Soldados custodian las calles de Cali, Colombia, luego que el presidente Iván Duque ordenara más presencia militar por los hechos de violencia presentados durante protestas por el Paro Nacional. EFE/ Ernesto Guzmán Jr

Este decreto fue expedido por el Gobierno nacional en la madrugada del 29 de mayo para reestablecer el orden en algunas capitales, cuando se cumplía un mes del paro nacional.

 

El Consejo de Estado de Colombia suspendió este viernes de manera provisional el decreto expedido por el Gobierno nacional que contempla la asistencia militar para afrontar y superar los problemas de orden público durante las protestas sociales que se desarrollan en el país.

Esta decisión del Consejo de Estado determina que el decreto 575 de 2021, expedido por Iván Duque en la madrugada del 29 de mayo, con la intención de reestablecer el orden en distintas ciudades del país en el marco de las manifestaciones sociales del paro nacional, se suspende hasta que se emita un veredicto con relación a la legalidad de este acto administrativo.

“La determinación obedece a una demanda que, en ejercicio de la acción de tutela, presentaron varios ciudadanos de Cali, que consideraron que la respuesta de las fuerzas policiales y militares a las alteraciones al orden público originadas en las manifestaciones ciudadanas y protestas en esa ciudad estaba poniendo en riesgo el ejercicio de su derecho a la protesta social, a la vida e integridad personal, al debido proceso y a no ser sometidos a desaparición forzada”, indicó el Consejo de Estado en un comunicado.

La determinación fue tomada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que, luego de conocer esta demanda en primera instancia, otorgó el amparo constitucional y ordenó la suspensión transitoria de este acto administrativo, mientras la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo determina si este acto se ajusta o no al derecho.

A su vez, ordenó al ministro de Defensa, Diego Molano, y al director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, que a través de sus directivas sean acatados los protocolos establecidos para la protección de la protesta social y la reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado.

De igual forma, instó a los participantes de las mesas de diálogo a continuar con este proceso de concertación como medida para superar las problemáticas que han sido expuestas durante las movilizaciones contra el gobierno de Iván Duque desde el pasado 28 de abril.

“Se encontró que ese acto administrativo amenaza el derecho a la protesta social porque los hechos que se mencionan como perturbadores del orden público tienen que ver con disturbios internos, con seguridad ciudadana, con la protección y control de civiles, funciones que están a cargo de la Policía Nacional por mandato constitucional, mas no de las Fuerzas Militares”, indicó el Consejo de Estado.

De igual manera, la Sección Cuarta argumentó que si bien se puede limitar el derecho a la reunión y a la manifestación si se presentan graves afectaciones de orden público, en estos casos es admisible el uso de la fuerza policial, con criterios de necesidad y proporcionalidad, más no de las Fuerzas Militares.

Soldados prestan seguridad en medio de una manifestación de indígenas en Cali (Colombia). EFE/ Pablo Rodríguez

Por otra parte, la Sala se refirió al empleo de la fuerza y de armas de fuego, señalando que fueron reportadas 15 muertes producto de la violencia durante las protestas sociales, de las cuales tres fueron atribuibles a la fuerza pública, razón por la cual manifestó que si bien la Policía podía limitar algunos derechos de la protesta con el fin de retornar el orden, no se podía perder la garantía a la vida, integridad personal y debido proceso en estos hechos.

“La Sección Cuarta también resaltó que ese tipo de actuaciones por parte de la Policía Nacional deslegitiman su intervención en las manifestaciones pacíficas y desconocen los estándares internacionales y constitucionales que protegen el derecho a la protesta social y que, por lo tanto, debía concederse el amparo del derecho a la vida y a la integridad personal de los demandantes y demás manifestantes, al encontrarlos amenazados por el uso excesivo de la fuerza”, indicó el Consejo de Estado

23 de Julio de 2021

Publicado enColombia
Sábado, 24 Julio 2021 06:47

El espía

Edificio de NSO Group en Herzliya, Israel AFP, JACK GUEZ

Pegasus y la exportación del control

 

Periodistas, líderes mundiales y opositores fueron espiados por dictaduras y grupos delictivos gracias a una empresa de software israelí con sobrados antecedentes. En un mundo donde la vigilancia de las voces críticas se ha vuelto la norma, algunos encuentran un nicho para exportar sus talentos.

El año pasado, la organización periodística con sede en Francia Forbidden Stories y Amnistía Internacional recibieron un listado con información acerca del espionaje a más de 50 mil números telefónicos vigilados mediante el softwarePegasus, desarrollado y comercializado por la empresa israelí NSO Group. Esta información fue analizada durante meses por Forbidden Stories, Amnistía Internacional y 17 medios de diez países –entre ellos The Guardian, Le Monde, Süddeutsche Zeitung, The Washington Post, Haaretz y Proceso–, que conforman el Proyecto Pegasus, creado para investigar y divulgar información relacionada con el espionaje efectuado con esta herramienta y, finalmente esta semana, los medios asociados del Proyecto Pegasus comenzaron a publicar los hallazgos. En la lista de los vigilados se encontró a periodistas, activistas, empresarios y políticos, incluidos los jefes de Estado de 14 países (es posible que en los próximos días este número aumente).

Pegasus, que por restricciones impuestas por el gobierno israelí solo se vende a instituciones gubernamentales, se instala en los smartphones al aprovechar vulnerabilidades de diferentes sistemas operativos y de aplicaciones comunes, o engaña a los usuarios para que cliqueen en enlaces maliciosos enviados a través de SMS, whatsapps, correos electrónicos u otros servicios de mensajería. Una vez instalado, el spyware permite monitorear y enviar a quien lo controla casi toda la información almacenada y de actividad del dispositivo, así como activar micrófonos, cámaras y grabar llamadas, con la posibilidad de posteriormente eliminar el programa e incluso borrar gran parte de sus rastros.

LA ERA DEL CIBERESPIONAJE

En las últimas décadas el espionaje digital se convirtió en un fenómeno conocido públicamente. Entre los casos más resonantes están la vigilancia llevada adelante sin ninguna discreción por el gobierno de Estados Unidos en el marco de la Ley Patriota, las filtraciones de Wikileaks y Edward Snowden acerca del seguimiento estadounidense a jefes de gobierno y ciudadanos, la recopilación y comercialización de datos de usuarios por parte de las grandes plataformas sociales y de servicios como Alphabet, Amazon y Facebook, así como los usos políticos de la empresa Cambridge Analytica de información recolectada por Facebook. El ciberespionaje es hoy algo habitual y ya no nos resulta tan sorprendente encontrarnos periódicamente con filtraciones acerca de la vigilancia estatal, empresarial o, como en este caso, llevada adelante en conjunto por organizaciones estatales y empresas privadas. De hecho, esta ni siquiera es la primera vez que NSO y su spyware Pegasus están en el ojo de la tormenta.

En 2018, Amnistía Internacional y The Citizen Lab (organizaciones que venían monitoreando el uso de Pegasus en el mundo) denunciaron que sus miembros eran espiados por NSO. Amnistía Internacional incluso formó parte de una acción legal contra la empresa, en la que se procuró que el Ministerio de Defensa israelí restringiera las exportaciones de Pegasus, demanda que fue finalmente desestimada por una corte israelí (AP, 20-VII-21). Por otro lado, Whatsapp, propiedad de Facebook, inició en 2019 una demanda contra NSO por el uso de Pegasus contra sus usuarios tras encontrar que al menos 1.400 dispositivos habían sido infectados y espiados (The Verge, 29-X-19).

LOS CLIENTES Y LOS USOS

NSO, cuyas ventas son monitoreadas pero no divulgadas por el gobierno israelí, declara tener más de 60 clientes en más de 40 países, aunque no brinda información sobre la identidad de sus compradores. Sin embargo, como informa este domingo The Washington Post, el spyware ha sido utilizado por varios Estados conocidos por vulnerar los derechos humanos y la libertad de prensa, entre ellos, India, Marruecos, Kazajistán, México, Bahrein, Togo, Ruanda, Hungría, Azerbaiyán, Pakistán, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

El país del que aparecen más números listados es México, con 15 mil. De acuerdo a lo publicado en 2017 por The New York Times, México contrató a Pegasus en 2012 por 20 millones de dólares y lo utilizó para espiar periodistas, activistas, abogados (entre ellos, los abogados que investigaban la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa) y políticos opositores. Incluso el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, su familia y su cardiólogo fueron víctimas de esta vigilancia, según se supo esta semana (Aristegui, 19-VII-21). Pero no solo el gobierno utilizó Pegasus, también lo emplearon los cárteles criminales para vigilar e intimidar periodistas (The Guardian, 7-XII-20), entre ellos, Cecilio Pineda, asesinado justo un mes después de ser ingresado en la lista de espiados.

El caso de Arabia Saudita también es considerado particularmente grave, pues, de acuerdo a la nueva filtración, la pareja del periodista opositor Jamal Khashoggi fue espiada con Pegasus el día anterior a que este fuese torturado, asesinado y desmembrado en Turquía en 2018, presuntamente por orden del príncipe Mohammed bin Salman. Arabia Saudita también ha sido responsabilizada, junto con Emiratos Árabes Unidos, de infectar los celulares de al menos 37 periodistas de la cadena qatarí Al Jazeera. Uno de ellos, Tamer Almisshal, afirma que en un teléfono que usaba para llamar a ministerios emiratíes recibió una llamada en la que lo amenazaron con convertirlo en el próximo Khashoggi (Al Jazeera, 21-XII-20).

De acuerdo a The Washington Post, en la lista aparecen también números de periodistas de Hungría, Azerbaiyán, Kazajistán, Pakistán e India, donde también se espiaría a políticos opositores, entre ellos, al líder del principal partido de oposición indio, Rahul Gandhi. Si bien los medios del Proyecto Pegasus no tienen constancia de que el gobierno de España haya contratado a NSO, algunos líderes independentistas catalanes (entre ellos, quien fuera presidente del Parlamento de Cataluña Roger Torrent) sí que han sido espiados mediante Pegasus (El País de Madrid, 13-VII-20). Por otro lado, llaman la atención los usos que se le atribuyen a Marruecos, pues, entre los números que se especula que fueron monitoreados por fuerzas de ese país, están los de su propio rey y primer ministro, el del exprimer ministro belga y actual presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, el del director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, y los de gran parte del gabinete francés, entre quienes se encuentran el primer ministro, Édouard Philippe, y el presidente, Emmanuel Macron (The Guardian, 20-VII-21).

Hasta el momento, NSO Group ha declarado que la información difundida por el Proyecto Pegasus no es confiable y que la responsabilidad por el mal uso de Pegasus recae sobre sus clientes. Según fuentes del Post, recientemente NSO canceló contratos con Arabia Saudita y Dubai, alegando razones relacionadas con la violación de derechos humanos. Por su parte, el gobierno israelí, que anteriormente se había negado a cambiar su política respecto a esta y otras empresas de ciberseguridad (véase recuadro), anunció el miércoles la formación de un equipo con miembros del gabinete, de la inteligencia civil y militar, y del ejército, que estudiará cambios en la política respecto a la exportación de servicios digitales sensibles.


NSO y el ecosistema de ciberseguridad israelí

NSO Group, la empresa que desarrolló y comercializa Pegasus, fue fundada en 2010 por Omri Lavie, Shalev Hulio y Niv Carmi, quienes se sospecha que fueron miembros de la Unidad 8200 de las Fuerzas de Defensa de Israel (Forbes, 28-VIII-21), un cuerpo de inteligencia militar caracterizada por el desarrollo y el uso de tecnología de punta. NSO no es la única empresa fundada por exmiembros de la 8200. Allí se ha formado a gran parte de los actores de la exitosa industria de tecnología israelí y a muchos expertos que hoy trabajan en la industria tecnológica civil y militar alrededor del mundo (Rest of World, 9-III-21).

NSO tampoco es la única empresa israelí que ha estado en la mira por sus actividades. Por ejemplo, Black Cube, una empresa de inteligencia empresarial y política fundada por exmiembros de la 8200 y que contrata casi exclusivamente veteranos de la inteligencia israelí, trabajó para el gobierno de Donald Trump en el espionaje a exfuncionarios del gobierno de Barack Obama y para el gobierno húngaro de Viktor Orbán, donde hizo lo propio con organizaciones opositoras (Haaretz, 10-VII-18).

Por su parte, Psy Group, propiedad del empresario Joel Zamel, cuyo CEO fue teniente coronel de la Unidad 8200, hasta hace poco llevó adelante gran cantidad de actividades de espionaje, control de percepción y manipulación política en Estados Unidos. Antes de cerrar, mientras era investigada por el fiscal especial Robert Mueller por su participación en la injerencia extranjera en las elecciones de 2016, Psy Group trabajó con Cambridge Analytica (Politico, 23-V-18) en la producción y propagación de noticias falsas, en la manipulación de usuarios de plataformas sociales para la campaña de Trump (Wall Street Journal, 25-V-18) y en el espionaje a activistas pro-Palestina en Estados Unidos (The New Yorker, 18-II-19). Asimismo, según informó The Daily Beast en octubre de 2018, Zamer se reunió el año anterior con asesores de Trump y Bin Salman para hablar acerca de un posible cambio de régimen en Irán. No es casualidad que esto suceda con empresas israelíes vinculadas a la Unidad 8200. Gran parte de la actividad en esa repartición militar se trata justamente de espiar a personas que no representan ningún peligro real, muchas veces con fines extorsivos, como consignó The Guardian en un artículo de diciembre de 2014 titulado «Cualquier palestino está expuesto al monitoreo del Gran Hermano israelí». En ese panorama, juega un rol importante el sector privado, que no solo exporta sus servicios a otros gobiernos, sino que en muchos casos se asocia con el Estado israelí para atacar a los habitantes de los territorios ocupados. De hecho, la industria de tecnologías de seguridad es considerada por activistas israelíes y palestinos una de las claves del estado de apartheid en que viven millones de palestinos.

Por Joaquín Moreira Alonso
23 julio, 2021

Publicado enInternacional
Martine Moise despidiendo a su marido. Luego empezaron los tiros y los gases.. Imagen: EFE

Violenta despedida al asesinado presidente haitiano

Durante la misa se escucharon disparos y las personas que asistieron al funeral tuvieron que salir entre los gases lacrimógenos lanzados por la policía.

 

El funeral del presidente de Haití  Jovenel Moise se realizó este viernes en la ciudad de Cabo Haitiano, con la presencia de Martine Moise, viuda del mandatario. A pesar de las fuertes medidas de seguridad se escucharon disparos durante la ceremonia y los participantes tuvieron que evacuar bajo una nube de gases lacrimógenos. Mientras las investigaciones en torno al magnicidio continúan con las declaraciones de los presuntos involucrados en el ataque al mandatario.

Un importante despliegue policial cubrió las calles de la ciudad de Cabo Haitiano en el departamento del Norte de Haití. La ciudad fue escenario de episodios violentos, este viernes la tensión se concentró en las inmediaciones del punto donde se desarrollaba la ceremonia de despedida de Moise, de 53 años. Momentos antes de que comenzara el acto, la multitud comenzó a insultar al jefe de la Policía Nacional, Léon Charles, al grito de "asesino", al tiempo que la Policía empleó gases lacrimógenos para dispersar las barricadas de neumáticos en llamas, situados en las inmediaciones, según el diario local Gazette Haiti.

Durante la homilía por Moise, se sintieron los gases lacrimógenos y más tarde, dentro del recinto donde se realizaba el funeral se escucharon disparos. Los participantes tuvieron que salir entre una nube de gases lanzados por la policía. "La delegación presidencial está a salvo y completa después del tiroteo reportado durante el funeral. Están todos de regreso a Estados Unidos", dijo Jen Psaki, la portavoz de la Casa Blanca.

El ataúd de Moise, cubierto por la bandera nacional y la banda presidencial, fue expuesto en una explanada decorada con flores y bajo la custodia de soldados de las Fuerzas Armadas de Haití. La viuda del presidente, Martine Moise, quien resultó gravemente herida en el ataque contra su marido, estaba presente en Cabo Haitiano, con el brazo en cabestrillo tras ser atendida en un hospital en Florida, al sur de Estados Unidos. La viuda llegó acompañada por sus hijos y un importante dispositivo de seguridad. Ante el féretro se retiró la mascarilla y besó la bandera que cubrió el sarcófago.

