Caravana de Mujeres Centroamericanas.

En situación de calle, bajo el sol en la ruta, abandonados o detenidos en las cárceles de frontera. El covid-19 expulsa a miles de migrantes latinoamericanos que, sin trabajo ni vivienda, emprenden distintas travesías agobiados por el hambre y el miedo.

 

“Quiero irme a Bolivia, tengo mis hijas allá, nosotros vinimos solamente a trabajar”, contaba Marina a la prensa chilena, mientras acampaba frente al Consulado de Bolivia en este país. Mientras tanto, a miles de kilómetros, migrantes centroamericanos que tenían como destino la deportación eran abandonados en la frontera sur de México. “Nos botaron aquí porque no sabían qué hacer. Ahora a ver cómo le hacemos para volver a nuestro país sin dinero y con la frontera cerrada”, decía Anthony, migrante guatemalteco.

Por estos días América Latina ve crecer el número de contagios, al mismo tiempo que aumentan las restricciones que vacían las ciudades expulsando a la población más pobre. Los migrantes son parte de este sector sumergido que no se puede quedar en casa al vivir al día con trabajos informales y alojamientos temporales. Personas que en los últimos años se desplazaron por razones económicas, pero también forzadas por contextos de violencia o los efectos que el cambio climático genera en sus territorios.

“Estamos hablando de flujos mixtos. Las fronteras entre migrante y refugiado son cada vez menos claras en los flujos contemporáneos”, explica a El Salto María del Carmen Villareal, investigadora de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro, especializada en migraciones internacionales y derechos humanos.

Un fenómeno reciente es el aumento de los flujos intrarregionales que responden a las restricciones impuestas por el norte global, pero también a la mejora de las políticas migratorias que facilitaron la movilidad y las residencias en América del Sur durante los Gobiernos progresistas. Según datos de 2019, hay más de 7,5 millones de migrantes sudamericanos en esta región. El fenómeno más visible es el venezolano, que tiene como principales destinos Colombia, Perú y Ecuador. Pero también aumentó el desplazamiento de nicaragüenses a Costa Rica o de centroamericanos que tenían a Estados Unidos como destino y terminaron quedándose en México, debido a los fuertes controles migratorios que impone el Gobierno de Donald Trump.

Si bien el objetivo de los migrantes es encontrar un futuro mejor, también es una vía para ayudar a sus familias a través del envío de remesas. En varios países esta contribución es muy significativa a nivel económico: en Haití representan más del 30% del PBI, en El Salvador y Honduras el 20% y en Guatemala y Nicaragua su peso es superior al 10%. Sin embargo, el informe Especial covid-19 de la CEPAL muestra que debido al coronavirus estas podrían contraerse entre un 10% y un 15%. El estudio también revela que llevaría entre tres y cuatro años recuperar el nivel alcanzado en 2019.

Según datos también de CEPAL, antes de la pandemia, América Latina mostraba bajo crecimiento económico, la tasa de desempleo alcanzaba el 8,1%, y el trabajo informal afectaba al 54% de los trabajadores. Un panorama que se agravará con la crisis sanitaria, y que si bien los Gobiernos han querido contrarrestar implementando medidas de apoyo a los sectores más afectados, en su mayoría son ayudas que están orientadas a nacionales o a migrantes con sus documentos regularizados.

VOLVER

La desprotección y el riesgo que supone el contagio los destina otra vez al desarraigo, con un efecto que hasta hace unos meses parecía imposible: el retorno a sus países de origen. “Es mejor vivir la miseria de uno con su familia”, dice una migrante venezolana que se arriesga a cruzar con sus hijas a cuestas por uno de los pasos irregulares, los “tronchos”, que conectan la frontera de Venezuela con Colombia.

La crisis del coronavirus generó el cierre de la mayoría de la fronteras, aunque en un continente caracterizado por la porosidad de sus límites el bloqueo nunca es definitivo. “Allí hay muchísimos peligros. Son personas que se han quedado sin nada, que no tenían para comer y que están tratando de volver para tener un techo. En el caso de las mujeres es muy importante tener una mirada de género. Porque muchas migrantes hablan del peaje migratorio, de la posibilidad de ser violadas“, señala la politóloga brasileña.

En el caso de Venezuela, el Gobierno de Nicolás Maduro habilitó algunos corredores humanitarios de retorno. Días atrás salieron diez autobuses de Cali a la ciudad venezolana de Cúcuta. Sin embargo, la mayoría de las personas están retornando a través de los “tronchos”, a donde llegan también decenas de venezolanos provenientes de Ecuador y Perú, dispuestos a arriesgarse luego de haber atravesado miles de kilómetros.

Según datos del consulado de la República Bolivariana en Quito, en Ecuador hay más de 17.000 personas anotadas a la espera de un vuelo humanitario. En los primeros días de mayo, dos aviones de la empresa aérea Conviasa llegaron a la capital ecuatoriana y retornaron a Caracas con 180 ciudadanos. Sin embargo, el cónsul venezolano, Pedro Sassone, dijo que hasta el momento no saldrán más vuelos. “Además de la parte económica está también el lado emocional, que es súper agobiante. La mayoría de los venezolanos se ve sola, y depende de las buenas personas que tengan a su alrededor”, explica a El Salto Lucía León, politóloga venezolana especializada en relaciones internacionales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

En estos días, muchos venezolanos han sido expulsados de sus viviendas, sobre todo en Quito y Guayaquil, donde se concentra casi un 70% de los 500.000 que están en el país. Una región en la que también se da la mayor cantidad de contagios y muertes, lo que incrementa la estigmatización y xenofobia debido a las noticias falsas que los culpan de la propagación del virus. Según cuenta León, “hay muchas denuncias de que los servicios de emergencia no te atienden si se dan cuenta de que eres venezolano”. Ecuador dispone de un sistema universal de salud que incluye a toda la población, algo que no habitual en todos los países de la región.

También en Perú, donde viven alrededor de un millón de venezolanos, la situación es acuciante. Si bien se han generado ayudas mínimas como la de Acnur, que brinda 80 soles (100 dólares) a migrantes sin importar su situación legal, para ello es necesario contar con una cuenta bancaria. “Algo a lo que no tiene acceso la población que se encuentra en situación irregular", explica del otro lado del teléfono Martha Fernández, refugiada que vive desde hace tres años en el país e integra la Asociación Protección Poblaciones Vulnerables.

En Brasil, el Estado incluye en sus planes de ayudas sociales a la población refugiada y migrantes regularizados. Si bien el giro a la derecha en la región marcó un momento más restrictivo con políticas que dejan de lado la retórica pro derechos humanos, algunos Gobiernos han instrumentalizados ideológicamente los flujos migratorios. “En Brasil tienes a Bolsonaro, que mucha gente podría pensar es un error en todos los sentidos, que no hay duda de eso, pero él aprobó miles de solicitudes de refugio para venezolanos”, explica la investigadora Villarreal. En este contexto, organizaciones de la sociedad civil organizaron la campaña #RegularizaçãoJá, que exige una regularización permanente para todos los migrantes del país.

También en Argentina, país con una larga historia como receptor de migrantes, la Secretaría de Trabajadores Migrantes (STM) tiene el mismo reclamo. Más en estos días en que el Gobierno de Alberto Fernández creó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que deja por fuera a los migrante que no están regularizados o a quienes tienen la residencia legal inferior a dos años. En el período del presidente Mauricio Macri se aprobó el Decreto de necesidad y urgencia (DNU 70/2017), que retrasó la entrega de la documentación de residencia. Más de 70.000 expedientes estaban a la espera de su aprobación, multiplicándose en estos días debido a la paralización de las actividades por la cuarentena obligatoria.

La STM tiene un diálogo fluido con el Gobierno de Fernández y en este contexto le envió una carta en la que le solicita el acceso al IFE sin restricciones, aunque el intercambio con las autoridades es con una mirada a largo plazo. “Hay que hablar con el Estado de igualdad de derechos para todos y todas, no paliativos que se den solo durante la pandemia. Medidas de 'cuando me sirven regularizo a los migrantes por un tiempo, y cuando no, que vuelvan a su estadío normal, que es el del trabajo informal, la trata de personas, la prostitución'”, cuenta a El Salto Lila Báez, migrante paraguaya, vocera del STM. Mientras tanto, la organización está realizando ollas populares en las barriadas y villas del país, donde vive la mayoría de la población migrante. En estos días Argentina registró un aumento de contagios de coronavirus, sobre todo en estas zonas más empobrecidas.

Mientras tanto, en países como Perú, Chile y México se han establecido medidas de regularización especial, pero solo para la contratación de personal sanitario extranjero que no contaba con sus documentos regularizados, permitiendo que médicos, enfermeros y especialistas de otros países puedan ejercer durante el período que dure la pandemia.

