Cerrejón, mina a cielo abierto

Los proyectos mineros dirigidos principalmente por grupos ilegales en Colombia son los que más afectan a las poblaciones indígenas, afrodescendientes y comunidades locales de este país.

 

De las 52 comunidades afectadas por proyectos, 20 son impactadas por actividades mineras mediante 9 proyectos que representan el 47% de los proyectos registrados, entre 2017 y 2019, de acuerdo a un estudio de la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados.

Seis de estos nueve proyectos mineros son dirigidos por grupos ilegales, que también lideran otros 3 proyectos de agroindustria.

De ahí que Colombia sea también el país que registre la más alta tasa de asesinatos a miembros de las comunidades a nivel de Latinoamérica con 17 personas asesinadas.

Así lo informa la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados, una herramienta digital de libre acceso impulsada por Rights and Resources Initiative (RRI) con el apoyo de Amazon Conservation Team (ACT).

Proyectos identificados

Según la plataforma, Colombia registra 19 proyectos en total. De ellos, 9 corresponden al sector minero, 4 al de infraestructura y 3, tanto al de hidrocarburos (gas o petróleo) como al de agroindustria.

Esto guarda relación con el número de comunidades afectadas: 52 en total. De estas, 20 son afectadas por proyectos mineros; 18 por infraestructura; 11 por hidrocarburos y 3 por agroindustria.

Como se aprecia, existe una predominancia de proyectos mineros. Seis de los nueve casos identificados en este sector son actividades ilegales que generan deforestación y contaminación, por el uso del mercurio.

En los tres casos formales de minería, todas son de extracción de carbón mineral, siendo una de ellas la mina El Cerrejón, ubicada dentro del territorio del pueblo indígena Wayúu, en el departamento de La Guajira.

Esta comunidad ha denunciado que, desde que comenzó la explotación de carbón en los años 70, ha perdido miles de hectáreas de sus tierras, lo que afecta su supervivencia.

Otro aspecto que se destaca es el impacto de las obras de infraestructura como Hidrotuango, un proyecto hidroeléctrico que afecta a comunidades campesinas en los municipios de Ituango y Briceño.

Las comunidades que se resisten al proyecto tienen documentados 152 casos entre los que registran asesinatos, amenazas, acoso por parte de grupos armados paramilitares, entre otros.

Con 17 comuneros asesinados, Colombia registra la más alta tasa de asesinatos a miembros de las comunidades en Latinoamérica. Ilustración: Servindi

Derechos violados

La plataforma revela que los derechos a un medio ambiente saludable (63.2%) y a participar en la vida pública (59.9%), fueron las violaciones de derechos más frecuentes denunciadas en los conflictos registrados en Colombia.

El derecho a la vida, a la integridad física y moral y el derecho a la defensa de la tierra ancestral fueron otros derechos vulnerados en más del 30% de casos.

En tanto, los ataques más frecuentes fueron los asesinatos, las amenazas, la limitación de la libertad de expresión y la invasión al territorio colectivo.

De las 52 comunidades afectadas, 33 personas sufrieron ataques individuales; de ellas, 17 fueron asesinadas, lo que convierte a Colombia en el país con la más alta tasa de asesinatos a miembros de las comunidades a nivel de Latinoamérica.

Por otro lado, el impacto ambiental mayor fue la contaminación del agua, registrándose en el 68% de los casos; mientras que el impacto social más frecuente fue la alteración de medios de vidas tradicionales en 24 comunidades

22 enero 2021

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Joseph Biden, Venezuela y América latina

La dimensión de la crisis que parece corroer a Estados Unidos quedó expuesta en tres miércoles consecutivos de enero. El día 6, una movilización convocada por el presidente Donald Trump tomó el Capitolio, el 13 fue aprobado el segundo impeachment contra Trump en la cámara de Representantes, y el 20 ocurrió la toma de posesión del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris con un despliegue de 25 mil efectivos en la ciudad de Washington.

El país atraviesa una superposición de crisis que no logra ocultar. En el tiempo de un año se vio la incapacidad de enfrentar la pandemia, la violencia sistémica de las fuerzas policiales sobre la población afroamericana, los levantamientos y movilizaciones contra esa violencia, las respuestas aún más represivas, la acción de milicias armadas en su mayoría de supremacistas blancos, la defensa de esas organizaciones por parte de Trump, el desconocimiento de los resultados electorales de Trump y una mayoría de sus votantes, las falencias estructurales del sistema electoral, hasta los hechos de un enero que quedará en la historia.

Biden asumió en ese marco con un discurso de apelación a la unidad, la necesidad del reencuentro nacional, con un gabinete que, en términos de imagen, busca proyectarse como progresista: una mujer vicepresidenta, un afroamericano, Lloyd Austin, al frente de la secretaría de Defensa, una mujer indígena, Deb Haaland en la secretaría de Interior, un cubano-americano, Alejandro Mayorkas, en la Seguridad Nacional, una mujer transgénero, Rachel Levine, como asistente de salud.

Pero la multiculturalidad, el primer plano de las denominadas minorías en el gobierno, no indica cuáles serán las políticas, algo que no augura cambios progresistas en vista de los recorridos de hombres y mujeres que están en puestos claves de la nueva administración. Un repaso por las trayectorias de Biden, el secretario de Estado, Antony Blinken, la subsecretaria de Asuntos Políticos, Victoria Nuland, la directora de la USAID, Samantha Power, el secretario de la CIA, William Burns, y el mismo Austin -que proviene además de la contratista militar Raytheon- muestran una historia de realización directa o apoyo de acciones armadas abiertas o encubiertas en Iraq, Siria, Libia, Yemen y Ucrania, para mencionar algunos casos.

Biden se encuentra ante dos objetivos centrales. Por un lado, recomponer las crisis internas, en el orden de lo económico, sanitario, y la fractura social que con Trump -emergente de esa misma crisis- adquirió nuevas formas y radicalidades que, todo indica, continuarán. Y si el nuevo presidente apeló a la unidad, también volvió a referirse al concepto de “terroristas internos”, en un posible punto de inflexión en una política interna de criminalización y vigilancia que podrá extenderse hasta donde lo permita el término “terrorista”, es decir, hasta donde lo necesite la administración y los poderes generalmente invisibles que, en los últimos meses, emergieron por momentos a la luz.

Por otro lado, el nuevo gobierno está ante la necesidad de recomponer el frente externo, tanto en el regreso a multilateralidades abandonadas por Trump, como el Acuerdo Climático de París -reingreso ya decretado por Biden-, y la Organización Mundial de la Salud, como en la reconstrucción de la imagen y mitología internacional estadounidense que se encuentra en decaída internacional, buscando encabezar un autoproclamado eje democrático, así como la recuperación de espacios perdidos ante el crecimiento de potencias, como China y Rusia, que continuaron su avance durante el 2020 en varias partes del mapa, como en nuestro continente.

América Latina

Blinken, interrogado por Marco Rubio en el Senado, sostuvo la necesidad de “aumentar la presión sobre el régimen del brutal dictador” Nicolás Maduro, en una audiencia en el Senado el día martes, en la cual expuso cuáles serán las líneas de política exterior. Las palabras de Blinken no fueron sorpresivas: se anticipa que la probabilidad más grande sea que la nueva administración no realice grandes cambios en su narrativa pública hacia Venezuela, y que el asunto no sea prioridad en medio del incendio estadounidense y asuntos exteriores prioritarios, como China, Rusia o Irán.

Sin embargo, tras el posible mantenimiento de un discurso similar ante el expediente Venezuela que ha sido bipartidista, también se anticipa que podrían ocurrir modificaciones en el abordaje, en el regreso de diálogos y, tal vez, de acuerdos. Uno de los hombres señalados como centrales esa nueva posibilidad es Gregory Meeks, nuevo presidente de Asuntos Exteriores de la cámara de Representantes, que fue parte de la fundación del Grupo de Boston, un grupo entre parlamentarios venezolanos y estadounidenses creado tras el golpe de Estado en abril del 2002. Meeks, quien estuvo en Caracas en el funeral de Hugo Chávez y luego dos veces más, aparece como un actor de la trama, casi siempre invisible, de acercamientos, intentos de diálogos y mediaciones, que suelen ocurrir entre ambos países.

Venezuela será uno de los temas centrales de América Latina, un continente bajo disputas e inestabilidades. La victoria de Biden representa una derrota de la apuesta política del presidente Jair Bolsonaro, quien manifestó una y otra vez su cercanía con Trump, así como del partido del gobierno de Colombia, el Centro Democrático, conducido por Álvaro Uribe, señalado de hacer campaña en el estado Florida a favor del ahora ex presidente. Este escenario, si bien anticipa posibles tensiones, las mismas, a menudo maximizadas mediática y políticamente, no deben hacer perder de vista que existen acuerdos políticos permanentes que no se modifican sustancialmente con cambios de administración en la Casa Blanca y la superficie del departamento de Estado.

El punto en el cual puede ocurrir un cambio significativo es en el caso Cuba, donde la diferencia entre la administración de Barack Obama, que abrió un acercamiento, y la de Trump, que redobló el bloqueo, fue significativa. El plan de Biden, según se anticipó, es el de regresar a las claves desarrolladas con la isla con el anterior gobierno demócrata, es decir cuando él era vicepresidente.

El nuevo gobierno estadounidense asume en medio de crisis extraordinaria y una geopolítica en reconfiguración y sin marcha atrás. La posibilidad de continuidades, de reproducción de mecanismos, como la infiltración en los poderes judiciales en América Latina para desarrollar el lawfare, con el objetivo de garantizar los intereses estadounidenses en nuestra región, parece más probable que un giro sorpresivo.


Cómo será, y cómo no será, la relación de Biden con América Latina

Alfredo Grieco y Bavio

21 de enero de 2021 14:21h

El único pasaje de sus memorias donde Barack Obama menciona a América Latina es una anécdota. Extenuado, en una cena siente que se va a caer dormido bajo el efecto narcótico de una repetitiva perorata de Sebastián Piñera. El presidente chileno, como un latino estereotipado, habla sin sentido de la proporción sobre una bebida estereotipadamente latina que también genera somnolencia: el vino. Había un tema, sin embargo, que lo mantuvo despierto al presidente demócrata de EEUU: Libia. Si generalizáramos a partir de este relato, para Obama, América Latina es un lugar donde él no quiere estar, ni siquiera en pensamiento, porque le roba lucidez y energía para ocuparse de las cuestiones verdaderamente importantes, que están en otro lado. A pesar de que fue su vicepresidente durante dos mandatos, y de que ha reinstalado en puestos claves del gobierno a tantos y tantos ex colaboradores de Obama, nadie cree que Joe Biden busque apartar de sus pensamientos a Latinoamérica, región a la que viajó 16 veces, más que cualquier otro funcionario de su rango. La pregunta es si en los cuatro años que empiezan podrá hacer mucho más que pensar.

Joe Biden es un presidente que llega al poder sin un slogan. Sin una consigna que lo identifique y que señale la dirección y el sentido que buscar darle a su gobierno. O peor: sí tiene un slogan: el de Donald Trump, America First! Si eligiera uno propio, mentiría. Toda la política exterior de su mandato se verá absorbida, sin permitirse digresión ni desvío, por EEUU. Por el COVID-19 en EEUU y por la recesión económica en EEUU. Todos los días y noches será America First! Es cruel: el slogan más falso e inutilizable para Biden es el que cantaba Obama: Yes, We Can. La política internacional deberá hacer frente a los males que trajo el America First!, sin jamás eludir las desgracias, más persistentes por más antiguas, que dejó el Yes, We Can. No podrá deshacerse del America First!, mientras que el Yes, We Can seguirá en el tacho de basura de la Historia. Si en 2011 a Obama lo adormecía Chile, y no lo dejaba dormir Libia, no se podía considerar extraño a la guerra en el norte de África. Era una consecuencia de su política personal de exportación de una democracia que a sus ojos exhibía como primer mérito y último progreso el haberlo elegido a él, un afrodescendiente, como presidente. El aliento a las primaveras árabes había prendido fuegos que ni anticipó ni extinguió, porque siguen encendidos. El septuagenario Biden podría indicar que es muy democrático que EEUU, votándolo a él, le rehusara un segundo período presidencial a Trump, su más joven rival, que lo dejó solo el día de la transmisión de mando. Es difícil representarse a Piñera, en su nuevo mandato, discurseando sobre exportaciones vinícolas con Biden –el empresario chileno sabe qué ilusiones perder.  

