferrovial son solo algunas de las multinacionales de capital español que han hecho millonarios negocios por allí.


“El conflicto colombiano es, sobre todo, un conflicto por la tierra. La seguridad de las inversiones del capital internacional, mediante una legislación que concede exenciones fiscales y facilita la repatriación de los beneficios, es simétrica a la inseguridad de la población, que comprueba cómo los territorios estratégicos —ricos en recursos naturales, aptos para la construcción de grandes infraestructuras energéticas, etc.— se militarizan y paramilitarizan, bajo la excusa de combatir las guerrillas y el tráfico de drogas”, destaca el libro de escritura colectiva Qué hacemos con las fronteras.


Más asesinatos y un nuevo grupo armado


El informe de la CODHES da cuenta de que en estos primeros ocho meses de 2018 han sido asesinados 98 líderes y 12 lideresas, de los cuales 40 pertenecían a pueblos étnicos: 23 eran afrodescendientes y 17 indígenas. Pero además se han producido 238 agresiones.


Un dato relevante es que el 30% de las personas asesinadas trabajaba en la defensa del territorio. “El 11% estaba vinculado a procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito, y el 9% pertenecía al sector educativo y a medios de comunicación comunitarios. Se destaca que más del 5% de los líderes asesinados eran denunciantes de los efectos medioambientales de la represa de Hidroituango”, describe el informe. Otra vez la guerra por los recursos.


Por su parte el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) acaba de reconocer un nuevo grupo parte del conflicto armado que vive el país desde hace medio siglo, una fuerza derivada de las estructuras de las FARC-EP del antiguo bloque oriental que en noviembre de 2017 no se acogió a la firma de los Acuerdos de Paz con el Gobierno.


“Esta clasificación no supone en ningún caso la reanudación del conflicto armado que finalizó con el Acuerdo de Paz de 2016, ni otorga ningún estatus jurídico o político a este grupo”, ha aclarado el CICR. Su inclusión en la categorización de las partes del conflicto se debe a que cumple con los criterios establecidos a la luz del derecho internacional humanitario (DIH): que el grupo esté lo suficientemente organizado y que sus acciones armadas alcancen cierto nivel de intensidad.


La reconfiguración de los grupos armados vigentes y las peleas por apropiarse de las zonas abandonadas por las FARC luego de su paso a la política tras los acuerdos de paz de 2016, siguen dejando huella en la maltratada población colombiana.

publicado
2018-10-04 06:07:00

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Canibalismo del fracking: toxicidad del agua y fraude financiero

El fracking, "fracturación hidráulica" para la extracción del bituminoso shale gas/petróleo, epitomiza el summum del desregulado canibalismo neoliberal en el siglo XXI, a sabiendas de sus efectos deletéreos que causan mayores daños que beneficios.

Justin Mikulka, ingeniero ambiental y civil de la Universidad Cornell, expone en forma aterradora la nueva “pesadilla del fracking”: la toxicidad del agua –con su contenido de "secretas" sustancias químicas nocivas/cancerígenas (http://bit.ly/2xSqeM2)–, que en forma eufemística es definida por la depredadora industria como "agua producida (sic)" (http://bit.ly/2xDVX4e).

Justin Mikulka ya había condenado a la industria del fracking de "canibalizar su propia producción al aumentar los riesgos de su derrama" (http://bit.ly/2xL6hGK).

Refiere que en la célebre cuenca Permian –hoy la máxima de producción de shale gas/petróleo de EU en la parte occidental de Texas– "cada barril de petróleo significa cuatro barriles de agua tóxica" (http://bit.ly/2xNUrLV) y que conlleva un costo adicional de seis dólares por barril para su "eliminación".

Amén de su robotización, para disminuir los costos del agua tóxica, la industria del fracking utiliza todos los métodos fantasmagóricos: su re-inyección criminal en los acuíferos de agua potable (http://bit.ly/2xQel9j); su remoción al Golfo de México (http://bit.ly/2xBEGZu) –¿Le habrán pedido permiso al disfuncional canciller "mexicano" Videgaray?–; su "tratamiento" en instalaciones municipales que no están equipadas para lidiar con ese tipo de desechos (su inyección criminal en los acuíferos de agua potable (http://bit.ly/2xQel9j); su restitución a los ríos (https://cbsloc.al/2xPwELT); su utilización para la irrigación agrícola (http://bit.ly/2xyoNTx) y el deshielo de las carreteras (http://bit.ly/2xORzhU).