"Fuiste abandonado y traicionado. Tu asesinato expuso (la) fealdad y cobardía", dijo Martine en la ceremonia civil en honor de Moise celebrada en Cabo Haitiano, donde será enterrado este viernes.

En la ceremonia estuvieron presentes representantes de las delegaciones extranjeras, cuerpo diplomático y miembros del gobierno de Haití que le ofrecieron el pésame a la exprimera dama. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió una delegación de alto nivel al funeral, incluida su embajadora ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, y su nuevo enviado especial para Haití, Daniel Foote, que llega a la isla encomendado con la tarea de ayudar a impulsar la organización de las elecciones.

Hasta el momento unas 28 personas –26 colombianos y dos haitianos-estadounidenses– fueron vinculadas al comando que asesinó al presidente de Haití, Jovenel Moise. La policía haitiana asegura que el complot fue organizado por personas con ambiciones políticas y vínculos fuera del país. Este jueves, el ecuatoriano Walter Veintemilla, dueño de la firma Worldwide Capital Lending Group de Miami y financista del operativo en el que fue asesinado Moise, admitió haber aportado dinero pero no para matar al mandatario sino para favorecer un cambio en el país. Veintemilla prevé una acción legal contra las autoridades haitianas que lo señalaron por haber financiado el complot.

El abogado de Veintemilla, Robert Nicholson, aseguró que su cliente sí estuvo en reuniones con haitianos y extranjeros ahora investigados, incluido el médico Christian Emmanuel Sanon, considerado uno de los autores intelectuales del crimen y ahora detenido. Veintemilla reconoció que desde Worldwide Capital Lending Group juntó de inversionistas cerca de 172 mil dólares y se los entregó a Sanon, y que antes había cedido una suma similar a Antonio Intriago, dueño de CTU Security LLC, en principio señalada como la firma que reclutó a los mercenarios colombianos acusados del operativo.

Nicholson afirmó que el papel de su cliente era financiar los gastos de las aspiraciones presidenciales de Sanon y que éste lo retribuiría con futuros contratos una vez que estuviera a cargo del Ejecutivo de Haití. "Ni Worldwide Capital ni el señor Veintemilla tenían conocimiento de ningún supuesto plan de asesinato", insistió Nicholson.

Mientras que desde el Departamento de Estado norteamericano confirmaron que seis de los ciudadanos colombianos arrestados por su presunta participación en el magnicidio recibieron entrenamiento militar en EE.UU. "Hasta la fecha, el Estado y el Departamento de Defensa han identificado a seis personas que podrían haber estado involucradas en el complot y que participaron anteriormente en programas de entrenamiento militar y educativos de Estados Unidos mientras servían al ejército colombiano", afirmó el portavoz de la cancillería, Ned Price.

Esta semana se desarrollaron varias ceremonias de homenaje al presidente asesinado en Puerto Príncipe. Una de ellas contó con la presencia de Ariel Henry, el nuevo primer ministro, quien asumió el cargo el martes con la promesa de restablecer el orden para organizar los comicios exigidos por la población haitiana. Haití actualmente no tiene un Parlamento en funcionamiento y cuenta solo con un puñado de senadores electos, ya que los mandatos de la mayoría expiraron.

23/07/2021

Publicado enInternacional
La urgencia de nombrar de otro modo las atrocidades

Parte 1

 

¿Criminalizando Estados?

 

La llegada del siglo prometía esperanza. Avanza el tiempo y la pregunta ¿A dónde llegamos? resulta inevitable.

Venimos padeciendo desde los dosmiles dos guerras que a nivel global tienen apellidos diferentes pero que se han justificado básicamente bajo dos objetivos: el terrorismo y el narcotráfico. El imaginario de combate a los criminales se expandió, el enemigo al cual hay que temer y por el cual vale la pena blindarlo todo, es ese: el/la criminal. Vivir con miedo a un ataque se convirtió en algo frecuente. Frente a todas y todos se desplegó una guerra contra la humanidad, como lo advirtieron las/os zapatistas en el magnífico escrito llamado la Cuarta Guerra Mundial (EZLN, 1997). El mercado contra todo/as y pese a todo. Esa guerra que libró el neoliberalismo, esa nueva forma de conquista de territorios tomó distintas formas en cada lugar pero en esencia reorganizó la política y la economía para eliminar lo que antes presentaba límites a la acumulación desenfrenada y por fin se impusiera sin obstáculos. De ahí la realidad presente, habitamos en un planeta enfermo, padecemos una grave crisis ambiental y en aumento, poblaciones enteras desplazadas, y la criminalidad encarnada en los Estados y en el sistema.

El concepto de acumulación por desposesión de Harvey (2005) abarca muchos de los procesos que el sistema capitalista actual está implicando y en el que el papel del Estado es central por el respaldo y la promoción de esos procesos. Entre otros está la mercantilización y la privatización de la tierra, la expulsión forzosa de las poblaciones campesinas, la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía, la supresión de formas de producción y consumo alternativas, el tráfico de esclavos, la usura, la deuda pública, el sistema de crédito, los derechos de propiedad intelectual, la biopiratería, la depredación de los bienes ambientales globales (tierra, aire, agua), la mercantilización de las formas culturales, las historias y la creatividad intelectual. Todo se convierte en mercancía, la tierra, el aire, el agua, la vida, la humanidad y todo lo que ésta pueda hacer, producir, crear y saber.

Esa eliminación del derecho a los bienes comunes es un punto central en el nuevo tablero. Ahí se encuentra la disputa, a partir de eso, de la aceptación de esa desaparición o del rechazo a esa imposición se organizan un arriba y un abajo. Como lo han nombrado múltiples movimientos sociales los llamados gobiernos progresistas ahí terminan por ubicarse y por usar dobles discursos para acomodar sus promesas. El papel del Estado la mayoría de las veces ha terminado en la protección de intereses privados en contra de los bienes comunes y de los derechos sociales, legitimando y encubriendo los modos de funcionamiento antes mencionados. Se sacrifica el interés común y público por el interés privado y corporativo, los beneficios se privatizaron y los daños se hicieron generales. Así la famosa idea/ilusión de que el Estado tutela el bien común cada vez se destruye más, la lógica estatal y el uso de la ley cambiaron. Los actos que se requirieron para que esos procesos de acumulación tuvieran lugar implicaron mecanismos, como los que enlista Harvey, que en muchos casos resultan en actos criminales.

El entrelazamiento entre los intereses de empresas, corporaciones y Estados y el desdibujamiento de los límites de lo que es vendible y lo que no, creó las condiciones para que los negocios más inhumanos tuvieran lugar. El interés corporativo llega con la pretensión de adueñarse de todo, aunque sea claro que eso implique la pérdida de miles de vidas, el desplazamiento de comunidades enteras y sufrimiento, mucho sufrimiento. De ahí que estemos padeciendo lo que Banerjee (2008) llama el necrocapitalismo, prácticas capitalistas contemporáneas de acumulación que implican despojo y sometimiento de la vida al poder de la muerte. Se impone una economía política en la que el negocio de la muerte puede tener lugar a través de estados de excepción y en la que las entidades en este espacio colonial de excepción son disciplinadas mediante la violencia o "civilizados por la cultura" para normalizarse.

En este contexto la desigualdad no solo se manifiesta en los modos de sobrevivencia cotidianos sino en los mecanismos de control y de penalidad que se imponen a quienes tienen poder y a quienes no. Lo que Foucault llamó gestión diferencial de los ilegalismos, que consistía en la dinámica de dar cierto campo de libertad a algunos y hacer presión sobre otros, generando una justicia de clase se hace más visible. La delincuencia se usa como un instrumento para administrar los ilegalismos, es una herramienta más del ejercicio de poder. En el caso de México, que es donde trataré de asentar estas ideas, una vez que lo legal se comenzó a desdibujar porque los intereses del mercado requirieron de la transgresión de leyes y preceptos constitucionales del tiempo de los derechos sociales, entonces se colocó el foco de atención sobre lo/as jóvenes, pobres, rebeldes.

Desde las dictaduras latinoamericanas escuchamos hablar de los crímenes de Estado. Lo que hoy estamos presenciando en los estados llamados democráticos es la configuración de Estados criminales. México es una muestra de ello y al mismo tiempo se convierte en un tipo de advertencia. Lo que se configuró en México va más allá de la cooptación del Estado por el crimen organizado, no es solo la fusión de estructuras estatales con redes criminales. La “concesión” de lo público y común por el interés privado-corporativo provocó un entrelazamiento de intereses que requirió del crimen para funcionar porque los mecanismos legales resultaron insuficientes.

Cada vez es más claro que la guerra contra las drogas en realidad fue una estrategia para tener mayor control social, para aparentar una legitimidad política que era inexistente y para la apropiación y explotación de recursos naturales. Se fundieron intereses corporativos nacionales y trasnacionales legales e ilegales con la necesidad de Felipe Calderón de legitimarse ante un pueblo que lo desconocía como Presidente. La profunda crisis humana que tenemos en México provocada por esa guerra evidenció lo que latía dentro de las entrañas del Estado mexicano, esto no era solo la cooptación del crimen organizado silenciada con pactos, lo que se desbordó desde 2006 fue un Estado basado, sostenido y encarnado en el funcionamiento criminal de un sistema. La política mexicana siempre estuvo basada en la política de cobro de piso, de la mordida, del chivo expiatorio, del cobro de lealtades y de la consabida tortura. Junto con lo anterior, la herida que sigue sangrando y que no cierra ha sido la lógica permanente de exterminio y despojo a los pueblos indígenas. El genocidio y el ocultamiento de esa tragedia perpetua siempre ha sido criminal.

Desde la época colonial la política mexicana se configuró de forma corporativa, como un modo de hacer política que supuso el reconocimiento de derechos a cambio de lealtad y obediencia (Rhoux, 2005). En las raíces de esa política se encuentra la garantía de protección a cambio de beneficios, se establecen lealtades que sustentan pactos, acuerdos y encubrimientos para proteger esos beneficios incluso a costa de sangre. La garantía de protección a cambio de lealtad y exclusividad, siempre operó en la política mexicana. Esa “protección” es uno de los pilares de la criminalidad estatal y se volvió una práctica común del crimen organizado. La invención de riesgos hecha por el estado que implica actos criminales provocados por el propio Estado establece modos de funcionar mafiosos (Tilly, 1985). Esa es la lógica corporativa que sustentó la política mexicana y que seguimos viendo hasta hoy. Muchos de los modos que se instalaron en esa política y que eran ejecutados por instituciones estatales luego fueron tomados por el crimen organizado, por el narco. Se agregó a ello la violencia más brutal y cruel pero la dinámica de la cuál nace ese modo se fue enquistando durante décadas. Para tener un lugar para vender en la calle había que pagarle al cacique en cuestión, para poder vender en la plaza, para poder funcionar aparte de lidiar con la burocracia siempre fue necesaria la “mochada” (1) a determinada persona. Esa dinámica de cobro de piso y de corrupción sistemática se recrea en las calles y en la “ más alta política ”, incluso las elecciones siempre funcionaron así.

 

 

Los mexicanos sabíamos que la corrupción y la impunidad eran cotidianas, incluso aceptadas. La falta de acceso a la justicia se hizo sistemática. Se sabía de los llamados pactos de impunidad que iban pasando de una presidencia a otra. Se vivía, se vive en carne propia el funcionamiento criminal sistemático que en silencio fue generando una gran pesadilla que hoy se materializa en por lo menos 234, 966 ejecuciones (2), más de 86, 000 desapariciones reconocidas oficialmente, del año 2000 al 2019, han asesinado a más de 42 mil mujeres y desaparecido a más de 62 mil (Pastrana, 2021), México se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo para la/os periodistas equiparable a zonas bélicas como Siria y Afganistán (3) y se han encontrado por lo menos 3 mil fosas. Las fosas, la búsqueda de cuerpos y los desaparecidos son un ejemplo brutal, aberrante, doloroso de todo lo que no se nombró, de historias negadas, de ordenes inhumanas y estructuras ocultas.

Si se revisan los actos criminales de los cuales fueron responsables los funcionarios públicos encontraremos no solo los mencionados anteriormente (homicidios, desapariciones, feminicidios, tortura, violaciones sexuales) encontraremos también actos como el que ocurrió en Veracruz con la aplicación de quimioterapias falsas a niños enfermos de cáncer en hospitales públicos cuando era gobernador de ese estado Javier Duarte (Rivera, 2017). Encontraremos también crímenes como el robo, el secuestro, el allanamiento, la extorsión, es decir actos atribuidos al crimen organizado y al crimen común. Así poco a poco el Estado no solo requirió del crimen para funcionar sino que funcionó de forma criminal. En el sentido de cometer crímenes de forma sistemática por proteger intereses, para lograr mayor control social, acumulación de capital y/o de poder. Se implantó una lógica criminal materializada en la ejecución de actos atroces, los actos más crueles e inhumanos realizados a los cuerpos no han sido solo eventos aprovechados para demostrar, normalizar y satanizar, sino actos montados para desestabilizar, crear coyunturas e imponer dinámicas.

El narcoestado es una manifestación del Estado criminal, por eso hablar de narcoestado no es necesariamente el término que sirve para referirse a esta lógica de funcionamiento criminal que motiva las prácticas estatales y dentro de las cuales el narcoestado es solo una de sus formas. Existen actos criminales estatales que no están involucrados con el narco ni con sus intereses. Además, los negocios del narco ya no son solo los narcóticos, como es sabido uno de sus “fuertes” es la trata de personas, la extorsión, el secuestro, el fraude y coincidentemente algunos grupos del crimen organizado se han enfocado en la extracción de recursos naturales. Las conexiones entre Estado y narco varían según los intereses del gobierno en curso. Las motivaciones en esas conexiones pueden ser por poder, por acumulación, por la ejecución de proyectos nacionales y trasnacionales, por legitimación política y algunas veces por una mezcla de todo. Es decir que el Estado criminal opera, se estructura y configura según los proyectos de cada gobierno y los personajes que llegan al poder.

 

A esa realidad falta agregarle el carácter represivo del Estado mexicano, las cuentas pendientes de Tlatelolco, de la llamada guerra sucia de los setenta y la guerra de contrainsurgencia que desde entonces continuó y se acrecentó tras el levantamiento zapatista con la pretensión de aislar a una de las luchas más importantes de México y del mundo. Una vez más la articulación de redes legales e ilegales (Calveiro, 2012) se mostró en el sistema represivo mexicano. Ahí están los antecedentes de las guardias blancas, los sicarios y los paramilitares. No es coincidencia que figuras tan “ejemplares” como Genaro García Luna hayan estado en las entrañas del aparato contrainsurgente en México. La conexión entre las instituciones represivas y de inteligencia y los flujos criminales siempre ha sido muy cercana (lo mismo podemos ver con los Zetas). La guerra contra las drogas le sirvió al Estado para aislar rebeldías y generar dinámicas en las que las masacres a comunidades organizadas contra la imposición de proyectos, la detención, desaparición o ejecución de un/a luchador/a social o defensor/a del medio ambiente pasa desapercibida o se oculta en las cifras generales y aberrantes de muerte y atrocidad cotidianas.

Dawn Paley (2018) afirma acertadamente que así como la militarización formal pudo beneficiar a las corporaciones trasnacionales, también existen casos en los que la paramilitarización ligada a la guerra contra las drogas se desplegó en regiones en las que la extracción de recursos era una actividad económica central. Cada vez se hizo más notorio que existe una relación entre los lugares donde hay mayor violencia y los lugares donde hay más intereses extractivos. Por ejemplo en Michoacán el negocio detrás del mineral de hierro se convirtió en el principal negocio de las organizaciones criminales, desde ahí se “exportó” a Asia y para hacer eso posible se dieron importantes “conexiones” entre los grupos del crimen organizado, importantes empresarios y corporaciones “legales” (Correa, 2018).