Las únicas acciones que se pueden dar por descontadas de la presidencia Biden con respecto a América Latina son aquellas que la nueva administración demócrata considera que serán redituables porque le aliviarán problemas aun al costo de que les creen más y mayores problemas a los países latinoamericanos concernidos.

A la construcción del costoso muro en la frontera con México le llega su fin el primer día de gobierno. También son suprimidas o sustituidas desde el minuto uno todas las normativas trumpistas sobre la situación de los migrantes sin papeles en el interior del país, la de quienes solicitan asilo del otro lado del muro en suelo mexicano así como las regla del juego para quienes aleguen derecho de asilo y para las familias separadas a un y otro lado del muro. Todo será más humano, prometen, y todo invita a creer que será así.

Caravanas y guerras

La migración hacia el sur de la frontera, desde México y sobre todo desde Centroamérica y el Caribe, es una situación para la cual las soluciones que Trump puso en vigor resultaron onerosas para el fisco, lesivas para los derechos y la dignidad humanos, y dañinas para la imagen de EEUU en el mundo. También fueron onerosas las consecuencias no deseadas de esas medidas, la judicialización de los reclamos, las indemnizaciones, el derroche de recursos humanos administrativos, militares, de fuerzas de seguridad. Sin embargo, la cuestión del flujo de migrantes latinoamericanos no se resuelve de por sí con el enervar de una vez, el primer día, y al mismo tiempo, todas juntas, las soluciones brutales, pero ineficaces, puestas en vigor por la administración anterior.

Objetivo proclamado de la administración Biden es dar fin a las caravanas de migrantes económicos que huyen de las violencias políticas de sus países de origen. Los métodos elegidos por Trump fueron recusados con horror, y son abandonados con orgullo. Pero el equipo de transición de la nueva administración detectó una dificultad estructural en las políticas de fronteras, insalvable por el remplazo de viejos métodos por otros nuevos. La cuestión migratoria no se puede resolver en el límite internacional, porque ahí la espiral de la represión genera, demasiado cerca de EEUU, cuando no ya dentro de EEEU, renovadas violencias y violaciones de derechos humanos. El problema, decidieron, ir a resolverlo cuando y donde la caravana arranca su marcha, porque si empieza a marchar, cada día que pasa es política y económicamente más costoso. El equipo de Biden diseñó un plan de ejecución inmediata para dotar de fondos y asegurar créditos en entidades multinacionales para Guatemala, Honduras y El Salvador. 

Básicamente, en su estructura, Biden enfrenta la migración orientado por el mismo principio que guió la guerra contra las drogas de EEUU en América Latina. Como no se podía derrotar el tráfico ni frenar el consumo en suelo de EEUU –demasiada sangre norteamericana era derramada, la corrupción ensuciaba a las autoridades locales, la imagen nacional se deterioraba-, tropas y agencias federales se encaminaron a destruir cultivos de coca en Colombia o Bolivia, donde presionaron para que los campesinos se las arreglaran con cultivos y actividades económicas compensatorias, a la vez que financiaban programas de gobernabilidad para las autoridades que dejaran libertad de acción a la DEA. Con pareja diplomacia del dólar, la administración Biden buscará fortalecer el arraigo de potenciales migrantes en sus comunidades, que hoy por hoy son muy expulsivas. Por vías políticas se procurará un saneamiento de las instituciones en esos países centroamericanos, el financiamiento de comisiones locales independientes de verdad y justicia que investiguen la corrupción, el asesoramiento de las fuerzas armadas y de seguridad el combate contra la delincuencia, el crimen organizado, sin olvidar el narcotráfico. La administración trazó planes detallados para la creación de una entidad anticorrupción multilateral centroamericana, que sirva de sostén y referencia para las fiscalías de todos los Estados nacionales desde Panamá hasta Guatemala.

En esta iniciativa coordinada para Centroamérica no es imposible reconocer resonancias de la doctrina de la exportación de la democracia de tiempos de Obama. Aunque ahora la democracia no sea el fin –ni siquiera de palabra-, sino un medio al que se le pronostica un buen rendimiento en su tarea de reforzar la soberanía y seguridad nacionales de EEUU. El buen éxito en Centroamérica no luce asegurado de antemano -ni el de la vía económica ni el de la vía política. Pero por ahora es el proyecto cardinal de la administración Biden con respecto a América Latina.

Coexistencia ¿pacífica?

Para Trump, en Latinoamérica ‘democracia’ era un arma de fuego que se usaba para disparar contra Venezuela, Cuba y Nicaragua. Tres países con los cuales Biden buscará la coexistencia más pacífica posible, si esto fuera posible. Cuba será retirada, también de inmediato, de la lista de naciones que patrocinan el terrorismo, donde la había reubicado la Secretaría de Estado de Trump pocas semanas atrás.

En América Latina murieron más de medio millón de personas por COVID-19: sólo Europa tiene más muertes. Pero el país americano con más decesos, 400 mil, es EEUU. Biden hizo de la ofensiva contra la pandemia una prioridad absoluta y había sido su cliché de campaña electoral. Se ofrece ahora como unzona de forzada colaboración internacional con sus vecinos para la administración que se instala en Washington.

El de la salud es un área mayor de competencia estratégica en la rivalidad global de EEUU con China que Biden mantendrá en su propia administración America First! Pero como Biden está urgido por proveerse de un número de dosis suficientes para una campaña de inmunización masiva en EEUU, 100 millones de dosis aplicadas en los primeros 100 días, no tendrá nada que decir de la compra de vacunas a China por Latinoamérica: lo que no quiere el primer presidente católico de EEUU desde J.F. Kennedy es que se las pidan a él.

Otro capítulo clave de la plataforma electoral de Biden que lo obligará a relacionarse con la región es su agenda verde frente al cambio climático. La reincorporación de EEUU al acuerdo de París es otra de las medidas cancelatorias del primer día de gobierno. Ni hallará ni espera felicitaciones o sostén de dos presidentes que llegaron a ser, por caminos inconexos, aliados de Trump, el brasileño y el mexicano.

Biden ha declarado que conformará un fondo de 20 mil millones de dólares para la protección ecológica de la cuenca del Amazonas. Tal programa no es bienvenido por Jair Bolsonaro, pero tampoco por la mayoría de los brasileños, que miran con alarmada sospecha toda beneficencia exterior focalizada en la selva y la cuenca amazónicas como un ataque camuflado contra la soberanía nacional secundado por una subrepticia pero inocultable codicia de rapiñas y despojos.

Los entusiasmos de EEUU en pro de formas limpias de energía reciben habitualmente desprecio o sorna de Andrés Manuel López Obrador. El político que evoca al nacionalista Lázaro Cárdenas hace del monopolio estatal mexicano de la explotación de hidrocarburos una de las bases más inconmovibles de su gobierno y de su credo.

Es dudoso que Biden dedique tiempo o esfuerzo a vencer esas desconfianzas brasileñas o mexicanas. Cuando Trump asumió, varios países latinoamericanos, especialmente Brasil y México, temieron que el nuevo presidente se metiera con ellos. Ahora, es al revés: si algo parece temer el nuevo presidente norteamericano es que se metan con él. 

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Viernes, 22 Enero 2021 05:39

Ironías y paradojas

Ironías y paradojas

 Un país ‘W’ que ocupa ilegalmente una parte de la nación ‘X’, critica al país ‘Y’ por su ocupación ilegal de una parte de la nación ‘Z’ y le suministra armas para que ‘Z’ acabe con ‘Y’ , ya que "la integridad territorial es sagrada". Un país ‘V’ que por décadas ignora resoluciones de Naciones Unidas que censuran su ocupación ilegal de un país ‘U’ −durante la cual acapara su tierra y transfiere su población civil allí−, apoya a la nación ‘Z’ cuyos oficiales usan en contra del país ‘Y’ el mismo tipo de argumentos que la nación ‘U’ −y sus defensores− habitualmente dirigen en contra del país ‘V’. Una nación ‘Y’ que enfrenta el ataque del país ‘Z’ −apoyado por las naciones ‘W’ y ‘V’− hace a la luz del derecho internacional cosas muy parecidas que el país ‘V’ en territorios ocupados de la nación ‘U’, o −hasta cierto punto− el país ‘W’ en territorios de la nación ‘X’. Un país ‘V’, perteneciente a una nación-víctima de un genocidio, le vende armas al país ‘Z’, el enemigo acérrimo de la nación ‘Y’ que pertenece a otro país-víctima de un genocidio y que además enfrenta la alianza del país ‘Z’ con la nación ‘W’, dos pueblos étnicamente cercanos, de los cuales el segundo cometió aquel genocidio.

Si al lector ya le dio vértigo, no se preocupe.

En la reciente guerra en Nagorno-Karabaj, un enclave montañoso mayoritariamente armenio en el Cáucaso del sur, pero que les pertenece a los azeríes −y que desde la década de los 90, tras otra sangrienta guerra, estuvo bajo la ocupación armenia en forma de "republiqueta" de Artsaj−, abundaba toda una serie de ironías y paradojas. Algunas de tipo −como se suele decir por mis tierras− "el cerebro se para" (tras dar 100 mil vueltas).

Curiosamente, Rusia, el país no mencionado en la letanía inicial −"la fuente de todos los males en el mundo" (basta leer la prensa liberal)− salió la mejor parada. O "más congruente". No sólo al imponer la tregua entre Armenia (país ‘Y’) y Azerbaiyán (nación ‘Z’) se posicionó como un hegemón regional frente al expansionismo de Turquía (país ‘W’). O convirtió lo que Azerbaiyán no recuperó de Artsaj en su semicolonia. Sino que hizo lo que ya de por sí venía haciendo: recuperar la influencia tras el colapso de la URSS: apoyar irredentismos (Abjasia, Osetia del Sur, Transnistria, Dontesk/Lugansk) o anexar ilegalmente territorios (Crimea). Aunque el hecho de que la nación que les vende armas tanto a Ereván como a Bakú o que oficialmente rehabilitó a Stalin, el responsable por transferir de modo desafortunado a Nagorno Karabaj a Azerbaiyán y no a Armenia, acabara de "salvador de los armenios" no deja de ser una ironía.

¿Pero qué decir de Turquía que ocupando ilegalmente la parte norte de Chipre (país ‘X’) fustigaba a Armenia por su "criminal ocupación de Nagorno Karabaj" o que solidarizándose con el lado azerí (su hermano pueblo túrquico) y mandándole armas (drones, etcétera), asesores militares y mercenarios sirios, se refería despectivamente a los armenios −víctimas del genocidio perpetrado por ella en tiempos del imperio otomano (1.5 millón de víctimas)− como "sobras de la espada" ("kılıç artığı"), insinuando que "aún hay cosas inacabadas" en referencia a los descendientes de los sobrevivientes?

¿O de Israel (país ‘V’) que nunca reconoció el genocidio armenio para no quitarle la excepcionalidad al Holocausto aunque, según sus perpetradores (sic) y estudiosos fue justo el antecedente armenio que posibilitó el genocidio judío, y que no tiene ningún reparo moral en armar −a mano con Turquía que igual niega aquel genocidio− a los azeríes en contra de los armenios con armas (drones, munición loitering, bombas de racimo, vehículos, sistemas de vigilancia) "testeadas" durante la ocupación sin fin de Palestina (nación ‘U’), facilitando si no otro genocidio, sí −bueno, de esto sabe− una nueva limpieza étnica?

¿O de la propia Armenia que en efecto ocupaba de manera ilegal a Nagorno Karabaj y transfería su población civil allí−práctica prohibida por la Convención de Ginebra− "emulando" lo que hace Israel en Cisjordania y apoyándose, igual que Israel, en su diáspora mundial invocaba "el derecho al retorno" para asentar colonos en Artsaj haciéndolo, igualmente, "a fin de proteger vidas" dada la historia de pogromos históricos a manos de los azeríes?