Mikulka cita a Gabriel Collins, becario en energía y ambiente en la Universidad Rice, quien considera que los inversionistas de Wall Street ocultan que hoy la toxicidad del agua es el mayor problema del fracking. Esto es muy discutible ya que las sustancias químicas secretas nocivas/cancerígenas (http://bit.ly/2xQcvFr), así como la supuesta mayor frecuencia de sismos que se han triplicado, no se quedan atrás.

Sólo en la célebre cuenca Permian, el gasto del manejo del agua será duplicado a más de 22 mil millones de dólares en los próximos cinco años

No faltan los oportunistas de Wall Street que huelen grandes negocios especulando con el agua de reciclaje del fracking, mucho más que con el propio crudo extraído (WSJ 22/8/18).

La Universidad Duke expuso que el uso del agua para el fracking se incrementó 770 por ciento de 2011 hasta 2016, mientras que la cantidad de agua tóxica se incrementó mil 440 por ciento (sic) en el mismo periodo (http://bit.ly/2xQbpJM).

Mikulka cita al The Washington Post que fustiga la presente incapacidad de lidiar con el agua tóxica del fracking: "no existe manera de tratar, almacenar y liberar los miles de millones de galones de agua tóxica en la superficie".

Un grave problema del círculo vicioso del fracking, para disponer del agua tóxica, radica en su re-inyección en los pozos de gas/petróleo shale, lo cual ha incrementado los sismos (https://wapo.st/2xL3Fsq).

Otro problema mayor es la actitud pro-petrolera a ultranza de Trump quien incrimina a la "regulación", lo cual choca con la postura de la Agencia de Protección (sic) Ambiental (EPA; http://bit.ly/2xSAcgq) que inculpa al fracking de la "contaminación del agua potable" (https://nyti.ms/2xQloyM).

Conforme más avanza la aplicación demencial del fracking, más se descubre su pernicioso canibalismo contra el género humano.

Pese a que se ha demostrado ad nauseam que el espejismo del fracking constituye una vulgar burbuja especulativa de la Reserva Federal y la bancocracia de Wall Street, como acabo de demostrar en el portal Sputnik (http://bit.ly/2xPSYVB), a mi juicio, sirve a EU de cortina de humo para adueñarse a carta cabal del petróleo en las "aguas profundas" del “México neoliberal itamita” y de los hidrocarburos de Venezuela: supremas cartas geopolíticas contra Rusia y China.

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La ONU decide sobre el reconocimiento de los derechos de los campesinos

La suerte de una histórica declaración que reconoce los derechos de más de 1.000 millones de campesinos en el mundo se define en la última semana de septiembre, en una votación del Consejo de Derechos Humanos, el máximo órgano en la materia de las Naciones Unidas. 

La elaboración del texto definitivo demandó años de debate de un grupo de trabajo especializado que durante siete años evidenció profundas diferencias entre naciones del Sur en desarrollo, favorables a la iniciativa, y las del Norte industrial, en este caso con la singular excepción de Suiza.


El documento amalgama reivindicaciones seculares de los campesinos, como el derecho sobre la tierra, con reclamos más actuales como el derecho a las semillas y, en particular, la eliminación de la discriminación contra las campesinas y otras mujeres que trabajan en las áreas rurales.


El sujeto de la Declaración para los Derechos de los Campesinos y Otras Personas Trabajando en las Zonas Rurales es toda persona que se ocupa o trata de hacerlo, sola o en comunidad, de la producción de agricultura para subsistencia o para el mercado y emplea trabajo familiar.


La descripción abarca a agricultores artesanales o en pequeña escala, a criadores de ganado, pastores, pescadores, guardias forestales, cazadores, recolectores y artesanos vinculados a la agricultura o a otras actividades rurales.


Esa masa de trabajadores, que sumada a sus familiares puede abarcar hasta un tercio de la población mundial, figura en todas las estadísticas como el sector más desprotegido del planeta.