Desde 2006 se generó un circuito de actos criminales, el Estado mediante las fuerzas armadas y las distintas policías cometió actos atroces de forma sistemática desencadenando la normalización de prácticas crueles y atroces que se multiplicaron, no solo porque el crimen organizado de los bandos contrarios respondió cometiendo más atrocidades sino por que se normalizó la muerte y la mutilación en crímenes comunes no organizados. Esto desencadenó la crisis humana que tenemos hasta hoy en casi todo el territorio mexicano.

Greer y McLaughlin (2017) hacen una clasificación de los actos criminales de los Estados según su motivación:

1) Actos de criminalidad política. En estos podemos ubicar el subsuelo de la política mexicana, los fraudes, el robo de casillas, es decir todo un modo de operar de grupos e individuos que por tener el control político y el poder cometen crímenes.

2) Criminalidad asociada con la seguridad y la fuerza policial. Aquí podemos ubicar la larga lista de operativos contrainsurgentes y represivos. La trágica cifra de desaparecida/os y ejecutada/os producto de la guerra, los llamados levantones de las fuerzas armadas a civiles por entregar cifras diarias a sus mandos o por confundir personas (los llamados falsos positivos y los daños colaterales).

3) Criminalidad asociada con lo económico. Los crímenes de cuello blanco, que son ampliamente aceptados. Ahora vemos desfilar nombres de políticos de distintos niveles que están implicados en este tipo de crímenes. Las sentencias que reciben en México quienes cometen este tipo de actos criminales ilustran la gestión diferencial de ilegalismos pues pueden estar encarcelados poco tiempo, pagar multas, regresar el dinero que robaron o negociar su libertad a cambio de dar información sobre lo/as involucrados en sus redes de negocios. El trato diferenciado respecto a quienes no tienen cuello blanco es absurdamente preferencial.

4) Criminalidad asociada con lo social y lo cultural. Los crímenes de exterminio contra los pueblos indígenas en México han sido asunto de cada sexenio y se materializan de diversos modos pero nunca han dejado de ejecutarse. También la guerra para lograr mayor control social ha sido motivación de este tipo de crímenes y la limpieza social que se recrudeció desde 2006 (en contra de jóvenes, pacientes de centros de rehabilitación, entre otros).

Por la problemática del calentamiento global que vivimos de forma muy alarmante los últimos años podrían agregarse a esta clasificación los crímenes al medio ambiente y a la salud. Los asesinatos cometidos en México contra defensores del medio ambiente comienzan a ser cotidianos y tienen los mismos patrones y motivaciones: limpiar el camino para la imposición de proyectos de extractivismo, los llamados proyectos de muerte que de llegar implican la afectación de la vida y la salud pública de comunidades enteras están detrás de esos asesinatos. El ecocidio es un crimen asociado con el medio ambiente e impacta en la salud de poblaciones enteras, generalmente está implicada en estos crímenes alguna estructura estatal, por otorgar permisos, por imponer planes o simplemente por no evitar que se cometa.

 

 

Los crímenes de Estado son solo algunos actos de los Estados criminales, no todos los Estados que cometen crímenes de Estado funcionan sistemáticamente de forma criminal. Los crímenes de Estado son también llamados crímenes de poder (Bailone, 2017), esos crímenes implican estructuras criminales y son ejecutados desde el poder y existen los crímenes de los poderosos es decir crímenes cometidos en lo individual por poderosos, en el caso de México hemos podido ver ambos tipos de crímenes de forma cotidiana. Segato (2006) vincula los crímenes de poder con los crímenes patriarcales, los define como crímenes que contribuyen a la retención o manutención, y la reproducción del poder. En ese tipo de crímenes ubica dos posiciones, una es vertical, que es asimétrica de poder con sujeción (del perpetrador con su víctima) y la otra es horizontal que vincula al perpetrador con sus pares. Esa reproducción del poder es una motivación importante y que tienen en común estos crímenes (de estado, de poder, de los poderosos y del patriarcado).

Segato se refiere a los feminicidios de Ciudad Juárez como crímenes corporativos, les llama crímenes de segundo Estado, de Estado paralelo que asemeja con los crímenes ejecutados en regímenes totalitarios. En ambos casos comparten la característica de los abusos del poder político, los ubica muy cerca de los crímenes de estado y de los crímenes de lesa humanidad, donde el Estado paralelo que los produce no puede ser encuadrado porque se carece de categorías y procedimientos jurídicos eficientes para enfrentarlos. Esa carencia se puede ver de forma cada vez más repetida en los problemas de violencia y criminalidad que vivimos en diversos rincones del mundo. La necesidad de clarificar esas categorías y de verlas más claro se vuelve urgente.

Un crimen de poder puede llegar a ser investigado en México solo si le conviene a algún otro poderoso o si hay algún tipo de conveniencia política. El pacto referido por Segato entre pares y la impunidad sistemática son una mezcla que complica profundamente la posibilidad de justicia. Hemos llegado a tal situación de impunidad que casi cada instancia encargada de investigar obstruye el proceso. Ahí el asunto del poder es un componente fundamental para trabar o destrabar un caso. Eso funciona diferente en el caso de crímenes de Estado simplemente porque el Estado no se va a autojuzgar. Existen también los casos en los que crímenes de estado van de la mano de crímenes del patriarcado. Un ejemplo claro es el caso de Atenco en el que policías torturaron sexualmente a mujeres y cometieron múltiples violaciones graves de derechos humanos, crímenes que por sus características bien configuran un crimen de Estado. Desde el Presidente hasta las instancias municipales se reconoció el operativo y se ha encubierto durante años a los perpetradores y mandos de ese acto brutal. La tortura sexual en ese caso mostró el pacto entre pares y tuvo el objetivo de mandar un mensaje mediante el cuerpo de las mujeres. Los que ejecutaron la tortura fueron policías, no fueron personas vestidas de civil ni fueron actos aislados. Lamentablemente podemos ver cómo los crímenes de poder y del patriarcado se han extendido hasta estos tiempos, lo acabamos de ver en Mactumatzá (Chiapas con la tortura sexual a la que fueron sometidas las estudiantes detenidas) y en una larga lista de actos criminales de este tipo.

Según un informe de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos-CMDPDH (2019), las mujeres comenzaron a enfrentarse a otro tipo de violencia letal a partir de la “guerra contra las drogas”: los homicidios en el espacio público con armas de fuego. Esas formas de violencia y la normalización permanente de la atrocidad efectuada a los cuerpos de las mujeres hizo que la violencia aumentara. Esto y la impunidad son factores centrales en la terrible violencia contra las mujeres.

El asunto de la impunidad es central en la dinámica de ilegalidad que se instaló en México y contribuye a lo que Huggins (2010) llama sistema de tortura de Estado en el que la impunidad es diferencial. La impunidad garantiza la consecución de crímenes y la tortura se vuelve cotidiana y casi abierta y aceptada. Para Huggins, la tortura no es producto de una administración presidencial en particular, los cambios en el gobierno no eliminan la tortura de Estado, ésta es producto de una organización política de los Estados que la convierte en normal. La impunidad diferencial puede permitir que a los perpetradores de bajo nivel se les llegue a castigar. Ahí tenemos la conocida figura del chivo expiatorio que se volvió una práctica tan común como la de presentar fotografías de los detenidos con el material incautado, es decir se hizo sistemática y tan normalizada que en las escuelas de derecho se enseña que la reina de las pruebas es la “confesión”, por la tortura que siempre está detrás. La naturaleza estructural y sistemática de la impunidad en México ha sido constatada por diversas instancias internacionales, se sostiene de modos muy profundos en las instituciones encargadas de impartir justicia, es decir que cuando ocurre un hecho violatorio de derechos humanos o un crimen la respuesta “natural” de la institución desde la base de sus funcionario/as hasta arriba es no resolver y cuando se trata de una figura pública que cometió un crimen es absurdamente rotunda la inacción en la investigación, es decir que se echa a andar todo un aparato y muchas veces no por consigna sino porque se instaló un modo de funcionar en el que no se resuelve sino se obstruye y se oculta.

 

 

Catorce años después de que se iniciara esta guerra podemos ver como se detonó un circuito imparable de violencia que sigue dejando cifras alarmantes y materializándose en una crisis humana profunda. El ciclo de violencia está integrado por una siniestra suma de crímenes de estado, crímenes de poder, crímenes de los poderosos y crímenes patriarcales que se reproducen sistemáticamente por la impunidad, la corrupción y la normalización de la crueldad. Un ciclo perverso y atroz se hizo cotidiano, se reproduce y muta.

Después de hacer este breve recorrido es necesario mencionar que tanto Felipe Calderón, como Enrique Peña Nieto tienen denuncias en su contra, Calderón ante la Corte Penal Internacional desde 2011 y Peña Nieto ante la Corte Internacional de Justicia desde 2018, ambos por crímenes de lesa humanidad. Hay responsables directos de las atrocidades cometidas y detonadoras de la grave situación por la que aún atraviesa México. Es absolutamente burdo que aún se vea a estos personajes proponerse como opción política. El perfilamiento que comienza a hacerse de posible candidata para la presidencia de Margarita Zavala (esposa de Calderón) es un símbolo de la impunidad y de la criminalidad sin límites.

No se puede hacer un recorrido de la realidad detrás de la guerra y de la criminalidad estatal sin abordar el presente. En la administración de López Obrador la militarización ha ido en aumento, no solo se “avanzó” en la militarización de la seguridad y de las tareas policíacas con la creación de la Guardia Nacional y con la aprobación de la Ley de Seguridad que en la administración de Calderón y Peña Nieto no se pudo concretar. La Ley de Seguridad de López Obrador se aprobó a pesar de que existían suficientes elementos que demostraban que las fuerzas armadas están preparadas tal vez para la guerra, no para hacer tareas de prevención, disuasión o investigación criminal por el alto índice de letalidad que representan (Nodho, 2018). Se colocó a los militares en una posición privilegiada para opinar sobre la vida pública, participando en comités científicos y en la administración de proyectos de infraestructura. En pocas palabras se premió a los militares, a las fuerzas armadas responsables del mayor número de violaciones graves de derechos humanos cometidas desde 2006. No se combate, no se investiga y se deja en la impunidad a las fuerzas armadas. El caso del General Cienfuegos que implicó una cruzada diplomática y del cual ahora se mantiene absoluto silencio es una muestra de ello. En el caso de Ayotzinapa no basta con ver procesados a los bajos y medios mandos, hace falta una investigación profunda enfocada en altos mandos militares. La intención de incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional demuestra también la decisión de militarizar la vida pública y refleja la dinámica antes conocida de decir una cosa y hacer otra. Estos juegos de argumentar algo cuando se aprueba una ley que genera controversia para más tarde borrar lo antes dicho reproduce dinámicas añejas y en el caso de la Guardia Nacional demuestra una vez más no solo que López Obrador está decidido en la militarización como vía para enfrentar la crisis que se vive en México sino en construir una fuerza militar entorno a él. Esta creciente militarización y sacralización de las fuerzas armadas aunada al clima de criminalización de la crítica es sumamente peligroso. El pretexto de descalificar a “la oposición”, metiendo a todo/as en el mismo saco ha provocado un clima político en el que la crítica es considerada como reaccionaria y “contra”, aunque quienes son críticos lo hayan sido con los anteriores sexenios y hayan sido víctimas de ellos. Estos elementos y la creciente violencia contra la/os defensora/es ambientales y la imposición de proyectos extractivos generan el riesgo no solo de que siga la violencia y la impunidad sino de que la lógica represiva y contrainsurgente estatal y no estatal encuentre nuevos modos de operar y de disfrazarse. Los daños que ocasiona el crimen y el modo en que se definen los actos criminales reflejan la lógica de funcionamiento político y social. En esta llamada cuarta transformación los daños son atribuíbles al daño económico, los crímenes que están dispuestos a investigar son los de cuello blanco, ósea los crímenes cometidos por estructuras estatales y/o funcionarios más normalizados y aceptados. Los crímenes que han ocasionado daños sociales incluso masivos no son prioridad de este gobierno, el tema de la justicia es asunto menor. Hay dos aspectos que implican una continuidad en estos tres sexenios, la militarización y la imposición de Megaproyectos que paradójicamente se llaman distinto aunque parten de planes muy viejos, como el corredor Transístmico que era parte del Plan Puebla Panamá de Vicente Fox.

Por todo esto no podemos hablar de este tipo de crímenes como asunto del pasado. La voluntad de desmantelar al Estado criminal no puede ser retórica, los pasos que se tomen en este sexenio pueden afianzar, debilitar o reconfigurar esas estructuras y dinámicas.

La búsqueda de un nuevo modo de nombrar

La necesidad apremiante de encontrar nuevos modos de nombrar a los actos que están siendo cada vez más producidos y replicados nos está demostrando los límites del derecho y de la defensa de derechos humanos. Seguir llamando violaciones graves de derechos humanos a las prácticas mencionadas es cada vez más insuficiente sobretodo porque se ha vuelto “aceptable” o normal que un estado viole derechos humanos, como si hacerlo fuera parte de su tarea o fuera una consecuencia lógica de su práctica. Cuando un crimen de Estado provoca un daño social profundo hablar de violaciones graves de derechos humanos no refleja la gravedad del acto. Hablar de crimen de Estado o crimen de poder no excluye que se hayan cometido violaciones de derechos humanos, lo que configura el crimen de Estado o de poder son las motivaciones del acto desde una estructura organizacional y la condena social que se da en torno a dicho acto. Es necesario hacer una diferenciación en esa escala de daños. Llamar crimen o violación de derechos humanos a un acto depende del daño causado socialmente, es decir a un grupo de personas, a comunidades enteras o a poblaciones de forma masiva. La relación entre los daños y el modo de llamar a los actos es muy importante comenzar a diferenciarla para lograr llamar de modo más preciso a quienes cometen sistemáticamente este tipo de actos.

Después de padecer y ver imágenes crueles y aberrantes en la televisión, periódicos y redes sociales durante años, la desproporcionalidad en la condena social es aberrante. Llegamos al punto en el que estamos ahora, en el que mientras siguen siendo cotidianos los hallazgos de fosas despierta mayor indignación social la agresión a un perro (decirlo no justifica el maltrato animal), se condena que se pinten edificios con consignas cuando diario matan de los modos más atroces a las mujeres y aún existen amplios sectores sociales que respaldan la militarización. La necesidad de “trabajar” en la condena social y en la desnormalización de los actos criminales estatales contribuye a dejar de aceptar esos actos, a cambiar el modo de percibir a esas estructuras y a pensar en modos de detener la reproducción de esas prácticas.

 

¿Criminología para estudiar la criminalidad estatal y los crímenes del poder?

 

¿Así que por qué hablar de crimen y criminales? No porque guste la palabra que ha servido como justificación para criminalizar la pobreza, la juventud, la raza, todo lo contrario. Porque la palabra crimen ha servido para legitimar un sistema penal basado en el doble discurso, que como advirtió Foucault (1976) pasa a ser uno de los instrumentos del poder, generándose un circuito en un sistema que jamás se interrumpe (política-prisión-delincuencia). La criminología ha servido para fijar valores sociales y promover su aceptación en aras de lograr el mantenimiento del “orden natural de las cosas”, por eso una criminología que rompa con ello y parta de una lógica opuesta es urgente.

Así llegamos a la enorme necesidad de reapropiarnos de las palabras y de voltear el tablero. La ciencia que estudia a los actores criminales y sus actos es la criminología. La criminología tradicional y positivista le sirvió siempre al poder. Estableció perfiles racistas y eugenésicos de lo/as criminales, sentó las bases para justificar el control social. Desde los sesentas surgieron corrientes que cuestionaron esas condiciones y poco a poco derivaron en críticas al sistema, al orden. Se dieron pasos como el de concebir el acto criminal como un acto racional, no derivado de condiciones biológicas o de tipologías físicas. Se comenzó a hablar de delitos de cuello blanco y se les comenzó a estudiar. Se llegó desde esos otros modos de ver el crimen a la conclusión de que esos actos y el funcionamiento del sistema capitalista van de la mano. Surgieron teorías muy interesantes y novedosas que comenzaron a explorar en una criminología del Estado. Así que por ese camino trataremos de explorar la necesidad de pensar y entender los crímenes de Estado y de poder como pistas para ir dilucidando lo que son los Estados criminales.