SIN SALIDA

Pero el cierre de las fronteras también genera que muchas personas queden cautivas o varadas en las ciudades limítrofes entre los países. México, país que con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador militarizó todo el territorio y se convirtió en gran receptor de los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos, tiene detenidas a cientos de personas en sus estaciones migratorias. “Es una situación difícil, con mucha población en espera o atrapada, principalmente la población centroamericana que cruzó el país en las caravanas migrantes. Muchas que incluso han solicitado refugio o que ya tienen este estatus”, cuenta Luciana Gandini, especializada en estudios sobre desplazamiento interno, migración, exilio y repatriación en la Universidad Autónoma de México (UNAM).

Frente a esta situación, organizaciones de derechos humanos, como el centro Fray Matías de Córdoba, denunciaron que la situación era insostenible, con las personas angustiadas debido al encierro indefinido y a la poca información que reciben en espacios que no cumplen con las medidas mínimas de salubridad. En estos días se han realizado distintas protestas en las cárceles migratorias, que fueron reprimidas de manera violenta por las autoridades mexicanas. En unos de estos reclamos, en la estación migratoria de Tenosique, en el Estado de Tabasco, falleció un migrante guatemalteco. El hombre era solicitante de asilo y estaba previsto que fuera liberado en dos días para continuar con su trámites.

La muerte del migrante guatemalteco recrudeció las protestas, lo que generó que el Instituto Nacional de Migración decidiera vaciar algunos de los centros y trasladar a los migrantes a la frontera sur con Guatemala. “Lo que hizo fue subirlos a camiones y autobuses, en teoría para devolverlos a sus países, pero la frontera está cerrada y no los puede devolver. Entonces los deja en una ciudad fronteriza como Talismán. Imagínate lo que implica eso en términos de xenofobia y de discriminación cuando tú en una ciudad pequeña que ya viene afectada dejas a cientos de personas sin ningún tipo de plan”, señala Gandini.

Junto a ellos también se encontraban migrantes centroamericanos que Estados Unidos había deportado en los últimos días, ya que el país no detuvo las audiencias. Incluso en el contexto de la pandemia se incrementaron las “devoluciones en caliente”. La patrulla fronteriza tarda 96 minutos en devolver a las personas que detiene en los cruces irregulares. “Es interesante pensar que el acuerdo por el cual se cerró la frontera entre Estados Unidos y México dice literalmente que se cierra para los flujos no esenciales. Por lo tanto la deportación es considerada un flujo esencial. Llevada a cabo además sin ningún tipo de control sanitario, lo que implica un riesgo altísimo para México”, afirma la investigadora de la UNAM.

En la página oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), se reconoce que en los centros de detención donde son alojados antes ser deportados hay personas infectadas. Sin embargo, en ninguno de los países se realizan test o se implementan medidas de aislamiento antes o después de ser devueltos a México.

La implementación de medidas sanitarias no implica necesariamente el respeto de los derechos humanos. En Costa Rica, bajo el argumento de asegurar “la seguridad pública”, el Gobierno instaló una base área militar en la frontera con Nicaragua para impedir la llegada de ciudadanos de este país. También en Bolivia, en la localidad de Pisiga, frontera con Chile, el Gobierno obliga a los trabajadores que retornan del país andino a realizar la cuarentena en un campamento militar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó a exigir “el desplazamiento inmediato de estas personas a localidades de Bolivia” y recordó que “los Gobiernos están obligados a recibir a sus migrantes y a velar por su acceso a la atención sanitaria y a otros derechos”.

TAMBIÉN EN CASA

Pero la movilidad que obliga la pandemia no solo se da atravesando fronteras externas. El coronavirus también generó éxodos internos. En Lima, capital de Perú, miles de pobladores provenientes de zonas andinas y selváticas que migraron a la capital en busca de mejores condiciones de vida están retornando a sus comunidades rurales. Uno de los flujos se dirige hacia los departamentos de Ayacucho y Huancavelica, zonas que alcanzan una tasa del 53% de pobreza.

Según explica Martín Souto, docente peruano que trabaja asesorando a los Gobiernos locales de estas regiones, “esto lleva a un redescubrimiento de la importancia de estas comunidades para la alimentación. Son territorios que abastecen el mercado nacional y regional de papas nativas, habas, cebada”. En total hay 6.600 comunidades campesinas y nativas que son dueñas de la tierra, pero que pese a la riqueza de sus campos ven migrar a sus pobladores hacia otros zonas, no solo a la capital.

El Gobierno de Martín Vizcarra abrió una página web para que la población que quiera retornar se inscriba y pueda contar con opciones de traslado. Pero en estos días 170.000 inscripciones desbordaron la capacidad estatal. En Lima se anotaron 13.000 personas para regresar a Ayacucho. Sin embargo, hasta el momento, regresaron de manera oficial 700 personas. Mientras tanto, se estima que 6.000 pobladores están retornando por su cuenta. En el Perú profundo, el “no oficial”, miles personas se entrecruzan exhaustas luego de largas caminatas al sol con el único objetivo de regresar a casa. 

El 16 de marzo, cuando Perú implementó la cuarentena —hoy uno de los países con más casos—, las comunidades rurales de Huancavelica cerraron sus territorios. “La gente decía: 'Si acá entro en crisis, ¿quién me salva? Nadie. Entonces que no vengan, porque nosotros estamos sanos aquí'. Se habla mucho de la solidaridad, pero la gente que es pobre no tiene hospitales en el campo, está lejos y es precario”, afirma Souto. Luego de los primeros días de pánico, ahora la población permite el ingreso de los retornantes. Incluso se reactivaron las rondas campesinas que nacieron para enfrentar al grupo armado Sendero Luminoso, y que en este contexto se encargan de controlar que las personas que llegan respeten el aislamiento.

La pandemia encontró a América Latina en un momento histórico de movilidad intrarregional, con miles de personas forzadas a salir de sus territorios en busca de un futuro mejor. Al inicio de la crisis sanitaria se planteó que el virus era un “gran nivelador” que no entendía de razas, clases sociales o procedencia. Sin embargo, el #quedateencasa es imposible para los migrantes que, sin recursos y con Gobiernos que los invisibilizan, se ven obligados a emprender otra vez el camino del desarraigo.

Por Cecilia Osorio

Montevideo (Uruguay)

26 may 2020 06:00

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"Es la primera vez en la historia de la técnica que existen sistemas con el poder de mandar."

El filósofo francés critica a las nuevas tecnologías y a quiénes las endiosan

Desliza su denuncia en el momento más excesivo de la fascinación humana por las inteligencia artificial, desnudando la endeblez del transhumanismo futurista.

 

Desde París. Desafiar la modernidad es un gesto reservado a muy pocos. Algunos lo hacen desde la nostalgia del pasado porque son como viudos de un tiempo ido, otros, en cambio, deslindan los engaños, desarman las narrativas y los espejismos con los cuales los sistemas someten al presente del mundo. Eric Sadin pertenece a la segunda dinastía. Este filósofo francés forma parte del muy estrecho grupo de pensadores que sustentan una reflexión crítica sobre las nuevas tecnologías. Sadin tiene un pensamiento propio, una reflexión auténtica sobre lo que está realmente en juego dentro de la tecno ideología. Sus libros son una fuente imperdible de denuncia y reflexión y no uno de esos tediosos inventarios sobre tecnología que se limitan a enumerar sin entender el fenómeno. La elegancia de Eric Sadin está, entre muchos atributos, en que sus ensayos son en tiempo real y no un posteriori critico, un diagnóstico post morten. Sadin desliza su reflexión en el momento más excesivo de la fascinación humana por las nuevas tecnologías. Lo hizo en 2011 con el libro "La société de l'anticipation : Le Web Précognitif ou la rupture anthropologique"(La sociedad de anticipación: investigación sobre las nuevas formas de control). El libro se publicó en francés dos años antes de que se conociera el espionaje mundial orquestado por los servicios secretos norteamericanos y revelado por el ex agente de la CIA y de la NSA Edward Snowden. En 2013 publicó "La Humanidad aumentada" (Editorial Caja Negra), donde exponía cómo las capacidades cognitivas de los sistemas digitales estaban gobernando los seres y las cosas. En 2015, apareció "La Vida Algorítmica, Crítica de la razón digital", un ensayo donde Sadin abordaba el proceso de captación y explotación de los datos digitales con el único fin de identificar correlaciones y comportamientos. En 2016, Caja Negra tradujo otro de sus libros más contundentes, La siliconización del mundo. El libro era una suerte de alegato desconstructivo de uno de los mitos más mastodónticos de la modernidad: la Silicon Valley. Allí se forjó el modelo técnico-económico dominante aceptado con una mansedumbre global espeluznante. Era, en ese momento, un contrataque feroz contra un modelo que se presentaba a si mismo como un buen operador del progreso de la condición humana, pero que, al final, como con el conjunto de las tecnologías de la información, sólo maniobraba en beneficio de intereses privados. En 2020 Caja Negra publica en las próximas semanas otro ensayo de Sadin donde el pensador francés desmonta otra gran mentira del siglo XXI: la Inteligencia Artificial. El título del ensayo declara sin rodeos sus intenciones: "La Inteligencia Artificial o el desafío del siglo. Anatomía de un antihumanismo radical" (traducción de Margarita Martínez).

