Alberto Fujimori, a un paso de ser juzgado por esterilizaciones forzadas

El 1 de marzo un juez determinará si le abre proceso penal por las esterilizaciones forzadas practicadas por su régimen, en el cual más de 300 mil mujeres y más de 20 mil hombres fueron esterilizados contra su voluntad.

 

El exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), cumpliendo una pena de 25 años por crímenes de lesa humanidad desde 2007, se enfrenta ante un nuevo proceso judicial por graves violaciones a los derechos humanosEl 1 de marzo un juez determinará si le abre proceso penal por las esterilizaciones forzadas practicadas por su régimen, en el cual más de 300 mil mujeres y más de 20 mil hombres fueron esterilizados contra su voluntad. Varias de las víctimas murieron como consecuencia de las intervenciones para esterilizarlas. La gran mayoría vivía en zonas rurales y provenían de comunidades indígenas, la población más empobrecida y marginada del país. A los tribunales han llegado los casos de más de mil mujeres víctimas de estas esterilizaciones forzadas.

La fiscalía pide se abra una causa penal a Fujimori como autor mediato de los delitos de lesiones graves y de lesiones seguidas de muerte. También están denunciados tres de sus ministros de Salud, Alejandro Aguinaga, Marino Costa y Eduardo Yong, y exfuncionarios del Ministerio de Salud. Ellos son sindicados como los responsables de haber decidido, planificado y ordenado, junto al exdictador, la política de esterilizaciones forzadas. Aguinaga, médico de cabecera del encarcelado Fujimori, postula al Congreso en las elecciones de abril próximo junto a la candidata presidencial Keiko Fujimori, hija del exdictador de 82 años.

El caso llega a tribunales después de más de veinte años de impunidad y una accidentada investigación fiscal, que fue archivada y reabierta varias veces. La Fiscalía abrió investigación el año 2002, luego de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le ordenó al Estado peruano investigar las esterilizaciones forzadas a raíz de la denuncia ante este organismo del caso de María Mamérita Mestanza, campesina andina que fue esterilizada contra su voluntad en marzo de 1998 y que una semana después murió a causa de la operación. Luego de varios intentos de archivar el caso, en 2018 la Fiscalía finalmente presentó acusación, que recién más de dos años después será vista por un juez.

“Si en esta próxima audiencia el juez decide abrir proceso penal, que es lo que esperamos ocurra porque hay elementos para ello, entonces comenzará una investigación judicial dirigida por el juez de primera instancia, quien después de esa investigación definirá si se pasa o no a juicio oral. Esta investigación, por ser un caso complejo, con más de mil víctimas que viven en zonas alejadas del país, podría tomar entre dos y tres años. Recién entonces comenzaría el juicio oral, eso si el juez decide en ese sentido, que es lo que esperamos ocurra, porque también podría archivar el caso. El juicio oral podría tomar otros cinco o seis años, recién entonces tendríamos una sentencia. Las penas contra Fujimori y los otros acusados podrían ser de ocho a diez años”, le señaló a Página/12 el abogado Sigfredo Florián, del Instituto de Defensa legal (IDL), que defiende a un grupo de víctimas.

La acusación de la Fiscalía establece que las esterilizaciones se hicieron sin la autorización de las víctimas o arrancándoles una autorización con engaños, sin informarles adecuadamente. Y establece que esa fue una política del gobierno de entonces. La defensa de los acusados señala que las esterilizaciones fueron autorizadas por las víctimas, pero los testimonios de esas víctimas y los documentos que se han podido rescatar desmienten este argumento.

“La información que se tiene indica que las esterilizaciones fueron forzadas. Existen los testimonios de las víctimas que señalan que fueron esterilizadas contra su voluntad. Y en los casos que se tienen las historias clínicas -la mayoría ha desaparecido, lo que es un ocultamiento de pruebas- o no existe un documento en el que se autorice la esterilización o hay una autorización firmada por la víctima pero que está escrita en español cuando las víctimas son quechuahablantes y no hablan español. Las hicieron firmar con engaños”, indica el abogado Florián.

“Enfermeras vinieron a buscarme a mi casa, me llevaron, en un cuarto me amarraron las manos y me ligaron”, le relató Norma Mori, una de las miles de mujeres esterilizadas, al diario La República. “Yo les dije que no, siempre les decía que no, pero me obligaron”, es el testimonio de otra víctima, Victoria Ccoya.

Este caso también ha sido llevado, por las víctimas y la organización Justicia y Reparación, ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de las Naciones Unidas.

Para que Fujimori pueda ser juzgado por las esterilizaciones forzadas se deberá solicitar una ampliación de la extradición otorgada por Chile, país donde fue detenido y del que fue extraditado en 2007, ya que la extradición para que sea juzgado en el Perú no incluyó este caso. El camino todavía es largo, pero ya se comienza a desmontar la larga impunidad por las masivas esterilizaciones forzadas. 