Para comenzar a plantear estudios de criminología del Estado para este tipo de realidades parto de la idea de Estado como una relación de dominación organizada en un orden jurídico y coactivo en determinado territorio que se justifica bajo el discurso del bien general aunque en la práctica las más de las veces sea del interés privado. La idea del funcionamiento de las normas como un sistema puro (Kelsen, 2010) resulta imposible en panoramas como estos. Reconocer que estas realidades van más allá del horizonte de la legalidad y del derecho, que la deconstrucción es la justicia, no el derecho (Derridá, 1994) es vital para seguir adelante.

Para comenzar haré un breve recuento de qué se supone que es un criminal. Retomo lo que dice Quinney (1970) sobre que no existe una definición absoluta, pues ésta depende de qué sistema legal se hable, por lo tanto es necesario verle de forma dinámica, según el sistema legal, social, económico y cultural del que estemos hablando, es una definición de la conducta humana creada y autorizada por agentes en una sociedad organizada políticamente. La formulación y aplicación de definiciones criminales es lo que vuelve criminal a una persona es decir que el crimen es creado. No es inherente a la conducta, es un juicio hecho por algunas de las acciones y características de otros, es visto como resultado de un proceso que termina en la definición de personas y comportamientos como criminales.

Antes de seguir es importante dejar claro que cuando se habla de delito se está ante un acto estipulado en la ley como tal, la ley establece lo que es delito. Para este artículo resulta más pertinente hablar de crimen, como un acto que daña socialmente. La cuestión que hace que un acto sea considerado criminal es el daño causado, a un grupo social, a la sociedad. Para Mclaughling (2001) el daño es relativo a la naturaleza, gravedad y alcance del daño. El crimen es puesta en crisis de lo común, supone diferenciar unos actos de otros (Martyniuk, 2018).

Las percepciones del crimen como comportamiento dañino están inspiradas en la posición que uno ocupa tanto en el sistema social como en el espectro político (Ruggiero, 2010) por eso se criminaliza según donde está una/o parado, se criminaliza según la música que se escucha (por decirlo de algún modo).

En la llamada nueva criminología se usó el término “acto desviado” para referirse de otro modo al crimen. Al usar ese concepto hacían alusión a que el individuo se aparta de la sociedad, se desvía de ella. Uno de los teóricos de este concepto es Howard Becker, para quien “los grupos sociales crean la desviación al establecer las normas cuya infracción constituye una desviación….Es desviado quien ha sido exitosamente etiquetado como tal, y el comportamiento desviado es el comportamiento que la gente etiqueta como tal (Becker, 2018: 28)”.

Este concepto del acto desviado es parte de las contribuciones de la teoría llamada del etiquetamiento, el acto de etiquetar coloca al actor en una situación que le complica la vida cotidiana (Becker, 2018), la rutina normal y que lo lleva a realizar acciones “anormales”. La etiqueta que se le aplica a ese actor marca una diferencia en el modo en que todos, actuarán por consecuencia. Esto es muy cuestionable y es lo que se le ha hecho injustamente a jóvenes y rebeldes, es lo que se hace cuando se habla de “socialmente peligrosa/so”. Por eso es muy interesante usarlo con el Estado. Sería deseable por lo menos complicarle la vida cotidiana a quienes se dedican a complicar la vida de poblaciones enteras.

En paralelo a lo que fueron generando esas corrientes criminológicas surgieron ideas como la de Alesandro Baratta (1986) que sostenía que era necesario delinear una política criminal alternativa, es decir una política de las clases subalternas en el sector de la desviación que consistía en hacer un análisis radical de los mecanismos y funciones del sistema penal en la sociedad capitalista. Inspirada en este asunto del control social surgió desde Latinoamerica la criminología de la liberación, en esa aportación crítica la dominación requiere del control social y para desenmarcarse de la criminología hecha en Europa y en países desarrollados, la criminología de la liberación agrega como elemento central la neocolonización (Aniyar de Castro, 1985), esta criminología pretende hacer teoría crítica del control social. Cuestiona la creación de estereotipos clasistas de la/os delincuentes y señala el desinterés de la escuela tradicional criminológica en la delincuencia de las clases hegemónicas. Desde ahí comenzaron a realizarse investigaciones sobre la delincuencia del poder, la violencia interestatal y transnacional. Existen importantes críticas a la inercia colonial que se manifiesta en las corrientes criminológicas europeas y norteamericanas, se establece una correlación entre los crímenes de Estado, la teoría socio-jurídica y criminológica y el colonialismo (Osoria, 2016).

Uno de los pioneros de la criminología del Estado fue Chambliss (1988) que empleó el término crímenes de Estado organizado para referirse a los actos definidos por la ley como criminales y cometidos por los agentes estatales en el cumplimento de sus deberes como representantes del Estado.
Como podemos ver para Chambliss se requiere de un acto definido por la ley como criminal. Esto ha sido objeto de discusión en esa área criminológica pues hay otras posturas que agregan más importancia al daño social que causan que a lo que esta o no establecido en la ley. Por ejemplo el concepto de crimen de Estado de Kauzlarich (1995) lo define como un acto o política ilegal o socialmente dañina por omisión o comisión por un individuo o grupo de individuos en una institución legítima de gobierno, ejecutada para consumar los objetivos y metas de dicha institución.

Aunque existen ya varias reflexiones criminológicas sobre los Estados trato de terminar con una que puede servir como herramienta para identificar la configuración de crímenes de estado. Ward (2013) sugiere que para definir un crimen de Estado es necesario considerar tres cuestiones: ¿El presunto comportamiento criminal es desviado en el sentido en que cierta expectativa social significativa condena el comportamiento y presiona al Estado para que desista?, ¿La desviación es organizacional, por ejemplo, llevada a cabo en la búsqueda de los objetivos organizacionales de una agencia estatal como la fuerza policial, más que por el comportamiento de unos pocos agentes de policía “sinvergüenzas” u otros oficiales? y ¿El comportamiento viola los derechos humanos?

Cuando se hace el ejercicio de contestar las tres preguntas anteriores en relación a los actos cometidos por ejemplo por las fuerzas armadas en la guerra del narco se puede ver que los comportamientos de los agentes en cuestión no son aislados sino que indican que las torturas son parte de una práctica “recurrente, rutinaria, estandarizada y estructurada; develando que no se trata de una actuación espontánea, sino que forma parte de un plan o de una política de las autoridades federales” (CMDPDH, 2020: 27).

Una característica de estos crímenes es la justificación que se hace de ellos, generalmente se presentan como necesarios. Zaffaroni (2017) sugiere que para estudiar los crímenes de Estado desde la criminología crítica se les puede comenzar a analizar con las mismas técnicas de estudio que se usaron para estudiar a los “delincuentes juveniles”, por ejemplo las cinco técnicas de Sykes y Matza en las que la justificación juega un papel central. Hacer esto con las diversas técnicas que presenta la criminología es algo que puede ser viable para hacer criminología de los Estados.

El asunto de la revictimización y de la criminalización de las víctimas de tortura, feminicidio, asesinato y desaparición en México aparte de ser un problema muy generalizado es una muestra de la justificación y la neutralización que hacen los perpetradores. Es grave el efecto que esto juega en la condena social, la idea de la/o mataron por criminal, por respondon/a, por que se lo buscó es generalizada y lamentable. Los familiares de víctimas de este tipo de crímenes no solo cargan con el dolor ocasionado por la pérdida de su familiar o por el daño que le causaron sino con la criminalización cotidiana que padecen loas familiares y la propia victima.

Es importante mencionar que también existe el concepto de crímenes contra el Estado a los que sí se les suele condenar y castigar. Eso lo podemos ver en la disposición de López Obrador de juzgar por traición a la patria a los expresidentes. Se les podría llegar a juzgar por esos crímenes pero niega que Ayotzinapa haya sido un crimen de Estado. Es decir que se acepta que la actuación en contra del Estado hay que castigarla pero no la actuación contra la sociedad, contra los pueblos, contra la humanidad.

La criminalidad estatal es particularmente grave por que quienes cometen el/los actos criminales cuentan con el monopolio del uso de la fuerza y de los órganos jurisdiccionales, lo que les ubica en una posición estratégica para ocultar sus actos. Así podemos concluir que los crímenes de Estado son actos cometidos por agentes estatales que van más allá de un acto aislado, manifiestan la voluntad del Estado, se garantizan por la impunidad y ocasionan daño a muchas personas, a veces a poblaciones enteras. Son actos que provocan un daño masivo, comunitario o social y atentan contra la vida, la libertad, la tranquilidad, la paz y la justicia. La práctica sistemática de crímenes de Estado, de crímenes de poder, de crímenes de los poderosos y del patriarcado genera Estados criminales. La herramienta que presenta la criminología puede servir para entender las motivaciones de esos actores criminales y los modos de configuración de esas estructuras criminales para buscar modos de señalarlos, de reaccionar ante ellos y de enfrentarlos. Hasta ahora hay esfuerzos, como algunos de los antes mencionados que analizan los crímenes de Estado, de poder, etc. Trabajos enfocados en un análisis crítico y rebelde de los Estados criminales, de sus características, motivaciones, formas de estructurarse y de justificarse aún son casi inexistentes. La realidad está implicando nuevas pistas en ese campo.

El asunto de señalar es ponerle nombre a los actos y a los actores. Una criminología que no esté al servicio del poder tiene que nombrar sin tapujos, sin encubrimientos, sin ánimo de afianzar “el orden de las cosas”. Así que partiendo de la necesidad de usar otras palabras podríamos cambiar criminalización por señalamiento, no de un individuo sino de un acto y de una estructura. Aunque finalmente los actos son cometidos por individuos y esto pueda derivar en que uno de ellos sea procesado, lo cual también es necesario y que es reclamado con toda razón por los familiares de desaparecido/as, ejecutado/as. Esto puede permitir que la vieja práctica del chivo expiatorio no resuelva el problema, pues como hemos visto en México y en otras partes del mundo el Estado, como otras estructuras criminales lo hacen, está dispuesto a sacrificar a alguno de sus “servidores” para continuar con sus tareas e intereses. Si se logra concentrar la atención de los actos en las estructuras, en la cadena de mando, en los beneficiados de los actos criminales entonces la estructura completa debe ser señalada. El señalamiento no es necesariamente legal, aunque sería deseable que tras señalar una estructura criminal hubiera implicaciones específicas sobre esas personas.

Las pistas que presentan estos esfuerzos criminológicos pueden ser una herramienta para los movimientos sociales, hace falta comenzar a generar nuevos códigos, nuevas palabras, nuevos modos de nombrar, es necesario que al realizar análisis precisos de la criminalidad estatal y de poder se encuentren nuevos modos de enfrentarlos y de defendernos de ellos para seguir luchando, construyendo, viviendo.

En el contexto de la pandemia del COVID-19 a nivel global se demostró la inocultable crisis provocada por el capitalismo y por el calentamiento global. Se hizo evidente todo lo que se desmanteló con el neoliberalismo, se manifestó de un modo brutal la pérdida de los derechos sociales. La criminalidad del sistema está ahí, asoma su rostro y advierte su feroz amenaza. Los estados que se hicieron criminales responden a la dinámica de un sistema criminal. La desnormalización de esa aberrante realidad es urgente y se ha mostrado en las revueltas sociales, en las calles que arden de rabia con todo y la amenaza de contagio.

Resuena en el mundo la frase: “nos están matando” que gritan desde Colombia, el movimiento de mujeres kurdas exige el inicio del proceso de reconocimiento del feminicidio como un crimen similar al genocidio, los señalamientos por crímenes de guerra y crímenes de estado a Estados Unidos por lo que hicieron en Irak no han cesado, la práctica genocida de Israel y la ejecución de crímenes de Apartheid contra Palestina es inocultable y amerita mayor condena, mayor respuesta. Poco a poco la realidad demuestra que algo ya no sirve, algo urge, algo estalla y no es un bomba tirada por un pueblo pobre, pequeño, explotado.

 

Una vez más lo/as zapatistas nos hacen abrir los ojos, la llegada de la montaña que navegó en el mar y arribó a España muestra que voltear todo al revés es posible, la historia se vuelve a escribir y los sueños en medio de la pesadilla navegan a toda velocidad. Así que, ¿Qué puede seguir?

 

1. Es una expresión para referirse a determinada cantidad de dinero entregada para obtener algún tipo de permiso o garantía.

2. Comisión Mexicana para la Defensa y promoción de los Derechos Humanos-CMDPDH y Federación Internacional de los Derechos Humanos-FIDH, 2019.

3. Comité para la Protección de los Periodistas.

 

 

Referencias

Aniyar de Castro, L. (1985) Fundamentos, aportes y líneas de desarrollo posibles de una criminología de la liberación, Texto presentado al Primer Encuentro Venezolano sobre la Liberación, Maracaibo: Instituto de Criminología de la Universidad del Zulia.
Bailone, M. (2017) Los fundamentos de la pena en los “crímenes de estado”: el poder (auto) punitivo legitimado por la criminología crítica, Revista General de Derecho Penal, 28.
Banerjee, S. B. (2008) Necrocapitalism, Sydney: Organization Studies.
Baratta, A. (1986) Criminología crítica y crítica del derecho penal, México: Siglo XXI editores.
Becker, H. (2018) Outsiders, hacia una sociología de la desviación, Argentina: Siglo XXI editores.
Calveiro, P. (2012) Violencias de Estado, Argentina: Siglo XXI editores.
CMPDH, (2019) Informe alternativo de las organizaciones de la sociedad civil de México al Comité contra la Tortura de la ONU 2012-2019 [Documento]
CMDPDH, (2020) Entre la brutalidad y la impunidad, los crímenes atroces cometidos al amparo de la estrategia de seguridad militarizada 2006-2018, México: CMDPDH
Correa, G. (2018) Los Zetas Inc. La corporación delictiva que funciona como empresa trasnacional, México: Editorial Planeta Mexicana.
Derridá, J. (1994) Fuerza de Ley, el fundamento místico de la autoridad, Madrid: Tecnos.
Dunham, J. (2020) Murders of journalists more than double worldwide, CPJ en: https://cpj.org/reports/2020/12/murders-journalists-more-than-doubled-killed/ (Revisado el 7 abril de 2021)
FIDH, CMDPDH, (2019) De la estrategia de seguridad a los crímenes de lesa humanidad en México (informes presentados a la Corte Penal Internacional), México: FIDH, CMDPDH.
Foucault, M. (1976) Vigilar y castigar, nacimiento de la prisión, México: Siglo XXI editores.
Greer, C. and McLaughlin, E. (2017) News Power, Crime and Media Justice En: Liebling, A., McAra, L. and Manura, S. (Eds.), The Oxford Handbook of Criminology. Oxford: Oxford University Press, pp. 260-283.
Harvey, D. (2005) El nuevo imperialismo: acumulación por desposesión, Buenos Aires: CLACSO
Hernández, A. (2010) Los señores del narco, México: Grijalbo.
Huggins, M. (2010) Modern institutionalized torture as state-organized crime. En: Chambliss, W., Michalowski, R. y Kramer, r. (Eds.) State Crime in the Global Age, Portland: Willan Publishing, pp.83-101.
Kauzlarich (1995) A criminology of the nuclear state. Humanity and Society,19, 37–57
Kelsen, H. (2010) La teoría pura del derecho, el método y los conceptos fundamentales, México: Colofón.
Martyniuk, C. (2018) Crimen y comunidad, crisis y crítica de lo común, más acá y más allá de la criminología, Valencia: Tirant lo Blanch.
McLaughlin, E and Muncie, J. (2001) The SAGE dictionary of criminology. London: SAGE Publications.
NODHO (2018) México pendiente entre la legitimidad, la legalidad y la guerra [Comunicado]
Osoria, J.M. (2016) Crímenes de Estado Colonial: Apuntes para el Desarrollo de un Concepto Socio-Jurídico. En: Journal of Emergent Socio-legal Studies Volume 8, Issue 2, pp. 1-19.
Paley, D. (2018) Capitalismo Antidrogas, una guerra contra el pueblo, México: Libertad bajo palabra-SOCEE.
Pastrana, D. (2021) Feminicidios: más que matar por que puedo, matar por ser alguien, en De las muertas de Juárez al #nos queremos vivas, en: https://piedepagina.mx/nosqueremosvivas/ (Revisado el 6 de mayo de 2021)
Quinney, R. (1970) The Social Reality of Crime, New Brunswick:Transaction publishers.
Rivera, G. (2017) Tras sólo un mes de investigación, México cierra el caso de las quimios falsas a niños, Vice, en: https://www.vice.com/es/article/gyeq57/tras-un-mes-investigacion-mexico-cierra-caso-quimios-falsas-ninos (Revisado el 25 de abril de 2021)Rhoux, R. (2005) El príncipe mexicano, México, Era.
Ruggiero, V. (2010) War as corporate crime, en: Chambliss, W., Michalowski, R. y Kramer, r. (Eds.) State Crime in the Global Age, Portland: Willan Publishing, pp. 103-117.
Segato, R. (2006) Qué es un feminicidio. Notas para un debate emergente, Brasilia: Série antropologia.
Subcomandante Insurgente Marcos (1997) Siete piezas de rompecabezas mundial, México: Ediciones del Frente Zapatista de Liberación Nacional.
Tilly, Ch. (1985) War Making and State Making as Organized Crime, en: Bringing the State Back Cambridge: Cambridge University Press. pp. 169-187
Ward (2013) El crimen de estado y la sociología de los derechos humanos. Revista Crítica Penal y Poder, no 5, Septiembre, pp. 63 – 76
Zaffaroni, R. (2017) El crimen de estado como objeto de la criminología, ponencia presentada en “The Stockholm Criminology Symposium”, Estocolmo.