¿O de Azerbaiyán que invocando el derecho internacional usaba argumentos parecidos en contra de la ocupación y asentamientos armenios que los palestinos fútilmente emplean en contra de Israel y sus asentamientos ilegales o usaba la argumentación milenaria (“quién estuvo allí ‘primero’”) para justificar su "derecho" a aquella tierra −esto ya emulando a Israel− rescribiendo la historia y cambiando incluso burdamente inscripciones en sitios arqueológicos armenios bajo su control?

Los rusos diciendo lo mismo de siempre. Los turcos mintiendo descaradamente. Los israelíes, bueno, al menos mantenían la boca cerrada (su apoyo a Azerbaiyán era un secreto a voces). Los armenios actuando (casi) como israelíes. Los azeríes hablando como palestinos. Encima los kurdos perdiendo la guerra en la que no han participado al acabar ante el triunfo del pan-turquismo más expuestos a ataques de Ankara, la misma que hace un siglo, de forma trágica, los hizo coperpetradores del genocidio armenio... (o cuales, décadas más tarde, Israel trató de usar como "quinta columna" en contra de varios países de la región). Ironías. Paradojas. Hipocresías. El mundo patas arriba. ¿O a poco no ha estado así siempre?

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Represión provoca estampida de indocumentados en Vado Hondo

Caravana de miles de migrantes insiste en avanzar rumbo a EU // Más de mil 500 fueron deportados a Honduras // Lo tratan a uno como perro

 

Vado Hondo., Policías y soldados guatemaltecos dispersaron ayer con violencia a miles de migrantes hondureños apostados durante el fin de semana en el kilómetro 177 de la carretera de Vado Hondo, Chiquimula, quienes huyeron en diferentes direcciones, muchos de ellos con niños en brazos.

Más tarde, varios de ellos intentaron nuevamente penetrar el cordón de seguridad para llegar a México y así seguir su paso hacia Estados Unidos, informó la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de Guatemala.

"Delegados de la PDH dialogan y brindan recomendaciones a miembros del ejército y la policía nacional civil de no usar la fuerza en Vado Hondo, donde indocumentados intentan romper el cordón de seguridad", tuiteó la institución.

La entidad que vela por las garantías ciudadanas y los derechos humanos en Guatemala tiene personal desplegado en el sureño departamento de Chiquimula, donde horas antes se reportaron enfrentamientos entre los migrantes y las fuerzas de seguridad.

Por la mañana, el contingente policial avanzó sobre la masa de indocumentados haciendo fuerte ruido mediante el golpe de sus macanas contra los escudos, logrando que muchos migrantes retrocedieran y otros corrieran hacia los lados, dispersándose dentro del pueblo, pero aún en territorio guatemalteco.

Algunos miembros de la caravana sufrieron leves lesiones en medio de la trifulca.

"No estábamos robando, somos gente de bien. Sólo queremos pasar", dijo a la agencia Afp, al borde del llanto, Angie, migrante hondureña de 21 años quien junto con miles de compatriotas anhela llegar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades.

La mujer estaba resignada a regresar a la frontera a tratar de documentar su ingreso y presentar una prueba negativa de Covid-19, requisitosde las autoridades guatemaltecas para internarse en el territorio. "Quiero seguir hasta Estados Unidos, no me quiero quedar en Guatemala", recalcó.

En el desalojo, varios de los caminantes lanzaron piedras a la policía, que respondió con gas lacrimógeno para seguir alejándolos en dirección a la frontera con Honduras, ubicada a unos 50 kilómetros.

El portavoz del ejército, Rubén Tellez, destacó que los soldados hicieron uso mínimo de fuerza y respetaron los derechos humanos y la integridad de los migrantes.

"Yo voy con mi hijo, en Honduras no tengo donde vivir", aseguró otra mujer al canal Guatevisión, luego de la estampida y mientras tomaba aliento al lado de un poste.

Unas 4 mil personas permanecían en ese grupo, de las 9 mil que se estima ingresaron con la caravana que partió el sábado de San Pedro Sula.

Otros 800 indocumentados han sido contenidos en un pueblo vecino, cientos se han dispersado por los alrededores y al menos mil 383 hondureños fueron retornados a su país antier y mil 568 ayer, entre ellos 208 menores, informaron el diario local Prensa Libre y la agencia de noticias Afp.

Las fuerzas de seguridad actuaron tras agotar un diálogo con los migrantes, a quienes se pedía despejar una vía del camino para permitir el avance del transporte de carga, cuya mercancía corría el riesgo de estropearse y había causado más de 30 kilómetros de fila de vehículos, informó Prensa Libre.

Por el contrario, un grupo se apoderó momentáneamente de tres camiones e intentó abrirse paso a marcha lenta, constató un equipo de Afp, lo que desencadenó la acción policial.

El ambiente ya estaba pesado desde el domingo, cuando los caminantes intentaron avanzar a empujones y fueron reprimidos con gases y aporreados por militares.

“Si tuviéramos pisto (dinero) no estaríamos aquí yéndonos al norte (Estados Unidos). Lo tratan a uno como perro, no tiene que ser así”, reprochó otra señora que llevaba a dos niñas, una tomada de cada mano.

Los migrantes se dispersaron en el área y, según medios locales, eran rastreados con drones de la policía.

Relatos de hondureños a la prensa denunciaron además que los comercios del poblado fueron obligados a cerrar para evitar que se abastecieran de alimentos.

Los uniformados actuaron ante el riesgo de más contagios de Covid-19, según un decreto del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, que autoriza el uso de la fuerza, recurso que fue rechazado de manera tajante por organismos de derechos humanos.

Por lo pronto, 21 personas del grupo que pasaron por puestos de control sanitarios han dado positivo al nuevo coronavirus, y deberán guardar cuarentena en Guatemala antes del regreso a su país.

Los migrantes hondureños aseguran que escapan de la violencia, la pobreza, el desempleo y la falta de educación y salud, situación agravada por la pandemia y la destrucción que dejaron a su paso los huracanes Eta y Iota en noviembre.

El éxodo hondureño comenzó la madrugada del viernes desde San Pedro Sula y los caminantes ya dan muestras de cansancio. Durante la jornada, una pequeña caravana de 300 salvadoreños entró al país sin presentar documentos ni prueba negativa de Covid.

La caravana generó tensión entre Guatemala y Honduras, al punto que Tegucigalpa reclamó a su país vecino la acción represiva de los cuerpos de seguridad contra los migrantes, y le pidió una investigación de los hechos.

Guatemala reprochó a Honduras por no cumplir con sus compromisos asumidos hace unas semanas con el país, El Salvador, México Estados Unidos y la Organización de Naciones Unidas para contener la "salida masiva" que irrumpió de manera desordenada en la frontera entre viernes y sábado y que en dos ocasiones ha chocado con la fuerza pública.

Pandilleros "infiltrados"

Autoridades locales advirtieron que en el grupo caminan "infiltrados" miembros de pandillas. Las autoridades guatemaltecas también acusaron que muchos de los migrantes han sido engañados con falsas pruebas de Covid-19.

La caravana marchaba esperanzada de una posible flexibilización de las políticas migratorias en Estados Unidos, cuando el presidente electo, Joe Biden, asuma mañana, posibilidad que ya fue rechazada desde Washington.

"Instamos a Honduras a evaluar y fortalecer medidas de control fronterizo y protocolos de salud para prevenir futuras caravanas", dijo Michael Kozak, subsecretario interino para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

Desde octubre de 2018, más de una docena de caravanas, algunas con miles de migrantes, han salido de Honduras rumbo a Estados Unidos, pero la mayoría ha fracasado por el reforzamiento de los controles fronterizos.

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Alrededor de 9 mil hondureños que viajan a pie rumbo a Estados Unidos se desplazaron ayer por Guatemala (imagen), en su camino a México, cuyo gobierno llamó a los países de Centroamérica a aplicar con responsabilidad los protocolos migratorios y sanitarios, así como atender oportunamente y con responsabilidad estos flujos de personas para evitar que se repitan. Mientras, desplegó un amplio operativo de rescate humanitario con miles de elementos del orden del INM, organizados, equipados y entrenados para auxiliar en la frontera sur, con la instrucción de que no dejen pasar la caravana. Foto Afp / Fabiola Martínez, Agencias y Redacción

Camotán. Unos 9 mil migrantes que viajan a pie desde Honduras rumbo a Estados Unidos se desplazaron ayer por Guatemala, en camino a México, el próximo escollo a sortear en busca de mejores condiciones de vida, que esperan recibir del futuro gobierno del demócrata Joe Biden.

Pese a que un decreto facultaba a la policía utilizar la fuerza para contener el avance del viernes, la decisión de abrir el paso por la línea fronteriza en El Florido se tomó al constatar que en el grupo había muchas familias con niños, comentó un jefe policial a la agencia de noticias Afp.

Un último grupo cruzó ayer la frontera ordenadamente y sin resistencia, y al igual que el resto pasó por alto el requisito de presentar documentos y una prueba negativa de Covid-19. Tomas de video compartidas por el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM)mostraban a gente que vitoreaba al ingresar mientras agentes fronterizos los veían e intentaban impedir que bloquearan el tránsito.

La dependencia, citada por la agencia de noticias Reuters, indicó que al llegar a Chiquimula los migrantes fueron detenidos en medio de forcejeos en un retén militar, donde se les requirió documentación y una prueba negativa de coronavirus.

"Es imposible que continúen su ruta. Las personas que se fueron y lograron pasar ya fueron detenidas allá adelante", dijo el director del IGM, Guillermo Díaz, a cientos de migrantes agrupados a orillas de una carretera en Vado Hondo, también en Chiquimula.

"Los invitamos a regresar, por favor. Tenemos camiones, buses para que retornen a su lugar de origen. Tenemos más de 20 puestos de control de aquí para Tecún Umán (en la frontera con México)", agregó Díaz, quien, a diferencia de varios de los migrantes, sí usaba cubrebocas.

El gobierno de Guatemala lamentó la "transgresión" de su soberanía nacional. "Algunos grupos han violentado la normativa vigente y lograron pasar nuestro territorio, violando las disposiciones legales".

En un comunicado, pidió a Honduras "contener la salida masiva de sus habitantes, mediante acciones preventivas de manera permanente", un reclamo que ya había hecho en octubre pasado cuando otra caravana de alrededor de 4 mil migrantes fue disuelta en Guatemala.

La caravana se adentró en territorio guatemalteco, llegando hasta Jocotán y Camotán, departamento de Chiquimula, fronterizo con Honduras. Algunos grupos fueron en busca de instituciones de respaldo al migrante, y otros recibieron apoyo de la Cruz Roja y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.

Casi todos llevan mochilas con sus pocas pertenencias y en su mayoría calzan sandalias. En el trayecto es común escucharlos corear "fuera JOH", iniciales del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, a quien responsabilizan de su situación.

La mayoría partió la madrugada del viernes desde la estación de autobuses de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, habitual génesis de las caravanas. Casi todos van a pie y algunos piden un aventón. En su trayecto aún se toparán con varios controles policiales dentro de Guatemala antes de llegar a la frontera con México.

Los migrantes argumentan que huyen de una Honduras fuertemente golpeada por el paso de los huracanes Eta y Iota, en noviembre pasado, y la falta de empleo causada por la pandemia de Covid-19, que se suman a los males endémicos de un país acribillado por la violencia asociada a las pandillas y el narcotráfico.


A punta de palos y gases frenan a seis mil migrantes en Guatemala

 

Vado Hondo. Miles de migrantes que ingresaron a pie a Guatemala en su viaje desde Honduras rumbo a Estados Unidos huyendo de la pobreza y la violencia fueron frenados ayer por la policía, que lanzó gas lacrimógeno, y militares que aporrearon a quienes insistían en avanzar.

Al cierre de esta edición, los migrantes estaban cercados en una carretera del poblado de Vado Hondo, en el departamento de Chiquimula, frontera con Honduras. Según cifras oficiales, hasta este lugar llegaron al menos 6 mil de las 9 mil personas que se estima ingresaron a Guatemala.

