Una familia palestina permanece sentada cerca de los escombros de su casa tras ser demolida por las fuerzas israelíes. EFE/ Abed Al Hashlamoun.

La decisión es una respuesta a una solicitud hecha por la fiscal general Fatou Bensouda, que le pidió a la sala que especificara "los territorios en los cuales pueden llevarse a cabo la investigación".

La Corte Penal Internacional (CPI) confirmó este jueves que Palestina es un Estado Parte del tribunal y dio el primer paso para abrir una investigación por crímenes de guerra. Una sala de cuestiones preliminares dictaminó, por dos votos a uno, que Palestina abarca los territorios ocupados por Israel en la Guerra de los seis días de 1967, lo que incluye Cisjordania, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza.

La decisión es una respuesta a una solicitud hecha por la fiscal general Fatou Bensouda, que le pidió a la sala que especificara "los territorios en los cuales pueden llevarse a cabo la investigación" dadas "las controvertidas cuestiones legales y fácticas" que se desprenden del caso.

Bensouda dijo en diciembre de 2019 que existe una base razonable para comenzar una investigación, por lo que ahora depende de la fiscal general solicitarla formalmente a los jueces, especificó a Efe una fuente del tribunal.

Palestina, gracias a su condición de Estado observador de la ONU, ratificó en enero de 2015 el Estatuto de Roma, la carta fundacional de la CPI, abriendo la puerta a que la Fiscalía del tribunal internacional abriese una investigación. Israel en cambio no forma parte de la corte, pues no acepta su legitimidad, por lo que la Oficina de Bensouda no podría iniciar las pesquisas en su territorio.

En unas vistas orales celebradas en febrero de 2020, países aliados de Israel como Alemania, Australia, Hungría o la República Checa defendieron que Palestina no sea considerada un Estado Parte de la CPI. No obstante, los jueces dijeron en su decisión que "independientemente de la condición de Palestina en virtud del derecho internacional general, su adhesión al Estatuto de Roma siguió el procedimiento correcto y ordinario".

"La sala no tiene autoridad para impugnar y revisar el resultado del procedimiento de adhesión llevado a cabo por la Asamblea de los Estados Partes" de la CPI, añadieron los magistrados. La Autoridad Nacional Palestina solicitó formalmente la apertura de la investigación en 2018, lo que faculta a Bensouda a comenzar las pesquisas sin la necesidad de pedir autorización a los jueces, tal y como ocurre normalmente en la CPI.

Palestina espera que se investigue la reacción de Israel a las protestas conocidas como las Marchas del Retorno de 2018, que dejaron un saldo de más de 273 palestinos muertos y más de 16.000 heridos. La CPI no tiene una fuerza policial propia que se encargue de ejecutar órdenes de arresto, sino que confía en la voluntad de los Estados para aplicarlas y, de momento, es poco probable que Israel entregue de forma voluntaria a eventuales sospechosos de crímenes de guerra.

Asimismo, cabe la posibilidad de que miembros de grupos armados palestinos también sean investigados por la CPI, pues en informes públicos de la oficina de Bensouda se menciona el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza hacia territorio de Israel.

la haya

05/02/2021 19:39 Actualizado: 05/02/2021 22:09

EFE

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Guerra de desgaste contra las comunidades zapatistas

 La estrategia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se completa con la instalación de nuevos campamentos y bases de la Guardia Nacional, en la región de Ocosingo, que va de la mano de las reactivación de grupos armados como la ORCAO que se desempeñan como paramilitares.

“No somos dueños de la tierra, somos sus guardianes. La tierra es para vivir no para hacer negocio”, dice un joven de la comunidad Nuevo San Gregorio, del Municipio Autónomo Lucio Cabañas, Caracol 10, en el municipio oficial de Ocosingo (Huixtán), Chiapas.

“Estamos cercados en nuestra propia tierra”, agrega una mujer de la misma comunidad que está siendo sitiada por 40 invasores armados con apoyo del Gobierno. Explica que pese al cerco, las familias han montado un taller de carpintería, hacen bordados y mecapal, como forma de resistencia.

Son testimonios recogidos por la “Caravana Solidaria”, integrada por más de 15 colectivos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, tanto en la comunidad Nuevo San Gregorio como en las cinco comunidades que integran la región Moisés Gandhi, en el municipio Autónomo de Lucio Cabañas, oficial de Ocosingo.

Integrantes de la Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq nos explican desde San Cristóbal de Las Casas que se trata de más de 600 hectáreas que fueron recuperadas por las bases zapatistas cuando la ofensiva de 1994 y que ahora están siendo cercadas por “medianos propietarios y personas aliadas de los gobiernos federal y del Estado de Chiapas” y por miembros de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO).

En Moisés Gandhi, habitada por cientos de familias, las agresiones comenzaron el 23 de abril de 2019, con disparos de armas de grueso calibre desde las 5h hasta las 21h, situación que el Gobierno no quiere ni tiene la voluntad de detener. Desde que comenzaron los ataques, en abril de 2019, en varias ocasiones llegaron grupos de 250 a 300 personas armadas en vehículos, queman viviendas, roban y destruyen cosechas. En varias ocasiones han secuestrado a comuneros, los golpean y amenazan y luego los sueltan.

El 22 de agosto quemaron una tienda de acopio de café zapatista en el crucero de Cuxuljá, un cruce estratégico de carreteras que conectan San Cristóbal con Palenque.

Se trata de nuevas modalidades de la contrainsurgencia que se van adaptando al crecimiento y expansión territorial del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que pasó a contar con 43 centros de resistencia. Integrantes de la caravana explican que los miembros de ORCAO son gente politizada que conoce bien al movimiento zapatista.

Desde hace años fueron atraídos por programas sociales que les ofrecen recursos si regularizan las tierras, pueden capitalizarse y pasar de campesinos pobres a campesinos ricos, adquiriendo poder. La ORCAO vende su café a grandes empresas vinculadas a Wall Mart, ya que tiene aspiraciones de conseguir grandes ganancias.

“La forma de operar consiste en cercar las viviendas, las clínicas y las escuelas de las familias y comunidades zapatistas, y de ese modo les impiden seguir produciendo, configurando una guerra integral de desgaste que busca quebrar la economía autónoma”, explican miembros de la Ajmaq y de las caravanas solidarias.

Imposible no conectar esta situación con lo que fueron las políticas sociales de los gobiernos progresistas en Sudamérica. No sólo transferían recursos a los barrios y comunidades pobres, sino que buscaban que los intermediarios fueran organizaciones y movimientos populares que antes habían luchado contra los gobiernos neoliberales. De esa manera, incorporaban a las políticas oficiales personas que conocían a fondo a los movimientos, saberes a que los Estados desconocían.

 “No es casualidad que la ORCAO esté atacando a las nuevas Juntas de Buen Gobierno y centros de resistencia, porque allí la mayoría son jóvenes y mujeres y buscan desanimarlos y atemorizarlos”, dicen miembros de las caravanas.

Por eso además de cercar con alambres las tierras comunitarias, rompen tuberías de agua, cercan manantiales, pastos donde se alimenta el ganado y les impiden cosechar. En Nuevo San Gregorio, las bases de apoyo reconocen que este año apenas pudieron cosechar el 50% del año pasado. El objetivo es crear una crisis humanitaria que fuerce a las familias zapatistas a abandonar las tierras que recuperaron luchando.

La estrategia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se completa con la instalación de nuevos campamentos y bases de la Guardia Nacional en la región de Ocosingo, que va de la mano de las reactivación de grupos armados como la ORCAO que se desempeñan como paramilitares.

“No nos rendimos, aquí seguimos organizando nuestros trabajos colectivos”, aseguran las comunidades. Para mantener la resistencia organizan trabajos colectivos, para asegurarse la alimentación y la salud. La decisión de resistir de forma pacífica, sin violencia pero sin abandonar la lucha, tiene enormes costos que las bases zapatistas están dispuestas a afrontar.

Desde arriba buscan el enfrentamiento entre pueblos, apoyando organizaciones sociales que cuentan con la complicidad de los gobiernos municipal, estatal y federal, con el objetivo de minar la autonomía zapatista que es una de las principales esperanzas que ilumina el planeta.

5 feb 2021 09:50

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Estado “Paraco”: su funcionamiento ficticio y su funcionamiento real

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de recurrir al país y al mundo para dejar constancia de múltiples atropellos por parte de quienes siguen buscando nuestra destrucción.