 

Artículo relacionado

La pandemia, el Estado y la normalización de la pesadilla (incluye versión .pdf)

 

 

20 de julio: jornada de terror contra los jóvenes de Cali

Un nuevo día de terror fue lo vivido en Cali el pasado 20 de julio, donde el poder nuevamente mostró sus dientes en forma de paramilitarismo urbano e implementó un tratamiento de guerra contra la protesta social, dejando un saldo de un joven asesinado en el barrio Alcázares y varios heridos en la ciudad, evidenciando una y otra vez el terrorismo de Estado que se impone en Colombia como norma.

La jornada de movilización en la ciudad se llevó a cabo desde horas de la mañana. Alrededor de cinco movilizaciones salieron desde diversos puntos de la ciudad y tenían como sitio de llegada la antigua Loma de la cruz hoy rebautizada Loma de la dignidad, en donde se desarrollaría un evento cultural con múltiples presentaciones musicales y artísticas.


En el escenario había participación de jóvenes, niños y niñas, adultos mayores, mascotas y una diversidad de ciudadanía que festejaría este 20 de julio de una manera inédita, donde el militarismo no sería el principal protagonista, sino que la alegría popular se tomaría la calle en un gran festejo. Sin embargo, todo el evento fue transformado en caos producto de la incursión paramilitar y policial que arremetió contra la población.

Una fuente cercana a desdeabajo nos narró la situación de la siguiente manera: “Desde que salimos del “Paso del aguante” veníamos muy contentos, festejando, habíamos coordinado hasta que el Tránsito prestara apoyo, ellos iban cerrando las vías por dónde íbamos a pasar, solo se cerraban momentáneamente mientras nos movilizábamos. Cuando íbamos llegando a la Loma, en el puente de la quinta con 10, había una olla comunitaria, allí había niños, mascotas, adultos mayores y llegaron varios drones. De un momento a otro los muchachos empezaron a avisar que sobre la 10 había mucha policía y sobre la cuarta venían bajando unos seis muchachos como si fueran primera línea junto al Esmad, ellos nos empezaron a disparar con armas de fuego, entonces nos tocó tirarnos al piso y luego salir a correr porque al mismo tiempo empezaron a tirarnos gases, ahí se nos empezó a asfixiar la gente, todos los niños y ancianos tuvieron que respirar estos gases, que puedo decirte han sido unos de los peores que nos han tirado en todas las manifestaciones”.


El periodista José Alberto Tejada, director del Canal 2, denunció lo ocurrido en la noche del mismo día, donde comentó: “la jornada del 20 de julio, como se preveía ha sido una jornada criminal por parte del Estado colombiano, por parte del gobierno colombiano a tres niveles: el central, regional y local (…) hoy viendo el acto criminal que me tocó presenciar en la "Loma de la dignidad", donde fueron vilmente atacados, cantidad de muchachos y muchachas y personas de la comunidad que estaban allí esperando desde antes del mediodía a las manifestaciones que venían de varios lugares de la ciudad a aglutinarse en este punto emblemático de Cali, para hacer una gran fiesta (…) civiles de nuevo, entremezclados con la policía disparando a matar, disparándole a la comunidad. Hoy usaron de nuevo la maquina Venom” (1).


Paso del aguante

Mientras este era el escenario en la Loma de la cruz, en la maloca comunitaria Nicolás Guerrero se realizaba un operativo policial para ingresar al espacio y destruirlo. Desde las 2:30 de la tarde la comunidad se percató de la presencia de personas desconocidas, según nos cuenta Laura Guerrero, defensora de derechos humanos y madre del joven Nicolás Guerrero –asesinado en el mes de mayo–, “entre esas personas, dicen, que uno sacó un arma y le disparó a la policía, en ese momento fue cuando nos empezaron a lanzar gases lacrimógenos, todo quedó nublado, nadie veía nada y se escuchaban disparos. Lo que no nos explicamos es por qué la policía no cogió a la persona que les disparó de frente, sino que capturaron a un venezolano que iba pasando y a otro chico que pasó en la calle corriendo de los gases”.


Según Laura, el actuar de la “fuerza pública” era completamente arbitrario, así como agresivo, pues en ningún momento escuchaban razones y fue gracias a la exigencia de la comunidad y la mediación de distintos actores que se encontraban en el lugar (Procuraduría, defensores de derechos humanos y la ONU), que los policías y agentes del Esmad se retiraron. Sin embargo, cuando había pocas personas en la biblioteca y otros se encontraban almorzando, la arremetida volvió con más fuerza.


“Cuando tratamos de acercarnos nos dispararon nuevamente con sus gases, no nos permitían acercarnos ni sacar nada del espacio. Empezaron a violentar la puerta y al romperla entraron al espacio. Yo me acerqué como defensora de derechos humanos y al no valer nada para ellos, entonces me arrimé como la mamá de Nicolás y me planté en el lugar. En ese momento empiezan a decirme que me quite, que me fuera, pero yo no me dejaba quitar. Al ver la situación me empezaron a grabar la cara todo el tiempo, me echaron algo en el cuerpo y al preguntar qué era, se empezó a reír y no dieron ninguna explicación.


Al final llegó a mediar el secretario de educación e hicimos un acta donde nos encontramos como actores: la comunidad, el mayor de la policía, el secretario de educación y chicos de la primera línea. La idea es que tenemos plazo hasta el 29 de julio para establecer esta mesa y llegar a los acuerdos para que nos den un espacio para la biblioteca o nos asignen este que ya tenemos”.


Noche de terror

Los ánimos estaban caldeados desde la incursión a la biblioteca Nicolás Guerrero. En el barrio Alcázares, junto al cementerio del norte, los jóvenes comenzaron a enfrentarse con el Esmad minutos después de la agresión contra el espacio comunitario que genero indignación y rabia. Mundo, un joven primera línea que estuvo en el lugar nos cuenta que desde que llegó la noche la situación empezó a empeorar. Las balaceras eran constantes contra los manifestantes, disparos de fusil se escuchaban e impactaban el cuerpo de los jóvenes:

“Heridos de fusil hasta donde conté y pude cargar fueron cuatro, pero sé que fueron muchos más, a uno le destrozaron la pierna con las balas. Pero lo más impresionante que vi fue cuando llevábamos dos heridos cargados y comenzaron a gasearnos hasta dejarnos asfixiados, teníamos una cortina de humo que no nos dejaba ver y no pudimos más, nos tocó dejar el lugar. Tratamos de arrastrar el cuerpo de un muchacho herido, pero ahí nos empezaron a dar más bala, sabemos que en ese momento remataron en el piso a una persona, habían heridos por todo lado.


Cuando la cortina de humo se fue, ya no estaba ni el cuerpo ni la policía. No sabemos el nombre del muchacho, pero en mi Facebook grabé donde se ve la sangre y como lo arrastraron (2). Yo me replegué a las 2:30 de la mañana, hasta esa hora ellos seguían con el cuerpo, ahí cometí el error de dejar la moto en la calle y me la robaron, ahora no tengo como movilizarme, ando sin plata, sin saber que voy a hacer porque desde que empezó el paro me echaron de la casa”.


*Integrante del equipo desdeabajo y del colectivo Loma Sur

1. Ver: https://www.facebook.com/canal2cali/videos/4453892187974614
2. Ver: https://www.facebook.com/kevinandres.canavalvalencia/videos/320730333061858/

 

Videos relacionado:

https://twitter.com/caliresiste_pn/status/1417664661256818691?s=20

 

Publicado enColombia
20 de julio. En las calles, en demanda de vida digna

Tal como estaba anunciado desde semanas atrás, el 20 de julio inocultables grupos de personas salieron por todo el país a expresar su inconformidad con el actual gobierno, al tiempo que a reclamar mejor vida.

El notable descontento con el gobierno y su modelo económico/social que ebulle por todo el país alcanzó expresiones por medio de decenas de congregaciones, manifestaciones, actos culturales, marchas, de manera tan variada como lo es nuestra sociedad. Según el reporte gubernamental entregado por Daniel Palacios Martínez, ministro del Interior, en esta jornada, convocada por el Comité Nacional de Paro (CNP) tomando como fecha simbólica el 211 aniversario de la primera independencia, el país nacional alzó su voz por medio de "195 actividades de manifestación pública, 119 concentraciones, 58 marchas y 18 movilizaciones. Estas actividades se han presentado en 95 municipios de 26 departamentos…".

La jornada de protesta nacional del 20 de julio, que retoma el espíritu del paro nacional que alcanzó forma en Colombia el pasado 28 de abril y se extendió a lo largo de dos meses, fue confrontada desde el Ministerio de Defensa y todas las oficinas gubernamentales con una intensa campaña de guerra política que anunciaba que el Eln desplegaría una ofensiva en distintas ciudades del país. Según el ente oficial, los alzados en armas financiarían todo tipo de operaciones y provocaría desórdenes en medio de las marchas por realizarse. La campaña alcanzó tal intensidad que incluso desde algunos hogares se denunció que recibieron llamadas de conocidos del ejército que las invitaban a no salir el 20 de julio pues “van a suceder cosas tremendas”.

El miedo, como mecanismo de disuasión y como expresión de una soterrada guerra política que busca a todo trance que la protesta en Colombia no retome el protagomismo alcanzado en días pasados, vuelve a ganar el epicentro nacional. Antes, también pretendieron imponer igual objetivo por medio de una ofensiva “de desconocidos” que terminó con la quema de varios buses en Cali, la destrucción de parte importante de su sistema de transporte y numerosos saqueos.

En consonancia con este mecanismo de control social, en la apertura de las sesiones del Congreso de la República el presidente enfatizó en un propósito tras el cual andan hace varias semanas, al que le han buscado apoyo social y legitimidad política; un propósito para el cual estigmatizaron la protesta social como “vandalismo” y a los manifestantes como “vándalos”. Es así como Duque afirmó que nuestra sociedad debe tener claro que las manifestaciones deben ser siempre pacíficas. Según él, en clara respuesta a la CIDH en su reciente informe sobre la violación de derechos humanos en el maco de las protestas que dieron pie a su reciente visita al país, "Los bloqueos no son cortes de ruta; son cortes de vida, no hacen valer ningún derecho, solo hacen valer la ambición de los agitadores que se quieren beneficiar del caos".


Según su manera de ver el país y defender los privilegios de unos pocos, "Sabemos y entendemos que hay deudas históricas que saldar, que son muchas las frustraciones que como sociedad sentimos, pero la solución la encontramos trabajando en equipo", lo que no explicó es cómo se conformaría ese equipo ni como funcionaría, pues el que ellos siempre defienden, que es el equipo de la imposición, del autoritarismo, terminó por arrinconar al país bajo el peso de una descomunal crisis que ahora refleja mayores indicadores de empobrecidos y marginados, sin que se vislumbre una iniciativa económica y social de choque para solucionarla, una iniciativa que vaya más allá de programar medidas en beneficio del gran y mediano empresariado. Es claro que trabajar en equipo implicaría un gobierno de coalición nacional, lo cual está lejos de ser el propósito de una presidencia de ricos y en beneficio de los ricos.


Los proyectos de Ley


Como estaba proyectado, el 20 de julio el CNP dio a conocer en su totalidad los proyectos de ley elaborados a la luz de algunas de las principales demandas emanadas en los anteriores dos meses de protesta, y que de alguna manera también retoman exigencias ya incluidas en el pliego de exigencias entregadas al Ejecutivo en el 2019. La lista da cuenta de aspiraciones del país nacional, pero también de sectores sociales específicos, veamos:


1. Renta básica de emergencia de un salario mínimo mensual por un año para 7,5 millones de hogares.
2. Gratuidad universal de la educación superior pública.
3. Fortalecimiento de la red pública de salud.
4. Apoyo a la reactivación económica de la pequeña y mediana industria y la generación de empleo.
5. Apoyo para la reactivación del sector agropecuario.
6. Derogatoria del decreto 1174, de 2020, sobre el piso de protección social.
7. Acciones de promoción, prevención y capacitación para luchar contra las violencias basadas en el género.
8. Garantías para el ejercicio del derecho a la protesta pacífica.
9. Reforma al estatuto de juventud, para hacer más eficaz su participación política.
10. Reforma de la Policía.


Esta iniciativa, en todo caso, deja en el aire dos aspectos que le corresponde dilucidar al activismo en general, como en particular al CNP: 1. ¿Por qué acudir al Congreso a tramitar unas demandas que desde ya se sabe no serán avaladas, y si encuentran algún eco serán reivindicadas como de la cosecha oficial. Con una inquietud más, ¿Por qué acudir a una de las instituciones más desprestigiadas del país, con la cual la sociedad no tiene empatía y sí desconfianza, para buscarle apoyo a este decálogo? ¿Al así proceder no se aportaría a su legitimidad? O será que alguién cree que “[…] ustedes –los congresistas– están convocados por la historia para ser los voceros de un país en plena transformación”, como lo afirmó Duque en la instalación de la nueva legislatura, agregando que este gobierno sordo sí escucha las “voces de la calle”.


Pero, la mismo tiempo, inquieta que otras reivindicaciones de especial afecto para las mayorías nacionales no estén allí recogidas, reivindicaciones que una y otra vez estuvieron presenten en la protesta social: el servicio público de transporte, su propiedad, tarifas y calidad; la privatización de las autopistas nacionales, uso que tiene que pagar quienes las transitan vía peajes; funcionamiento del sistema financiero, por retomar algunos temas fundamentales para las mayorías.

Las voces

Los reportes llegados desde distintos puntos del país indican que las principales manifestaciones de protesta alcanzaron realce en Bucaramanga, Cali, Medellín, Bogotá, Popayán, Barranquilla, Pereira, Manizales, Cartagena, Montería, Valledupar. En varias de ellas la represión del Esmad propició el desorden y el ardor social, prolongado en defensa propia y en defensa del derecho a la protesta.