En abril, el grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta (OEIWG, en inglés), creado en 2012 para redactar el texto en el marco de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pactó el texto del proyecto de la Declaración.


En esa ocasión, la alta comisionada adjunta de Derechos Humanos, la australiana Kate Gilmore, observó que “aunque los pequeños agricultores suministran una elevada proporción de los alimentos consumidos a nivel local, hasta 80 por ciento en Asia y en África Subsahariana, 80 por ciento de la población mundial que padece hambre vive en zonas rurales”.


“Proteger los derechos de las personas que viven y trabajan en las zonas rurales es proteger la principal fuente de alimentación en todo el mundo”, justificó el encargado de negocios de Bolivia ante la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en Ginebra, Ruddy Flores, al proponer formalmente el viernes 21 la aprobación del texto en las actuales sesiones del Consejo de Derechos Humanos.


También significa “proteger la biodiversidad de la que dependen los sistemas alimentarios, los empleos y medios de vida de millones de familias, promover la sostenibilidad ambiental, la resiliencia y adaptación al cambio climático y sobre todo proclamar la igualdad de derechos”, precisó Flores.


La representación de Bolivia ante la ONU en Ginebra ha liderado los trabajos del OEIWG para consensuar el proyecto, como su presidente-relator y por ello correspondió a Flores presentar el texto al Consejo de Derechos Humanos, cuyo 39 periodo de sesiones comenzó el día 10 y culmina el viernes 28.


Si este máximo órgano para los Derechos Humanos aprueba el texto, el proyecto de Declaración para los derechos campesinos sería sometido a la decisión final de la Asamblea General de la ONU, cuyas sesiones anuales comenzaron el día 18 y cuyo debate general concluirá el 1 de octubre.


El proyecto de Declaración garantiza a todos los trabajadores rurales el disfrute pleno, individual y colectivo, de todos los derechos humanos y de las libertades fundamentales reconocidas por todas las declaraciones, documentos y tratados adoptados por el sistema de las Naciones Unidas.


Exime igualmente a los campesinos de “toda clase de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en los terrenos de raza, color, descendencia, sexo, idioma, cultura, estado marital, propiedad, discapacidad, nacionalidad, edad, opiniones incluidas las políticas, religión, nacimiento o situación económica, social o de otra clase”.


A las mujeres campesinas les reconoce “garantías particulares en los campos de la planificación para el desarrollo, de acceso a la salud, la seguridad social, la educación y a vivir libres de la violencia”.


La Declaración establece asimismo que los Estados deben reconocer a las mujeres campesinas el acceso equitativo al uso y control de la tierra y de los recursos naturales, con independencia de su estado civil y marital.


Una investigación de la organización no gubernamental Fian International comprobó que pese a su contribución en la producción de alimentos, las mujeres son propietarias de menos del dos por ciento de la tierra a nivel mundial.


El texto proclama que todos los campesinos y trabajadores rurales gozarán del derecho a las semillas.


La Academia de Ginebra de Derecho Internacional Humanitario y de Derechos Humanos consignó en un estudio que, durante 10.000 años, los campesinos han protegido, seleccionado, intercambiado y vendido semillas, como también las han usado y reusado para producir alimentos.


Ese derecho consuetudinario ha sido reconocido por la ley internacional desde 2001 en respuesta a los desafíos que planteaba la protección de los derechos de propiedad intelectual establecidos por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y por la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales.


La abrumadora mayoría de trabajadores rurales de los países en desarrollo se guía por los sistemas tradicionales de producción y transferencia de alimentos y semillas, observa la Academia de Ginebra.


Por ello, el reconocimiento de esa atribución por parte de proyecto de Declaración “es crucial para la realización de los derechos humanos de los campesinos”, opinó la institución especializada.


Las organizaciones no gubernamentales vinculadas con los sectores campesinos desempeñaron un papel clave durante el largo debate que se cerrará durante las actuales sesiones del Consejo de Derechos Humanos.


El campesino senegales Ndiakhate Fall, representante de la coordinación africana de la organización internacional La Vía Campesina, dijo a IPS que la Declaración “constituye una base sólida para responder a los desafíos que afronta actualmente el campesinado de África”.