Este año 2021 comienza con el asesinato de un campesino humilde, residente en la vereda La Pedroza. Las autoridades, como lo han hecho siempre, anuncian “investigaciones exhaustivas” y operativos militares, pero, como siempre, son acciones de fachada que no llegan a ningún resultado. Nunca han llegado a nada. Todo el mundo percibe que los victimarios nunca son tocados y que los muertos siguen cayendo y las amenazas siguen su curso, mientras las extorsiones son cada vez más asfixiantes. En esta región el poder de las armas es el único en pie. Nada se hace para controlar el paramilitarismo, pues los paramilitares se mueven armados en medio de ejército y policía y todo sigue igual. Es tanta la libertad que tiene el paramilitarismo que está reclutando a mucha gente, incluyendo a muchos menores de edad. En las últimas semanas se nos ha informado que los reclutados están siendo enviados a otras zonas a entrenamiento militar. Muchas personas han manifestado en las redes sociales que se está privando de la libertad a muchos jóvenes en esta región, pero ninguna autoridad está tomando en serio e investigando esa práctica.

Apoyados en nuestras convicciones insobornables, continuamos dejando CONSTANCIAS de los hechos ocurridos recientemente:

  • ·El jueves 24 de diciembre de 2020, en horas del día, se recibió información según la cual el paramilitar Wilfer Higuita, actualmente residente en el asentamiento de La Unión, la noche anterior habría embriagado a una joven en esa vereda y abusado sexualmente de ella.
  • ·En la semana del 24 de diciembre de 2020el mismo paramilitar Wilfer Higuita, quien lleva muchos años vinculado a las estructuras paramilitares, incluso sirviendo desde allí a altos oficiales de la Brigada XVII, ahora radicado en el casco urbano de la vereda La Unión, lanzó amenazas contra varias mujeres de esa vereda, acusándolas de estar informando a nuestra Comunidad de Paz sobre las acciones de los paramilitares. Como Comunidad de Paz aclaramos que todas las informaciones que nos llegan a ese respecto y que   incluimos en nuestras constancias, se originan en el actuar público de los paramilitares, sin que tengamos necesidad de buscar informaciones, pues los paramilitares actúan a la luz pública.
  • ·En la última semana de diciembre 2020, los paramilitares reunieron a población civil en la vereda Naín del municipio de Tierralta, Córdoba, y amenazaron a los líderes de las juntas de acción comunal por supuestamente estar robando los dineros de las comunidades.
  • ·El viernes 01 de enero de 2021, mientras varios integrantes de nuestra Comunidad de Paz reparaban una malla que protege el monumento a la memoria de nuestros líderes masacrados por el ejército y los paramilitares en la vereda La Unión el 8 de julio de 2000, el poblador Adolfo Guzmán, quien afirmó tener mando en la junta comunal de dicha vereda, se acercó en deplorables condiciones de embriaguez a insultar a quienes estaban reparando el monumento. Según sus palabras, ellos van a derribar ese monumento, pues está estorbando para el juego de fútbol de los jóvenes, ya que ellos declararon ese espacio como “parque de recreo”. Despreció la memoria de los mártires afirmando: “los muertos, muertos están”, es decir, es estúpido recordarlos.
    Se entiende: su memoria será una condena perpetua a sus bestialidades. Afirmó además que habían conversado con el Alcalde de Apartadó quien les había autorizado derribar el monumento y hacer respetar el espacio público de recreo.

Así se acata en los territorios paramilitarizados la Ley 1408 de 2010, en sus artículos 12 y 13 que declara “Santuarios de la Memoria” los sitios donde incluso se sospeche que puede haber restos de personas desaparecidas, mucho más cuando se sabe a ciencia cierta que allí fueron masacradas. Con la misma grosería se pisotea la Resolución 3 de 2019 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estableció los Principios sobre Políticas de Memoria en Las Américas. Allí definió que: “Se entiende por sitios de memoria a todos aquellos lugares donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos o donde se padecieron o resistieron esas violaciones, o que por algún motivo las víctimas o las comunidades locales consideran que el lugar puede rendir memoria a esos acontecimientos, y que son utilizados para repensar, recuperar y transmitir sobre procesos traumáticos, y/o para homenajear y reparar a las víctimas”.  Por eso, dicha Resolución le ordena a los Estados: “asegurar un abordaje integral de la memoria, entendido como la obligación de adoptar políticas públicas de memoria coordinadas con procesos de justicia y rendición de cuentas”.  Y añade la misma Resolución que dicho abordaje integral de la memoria “incluye la obligación de los Estados de asegurar la representación y participación de las víctimas”.

Es una vergüenza que un Alcalde, un Ejército, un Gobierno, una Junta de Acción Comunal, toleren estas afrentas a las víctimas sin recato alguno ante la comunidad internacional, como gritándole al mundo con todo el descaro posible que quieren tapar a toda costa y validos de la fuerza bruta, el recuerdo de las barbaridades que allí han perpetrado.

  • ·El jueves 7 de enero 2021, en horas del día, se escucharon disparos cerca del centro urbano de la vereda la Unión. Según los comentarios, se trataba de entrenamientos que estarían realizando los paramilitares con personas recién reclutadas.
  • ·El domingo 10 de enero de 2021, se recibieron informaciones según las cuales los paramilitares que controlan el corregimiento de San José de Apartadó y sus veredas, reclutaron a 4 jóvenes, los cuales fueron llevados a la vereda Playa Larga y al corregimiento Nuevo Antioquia del municipio de Turbo, para entrenamientos.
  • ·El miércoles 20 de enero de 2021, el paramilitar conocido como “RAMIRO” quien es hermano de alias “SAMUEL”, reconocido comandante de paramilitares en la vereda la Unión, amenazó con arma de fuego a una mujer en dicha vereda, acusándola de ser informante de nuestra Comunidad de Paz y conminándola a renunciar a ello o de lo contrario no respondía por su vida. En los últimos días nos hemos enterado que el mismo “RAMIRO” y WILFER HIGUITA continúan amenazando a esta mujer y a su compañero y a la vez están amenazando de muerte a miembros de nuestra comunidad que viven cerca de allí, supuestamente por informar lo que hacen los paramilitares en la vereda, cuando son hechos perpetrados a plena luz del día, pudiéndolos conocer todos los habitantes de la zona.
  • ·El viernes 22 de enero de 2021, nuestra Comunidad de Paz fue informada de que los paramilitares habrían reclutado a 5 jóvenes, entre ellos una mujer, todos del casco urbano de San José de Apartadó. Según se comenta, la misma fuerza pública y la policía son conocedores de todo lo que se está viviendo, pues los paramilitares son los dueños de San José y de sus veredas y no hay ni una sola medida para evitar que los paramilitares tengan tanto control. La misma Brigada XVII del ejército, por medio del Coronel José Luis Bastidas Moreno, anuncia que están realizando operaciones para neutralizar cualquier plan criminal, pero nada pasa, pues los paramilitares son cada vez más libres en la zona para moverse y controlar. Nos preguntamos ¿cuáles son la operaciones militares que están realizando?­­­ Si a la fecha no se ha dado ninguna neutralización de los paramilitares que recorren armados el casco urbano de San José, nadie se explica para qué sirven una base militar y un búnker de la policía con muchos efectivos militares y policiales y sin embargo sean los paramilitares quienes tengan el control total. Varios asesinatos han ocurrido en esta zona y ¿de qué han servido los operativos? ¿Cuáles han sido los resultados? Como Comunidad de Paz seguimos convencidos de que en esta zona el poder de las armas tiene suficientes alianzas para ejercer control total sobre la población civil.
  • ·En la misma semana del 22 de enero de 2021, los paramilitares habrían realizado una reunión en la vereda Mulatos-Cabecera, de San José de Apartadó, en la cual informaron sobre prohibiciones que afirman imponer con su   usurpada autoridad a los pobladores del lugar, entre ellas: tumba de rastrojos para siembra de pan coger y uso de celulares. Durante la reunión obligaron a apagar todos los celulares táctiles, alegando que tienen muchos enemigos en la zona, los cuales denuncian la presencia de ellos allí. El paramilitar que dirigió la reunión, quien afirma ser “el político” de esa estructura, manifestó que todas las informaciones que está recogiendo serán llevadas a sus jefes, quienes luego impartirán órdenes.
  • ·El domingo 24 de enero de 2021,en las horas de la tarde, fue asesinado en la carretera que conduce desde Apartadó hasta el corregimiento de San José, el joven campesino BLAS HUMBERTO DAVID TORRES. El hecho ocurrió a la altura de la vereda La Balsa. Blas Humberto se movilizaba en moto hacia Apartadó cuando fue atacado por paramilitares que le propinaron varios impactos de arma de fuego acabando con su vida. Blas Humberto era agricultor independiente y actualmente vivía en la vereda La Pedroza.