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante una conferencia de prensa en septiembre pasado, en San Salvador.JOSE CABEZAS / Reuters

El mandatario canceló la conmemoración de los acuerdos liderados con éxito por la ONU y que pusieron fin a una guerra civil que dejó más de 75.000 muertos en el país centroamericano

 

Organizaciones de derechos humanos, víctimas de guerra, grupos opositores, intelectuales y exguerrilleros se han pronunciado contra la reciente embestida del presidente salvadoreño Nayib Bukele contra los acuerdos de paz que hace 29 años y liderados por Naciones Unidas pusieron fin a la cruenta guerra civil que dejó más de 75.000 muertos en El Salvador, pero que para el controvertido mandatario son una “farsa”, un “negocio” de élites y un “pacto entre corruptos”. El viernes, un grupo de organizaciones sociales y de víctimas del enfrentamiento armado exigieron a Bukele que respete los acuerdos y mantenga el compromiso del Gobierno a favor de los derechos humanos, mientras que un centenar de académicos salvadoreños y extranjeros hicieron pública una carta en la que rechazan las declaraciones del presidente y piden respeto por la verdad y la memoria histórica.

La indignación creció en el país centroamericano el 16 de enero, cuando por segundo año consecutivo el mandatario rechazó conmemorar la firma de los acuerdos de paz, pero también ordenó a golpe de decreto anunciado por Twitter que esa fecha se convierte en un día para recordar a las víctimas del conflicto. “De ahora en adelante, por decreto presidencial, el 16 de enero será el “Día de las Víctimas del Conflicto Armado”, escribió Bukele en la red social, su medio favorito para comunicar sus decisiones presidenciales. “Dejaremos de conmemorar a los que ordenaron sus muertes y empezaremos a conmemorar a quienes sí deben ser conmemorados”, insistió.

Para Bukele “la firma de los acuerdos de paz no representó ninguna mejora para la población en sus derechos más básicos”, sino que se tradujo en “el inicio de una etapa de mayor corrupción y exclusión social y el enriquecimiento de manera fraudulenta de los mismos sectores firmantes de los acuerdos”, en referencia a los integrantes del Gobierno de la época y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que sellaron los llamados Acuerdos de Paz de Chapultepec en 1992. Ese pacto permitió poner fin a una de las más cruentas guerras que sufrió América, con episodios terribles como la masacre de El Mozote de 1981 cuando soldados del Batallón Atlácatl del Ejército salvadoreño —muchos formados en la Escuela de las Américas— asesinaron a al menos 986 personas (552 niños y 434 adultos, entre ellos 12 mujeres embarazadas; todos campesinos) en una operación que tenía como objetivo arrasar con la guerrilla izquierdista.

Fue precisamente en El Mozote donde Bukele expresó sus mayores críticas a los acuerdos de paz a finales de diciembre, en un acto público en el que participaron víctimas de aquella matanza. El presidente dijo que la guerra fue una farsa, así como el pacto auspiciado por la ONU. “¡Ay, está mancillando los Acuerdos de Paz. Sí, los mancillo porque fueron una farsa, una negociación entre dos cúpulas o ¿qué beneficios le trajo al pueblo salvadoreño?”, cuestionó. Bukele ya había desatado una crisis política en El Salvador al impedir que se desbloquearan los archivos militares relacionados con la matanza de El Mozote, después de desobedecer una orden judicial emitida por un juez para inspeccionar los archivos como parte del proceso judicial que pretende esclarecer lo sucedido en esa pobre comunidad salvadoreña.

Tras las críticas de Bukele, agrupaciones de derechos humanos y de víctimas del conflicto han protestado en San Salvador. El viernes, representantes de varias organizaciones sociales leyeron un comunicado en el que exigen al mandatario cumplir con las “responsabilidades” en materia de derechos humanos que dejaron los acuerdos de paz. “Existen responsabilidades fundamentales que el mandatario debe cumplir, fundamentalmente dejar de proteger a victimarios, como sucedió en la negativa de cumplir la orden judicial de acceso a los archivos militares en el caso El Mozote”, dijo David Ortiz, integrante de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad). Además, 107 historiadores, académicos y personalidades de El Salvador y otros países hicieron pública una carta en la que rechazan “enfáticamente” las declaraciones de Bukele. “Nos preocupa que en su calidad de presidente trate con ligereza temas tan importantes”, critican y hacen un llamado a respetar la verdad y la memoria histórica. El documento, publicado por el medio digital El Faro, lleva la firma de personalidades que participaron en el proceso de pacificación que concluyó con la rúbrica del pacto en el castillo de Chapultepec, en Ciudad de México.

También han criticado a Bukele exintegrantes de las guerrillas, como Ana Guadalupe Martínez, quien representó en los acuerdos al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), uno de los grupos cercanos al FMLN. “Prácticamente pocas familias de este país han de haber quedado sin ser tocadas, lesionadas o partícipes de esa confrontación tan larga. Por ello, no solo fue sorpresa, sino que me causó dolor, porque el presidente no tiene empatía para los cientos de miles de salvadoreños víctimas, no solo con los que fallecieron, también con los que todavía estamos vivos. Y obviamente me pareció no solo irresponsable, sino totalmente fuera de lo que podía ser la mentalidad de un jefe de Estado. Yo, dije: ‘Bueno, esa declaración retrata exactamente lo que es él, humo. No tiene nada en la cabeza”, dijo la exguerrillera en declaraciones a la cadena Focos TV.