La Declaración “puede prevenir numerosas discriminaciones y violaciones de sus derechos humanos y a la vez garantizar la soberanía alimentaria, el mantenimiento de la biodiversidad y a poner un freno a las alteraciones climáticas”, explicó

.
Melik Ozden, director del Centro Europa Tercer Mundo, con sede en Ginebra, observó que “la globalización neoliberal de las últimas décadas ha favorecido el monopolio de compañías transnacionales en la cadena alimentaria”.


En consecuencia, “los campesinos han sido despojados de sus recursos, tierras, semillas, agua, vivienda y otros”, afirmó a IPS.


Los trabajadores rurales “ya no controlan los procesos, los instrumentos ni tampoco la comercialización de sus productos”, subrayó Ozden.


Por esa razón, los campesinos “recalan en los asentamientos marginales urbanos o se transforman en migrantes ‘ilegales’ en terceros países, forzados a vender su fuerza de trabajo en condiciones degradantes”, concluyó.

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Los narcocultivos baten un nuevo récord en Colombia

Las autoridades no logran revertir la tendencia alcista de los últimos años. En 2017, el número de hectáreas sembradas pasó de 146.000 a 171.000

Ya es oficial. A pesar de los enormes esfuerzos de los últimos años, Colombia no ha conseguido revertir el aumento constante de los cultivos ilícitos. El nuevo Gobierno, presidido por Iván Duque, se enfrenta al desafío de reducir la mayor cantidad de hectáreas de coca de las que se tenga registro. En 2017, según el informe anual del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci), presentado este miércoles en Bogotá, se produjo un incremento del 17%, equivalente a 25.000 hectáreas sembradas. La extensión total creció de 146.000 a 171.000 hectáreas, la cifra más alta desde que la ONU vigila el tamaño agregado de estos cultivos.


“El 25% de la coca en el país se encuentra a menos de 20 kilómetros de una frontera”, siendo los límites con Venezuela y Ecuador donde más intenso es el fenómeno, subraya Bo Mathiasen, representante en Colombia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Los departamentos de Nariño y Putumayo -ambos fronterizos con Ecuador- y Norte de Santander -que limita con Venezuela-, concentran en conjunto el 60% de los narcocultivos. La producción potencial de cocaína alcanzó un nuevo récord en 2017: 1.379 toneladas. “Colombia necesita asistencia para esta gran tarea”, subraya Mathiasen.


Los funcionarios del nuevo Gobierno colombiano admiten que, debido a la dinámica de los narcocultivos, la cifra probablemente seguirá al alza este año. “Esta es una curva que va a en ascenso permanente y no encuentra su punto de inflexión”, se lamentó el ministro de Defensa, Guillermo Botero, sin ocultar su “inmensa” preocupación. “Este tema ya es tratado como un asunto de seguridad nacional”.


Las estadísticas, que ratifican a Colombia como el primer productor de coca en el mundo, se conocen justo cuando en el país sudamericano se debate sobre la conveniencia o no de retomar las fumigaciones con glifosato. El Ejecutivo enfrenta fuertes presiones por mostrar resultados a Estados Unidos: Donald Trump visitará Colombia en diciembre y las autoridades ya han autorizado autorizaron el uso de drones cargados del potente herbicida. A finales del 2015 el Gobierno había suspendido las aspersiones aéreas con glifosato, potencialmente cancerígeno, ante un fallo de la Corte Constitucional que apelaba al principio de precaución y ante las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).


En paralelo al crecimiento de los narcocultivos en Colombia ha aumentado también la tensión entre Bogotá y Washington, estrechos socios en la estrategia antinarcóticos desde 1999, cuando se concibió el Plan Colombia. Las hectáreas dedicadas a la hoja de coca pasaron de 168.000 en el año 2000 a 48.000 en 2012 y 2013, su nivel más bajo desde que hay datos. Desde entonces, no han dejado de crecer: de acuerdo con las mediciones del Simci, en 2014 había 69.000 hectáreas dedicadas a estos cultivos, 96.000 en 2015 y 146.000 en 2016.