Ya el año pasado, el 29 de febrero de 2020, estos mismos paramilitares habían asesinado al señor Amado Torres, residente en la vereda La Miranda, a pocos minutos de la vereda La Pedroza, por el hecho de no aceptar someterse a esa estrategia de muerte. Ahora, según las versiones recibidas, Blas Humberto fue asesinado precisamente por no aceptar someterse a la estrategia paramilitar, pues le estaban cobrando impuestos o vacunas que él se negó a pagar. Y lo más doloroso es que no ha avanzado ninguna investigación real en ninguno de los casos similares, por parte del poder judicial. Todo nos confirma que la “Justicia” sigue corrompida, y seguirá corrompida mientras las mismas altas Cortes se nieguen a investigar al poder judicial de Urabá; mientras se nieguen a reabrir los millares de expedientes que encierran podredumbres morales, donde campean el soborno, la amenaza y el montaje  como determinantes del sistema probatorio. La misma Corte Constitucional claudicó de las medidas tomadas en el Auto 164 de 2012, de crear una Comisión de Evaluación de la Justicia o de decretar un Estado de Cosas Inconstitucional en la falsa “justicia” de Urabá. Este gobierno se ha caracterizado por continuar con ojos cerrados y manos cruzadas frente a los horrores de la criminalidad estatal y para-estatal que sigue imperando.

 La persecución a quienes no aceptan el paramilitarismo no se detiene, pues todo aquel que se resista es sometido a desplazamiento o de lo contrario termina asesinado con el mismo libreto con que asesinaron a Amado y a Blas Humberto y a muchísimos otros. Responsable será el gobierno por lo que le suceda en adelante a otros y otros pobladores.

Nuevamente agradecemos a las personas y comunidades que en diversos sitios del país y del mundo, desde sus convicciones más íntimas nos han acompañado en estos más de 23 años de Comunidad de Paz y que a pesar del aislamiento por la pandemia siguen presionando cada día al gobierno colombiano para que no destruya nuestras vidas ni nuestro patrimonio y legado. Nuestra sincera gratitud por seguir este proceso de defensa de la vida y que además nos anima moralmente a seguir defendiendo nuestros principios.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Febrero 03 de 2021

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Más de 25 mil colombianos fueron víctimas de desplazamiento forzado en 2020, según la ONU

De la cifra total, 1.535 personas salieron de sus hogares en diciembre.

Según la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU en Colombia (OCHA), 25.366 colombianos sufrieron desplazamiento forzado por cuenta de la presencia de grupos ilegales en sus territorios, con 94 eventos registrados.

De la cifra total, 1.535 personas salieron de sus hogares en diciembre, hechos que se concentraron en Bahía Solano, Chocó, donde 900 indígenas abandonaron su comunidad; Roberto Payán, en Nariño con 333 damnificados; Argelia, Cauca con 118 afectados; Alto Baudó, Chocó con 94 víctimas; y Caucasia, Antioquia donde 91 habitantes dejaron sus casas.

Asimismo, el documento indicó que los mayores afectados fueron los indígenas, con un 75% de los eventos presentados en diciembre, seguidos por los afrodescendientes con el restante 25%.

Respecto a los confinamientos, 74.312 personas sufrieron en 2020 ese flagelo derivado de la presencia de grupos armados en su territorio, mientras que solo en diciembre, 4.661 colombianos restringieron su movilidad para evitar ser blanco de ataques armados o morir en medio de combates entre grupos ilegales en Iscuandé, Chocó con 4.149 confinados y Bojayá con 512 afectados.

El reporte además señala que, los desastres naturales produjeron 366.241 víctimas, de ellos 6.050 damnificados se produjeron en diciembre, la gran mayoría en Barbacoas, Nariño por cuenta de inundaciones relacionadas con lluvias.

La ONU alerta que, del total de emergencias presentadas en diciembre, solo el 73% de las personas afectadas en las tres categorías (desplazamiento, confinamiento y desastres naturales) recibieron atención de las autoridades por lo cual hizo un llamado a mejorar esos indicadores.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo precisó que la causa principal de los desplazamientos forzados en el país fueron las confrontaciones por los territorios entre grupos armados ilegales que, de igual forma, comenten otros delitos contra las comunidades de la zona.

Homicidios, violencia sexual, estigmatización, amenazas, hostigamientos, riesgo y materialización de reclutamientos, secuestro, desapariciones forzadas y territorios contaminados con minas personales, son los más recurrentes.

“Para la Defensoría del Pueblo es preocupante que en los departamentos de Nariño, Chocó, Antioquia, Norte de Santander y Córdoba, haya una crisis recurrente por el desplazamiento forzado y las víctimas no cuentan con garantías para el restablecimiento de sus derechos”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

En relación a los confinamientos, la entidad indicó que respecto a 2019 se incrementaron en al menos un 252% en el país, siendo la región del Catatumbo, en el departamento fronterizo de Norte de Santander, donde se presentaron la mayoría de los casos con 33.627 habitantes de casi 10 mil familias confinados.

Para el defensor del Pueblo, otro aspecto que se debe tener en cuenta de manera urgente es que a la crisis humanitaria que padecieron estas familias, se sumó el impacto de la pandemia del covid-19.

“Hay demoras en la atención a las víctimas, restricciones de los grupos armados ilegales en los territorios y el riesgo de propagación del virus en las comunidades, especialmente por los confinamientos en sitios hacinados y por la falta de acceso a servicios de salud”, concluyó Carlos Camargo.

3 de Febrero de 2021

 

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La Rusia que se rebela Entrevista a Andrey Schelchkov

La detención de Alekséi Navalny abrió un nuevo frente para Vladímir Putin. Con la mirada puesta en las protestas de la vecina Bielorrusia y en la estrategia para enfrentarlas, el gobierno apuesta a responder con violencia a las manifestaciones y esperar su desgaste. El costo es mostrarse como un régimen abiertamente represivo. Navalny, entretanto, se reafirma como la principal figura de la oposición.

 

El envenenamiento, la salida del país y el regreso y detención de Alekséi Navalny han reactivado las protestas en las calles a lo largo y ancho de Rusia. Con una popularidad que comenzó hace años con sus denuncias anticorrupción, Navalny, de 44 años, se transformó en la principal figura de la oposición, con un apoyo particularmente significativo entre los jóvenes. El gobierno respondió a las protestas con una inusitada escenificación de poder y no menos represión. En esta entrevista, el historiador de la Academia de Ciencias de Rusia Andrey Schelchkov analiza la coyuntura, el liderazgo de Navalny y sus posturas ideológicas -algunas de ellas, paradójicamente, no tan lejanas a las de Putin- y el escenario que abre esta nueva ola de protestas.

¿Cuál es la estrategia del gobierno ruso frente al caso Navalny? ¿Cuánto incide lo que ocurre en la vecina Bielorrusia, con las persistentes protestas en las calles, en la escenificación de la fuerza y la fuerte represión de las protestas?

Parece que el gobierno dejó al lado todas las apariencias. La arbitrariedad es absoluta, la represión es brutal y ejemplarizadora, lo que a los ojos de la gente menos involucrada políticamente contrasta con la imagen paternalista que siempre buscó proyectar Vladímir Putin. Ahora el gobierno optó por la variante de la violencia abierta, al estilo de Aleksandr Lukashenko en Bielorrusia. Está cortando sus vías de comunicación con amplias capas de la sociedad, inclusive con los partidarios de Putin. La represión acelera la radicalización de la protesta, lo que podría acortar las posibilidades de supervivencia del régimen. Nunca la policía tuvo una imagen positiva, pero ahora está por debajo del suelo. La cantidad de arrestados sobrepasa lo imaginable: entre el 23 y el 31 de enero han sido casi 10.000 personas en todo el país. Ni en la época soviética hubo algo parecido. En la URSS, la policía era disciplinada y no arbitraria o abusiva. Claro, hablamos de la época de Leonid Brézhnev, con Stalin no existía la ley. Cuento esto porque aún ahora hay una cierta confianza e ilusión en la justicia, que de todos modos se fue evaporando en estos años. Hoy solamente los más ancianos tienen estos espejismos. Por ejemplo, una vecina mía de más de 80 años y muy favorable a Putin me dijo «¿Por qué Navalny protesta en vez de ir a denunciar la corrupción en la fiscalía?». Santa simplicitas.

De todos modos, durante estas protestas, no en todas las ciudades hubo confrontación con la policía. Por ejemplo, en mi ciudad natal, Krasnodar, que cuenta con un millón de habitantes y es tradicionalmente muy conservadora, salió muchísima gente. El 23 de enero hubo alrededor de 7.000 personas, un número nunca visto allí desde que se recuerde, y nadie les puso trabas a las marchas. Hay que recordar que todas las manifestaciones fueron prohibidas, lo que hace más importante el número de manifestantes. Tal vez las fuerzas especiales se fueron a Moscú y no tenían con qué reprimir en ciudades más pequeñas. Las autoridades apuestan a la estrategia de Bielorrusia: la gente se cansará y la represión va a cumplir su función. Creen que si mantienen preso a Navalny el gobierno podría aguantar algunas semanas de protestas. El problema es si esto se convierte en una especie de intifada rusa. Por primera vez la policía se enfrentó a la resistencia violenta de quienes protestan. Y además vienen elecciones al Parlamento que puede causar otras conmociones.