Amanda Castro, hija de víctimas de guerra, dice que Bukele mantiene una “línea negacionista” que atenta contra la memoria histórica de El Salvador. “Es muy grave, son narrativas malintencionadas y perversas que parten de una profunda ignorancia”, afirma Castro a EL PAÍS por entrevista telefónica. “El presidente aprovecha esta fecha [la conmemoración de los acuerdos] para negar la historia. Aunque existan desafíos, no podemos negar los avances que hubo en relación con los acuerdos, porque de ellos surge una institucionalidad en el país, se crea la Procuraduría de Derechos Humanos y se supedita las fuerzas armadas a los poderes civiles”, agrega. Para Castro, el presidente salvadoreño demuestra “claros signos autoritarios y dictatoriales”, que ponen en riesgo los derechos humanos en El Salvador. “Con sus declaraciones negacionistas, burlescas, el presidente coloca otra vez al país en bandos al país, cuando los acuerdos de paz son logros de toda la sociedad salvadoreña, más allá de partidos políticos. Hay que defender esos acuerdos, que hoy las declaraciones de Bukele ponen en peligro”, concluye la también activista.

Por Carlos Salinas Maldonado

México - 25 ene 2021 - 22:59 UTC

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Líderes indígenas demandan a Bolsonaro ante La Haya por "crímenes contra la humanidad"

Los asesinatos, los traslados forzosos de pueblos locales y la persecución de los indígenas constituyen "crímenes de lesa humanidad", aseguran los demandantes.

 

Dos importantes líderes indígenas brasileños han pedido a la Corte Penal Internacional en La Haya (CPI) que investigue por "crímenes contra la humanidad" al presidente de país, Jair Bolsonaro, al que responsabilizan de los daños ambientales, asesinatos y persecución que se registran en la Amazonia.

Raoni Metuktire, símbolo de la lucha por los derechos indígenas y la preservación de la Amazonia, y Almir Narayamoga Surui, otro emblemático jefe indígena, presentaron este viernes la demanda ante el organismo. 

En su denuncia, de la que se hizo eco este sábado el diario francés Le Monde, los dos líderes nativos alegan que desde que Bolsonaro asumió la presidencia en enero de 2019 "la destrucción de la selva amazónica se ha acelerado sin medida".

En particular, destacan que la deforestación se ha disparado "en un 34,5 % en un año, el asesinato de líderes indígenas está en su punto más alto en 11 años y las agencias ambientales han colapsado o han hecho frente a amenazas", recoge AFP

"Peligro directo para toda la humanidad"

"Esta situación, la más dramática de los últimos 10 años, es resultado directo de las políticas de Jair Bolsonaro", quien quiere "levantar todas las barreras para saquear las riquezas de la Amazonia", sostienen los demandantes, que consideran que los asesinatos, los traslados forzosos de pueblos locales y la persecución de los indígenas constituyen "crímenes de lesa humanidad".

La destrucción de la selva amazónica es un "peligro directo", no solo para los brasileños, "sino para toda la humanidad", alertan los líderes indígenas.

El Gobierno de Bolsonaro ha propuesto una legislación que relajaría las restricciones en las regiones amazónicas para la minería comercial, la extracción de petróleo y gas y la agricultura a gran escala.

La demanda, de unas 50 páginas, es la segunda presentada contra el mandatario brasileño ante este organismo desde el pasado mes de julio, cuando el personal sanitario de Brasil pidió al tribunal una investigación contra Bolsonaro por "crímenes contra la humanidad" por su gestión de la pandemia del coronavirus.

Publicado: 23 ene 2021 22:27 GMT

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Decenas de miles de rusos salen a la calle por la libertad de Navalni.

En Moscú, donde se registraron los enfrentamientos más crudos entre los manifestantes y la policía y hubo 1.294 detenidos

 

Las autoridades rusas detuvieron durante las protestas de este sábado en apoyo al líder opositor Alexéi Navalni a 3.296 personas en 122 ciudades de Rusia, informó hoy el portal OVD-info.

En las anteriores protestas anticorrupción convocadas por Navalni el 12 de junio de 2017 fueron arrestadas 1.769 personas en más de 150 ciudades rusas, recordó el portal Meduza.

En Moscú, donde se registraron los enfrentamientos más crudos entre los manifestantes y la policía, hubo 1.294 detenidos y en San Petersburgo 489.

Las protestas fueron convocadas por el equipo de Navalni para exigir su libertad y la dimisión del presidente ruso, Vladímir Putin.

El líder opositor se encuentra en estos momentos encarcelado a la espera de juicio, por haber presuntamente violado las condiciones de su pena suspendida dictada en 2014, que podría convertirse en una pena de cárcel real de 3,5 años.

A diferencia de protestas anteriores, que apenas trascendían de las dos principales ciudades rusas, las manifestaciones se registraron por todo el país, siendo las más activas Novosibirsk, Voronezh, Nizhni Nóvgorod, Kazan y Jabárovsk.