La estrategia antidroga también ha sido motivo de agrios debates políticos desde la campaña que llevó al poder a Duque, que tomó posesión como presidente a principios de agosto. Su antecesor, Juan Manuel Santos, pidió en distintos foros internacionales cambiar el enfoque en la lucha global contra el narcotráfico, enfatizando en los países consumidores y abordando el problema desde una óptica de defensa de los derechos humanos y de la salud pública. El nuevo Gobierno, por el contrario, apuesta por la erradicación forzosa en detrimento de las iniciativas voluntarias pactadas por Santos con las comunidades de campesinos. “Vamos a volver a la aspersión aérea y se va a instaurar la erradicación forzosa sin cerrarle la puerta a acuerdos de erradicación voluntaria que sean viables y eficaces”, explicó el canciller, Carlos Holmes Trujillo, en una entrevista reciente con EL PAÍS.


Las drogas ilícitas han sido, por décadas, el principal combustible para el conflicto armado en Colombia. El reciente incremento del cultivo de coca ha coincidido con la negociación en La Habana del acuerdo de paz que Santos selló con las FARC a finales de 2016, a pesar de que la exguerrilla -hoy desarmada y convertida en partido político- se comprometió a romper cualquier vínculo con el narcotráfico y a ayudar a combatirlo. Sobreviven, en cualquier caso, diversos grupos armados que se lucran del narcotráfico, entre ellos las disidencias de las FARC que se apartaron del proceso de paz.


Los resultados del Simci, publicados tres meses después de la fecha en que habitualmente se divulgan, llegan después de la medición de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, que suele registrar un número mayor. Ese estudio señaló que los cultivos ilícitos en Colombia alcanzaron 209.000 hectáreas, un incremento anual de 11 %. Las dos mediciones utilizan distintas metodologías, y si bien los números difieren, muestran la misma tendencia al alza.

 

Bogotá 19 SEP 2018 - 17:58 COT

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Solo 87 empresas controlan toda la cadena productiva del agronegocio

Sólo 87 corporaciones con sede en 30 países dominan la cadena productiva del agronegocio en todo el mundo. Entre ellas, están las gigantes del sector de bebidas y carnes, como Coca-Cola, AmBev, JBS y Unilever; pero también empresas de tecnología como IBM, Microsoft y Amazon, atraídas para la producción agrícola y venta minorista por áreas como big data (grandes conjuntos de manipulación de datos) y vehículos inteligentes.


Cuatro grandes trading companies controlan la importación y exportación de commodities agrícolas: el llamado grupo ABCD, formado por las empresas estadounidenses Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill y el conglomerado multinacional con sede en Holanda, Louis Dreyfus Company. Actualmente, representan un 70% del mercado mundial decommodities agrícolas.


Esos datos forman parte del Atlas Agroalimentario, lanzado en Brasil este martes (16). El informe analiza la cadena global de la agricultura y cómo la concentración del mercado en manos de pocas empresas moldean el sistema agrícola mundial.


Maureen Santos, coordinadora de Justicia Socioambiental de Heinrich Böll, una de las promovedoras del atlas, explica que el nuevo documento presenta análisis sobre la realidad local del agronegocio.
Según ella, el mérito del proyecto se debe al levantamiento que reúne, en una sola publicación, los datos del sector sobre finanzas, inversiones y maquinaria; conflictos relacionados al acceso a la tierra y al agua, semillas y uso de fertilizantes en el mercado de commodities, desde el procesamiento de alimentos hasta el consumo doméstico.


“[El Atlas] muestra que globalmente, y también en Brasil, hay problemas muy serios relacionados con esa cadena: la expansión de los monocultivos y el consecuente incremento del uso de agroquímicos y de los problemas de salud; reducción de la calidad de los suelos y de la biodiversidad; los conflictos que se relacionan con la concentración del mercado y del incremento de la adquisición de tierras en detrimento de las condiciones de vida y del trabajo de la agricultura familiar, campesina y de las comunidades ancestrales”.


Financiarización


El Atlas también demuestra cómo funciona el juego financiero de lastrading companies que forman el grupo ABCD en el mercado especulativo.
En 2015, el comercio de contratos de futuros sobre maíz fue 11 veces mayor que la producción mundial de este grano. Es decir, mientras la cosecha de maíz llegó a 978 toneladas, los contratos en la Bolsa de Valores llegaba a 10,5 millones de toneladas.