El gobierno no puede dejar en libertad a Navalny sin que ello sea considerado una muestra de debilidad, algo que Putin teme más que nada porque sería una señal a los servicios de seguridad de que el jefe está débil, y esto podría causar una crisis en la elite gubernamental. El gobierno prefiere una crisis corta ahora que una crisis sin fin con Navalny en libertad. La incógnita es qué sucede si esta situación dura demasiado tiempo. Ya nadie escucha la propaganda por la TV, excepto gente mayor que no sale ni para protestar ni para apoyar a Putin. Los medios oficialistas dicen que las protestas fueron insignificantes. Pero todo el mundo ve la histeria de las autoridades, que cerraron el centro de Moscú para peatones (algo inédito), frente a lo cual los manifestantes se dispersaron por barrios más periféricos mostrando que están «por todos los lados». El centro, donde hasta las estaciones de metro fueron cerradas, parecía parte de una ciudad bajo estado de sitio. Pero el drama no es Moscú, siempre rica y acomodada, y siempre de oposición, sino las provincias, pobres o ricas pero siempre leales, donde sorprendió la dimensión de la protesta.

¿Cómo está hoy la popularidad de Putin? Hasta ahora había un clivaje claro entre «las capitales» (Moscú-San Petersburgo) y el resto de Rusia, pero desde hace tiempo se ven protestas en otros sitios, incluyendo el extremo oriente.

No tiene sentido seguir las encuestas oficiales, pero incluso ellas registran una caída de la popularidad de Putin hasta 53%. Más o menos independiente, el Levada Center llevan la caída hasta 39%, pero lo más interesante es su nivel de apoyo entre los jóvenes (hasta 35 años): en un año, cayó de 36% a 20% de apoyo. En realidad, el problema está además en que Putin aparece como mentiroso e incluso ridículo. Surgieron miles de chistes, una forma de reacción popular tradicional en política en Rusia. Putin pasa a ser objeto de burlas, incluso cae en el ridículo, y esto es lo peor que le puede pasar desde punto de vista de su imagen. Incluso muchos de los que lo saludaron como gran líder nacional durante la epopeya de la anexión de Crimea ya no lo apoyan.

Lo que se denomina «la provincia» es un mundo heterogéneo, y las grandes ciudades del interior (Novosibirsk, Ekaterimburgo y muchas otras) son un gran problema para el gobierno, incluso electoral. En el oriente, en el Pacífico, la población fue siempre rebelde, muchos son descendientes de los deportados, ahí la violencia es muy posible y no hay temor. Ya provocaron grandes sorpresas electorales, allí las autoridades se sienten débiles, pero las preocupan más Moscú y San Petersburgo, donde se decide la suerte del poder; por eso tanto dinero va a estas dos ciudades. En Siberia oriental (Jakasia, Jabárovsk, Vladivostok), en las pasadas elecciones, ganaron los candidatos spoilers (postulados no para ganar, sino para obstaculizar el triunfo opositor), y la política de Navalny denominada «opción inteligente» llamó a la gente a votar por cualquier candidato con posibilidades de ganarle al oficialismo. En varias regiones ganaron los opositores. En Vladivostok simplemente anularon las elecciones, en Jabárovsk en un año detuvieron al gobernador, provocando masivas protestas diarias y semanales que las autoridades no se atrevieron a reprimir. Estas protestas duraron seis meses. Y las consignas pasaron lentamente de un espirito anti-Moscú, que es inherente a todas las provincias rusas, a las consignas anti-Putin. Pero sin tener liderazgo político ni idea de cómo seguir, las protestas se desvanecieron. Y lo más preocupante es que Navalny, desde su regreso, se convirtió en un instante en un héroe sin temor y en figura unificada de la oposición, que consolida todo el descontento en el interior ruso, que realmente está social y económicamente mal.

Navalny es un nacionalista, aunque parece más abierto a temas como los derechos LGBTI, de las mujeres, etc. ¿Qué lo diferencia ideológicamente de Putin?

Navalny es un nacionalista light. Es un político nato, se apoya en los sentimientos que existen en la sociedad: nacionalismo antiinmigrante, sobre todo contra los provenientes de Asia central, de religión islámica y social-liberal. Sabe que Rusia es un país de izquierda, pero donde los social-liberales ya son derecha, por eso tiene discurso de justicia social y de igualdad, en esencia es un «socialista» en lo social y es liberal en lo económico y en la política, una combinación complicada. El problema no es tanto qué lo diferencia de Putin sino lo contrario, qué tiene de parecido con el presidente. Y esto es el caudillismo, un liderazgo personalista. Por eso algunos lo llaman «joven Putin». Navalny consiguió formar un numeroso grupo de seguidores jóvenes, muy abnegados y sacrificados. En cuanto a la agenda social de feminismo, derechos LGBTI, etc., tiene el discurso muy liberal. Pero su nacionalismo preocupa a muchos porque es antiinmigrante (la inmigración es un gran problema cultural y religioso en Rusia), aunque entronca con la sensibilidad de muchos simpatizantes de Putin. Por ejemplo, Navalny acusa a los oligarcas putinistas de fomentar la inmigración de Asia central para mantener salarios bajos. Tampoco les gusta a los liberales su posición sobre el problema de Crimea, que coincide con la de Putin. Hay que recordar que Navalny fue expulsado a principio de 2000 del partido social-liberal Yabloko por sus posiciones nacionalistas. Sin embargo, la mayoría de los opositores, en la derecha y en la izquierda no oficialista (Frente de Izquierda), apoyan a Navalny por ser capaz hoy de enfrentar a Putin.

¿Qué elementos explican la dimensión de la protesta? No parece ser solo la libertad de Navalny... 

Navalny, en su confrontación con Putin, se convirtió en la figura unificadora contra el régimen, y eso ayuda a aumentar la cantidad de personas dispuestas a salir a las calles por su libertad. Lo que sorprende es que un tercio de ellas salió por primera vez. Se junta el cansancio por la pandemia, la crisis, la erosión de los niveles de vida, lo que contrasta con la opulencia gubernamental. Por eso, el video que publicó el equipo de Navalny sobre un un lujoso palacio en las costas del mar Negro, supuestamente perteneciente a Putin, fue una especie de chispa. De ahí la indignación de Putin. Muchos creen que la detención de Navalny sin ninguna justificación legal es una venganza por esa denuncia. De ser cierto, esto colocaría a Putin ya no en el papel de un líder autoritario, lo que parece no molestarlo mucho, sino en el de un vulgar político corrupto. Después de 20 años de poder personal de Putin, muchos sienten ya mucho hastío.

En un comienzo, Putin tenía una base de apoyo también entre los jóvenes, ¿eso está cambiando?

Es cierto, era más popular entre los jóvenes, pero era la época en que el petróleo estaba a 100 dólares por barril; ahora no hay nada de eso. Los jóvenes se enfrentan a varios problemas: (a) tienen mayor información por internet, viven en internet y no ven televisión, que es pura propaganda; (b) en Rusia casi 90% de los jóvenes (de hasta 35 años) son graduados de la universidad y 80% trabajan en puestos que no corresponden a su especialidad profesional, es decir que la frustración laboral entre jóvenes es muy grande; además, el sistema de Putin, que conforma una elite cerrada, acortó todos los canales de ascenso social; (c) hay también un conflicto de tipo estético: los valores putinistas de la guerra, la masculinidad y el imperio no pegan en la mayoría de los jóvenes, que se muestran bastante sordos a todo eso. Las tentativas de crear un movimiento pro-Putin entre los jóvenes en 2005-2010 fracasó. Sus líderes terminaron apropiándose de los recursos y no cuajó. En el ciclo de protestas anti-Putin de 2011-2012, ellos ni aparecieron… Un gran problema con los jóvenes es que no conocieron la URSS, por eso no tienen el temor a una repetición de las épocas estalinistas que tuvimos todos los que vivimos la época soviética. Ellos no tienen miedo a las policías y salen a enfrentarse de manera abierta.

Muchos cantan «Abajo el Zar» en las protestas... ¿quiénes salen a las calles? ¿Puede formarse allí un nuevo bloque opositor con más suerte que los anteriores en los 20 años de putinismo?

Es un gran enigma… Lo más lógico sería que el partido Yabloko, que tiene personería jurídica para presentar las listas para elecciones, aproveche las protestas y acepte la colaboración con los navalnistas. Ahí cambiaría el panorama político, pero es posible que prefieran mantener su mísera existencia sin conflicto con el Kremlin que pujar por ganar las elecciones (en 2021 hay elecciones legislativas). Es la única opción, porque los demás partidos no oficialistas deben juntar firmas para obtener su personería y las autoridades frenan siempre su registro. Si Yabloko no acepta el apoyo de los navalnistas, el voto de protesta va a ser aprovechado por el Partido Comunista, que hace algunas cosas críticas al gobierno pero es antinavalnista. Sin embargo, las bases del PC y de Yabloko (sus diputados municipales, por ejemplo) ya están con los navalnistas y en pleno conflicto con la cúpula de sus partidos. En perspectiva, no veo lo que muchos siempre quisimos: el pluralismo en el espacio opositor. Navalny sin duda va a monopolizar la posición del líder único, incluso desde la prisión.