Allí donde los medios baten la crema de un nuevo ser humano reparado de todas sus imperfecciones, Sadin le sigue la pista pasando del otro lado del espejo. Encuentra una impostura monumental cuyos contenidos desgrana en esta entrevista realizada en París. Se ha deslizado una tragedia global muy enriquecedora que da la razón a los análisis de Eric Sadin. La pandemia del coronavirus desarmó todas las retóricas sobre la utilidad humana de las nuevas tecnologías. No sirvieron ni para identificar el virus, ni para los pasos posteriores de la infección.

--La Inteligencia Artificial es, en los medios, poco menos que el nuevo El Dorado del horizonte humano. Sin embargo, usted ve en ella un proceso de deshumanización al mismo tiempo que un engreído discurso salvador y un trastorno mayor de los comportamientos humanos.

--Desde hace algunos años se expandió la idea de que la nueva lucha económica mundial se concentraba en la Inteligencia Artificial. Había dos ideas implícitas. La primera es que la Inteligencia Artificial era el horizonte económico ineluctable. La otra, que la IA ofrecería un montón de soluciones a muchísimos problemas individuales y colectivos. Esta idea se convirtió, entre 2015 y 2020, en la nueva doxa mundial que era preciso respaldar de forma masiva. Se produjo, en suma, una suerte de excitación colectiva a partir de la cual se estableció como una suerte de verdad probada, como un horizonte obligado. Nada puede ser menos verosímil. Son discursos entusiastas y luminosos muy alejados de la realidad. Se trata de una impostura. Desde el año 2010 estamos viviendo un cambio de estatuto. Las tecnologías digitales dejaron de ser un útil destinado a conservar, indexar o manipular la información para tener otra misión: se encargan de hacer un peritaje de lo real. Es decir que tienen por vocación revelarnos, a menudo en tiempo real, dimensiones que dependían de nuestra conciencia. Podemos recurrir al ejemplo de la aplicación Waze que se encarga de señalar el mejor recorrido para desplazarse de un lado a otro. Esa capacidad de hacer peritajes a velocidades infinitamente superiores a nuestras capacidades humanas caracteriza la Inteligencia Artificial. El sentido escondido de esto está en que la IA es como una instancia que nos dice la verdad. Y la verdad siempre reviste una función performática. Por ejemplo, la verdad religiosa enuncia dogmas e interpela a obedecerlos. La Inteligencia Artificial enuncia verdades con tal fuerza de peritaje que nos interpela a obedecerlas. Estamos entonces viviendo un momento donde las técnicas se dotan de un poder de mando. El problema radica en que nos plegamos al peritaje, nos conformamos con eso y ejecutamos las acciones correspondientes. Es la primera vez en la historia de la técnica que existen sistemas con el poder de mandar. Lo que ocurre de gravísimo es que esto tiene como objetivos responder a intereses privados u organizar a la sociedad de forma más optimizada.

--Este poder es, no obstante, apenas una etapa de ese proceso que funciona como una cadena de mando.

--Sí, el primero es el que acabo de describir: la técnica que da ordenes. Existe también el estado incitativo, que es como un primer nivel blando, digamos. Ese estado incitativo empezó a desarrollarse con la aparición de los Smartphones y las aplicaciones que nos aconsejaban sobre cosas cada vez más amplias de la realidad. Haga esto y no lo otro, vaya a este lugar que es mejor que el otro. Esto empezó con el IPhone y estaba ligado a la geolocalización. Su misión consistía en incitar a la gente a consumir. Es lícito reconocer que toda la esfera tecno industrial dio muestras de una genialidad sin igual. Inventaron constantemente nuevas cosas, forjaron discursos, supieron difundirlos y fueron y son una instancia de seducción desproporcionada. Algunos años después aparecieron los asistentes digitales virtuales, es el caso de Siri por ejemplo. Luego irrumpieron los altoparlantes conectados cuya particularidad es la de mantener una relación casi natural, intima, corpórea, con los usuarios gracias al conocimiento evolutivo de nuestros actos. Es turbador. La base de estos sistemas es el mismo: conducirnos a decidir esto o lo otro en función de la verdad enunciada. Encima, desde no hace mucho, esos sistemas hablan. La potencia de influencia de estos dispositivos es impresionante. Hablan, hacen peritajes, formulan, sugieren y dan órdenes. El grupo L’Oreal produce espejos conectados que, según el análisis de un rostro en el espejo, aconseja ponerse este producto, consumir este otro o ir a descansar a la montaña. La primera consecuencia de estas tecnologías es la mercantilización general de la vida. Esto le permite al liberalismo económico no verse confrontado por ninguna barrera y poder mercantilizar sin trabas el conocimiento de nuestros comportamientos. Casi a cada segundo y a escala planetaria, el liberalismo nos sugiere la mejor acción posible, es decir, la operación mercantil más pertinente. Vemos muy bien que el milagro de la Inteligencia Artificial no es para nosotros sino para la industria.

--Es, en suma, un gran mercado regulado por la tecnología y la información que estos dispositivos nos roban.

--Todos estos aparatos incitativos están destinados a que el liberalismo se desarrolle sin trabas. En la misma lógica, del estado incitativo pasamos al estado imperativo. En campos como el de los recursos humanos ya existen robots que dialogan con los candidatos a un puesto y que luego deciden entre cuatro o cinco quiénes son los mejores en función de criterios de optimización: obedientes, creativos, trabajadores, etc, etc, etc. Otro problema radica en que estos sistemas no son estáticos, aprenden y se desarrollan y, por consiguiente, tendrán más poder. Ese estado imperativo lo encontramos igualmente en los bancos o los seguros. Nadie cree hoy que son los seres humanos quienes deciden sobre las tarifas o el otorgamiento de un crédito. Después hay otro estado que debería ser objeto de muchos más estudios y movilizaciones: se trata del estado coercitivo. Este estado se despliega sobre todo en el mundo del trabajo mediante el desarrollo de sensores que supervisan y evalúan a la persona constantemente y, en tiempo real, miden las situaciones y aconsejan sobre los gestos que deben hacerse. En Amazon, por ejemplo, el personal no recibe órdenes de un jefe sino señales provenientes de estos sistemas que no sólo reducen la subjetividad humana, sino que, encima, reducen a los trabajadores a la categoría de robots de carne y sangre. Esta Inteligencia Artificial no sólo posee capacidades de análisis sino también de retroacción, es decir, indicar, sugerir, ordenar, prescribir.

--Gracias al canto de las sirenas de ciertos medios –el caso de El País en España es vergonzoso—estas dimensiones perversas son invisibles. La gente sigue creyendo que la Inteligencia Artificial es un útil de progreso humano cuando, en lo esencial, es un instrumento de explotación al servicio de las empresas.

--Efectivamente, todo esto no no ve…no se ve la extensión de la Inteligencia Artificial en nuestras sociedades. Desde 2010 se habla mucho acerca de cuántos empleos o profesiones se destruirán con la Inteligencia Artificial, pero se habla muy poco de las nuevas modalidades de gestión que la IA ha introducido en las prácticas de hoy en el seno de las empresas. La velocidad exponencial en la que todo esto se desarrolla no sólo quiere decir que se va cada vez más rápido, sino, ante todo, que se nos niega el derecho de determinarnos libremente en la pluralidad de la contradicción. Estamos inmersos en un movimiento exponencial de todas las cosas. En los años 70, la automatización de las fábricas se desarrolló en los puestos de trabajo muy expuestos o nocivos. Se podía decir que, al menos, era por una buena causa: la salud, la preservación de los operadores del peligro y la protección de la psicología de las personas. En cambio, la sustitución que se expande actualmente concierne a oficios o profesiones donde se requieren muchas competencias. La gente tuvo que estudiar durante años y años, con pasión. Hoy las reemplazan por sistemas de Inteligencia Artificial.

--Hay entonces una dimensión mítica que resulta de una hábil construcción del liberalismo y no de una necesidad o de un progreso humano.