Tras cruzar por la fuerza el punto fronterizo Florido, miles de migrantes empezaron a concentrarse por la tarde del sábado en un retén militar en Vado Hondo, donde primero les pidieron documentos y una prueba negativa a Covid-19 en medio de forcejeos, que en la noche escalaron a choques.

Por lo pronto, al menos 21 de los migrantes de la caravana dieron positivo a la prueba de Covid-19, y ya fueron trasladados a los centros de bienestar respiratorio cercanos, indicó anoche el ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, publicó en su portal Prensa Libre.

El cruce hacia Vado Hondo, en el kilómetro 177 de la carretera al Atlántico, se llenó de migrantes hondureños que se toparon con un cordón del ejército.

Dos grupos que suman en total unos 6 mil migrantes y que pernoctaron en la zona, se unieron ayer temprano para tratar de atravesar la barricada de más de 3 mil policías y soldados, pero fueron repelidos, informó la autoridad migratoria guatemalteca.

"Esto es demasiado (la actitud de la policía). Venimos de forma humilde. No estamos haciendo mal a nadie", señaló a Afp la hondureña Marisol Domínguez, de 35 años. La mujer viaja con su esposo huyendo de la crítica situación económica en su país, agravada por el paso desastroso de los huracanes Iota y Eta, en noviembre.

Desde la noche del sábado los migrantes están varados a la intemperie en este punto estratégico a menos de 50 kilómetros de la frontera, pues es difícil continuar por otro lado ante la accidentada geografía del lugar.

A lo largo de la jornada algunas mujeres rezaron en voz alta frente al muro militar que los frenó, implorando ayuda divina para continuar la travesía, mientras por momentos los ánimos se caldearon y los migrantes parecían prepararse para nuevos intentos de pasar.

Imágenes de video compartidas por el gobierno de Guatemala mostraron a cientos de migrantes, muchos sin cubrebocas, presionando contra un muro de las fuerzas de seguridad, que usaban palos para repeler la oleada de personas. Muchos resultaron heridos, pero al cierre de esta edición no había cifras.

Las fuerzas de seguridad dispararon gas lacrimógeno y utilizaron una granada aturdidora para dispersar a la multitud, confirmó un fotógrafo de la agencia de noticias Reuters.

La orden de los uniformados fue evitar el paso ante el riesgo de contagios de Covid-19, de acuerdo con lo que dispuso el presidente Alejandro Giammattei al autorizar el uso de la fuerza para contener el éxodo.

"No somos delincuentes. No entiendo por qué nos están tratando mal", lamentó Carlos, de 26 años, originario de San Antonio de Cortés y quien viaja con su esposa y dos pequeñas hijas.

Dixón Vázquez, de 29 años, hondureño originario de La Lima, en el departamento de Cortés, suplicó a las autoridades guatemaltecas que los dejen seguir.

"No tienen corazón, estamos arriesgando la vida, no hay trabajo en Honduras"; comentó que los campos de plátano se perdieron con los huracanes.

La caravana arrancó el viernes pasado, a unos días de que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, asuma el cargo.

Entre viernes y sábado Guatemala envió de regreso a mil 383 migrantes, entre ellos 192 niños, que ingresaron desde Honduras, dio a conocer la autoridad migratoria.

Aunque algunos migrantes dijeron estar alentados por una posible flexibilización de las políticas migratorias bajo una nueva administración en Estados Unidos, la dura respuesta sugiere que Biden podría beneficiarse de las medidas de línea dura del presidente republicano saliente Donald Trump.

"Lo que había dicho el presidente nuevo, Joe Biden, era que pasáramos todas las caravanas. Entonces, no me explico por qué está pasando esto, por qué los guatemaltecos se ponen a favor de los estadunidenses y los mexicanos", sostuvo el hondureño Joaquín Ortiz.

El director general de Migración guatemalteca, Guillermo Díaz, afirmó que los migrantes no pasarán. Quien quiera hacerlo debe mostrar los documentos pertinentes y presentar una prueba negativa de Covid-19.

Advirtió que, tras los incidentes en Vado Hondo, detectaron que marchan “infiltrados, elementos de maras (pandillas) de Honduras y del crimen organizado”.

Un funcionario del equipo de transición de Biden aconsejó a los migrantes no dirigirse a Estados Unidos. "Superar los desafíos creados por las políticas caóticas y crueles de los últimos cuatro años, y los presentados por Covid-19, llevará tiempo", admitió el funcionario, quien prefirió mantener su nombre en reserva, y agregó: "el viaje a Estados Unidos sigue siendo extraordinariamente peligroso".

Condenan uso de la fuerza

El Procurador de los Derechos Humanos (PDH) de Guatemala, Jordán Rodas, condenó la represión en la que varios migrantes resultaron heridos y consideró “deplorable el brutal uso de la fuerza.

"La migración es causada porque en nuestros países no existen condiciones mínimas para una vida digna", reclamó Rodas, y apremió a las instituciones guatemaltecas a "respetar" la integridad de todos los migrantes.

La PDH llamó a las autoridades de Guatemala a garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos, así como la seguridad de los menores de edad que integran la caravana, en especial los que viajan sin compañía de un adulto.

Roberto Herrera Cáceres, comisionado nacional de los derechos humanos de Honduras, anunció el pasado jueves la activación de un protocolo de seguridad para la protección de los migrantes irregulares de la nueva caravana, tuiteó la institución. En el mismo sentido se expresó Ricardo López, coordinador de la Defensoría Nacional de Personas Migrantes en Honduras.

Si esta caravana logra recorrer 450 o 664 kilómetros por Guatemala, según el trayecto que elijan, intentará entrar por el paso fronterizo de Tecún Umán (en la zona suroeste) a México, que ya blindó su frontera.

Publicado enInternacional
Domingo, 17 Enero 2021 05:43

Capitalismo de vigilancia

Capitalismo de vigilancia

La era del capitalismo de la vigilancia, de Shoshana Zuboff, se transformó rápidamente, pese a su extensión, en un libro de referencia, y su título sintetizó un momento del capitalismo. ¿De qué forma se mercantilizan los datos personales y qué efectos tiene eso sobre las personas? ¿Qué tan pertinentes son los conceptos de expropiación y desposesión digital? ¿Estamos frente a una nueva lógica de acumulación capitalista?

 

Casi todos los años, desde 2013, un rasgo definitorio pronosticado o declarado, en retrospectiva al menos, por alguna gran publicación –The Economist, The Guardian, Oxford English Dictionary, Financial Times– ha sido el techlash, la reacción contra el exceso digital. Si tuviésemos que buscarle un origen a este discurso, probablemente estaría en las revelaciones efectuadas por Edward Snowden en 2013, pero los gigantes tecnológicos se convirtieron realmente en tema de preocupación para la clase dominante con los levantamientos políticos de 2016. Que las empresas y los Estados tengan a su disposición asombrosas cantidades de datos sobre nosotros no es, al parecer, tan problemático si esos datos están bajo el control seguro de personas con las que nos identificamos tácitamente. Las campañas de Barack Obama fueron las primeras en aprovechar con gran ventaja la microfocalización que hace un uso intensivo de los datos, pero cuando los expertos en datos –en ocasiones, la misma gente– prestaron sus destrezas a Donald Trump y a la campaña por la salida del Reino Unido de la Unión Europea, Facebook apareció como un sirviente del hombre de la bolsa populista. Se aprobaron leyes, como la Regulación General de Protección de Datos de 2016 en la Unión Europea y la Ley de Privacidad del Consumidor de 2018 aprobada por el estado de California. Organizaciones de todo el mundo tuvieron que retocar los procedimientos de suscripción a sus boletines informativos, pero los señores de los datos siguieron adelante.

En este contexto discursivo destaca una figura, por la importancia de su contribución y la aclamación que ha recibido. Comenzando en 2013, con diversos artículos en el Frankfurter Allgemeine Zeitung, y culminando en el libro de 2019 titulado The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power1, Shoshana Zuboff describía un nuevo tipo de capitalismo inclinado a convertirnos en ratas de laboratorio de la psicología conductista.Asombrosamente para un libro que sonaba un tanto marxiano –al incluir entre sus temas no solo el capitalismo sino también la expropiación, el excedente económico y las enormes asimetrías de poder–, La era del capitalismo de la vigilancia obtuvo la aprobación de Obama, que había presidido una enorme expansión de la vigilancia masiva, bajo el programa prism de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense. Zuboff se unió como cuarta galardonada con el Premio Axel Springer al archicapitalista de la vigilancia, Mark Zuckerberg, al inventor de la red, Tim Berners-Lee, y al aspirante a capitalista de la vigilancia Jeff Bezos, receptores también del mismo galardón en las ediciones anteriores. ¿Cómo explicar que una crítica haya sido canonizada tan de inmediato? Las continuidades en la obra de Zuboff hacen que resulte instructivo esbozar toda su trayectoria.

La historia de Zuboff, nacida en 1951, comienza en la fábrica de su abuelo materno, empresario e inventor que tal vez le inspirase el gusto por los negocios y la tecnología. En Harvard estudió con uno de los principales conductistas, B.F. Skinner, y comenzó una tesis en psicología social titulada «The Ego at Work»2. Pero desde sus años de estudiante tuvo un pie en el mundo de la gestión empresarial, trabajando durante un tiempo en Venezuela como «asesora de cambio organizacional» para la empresa de telecomunicaciones estatal, periodo durante el cual estudió a trabajadores que se trasladaban desde la selva. Poco después de completar su doctorado, empezó a examinar las repercusiones psicológicas y organizacionales del trabajo efectuado con computadoras, lo que culminó en un libro hoy ampliamente considerado como un clásico: In the Age of the Smart Machine: The Future of Work and Power [En la era de la máquina inteligente. El futuro del trabajo y el poder] (1988).

Centrado en estudios etnográficos sobre un puñado de empresas estadounidenses que estaban introduciendo nuevas tecnologías informáticas, In the Age of the Smart Machine ofrecía una explicación humanista de las dificultades de trabajadores y directivos para adaptarse. Como tal, quizá pueda interpretarse como una aportación no marxista a los debates sobre el proceso de trabajo que tenían lugar en aquella época y que comenzaron con el libro publicado en 1974 por Harry Braverman, Trabajo y capital monopolista: la degradación del trabajo en el siglo xx. Pero Zuboff no hacía hincapié simplemente en las repercusiones de la automatización para los trabajadores, porque la informatización del proceso de trabajo no solo reproducía algo hecho por el cuerpo humano: producía un nuevo flujo de información que formaba un «texto electrónico» que se volvería fundamental para el nuevo proceso de trabajo.

Para Zuboff, el verbo «automatizar» (automate) necesitaba, en consecuencia, complementarse con el de «informar», para lo que ella acuñó un nuevo verbo en inglés, informate. La parte más amplia del libro estaba dedicada a la «información» en este sentido e investigaba cómo afrontaban los trabajadores la textualización del lugar de trabajo, de qué forma la importancia dada al conocimiento conducía a una nueva «división del aprendizaje» y cómo los directivos intentaban reforzar su autoridad. Los análisis de Zuboff de las culturas digitales que se desarrollaron en torno de los tablones de anuncios en la década de 1980 eran misteriosos presagios de lo que se produciría en la era de las redes sociales de masas. Y en el último tercio del libro estudiaba las repercusiones más oscuras del texto electrónico a medida que fuera utilizado para apoyar la vigilancia sobre los trabajadores en una materialización del «poder panóptico». Si la información iba a ser una herramienta de «la certidumbre y el control» gerenciales, se preguntaba Zuboff, ¿quedarían las personas reducidas a «servir a una máquina inteligente»? Invocando a Hannah Arendt, imaginaba el ideal conductista de sociedad controlada por la vigilancia y los empujoncitos haciéndose realidad en la informatización del ámbito laboral. Pero el análisis de Zuboff había indicado una alternativa, basada en un uso más horizontal del texto electrónico.