En una de las fotos desde la comisaría, justo atrás de Navalny se ve en la pared una foto de Genrikh Yagoda, quien estuvo a la cabeza del KGB entre 1934 y 1936, en pleno estalinismo. ¿Se le dio alguna significación particular a esa imagen en Rusia? Hoy en el país parece haber libertad de expresión por fuera de los canales oficiales. ¿Cómo es la situación?

Pues sí, y es una especie de ironía, ya que Yagoda también fue fusilado por Stalin. Aquí lo comentaron mucho, fue más bien un pretexto para comparaciones con el pasado a mi juicio inadecuadas. De momento se conservan pocos medios absolutamente opositores, como el canal de TV Dozhd (Lluvia) que transmite solamente por internet y es de pago, pero tiene mucha audiencia y casi las 24 horas habla del caso Navalny. Las radios y los periódicos conservan cierta libertad y los hay de línea opositora. Ahora bien, las autoridades ya se enteraron de que los millones invertidos en la propaganda por televisión sirven solamente para convencer a las personas de mucha edad y no sirven ya nada para atraer a los jóvenes, que no ven televisión y menos aún los canales oficialistas, con un discurso y una estética tan anticuados. Por eso el gobierno está buscando formas de controlar las redes sociales y YouTube, Telegram, etc. Y es muy posible que cierren más medios. Mucho depende de que les importe la reacción internacional que siempre puede amenazar su pecunia, que es lo más sagrado. Por eso dan un paso y esperan la reacción interna y externa. Pero Occidente prefiere, como siempre, obtener grandes ganancias con Rusia antes que defender los derechos humanos o civiles, por eso ahora es más importante en Europa la presión de la opinión publica frente a sus gobiernos, sobre todo el alemán y el francés, y ni hablar del italiano, que siempre elige una posición prorrusa, para que corrijan su política hacia Moscú.

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Alexéi Navalni durante la vista judicial en el Tribunal Municipal de Moscú, este martes.AP

El activista llama en la vista judicial celebrada en Moscú a mantener la presión en la calle contra Putin

Un tribunal de Moscú ha condenado este martes al destacado opositor ruso Alexéi Navalni a ingresar en prisión por violar repetidamente los términos de una sentencia por fraude de 2014 y la libertad condicional impuesta entonces, por no presentarse a las revisiones judiciales. A esa condena la jueza le ha restado casi un año por el tiempo que pasó en un arresto domiciliario que cumplió en su momento. La pena efectiva se queda así en dos años y ocho meses. La sentencia supone un desafío a los reiterados llamamientos internacionales que insistían en la liberación de Navalni y puede inflamar la ya alta tensión entre el Kremlin y los seguidores del activista anticorrupción. Las autoridades han desplegado un gran número de antidisturbios en el centro de Moscú y de San Petersburgo y han cargado con gran fuerza contra las personas que han salido a la calle de forma pacífica para protestar por el veredicto. Hay más de un millar de detenciones, según la organización especializada Ovd-Info.

Tras conocer la sentencia, el destacado opositor, que ha pasado el juicio haciendo gestos de cariño a su esposa, Yulia Naválnaya, presente en la sala, solo ha atinado a dedicarle unas palabras. “No estés triste, todo va a salir bien”, ha remarcado antes de que se lo llevasen de la sala, cuando Naválnaya ha roto a llorar. Sus abogados han informado de que recurrirán la condena hasta la última instancia. Se espera que esta semana Navalni sea ya trasladado a una colonia penal (un tipo de cárcel en la que los reclusos deben por lo general trabajar, entre otras cosas). La condena ha suscitado la crítica de Estados Unidos y de la Unión Europea, que han reclamado la liberación inmediata del opositor y se ha mostrado profundamente preocupados por la deriva del caso, cuyo fallo llega, además en vísperas de la visita a Moscú del Alto Representante para Política Exterior de la UE, Josep Borrell. El Kremlin había recalcado ya este martes por la mañana que no admitiría “sermones” de nadie sobre el asunto, ni ningún tipo de injerencia.

El activista anticorrupción, de 44 años, que fue arrestado tras regresar a Moscú desde Alemania, donde se recuperó de un envenenamiento grave sufrido este verano en Siberia por el que culpa directamente al presidente ruso, Vladímir Putin, ha afrontado el juicio con todas las cartas sobre la mesa: sabiendo que lo más probable es que fuese condenado. Así, ha utilizado la vista para lanzar un impetuoso discurso político. Desde la cabina acristalada en la que tradicionalmente se sientan los acusados, el disidente ha asegurado que seguirá luchando y ha cargado contra Putin: “Por mucho que pretenda ser un gran geopolítico, su principal amargura es que pasará a la historia como un envenenador”.

Las protestas multitudinarias en apoyo al líder opositor de las pasadas semanas no han logrado su objetivo. Tampoco la crítica y la presión de los países Occidentales que habían exigido la liberación de Navalni, convertido en el crítico más visible contra el presidente ruso y el hombre que ha logrado impulsar las mayores movilizaciones de la última década. Las autoridades rusas, que también han procesado a sus principales aliados, ya habían señalado que no se dejarían influir por la presión pública. Y lo han cumplido. Navalni queda ahora no solo apartado de la política ―ya fue vetado en las elecciones presidenciales de 2018― sino también de la calle. La sentencia puede hacer que las movilizaciones sociales se desinflen, pero también dar todavía más altura al opositor e impulsar las protestas.

“Espero de veras que este proceso no sea percibido por la gente como una señal de que deben tener miedo”, ha insistido ante la juez Navalni, vestido con un jersey azul marino con capucha. El activista anticorrupción ha elogiado a las decenas de miles de personas que han salido a las calles en numerosas ciudades de Rusia, pese a las amenazas de las autoridades y los duros arrestos, y ha asegurado que no cesará la lucha política. Y ha vuelto a llamar a nuevas protestas. Este martes, decenas de sus seguidores han acudido a apoyarle en un día crucial a las inmediaciones del Tribunal Municipal de Moscú, que ha amanecido completamente cercado por los antidisturbios y la policía.

Caso ‘congelado’ desde 2014

El hecho de que el caso detrás de los cargos contra el destacado opositor fuese declarado “injusto y arbitrario” por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2017 ha aumentado todavía más el malestar entre la ciudadanía rusa. El tribunal, con sede en Estrasburgo, condenó a Rusia por violar el derecho a un juicio justo de Alexéi Navalni y de su hermano, Oleg. Ambos fueron condenados en el mismo proceso por malversación de fondos (unos 500.000 euros) en dos firmas rusas, incluida la sucursal en el país euroasiático del gigante de cosméticos francés Yves Rocher.

Estrasburgo falló que Rusia debía pagar 10.000 euros a cada uno de los hermanos Navalni por daños y perjuicios y reembolsar sus costos legales: 45.000 euros para Alexéi Navalni y 18.000, para Oleg. Navalni no tuvo que entrar en prisión, sino que recibió lo que se denomina una “condena suspendida”; su hermano, Oleg sí cumplió la pena completa: tres años y medio en una colonia penal (un tipo de cárcel en la que los recursos deben trabajar por lo general).

Pese a la antigüedad del proceso y el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el caso siguió quedando ahí, como una bala en la recámara contra el opositor. La sentencia señalaba que Navalni debía permanecer limpio durante seis años tras el veredicto para que la condena fuese anulada definitivamente, pero el opositor ha acumulado desde entonces en su expediente otros delitos, sobre todo relacionados con su participación y organización de protestas anti-Kremlin. Así que el caso denominado Yves Rocher nunca dejó de estar en la nevera. Hasta finales del año pasado, cuando el proceso resucitó y derivó en una nueva causa judicial contra el opositor.

Navalni ha respondido con cierta ironía en el juicio a las acusaciones de la Fiscalía, que defendió que no hay justificación para que el opositor no acudiese a las revisiones judiciales establecidas sobre su caso y ha tratado de argumentar no solo que ya incumplió las citas antes de salir del país sino también que no tenía forma de saber que el activista se encontraba en Alemania, donde fue trasladado sin conocimiento en un avión medicalizado. “Estaba en coma”, ha remarcado Navalni. “¿Podría explicarme cómo pude haber cumplido mejor con mis obligaciones? Primero estaba inconsciente, luego consciente, más tarde tuve que aprender a caminar de nuevo”, ha señalado el destacado opositor, que ha recalcado que incluso el presidente ruso —que se ha referido a él en ocasiones como “el paciente de Berlín” por su hospitalización allí— sabía que estaba en Alemania.