El equipo de Navalni calificó estas manifestaciones como las "mayores de la historia rusa contemporánea". "Fue una protesta a escala de todo el país. Le mostramos a Putin nuestra fuerza", afirmaron los seguidores del opositor, al convocar a nuevas manifestaciones para el próximo fin de semana.

Según los opositores, la jornada del sábado significó "una victoria del valor y el espíritu sobre el terrorismo de estado".

El equipo de Navalni llamó a sus seguidores a no dejarse amedrentar por "los propagandistas" del Estado y prometió reembolsar las multas impuestas por las autoridades. 

EFE
Moscú

24/01/2021 09:30

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Cerrejón, mina a cielo abierto

Los proyectos mineros dirigidos principalmente por grupos ilegales en Colombia son los que más afectan a las poblaciones indígenas, afrodescendientes y comunidades locales de este país.

 

De las 52 comunidades afectadas por proyectos, 20 son impactadas por actividades mineras mediante 9 proyectos que representan el 47% de los proyectos registrados, entre 2017 y 2019, de acuerdo a un estudio de la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados.

Seis de estos nueve proyectos mineros son dirigidos por grupos ilegales, que también lideran otros 3 proyectos de agroindustria.

De ahí que Colombia sea también el país que registre la más alta tasa de asesinatos a miembros de las comunidades a nivel de Latinoamérica con 17 personas asesinadas.

Así lo informa la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados, una herramienta digital de libre acceso impulsada por Rights and Resources Initiative (RRI) con el apoyo de Amazon Conservation Team (ACT).

Proyectos identificados

Según la plataforma, Colombia registra 19 proyectos en total. De ellos, 9 corresponden al sector minero, 4 al de infraestructura y 3, tanto al de hidrocarburos (gas o petróleo) como al de agroindustria.

Esto guarda relación con el número de comunidades afectadas: 52 en total. De estas, 20 son afectadas por proyectos mineros; 18 por infraestructura; 11 por hidrocarburos y 3 por agroindustria.

Como se aprecia, existe una predominancia de proyectos mineros. Seis de los nueve casos identificados en este sector son actividades ilegales que generan deforestación y contaminación, por el uso del mercurio.

En los tres casos formales de minería, todas son de extracción de carbón mineral, siendo una de ellas la mina El Cerrejón, ubicada dentro del territorio del pueblo indígena Wayúu, en el departamento de La Guajira.

Esta comunidad ha denunciado que, desde que comenzó la explotación de carbón en los años 70, ha perdido miles de hectáreas de sus tierras, lo que afecta su supervivencia.

Otro aspecto que se destaca es el impacto de las obras de infraestructura como Hidrotuango, un proyecto hidroeléctrico que afecta a comunidades campesinas en los municipios de Ituango y Briceño.

Las comunidades que se resisten al proyecto tienen documentados 152 casos entre los que registran asesinatos, amenazas, acoso por parte de grupos armados paramilitares, entre otros.

Con 17 comuneros asesinados, Colombia registra la más alta tasa de asesinatos a miembros de las comunidades en Latinoamérica. Ilustración: Servindi

Derechos violados

La plataforma revela que los derechos a un medio ambiente saludable (63.2%) y a participar en la vida pública (59.9%), fueron las violaciones de derechos más frecuentes denunciadas en los conflictos registrados en Colombia.

El derecho a la vida, a la integridad física y moral y el derecho a la defensa de la tierra ancestral fueron otros derechos vulnerados en más del 30% de casos.

En tanto, los ataques más frecuentes fueron los asesinatos, las amenazas, la limitación de la libertad de expresión y la invasión al territorio colectivo.

De las 52 comunidades afectadas, 33 personas sufrieron ataques individuales; de ellas, 17 fueron asesinadas, lo que convierte a Colombia en el país con la más alta tasa de asesinatos a miembros de las comunidades a nivel de Latinoamérica.

Por otro lado, el impacto ambiental mayor fue la contaminación del agua, registrándose en el 68% de los casos; mientras que el impacto social más frecuente fue la alteración de medios de vidas tradicionales en 24 comunidades

22 enero 2021

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Joseph Biden, Venezuela y América latina

La dimensión de la crisis que parece corroer a Estados Unidos quedó expuesta en tres miércoles consecutivos de enero. El día 6, una movilización convocada por el presidente Donald Trump tomó el Capitolio, el 13 fue aprobado el segundo impeachment contra Trump en la cámara de Representantes, y el 20 ocurrió la toma de posesión del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris con un despliegue de 25 mil efectivos en la ciudad de Washington.

El país atraviesa una superposición de crisis que no logra ocultar. En el tiempo de un año se vio la incapacidad de enfrentar la pandemia, la violencia sistémica de las fuerzas policiales sobre la población afroamericana, los levantamientos y movilizaciones contra esa violencia, las respuestas aún más represivas, la acción de milicias armadas en su mayoría de supremacistas blancos, la defensa de esas organizaciones por parte de Trump, el desconocimiento de los resultados electorales de Trump y una mayoría de sus votantes, las falencias estructurales del sistema electoral, hasta los hechos de un enero que quedará en la historia.