In the Age of the Smart Machine le sirvió a Zuboff para obtener un puesto permanente en Harvard, pero seguía teniendo un pie fuera del mundo académico, y en 1987 fue contratada como asesora de la empresa Thorn emi por el consejero delegado Jim Maxmin, quien se convertiría en su coautor y esposo. En la década de 1990 dirigió una escuela de verano para ejecutivos de mediana edad, en la que los animaban a reflexionar sobre cosas como qué «patrimonio neto» era suficiente. Desde su casa situada a orillas de un lago en Nueva Inglaterra, Zuboff y Maxmin gestionaban un fondo de inversión en comercio digital al tiempo que trabajaban en el libro que se publicaría en 2002, The Support Economy: Why Corporations Are Failing Individuals and the Next Episode of Capitalism [La economía como red de apoyo. Por qué las empresas les fallan a los individuos y el próximo episodio del capitalismo], que ahondaba en la historia empresarial para elaborar una periodización de la «lógica empresarial». Pero el hilo central era un relato sobre el largo proceso de surgimiento del individuo autónomo que habría sonrojado a Hegel. Los deseos de este individuo eran siempre anteriores a cualquier cosa que estuvieran haciendo las empresas, a la espera de ser liberados por emprendedores astutos y capaces de alinearse con el consumidor final y fundar una nueva lógica empresarial.

Josiah Wedgwood fue el primero de estos grandes hombres, Henry Ford, el segundo, aunque como principales consumidoras, las mujeres eran las protagonistas no reconocidas de la historia capitalista. Basándose en la noción de capitalismo gerencial propuesta por Alfred D. Chandler y en el concepto de segunda modernidad de Ulrich Beck, Zuboff y Maxmin describieron cómo, en el mundo alumbrado por Ford, la creciente individualidad psicológica acabó estrellándose contra las rocas de las organizaciones burocratizadas y de las culturas corporativas masculinistas: esta era la contradicción central y motivadora de su teoría. A las empresas solo les preocupaba el «valor de transacción» y contemplaban al consumidor final como un simple medio. Las relaciones combativas con los consumidores eran síntomas de una «crisis de transacción». Había llegado por lo tanto el momento de que un nuevo profeta pusiera de manifiesto aquellos deseos latentes. Tan solo con que propinasen un giro copernicano hacia el consumidor final, las empresas encontrarían un mundo de «valor de relación» acumulado. Necesitarían basarse en las nuevas tecnologías y ahorrar costos mediante la fusión de infraestructuras digitales, orientándose a la provisión de «soporte» configurado para el individuo. La «revolución» económica proyectada parecía implicar la generalización de algo parecido a un asistente personal de los ejecutivos.

Zuboff expuso estas ideas en artículos para la prensa de negocios, pero su fragilidad conceptual se volvía más visible cuando el mundo de los sueños se topaba con la realidad. Steve Jobs era presentado como un «líder histórico» capaz de corregir los errores del capitalismo estadounidense en nombre del «soporte»; Obama también fue reclutado con naturalidad. En 2008, Zuboff peregrinó hacia Silicon Valley «con la esperanza de encontrar líderes que comprendiesen la crisis», pero le asqueó ver la obsesión de ganar dinero con la publicidad. Desilusionada por la dirección tomada por la tecnología estadounidense, comenzó el proyecto que se convertiría en su siguiente libro. Si The Support Economy era una utopía del asesor gerencial, La era del capitalismo de la vigilancia es la distopía que emerge cuando la profecía falla. En este mundo, lo que está equivocado fundamentalmente es un mal modelo empresarial, que se está desbocando. Se trata de un volumen extenso e indisciplinado de casi 700 páginas, cuyo enfoque se desliza de lo sistemático a lo ensayístico. Estructurado en torno de tres partes, pasa de los «cimientos» al «avance» del capitalismo de vigilancia, antes de ampliar el objeto de análisis para considerar la tecnología como base del poder. Los examinaremos uno a uno.

Zuboff comienza volviendo a una cuestión central de su primer libro: si vamos a ser reducidos a trabajar para las máquinas, o viceversa. Solo que ahora el problema atañe a la «civilización de la información». Las máquinas como tales no están en juego, sin embargo, porque el capitalismo de vigilancia es una «forma de mercado» con sus propios «imperativos económicos», y Zuboff considera que la tecnología está modelada fundamentalmente por los fines económicos a los que sirve. La primera parte nos devuelve también al marco de The Support Economy: el capitalismo gerencial, la segunda modernidad, el largo proceso de surgimiento del individuo y la primacía de las necesidades de los consumidores en la historia económica. Pero la contradicción entre el individuo y el capitalismo gerencial encuentra ahora expresión en la aceptación masiva de internet y en los disturbios de 2011 en Reino Unido. Apple sigue siendo la salvadora prevista, el iPod defiende las necesidades de los consumidores, pero hay dos Apples –la humana y la divina– porque la empresa nunca se entendió propiamente a sí misma como la compañía de «soporte» orientada a la asesoría que Zuboff defiende. Si Apple debería haber sido la Ford de la tercera modernidad, será Google el que verdaderamente invente un nuevo tipo de empresa. El mundo no logró así efectuar la transición pronosticada y el capitalismo de vigilancia llenó el vacío, convirtiéndose en la «forma de capitalismo dominante».

El objetivo de Zuboff es revelar las «leyes del movimiento» de esa forma, trazando un paralelo con la explicación dada por Ellen Wood sobre los orígenes del capitalismo propiamente dicho. Google experimentó en sus comienzos un círculo virtuoso o «ciclo de reinversión de valor conductual»: las personas necesitaban búsquedas y las búsquedas podían mejorarse recogiendo los «datos conductuales» producidos por los usuarios. Hasta entonces Google había conseguido ser el tipo de empresa de Zuboff, pero a diferencia de Apple, no tenía un modelo de negocio sostenible. Tras el hundimiento de las puntocom, los inversores en capital de riesgo estaban hambrientos y forzaron un cambio en el aprovechamiento del excedente para utilizarlo en la publicidad dirigida. En este cambio, los datos conductuales se convirtieron en un «activo de vigilancia» y en materia prima para la producción de «derivados conductuales», «productos de predicción» y «futuros conductuales», las cosas que Google vendía de hecho a los anunciantes para obtener «ingresos derivados de la vigilancia». Esto, para Zuboff, fue un proceso de «acumulación primitiva» o «desposesión digital», y para ello llama en su auxilio a Karl Marx, Hannah Arendt, Karl Polanyi y David Harvey. Como otros antes que ella, Zuboff añade un artículo a la lista de mercancías ficticias de Polanyi: tierra, trabajo, dinero y datos conductuales. Dado que el mundo digital era inicialmente un territorio de frontera carente de leyes, Google pudo entrar como magnate ladrón y reclamar los abundantes «recursos naturales humanos». Si se establecieron monopolios, no fue en el sentido tradicional de distorsionar los mercados eliminando la competencia, sino como medio para «acorralar» los suministros de datos, dirigiendo a los usuarios a los rediles de la vigilancia. Mientras que In the Age of the Smart Machine se había analizado la «división del aprendizaje» en el ámbito laboral, esa división caracteriza ahora a la sociedad en general, a medida que los capitalistas de la vigilancia forman una nueva «casta sacerdotal» con una asombrosa concentración de poder.

El clima político instalado tras el 11-S condujo a un «excepcionalismo de vigilancia» que facilitó la metamorfosis de Google, que fue descubriendo sus afinidades electivas con la cia; por su parte, los aparatos de seguridad estadounidenses estaban felices de eludir los controles constitucionales entregando la tarea de recopilar datos a un sector privado muy poco reglamentado.

Entre el capital de vigilancia y el gobierno de Obama se establecería una puerta giratoria, mientras que Google canalizaría recursos inmensos a las actividades de cabildeo. En poco tiempo, Facebook se había unido al juego, usando la tecla del «Me gusta» para seguir a los usuarios por internet y vender derivados de los datos resultantes. Adonde iban, otros los seguían: bajo la dirección de Satya Nadella, Microsoft entró en la extracción de datos de los usuarios, comprando la red social LinkedIn, lanzando su asistente personal Cortana e introduciendo la vigilancia en el sistema operativo de Windows. Apoyado por el Congreso, Verizon también entró, dando comienzo al espionaje por parte del proveedor de servicios de internet y usando los datos resultantes para dirigir la publicidad.

Si la primera parte del libro cubre el grueso de la teoría de Zuboff, la segunda se centra en el avance del capitalismo de vigilancia en lo «real», a medida que su modelo de negocio, centrado en la predicción, pasa de seguir la conducta a modelarla e intervenir en ella. Hace tiempo que los tecnólogos predijeron que llegaría un momento en el que las computadoras saturarían la vida cotidiana a punto tal que acabaría desvaneciéndose. A medida que los capitalistas de la vigilancia persiguen la predicción perfecta, se ven obligados a avanzar en esta dirección, buscando «economías de gama» –mayor variedad de fuentes de datos– y «economías de acción»: generar modelos para volver las variables más predecibles. De ese modo desarrollan un nuevo «medio de modificación conductual». Uno de sus heraldos fue R. Stuart Mackay, quien en la década de 1960 desarrolló la telemetría para efectuar un seguimiento de los animales salvajes, antes de pasarse a la idea de configurar remotamente su conducta. Ahora los individuos se han convertido en objetos de seguimiento constante y las aseguradoras pueden adquirir la capacidad de apagar a distancia el motor de un automóvil cuando se produce un retraso en el pago. La infraestructura digital cambia así de «una cosa que tenemos a una cosa que nos tiene» (Zuboff siente aprecio por el quiasmo). Las pulseras y las aplicaciones para medir la actividad, Google Home y Alexa, los televisores inteligentes, la tecnología biométrica de Facebook, las «ciudades inteligentes», los sensores portátiles en el sector sanitario, los «tejidos interactivos», los juguetes infantiles o simplemente el teléfono inteligente: estamos sometidos a un espionaje constante y a la «entrega» de nuestra conducta en forma de datos, y no hay muchas posibilidades de evitarlo. Sobre esta base, pueden efectuarse análisis detallados del «patrón de vida» de los individuos, mientras que Baidu usa sistemas de seguimiento y localización para predecir los movimientos de la economía china. Los metadatos sobre patrones de conducta se convierten en herramientas para efectuar perfiles psicométricos, mientras se desarrollan mecanismos capaces de leer estados emocionales.

Facebook cruzó la línea de la manipulación social con sus experimentos sobre «contagio emocional», mientras que el juego de «realidad aumentada» Pokémon Go condujo el «tráfico peatonal» a las ubicaciones de empresas contribuyentes, planteando la pregunta de si los capitalistas de vigilancia podrían estar aventurándose en el diseño de «arquitecturas de elección». Los experimentos de modificación conductual realizados en la Guerra Fría, con reclusos y pacientes como objetivos, condujeron en una ocasión a una reacción legislativa que impidió un desarrollo mayor, pero ahora las empresas privadas avanzan, sin las trabas de un proceso democrático, en la búsqueda de «resultados garantizados». La propia conciencia del consumidor se convierte en una amenaza para los ingresos; la libertad y el «derecho al tiempo futuro» se ponen en peligro. El capitalismo de vigilancia encarna un nuevo tipo de capitalismo no menos trascendental que el industrial, y «la lucha por el poder y el control en la sociedad ya no va asociada a los datos ocultos de la clase y su relación con la producción, sino, por el contrario, a [sic] los datos ocultos de la modificación de la conducta diseñada y automatizada».

La tercera parte de In the Age of the Smart Machine estaba dedicada a la «técnica» en cuanto «dimensión material del poder». Aquí pasamos ahora, de manera similar, al tipo de poder augurado por el capitalismo de vigilancia. El término utilizado por Zuboff es «instrumentarismo»: «la instrumentación y la instrumentalización de la conducta para los fines de modificación, predicción, monetización y control». Mientras que el totalitarismo movilizaba la violencia para apoderarse del alma, el instrumentarismo observa silenciosamente y modela la conducta. Skinner fue su profeta, su libro Walden dos, la utopía. Para los conductistas, la libertad es una laguna en la explicación que debe superarse mediante la extensión de la ciencia conductista a la sociedad, y ahora la visión que ellos plantearon está siendo realizada por capitalistas de la vigilancia que buscan «sustituir la sociedad por la certidumbre», mientras persiguen su propia «utopística aplicada». La «física social» del profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts Alex Pentland entra al ataque como un intento de sustituir la política por un plan tecnocrático en nombre del «bien mayor». ¿«El bien mayor de quién?», pregunta con razón Zuboff.