Los abogados de Navalni han argumentado que no se les notificó que se buscaba al activista hasta pocas horas antes de que este fuese inscrito en la lista de personas buscadas por las autoridades rusas. Desde que recuperó el conocimiento, el opositor siempre había asegurado que tenía intención de volver a Rusia. Y así lo hizo pese a la seguridad de que sería arrestado nada más pisar Moscú y que la probabilidad de ser condenado era inmensa.

En la vista blindada de este martes, la juez ha atendido a la propuesta de la fiscal, que había reclamado que se restablezca la condena original de tres años y medio en régimen penitenciario que se le suspendió en 2014, aunque finalmente ha restado el tiempo que el opositor cumplió en arresto domiciliario.

La indignación por el nuevo proceso a Navalni, que desde el 18 de enero se encuentra cumpliendo 30 días de prisión preventiva, sumada al descontento ciudadano por la corrupción, la desigualdad y una situación económica complicada, han encendido las protestas contra el Kremlin, que han sacudido Rusia los dos últimos fines de semana. El domingo, un despliegue policial inédito en las principales ciudades de Rusia y la dura represión de las fuerzas de seguridad no lograron, sin embargo, reducir las manifestaciones, que terminaron con más de 5.100 detenidos en todo el país, algunos bajo una fuerte violencia, el uso de porras y de pistolas eléctricas.

Entre los detenidos está Yulia Naválnaya, la esposa del opositor, que recibió una multa de 20.000 rublos (220 euros) por participar en la manifestación, y que ha estado presente este martes en el juicio contra su esposo. “Te vi en la televisión en mi celda. Dicen que estás violando constantemente el orden público. ¡Chica mala! Pero estoy orgulloso de ti”, le ha dicho Navalni desde el acuario en un costado de la sala de vistas, revestida de paneles de madera, donde el opositor ha permanecido todo el juicio.

Navalni, que se ha hecho conocido por sus revelaciones de la corrupción de la élite política y económica de Rusia, se ha convertido en el crítico más visible de Vladímir Putin. A él y a su supuesto palacio multimillonario dedicó precisamente su último informe difundido en YouTube, que ha espoleado las protestas.

Por María R. Sahuquillo

Moscú - 02 feb 2021 - 17:14

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Lunes, 01 Febrero 2021 06:20

El ejemplo

El ejemplo

Dediqué 33 años y cuatro meses al servicio militar activo como miembro de la fuerza militar más ágil de este país, los marines. Serví en rangos comisionados desde segundo teniente a mayor general. Y durante ese periodo dediqué la mayoría de mi tiempo a ser un golpeador de alta categoría para el gran empresariado, para Wall Street y para los banqueros.

“En suma, fui un estafador, un gánster para el capitalismo… Ayudé a hacer seguro a México, especialmente Tampico, para los intereses petroleros estadunidenses, en 1914. Ayudé a hacer de Haití y Cuba un lugar decente en donde los chicos del National City Bank pudieran recaudar ingresos. Ayudé en la violación de media docena de repúblicas centroamericanas para beneficio de Wall Street… Ayudé a purificar a Nicaragua para la casa banquera internacional de Brown Brothers en 1909-1912. Traje la luz a República Dominicana para los intereses azucareros estadunidenses, en 1916. En China, ayudé a asegurar que la Standard Oil pudiera avanzar sin ser molestada.

"Durante esos años tenía, como decían los cuates, en el cuarto de atrás, un negocio turbio padre. Viendo hacia atrás, creo que le podría haber ofrecido algunas pistas a Al Capone. Lo más que él logró fue operar su negocio en tres distritos. Yo operé en tres continentes."

El mayor general Smedley Butler, autor de estas palabras en 1935, fue en su tiempo el militar más condecorado de Estados Unidos, incluida la Medalla de Honor por su papel en la batalla de ocupación de Veracruz el 22 de abril de 1914. Muchos conocen estas citas (parte de un libro y discurso), pero siempre vale recordarlas como parte de la larga historia de disidencia en Estados Unidos contra sus aventuras bélicas.

Hoy día, el gasto en "defensa" –aprobado de manera bipartidista (en ciertos rubros como este existe un consenso a pesar de la supuesta polarización política en el país)– asciende aproximadamente a 740 mil millones de dólares, más que el presupuesto militar combinado de los próximos 10 países con los mayores presupuestos militares. Eso es, según cálculos del Friends Comittee on National Legislation, más de 2 mil millones de dólares cada día, más de un millón de dólares cada minuto.

Según cifras recientes del proyecto Costos de Guerra de la Universidad Brown, Estados Unidos ha gastado más de 6.4 billones en guerras y operaciones militares en Afganistán, Pakistán e Irak desde 2001, donde se han registrado por lo menos 800 mil muertes, la mayoría civiles (https://watson.brown.edu/costsofwar/).

Algunas de las operaciones bélicas son llevadas a cabo ahora de manera más "discreta", por ejemplo, el gobierno de Barack Obama realizó por lo menos 500 ataques con dron, asesinando a más de cuatro personas.

El culto al poder militar de este país es algo practicado por presidentes y líderes políticos de ambos partidos. El nuevo gobierno de Biden ha declarado que entre sus objetivos está el de restaurar el liderazgo estadunidense en el mundo (ver Tinker Salas y Silverman: https://www.jornada.com.mx/2021/ 01/31/opinion/014a1pol). Biden ha formulado una consigna de que Estados Unidos será líder no sólo a través del "ejemplo de nuestro poderío, sino por el poder de nuestro ejemplo".

Esto, mientras la violencia política armada además de la criminal dentro del "país ejemplar" ha llegado a tales niveles de que hasta se efectuó una intentona de golpe de Estado y el centro de su capital está bajo protección de miles de tropas armadas de la Guardia Nacional, no para enfrentar a algún enemigo externo, sino el "terrorismo doméstico" de sus propios ciudadanos (muchos de ellos, veteranos militares).

La violencia dentro del país no se puede desvincular de su historia de violencia a nivel internacional. Vale recordar las palabras del reverendo Martin Luther King, quien en 1967 declaró que no podía hablar más sobre la violencia que se sufría en las ciudades estadunidenses sin abordar "el mayor proveedor de violencia en el mundo hoy día: mi propio gobierno".

Bruce Springsteen: War. https://youtu.be/mn91L9goKfQ

George Carlin: Nos gusta la guerra: https://www.youtube.com/watch?v=SoqcDPiVxJ8

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Manifestantes rusos encaran a elementos de la policía antidisturbios en el segundo fin de semana de protestas para exigir la liberación del líder opositor Aleksei Navalny. Durante al menos seis horas los inconformes fueron un dolor de cabeza para la autoridad.Foto Ap

Moscú. Ni las numerosas detenciones previas ni el desmesurado despliegue policial impidieron que ayer decenas de miles de personas salieran a la calle a protestar en al menos 85 ciudades de Rusia sin temor a exponerse a la brutal represión que suele ser habitual en cualquier manifestación no autorizada y que en esta ocasión se saldó con un nuevo récord de detenidos, al menos 5 mil 135, en una primera estimación con datos que llegan de todo el país.

Tan sólo en Moscú la ONG OVD-info reportó mil 653 detenidos a las 23:45 (hora local), de ellos 82 periodistas que cubrían las marchas de inconformes con la política del Kremlin, la mayoría estudiantes universitarios, conscientes de que podían sufrir detenciones al azar, golpizas, multas elevadas e incluso condenas a varios años de prisión.

Las protestas, por segunda semana consecutiva, dejaron de ser un fenómeno exclusivo de la capital de Rusia y las muestras de rechazo al presidente Vladimir Putin comienzan a cobrar fuerza en el interior del país, en unos lugares más que en otros.

Para el Kremlin las manifestaciones que piden la libertad del líder opositor Aleksei Navalny –quien se encuentra en prisión preventiva desde el mismo día de su regreso de Berlín, el 17 de enero, y en espera de un juicio, mañana, que puede condenarlo a años de cárcel–, son impulsadas desde el exterior, en particular por Estados Unidos al que atribuye una "grosera injerencia" en sus asuntos internos, al tiempo que justifica el uso desproporcionado de la fuerza por ser protestas ilegales, al no contar con el permiso de las autoridades debido a la "situación epidemiológica", razón por la cual hace días condenaron a arresto domiciliario a los principales colaboradores de Navalny.

Difícil saber si las protestas de ayer se pueden equiparar en número a las del sábado anterior, pero –a juzgar por lo que pasó en Moscú, San Petersburgo y Yekaterimburgo, las ciudades más pobladas del país– es obvio que durante al menos seis horas los manifestantes no pudieron ser frenados y pusieron de cabeza a la policía, unidades antidisturbios y guardia nacional, que desde temprana hora bloquearon por completo el centro de estas urbes, cerraron decenas de estaciones del Metro, modificaron las rutas del transporte público de superficie, instalaron vallas en las calles y estacionaron decenas de camiones para trasladar a los eventuales detenidos.