---Sí. La Inteligencia Artificial vehicula la promesa de estar llamada a substituir nuestras inteligencias naturales. No, es un abuso de lenguaje. Lo que se busca aquí es poner los asuntos humanos bajo el doble imperativo de la mercantilización integral de la vida y de una optimización continúa de nuestras vidas colectivas. Eso es lo que se está implementando. Yo convoco a que se hagan valer otros modos de racionalidad frente a este modelo. Con el modelo de racionalidad de la Inteligencia Artificial se promueve un anti humanismo radical con el cual se quiere instalar una suerte de utilitarismo generalizado y de higienismo social. La Inteligencia Artificial nos deshumaniza porque limita nuestra capacidad a juzgar y elegir libremente, traba la libre expresión y la autonomía humana en beneficio de sistemas que propagan su propia luz, muy distinta a la idea de soberanía y autonomía del individuo que surgió durante el Siglo de las Luces. Ese es el corazón del anti humanismo reinante.

--Sin embargo, un cataclismo ha ocurrido, y ahora bien real: la expansión de la pandemia de coronavirus vino a decapitar todas las mitologías de la Inteligencia Artificial y las tecnologías de la información. No sirvieron para nada, en ninguna de las fases de la crisis sanitaria mundial.

--¡ Absolutamente ! Justo cuando hay organismos de seguridad que lo vigilan todo por todas partes, cuando estamos supuestamente al corriente de todo de forma inmediata, hemos asistido a la vulnerabilidad de la información. Lo sabíamos todo al instante gracias a un sistema de vigilancia y de alarma planetario pero el virus sorprendió a todas las potencias. Se produjo un colapso del mito. La voluntad de controlar la información sobre todas las cosas fracasó. La pandemia fue como una burla a la vez absurda y trágica a nuestra voluntad de controlarlo todo que impera desde finales de la Segunda Guerra Mundial. El desarrollo de las tecnologías digitales apuntaba a amplificar nuestro control, pero el coronavirus demostró su estado de invalidez, demostró que las soluciones no se originan en el control absoluto de las cosas sino en la atención a las fallas, con una sensibilidad en la relación con las cosas. Otro de los mitos que se quiebran es el de ese delirio que circula desde hace unos cuantos años sobre el transhumanismo. El sentimiento de híper potencia que ha caracterizado a las industrias digitales en los últimos 10 años quedó reducido a la nada. La tecnología no puede reparar todos los defectos humanos. Se creó el mito en torno a los empresarios ligados a las nuevas tecnologías como si fueran capaces, por si solos, de modificar el curso de la vida terrestre. Eso es lo que hemos visto. El transhumanismo promovido por Silicon Valley debía crear un súper hombre a partir de tecnologías milagrosas. Esos discursos delirantes no merecían que se les diera tanta importancia.

--El transhumanismo y los evangelios tecnológicos fueron fagocitados por el estado más elemental de la condición humana: la enfermedad.

--La velocidad con la cual se irradiaron las tecno ideologías nos prohibió prácticamente formular una critica, como si fuera un destino ineluctable de la condición humana. El transhumanismo postula la idea de que Dios no terminó la creación, que el mundo está lleno de defectos y que el primer vector de esos defectos somos nosotros, usted, yo, los seres humanos, que no serían más que desechos, que estarían constituidos por una falibilidad fundamental. Las tecnologías exponenciales tienen entonces esa misión: reparar los defectos. Ese es el sueño del hombre perfecto. Pero nuestra misión no es ésa sino, más bien, no negar lo real y tratar de elaborar una armonía justa. El coronavirus nos enseña que ha llegado la hora de dejar de estar buscando someter la realidad. Debemos partir de la existencia y no querer controlarla todo el tiempo, debemos apreciarla en función de nuestros principios, es decir, la dignidad, la solidaridad. Las proyecciones futurológicas no tienen cabida. Hay que terminar de una buena vez por todas con esa insoportable ideología del futuro que ocupó todos los espacios. Hay que terminar con el discurso de las promesas y ocuparse más de una política del presente, una política de lo real, de lo que se constata. A partir de estas condiciones y de nuestros principios decidimos cómo construir mejor y con incertidumbres nuestro porvenir común. No es lo mismo un porvenir común que un futuro de fantasías que no hace más que responder a intereses tan estrechos como privados.

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La primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, flanqueada por un coronel del ejército del país y el ministro del Interior David Rowland /AAP/dpa

La primera ministra Jacinda Ardern ha pedido a los empresarios valorar esta opción y continuar con la flexibilidad laboral y el teletrabajo impuesto durante la crisis del coronavirus

 

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ha sugerido que los trabajadores consideren una semana laboral de cuatro días y otras opciones de trabajo más flexibles para permitir la conciliación de las familias y fomentar el turismo interno en el país.

En un vídeo publicado en Facebook y recogido por The Guardian, Arden asegura que ha recogido todas las sugerencias ciudadanas, desde una semana más corta a tener más días festivos con el objetivo de estimular la economía. "Se lo he escuchado a muchas personas y en definitiva debe ser algo que tienen que debatirlo empleados y empleadores", apunta la primera ministra. "La COVID nos ha enseñado muchas cosas, entre ellas la flexibilidad laboral y el teletrabajo".

Este sistema estaría inspirado en el kurzarbeit alemán. Un modelo que permite mantener y compatibilizar el empleo con tener más tiempo libre o invertirlo en mejorar sus capacidades laborales.

Jacinda Ardern ha hecho un llamamiento a los empresarios a tener en cuenta esta posibilidad cuando en su empresa sea aplicable porque "ayudaría al turismo" en el país. El mensaje, grabado en Rotorua, uno de los puntos más turísticos de Nueva Zelanda, ha supuesto un alivio para el sector, que lleva semanas sufriendo una decaída en los ingresos por la falta de turistas extranjeros y los recortes en su economía que los propios neozelandeses están haciendo por los despidos.

Aunque este anuncio informal de la primera ministra llega tras la crisis del coronavirus, algunas empresas locales ya tenían implantado este sistema desde hace varios años. Es el caso de Andrew Barnes un empresario que, desde 2018, permite la jornada laboral de cuatro días a sus 200 trabajadores y que, según Barnes, ha mejorado la productividad y beneficiado la salud mental y física de sus empleados. Dice también, que ha tenido un impacto positivo en todas sus familias, su entorno más cercano e incluso en el cambio climático.

“Necesitamos mantener todos los beneficios del teletrabajo, incluido el aire más limpio y la falta de atascos, la pérdida de productividad derivada de los desplazamientos. Además, ayuda a las empresas a mantenerse a flote", asegura Andrew Barnes al periódico británico. Tenemos que ser audaces con nuestro modelo. Esta es una oportunidad para un reinicio masivo ".

Desde que comenzó la pandemia, miles de personas han perdido su trabajo en el país y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha previsto que la economía se contraiga un 8% y las cifras de desempleo aumenten entre un 15% y un 30%.

eldiario.es

20/05/2020 - 11:22h

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El desempleo en EEUU como un mapa de la pobreza

Entre los que menos ganan, la tasa de paro llega al 40 por ciento

 

Estados Unidos tiene treinta millones de nuevos desempleados y una de las conclusiones que circulan entre comentaristas económicos es que la pandemia "destruyó una década entera de construcción de empleo". Pero la siguiente conclusión es que una gran parte de ese empleo era "basura", no sólo sin beneficios sino con salarios de miseria. Si la tasa general de desempleo en la mayor economía mundial es del 14,7 por ciento, la tasa real entre los peor pagos está tocando el 40 por ciento. Y entre los que mejor ganan, apenas llega al 1,5 por ciento.

Lo que destruyó el coronavirus fueron los puestos en las actividades más tercerizadas, precarias y peor pagas. No es casual que la hotelería, la gastronomía y la sanidad sean las más afectadas, ya que son las que tradicionalmente peor pagan y menos estabilidad ofrecen. Que la "hospitalidad", como la llaman los del sector, fuera afectada por las cuarentenas se entiende naturalmente. Pero la crisis del empleo en sanidad, pese a la crisis de la covid-19, se entiende porque los hospitales y clínicas perdieron su verdadero negocio el de la medicina "de tiempos normales", la que factura grueso.

Según la Reserva Federal de Estados Unidos, el banco central del país, ya para marzo y principios de abril se notaba la crisis y un veinte por ciento de los más pobres informaba que había perdido su trabajo o lo habían licenciado sin fecha de retorno. La Reserva define al sector de pobres no desempleados a los que tienen un ingreso familiar de hasta 40.000 dólares al año. Esto puede sonar más que razonable frente a nuestro peso devaluado, pero frente al costo de vida norteamericano es garantía de pobreza.

La crisis se ensañó en este sector social más precarizado. Para la clase media, con ingresos de entre 40.000 y 100.000 dólares anuales por grupo familiar, los problemas de empleo afectaron al 19 por ciento. En la clase media alta, con ingresos de más de cien mil dólares al año, un 13 por ciento informó de algún tipo de problema laboral.