Existen en la actualidad «calificaciones crediticias» de radicalismo y «calificaciones de amenaza» derivadas de las redes sociales, mientras que la empresa de creación reciente Geofeedia rastrea las localizaciones de los manifestantes. El sistema de crédito social chino –que vigila a los ciudadanos y aplica castigos y recompensas en consecuencia– no puede pasarse por alto, aunque Zuboff parece no tener muy claro qué hacer con él. «Conclusión lógica», por una parte, de la búsqueda de «certidumbre» que percibimos bajo el capitalismo de vigilancia –e instrumental más que totalitario–, el sistema de crédito social difiere en tanto que va dirigido a los resultados sociales, no de mercado. También es, asegura Zuboff, de dudosa importancia para su relato al estar formado por una cultura no democrática a la que no le interesa la privacidad; pero al mismo tiempo «transmite la lógica del capitalismo de vigilancia y el poder instrumental que este produce».

El individuo está ahora sitiado, enganchado a modos patológicos de socialidad mediante técnicas derivadas de la industria del juego, incapaz de forjar un sentimiento de identidad adecuado. «Efectos escalofriantes» llegan a la vida cotidiana a medida que las personas modelan su comportamiento para presentarlo en internet. Hay tintes de Sherry Turkle y Nick Carr en los lamentos de Zuboff por el hogar entendido como espacio meditativo para el cultivo del yo. Hacen falta «propuestas sintéticas», lo que parece aludir a medidas legislativas como el «derecho a ser olvidado» y el Reglamento General de Protección de Datos (2016) establecidos en la ue y respaldados por la acción colectiva.

Volvemos, en conclusión, a la relación entre los mercados, el conocimiento y la democracia. En el razonamiento de Friedrich Hayek y los conductistas, la libertad de los actores del mercado estaba asociada a la ignorancia. Con una información cada vez más completa, los capitalistas de la vigilancia amenazan a este dúo. De acuerdo con la visión optimista de Zuboff, el capitalismo se basó en otro tiempo en «reciprocidades orgánicas» entre empresas y personas. El intercambio de mercado equitativo formó el ímpetu de la revolución estadounidense y los industriales británicos se vieron obligados a hacer concesiones democráticas debido a que dependían de las «masas». Con el paso al modelo del valor para el accionista, estas reciprocidades se erosionaron; ahora, los capitalistas de la vigilancia han sobrecargado esta dinámica, produciendo organizaciones de «hiperescala» con descomunales valoraciones bursátiles, diminutas bases de empleados y una escasa dependencia de la sociedad. No ha habido «doble movimiento» polanyiano que imponga límites sociales a la explotación de los datos conductuales, y ahora nos enfrentamos a una «recesión democrática» mientras se pierde la asociación vital de los mercados con la democracia. Zuboff acaba con un popurrí de referencias que agradarían a cualquier atlantista liberal: Arendt sobre el totalitarismo, el desprecio que George Orwell sentía por James Burnham y la caída del Muro de Berlín.

Aunque a menudo recargado, La era del capitalismo de la vigilancia presenta una imagen interesante del paisaje infernal provocado por la actual tecnología capitalista. Zuboff acierta al afirmar la necesidad de nuevos nombres para lidiar con las transformaciones con que nos castigan los gigantes tecnológicos. La expresión «capitalismo de la vigilancia» identifica algo real y, aunque no fuera ella la primera en acuñarla, para mérito suyo ahora parece probable que entre en el uso general. Hay también algo asombroso en su viejo proyecto de vincular el poder tecnológico con la psicología conductista. Zuboff ha dedicado buena parte de su vida intelectual a forjar un Anti-Skinner que sitúe al individuo psicológico en el escenario central, librando una guerra contra sus reducciones positivistas a manos de científicos, directivos y capitalistas de la vigilancia. Probablemente sea este el aspecto en el que resulta más convincente. Pero las afirmaciones fundamentales de La era del capitalismo de la vigilancia son de carácter político-económico y deberían evaluarse como tales. ¿Qué puede decirse, entonces, de sus conceptos de expropiación y desposesión digital? Como desde hace tiempo afirman los defensores de la propiedad intelectual, hay algo especialmente extraño en la noción de que los datos sean cosas que puedan ser robadas, ya que no son bienes escasos, como ha señalado Evgeny Morozov en una reseña publicada en The Baffler. Mi posesión de un constructo de datos dado no impide que todos los demás lo tengan. Los datos conductuales pueden verse también como representaciones, y hace falta recurrir al pensamiento mágico para equiparar la representación con la posesión. Si alguien me espía y anota lo que hago, mi conducta no deja de ser mía. Ha dejado, por supuesto, su impronta en algo que yo no poseo, pero de todas formas eso no lo tenía desde el principio.

La idea de que tales datos pudieran ser «gastados» también tiene poco sentido y dado que ello no es así tampoco existe un espacio identificable superior a él. Se hace así imposible trazar la línea entre el primer «ciclo de reinversión inocuo» de datos conductuales por parte de Google y el aprovechamiento de un «excedente conductual». Los conceptos cuantitativos de la economía política son aquí equívocos, puesto que realmente no hablamos de magnitudes continuas, sino de diferentes usos de los datos: para mejorar un motor de búsqueda, y para mejorar la publicidad dirigida y de ese modo ganar dinero. Podríamos estar tentados de denominar a esto último «excedente» en relación con lo primero, pero ¿y si los mismos datos se utilizan para ambos? O, si lo que lo convierte en excedente es el uso comercial, y no una cantidad nominal de conducta, ¿qué deberíamos hacer ante el hecho de que Zuboff vea el sistema de crédito social chino –destinado al control social y no a la mercadotecnia– como una sanguijuela de excedente conductual? Y de nuevo ¿excedente de qué? ¿Es inocua alguna parte del sistema de crédito social, como el Google de los primeros tiempos?

Esta noción sustancialista de la conducta recuerda la cosmovisión del socialismo ricardiano en la que se considera el trabajo como algo aglomerado en los artefactos de la economía capitalista. Esto ayudó a avalar un cierto punto de vista moral: es nuestro trabajo, debería ser nuestro. Y hay una cierta cualidad intuitiva en la idea de que una cosa dada encarna directamente una cantidad determinada de trabajo, siempre que pensemos en empresas individuales (como el historiador empresarial tiende a hacer) o mercancías concretas, y no en la economía en su totalidad. Esas ideas han perdurado durante mucho tiempo y seguimos encontrando vestigios de ellas en la enredada noción de que, si subir algo a Facebook le permite a Zuckerberg ganar dinero, ello debe ser trabajo productivo, una consecuencia semihumorística de lo cual es la demanda «Salarios para Facebook» (Wages for Facebook). Zuboff distingue su posición concentrándose en la conducta y no en el trabajo, pero el sustancialismo y el punto de vista moral son prácticamente los mismos, aunque tengan aún menos sentido en el caso de los datos.

Zuboff afirma que el capitalismo de vigilancia es la forma dominante de capitalismo, con Google y Facebook convertidas en vanguardia de una dinámica que se está verificando en toda la economía. Sin duda estas empresas son muy poderosas y tienen extraordinarias capitalizaciones bursátiles, pero casi la totalidad de sus ingresos deriva de la publicidad. Aun cuando entramos en una informatización ubicua, ciudades inteligentes y demás procesos análogos, los ingresos publicitarios siguen siendo la principal razón por la que las empresas privadas acumulan datos sobre los usuarios. ¿Quién compra esos anuncios? En gran medida otras empresas, lo que significa que la publicidad en general es un costo para estas y, por lo tanto, una deducción de sus beneficios totales: en términos de la economía política clásica, es uno de los faux frais de la producción. La rentabilidad de los anunciantes está limitada por la de empresas de otros sectores, puesto que dependen de ellas para la obtención de ingresos. Sin importar lo radicalmente que los capitalistas de la vigilancia transformen la publicidad, mientras esta represente su actividad principal, la capacidad que tengan de guiar el capitalismo en su totalidad será limitada.

En opinión de Zuboff, los capitalistas de la vigilancia persiguen la «certidumbre total» y el control real de la totalidad de la conducta de los usuarios con sus productos de predicción. Aunque una ventaja en la predicción puede traducirse en una ventaja a la hora de colocar anuncios publicitarios y, por lo tanto, proporcionar más ingresos, esto tiene límites lógicos. Incluso si fuera posible en teoría la certeza o el control, los anunciantes seguirían sin poder garantizar las ventas de otras empresas a voluntad, porque si la renta disponible de los consumidores es finita, cada transacción segura disminuiría el alcance de otras, haciendo que la «certeza» se debilitara a sí misma. Tiene más sentido rastrear, dirigir y predecir el comportamiento del usuario de un modo lo suficientemente preciso como para que sea razonable que múltiples compañías paguen por participar en la captura de los mismos consumidores. Aparte de ello, perseguir una predicción cada vez más perfecta sería arrojar dinero en un agujero. Además, la conducta que tiene sentido predecir se mantiene casi por completo en el ámbito de la actividad de mercado, planteando la cuestión de si, sea cual fuere la retórica, puede realmente verificarse hacia qué «totalidad» están conduciendo los capitalistas de la vigilancia. Quizá la economía de la atención –de acuerdo con la cual la atención del usuario es un bien escaso perseguido por las empresas– sea aquí un enfoque más útil.

Aunque es recomendable buscar explicaciones sociales para los avances tecnológicos, quizá Zuboff se haya dejado extraviar por su inclinación a pensar en términos de «formas de mercado» y a reducir la tecnología a fines económicos. Es sintomático que vacile respecto al sistema de crédito social chino. Y aunque reconoce la contribución del Estado a alimentar el capitalismo de vigilancia, tiene asombrosamente poco que decir respecto de los detalles ciertos de su función: prism, la Snooper’s Charter, Five Eyes... Ello se muestra esencialmente como un ámbito neutral y pasivo, que en ocasiones sigue allí donde lo conduce la empresa, que tiene algunas leyes malas y necesita más leyes buenas. Pero cualquier historia de la tecnología estadounidense encontrará que el Estado no ha sido ni mucho menos neutral ni pasivo. Por lo general, ha llevado la iniciativa en el impulso de un importante cambio tecnológico, coordinando empresas o tirando de ellas tras de sí, como vemos en la informática, la creación de redes, las armas, las máquinas herramienta, etc. Si el cambio fundamental se produce mediante los actos de grandes empresarios, esto es algo que debe permanecer en la sombra.

Desde su comienzo, el Estado moderno ha sido un aparato de recolección de información. Cuando estuvieron a su disposición, los medios de almacenamiento y procesamiento de datos, mecánicos primero y electrónicos después, simplemente facilitaron lo que ya llevaba mucho tiempo ocurriendo. La tarjeta perforada de Hollerith y sus descendientes permitieron automatizar el procesamiento de datos, incluidos, como es bien sabido, los de los campos de concentración nazis y los relativos al internamiento de estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial. La vigilancia basada en la informática tiene de por sí sus orígenes en esta historia de longue durée, lo cual es útil tener en cuenta al intentar periodizar acontecimientos más cercanos al presente. A lo largo de la década de 1970, trw –una corporación con intereses en los sectores aeroespacial, automotriz, electrónico, informático y de procesamiento de datos– recogió enormes cantidades de datos sobre decenas de millones de consumidores estadounidenses para vendérselos a potenciales acreedores. Y de manera poco sorprendente, dado el alcance de sus operaciones, trw estaba íntimamente entrelazada con la cia. Aunque el intento por parte de Zuboff de interpretar políticamente la fundación del capitalismo de vigilancia –como acto de personas específicas en una coyuntura específica– sea admirable, oculta esta historia más prolongada de la informática en la vigilancia estatal y sus cruces con el sector privado. Es aquí donde encontramos las razones más convincentes para preocuparnos.