En Moscú –con una sorprendente organización horizontal sin líderes visibles, mediante breves mensajes en redes sociales que trató de silenciar la policía–, las columnas de protestantes no buscaron concentrarse en un solo sitio, sino que se convirtieron en un auténtico dolor de cabeza para las fuerzas del orden al separarse en numerosos grupos para avanzar por otras zonas de la capital y más adelante volverse a juntar, y así varias veces, provocando el desplazamiento frenético de un lugar a otro de los uniformados.

Rompen cerco policiaco

Varios centenares de manifestantes lograron romper el cerco policial y se aproximaron a la prisión de Matrosskaya Tishina, donde está recluido Navalny, para lanzar consignas en su apoyo.

A convocatoria de los colaboradores de Navalny que están en la clandestinidad o lograron refugiarse en otro país, como Iván Zhdanov y Leonid Volkov, mañana mucha gente tratará de acercarse a la corte que juzgará al opositor para exigir su libertad.

Las actuales protestas obedecen también a la indignación que causó en muchos rusos, jóvenes sobre todo, el supuesto palacio que atribuye Navalny a Putin, un video disponible en YouTube que a la fecha está por llegar a 106 millones de vistas.

Los desmentidos del Kremlin no han sido convincentes y el más reciente intento parece más bien la enésima confirmación de que a veces es peor el remedio que la enfermedad: el magnate de la construcción y banquero Arkadi Rotenberg, amigo de la infancia de Putin desde que ambos se aficionaron al yudo, dijo el sábado anterior ser el dueño del polémico palacio.

Rotenberg concedió sólo una breve entrevista a un medio electrónico que cuenta con el beneplácito del Kremlin y se limitó a afirmar que el palacio es suyo y que no hay nada de ilegal en eso, sin mostrar ningún documento que lo demuestre ni precisar cuándo lo compró, cuánto le costó, quién se lo vendió, qué relación tiene él con las empresas en paraísos fiscales que figuran como propietarias, por qué varias empresas del sector público financiaron su construcción o cómo es que otros potentados y amigos de Putin hicieron generosas donaciones.

Tampoco aclaró Rotenberg quién autorizó que el presunto hotel que ahora quiere construir ahí tenga helipuerto y viñedos propios, cómo es que la vigilancia de la propiedad de un particular corre a cargo de los servicios secretos que protegen a los más altos funcionarios o por qué está prohibido acceder por tierra, mar y aire, entre muchas otras preguntas que no consideró necesario hacerle el periodista.

Por uan Pablo Duch

Corresponsal

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Militares en Yangon, Myanmar, este lunes. — LYNN BO BO / EFE

Los militares declararon este lunes el estado de emergencia y anuncian que tomarán el control político del país durante un año después de detener a varios miembros del Gobierno, otros políticos y líderes civiles.

 

de Myanmar (antigua Birmania) declaró este lunes el estado de emergencia durante un año al tomar el control político del país. Los militares han anunciado la detención de la líder del Gobierno, la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, además de otros políticos y líderes civiles.

El hasta ahora vicepresidente, Myint Swe, que fue nombrado en el cargo por los militares gracias a los poderes que les reserva la actual Constitución, asumió la presidencia interina y le cedió todos los poderes al jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing, según ha informado el canal Myawaddy News, controlado por los militares.

Aparte de Suu Kyi, también ha sido detenido el hasta hoy presidente del país Win Myint, además de varios ministros y dirigentes del partido gubernamental Liga Nacional para la Democracia (LND). Entre la treintena de arrestados se encuentran activistas, escritores y artistas, según una lista extraoficial a la que tuvo acceso la agencia Efe.

Las líneas de teléfono y comunicaciones permanecen cortadas desde primera hora de la mañana en todo el país mientras que el único medio de comunicación que está emitiendo es el canal de los militares.

Durante la mañana se vieron en Rangún, la mayor ciudad del país, largas colas en los cajeros automáticos de los bancos, que en algunos casos se habían quedado ya sin efectivo.

Suu Kyi pide a los birmanos que no acepten el golpe 

Por su parte, Suu Kyi pidió a los ciudadanos que no acepten el golpe de Estado perpetrado este lunes por el Ejército y que protesten. En un comunicado colgado en un perfil en Facebook de la LND, la formación hasta ahora gobernante acusó a los militares de someter al país a una dictadura.

"Las acciones de los militares llevan de nuevo al país a la dictadura", señala un comunicado publicado por la Liga Nacional para la Democracia (LND) en nombre de Suu Kyi, que pidió a la gente que no lo acepte y "protesten con todo corazón contra el golpe de Estado".

Primera sesión de la legislatura tras las elecciones de 2020

El parlamento de Myanmar tenía previsto celebrar este lunes la primera sesión de la legislatura tras las elecciones de noviembre de 2020, en las que la LND, formación de Suu Kyi, consiguió una abrumadora victoria.

Los rumores de golpe de Estado se habían ido intensificando desde que el pasado martes el portavoz militar Zaw Min Tun se negara a descartar la toma del poder por parte del Ejército tras denunciar supuestas irregularidades en las elecciones legislativas del pasado 8 de noviembre.

El poderoso Ejército de Myanmar, que gobernó el país entre 1962 y 2011, cuando se inició una transición controlada hacia la democracia, finalmente rechazó el sábado esa posibilidad y garantizó en un comunicado su compromiso con la defensa de la Constitución.

La aplastante victoria electoral de Suu Kyi demostró su gran popularidad en Myanmar, a pesar de su mala reputación internacional por las políticas contra la minoría rohinyá, a la que gran parte se le niega la ciudadanía y el voto, entre otros derechos.

La Comisión Electoral negó el fraude electoral

Las supuestas irregularidades fueron denunciadas en primer lugar por el Partido de la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión (USDP), la antigua formación gubernamental creada por la anterior junta militar antes de disolverse.

La Comisión Electoral ha negado el fraude electoral en los comicios de noviembre, ganados con una mayoría aplastante por la Liga Nacional para la Democracia al conseguir el 83 por ciento de los 476 asientos del Legislativo.

El USDP fue el gran perdedor de las elecciones, al lograr solo 33 escaños, y se ha negado a aceptar los resultados, llegando a pedir que se celebren nuevos comicios organizados por el Ejército.

Los militares, que redactaron la actual Constitución en un plan de ruta para lograr una "democracia disciplinada", contaban ya con grandes poderes en el país, al disponer del 25 por ciento de los escaños del Parlamento y de los influyentes ministerios del Interior, Fronteras y Defensa.

Rangún

01/02/2021 07:40 Actualizado: 01/02/2021 10:14

Agencias

El Ejército

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Tarek Shalaby en El Cairo en 2011, durante las revueltas, protegiéndose de los gases lacrimógenos

Shalaby, activista de la izquierda egipcia, hace balance diez años después de las revueltas: “Con el triunfo del régimen todo el mundo actúa como un policía contra los demás”

 

Tarek Shalaby tenía 26 años años cuando estallaron las revueltas en su país en 2011. Diseñador de webs, licenciado en una universidad estadounidense, trabajaba por aquel entonces en una empresa de tecnología y startups egipcia, ubicada en El Cairo, que había fundado con un socio. Durante semanas abandonó su trabajo para participar en las manifestaciones, instaló una tienda de campaña en la plaza Tahrir y acampó allí, con decenas de miles más, hasta que cayó el dictador Mubarak.

En su tienda colgó un letrero en castellano, idioma que domina, en el que se leía “No pasarán”. En el ideario de un sector joven que impulsó las protestas en Egipto había ideas de igualdad, de justicia social, de libertad. No en vano, el lema más coreado fue “pan, libertad, justicia social”.

Jóvenes como Shalaby entablaron contacto con los trabajadores de las ciudades industriales, cuyas huelgas fueron clave en el éxito de las revueltas. Diez años después, aquel activista alegre, apasionado, admirador de la lucha antifascista de los republicanos españoles, integrante del Partido Socialista Revolucionario -ahora prohibido-, lleva sobre sus hombros la carga de lo que pudo ser y no fue. Su entorno ha sufrido cárcel, represión, exilio e incluso muerte a causa de los ataques de las fuerzas de seguridad.

La depresión ha pegado duro en muchas personas -varias ONGs han tenido que priorizar tratamientos con fármacos antidepresivos- y la represión del régimen de Al Sisi -a quien Trump llamó "mi dictador favorito"- ha resquebrajado el tejido social. Shalaby no ha perdido ironía, pero su mirada contiene ahora dolor y cierta resignación. De momento, resiste en Egipto.

¿Cómo analiza la situación de su país cuando se cumplen 10 años de las revueltas que derrocaron a Mubarak?