Además del nivel de desempleo, esta clase social más pobre suele no tener ahorros para enfrentar una crisis, ni vivienda propia. Las condiciones de trabajo en tiempos normales mantienen a estos trabajadores bien abajo. Las mozas y mozos de restaurantes, por ejemplo, cobran con suerte el salario mínimo legal y viven de hecho de las propinas de cada día. Peor todavía les va a los que hacen delivery, que cobran un pequeño sobreprecio sobre el valor de menú y la propina que puedan recibir. De hecho, son "socios" del restaurante y cobran más si hay muchos pedidos. Los trabajadores de sanidad suelen tener contratos-basura que los mantienen en un estado de freelance permanente: si hay trabajo, cobran por hora, pero si no hay, no cobran. 

Prácticamente nadie en la clase más baja en Estados Unidos tiene derecho a una indemniszación por despido, algo que ni se discute porque es parte de la "libertad de hacer negocios" de las patronales. De hecho, lo que los republicanos sí están discutiendo en el Congreso y usan para bloquear los paquetes de ayuda salarial, es cuánto están cobrando los desempleados durante la crisis. Resulta que con el dinero extra de emergencia que lograron introducir los demócratas en el primer paquete, muchos están cobrando lo mismo y hasta más que cuando trabajaban. Los republicanos pregunta abiertamente quién va a querer volver a trabajar por los bajos salarios anteriores cuando puedan "reabrir" la economía.

El valor de este informe es que describe el desempleo por clases sociales. Es un estudio anual que hace la Reserva Federal y la información es de la primera quincena de abril. Desde entonces, las cosas empeoraron y mucho en Estados Unidos, que ya tiene más de 36 millones de personas pidiendo o cobrando el seguro de desempleo. El temor es que la tasa actual llegue al veinte por ciento de desempleados al que se llegó en la Gran Depresión de 1930. Y en todos los casos, las estadísticas no pueden contar a millones de inmigrantes sin papeles que tienen empleo informal y no pueden pedir desempleo.

Pero según el Departamento de Trabajo norteamericano, la composición de clase del desempleo no parece estar cambiando y el desempleo entre los mejor pagos no llega al dos por ciento. 

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Personas hacen fila para recibir comida en el Gran Depósito de Alimentos de Chicago, en el barrio Auburn Gresham.Foto Ap

Los costos del manejo político de la pandemia por el gobierno de Donald Trump continúan manifestándose en el ámbito económico y de salud, con otros casi 3 millones de desempleados en la semana previa y más evidencia de que no sólo se podría haber evitado que Estados Unidos fuera el epicentro mundial de contagio, sino nuevas advertencias de expertos de que una "reapertura" del país antes de tener bajo control la pandemia, tal como desea el presidente, implicará aún más sufrimiento y muerte.

Otros casi 3 millones de trabajadores se registraron para obtener beneficios de desempleo durante la semana anterior, reportó el gobierno federal, con lo cual ahora suman 36.5 millones de desempleados en sólo ocho semanas de esta crisis, que es comparada en algunos rubros con la Gran Depresión.

La Reserva Federal detalló en un informe que los más perjudicados económicamente son los más vulnerables, con casi 40 por ciento de los hogares con ingresos menores a 40 mil dólares al año afectados por el desempleo.

Mientras se divulgaban las cifras más recientes de los costos económicos de la crisis, en la Cámara de Representantes, Rick Bright –quien encabezaba la agencia responsable de vacunas e investigación biomédica y que recientemente fue reasignado como consecuencia de su crítica a propuestas médicas del presidente– alertó que Estados Unidos enfrentará "el invierno más oscuro de su historia moderna" si el gobierno no procede urgentemente con la elaboración de un plan nacional integral para enfrentar el coronavirus, que aún no está bajo control.

Bright argumentó que si desde un inicio el gobierno hubiera actuado siguiendo las recomendaciones de los expertos, incluyéndolo a él, se hubieran salvado muchas vidas. "La ciencia, y no el politiqueo o el amiguismo, debe encabezar el camino para combatir a este virus fatal", sentenció.

Trump lo descalificó aun antes de iniciar su testimonio, señalando en un tuit que nunca había conocido a Bright, "pero para mí es un empleado descontento, quien no es querido ni respetado por gente con quien he hablado y quien, con su actitud, ya no debería estar trabajando para nuestro gobierno".

A principios de esta semana, el doctor Anthony Fauci, el experto oficial de mayor perfil del equipo que coordina la respuesta de la Casa Blanca a la pandemia, advirtió del grave peligro de reabrir el país –o sea, suspender las medidas de mitigación– de manera prematura, ya que aún se está propagando el virus. Eso tendría "consecuencias serias", declaró ante una audiencia en el Senado. Subrayó que reabrir las escuelas podría tener efectos aún desconocidos en los estudiantes.

Pero para Trump la reapertura del país es su prioridad y por lo tanto no tardó en regañar a uno de sus principales expertos médicos. En comentarios con reporteros, Trump expresó que la respuesta de Fauci no sólo lo "sorprendió", sino que "para mí no es una respuesta aceptable, especialmente cuando se trata de las escuelas". Agregó que Estados Unidos "tiene que regresar (al trabajo) lo más pronto posible y no considero que nuestro país haya regresado si las escuelas están cerradas".

En tanto, sindicatos nacionales de maestros, trabajadores de aviación y movimientos sociales de los más vulnerables están llamando a frenar cualquier reapertura hasta que los científicos y expertos médicos –y no los políticos– den luz verde.

Trump viajó este jueves a un centro de distribución de mascarillas médicas N95 en Pensilvania, donde dio un discurso de elogio a la respuesta de su administración. Los trabajadores y su comitiva (con la excepción de su jefe de gabinete) usaban mascarillas, menos él, violando las recomendaciones de su propio gobierno. Ahí celebró a los doctores y enfermeras que están en las trincheras del combate contra el coronavirus: "Están corriendo hacia la muerte al igual que soldados corren hacia las balas. Veo eso con los doctores y las enfermeras y toda esa gente que entra a esos hospitales. Es increíble y es algo hermoso verlo".

Palabras, comentó una observadora, que hubieran hundido a cualquier otro presidente.

Todo mientras el número de muertos por Covid-19 supera 85 mil y el total de contagiados confirmados llega a 1.4 millones en Estados Unidos, el epicentro mundial de la pandemia.

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Economía informal, la más afectada por confinamiento: OIT

Las medidas de confinamiento y de contención para hacer frente al COVID-19 amenazan con aumentar la pobreza de quienes trabajan en la economía informal a nivel mundial; las mujeres serán el grupo más afectado, advirtió la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en un nuevo informe.

 

Con base en datos del informe “La crisis por COVID-19 y la economía informal”, se estima que las medidas de distanciamiento social ya tienen un impacto significativo en 1.6 billones de trabajadoras y trabajadores informales, con mujeres sobrerrepresentadas en los sectores más afectados. Estos incluyen a quienes laboran en los servicios de hostelería y restauración, la industria manufacturera, la venta al por mayor y al por menor, y los más de 500 millones de agricultoras y agricultores que abastecen los mercados urbanos.

En 2020, más de 2 mil millones de personas trabajadoras se ganan la vida en la economía informal. Esto es 62 por ciento de todas los y los trabajadores del mundo. El empleo informal representa 90 por ciento del empleo total. Sin embargo, de acuerdo con la OIT, las mujeres están más expuestas a la informalidad en los países de ingresos medios bajos y bajos, y a menudo se encuentran en más situaciones vulnerables que sus pares masculinos. Las mujeres, además, se ven especialmente afectadas en los sectores de alto riesgo, destacó el informe.

Lo mismo pasa en las empresas informales, que representan ocho de cada diez empresas en el mundo. Esto incluye a empresas que a menudo emplean a diez o menos personas, incluidas trabajadoras familiares no remunerados, que son principalmente mujeres que trabajan en condiciones precarias, sin protección social o medidas de salud y seguridad en el lugar de trabajo. Estos negocios tienen baja productividad, baja tasas de ahorro e inversión, y capital acumulado insignificante, lo que los hace particularmente vulnerables a los choques económicos y a menudo están excluidos de los programas de asistencia financiera a corto plazo para enfrentar la crisis por COVID-19.

Muchas mujeres y hombres en la economía informal necesitan obtener un ingreso para alimentarse a sí mismos y a sus familias, ya que la mayoría de ellos no pueden confiar en el reemplazo de ingresos o ahorros. No trabajar y quedarse en casa significa perder sus trabajos y sus medios de vida, sin embargo, el distanciamiento físico es difícil de aplicar para quienes trabajan, por ejemplo, como vendedores ambulantes y de mercado, o trabajadoras a domicilio.  “‘Morir de hambre o del virus” es un dilema real que enfrentan muchas personas trabajadoras de la economía informal’”, señaló el organismo. 