Además, el grupo es directamente o indirectamente responsable por la deforestación en la selva tropical. En Brasil, por ejemplo, las comunidades guaraníes acusaron a Bunge por comprar caña de azúcar producida en tierras robadas en 2012. En aquel momento, la empresa afirmó que sus abastecedores respetaban el derecho a la tierra, pero no renovó los contratos.


Soberanía alimentaria


La concentración en la cadena productiva representa una amenaza al conocimiento ancestral del cultivo de la tierra. Esta es una de las preocupaciones de la periodista Verena Glass, coordinadora de proyectos de la Fundación Rosa Luxemburgo, que trabajó en la adaptación del informe al porugués. Ella señala que el incremento del uso de la tecnología de punta, con la agricultura de precisión, representa una amenaza a la soberanía alimentaria de diversos países.


“Lo que había de más vivo, la relación de alimentar a los seres humanos y reproducir la vida a partir del conocimiento sobre la tierra, el territorio, el clima, los animales y de la integración con la biodiversidad, se sustituye. Y esa es una lógica que se suma al uso de semillas transgénicas, agroquímicos, tecnificación y patentes y representa una pérdida de la biodiversidad y del conocimiento”, afirma la periodista.


Glass señala aún para el aumento de la disputa por territorios. “O sea, cuál será el espacio para la agricultura familiar y la agroecología, las comunidades ancestrales en Brasil y el mundo según esos nuevos paradigmas?”, cuestiona Glass.


Otro punto que se destaca en el informe es la acelerada disminución del número de empresas en el mercado global de semillas y agroquímicos debido a las fusiones que originan poderosos conglomerados de empresas. Desde la consolidación de la compra de Monsanto por Bayer en junio de este año, este mercado se divide en cuatro grandes grupos: Dow DuPont, Bayer, Syngenta y BASF.
La versión brasileña del Atlas Agroalimentario está disponible en el sitio web de la Fundación Heinrich Böll.


Edición: Juca Guimarães | Traducción: Luiza Mançano

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El calentamiento global aumenta el apetito de los insectos que diezman los cultivos

Un estudio publicado en la revista 'Science' estima que por cada grado que aumente la temperatura media del planeta se perderán entre el 10% y el 25% de los cultivos de arroz, maíz y trigo.

Los insectos y las plagas han constituido siempre un riesgo para los cultivos de alimentos en el mundo, pero el problema podría agravarse considerablemente a consecuencia del cambio climático. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ya había alertado de que la propagación de plagas y enfermedades de plantas “ha aumentado drásticamente en los últimos años” debido a la globalización, el comercio, la intensificación de la agricultura y el calentamiento global. Ahora, un equipo de científicos de la Universidad de Washington se ha centrado en este último factor para saber hasta qué punto afecta el aumento de las temperaturas a los insectos y, en consecuencia, a los cultivos de los que tanto ellos, como nosotros, nos alimentamos.


Según el estudio de los investigadores publicado este viernes en la revista Science, por cada grado que aumente la temperatura media del planeta se perderán entre el 10% y el 25% de los cultivos de arroz, maíz y trigo —alimentos básicos para unos 4.000 millones de personas en el mundo— debido a la mayor actividad en las poblaciones de insectos, sobre todo los de las zonas templadas.


"En primer lugar, las temperaturas más cálidas aumentan exponencialmente las tasas metabólicas de los insectos. En segundo lugar, con la excepción de los trópicos, las temperaturas más cálidas aumentarán las tasas de reproducción de los insectos. Tienes más insectos y están comiendo más", señala Curtis Deutch, coautor de la investigación.


Al contrario que los mamíferos, los insectos son seres ectotérmicos, es decir, que regulan su temperatura en función de la temperatura ambiental, produciendo cambios en su metabolismo. Los científicos de la Universidad de Washington han analizado los estudios realizados a insectos durante décadas en laboratorios y al aire libre concluyendo que los aumentos de temperatura hacen crecer su apetito y sus tasas de reproducción. Luego, comprobaron cómo se traducían esos cambios en los diferentes escenarios de calentamiento global que se prevé que sufra La Tierra.