Represión y provocación policiva que alcanzó en Cali su mayor expresión, ciudad en la cual, en particular en el punto conocido como la Loma de la Cruz y según reporte del Canal 2, la comunidad estaba congregada de manera pacífica, con expresiones culturales, esperando la llegada de marchas procedentes desde diferentes lugares de la ciudad, cuando civiles entremezclados con la policía activaron sus armas con pretensión de asesinar. Luego el Esmad arremetió de manera demencial contra los allí reunidos, y sin reparo alguno volvieron a operar su disparador múltiple conocido como Venom, con disparos dirigidos incluso contra la humanidad de los allí congregados, evidencia de ello, como la denuncia José Alberto Tejada, director del Canal 2, un joven –de unos treinta y tantos años– al cual impactaron en su rostro, destruyendo su dentadura, pero también otro cúmulo de personas entre las cuales están sus tres “guardaespaldas”. Otros reportes confirman 19 heridos.


La pretensión, según este reportero, es la de crear condiciones política, sociales y militares para justificar la prolongación del actual gobierno más allá de su periodo constitucional. Irrespeto del derecho a la vida de los connacionales que lleva a José Alberto a pedir la cabeza de Iván Duque, “[…] que se anticipen elecciones, que la comunidad internacional presione a sus gobiernos para que no sigan vendiendo armas al colombiano…”.


Por otras fuentes también se conoce la denuncia de un joven que finalmente perdió la vida en esta desigual refriega, con una agravante: su cuerpo, secuestrado por el personal que lo atacó, aún no aparece.

Es una evidencia de represión y violencia que en otras ciudades también produjo heridos de diferente gravedad, y que según reportes oficiales también arrojó 22 personas capturas “por daño en bien ajeno, obstrucción en vía pública, daño en bien público…”.

Es un nivel de violencia y represión que permite coligar que a lo largo del final de los próximos días las protestas volverán a cubrir distintos barrios, tanto de Cali, como Popayán, Bucaramanga, Medellín, Bogotá y otras ciudades.

El ambiente de rebeldía popular y juvenil está vivo. Tal vez la concreción de la exigencia del director del Canal 2 de Cali sea el paliativo para dar respuesta a la misma.

Publicado enColombia
Duberney Capador Giraldo (derecha), exmilitar asesinado durante la operación policial por el magnicidio del presidente de Haití Jovenel Moïse.JENNY CAPADOR GIRALDO / Reuters

Para su familia, él solo recibió una oferta laboral para prestar seguridad; la policía colombiana asegura que sabía que iban a matar a Jovenel Moïse en Puerto Príncipe

 

Cada detalle revelado en Colombia o en Haití separa aún más las imágenes que existen sobre el exsargento Duberney Capador: de un lado, la de un hombre dedicado al campo, que pasaba su tiempo entre gallinas y ganado junto a su madre, como lo recuerda su familia; por otro, la del reclutador y cerebro de los 24 exmilitares señalados por el magnicidio del presidente haitiano, Jovenel Moïse, el 7 de julio pasado en Puerto Príncipe.

Capador es uno de los tres colombianos muertos en el operativo de captura de los magnicidas. Según el director de la policía de Colombia, el general Jorge Luis Vargas, sabía que el viaje a Haití no era para arrestar a Moïse, como asegura el resto de los detenidos, sino para asesinarlo. “Sabemos que los ciudadanos colombianos Germán Rivera y Duberney Capador participaron en la planeación y organización de lo que inicialmente era una supuesta operación de arresto del presidente de Haití y, para ello, contactaron a más personas en nuestro país”, explicó Vargas.

Desde Armenia, un departamento a 300 kilómetros de Bogotá, Yenny Capador, se rehúsa a creer el destino de su hermano Duberney. “Me dijo que lo contrataron de una empresa de seguridad para trabajar en Haití. Desde que salió del Ejército estaba dedicado al campo y a nuestra mamá”, asegura. La mujer dice que habló con Capador el miércoles a las 6.30 de la mañana, casi cinco horas después del asesinato de Moïse. “Me dijo que las cosas se estaban complicando, que habían llegado tarde a lo que ellos iban a hacer, que estaban acorralados y que les disparaban. Hablamos todo el día hasta las 17.50”, asegura.

Poco se sabe de la muerte del exmilitar. Algunas versiones indican que fue abatido en una casa donde se refugió con varios integrantes del comando. Algunos de los hoy capturados se escondieron en la embajada de Taiwán. Él, según le narró a su hermana, se escondía en una casa y “estaba negociando su salida”, cuenta Yenny Capador a EL PAÍS. En una de sus últimas comunicaciones, el exmilitar le habría preguntado a su hermana si había visto las noticias y le rogó que no le dijera nada a su madre. Después, la mujer le envió mensajes a las 19.00 y 20.00 horas y a las 3.00 de la madrugada, pero no tuvo respuesta. “Su celular estuvo activo hasta las 18.53”, cuenta la hermana.

Capador nació en Génova, un municipio del eje cafetero colombiano, en una familia humilde de cinco hermanos. Se había vinculado a las fuerzas militares durante el terremoto que sacudió a varios poblados de esa región, en 1999, y pidió su retiro en 2019. Según su hoja de vida llegó a ser sargento viceprimero e hizo parte de la unidad de operaciones especiales antiterroristas urbanas.

Su hermana asegura que tenía entrenamiento en paracaidismo, contraguerrilla y había hecho un curso de Derechos Humanos en Estados Unidos. Precisamente esta semana, el Pentágono confirmó que un grupo reducido de los sicarios había recibido formación en ese país, algo habitual para las fuerzas militares a las tropas colombianas.

Tras dejar el Ejército, Capador comenzó a recibir su pensión (que usualmente oscila entre 300 y 400 euros) y, según su hermana, pasó los últimos meses de vida “metiendo carpetas con su hoja de vida para trabajar en empresas de seguridad”. Mientras recibía alguna respuesta, Capador volvió a casa de su madre para trabajar en el campo. En abril, durante la Semana Santa, le informó a la familia que se iba a trabajar a Haití con una empresa de seguridad con un contrato de dos años, a cambio de 2.700 dólares de salario.

Sin embargo, para la policía colombiana, Capador fue clave en el reclutamiento de los exmilitares y uno de los que tenía contacto directo con la empresa CTU Security, con base en Miami. Así lo evidenciaron los chats que mostraron algunos exsoldados convocados que no alcanzaron a viajar. “Señores, ustedes ya están seleccionados, todos los que van hasta el momento, tranquilos. Aún faltan más. Estoy adelantando trabajo, estudio de seguridad. Yo los conozco a todos y conozco sus capacidades”, escribió el colombiano en el grupo de WhatsApp, llamado Esfuerzo Principal, en el que se hacía llamar ‘Don Manuel Capador’.

El ex suboficial había pasado por distintas bases militares, como las de Tolemaida (Cundinamarca), o la Brigada 30 del Ejército en Chiquinquirá (Boyacá). En esta última habría hecho la mayoría de los contactos con exmilitares. Muchos de ellos contaron que confiaban en él y que por eso aceptaron la oferta laboral. En uno de los audios enviados al grupo Esfuerzo Especial se oye la voz de Capador pidiendo a sus reclutas que especificasen en detalles sus habilidades. “No se trata solo de decir soy fusilero. Si usted se desempeñó en acción directa, en combate cercano, reconocimiento especial, es tirador de alta precisión, es rastreador, puntero, contrapuntero, es experto en inteligencia, eso es lo que necesito que pongan ahí”, les dijo.

En ese mismo chat revela al grupo que ya estaba en Haití. También revelaba a sus compañeros que viajarían a Puerto Príncipe a prestar la seguridad del presidente Moïse. Les decía que todo lo pagaría la empresa CTU y que, ni bien fueran seleccionados, tendrían solo dos días para estar listos y viajar. Algunos no lo lograron y se quedaron con la maleta lista

Capador invitó “a sus soldados”

Sobre eso, su hermana confirma que él “invitó a sus soldados”. “Me dijo: ‘Me voy a ir, pero quiero que mis amigos se beneficien también de la oferta laboral”. Para las autoridades colombianas, él y un puñado de sus hombres sabían que el trabajo era asesinar al presidente haitiano; el resto habría viajado engañado.

El rol de Capador, a quien varios de sus conocidos describen como un hombre discreto, se ha ido conociendo a cuentagotas. Hoy es considerado uno de los cerebros del atentado que ha sacudido el país caribeño. Capador y el excapitán Germán Rivera habían sido informados de que arrestarían al presidente Moïse, habrían tenido reuniones con dirigentes políticos haitianos y, tras una nueva reunión, recibieron una nueva orden: cometer el magnicidio.

En Quindío, sin embargo, su familia y sus dos hijos de 19 y 13 años lo consideran un hombre honrado. “No sé qué pasó. Espero que las investigaciones nos den claridad, porque mi hermano era honorable”, dice su hermana. Luego pide al Gobierno colombiano que le ayude a repatriar el cadáver.

Por Catalina Oquendo

Bogotá - 19 jul 2021 - 20:19 CEST

Publicado enColombia
El general Jorge Luis Vargas.

 

Uno de los detenidos recibió dinero desde Estados Unidos

El Pentágono reconoció que algunos de los acusados por el asesinato recibieron entrenamiento militar en EE.UU. mientras formaban parte de las Fuerzas Armadas de Colombia.

 

La policía colombiana reveló este jueves que uno de los detenidos, el exagente del ejército de Colombia, Germán Rivera, recibió dinero desde Estados Unidos para organizar el viaje de las personas que ingresaron a la residencia y mataron al presidente Jovenel Moïse el pasado siete de julio. Hasta el momento, la Policía de Haití arrestó a 23 personas por el magnicidio, 18 de ellas colombianas y cinco estadounidenses de origen haitiano, mientras otras seis tienen orden de captura.

"Dentro del análisis y la información recibida, se tiene un aproximado de 50.000 dólares que recibió Germán Rivera desde los Estados Unidos", afirmó a la prensa el director de la Policía de Colombia, el general Jorge Luis Vargas, quien aclaró que su oficina aún investiga el uso de este dinero. Vargas añadió que las autoridades de Haití le “están pidiendo la identificación de tres personas más que habrían estado con el grupo de los colombianos que participaron en este homicidio”.

Vargas además confirmó que Rivera, junto al exmilitar Duberney Capador, abatido por la policía en Puerto Príncipe "fueron las personas que, de acuerdo con la información que está siendo manejada en Haití, planearon y organizaron la supuesta operación de arresto para llegar a la casa del presidente".

Reunión en República Dominicana

En Haití, el jefe de la policía, Léon Charles, recientemente afirmó que el asesinato de Moïse fue urdido desde República Dominicana. Una fotografía donde se lo ve al exsenador Joel John Joseph, uno de los sospechosos actualmente prófugo de la justicia, participando en una reunión en el país fronterizo. "Estaban reunidos en un hotel de Santo Domingo. Alrededor de la mesa están los autores intelectuales, un grupo de reclutamiento técnico y un grupo de recaudación de fondos", dijo Charles a la prensa.

"Algunas de las personas en la foto ya fueron detenidas. Es el caso del doctor Christian Emmanuel Sanon, James Solages. Este último había coordinado con la empresa de seguridad venezolana CTU Security, con sede en Miami", añadió el titular de la policía haitiana. En la imagen también aparece Antonio Emmanuel Intriago Valera, dueño de CTU, así como el titular de la firma Worldwide Capital Lending Group, Walter Veintemilla, empresa objeto de investigación pues "habría recaudado fondos para financiar" el magnicidio, dijo Charles.

"Había un grupo de cuatro (mercenarios) que ya estaban en el país. Los demás ingresaron el 6 de junio. Pasaron por República Dominicana. Nosotros rastreamos la tarjeta de crédito que se utilizó para comprar los boletos", indicó. "Son exsoldados de las fuerzas especiales de Colombia. Son expertos, criminales. Esta es una operación bien planificada", afirmó el jefe policial de Haití.

La policía colombiana identificó 19 pasajes de avión que se compraron con una tarjeta de crédito vinculada a la empresa CTU, Vargas además confirmó que el propietario de la firma, Intriago Valera, es de nacionalidad venezolana.

Tres nuevos fugitivos

Además, la policía de Haití señaló a tres nuevos sospechosos del asesinato de Moïse, los tres hombres se encuentran entre los cinco fugitivos identificados por las autoridades caribeñas. Según informó el diario estadounidense The Washington Post, uno de ellos es John Joël Joseph, político haitiano opositor al partido de Moïse. El año pasado Joseph había publicado un video en Youtube en el que comparaba al presidente con el coronavirus. “La inseguridad ha infectado a todos los haitianos", afirmó.

El segundo sospechoso es Joseph Feliz Badio, un exfuncionario del ministerio de Justicia de Haití que se unió a la unidad anticorrupción en marzo de 2013 y fue separado de su cargo en mayo de ese mismo año por “graves infracciones” de normas éticas. "Este acto vil es una afrenta a nuestra democracia", dijo la unidad en un comunicado el martes. "Los autores, coautores y cómplices deben ser perseguidos, investigados y castigados con el máximo rigor".

La tercera persona señalada por las autoridades haitianas es Rodolphe Jaar, un ciudadano haitiano que en 2013 fue acusado en un tribunal federal del sur de Florida por conspirar para introducir cocaína a Estados Unidos desde Colombia y Venezuela a través de Haití. Jaar, conocido como Whiskey, se declaró culpable y fue condenado a casi cuatro años de prisión, según registros judiciales. Según el matutino estadounidense, en la audiencia de sentencia en 2015, el abogado de Jaar dijo al tribunal que su cliente había sido una fuente confidencial para el gobierno de EE.UU. durante varios años antes de ser acusado. Además, Jaar aceptó cooperar con las autoridades federales.

Entrenamiento en EE.UU.

Desde el Pentágono revelaron información sobre el vínculo de Estados Unidos con el comando que cometió el magnicidio en Haití. "Una revisión de nuestras bases de datos de entrenamiento indica que un pequeño número de los individuos colombianos detenidos como parte de esta investigación habían participado en programas de entrenamiento y educación militar de Estados Unidos en el pasado, mientras servían como miembros activos de las Fuerzas Militares de Colombia", dijo el teniente coronel Ken Hoffman, un portavoz del Pentágono, en una declaración a The Washington Post. Hoffman, sin embargo, no confirmó cuántos hombres recibieron el entrenamiento y tampoco en qué consistió el mismo.

Publicado enInternacional
Una ola de disturbios y saqueos jaquea a Sudáfrica

Al menos 72 muertos se contabilizan en seis días de estallido

Los incidentes se iniciaron tras la detención del expresidente Jacob Zuma, condenado a 15 meses de cárcel por desacato a la justicia. El hecho alimentó el malestar social frente a la pobreza, el desempleo y el impacto del coronavirus.

 

La oleada de disturbios y saqueos masivos que sufre Sudáfrica desde la semana pasada, con niveles de vandalismo inéditos en la historia democrática del país, acumula ya 72 muertos. Los incidentes continuaban el miércoles en algunos puntos de Sudáfrica a pesar de las intervenciones de la policía y el ejército, que intentan hallar a los instigadores. La escasez de alimentos y combustible empezó a amenazar a la nación africana tras el sexto día de una ola de violencia que tuvo su inicio tras la detención del expresidente Jacob Zuma, condenado a 15 meses de prisión firme por desacato a la justicia. Ese hecho alimentó el malestar de la sociedad frente a los elevados niveles de pobreza y desempleo, y la gestión gubernamental de la pandemia de covid-19.

Saqueos, incendios y justicia por mano propia

De acuerdo al último balance oficial difundido por la policía, el total de víctimas fatales por los disturbios y saqueos ocurridos desde el pasado viernes asciende a 72, mientras que los detenidos ya son 1.234. El miércoles, aunque más reducidos que en jornadas previas, todavía se registraban incidentes en algunos puntos de las dos regiones más afectadas por la ola de violencia, que son la oriental provincia de KwaZulu-Natal y la provincia de Gauteng, donde se encuentran Johannesburgo y Pretoria. 

La policía, completamente desbordada, tuvo que recibir el apoyo de 2.500 efectivos del Ejército y el miércoles, tras seis jornadas de escalada de la violencia, esa presencia se dobló hasta 5.000 soldados. Además la fuerza de seguridad indicó que están investigando cada una de las muertes, en principio relacionadas con las estampidas producto de los saqueos, pero también por explosiones, incendios y disparos.