Sin embargo, dado que las condiciones laborales precarias derivan en malas condiciones de vida, las y los trabajadores de la economía informal también son un grupo vulnerable incluso si se quedan en sus hogares. De acuerdo con la OIT, en las zonas urbanas, las y los trabajadores y sus familias permanecen expuestas al virus debido a las condiciones insalubres o de hacinamiento en las que viven, y que hacen que el distanciamiento físico sea casi imposible. Estas personas también enfrentan obstáculos para acceder al agua corriente en sus hogares, lo que no solo limita las posibilidades de lavarse las manos, sino que a menudo obliga a las mujeres a hacer fila para obtener agua, lo que las pone en peligro a sí mismos y a su comunidad.

Frente a esta situación la OIT señaló que las repercusiones de la pandemia de COVID-19 requieren medidas rápidas y efectivas para mejorar la seguridad de los ingresos para las y los trabajadores en la economía informal, especialmente para mujeres con niños pequeños, un grupo con mayor riesgo económico privación. Los países pueden usar diferentes mecanismos para extender el apoyo a los ingresos a los trabajadores de la economía informal.

Por ejemplo, es factible canalizar fondos a través de bancos, instituciones microfinancieras y cooperativas financieras con criterios de divulgación claramente definidos y anunciados oficialmente y con transparencia. Esto mejoraría la difícil situación de las mujeres empresarias informales en especial, dijo el organismo. 

La OIT también expresó que quienes trabajan en la economía informal deben ser sujetos centrales para todas las respuestas frente al COVID-19. Para esto, fortalecer la participación de las mujeres el diálogo entre el gobierno y la sociedad puede ser clave. 

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La pobreza golpeará a la mitad de la humanidad

Las proyecciones estadísticas más pesimistas van quedándose cortas ante la dimensión de la crisis. Desempleo, desinformación y pobreza aparecen como algunas de las piezas de un rompecabezas todavía no armado, pero con efectos directos y colaterales devastadores. La mitad de los empleos en la escala mundial se ven amenazados

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El «privilegio» del empleo

 

En el mundo, 1.600 millones de los 2.000 millones de trabajadores de la economía informal se ven afectados por las medidas de confinamiento y de contención. La mayoría trabaja en los sectores más afectados o en pequeñas unidades económicas más vulnerables a las crisis, según un informe publicado el 7 de mayo por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Estos incluyen a los trabajadores en los servicios de hostelería y restauración, la industria manufacturera, la venta al por mayor y al por menor, y los más de 500 millones de agricultores que abastecen los mercados urbanos. Las mujeres se ven especialmente afectadas en los sectores de alto riesgo, destaca el informe.

Por otra parte, la caída constante de las horas de trabajo a nivel mundial a causa del COVID-19 significa que 1.600 millones de trabajadores de la economía informal, esto es, casi la mitad de la población activa mundial, “corre peligro inminente de ver desaparecer sus fuentes de sustento”, señalaba la OIT en su 3er documento analítico de fines de abril.

Entre su primer informe sobre el COVID-19 y el mundo del trabajo publicado el 18 de marzo pasado y las estimaciones actualizadas difundidas a fines de abril la OIT cambió su punto de referencia. Ya no se trata de comparar la actual crisis con el terremoto financiero del 2008, sino con los estragos resultantes de la Segunda Guerra Mundial.

El 81% de la fuerza de trabajo – más de 2.700 millones de trabajadoras y trabajadores- padecía desempleo total o parcial a fines de abril. Y de continuar esta tendencia, en el segundo semestre del año en curso la reducción del empleo golpeará a 305 millones de trabajadoras y trabajadores a tiempo completo, teniendo como referencia una jornada laboral de 48 horas semanales.

En el estudio actualizado de la OIT (https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_743056/lang–es/index.htm) la alarma suena con respecto a los trabajadores de la economía informal, que representan en su totalidad, unos 2.000 millones de personas, la mayoría en países emergentes y en desarrollo de ingreso bajo y mediano.  Con el agravante que, en general, carecen de protección básica, de cobertura de seguridad social, de atención médica y, en caso de enfermedad, de sustitución de ingresos.

La crisis económica provocada por la pandemia ha dado una estocada contundente a la capacidad de ganar el sustento de casi 1.600 millones de trabajadora-es de la economía informal – el sector más vulnerable-, de un total de 2.000 millones a nivel mundial, y de una fuerza de trabajo de 3.300 millones de personas a escala planetaria. Las medidas de confinamiento y/o el hecho de que esas personas trabajan en alguno de los sectores más golpeados por la crisis, determinan esta dramática situación.

India, con 400 millones de trabajadores informales, Nigeria, Brasil, Indonesia, Pakistán y Vietnam, se encuentran entre las naciones que por concentración demográfica más sufrirán el impacto. Sin embargo, regiones enteras, como Centroamérica, o la América andina, dependen en gran medida de las actividades informales. Las que tienen, también, una fuerte incidencia en las concentraciones urbanas latinoamericanas, desde Buenos Aires hasta la Ciudad de México, pasando por Bogotá, Caracas, Lima o La Paz.

La pandemia desinformativa

Beber alcohol fuerte, comer gran cantidad de ajo, bañarse con agua casi hirviente, ingerir medicamentos caseros… Miles de informaciones falsas sobre el COVID-19 explotan en internet, en las redes sociales y en las plataformas de comunicación.

«La información falsa y poco fiable pone en riesgo muchas vidas”, señala la Organización Mundial de la Salud. Con los Consejos para la población acerca de los rumores sobre el nuevo coronavirus 2019-nCoV, (https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters) intentó salir al cruce de creencias, desinformaciones o métodos “caseros”, que se presentan como eficaces para contrarrestar el virus. Con el agravante, además, de que detrás de muchas desinformaciones se expande el comercio creciente de medicamentos falsificados o adulterados.

Ya en la segunda quincena de marzo la Federación Internacional de Periodistas (FIP) que nuclea a 600.000 trabajadores del sector había advertido sobre la necesidad que “periodistas y medios informen sobre hechos y con fuentes fiables, sin especulación alguna…” Y convocaba a autoridades públicas e instituciones médicas a suministrar “información puntual y transparente”. Fue la misma FIP quien en la segunda semana de abril condenó los ataques sistemáticos del presidente brasilero Jair Bolsonaro a periodistas de su país. Un estudio al que hace referencia la central sindical mundial con sede en Bruselas contabiliza más de 140 ataques de este tipo, en los últimos tres meses, en torno a la cobertura informativa de la pandemia.

Futuro dramático

Si la explosión desbocada del desempleo y la problemática de la desinformación acompañan la nueva coyuntura pandémica mundial el tema de la deuda externa se convierte en agenda crucial de países y regiones.

No solo la antigua, acumulada y pendiente. Sino también la nueva, que muchos Estados contraerán para hacer frente a la crisis de sobrevivencia. Fue uno de los temas cruciales, por ejemplo, del debate interno de la misma Unión Europea durante las últimas semanas y aún pendiente de resolución.

Un grupo de 60 organismos y agencias de las Naciones Unidas, llamaron el pasado 10 de abril a los gobiernos a abordar la actual recesión y su repercusión en las naciones más empobrecidas del planeta. Según las instituciones onusianas miles de millones de personas viven en países al borde del colapso económico debido a la combinación explosiva de los “problemas financieros impulsados por la pandemia del COVID-19, pesadas obligaciones de deuda y un descenso de la ayuda oficial al desarrollo”, subraya el documento del Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Financiación para el Desarrollo.

Actores de primer orden de la sociedad civil internacional subrayan, también, el riesgo de que a causa de la pandemia más de 500 millones de personas, adicionalmente, caigan en la pobreza.  Así lo señala Oxfam internacional en su último informe Elijamos dignidad, no indigencia (https://www.oxfam.org/es/informes/elijamos-dignidad-no-indigencia), que fue difundido en abril pasado.

La magnitud de esta crisis, según la ONG internacional, excede toda proyección racional. “Podría suponer un retroceso de una década en la lucha contra la pobreza y de hasta 30 años en algunas regiones como África subsahariana, Oriente Próximo y el Norte de África. Más de la mitad de la población mundial podría vivir en condiciones de pobreza tras la pandemia”.

Oxfam exige a los organismos internacionales (incluidos al FMI y al Banco Mundial que tuvieron su reunión de primavera el tercer fin de semana de abril) “cancelar inmediatamente el pago de la deuda en 2020 y alentar a otros acreedores que hagan los mismo…” Y recomienda “… acordar la inmediata inyección de dinero en los países de desarrollo para ayudarles a rescatar a las comunidades en situación de pobreza y vulnerabilidad”.

Pronósticos, estadísticas, proyecciones, cada día peores, cada semana más dramática. En solo algo más de cuatro meses, la Tierra parece ser otro planeta y la humanidad no termina de agotar su capacidad de asombro.

Por Sergio Ferrari desde la ONU, Ginebra, Suiza

09/05/2020

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Un hombre sostiene  una bandera de Finlandia durante una protesta en Helsinki. - AFP

Finlandia presenta las conclusiones definitivas del mayor experimento realizado sobre esta prestación en Europa. Los perceptores no dejaron de buscar un trabajo al tiempo que aumentó su seguridad económica y su bienestar mental.