Después de todo, ¿qué debería importar que Facebook me muestre repulsivos anuncios publicitarios y quizá hasta me convenza de comprar algo, si esa es la única repercusión que tiene la gigantesca acumulación de datos sobre mí? Es en el momento en que salimos del simple intercambio de mercado –que yo soy formalmente libre de abandonar– y, por lo tanto, del foco principal del capital de vigilancia propiamente dicho, cuando esta asimetría de conocimientos se vuelve verdaderamente problemática. ¿Vamos a estar sometidos a una manipulación digital, pagada por el mayor postor? Aquellos de nosotros que nos movilicemos más allá de los rituales habituales de la participación democrática, ¿vamos a ser rastreados, pastoreados y neutralizados antes de que podamos plantear una amenaza real? ¿Van a ser las inequidades sociales silenciosamente fortalecidas por las clasificaciones que nos impongan aquellos en posición de supervisar? Responder a estas preguntas en serio implicará comprender el Estado como una fuerza activa en el desarrollo tecnológico, como un ámbito diferenciado y que dista mucho de ser neutral. En sí misma, la regulación normativa del capital de vigilancia no será suficiente –ni siquiera respaldada por los movimientos sociales–, porque cualquier reto serio se volvería también un reto al Estado de vigilancia.

Nota: este artículo fue publicado originalmente con el título «El negocio de la vigilancia» en New Left Review segunda época No 121, 3-4/2020.

  1. Profile, Londres, 2019. Hay edición en español: La era del capitalismo de la vigilancia. La lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder, Paidós, Barcelona, 2020.
  2. Juego de palabras entre «el ego en el trabajo» y «el ego en acción» [n. del e.].
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Gonzalo Cardona, ambientalista colombiano asesinado.Proaves

Gonzalo Cardona es el primer ambientalista al que quitan la vida en 2021 en este país, el lugar del mundo con más muertes de defensores de la naturaleza

 

La primera vez que Gonzalo Cardona contó cuántos loros orejiamarillos había en Roncesvalles, en la cordillera central de Colombia, el cálculo le dio 81. Se estaban extinguiendo. Había que salvarlos y evitar que desaparecieran, como ocurrió en Ecuador, el país vecino que no pudo conservarlos. Era 1998 y Gonzalo, un campesino que apenas sabía leer, pero que le daba cátedra a cualquier investigador que llegara a la zona. Cardona se dedicó a proteger la especie desde aquel primer censo y se volvió famoso en su pueblo por ser el guardián del orejiamarillo. “Tenía una inteligencia natural”, dice Alex Cortes, director de conservación de la fundación ProAves, en la que Gonzalo trabajaba como coordinador de la reserva Loros Andinos. Habla de su compañero un día después de que encontraron su cuerpo con dos balazos en el pecho.

La última vez que Gonzalo contó a los orejiamarillos fue en diciembre pasado: 2.895 anotó en su libreta. Su nombre es el primero en la lista de ambientalistas asesinados en 2021 en Colombia, el país del mundo donde se producen más muertes violentas de defensores de la naturaleza, según la organización Global Witness. El último reporte señala 64 víctimas en un año.

No hay culpables porque poco se investiga, pero en donde encontraron el cuerpo de Gonzalo, en el camino que conduce de un pequeño pueblo, Barragán, hacia el suyo, Roncesvalles, todos saben que después de las seis de la tarde nadie se puede asomar. Hay hombres armados a quienes les incomoda que alguien más esté por ahí, que escuche o que vea algo. Cortes recuerda que alguna vez, haciéndole seguimiento a los loros, tenían apuntado en una hoja un número de especies y hacia dónde se dirigían: “25 hacia el occidente”. El ejército los detuvo y los acusó de ser infiltrados de la guerrilla. “Preguntaban que cómo así, que quiénes eran esos 25”. No creían —o se hacían los que no creían— que en una zona de ganadería pudiera existir gente cuya prioridad fuese proteger el medio ambiente.

 “En este país parece que todos somos enemigos. Así nos ven a quienes estamos en territorio”, reflexiona Cortes y enumera los asesinatos del año pasado: “300 líderes sociales, más de 60 guerrilleros que firmaron la paz, 64 ambientalistas”.

Todavía no se olvidan en Roncescalles las escenas vividas en el año 2000 cuando cerca de 200 hombres de las FARC tomaron el municipio y asesinaron a 14 personas. Los grupos armados no se han ido y no hay confianza en el ejército. “Acá nadie es testigo de nada. La gente tiene miedo”, dice. Cuenta que el ejército había estado acampando en el área y un día antes de la desaparición del líder, se había movido de la zona.

Gonzalo fue reportado como desaparecido el 8 de enero, cuando regresaba a su pueblo después de unos días de descanso. Iba en moto por una trocha que había recorrido muchas veces. La fundación a la que pertenecía y otras asociaciones publicaron su foto en medios locales alertando sobre su desaparición. Cuatro días después, la familia del ambientalista recibió una llamada en la que le indicaban a la esposa el lugar en donde habían dejado el cuerpo. “No lo busquen más”, le dijeron a la mujer. El cadáver lo encontraron en un hueco, con dos tiros en el pecho, tapado con palos y tierra.

“No tenemos ninguna esperanza de que se aclare el crimen ni de que se haga justicia. A ningún Gobierno le ha interesado investigar. Lo único que esperamos es que no nos sigan matando, pero es difícil creerlo cuando algunos asesinatos se justifican y el presidente se refiere a las masacres como homicidios colectivos”. El año pasado la ONU documentó 66 en 18 regiones del país.

Sobre el asesinato de Gonzalo Cardona, el presidente Iván Duque no hizo ninguna mención. Quienes conocieron su trabajo dicen que habrá quien gracias a su ejemplo siga sus pasos y continúe protegiendo al loro orejiamarillo, pero los defensores estarán, como han estado siempre, a su suerte. Sin nadie que los cuide y bajo un Gobierno que no se conmueve con sus muertes.

Por Sally Palomino

Bogotá - 14 ene 2021 - 19:15 UTC

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Miércoles, 13 Enero 2021 05:32

Assange contra las Furias vengadoras

Assange contra las Furias vengadoras

Las Furias persiguen a Julian Assange. Son tres hórridas deidades, iracundas y vengadoras. La mitología griega las llama Alecto, Megera y Tisífone.

A Assange el poder lo quiere muerto. Así lo han denunciado personalidades cercanas a él y empeñadas en su causa, como Yanis Varoufakis, exministro de economía griego, Stefania Maurizi, periodista italiana que lo ha defendido desde el principio, y Roger Waters, la estrella de Pink Floyd. A Assange lo quieren muerto, lo dicen y lo repiten su madre, su padre, su compañera. Naciones Unidas, a través de Nils Melzer, especialista en tortura y maltrato, ha declarado que la vida de Assange está en riesgo.

La disyuntiva que le ofrece el Poder no es absolución o condena; libertad o cautiverio; Estados Unidos o Inglaterra. Es entre tres formas de muerte: pena de muerte, suicidio forzado o entierro en vida. Tres, como las Furias, Erinias o Euménides. La pena de muerte podría estar representada en Alecto, la de la cabellera de serpientes. El suicidio forzado, en Megera, la que llora sangre. Y el entierro en vida en Tisífone, la portadora del látigo.

Hoy Assange celebra un triunfo parcial. La extradición a los Estados Unidos, que pendía sobre él como espada de Damocles, ha sido denegada por una jueza de Gran Bretaña. Queda pendiente el resultado de la apelación. La extradición significaría para Assange la pena de muerte, castigo máximo y ejemplarizante contra quien tachan de espía, traidor y enemigo de su nación. Estados Unidos, que necesita mantener en secreto sus propios crímenes, acusa de criminal al hombre que los revela.

La justicia inglesa ha rechazado la extradición aduciendo que Assange podría quitarse la vida si lo encierran en una de las rudas cárceles norteamericanas. Por aquí asoma la sombra de Magera, la Furia del suicidio forzado. El veredicto no se basa en la afirmación de que Assange es inocente. Tampoco reconoce que cualquier condena que se le imponga implica demoler las bases de la libertad de prensa. Pasa por alto el absurdo jurídico en que incurre Estados Unidos al exigir que Inglaterra le entregue un periodista australiano que develó secretos militares en Afganistán e Irak. Y sienta un precedente para que cualquier periodista que en cualquier parte denuncie crímenes de cualquier país pueda ser extraditado… a menos de que se suicide.

En el viejo juego cruelmente infantil del ahorcado hay que dibujar un muñequito, parte a parte, a medida que el jugador falla: los brazos, las piernas, la cabeza, los ojos y, al final, el cadalso: una soga al cuello que da sentido al pasatiempo. Assange, atormentado, acorralado y presionado hasta el límite de su resistencia, no encontraría otra salida que infligirse la muerte. Es lo que se presupone. La ironía radica en que la propia Justicia acorrala, atormenta y presiona a Assange hasta el borde del suicidio, y luego pretende protegerlo impidiendo que se suicide. Se lava las manos, como Poncio Pilatos: No te vamos a extraditar, pero no por inocente, sino por débil. De manera parecida el todopoderoso y benévolo Estado británico te exime del tormento porque eres propenso a la depresión y proclive al suicidio. Así, sale del problema sin reconocer que lo cierto es precisamente lo contrario: fortaleza por parte de Assange, y fragilidad de unos Estados consumidos en la suciedad de sus secretos.

Esto sienta precedente y tiene antecedentes. Se afinca en una antigua forma de ejecución que le daba a la víctima la opción de elegir entre cometer suicidio o una alternativa peor, como la pena de muerte, la tortura, el destierro, la deshonra o la prisión perpetua. Suicidio forzado: si no te matas, te matamos. Visto desde otro ángulo, el suicidio se asumía como acto de desafío, como derrota de la autoridad que te derrota: si no queda nada más por quemar, incendias tu propio corazón. Es el caso de Sócrates, cuando, detenido en Atenas bajo la acusación de corromper a la juventud con sus enseñanzas, remata la farsa tomándose la cicuta. Séneca, el gran tribuno, condenado a muerte en Roma por su supuesta participación en una conjura contra Nerón, se corta las venas y se desangra en una bañera. (Por estos mismos lados se despeña Frank Pentangeli en El Padrino II) En 1925, Yukío Mishima, escritor japonés, nostálgicamente proimperial, se reúne con un pequeño grupo de samuráis tras el fracaso de su revuelta, y siguiendo un código ético que exige morir con honor antes que aceptar la derrota, comete suicidio por harakiri, o ritual de desentrañamiento.

Este escenario de suicidio forzado desciende hasta nuestros días y se generaliza entre quienes develan los crímenes de Estado. En 2010, la norteamericana Chelsea Manning, soldado transgénero y analista de inteligencia, descubrió constancia de atrocidades, torturas y masacres cometidas por su Ejército en Afganistán y en Irak. No quiso ser una burócrata que, cerrando los ojos y limitándose a cumplir órdenes, encarnara lo que Hanna Arendt llamó la banalidad del mal. En cambio, pese al alto riesgo que corría, tomó la decisión de pasarle el material a Wikileaks, el portal de Julian Assange.

Uno de los materiales que le entregó fue el video hoy conocido como Collateral Murder. Muestra un episodio de 2007, en Bagdad. El personal de un helicóptero Apache del Ejército norteamericano masacra con entusiasmo, como en un videojuego, a doce civiles iraquíes. Entre ellos se hallaban dos periodistas de la agencia Reuters que caminaban pacíficamente por una calle, y a los que después intentarían hacer pasar por terroristas en un típico caso de falsos positivos. La otra cara de esa historia es significativa. Por ese video y materiales semejantes, Trump pide en extradición a Assange. Pero más adelante concedió el perdón presidencial a los mercenarios de Blackwater, condenados precisamente por masacrar, en ese mismo 2007, a catorce civiles en una plaza de Bagdad. Resulta, así, que Trump considera perdonable el crimen cometido, pero severamente punible el denunciarlo.

Descubierta por sus filtraciones, acusan a Manning de 22 ofensas y decretan su baja deshonrosa. Una de sus transgresiones amerita sentencia de muerte: traición a la patria por ayudar al enemigo. Reducida a confinamiento total en una instalación de máxima seguridad, la liberan al cabo de siete años, luego de haber protagonizado una huelga de hambre y cometido dos intentos de suicidio.