Para un aumento de dos grados en la temperatura media, su modelo predice que las pérdidas de los cultivos de trigo serán del 46%, las del maíz de un 31% y las del arroz del 19%. En total, los investigadores calculan que las pérdidas de estos tres cultivos ascenderían aproximadamente a 213 millones de toneladas cada año.


Además, aunque los investigadores han observado que los cambios en la temperatura afectan en mayor o menor medida a todas las especies de insectos, las pérdidas en los cultivos no serán iguales en todas las regiones del mundo. Las zonas con temperaturas templadas, donde se cultiva el maíz o el trigo, por ejemplo, se verán más afectadas que los trópicos, con cultivos como el arroz, y donde la actividad de los insectos no se altera tanto.


Rosamond Naylor, coautora del estudio y profesora del Departamento de Ciencias del Sistema Terrestre de la Universidad de Stanford, señala que “los pesticidas, el uso de cultivos genéticamente modificados o técnicas como la rotación de cultivos” pueden ayudar a controlar las pérdidas provocadas por los insectos, pero advierte de que “en casi todos los escenarios de cambio climático las poblaciones de plagas ganarán, causando que los precios de los alimentos aumenten y las familias con inseguridad alimentaria sufran”.


Gabriela Vázquez, de Ecologistas en Acción, apunta por su parte que "no se trata de buscar soluciones tecnológicas", sino de "replantearse el modelo en su conjunto, tendiendo hacia modelos diversificados, adaptados a las características de cada zona".

 

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El gran fraude climático, argumentos contra la geoingeniería

Nairobi/Berlin – The Big Bad Fix (El gran fraude climático – Argumentos contra la geoingeniería), informe publicado hoy por el Grupo ETC, Biofuelwatch y la Fundación Heinrich Böll, advierte que la geoingeniería (la manipulación del clima a gran escala) está ganando aceptación en países altamente contaminantes, como una “solución” tecnológica al cambio climático, ya que esos países se niegan a cambiar sus economías basadas en combustibles fósiles. Por ello proliferan los programas y proyectos de investigación sobre geoingeniería, planeados y financiados por la industria e instituciones privadas, principalmente en los países que son grandes emisores de gases de efecto invernadero, como Estados Unidos, Reino Unido y China. El gran fraude climático analiza el contexto y riesgos de la geoingeniería, revela sus actores, intereses creados y las políticas que subyacen al avance de esquemas tecnológicos a gran escala para manipular los sistemas naturales de la Tierra.

Pese a que se considerada muy peligrosa y hasta inaceptable para muchos expertos científicos y políticos, la geoingeniería se posiciona cada vez más en los debates y negociaciones sobre cambio climático, porque crea la ilusión de que hay atajos tecnológicos con los que se podría manejar los síntomas del cambio climático, sin tener que enfrentar las causas de raíz.

Sin embargo, como detalla el informe, la geoingeniería plantea muchos riesgos para la gente, los ecosistemas y la seguridad. Se basa en un consumo excesivo de tierra, agua y recursos, amenaza por tanto la seguridad alimentaria y erosiona el control democrático de los bienes comunes del planeta, también debido a que estas tecnologías las están desarrollando principalmente quienes buscan lucrar con patentes y desarrollos comerciales de las mismas. Por lo tanto, enfatiza el documento, es altamente probable que se incurra en daños irreversibles a la biodiversidad y a la integridad de los ecosistemas. También existen graves preocupaciones sobre la gobernanza de la geoingeniería, incluyendo el potencial que tiene de que se despliegue unilateralmente, el riesgo de conflictos ante la posibilidad de impactos adversos y daños laterales en algunas regiones, y el riesgo de utilizar las tecnologías de la geoingeniería con fines hostiles.


“La geoingeniería es una defensa peligrosa de un status quo fallido, no una necesidad técnica o científica. De hecho, las técnicas que la geoingeinería desarrolla tienen mayores posibilidades de empeorar que de resolver los diversos problemas ocasionados por el cambio climático. Asegurar que “debemos” desplegar la geoingeniería equivale a asumir que preferimos dañar irreparablemente nuestro planeta antes que alterar el sistema económico que beneficia solo a los que se encuentran en la cima.” Rachel Smolker, Co-Directora de Biofuelwatch.