Biden asumió en ese marco con un discurso de apelación a la unidad, la necesidad del reencuentro nacional, con un gabinete que, en términos de imagen, busca proyectarse como progresista: una mujer vicepresidenta, un afroamericano, Lloyd Austin, al frente de la secretaría de Defensa, una mujer indígena, Deb Haaland en la secretaría de Interior, un cubano-americano, Alejandro Mayorkas, en la Seguridad Nacional, una mujer transgénero, Rachel Levine, como asistente de salud.

Pero la multiculturalidad, el primer plano de las denominadas minorías en el gobierno, no indica cuáles serán las políticas, algo que no augura cambios progresistas en vista de los recorridos de hombres y mujeres que están en puestos claves de la nueva administración. Un repaso por las trayectorias de Biden, el secretario de Estado, Antony Blinken, la subsecretaria de Asuntos Políticos, Victoria Nuland, la directora de la USAID, Samantha Power, el secretario de la CIA, William Burns, y el mismo Austin -que proviene además de la contratista militar Raytheon- muestran una historia de realización directa o apoyo de acciones armadas abiertas o encubiertas en Iraq, Siria, Libia, Yemen y Ucrania, para mencionar algunos casos.

Biden se encuentra ante dos objetivos centrales. Por un lado, recomponer las crisis internas, en el orden de lo económico, sanitario, y la fractura social que con Trump -emergente de esa misma crisis- adquirió nuevas formas y radicalidades que, todo indica, continuarán. Y si el nuevo presidente apeló a la unidad, también volvió a referirse al concepto de “terroristas internos”, en un posible punto de inflexión en una política interna de criminalización y vigilancia que podrá extenderse hasta donde lo permita el término “terrorista”, es decir, hasta donde lo necesite la administración y los poderes generalmente invisibles que, en los últimos meses, emergieron por momentos a la luz.

Por otro lado, el nuevo gobierno está ante la necesidad de recomponer el frente externo, tanto en el regreso a multilateralidades abandonadas por Trump, como el Acuerdo Climático de París -reingreso ya decretado por Biden-, y la Organización Mundial de la Salud, como en la reconstrucción de la imagen y mitología internacional estadounidense que se encuentra en decaída internacional, buscando encabezar un autoproclamado eje democrático, así como la recuperación de espacios perdidos ante el crecimiento de potencias, como China y Rusia, que continuaron su avance durante el 2020 en varias partes del mapa, como en nuestro continente.

América Latina

Blinken, interrogado por Marco Rubio en el Senado, sostuvo la necesidad de “aumentar la presión sobre el régimen del brutal dictador” Nicolás Maduro, en una audiencia en el Senado el día martes, en la cual expuso cuáles serán las líneas de política exterior. Las palabras de Blinken no fueron sorpresivas: se anticipa que la probabilidad más grande sea que la nueva administración no realice grandes cambios en su narrativa pública hacia Venezuela, y que el asunto no sea prioridad en medio del incendio estadounidense y asuntos exteriores prioritarios, como China, Rusia o Irán.

Sin embargo, tras el posible mantenimiento de un discurso similar ante el expediente Venezuela que ha sido bipartidista, también se anticipa que podrían ocurrir modificaciones en el abordaje, en el regreso de diálogos y, tal vez, de acuerdos. Uno de los hombres señalados como centrales esa nueva posibilidad es Gregory Meeks, nuevo presidente de Asuntos Exteriores de la cámara de Representantes, que fue parte de la fundación del Grupo de Boston, un grupo entre parlamentarios venezolanos y estadounidenses creado tras el golpe de Estado en abril del 2002. Meeks, quien estuvo en Caracas en el funeral de Hugo Chávez y luego dos veces más, aparece como un actor de la trama, casi siempre invisible, de acercamientos, intentos de diálogos y mediaciones, que suelen ocurrir entre ambos países.

Venezuela será uno de los temas centrales de América Latina, un continente bajo disputas e inestabilidades. La victoria de Biden representa una derrota de la apuesta política del presidente Jair Bolsonaro, quien manifestó una y otra vez su cercanía con Trump, así como del partido del gobierno de Colombia, el Centro Democrático, conducido por Álvaro Uribe, señalado de hacer campaña en el estado Florida a favor del ahora ex presidente. Este escenario, si bien anticipa posibles tensiones, las mismas, a menudo maximizadas mediática y políticamente, no deben hacer perder de vista que existen acuerdos políticos permanentes que no se modifican sustancialmente con cambios de administración en la Casa Blanca y la superficie del departamento de Estado.

El punto en el cual puede ocurrir un cambio significativo es en el caso Cuba, donde la diferencia entre la administración de Barack Obama, que abrió un acercamiento, y la de Trump, que redobló el bloqueo, fue significativa. El plan de Biden, según se anticipó, es el de regresar a las claves desarrolladas con la isla con el anterior gobierno demócrata, es decir cuando él era vicepresidente.

El nuevo gobierno estadounidense asume en medio de crisis extraordinaria y una geopolítica en reconfiguración y sin marcha atrás. La posibilidad de continuidades, de reproducción de mecanismos, como la infiltración en los poderes judiciales en América Latina para desarrollar el lawfare, con el objetivo de garantizar los intereses estadounidenses en nuestra región, parece más probable que un giro sorpresivo.