"Estamos apretando el acelerador para que lo que ha pasado no vaya a más en términos de destrucción", prometió el ministro de Seguridad sudafricano, Bheki Cele, en declaraciones a los medios durante una visita a un centro comercial devastado en el distrito de Mamelodi, a las afueras de Pretoria. El alto funcionario sostuvo la hipótesis de que "el crimen organizado podría estar escondiéndose detrás del hambre y los problemas sociales de la comunidad".

Cele, quien en los últimos días fue objeto de duras críticas por la incapacidad de las fuerzas de seguridad para prever y manejar la ola de vandalismo, advirtió también que los numerosos afectados por los incidentes no deben reaccionar aplicando justicia por mano propia. En ese sentido, en el distrito de Vosloorus, al sureste de Johannesburgo, se investiga la muerte de un adolescente que habría sido asesinado por choferes de taxis informales tras ser sorprendido intentando robar un negocio.

El principal centro comercial de la región fue devastado y parcialmente incendiado, y varios cadáveres fueron hallados en el lugar. "Nos pasamos la vida sirviendo a la comunidad y mira qué sacamos a cambio. Me rompe el corazón", decía abatido Mike de Freitas, de 45 años y dueño de una carnicería que había ido a verificar los daños. En la provincia de KwaZulu-Natal, los campos de caña de azúcar fueron quemados y el ganado robado. "La gente ha saqueado las tiendas y, ahora que no tienen comida, atacarán las granjas", lamentó el director de la organización agrícola AgriSA Van der Rheede.

En la ciudad costera de Durban las tomas aéreas mostraron a cientos de personas saqueando grandes tiendas comerciales. Una mujer fue vista tirando a su bebé desde el segundo piso de un edificio para salvarlo de un incendio, luego de que los negocios del piso de abajo fueran quemados. Transeúntes pudieron recibir al bebé sano y salvo. "Todo lo que podía hacer era confiar en completos desconocidos", dijo la joven de 26 años Naledi Manyoni en diálogo con la BBC, y contó que tanto ella como su hija Melokuhle se encuentran bien.

Los extensos daños materiales aún no fueron cuantificados y se teme que en los próximos días haya problemas de suministro de alimentos y de combustible, por lo que el miércoles muchos sudafricanos hacían cola desde primera hora en supermercados y en estaciones de servicio. Además la violencia obligó a interrumpir, por ejemplo, los servicios médicos para el tratamiento de condiciones de salud crónicas, como diabetes, tuberculosis y VIH, y la aplicación de vacunas contra la covid-19.

Según el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, los incidentes son de una magnitud nunca vista en democracia, solo comparables con la convulsa transición que Sudáfrica vivió a principios de los años noventa tras el final del sistema segregacionista del apartheid. "El camino de la violencia, de los saqueos y de la anarquía sólo lleva a más violencia y devastación. Lleva a más pobreza, más desempleo y más pérdida de vidas inocentes. Esto no es lo que somos como pueblo", lamentó el lunes Ramaphosa en un mensaje a la nación.

De protestas pro-Zuma al malestar general

Jacob Zuma, de 79 años, fue un luchador contra el apartheid que pasó 10 años preso en la cárcel de Isla Robben, cerca de Ciudad del Cabo. En la Sudáfrica democrática llegó a ser vicepresidente y luego presidente, antes de ser depuesto por el gobernante Congreso Nacional Africano (CNA) en 2018 al proliferar una serie de escándalos de corrupción. Aún así, Zuma mantiene su popularidad entre muchos sudafricanos pobres, especialmente entre militantes de base del CNA que lo ven como un defensor de los marginados.

Los incidentes empezaron el viernes pasado en KwaZulu-Natal, cuna del expresidente, quien el pasado 29 de junio había sido condenado a 15 meses de cárcel por desacato judicial tras haberse negado repetidamente a declarar por una de las causas de corrupción que lo salpican. Aunque Zuma se entregó pacíficamente a las autoridades a última hora del miércoles, había estado insistiendo previamente en que era víctima de una persecución político-judicial y que la pena de prisión sería para él una "sentencia de muerte".

En ese contexto, sus simpatizantes salieron a cortar caminos como muestra de apoyo. En los días siguientes las protestas se extendieron por KwaZulu-Natal y se replicaron en otras regiones. Para el fin de semana se habían transformado ya en una caótica oleada de disturbios, que más que con motivos políticos enlazan con problemas sociales preexistentes como la extrema desigualdad, los elevados niveles de criminalidad general en el país y el descontento por la gestión de la pandemia.

15 de julio de 2021

Publicado enInternacional
Miércoles, 14 Julio 2021 06:36

Colombia: un peligro para la región

Colombia: un peligro para la región

Colombia, gracias al apoyo de los Estados Unidos no solo realiza la formación de las Fuerzas Militares que hoy ostenta el mayor número de violaciones a los derechos humanos y una simbiótica relación con grupos Paramilitares, sino que prepara así, un ejército de Matones Globalizados que obedecen al mejor postor.

El mercenarismo, otro lastre que potenció el Plan Colombia

El informe entregado a la Comisión de la Verdad “Desde el inicio hasta el final. Estados Unidos en el Conflicto Armado Colombiano” deja ver cómo la presencia del apoyo militar norteamericano ha estado asociado al incremento de acciones militares violatorias de derechos humanos, al uso de la guerra sucia, al incremento del paramilitarismo y a la formación bajo esta misma doctrina y lógica a las fuerzas militares de la región, exportando un producto esencial para la inestabilidad y la guerra sucia [FOR20].

Vale recordar que durante la década de los 60 el ejército estadounidense ya enviaba misiones y equipos de entrenamiento militar a Colombia. En 1962, por ejemplo, la misión en Colombia dirigida por el General William Yarborough, instruyó al ejército sobre la conformación de grupos mixtos de civiles y militares (paramilitares):

“Consideramos que […] debe realizarse un esfuerzo concertado por todo el Equipo del País [Colombia] a fin de seleccionar personal civil y militar con miras a un entrenamiento clandestino en operaciones de resistencia y, en la medida en que sea necesario, ejecutar actividades paramilitares, de sabotaje y/o terroristas, contra partidarios del comunismo conocidos. Los Estados Unidos deben apoyar esto’’ [Veg142].

El papel de la Escuela de las Américas (SOA) operativa entre 1946 y 2000, ha sido decisiva, en 2001 cambió de nombre por, Instituto de Cooperación para la Seguridad del Hemisferio Occidental (WHINSEC) esto, tras las innumerables denuncias documentadas ampliamente de su incidencia en la comisión de múltiples homicidios, violaciones a Derechos Humanos, fomento de estrategias de tortura, métodos criminales, etc., entre otras acciones difundidas y promovidas gracias a sus manuales de instrucción. De esta realidad da cuenta el análisis de siete manuales desclasificados que fueron usados en la SOA y distribuidos en Colombia y otros países latinoamericanos.

Más de 18.000 militares colombianos fueron entrenados en dicha escuela, incluyendo más de 1.300 durante 1965-1976 y 4.000 durante 1982-1991, los períodos en que el Pentágono ha reconocido que los manuales o contenido similar estuvieron en uso en la escuela [Sch20].

A finales de los años 90, hace su presencia el Plan Colombia devenido de este un contexto de militarización y doctrina del enemigo interno, una estrategia con la que EE.UU aumenta su presencia (entrenamiento, asesores, tecnología) interviniendo directamente en el conflicto armado colombiano.

El investigador John Lindsay-Poland en su libro Plan Colombia: Atrocidades, aliados de Estados Unidos y activismo comunitario, referencia que: “entre 2000 y 2010, Estados Unidos financió el entrenamiento militar de 77.276 colombianos La mayoría de los oficiales del ejército colombiano” (Lindsay-Poland, 2020). En esta etapa, el enemigo interno se amplía a las organizaciones sociales, populares, étnicas, comunitarias.

Ahora bien, existe un claro patrón de conducta derivada de esta formación y política militar norteamericana:

  • Militares formados en la SOA y WHINSEC vinculados con graves violaciones de derechos humanos.
  • Militares y policías vinculados con graves violaciones de derechos humanos.
  • Militares violadores de derechos humanos protegidos y hasta ascendidos, premiados, por sus vínculos con la SOA WHINSEC, u otras escuelas militares de los Estados Unidos, promoviendo así, la impunidad y generando un mensaje como ejemplo a seguir [FOR20].
  • Muchos de los violadores de derechos humanos más destacados en América Latina fueron entrenados por SOA – WHINSEC [Sch19].

Vale señalar este ejemplo: de los veintiún instructores colombianos en WHINSEC entre 2001-2003 y de los ocho oficiales colombianos que tomaron el importante curso de comando y estado mayor en el mismo periodo, se resalta que:

De los veinticinco instructores y graduados colombianos de WHINSEC sobre quienes hay información posterior disponible, doce de ellos, esto es, el 48%, fueron acusados de un delito grave o comandaron unidades cuyos miembros, según informes, habían cometido múltiples ejecuciones extrajudiciales después del período del oficial en WHINSEC. Para determinar si este porcentaje de oficiales colombianos implicados en violaciones o que tenían bajo su mando unidades acusadas de cometer múltiples ejecuciones era desproporcionado, examiné una muestra aleatoria de veinticinco oficiales de aproximadamente el mismo período, con la misma combinación de rango y rama militar que los instructores y egresados de WHINSEC. De estos veinticinco, cuatro dirigieron unidades con múltiples presuntas ejecuciones extrajudiciales bajo su mando. Otros tres lideraron unidades con una sola ejecución cometida bajo su mando. ¿Cómo es que pudo haber ocurrido todo eso? (Lindsay Poland, 2020, p 383-385).

Todo este contexto le deja muy buenos resultados a las empresas de seguridad de Estados Unidos que han presionado en su país la aprobación de apoyos militares y políticas de intervención como el Plan Colombia con todo y sus complejidades, como la empresa Lockheed que produce la aeronave de radar P-3, empresas fabricantes de helicópteros Sikorsky Aircraft Corporation y Bell Textron, entre otras, y también el sector extractivo, la Asociación Empresarial EE.UU.-Colombia compuesta por once compañías multinacionales, La Occidental Oil y un largo etcétera [FOR20], y lógico, entre estos negocios se encuentra uno muy lucrativo por todo el mercado que gira de manera directa e indirecta: el mercado y tráfico de drogas.

Estas estrategias de formación militar bajo la doctrina del enemigo interno, enfocado en el resultado y de aplicación de toda forma de terror incluyendo la más delirante psicología de guerra y manipulación a todo nivel, ha echado raíces en Colombia como su alumno avanzado, nada más estudiar a fondo el caso Falsos Positivos cuyo concepto da cuenta de una manera de hacer política exterior y política nacional, hacer de la guerra sucia, la mentira, la manipulación y el crimen su mayor fortaleza [Roj202].

Ahora bien, junto al interés empresarial está el interés político de control de la región a favor de dichos intereses, es así que hoy desde Colombia se viene preparando dicha asistencia militar para el control regional que incluye la creación funcional de una constante inestabilidad regional a la medida de intereses económicos y políticos, como un producto de exportación.

Colombia así, exporta formalmente entrenamiento militar a otros países [Lin20] y a la par brinda servicios a empresas privadas en calidad de mercenarios, el paquete completo y a bajo costo.

El general Kelly, excomandante del Comando Sur de los EEUU, en el año 2014 sugería que los EUA utilizara a las fuerzas de seguridad colombianas para entrenar a terceros países precisamente para evitar restricciones de derechos humanos.

No nos estamos enfocando de la misma manera en países que están, hoy, muy cerca de ir al límite, donde estaba Colombia en los 90. Están a solo unos centímetros de caer por el precipicio. Sin embargo, estamos restringidos de trabajar con ellos, por pasados – ‘pecados’, en los 80. La belleza de tener una Colombia – son tan buenos socios, particularmente en el ámbito militar, son tan buenos socios con nosotros. Cuando les pedimos que vayan a otro lugar y capaciten a los mexicanos, hondureños, guatemaltecos, los panameños, lo harán casi sin pedirlo. Y lo harán solos. Están muy agradecidos de lo que hicimos por ellos. Y lo que hicimos por ellos fue, de verdad, animarlos por 20 años y ellos han hecho un trabajo magnífico. Pero es por eso que es importante que se vayan ellos, porque yo, al menos en el lado militar, estoy restringido de trabajar con algunos de estos países debido a limitaciones que se basan realmente en pecados pasados. Y lo dejaré así [Sec14].

Hoy notamos el aumento de ese proceso de exportación de prácticas violatorias de derechos humanos de las fuerzas de seguridad colombianas a la región, generando esa funcional inestabilidad.

Es así que, en el marco del Plan de Acción Estados Unidos-Colombia para la Seguridad Regional (USCAP), entre 2013 y 2017, Colombia entrenó: 17.000 efectivos de Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y la República Dominicana. En el 2011, 7.000 mexicanos habían recibido entrenamiento por colombianos con financiamiento de los EUA. Destaca la formación de la policía colombiana, con el apoyo de los EUA, a los TIGRES de Honduras, estructura policial implicada en la brutal represión a las protestas masivas que se sucedieron tras el fraude en las elecciones de noviembre 2017 [FOR20].

Un exacerbado extractivismo de muerte

Después de los 90 luego de la caída del muro de Berlín, se crean ejércitos privados para liberar guerras en las que los Estados no quieren verse directamente implicados saltando exigencias del Derecho Internacional Humanitario, de Derechos Humanos, escándalos, crisis diplomáticas e impacto en futuras elecciones para personas y grupos de interés. No han sido pocos los escándalos de empresas como: G4S, DynCorp, Blackwater, entre otras, por gestar dolor, sufrimiento y destrucción de la base social, son múltiples los bombardeos, asesinatos, ejecuciones masivas, exterminios, etcétera a su favor.

En los años 2000, en el marco del Plan Colombia, soldados y policías comenzaron a ser entrenados por estas empresas que llegaron al país a brindar entrenamiento en inteligencia, seguridad, contrainteligencia y operaciones antinarcóticos, entre otras. Una vez se intensificó la guerra contra el terrorismo en Irak y Afganistán, luego del ataque contra las Torres Gemelas (2001), estas empresas decidieron recurrir a mano de obra colombiana, porque era más barata que contratar a exmilitares estadounidenses. Por unos miles de dólares se los llevaban con unos contratos poco claros que terminaron poniéndolos en el campo de batalla cuando la promesa había sido solo hacer tareas de vigilancia [ElE213].

En Irak, Libia, Afganistán, Yemen e incluso en la lucha contra el Estado Islámico se ha constatado la presencia de exmilitares colombianos contratados por empresas de seguridad privadas.

Tabla 1: Algunos casos de presencia de exmilitares en guerras externas.

País

Año

Descripción

Irak

2006

El 23 de agosto, la BBC, y varios medios locales, informaron que unos 35 exsoldados colombianos se quejaron de haber sido engañados por una compañía que los contrató en Bogotá para brindar servicios de seguridad en Irak.

Emiratos Árabes

2011

El 14 de mayo el New York Times informó que un avión que transportaba a decenas de colombianos aterrizó en Emiratos Árabes, habrían entrado a la región haciéndose pasar por trabajadores de la construcción. “De hecho, eran soldados de un ejército mercenario secreto liderado por Estados Unidos que estaba construyendo Erik Prince, el multimillonario fundador de Blackwater Worldwide” “Tales tropas podrían desplegarse si los Emiratos se enfrentaran a disturbios en sus abarrotados campos de trabajo o si fueran desafiados por protestas a favor de la democracia”, informó el Times.

  

La BBC informó en ese año que una firma que se hacía llamar Thor reclutaba por Internet soldados, suboficiales y oficiales de las Fuerzas Militares, entre 25 y 45 años de edad, que estuvieran interesados en prestar servicios de seguridad en el exterior.