El gran fraude climático se presentó hoy en Nairobi, durante la 3a Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y en el periodo previo a una reunión del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) también de la ONU, en Montreal. La geoingeniería se encuentra bajo una moratoria de facto en el CDB, y la geoingeniería marina está prohibida por el Protocolo de Londres del Convenio de Londres sobre la Prevención de la Contaminación del Mar. Los autores del informe argumentan que esas decisiones se deben mantener y deben constituir el punto de partida de cualquier discusión legítima, internacional y democrática sobre la gobernanza de la geoingeniería.


“La geoingeniería exacerbará el desequilibrio de poder global, creará ganadores y perdedores. Sería una locura permitir que un grupo de países tomaran control del termostato global”, afirma Silvia Ribeiro, Directora para América Latina del Grupo ETC. “La gobernanza no debe mal-entenderse como el establecimiento de regulaciones para legalizar y permitir el desarrollo de tales tecnologías. Prohibir tecnologías sumamente riesgosas y peligrosas es un enfoque legítimo y prudente hacia la gobernanza, como se la puso en práctica con el Tratado de Prohibición de las Pruebas Nucleares y la adopción por la ONU del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares en julio de 2017”, agrega Ribeiro.


En vez de poner el foco en arreglos técnicos, no probados, riesgosos, el informe llama a la implementación de una visión con justicia climática para limitar el calentamiento global por debajo de 1.5 °C.


“Quienes proponen la geoingeniería alientan la ilusión de que podemos escapar de nuestras crisis climáticas sin tener que ajustar nuestros estilos de vida, que en muchos casos son altamente emisores de gases. Pero la realidad no es tan simple. Las técnicas de geoingeniería no solo vienen con nuevos riesgos y efectos laterales, sino que también distraen de la única solución probada para el cambio climático: la reducción radical de las emisiones de gases que cambian el clima. Antes de poner en marcha la geoingeniería, necesitamos regulaciones claras y vinculantes para esas tecnologías. Un marco internacional para la regulación debe basarse en un estricto principio de precaución, y las tecnologías con riesgos asociados que no son predecibles, justificables o manejables deben directamente prohibirse”, afirma Barbara Unmüssig, Directora de la Fundación Heinrich Böll.


El informe concluye que los numerosos riesgos de alto impacto que puede tener la geoingeniería, y los problemas políticos, sociales, culturales, económicos, éticos, morales, intergeneracionales y de derechos que implica, la vuelven inaceptable. Más aún, los autores argumentan que constituye una peligrosa distracción de las alternativas viables que se requieren urgentemente: reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero a corto plazo y transformar nuestras economías, para abrirle posibilidades a un futuro sostenible justo social y ecológicamente, en vez de confinar al mundo a una dependencia de largo plazo a tecnologías de alto riesgo, que además aún no existen.


Descargue el texto completo en formato PDF: geoingenieria_elgranfraudeclimatico_final.pdf


Consultar el mapa interactivo de experimentos de geoingeniería : map.geoengineeringmonitor.org


El gran fraude climático:


El gran fraude climático brinda a los elaboradores de políticas, periodistas, activistas de organizaciones, movimientos sociales y otros agentes del cambio un panorama amplio de los actores clave, las técnicas y los foros relevantes en el discurso de la geoingeniería. Contiene un análisis sólido del contexto y la historia de la geoingeniería, de los diversos intereses que la conforman y estudios de caso de algunas de las tecnologías y experimentos más importantes. Llama a que se prohíban urgente e inmediatamente los experimentos a cielo abierto de Manejo de la Radiación Solar por su potencial para suspender los derechos humanos, la democracia y la paz entre las naciones. Argumenta en favor de una gobernanza de la geoingeniería que sea participativa e informada por un rigoroso debate sobre las políticas y las prácticas climáticas reales, existentes y justas. Es un llamado a la acción a un movimiento de movimientos, para oponerse masivamente a la geoingeniería como remiendo técnico para el cambio climático y por ser una amenaza a la paz mundial, la democracia y los derechos humanos.

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