 

En enero de 2017 el Gobierno finlandés puso en marcha una renta básica para comprobar si entregando 560 euros al mes sin ningún tipo de condición a un grupo de desempleados a lo largo de 2017 y 2018 se podía incentivar la búsqueda de empleo entre los parados y de paso limitar la burocracia. 

El proyecto original consistía en entregar una renta básica de 560 euros al mes libres de impuestos durante 24 meses a 2.000 parados de entre 25 y 58 años, que fueron elegidos al azar entre las 175.000 personas de todo el país que percibían algún tipo de subsidio por desempleo. Los seleccionados, que estaban obligados a participar en el experimento si querían mantener sus prestaciones sociales, seguirían recibiendo la renta básica incluso si  encontraban trabajo durante ese tiempo.

Al mismo tiempo, se estableció un grupo de control formado por desempleados de la misma franja de edad a los que no se concedió la renta básica, sino que percibieron los subsidios habituales, y con quienes posteriormente se compararon los resultados obtenidos.

El ensayo, el primero de este tipo en Europa y cuyo coste ascendió a 20 millones de euros –no se amplió más allá de 2018 por falta de fondos– tenía como objetivo estudiar la modernización del sistema finlandés de seguridad social para adaptarlo a los desafíos de un mercado laboral en la era digital, en un tiempo marcado por la robotización y las nuevas tecnologías.

Aunque ya se habían avanzado algunos datos preliminares, ahora acaban de publicarse las conclusiones definitivas. La principal de todas, saber si una renta básica universal e incondicionada desincentiva el trabajo o no, ha sido positiva: en ningún momento disuadió a los perceptores en la búsqueda de un trabajo; es más, el grupo de personas que recibía una renta básica trabajó más días de media que el grupo de control, que no obtuvo el ingreso.

Además, la renta básica tuvo efectos positivos en los perceptores: contribuyó a aumentar su seguridad económica y su bienestar mental.

Según los datos definitivos, quienes recibieron la renta básica trabajaron una media de 78 días en el segundo periodo de comparación establecido –entre noviembre de 2017 y octubre de 2018–, mientras que los parados del grupo de control lograron trabajar 73 días.

Las diferencias del primer periodo de comparación -el año 2017- fueron aún más insignificantes, ya que los receptores de la renta básica trabajaron una media de 49,6 días, frente a los 49,3 días del grupo de control.

"En general, los efectos sobre el empleo fueron pequeños. Esto indica que para algunas personas que reciben subsidios de desempleo los problemas para encontrar trabajo no están relacionados con la burocracia o los incentivos financieros", afirma en un comunicado el investigador Kari Hämäläinen, uno de los autores del estudio.

Según Hämäläinen, los resultados sobre el empleo de este ensayo se vieron afectados en 2018 por la entrada en vigor del llamado "modelo de activación laboral", una reforma que endureció los criterios para recibir los subsidios de desempleo, pero no la renta básica.

En cambio, los autores del estudio coinciden en que la renta básica sí tuvo efectos claros en la percepción de los desempleados de su propio bienestar económico y mental, como confirma una encuesta realizada poco antes de terminar el programa piloto.

 

Se vive mejor

 

De los receptores de la renta básica que participaron en la encuesta, el 13% dijo vivir cómodamente y el 47% sin apuros económicos serios, frente al 8% y al 44% del grupo de control, respectivamente. En Alaska, donde existe una especie de renta básica, se ha podido comprobar que supone un estímulo para la natalidad.

En el otro extremo, un 12% de quienes cobraron la renta básica afirmó que sobrevive a duras penas y un 28% tiene serios apuros económicos, mientras que en el grupo de control las cifras equivalentes fueron del 15% y el 32%, respectivamente.

"Los encuestados que recibieron la renta básica tenían una percepción más positiva de sus ingresos y su bienestar económico que el grupo de control. La mayoría siente que su situación financiera es manejable y que tiene margen de maniobra", señaló Minna Ylikännö, investigadora de la Seguridad Social de Finlandia (Kela).

En cuanto al bienestar mental, el 22% de los receptores de la renta básica admitió sufrir depresiones, diez puntos porcentuales menos que el grupo de control.

Asimismo, la satisfacción con la vida de los receptores de la renta básica fue de 7,3 (en una escala de cero a diez), frente al 6,8 del grupo de control

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El experimento como modelo

 

El experimento finlandés despertó un gran interés internacional y muchas voces lo consideraron un fracaso cuando el país nórdico presentó los resultados preliminares en febrero de 2019, algo que las autoridades finlandesas no comparten.

"La ejecución del experimento fue un éxito y proporcionó nueva información", afirma el investigador Olli Kangas, máximo responsable del ensayo

"La ejecución del experimento fue un éxito y proporcionó nueva información que no habría sido posible obtener sin él", afirmó en un comunicado el investigador Olli Kangas, máximo responsable del ensayo.

La ministra finlandesa de Sanidad y Asuntos Sociales, Aino-Kaisa Pekonen, coincide con Kangas y cree que "la información obtenida gracias al experimento será utilizada para afrontar la reforma del sistema de seguridad social".

Aunque otros países como Canadá, Holanda o Escocia también han lanzado experimentos de renta básica, el de Finlandia es el primero del mundo a nivel nacional, aleatorio y cuya participación es obligatoria por ley, lo cual aporta conclusiones más fiables, según sus responsables.

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El desempleo amenaza con convertirse en la nueva pandemia de Estados Unidos

Miles de trabajadores de gigantes como Amazon, Mc Donald’s o Walmart están yendo al paro porque sus empleadores no respetan las medidas de seguridad e higiene. Disney decidió dejar de pagarle el sueldo a 100 mil empleados.

En Estados Unidos hay un registro que crece en paralelo a la curva de contagio del coronavirus: el desempleo. Y lo hace a pasos agigantados. El jueves pasado se supo que en la semana del 4 al 11 de abril, al menos 4,2 millones de personas solicitaron el seguro de desempleo. De esta forma, ya son 26 millones los nuevos desocupados en las últimas 5 semanas. Los nuevos datos ofrecidos por el gobierno estadounidense renuevan el debate sobre la urgencia de levantar las restricciones sociales que ayudan a contener la propagación de la covid-19, en el contexto de una economía en recesión, para muchos la mayor desde la Gran Depresión de los años 30.

La crisis económica reactiva además los conflictos laborales. Miles de trabajadores de gigantes como Amazon, Mc Donald’s o Walmart están protestando y yendo al paro porque sus empleadores los obligan a seguir en actividad a pesar de la pandemia, sin dotarlos de las medidas de seguridad necesarias. En el peor de los casos estas grandes empresas, beneficiadas por los millonarios planes de estímulo aprobados por el Congreso, eligen la vía del despido: el último gran ejemplo es el de Disney, que dejó de pagarle el sueldo a 100 mil empleados.

Una crisis sin precedentes

"El ritmo de los reclamos se ha desacelerado en las últimas tres semanas y debería continuar haciéndolo, pero el ritmo sigue siendo enorme. Espero que esta inundación desemboque rápidamente en un río angosto. Muchos empleadores se esfuerzan por mantener a sus equipos de trabajo, pero cada semana algunos se dan por vencidos". Quien habla es Aaron Sojourner, economista experto en empleo y profesor de la Universidad de Minnesota. No hay antecedentes que se puedan comparar con la crisis de desempleo que se está viviendo en Estados Unidos. Expertos prevén una tasa de desempleo cercana al 20 por ciento en abril, cuando en febrero había alcanzado un mínimo histórico del 3,5 por ciento y era una de las principales banderas de la campaña por la reelección de Donald Trump

Sin embargo, Sojourner sugiere centrarse en la tasa de empleo, es decir la proporción de adultos empleados, para entender mejor lo que está pasando en el país. "Muchas personas no buscan trabajo debido a las órdenes de quedarse en casa, y la realidad es que pocos están contratando. Centrarse en la tasa de desempleo subestima a la cantidad de personas que quieren trabajo y no lo tienen. Calculo que solo alrededor de la mitad de los adultos estadounidenses ahora están empleados, en comparación al 61 por ciento de marzo. Este es el porcentaje más bajo desde 1948", destaca el economista en diálogo con Página/12.

"Parece claro que continuaremos teniendo pérdidas de empleo, y no veo que la situación mejore mucho, incluso si partes del país deciden detener sus bloqueos", agrega por su parte Victor Chen, sociólogo y profesor de la Universidad de Virginia. Abrir la economía en este momento es un arma de doble filo para la vida de los estadounidenses. Esta salida fue fogoneada en las últimas semanas por el propio presidente Donald Trump. Pero para Sojourner, la apertura también sería un error: "¿Qué tan esencial es la salida? ¿Qué tan segura es la producción? Los estados no deben permitir que el grado de desesperación de los trabajadores por conseguir dólares para sobrevivir conduzca a la toma de peligrosas decisiones".