En 2013, el programador prodigio de Norte América, Aaron Swartz, conocido como el Hijo de Internet, consideró que era una actitud miserable no compartir conocimientos como los que él mismo había recibido en universidades de élite. Fue detenido bajo cuatro cargos de fraude informático e intento de publicar bases privadas de datos. El Estado aumentó la pena inicial de un millón de dólares y 35 años de cárcel, a cuatro millones y 50 años. Fue tal la presión, tan abrumador el corredor sin salida, que Swartz se suicidó colgándose de una soga, como en el juego macabro del ahorcado.

Miles de anónimos, enardecidos por el suicidio forzado de Swartz, desataron una andanada de ciberataques contra sitios web de las agencias de inteligencia. Urgida de castigo ejemplarizante, y para ponerle nombre a una multitud anónima, la Justicia escogió como víctima a Lauri Love, un joven hacker británico y autista llamado ni más ni menos que Amor. Love venía haciendo severas trapisondas informáticas con un computador que mantenía escondido en un armario de la casa de sus padres en Londres, y fue detenido bajo cargo de robo masivo de datos oficiales. En claro antecedente de lo que ahora acaba de suceder con Assange, Inglaterra negó su extradición aduciendo motivos de salud mental que lo llevarían a la extrema depresión y al suicidio.

Entra ahora en escena Tísifone, la Furia del látigo y el entierro en vida. La tercera muerte. A Assange lo han eximido de la extradición, pero le han negado la libertad condicional, y sigue en la cárcel de Belmarsh, el Guantánamo inglés, donde ha permanecido durante los últimos tres años, recluido 23 horas al día en aislamiento total y privación sensorial. En la celda, su lucha contra Tisífone es constante. Si quiere sobrevivir, debe mantenerla a raya. Yanis Varoufakis, que lo visitó en Belmarsh el pasado junio, pudo ver cómo resiste minuto a minuto, decidido a conservar a toda costa la integridad y la lucidez. “Tan pronto bajo la guardiaI loose it, me pierdo”, le dijo a Varoufakis. Pedro Miguel, del diario mexicano La Jornada, conoce personalmente a Assange y opina que “nadie está mejor preparado que él para la situación que le ha tocado enfrentar”.

Me acusan de ser un demonio, un monstruo. La frase es del propio Assange. Pero monstruo viene de mostrar. Monstruo es el que muestra, y la ordalía de Assange nos muestra cómo el Poder manipula a la Justicia. Cualquiera de las tres formas de muerte que se le apliquen a Assange sería un golpe de gracia para la libertad de prensa. Verlo vivo, lúcido y libre es la batalla de su vasta red solidaria, y de todo periodista, investigador, informador, filtrador, escritor, artista, académico o hacker que crea en el derecho a informar y a ser informado. Y que revelar la verdad no puede ser causal de muerte.

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Un yemení camina entre los retratos de las tumbas de los últimos yemeníes, que supuestamente fueron asesinados en la guerra en curso del país, durante el aniversario de la Semana de los Mártires celebrada por los hutíes en un cementerio de Yemen. — EFE

La guerra de Yemen suscita una larga serie de ambiciones en distintos países de Oriente Próximo, desde Arabia Saudí a los Emiratos Árabes Unidos, desde Irán a Israel. En la víspera del cambio de presidente en Estados Unidos, los distintos agentes tratan de acceder a posiciones ventajosas, mientras que Joe Biden tendrá que ocuparse pronto de este conflicto catastrófic

 

La brutal explosión que tuvo lugar hace unos días en el aeropuerto yemení de Adén, en la que murieron 26 personas y dejó decenas de heridos, fue atribuida inicialmente a los hutíes aunque nadie la ha reivindicado todavía. Fue otro azote en un país que sufre una guerra terrible desde hace más de un lustro que ha traído un sinfín de calamidades, especialmente para la gente corriente.

Es obvio que el momento del ataque fue coordinado puesto que ocurrió coincidiendo con la llegada al aeropuerto del nuevo gobierno yemení que con anterioridad había prestado juramento al presidente Abdel Rabbu Mansur Hadi, exiliado en Riad, la capital de Arabia Saudí.

El nuevo gobierno se formó un año después de que se firmara el acuerdo de Riad entre el gobierno de Yemen reconocido internacionalmente y la organización separatista del sur del país, el Consejo de Transición del Sur, que persigue la independencia de la zona bajo su control y que en abril pasado anunció unilateralmente el establecimiento de una región autónoma.

Algunos medios recibieron con satisfacción el acuerdo, dando la impresión de que ha comenzado una nueva etapa en la sangrienta historia moderna de Yemen. Sin embargo, el acuerdo no es entre los rebeldes hutíes y el gobierno de Yemen, sino entre el gobierno y los separatistas que decidieron separarse del gobierno y combatirlo.

La limitada satisfacción también es prematura puesto que hay sectores dentro del mismo Consejo de Transición del Sur y distintas tribus locales, que están disconformes al considerar que el acuerdo atiende a los intereses de las tribus del norte y al control de los campos de petróleo y gas del sur.

Además, el acuerdo, que garantiza una generosa ayuda económica de Arabia Saudí, no prevé la evacuación de la presencia de los Emiratos Árabes Unidos de Socotra, donde los Emiratos planean establecer bases militares que permitirán a Israel controlar el acceso al mar Rojo. De hecho, distintos medios árabes y hebreos han indicado que en la zona ya se encuentra personal israelí.

El cruce de acusaciones por la explosión del aeropuerto se ha visto incrementado con la publicación en varios medios de una fotografía, inicialmente aparecida en el diario yemení Watan al Gad, del agregado militar de Yemen en los Emiratos, el general Shalal Ali Shaye, responsable de la seguridad de Adén, abandonando el aeropuerto precipitadamente en un vehículo blindado instantes antes de que se produjera el ataque.

Según la información inicial, la explosión tuvo lugar mediante un ataque coordinado de morteros, misiles y drones, material que tienen en su poder los hutíes. No obstante, ese mismo material ha sido entregado por los Emiratos Árabes Unidos al Consejo de Transición del Sur.

También se ha argumentado que los hutíes tienen que estar detrás porque son los más perjudicados por el acuerdo entre el gobierno y el Consejo de Transición del Sur. En realidad, también Irán, Qatar y Turquía han expresado su disgusto con el acuerdo, y los iraníes especialmente mantienen relaciones con los hutíes.

Se da la circunstancia de que Irán, Qatar y Turquía se enfrentan a los Emiratos de una manera clara en distintos frentes de Oriente Próximo, y que los Emiratos apoyan y arman al Consejo de Transición del Sur con el objetivo de conseguir la independencia del sur y plantar allí una presencia militar estable.

De entrada hay dos partes sospechosas de provocar la explosión de Adén, los hutíes y los emiratíes. Pero en los días siguientes al ataque algunos medios yemeníes señalaron también a Arabia Saudí, un país que está metido hasta el cuello en el conflicto y cuyos intereses son ahora distintos a los de los Emiratos, a pesar de que los dos países entraron en la guerra de la mano.

En resumen, es difícil determinar quién llevó a cabo el ataque puesto que sobran candidatos, los rumores de conspiración están a la orden del día y no faltan motivos para justificarlos. En este contexto, el presidente electo Joe Biden tomará posesión del cargo el 20 de enero y esto está alterando la sensibilidad de las potencias regionales.

Tanto los hutíes como los emiratíes y los saudíes están aprovechando los últimos días de Donald Trump para asentar sus posiciones. Aunque nadie sabe cuáles serán sus primeros pasos, Biden ya ha dejado caer que no simpatiza mucho con el príncipe saudí Mohammad bin Salman y lo más probable es que esté trazando un plan para poner fin a la guerra de Yemen.

En 2015, tras la entrada militar de Arabia Saudí en Yemen, todavía bajo el mandato de Barack Obama, el general americano Lloyd Austin declaró ante el Congreso: “Desconozco cuáles son los fines y objetivos específicos de Arabia Saudí en la guerra de Yemen, y debería conocerlos para valorar las perspectivas de éxito”. Un lustro después, podría repetir esas palabras.

El diario Haaretz se hizo eco esta semana de que Israel tiene mucho interés en lo que está sucediendo en Yemen, una circunstancia que ya han señalado numerosos medios árabes pero también hebreos. El responsable de los servicios de inteligencia hutíes, Abdullah Yahiya al Hakim, ha advertido que, tras su propio fracaso, Arabia Saudí "ha solicitado la intervención de los sionistas".

La situación de Yemen es cada día más compleja, y si Biden decide castigar a los saudíes, los emiratíes, estrechos aliados de Israel, pueden ser los más beneficiados, permitiendo que se restablezca el viejo Yemen del Sur que existió hasta la unificación ocurrida en 1990.

12/01/2021 07:28

Por EUGENIO GARCÍA GASCÓN

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Miembros de la Policia Nacional Bolivariana patrullan en un barrio de Caracas, Venezuela.Rodrigo Abd / AP

La letal intervención de las fuerzas de seguridad en un barrio controlado por bandas criminales se produce en medio del escrutinio internacional por las ejecuciones extrajudiciales

 

Al menos 23 personas murieron durante el fin de semana en un enfrentamiento entre la policía y las pandillas criminales en Caracas, la capital de Venezuela, después de que comandos de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana entraran el viernes al barrio La Vega, en el oeste de la ciudad. La refriega es una más de las protagonizadas por este grupo policial acusado de perpetrar ejecuciones extrajudiciales. La alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, reclamó la disolución de esta fuerza en 2019 por las graves violaciones de las que es acusada. Las FAES son un grupo de fuerzas especiales creado en 2016 por Nicolás Maduro.

Con mano dura, han asumido el control del combate a la la delincuencia, pero también operan junto con las fuerzas de choque del chavismo en la represión de manifestaciones y la persecución de opositores.

Los policías desplegados en el barrio de La Vega han matado a miembros de una poderosa banda dedicada a los secuestros que supuestamente intentaba extender su radio de acción a otros barrios de Caracas. En la operación policial también murieron vecinos a causa de las balas perdidas, entre ellos Nelson Villalta, un profesor de música de 50 años, que estaba en la puerta de su casa mientras los delincuentes se estaban enfrentando a los agentes policiales.

Los vídeos de los disparos de armas de distinto calibre han corrido por las redes sociales desde el viernes, cuando el barrio entró en una especie de toque de queda que obligó al cierre de comercios. Los vecinos han vivido horas de miedo y horror por las balaceras. El comandante de las FAES, Miguel Domínguez, dijo en su cuenta de Twitter que el cuerpo policial se encontraba desplegado en la zona “brindando seguridad y protección a la parroquia”. Dominguez están sancionado desde 2019 por Washington.

La violencia en Venezuela —que en los últimos años ha liderado la tasa de homicidios de la región junto con Honduras y El Salvador— ha dejado de estar en manos de los delincuentes. El último informe del Observatorio Venezolano de Violencia reportó en 2020 una tasa de 45,6 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, muy por encima de cualquiera de los otros países considerados violentos en América Latina. El año cerró con al menos 11.891 muertos, incluidos 4.231 fallecimientos catalogados por las autoridades como resistencia a la autoridad y que se sospecha que fueron homicidios cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado, por un uso excesivo de la fuerza o mediante ejecuciones extrajudiciales. El año pasado los delincuentes perpetraron 4.153 homicidios, otras 3.507 muertes están bajo investigación.

“La letalidad policial se ha extendido por todo el país, parece ser la única política de seguridad que se ha estado implementando. En 12 estados la policía mató más que los delincuentes. Es decir, en la mitad de entidades federales la letalidad policial fue superior a la letalidad delincuencial”, explica el informe divulgado la última semana de diciembre.

Las acusaciones contra las FAES y otros cuerpos policiales han sido documentadas por organizaciones no gubernamentales y sustentan el caso contra Venezuela en la Corte Penal Internacional, que ya ha señalado que se han cometido crímenes de lesa humanidad, al menos desde 2017. La misión de investigación de la ONU también recogió en su informe, presentado el pasado septiembre, ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

Por Florantonia Singer

Caracas - 10 ene 2021 - 22:32 UTC

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