Cómo será, y cómo no será, la relación de Biden con América Latina

Alfredo Grieco y Bavio

21 de enero de 2021 14:21h

El único pasaje de sus memorias donde Barack Obama menciona a América Latina es una anécdota. Extenuado, en una cena siente que se va a caer dormido bajo el efecto narcótico de una repetitiva perorata de Sebastián Piñera. El presidente chileno, como un latino estereotipado, habla sin sentido de la proporción sobre una bebida estereotipadamente latina que también genera somnolencia: el vino. Había un tema, sin embargo, que lo mantuvo despierto al presidente demócrata de EEUU: Libia. Si generalizáramos a partir de este relato, para Obama, América Latina es un lugar donde él no quiere estar, ni siquiera en pensamiento, porque le roba lucidez y energía para ocuparse de las cuestiones verdaderamente importantes, que están en otro lado. A pesar de que fue su vicepresidente durante dos mandatos, y de que ha reinstalado en puestos claves del gobierno a tantos y tantos ex colaboradores de Obama, nadie cree que Joe Biden busque apartar de sus pensamientos a Latinoamérica, región a la que viajó 16 veces, más que cualquier otro funcionario de su rango. La pregunta es si en los cuatro años que empiezan podrá hacer mucho más que pensar.

Joe Biden es un presidente que llega al poder sin un slogan. Sin una consigna que lo identifique y que señale la dirección y el sentido que buscar darle a su gobierno. O peor: sí tiene un slogan: el de Donald Trump, America First! Si eligiera uno propio, mentiría. Toda la política exterior de su mandato se verá absorbida, sin permitirse digresión ni desvío, por EEUU. Por el COVID-19 en EEUU y por la recesión económica en EEUU. Todos los días y noches será America First! Es cruel: el slogan más falso e inutilizable para Biden es el que cantaba Obama: Yes, We Can. La política internacional deberá hacer frente a los males que trajo el America First!, sin jamás eludir las desgracias, más persistentes por más antiguas, que dejó el Yes, We Can. No podrá deshacerse del America First!, mientras que el Yes, We Can seguirá en el tacho de basura de la Historia. Si en 2011 a Obama lo adormecía Chile, y no lo dejaba dormir Libia, no se podía considerar extraño a la guerra en el norte de África. Era una consecuencia de su política personal de exportación de una democracia que a sus ojos exhibía como primer mérito y último progreso el haberlo elegido a él, un afrodescendiente, como presidente. El aliento a las primaveras árabes había prendido fuegos que ni anticipó ni extinguió, porque siguen encendidos. El septuagenario Biden podría indicar que es muy democrático que EEUU, votándolo a él, le rehusara un segundo período presidencial a Trump, su más joven rival, que lo dejó solo el día de la transmisión de mando. Es difícil representarse a Piñera, en su nuevo mandato, discurseando sobre exportaciones vinícolas con Biden –el empresario chileno sabe qué ilusiones perder.  

Las únicas acciones que se pueden dar por descontadas de la presidencia Biden con respecto a América Latina son aquellas que la nueva administración demócrata considera que serán redituables porque le aliviarán problemas aun al costo de que les creen más y mayores problemas a los países latinoamericanos concernidos.

A la construcción del costoso muro en la frontera con México le llega su fin el primer día de gobierno. También son suprimidas o sustituidas desde el minuto uno todas las normativas trumpistas sobre la situación de los migrantes sin papeles en el interior del país, la de quienes solicitan asilo del otro lado del muro en suelo mexicano así como las regla del juego para quienes aleguen derecho de asilo y para las familias separadas a un y otro lado del muro. Todo será más humano, prometen, y todo invita a creer que será así.

Caravanas y guerras

La migración hacia el sur de la frontera, desde México y sobre todo desde Centroamérica y el Caribe, es una situación para la cual las soluciones que Trump puso en vigor resultaron onerosas para el fisco, lesivas para los derechos y la dignidad humanos, y dañinas para la imagen de EEUU en el mundo. También fueron onerosas las consecuencias no deseadas de esas medidas, la judicialización de los reclamos, las indemnizaciones, el derroche de recursos humanos administrativos, militares, de fuerzas de seguridad. Sin embargo, la cuestión del flujo de migrantes latinoamericanos no se resuelve de por sí con el enervar de una vez, el primer día, y al mismo tiempo, todas juntas, las soluciones brutales, pero ineficaces, puestas en vigor por la administración anterior.

Objetivo proclamado de la administración Biden es dar fin a las caravanas de migrantes económicos que huyen de las violencias políticas de sus países de origen. Los métodos elegidos por Trump fueron recusados con horror, y son abandonados con orgullo. Pero el equipo de transición de la nueva administración detectó una dificultad estructural en las políticas de fronteras, insalvable por el remplazo de viejos métodos por otros nuevos. La cuestión migratoria no se puede resolver en el límite internacional, porque ahí la espiral de la represión genera, demasiado cerca de EEUU, cuando no ya dentro de EEEU, renovadas violencias y violaciones de derechos humanos. El problema, decidieron, ir a resolverlo cuando y donde la caravana arranca su marcha, porque si empieza a marchar, cada día que pasa es política y económicamente más costoso. El equipo de Biden diseñó un plan de ejecución inmediata para dotar de fondos y asegurar créditos en entidades multinacionales para Guatemala, Honduras y El Salvador. 