Víctimas y victimarios

Las familias afroamericanas y latinas residentes en Estados Unidos son las que sufren las peores consecuencias de la crisis. El 61 por ciento de los trabajadores latinos dicen haber perdido un trabajo o sufrido un recorte salarial, según una reciente encuesta del Pew Research Center. Párrafo aparte merecen los indocumentados que residen en el país. Huffington Postretrató el jueves la historia de Alma Brigido, madre de tres hijos de 35 años que no tiene trabajo hace más de cinco semanas después del cierre del restaurante de Pittsburgh donde cocinó durante cuatro años. Brigido no califica para el beneficio de desempleo por ser indocumentada. Tampoco recibió nada del paquete de ayuda de 2 billones de dolares del gobierno federal, que otorgó cheques por 1.200 dolares a estadounidenses de bajos ingresos, pero excluyó de esa ayuda a millones de inmigrantes no incluidos en el seguro social.

Sin embargo, como en toda crisis, otros actores se ven beneficiados. "El Congreso aprobó préstamos para ayudar a las empresas a mantener a sus trabajadores en la nómina", destaca Chen, quien supone que no es necesariamente una mala idea subsidiar a las empresas, tal como ocurre en países como Francia, Alemania o Reino Unido. "Lo problemático es que un programa originalmente destinado a las pequeñas empresas termine siendo explotado por las grandes corporaciones", se lamenta. Parte de esa avaricia se ve reflejada en la poderosa Walt Disney Company, que pese a reportar ganancias siderales decidió despedir a 100 mil empleados.

Una de las herederas del emporio, Abigail Disney, criticó a la compañía por no proteger a sus trabajadores peor pagos "mientras los jefes han estado recaudando bonos atroces durante años". Anteriormente, la sobrina nieta de Walt Disney había calificado de "enfermo" al salario del exdirector ejecutivo de Disney, Bob Iger. El año pasado, Iger ganó 47 millones de dólares, más de 900 veces el salario promedio de un trabajador de la compañía.

Los peligros de la "segunda fase"

En un interesante artículo publicado en The Atlanticjunto al sociólogo Ofer Sharone, Victor Chen destaca que luego de haber investigado las experiencias de los trabajadores desempleados durante los últimos 20 años, espera que esta nueva crisis de desempleo tenga dos fases. "En la primera fase, los estadounidenses reconocerán que las fuerzas externas (el coronavirus y las políticas gubernamentales) han desencadenado estos despidos masivos, y verán la difícil situación de los trabajadores desempleados bajo esa óptica, desarrollando un sentido solidario", detalla Chen desde la ciudad de Richmond. 

En la segunda fase, que será de lenta recuperación, las compañías comenzarán a recontratar trabajadores. El problema para Chen es que muchos empleadores aprovecharán esta oportunidad para reemplazar a algunos de sus antiguos trabajadores con "mano de obra más barata". "Durante los tiempos económicos normales, recortar los salarios o eliminar la seguridad laboral provoca una reacción violenta de protesta. Pero reducir estos costos laborales es fácil cuando la economía está estancada y los trabajadores agradecen cualquier oportunidad", afirma el investigador.

En Estados Unidos, la tasa de trabajadores sindicalizados, comparada con la de otros países, es baja. De acuerdo al ultimo censo nacional, en 2016 el país tenía 14,6 millones de afiliados sindicales, lo que representa apenas el 10,7 por ciento de todos los trabajadores del país. "Una mayor representación sindical daría a los trabajadores cierta capacidad para luchar contra los despidos permanentes, lo cual es esencial. Los sindicatos también son muy buenos para abogar por mejores condiciones de trabajo, lo que será fundamental a medida que los empleadores dicten nuevos procedimientos de trabajo en un contexto de crisis como el actual", destaca Chen, que encuentra allí una poderosa vía de resistencia al desastre económico.

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Pie de foto: médicos del hospital público de Leticia que renunciaron masivamente

La histórica crisis que sobrelleva la salud en Colombia gana nuevos ribetes con la llegada al país del covid-19: precaria dotación de los centros de salud, atraso en el pago de salarios y otras garantias laborales para el personal médico, a lo que hoy se suma la ausencia de dotación adecuada para atender a pacientes afectados por el virus de moda sin por ello poner en riesgo la salud y vida.

Desde hace varias semanas, día tras día, llegan denuncias de los trabajadores de la salud, hombres y mujeres, provenientes desde ciudades como Cartagena, Sogamoso, Zarzal, Leticia, última ciudad donde 27 médicos (6 especialisstas y 21 médicos generales), del único hospital público del departamento, presentaron renuncia el pasado 20 de abaril por falta de garantías para trabajar en medio de la pandemia del covid-19.

En la carta de renuncia masiva presentada el pasado 20 de abril expusieron 8 exigencias, de las cuales el gobierno se comprometió a cumplir 7 para el jueves 23 de abril, solo no podían cumplir con la petición relacionada con el pago de prestación de servicios (vea el documento de renuncia). Los médicos retomaron labores el mismo día de la renuncia masiva.

 

   

 

  

 

¿Un gobierno de palabra y hechos?

Con expectativa, los renunciantes vivieron estos tres días, esperanzados en poder desempeñar su trabajo sin riesgo de contagio y mucho de menos de muerte. Tanto para ellos como para la población del departamento. Y llegó el día 23, y la esperanza se desinfló.

En efecto, desdeabajo conversó con un médico del hospital San Rafael quien confirmó que el trato entre el gobernador del Amazonas, Jesús Galdino y el alcalde de Leticnia, Jorge Luis Mendoza, no fue cumplido a cabalidad: “Solo nos dieron unos trajes de bioseguridad que tenían guardados. Seguimos con unas máscaras y overoles, que son suministros muy reducidos y, esos elementos los tenemos que reutilizar”, comentó el médico preocupado por su salud y la de los miles de personas que viven en Leticia. Además, amplió, “nos prometieron 20 ventiladores para todo el hospital y seguimos con los mismos 4 ventiladores viejos que hay, de los cuales ahora hay dos en uso; si llegan a venir 3 infectados por el covid–19, tendríamos que tomar una decisión muy difícil: a quién no suministrarle un ventilador”, comentó este trabajadpr de la salud, quien no suministró su nombre porque teme las represalias por parte de las autoridades.

¿Pero por qué dice qué hay represalias contra el personal médico?, preguntamos, y en su respuesta angustiada precisó: “empezaron a indagar por los contratos del personal de la salud que renunciaron, para después ser echados”.

Y prosiguió:“El hospital no tiene unidad de aislamiento para pacientes con covid-19. Ellos se comprometieron a acondicionar un lugar para eso. Y adaptaron unas carpas militares a las afueras del hospital pero esas no son carpas sanitarias. Una persona con covid-19 no va resistir bajo el sol y la humedad en una carpa de esas bajo 38 grados centígrados. Las carpas ya las desinstalaron porque una comisión de diputados verificó que no funcionaron”.

Memoria y territorio

Los médicos del hospital de la capital del Amazonas, ya habían expuesto sus preocupaciones sobre falta de garantías sanitarias para atender la crisis de la pandemia en la zona. “La única manera como nos puso atención el gobierno central fue con la renuncia”, comentó nuestro entrevistado.

La frontera entre Tabatinga, Brasil y Leticia, Colombia, es una avenida que los lugareños comparten. Muchas personas utilizan los pasos irregulares para transitar entre los dos lugares. El cierre de frontera, decretado por el presidente Iván Duque, no funcionó porque hace más de 10 días en Tabatinga, Brasil, se contagiaron 12 personas con el virus y fallecieron 2. El virus se traslado y el primer caso positivo en Leticia fue confirmado el pasado viernes 17 de abril, un médico que atendió una persona proveniente de Tabatinga. La noticia voló rápido en Leticia y la población ya estaba sumida en el terror y el pánico.

Al día siguiente, los leticianos, recibieron la noticia de que 4 pruebas aleatorias que se hicieron dieron positivo. El domingo en la mañana llegó un paciente al hospital público con todos los síntomas del covid-19, quien falleció en la noche, y ya hay confirmación de que murió por el virus. Una propagación masiva del virus estaba en camino, hasta la fecha, 23 de abril en Leticia hay 14 casos positivos, pero se teme que sean más puesto que los resultados llegan con 6 días de retraso, después de realizadas las pruebas.

Ahora que se cumplió el plazo que acordaron los entes gubernamentales con los médicos, y que no cumplieron a cabalidad el trato es evidente que el llamado de atención no sirvió para dar las garantías del personal de salud y a la población, que teme por su vida y que no podrá ser atendida de forma digna en medio de la pandemia.

 

 

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