Yemen

2015

El 25 de noviembre, la prensa estadounidense informó que Emiratos Árabes envió en secreto a cientos de mercenarios colombianos a Yemen para luchar en el conflicto de ese país. “Es el primer despliegue de combate para un ejército extranjero que los Emiratos han construido silenciosamente en el desierto durante los últimos cinco años, según varias personas involucradas actualmente o anteriormente en el proyecto”, informó el Times.

Fuente: elaboración propia con datos de [Ret21]

En Libia (2011) la prensa relacionó que en la invasión que terminó con el cruento asesinato por mercenarios de Maumar el Gadaffi, se reportó que “ebeldes ejecutaron a mercenarios, entre ellos 10 colombianos. «Los que no murieron en la batalla, fueron condenados de inmediato. Una bala en la cabeza y adiós. Eran asesinos, carniceros, no un grupo de soldados, eran hombres sin alma que mataban por dinero», sostuvo la fuente [Chi11].

Afirma Andrés Macías, investigador del CIPE, de la Universidad Externado de Colombia:

Hay una convención de Naciones Unidas que criminaliza el reclutamiento, utilización, financiación y entrenamiento de mercenarios (1989”, pero Colombia y muchos países no la han firmado, dejando un terreno fértil para que estas empresas contraten mercenarios, de acuerdo con la definición legal individuos reclutados para participar en un conflicto o un acto de violencia como derrocar un gobierno o socavar la integridad territorial de un Estado a cambio de una retribución material [ElE213].

En la región se evidencian hoy escándalos de militares implicados de manera directa o a modo de contratistas, en las redes logísticas y de protección de intereses norteamericanos en alianza con grandes carteles de la droga, paramilitarismo y sectores políticos altamente corruptos, es un fenómeno ya constante.

Vale recordar un caso emblemático y famoso del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) desmantelado ante los grandes escándalos de corrupción, tráfico de drogas, apoyo al paramilitarismo, asesinato de líderes sociales, la planeación e intento frustrado de asesinato del entonces Presidente de Venezuela Hugo Chávez, entre otras [Cep09].

Los ataques desde Colombia a Venezuela son constantes por medio de comandos tipo mercenarios, paramilitares y narcotraficantes, a la par de una política exterior basada en engaños y agresiones hacia el vecino país, también contra Cuba, ataques a los que se suman el Gobierno, su partido y los medios de cobertura nacional.

Se gestan así redes en alianza con Estados Unidos por medio de empresas de seguridad para atacar, intervenir y desestabilizar, es el caso de la Operación Gedeón cuyo objetivo era el de secuestrar y/o asesinar al presidente Nicolás Maduro, acción gestada con apoyos desde Colombia y según la declaración del Militar Venezolano en retiro Mayor General Cliver Alcalá quien lideró este ataque y que en entrevista al medio Nacional La W confirmó la articulación para tales fines entre altos funcionarios Colombianos, asesores norteamericanos, funcionarios Venezolanos, el liderazgo del ciudadano Venezolano Juan Gauidó, el asesor JJ Rendón y al apoyo de narcos en Colombia así, se entrenó y gestó toda esta operación, afirmó demás que de esto tenía pleno conocimiento de la Agencia Nacional de Inteligencia (antes DAS), a tal punto que el General en cuestión vivía en Barranquilla y desde allí montó y proyectó este plan [LaW201]. Luego de fracasada esta operación y de la captura de varios mercenarios por el gobierno de Venezuela, se supo de la vinculación incluso de la empresa de seguridad Norteamericana Sylvercorp y de nuevo se reafirma la participación del Gobierno de Colombia [Par201].

Estas incursiones siguen realizándose de manera reiterada, como es el caso de la llamada Operación Cacique Guaicaipuro realizada en la Cota 905 (julio de 2021) y que neutralizó una nueva incursión armada contra Venezuela, allí fueron capturados paramilitares de Colombia con abundante y potente armamento colombiano y norteamericano, el objetivo desestabilizar el Gobierno y a la par ampliar las rutas del narcotráfico de Colombia desde Venezuela, detalles emitido en declaraciones de la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez.

Rodríguez recordó que previo a los sucesos registrados en Caracas, el jefe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EEUU, William Burns, visitó Colombia y Brasil. La funcionaria manifestó que el presidente Nicolás Maduro había denunciado que la CIA y el Comando Sur de EEUU preparaban un plan contra Venezuela [Spu21].

En simultánea a este hecho, ocurre el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en Haití, en donde se hace pública la supuesta participación de 26 colombianos.

Son 26 los colombianos que estarían presuntamente implicados en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, de los cuales 18 fueron capturados por vecinos y la Policía Nacional haitiana, mientras que tres fueron abatidos y cinco continuaban prófugos según fuentes oficiales [Spu211].

Ahora bien, se hace más delicado aún porque no todos se reportan como exmilitares, sino que 6 se referencian como militares activos, lo que complejiza aún más la situación y deja mal parado al gobierno de Colombia.

Con relación de la infiltración de militares de Colombia aseguró que es novedosa y grave porque han confirmado que «se trataría por lo menos en el caso de 6 de ellos, ya no de militares retirados como afirmó el ministro de defensa, Diego Molano, sino incluso de militares activos y 2 de ellos con el rango de Sargentos en las Fuerzas armadas colombianas».

Por su parte, es pública la noticia que la policía de Colombia asesoraba a Haití sobre cómo afrontar la crisis de los secuestros, allí un grupo de oficiales se encargó en terreno, del análisis de marzo a mayo de 2021 [Mar21] y según avanza la investigación los capturados ingresaron al país en el mes de mayo.

De los militares o exmilitares detenidos en Haití se encuentran casos particulares, por ejemplo, Francisco Eladio Uribe quien tiene cuentas pendientes ante el organismo de justicia transicional de Colombia -JEP- por su participación en ejecuciones extrajudiciales de civiles (falsos positivos) la pregunta es cómo logra que la Cancillería le otorgue pasaporte y Migración le concede permiso para salir del país.

Así mismo otro de los militares o exmilitares detenidos Manuel Antonio Groso Guarín es primo de Rafael Guarín Cotrino, consejero presidencial para la Seguridad Nacional de Colombia, quien negó conocer a su familiar luego de hacerse pública la noticia [Por21].

La información fluye muy rápido, los niveles de confusión mediática tal vez como estrategia de distracción también, ya se sabe de la Participación de la empresa de seguridad CTU con sede en Miami, desde donde se gestó el reclutamiento de algunos militares implicados, capturados, dicha empresa es dirigida por Antonio Intriago de nacionalidad venezolana, opositor y cercano al ciudadano Juan Guaidó, una empresa registrada en el año 2019, también está relacionado con otras empresas de seguridad de la Florida: la Academia Federal de la Unidad Contra el Terrorismo, el Consejo Nacional Venezolano Americano y Doral Food.

La pregunta sigue siendo ¿quiénes están detrás de los mercenarios que mataron al presidente y cuales los intereses que se tejen internacionales y nacionales allí?

Existen muchos intereses entrecruzados, como dice un dicho popular: si hay un muerto, sigue la ruta del dinero. Intereses de todo orden, desde reforma del sector eléctrico del país, la relación estrecha con Venezuela en temas de envío de petróleo a bajo costo, el interés de EE.UU. de mantener vigilado y bloqueado a Venezuela, petróleo que es un importante sector de la resquebrajada economía del país, los contratos a través de ayuda internacional ONGs que suma un gran porcentaje del producto interno bruto, y terminan siendo sectores más poderosos que el mismo Estado, acá un dato particular, el ciudadano norteamericano James Solages uno de los capturados y sindicados del asesinato del presidente de Haití, fue jefe de guardaespaldas de la embajada de Canadá en Puerto Príncipe, director de la ONG Save the Children, con sede en La Florida, Estados Unidos, a estos intereses se suma el narcotráfico, el mercado ilegal de armas, entre otras [Sga21].

En últimas, es lamentable lo bajo e indigno que ha caído la Fuerza Pública de Colombia, al punto que la han llevado los Gobiernos recientes y el actual, acabando con su soberanía, denigrando y mancillando su honor, destruyendo todo atisbo de ética, haciendo trizas su lealtad constitucional, reduciéndoles a un grupo de matones a sueldo al servicio de intereses mercantiles y políticas mezquinas a favor de extranjeros o de reducidos grupos de interés, movidos solo por el fin de lucro, sin consciencia alguna, mercenarios a sueldo.

Es necesario un cambio profundo en la estructura, doctrina y formación de la fuerza, gestar desde la misma sociedad cambios reales, propender por elegir líderes guiados por el bien común, articular bloques regionales que detenga esta estrategia global que utiliza a Colombia como plataforma de guerra sucia, fortalecer la articulación de medios alternativos que rompan el cerco mediático y la articulación de centros de investigación autónomos a modo de centros de pensamientos desde abajo, que puedan ahondar en estos fenómenos y tracen apuestas de cambio.

Por ahora Colombia fue transformada en un riesgo para América Latina exportando lo que más sabe crear, grupos mercenarios, paramilitares vendidos al mejor postor.

 

Referencias bibliográficas

Cepeda Castro, I. (5 de septiembre de 2009). El Cartel de las Tres Letras. Obtenido de El Espectador: https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/ivan-cepeda-castro/el-cartel-de-las-tres-letras-column-159754/

Chicago Tribune. (13 de septiembre de 2011). Libia: Rebeldes ejecutaron a mercenarios, entre ellos 10 colombianos, dice diario. AI pide a insurgencia parar abusos. Obtenido de Chicago Tribune: https://www.chicagotribune.com/hoy/ct-hoy-8030591-libia-rebeldes-ejecutaron-a-mercenarios-entre-ellos-10-colombianos-dice-diario-ai-pide-a-insurgencia-parar-abusos-story.html

El Espectador. (9 de julio de 2021). La huella de los mercenarios colombianos en guerras ajenas. Obtenido de El Espectador: https://www.elespectador.com/mundo/america/la-huella-de-los-mercenarios-colombianos-en-guerras-ajenas/

El Espectador. (9 de julio de 2021). Los escándalos que involucran a mercenarios colombianos en el mundo. Obtenido de El Espectador: https://www.elespectador.com/mundo/america/los-escandalos-que-involucran-a-mercenarios-colombianos-en-el-mundo/

FOR, SISCAL, SOA WATCH. (7 de octubre de 2020). Desde el inicio hasta el final. Estados Unidos en el Conflicto Armado Colombiano. Obtenido de Kavilando: https://kavilando.org/lineas-kavilando/conflicto-social-y-paz/8049-desde-el-inicio-hasta-el-final-estados-unidos-en-el-conflicto-armado-colombiano

Insuasty Rodríguez, A. (2017). ¿De qué hablamos cuando nos referimos al paramilitarismo? El Ágora USB, 17(2), 338-352. Obtenido de http://www.scielo.org.co/pdf/agor/v17n2/1657-8031-agor-17-02-00338.pdf

LaW. (19 de noviembre de 2020). Mayor General Cliver Alcalá confiesa que Güaidó compró armas para golpe de estado. Obtenido de LaW: https://www.youtube.com/watch?v=aaLxgzAt-OU

Lindsay Poland, J. (10 de julio de 2020). Plan Colombia y Doctrina Militar. Obtenido de Radio Kavilando: https://kavilando.org/lineas-kavilando/observatorio-k/7860-radio-kavilando-plan-colombia-y-doctrina-militar

Lindsay-Poland, J. (2020). Plan Colombia: Atrocidades, aliados de Estados Unidos y activismo comunitario”. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario. doi:https://doi.org/10.12804/tp9789587844412 7

Marsh, S. (19 de mayo de 2021). La policía de Colombia asesora a Haití sobre cómo afrontar la crisis de los secuestros. Obtenido de Reuters: https://www.reuters.com/world/americas/colombias-police-advises-haiti-tackling-kidnapping-crisis-2021-05-19/

Mesa Duque, N., & Insuasty Rodríguez, A. (19 de septiembre de 2019). ¿El Falso Positivo como política que marca las relaciones internacionales de Colombia? Obtenido de Kavilando: https://www.kavilando.org/lineas-kavilando/observatorio-k/7209-el-falso-positivo-como-politica-que-marca-las-relaciones-internacionales-de-colombia

Pardo , D. (10 de mayo de 2020). Silvercorp: qué se sabe de la compañía de seguridad de EE.UU. detrás del fallido intento de «golpe privado» contra Maduro en Venezuela. Obtenido de BBC: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52603172

Portafolio. (9 de julio de 2021). Involucrado en asesinato en Haití es primo de funcionario del Gobierno. Obtenido de Portafolio: https://www.portafolio.co/economia/gobierno/asesinato-presidente-de-haiti-senalado-es-primo-de-rafael-guarin-cotrino-funcionario-del-gobierno-553858

Rojas Bolaños, O., Insuasty Rodríguez , A., Mesa Duque , N., Zuluaga Cometa, H., & Valencia Grajales, J. F. (2020). Teoría social del Falso Positivo. Manipulación y Guerra. Medellín: Universidad Autónoma Latinoamericana. Obtenido de https://www.kavilando.org/lineas-kavilando/observatorio-k/8051-teoria-social-del-falso-positivo-manipulacion-y-guerra-libro

Rulli, J. (2015). Globalización, colonialidades y nuevas legitimaciones. Ocho temas para un debate imprescindible. Revista Kavilando, 7(2), 121-125. Recuperado a partir de https://www.kavilando.org/revista/index.php/kavilando/article/view/44

School of Americas Watch. (3 de junio de 2019). School of Americas Watch, “Most Notorious SOA Graduates. Obtenido de School of Americas Watch: https://soaw.org/notorious-soa-graduates/

School of Americas Watch. (3 de octubre de 2020). School of Americas Watch, Base de datos de Graduados de SOA de Colombia, acedidio 3 de octubre de 2020, dis. Obtenido de graduados.soaw.org: https://graduados.soaw.org/wp-content/uploads/2020/09/graduados_colombia.xlsx

Security Assistance Monitor. (5 de mayo de 2014). Adam Isacson, “Human rights laws in the way? Use Colombian trainers. Obtenido de Security Assistance Monitor: https://securityassistance.org/blog/human-rights-laws-way-use-colombian-trainers.

Sgarzini, B. (11 de julio de 2021). ¿Quién mató al presidente de Haití? Obtenido de #PuenteAereoDigital: https://puenteaereodigital.com/cosmopolita/america/quien-mato-al-presidente-de-haiti/

Sputnik News. (10 de julio de 2021). Mercenarios: el nuevo producto de exportación colombiano. Obtenido de Sputnik News: https://mundo.sputniknews.com/20210709/mercenarios-el-nuevo-producto-de-exportacion-colombiano-1113981936.html

Sputnik News. (11 de julio de 2021). Venezuela detiene a 3 paramilitares e incauta armas de EEUU y Colombia. Obtenido de Kavilando: https://www.kavilando.org/lineas-kavilando/conflicto-social-y-paz/8589-venezuela-detiene-a-3-paramilitares-e-incauta-armas-de-eeuu-y-colombia

Valencia Grajales , J. F., Agudelo Galeano, J. J., & Insuasty Rodríguez, A. (2016). Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Colombia: historia y contexto de la ruptura y continuidad del fenómeno (II). Medellín: Kavilando. Obtenido de http://bibliotecadigital.usbcali.edu.co/handle/10819/3707?mode=full

Vega Cantor, R. (2014). La dimensión internacional del conflicto social y armado en Colombia. Obtenido de La Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas,: https://www.corteidh.or.cr/tabla

Zuluaga-Cometa, H., & Insuasty-Rodríguez, A. (2020). Criminalidad – Empresa – Estado. El motor pendular del conflicto armado colombiano. Ratio Juris UNAULA, 15(30), 241-265. https://doi.org/10.24142/raju.v15n30a12 s/r33458.pdf

* Abogado, especialista en derecho penal, defensor público e investigador Grupo Kavilando. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

** Docente Investigador Universidad de San Buenaventura Medellín, Integrante Red Interuniversitaria por la Paz, actual consejero de Paz Conpaz Medellín sector Universidades, e Integrante grupo Autónomo Kavilando. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Publicado enColombia
Página 1 de 278