Básicamente, en su estructura, Biden enfrenta la migración orientado por el mismo principio que guió la guerra contra las drogas de EEUU en América Latina. Como no se podía derrotar el tráfico ni frenar el consumo en suelo de EEUU –demasiada sangre norteamericana era derramada, la corrupción ensuciaba a las autoridades locales, la imagen nacional se deterioraba-, tropas y agencias federales se encaminaron a destruir cultivos de coca en Colombia o Bolivia, donde presionaron para que los campesinos se las arreglaran con cultivos y actividades económicas compensatorias, a la vez que financiaban programas de gobernabilidad para las autoridades que dejaran libertad de acción a la DEA. Con pareja diplomacia del dólar, la administración Biden buscará fortalecer el arraigo de potenciales migrantes en sus comunidades, que hoy por hoy son muy expulsivas. Por vías políticas se procurará un saneamiento de las instituciones en esos países centroamericanos, el financiamiento de comisiones locales independientes de verdad y justicia que investiguen la corrupción, el asesoramiento de las fuerzas armadas y de seguridad el combate contra la delincuencia, el crimen organizado, sin olvidar el narcotráfico. La administración trazó planes detallados para la creación de una entidad anticorrupción multilateral centroamericana, que sirva de sostén y referencia para las fiscalías de todos los Estados nacionales desde Panamá hasta Guatemala.

En esta iniciativa coordinada para Centroamérica no es imposible reconocer resonancias de la doctrina de la exportación de la democracia de tiempos de Obama. Aunque ahora la democracia no sea el fin –ni siquiera de palabra-, sino un medio al que se le pronostica un buen rendimiento en su tarea de reforzar la soberanía y seguridad nacionales de EEUU. El buen éxito en Centroamérica no luce asegurado de antemano -ni el de la vía económica ni el de la vía política. Pero por ahora es el proyecto cardinal de la administración Biden con respecto a América Latina.

Coexistencia ¿pacífica?

Para Trump, en Latinoamérica ‘democracia’ era un arma de fuego que se usaba para disparar contra Venezuela, Cuba y Nicaragua. Tres países con los cuales Biden buscará la coexistencia más pacífica posible, si esto fuera posible. Cuba será retirada, también de inmediato, de la lista de naciones que patrocinan el terrorismo, donde la había reubicado la Secretaría de Estado de Trump pocas semanas atrás.

En América Latina murieron más de medio millón de personas por COVID-19: sólo Europa tiene más muertes. Pero el país americano con más decesos, 400 mil, es EEUU. Biden hizo de la ofensiva contra la pandemia una prioridad absoluta y había sido su cliché de campaña electoral. Se ofrece ahora como unzona de forzada colaboración internacional con sus vecinos para la administración que se instala en Washington.

El de la salud es un área mayor de competencia estratégica en la rivalidad global de EEUU con China que Biden mantendrá en su propia administración America First! Pero como Biden está urgido por proveerse de un número de dosis suficientes para una campaña de inmunización masiva en EEUU, 100 millones de dosis aplicadas en los primeros 100 días, no tendrá nada que decir de la compra de vacunas a China por Latinoamérica: lo que no quiere el primer presidente católico de EEUU desde J.F. Kennedy es que se las pidan a él.

Otro capítulo clave de la plataforma electoral de Biden que lo obligará a relacionarse con la región es su agenda verde frente al cambio climático. La reincorporación de EEUU al acuerdo de París es otra de las medidas cancelatorias del primer día de gobierno. Ni hallará ni espera felicitaciones o sostén de dos presidentes que llegaron a ser, por caminos inconexos, aliados de Trump, el brasileño y el mexicano.

Biden ha declarado que conformará un fondo de 20 mil millones de dólares para la protección ecológica de la cuenca del Amazonas. Tal programa no es bienvenido por Jair Bolsonaro, pero tampoco por la mayoría de los brasileños, que miran con alarmada sospecha toda beneficencia exterior focalizada en la selva y la cuenca amazónicas como un ataque camuflado contra la soberanía nacional secundado por una subrepticia pero inocultable codicia de rapiñas y despojos.

Los entusiasmos de EEUU en pro de formas limpias de energía reciben habitualmente desprecio o sorna de Andrés Manuel López Obrador. El político que evoca al nacionalista Lázaro Cárdenas hace del monopolio estatal mexicano de la explotación de hidrocarburos una de las bases más inconmovibles de su gobierno y de su credo.

Es dudoso que Biden dedique tiempo o esfuerzo a vencer esas desconfianzas brasileñas o mexicanas. Cuando Trump asumió, varios países latinoamericanos, especialmente Brasil y México, temieron que el nuevo presidente se metiera con ellos. Ahora, es al revés: si algo parece temer el nuevo presidente norteamericano es que se metan con él. 