Hay un ambiente muy tóxico, existe mucha rabia acumulada, mucho odio. No hay libertad, hay decenas de miles de personas en las cárceles por sus ideas, otros muchos han tenido que exiliarse y el régimen ha logrado derrotarnos. Esa derrota, además, nos ha dividido. Es más fácil pensar que tu enemigo es el de al lado porque te ha molestado en algo que pensar que hay un sistema profundo que nos está perjudicando a todos.

Como integrante de un partido de la izquierda, ahora en la clandestinidad, ¿qué análisis hace de la situación del activismo de izquierdas en Egipto?

Por un lado tenemos a la mayoría de la sociedad, que se ha rendido y resignado, que ve cosas que están mal pero piensa que no se pueden cambiar, y por otro estamos los que jugamos un papel activo en la revolución egipcia. Este último grupo está deprimido, dividido y derrotado. No estamos luchando juntos. Hay quienes buscan un purismo absurdo, parece que preocupa más ser puro, obtener muchos likes en las redes, defender lo genial que es uno como un individuo que obtener mejoras colectivas.

¿Es posible algún tipo de militancia actualmente?

Todas las agrupaciones y partidos tienen a gente encarcelada, y el margen de maniobra es muy pequeño. Hay luchas, pero compartimentadas: unos luchan por los derechos LGTBI, otros contra el patriarcado, pero no nos coordinamos ni englobamos todas las luchas, que están relacionadas y totalmente vinculadas, en realidad. En las redes se detecta mucho acoso y odio.

¿Cuál es la situación de Egipto en el día a día?

Hemos normalizado que suban los precios de las cosas, o que haya tanta policía en la calle, o que alguien tenga que pasar un tiempo en comisaría, o que tengamos que entregar una especie de soborno para sobrevivir. En las afueras de El Cairo, donde se sitúan los barrios más ricos, se han levantado gigantescos centros comerciales que albergan las mejores marcas del planeta, lugares que se parecen a Dubai con un toque de Las Vegas, con coches Tesla y gente que prefiere hablar inglés entre ellos. Es un gran contraste con buena parte del país, donde hay mucha pobreza.

Quienes creyeron que era posible un cambio están deprimidos. Mucha gente ha perdido a seres queridos, porque están exiliados, o encarcelados o muertos por la represión.

¿Cómo se gestiona esa derrota de la que habla?

No es fácil. Cuando hay derrotas es mucho más fácil caer en la trampa del repliegue y del individualismo, pensar en ti como persona única y creer que tus decisiones personales son lo realmente importante. Es fácil olvidarse de la importancia de lo colectivo. Parece que lo que importa no es lograr mejorar el mundo, sino gustarse como militante individual, puro y estupendo. Lo irónico es que esa actitud es el corazón del capitalismo: la competición. Hay esa competición en la izquierda, también veo que existe en Europa.

Los egos condicionan la política a menudo. Y la confusión que intentan inocularnos. Si alguien cobra un poco más que tú, piensas que ese es tu enemigo, y no el jefe, que es quien decide los salarios y que además cobra diez veces más que todos. En Egipto está pasando eso. Gente que en su día luchó unida ahora mira cada una por lo suyo, compite por tener más likes en las redes y se olvida de la lucha conjunta.

¿Eso pasa en su entorno?

En parte, sí. Gente que antes creyó en el cambio ahora piensa a corto plazo y compite, es parte de la derrota ante el régimen. No es fácil reaccionar bien a la derrota. Ese es el éxito de una dictadura, poder controlarnos, someternos, y encima conseguir que la gente se tire los trastos a la cabeza en vez de criticar al régimen.

El ejército egipcio forma parte de la estructura represiva en mi país. Pero en vez de luchar conjuntamente contra eso, hay gente de izquierdas metiéndose contra otra gente de izquierdas y mientras, nadie está criticando públicamente ya al ejército, corrupto y eje vertebral del régimen.

Habla usted del acoso y de las discusiones en redes. ¿Me puede poner un ejemplo?

Como hay tanta represión, hay tabúes, creo, y por eso se habla de cuestiones compartimentadas. Por ejemplo, hablamos del acoso sexual contra las mujeres, que es un terrible problema en nuestro país. En 2011, con la revolución, conseguimos que se pusiera el foco sobre ello y que muchos hombres entendieran por primera vez que ese era un asunto importante.

Pues bien, si yo cuelgo en las redes una crítica al Gobierno egipcio por haber arrestado a chicas que no hicieron más que colgar vídeos de ellas en la aplicación Tik Tok, aparecen un montón de tíos -y también alguna que otra mujer- acusándome de ser “un imbécil, un maricón” y de querer que todas las mujeres sean “putas como las del Tik Tok”, y de paso insultan a mi hermana o mi madre. Es gente que piensa que las mujeres son sus enemigas y que el patriarcado es su amigo, cuando la realidad es justo al revés.

Pero luego en el seno de la propia izquierda surgen discusiones en torno al feminismo, por ejemplo, u otras muchas cuestiones que a veces solo sirven para dividirnos. Mientras todo esto pasa, hay decenas de miles de personas en prisión, estamos amordazados y el régimen nos aplasta. Y como hay crispación, cada vez más gente se calla.

¿No hay ningún tipo de actividad fuera de las redes?

Sí, pero el riesgo es altísimo. Hemos visto en el pasado reciente cómo mucha gente que ha participado en manifestaciones minúsculas ha acabado arrestada. Hay huelgas de vez en cuando, protagonizadas por obreros de las fábricas, pero no quieren saber nada de los activistas de las ciudades, la conexión que hubo en el pasado apenas existe ahora.

Si no eres útil, si no puedes hacer huelga porque te arrestan, ni bajar a la calle, ni participar en las elecciones, ni crear partidos políticos, ni difundir tus ideas abiertamente, al menos deberíamos estar hablando, debatiendo, analizando e intentando encontrar puntos de encuentro. Pero no existe ese espacio ahora, nos lo quitó el régimen. Esa gran derrota, esa gran división, hace que todo el mundo actué como policía en contra de los demás.

¿Tiene amigos en la cárcel?

Sí, claro. Todos los tenemos. Amigos cercanos en prisión tengo doce, chicas y chicos de mi partido o de organizaciones no gubernamentales o de derechos humanos, principalmente. Hay muchos partidos que tienen a gente arrestada y también movimientos sociales, incluso algo tan pequeño como el BDS [ movimiento en favor del boicot a los productos israelíes], que deben ser solo unos veinte, tiene a dos de sus miembros en prisión. Y luego están los exiliados, buena parte de mis amigos están fuera.

¿Qué hay de los Hermanos Musulmanes?

Están la mayoría en la cárcel, y el resto exiliados. Muchos en Turquía, varios en Qatar. Los que permanecen aquí en Egipto no salen a la calle, saben que les pueden arrestar cualquier día. No sé qué supondrá para ellos el acuerdo reciente entre Qatar y Arabia Saudí. Veremos. Operan mucho a través de Internet, a través de vídeos de Youtube que realizan los exiliados. Tienen programas que son vistos por tres millones de personas o más. Algunos de esos programas son bastante extremistas, sexistas, de derechas, sobre todo el de Abdullah el Sherif. Su último capítulo lleva más de dos millones de visitas ya, en él se mete con Safwat Al Shereef, un hombre de Mubarak que lideró el Parlamento durante muchos años y nunca fue encarcelado.

Critican públicamente al ejército egipcio, lo cual es tener ya más coraje que nosotros. Desde una posición política y vital lejana a la suya, condeno la represión que sufrieron, con cientos de manifestantes muertos, aquello fue injustificable. O lo que las autoridades hicieron con el propio expresidente Mohamed Morsi, elegido en las urnas, al que dejaron morir en la cárcel. Creo que esperan que todos los líderes vayan muriéndose en prisión. Como son una organización muy piramidal, deduzco que piensan que si dejan morir a los de arriba, dificultarán la reconstrucción de la Hermandad.

¿Cómo le ha afectado a nivel personal todo lo ocurrido en el ámbito político?

La revolución nos dio una identidad. Nos sentimos parte de algo, del cambio, de la solución para mejorar nuestra sociedad. Ahora no siento que pertenezco, ni siquiera me siento bienvenido en mi propio país. He estado muy deprimido, como muchos activistas. Ya no me siento egipcio, no me siento parte de mi país y tampoco creo que pudiera sobrevivir en otra parte del mundo.

Hay un trauma colectivo entre los que participamos en el intento de cambio. El otro día quedamos un grupo de amigos a celebrar el décimo aniversario del inicio de las revueltas, estábamos en una casa con azotea aquí en El Cairo, al aire libre, y cuando empezamos a hablar del tema era imposible retener las lágrimas. Porque hablar de aquello no es solo decir "cómo ha pasado el tiempo" o "qué jóvenes éramos". No, es algo más profundo, que duele, porque es una derrota.

Por Olga Rodríguez

30 de enero de 2021 21:41h

@olgarodriguezfr

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