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Viernes, 22 Enero 2021 05:39

Ironías y paradojas

Ironías y paradojas

 Un país ‘W’ que ocupa ilegalmente una parte de la nación ‘X’, critica al país ‘Y’ por su ocupación ilegal de una parte de la nación ‘Z’ y le suministra armas para que ‘Z’ acabe con ‘Y’ , ya que "la integridad territorial es sagrada". Un país ‘V’ que por décadas ignora resoluciones de Naciones Unidas que censuran su ocupación ilegal de un país ‘U’ −durante la cual acapara su tierra y transfiere su población civil allí−, apoya a la nación ‘Z’ cuyos oficiales usan en contra del país ‘Y’ el mismo tipo de argumentos que la nación ‘U’ −y sus defensores− habitualmente dirigen en contra del país ‘V’. Una nación ‘Y’ que enfrenta el ataque del país ‘Z’ −apoyado por las naciones ‘W’ y ‘V’− hace a la luz del derecho internacional cosas muy parecidas que el país ‘V’ en territorios ocupados de la nación ‘U’, o −hasta cierto punto− el país ‘W’ en territorios de la nación ‘X’. Un país ‘V’, perteneciente a una nación-víctima de un genocidio, le vende armas al país ‘Z’, el enemigo acérrimo de la nación ‘Y’ que pertenece a otro país-víctima de un genocidio y que además enfrenta la alianza del país ‘Z’ con la nación ‘W’, dos pueblos étnicamente cercanos, de los cuales el segundo cometió aquel genocidio.

Si al lector ya le dio vértigo, no se preocupe.

En la reciente guerra en Nagorno-Karabaj, un enclave montañoso mayoritariamente armenio en el Cáucaso del sur, pero que les pertenece a los azeríes −y que desde la década de los 90, tras otra sangrienta guerra, estuvo bajo la ocupación armenia en forma de "republiqueta" de Artsaj−, abundaba toda una serie de ironías y paradojas. Algunas de tipo −como se suele decir por mis tierras− "el cerebro se para" (tras dar 100 mil vueltas).

Curiosamente, Rusia, el país no mencionado en la letanía inicial −"la fuente de todos los males en el mundo" (basta leer la prensa liberal)− salió la mejor parada. O "más congruente". No sólo al imponer la tregua entre Armenia (país ‘Y’) y Azerbaiyán (nación ‘Z’) se posicionó como un hegemón regional frente al expansionismo de Turquía (país ‘W’). O convirtió lo que Azerbaiyán no recuperó de Artsaj en su semicolonia. Sino que hizo lo que ya de por sí venía haciendo: recuperar la influencia tras el colapso de la URSS: apoyar irredentismos (Abjasia, Osetia del Sur, Transnistria, Dontesk/Lugansk) o anexar ilegalmente territorios (Crimea). Aunque el hecho de que la nación que les vende armas tanto a Ereván como a Bakú o que oficialmente rehabilitó a Stalin, el responsable por transferir de modo desafortunado a Nagorno Karabaj a Azerbaiyán y no a Armenia, acabara de "salvador de los armenios" no deja de ser una ironía.

¿Pero qué decir de Turquía que ocupando ilegalmente la parte norte de Chipre (país ‘X’) fustigaba a Armenia por su "criminal ocupación de Nagorno Karabaj" o que solidarizándose con el lado azerí (su hermano pueblo túrquico) y mandándole armas (drones, etcétera), asesores militares y mercenarios sirios, se refería despectivamente a los armenios −víctimas del genocidio perpetrado por ella en tiempos del imperio otomano (1.5 millón de víctimas)− como "sobras de la espada" ("kılıç artığı"), insinuando que "aún hay cosas inacabadas" en referencia a los descendientes de los sobrevivientes?

¿O de Israel (país ‘V’) que nunca reconoció el genocidio armenio para no quitarle la excepcionalidad al Holocausto aunque, según sus perpetradores (sic) y estudiosos fue justo el antecedente armenio que posibilitó el genocidio judío, y que no tiene ningún reparo moral en armar −a mano con Turquía que igual niega aquel genocidio− a los azeríes en contra de los armenios con armas (drones, munición loitering, bombas de racimo, vehículos, sistemas de vigilancia) "testeadas" durante la ocupación sin fin de Palestina (nación ‘U’), facilitando si no otro genocidio, sí −bueno, de esto sabe− una nueva limpieza étnica?

¿O de la propia Armenia que en efecto ocupaba de manera ilegal a Nagorno Karabaj y transfería su población civil allí−práctica prohibida por la Convención de Ginebra− "emulando" lo que hace Israel en Cisjordania y apoyándose, igual que Israel, en su diáspora mundial invocaba "el derecho al retorno" para asentar colonos en Artsaj haciéndolo, igualmente, "a fin de proteger vidas" dada la historia de pogromos históricos a manos de los azeríes?

¿O de Azerbaiyán que invocando el derecho internacional usaba argumentos parecidos en contra de la ocupación y asentamientos armenios que los palestinos fútilmente emplean en contra de Israel y sus asentamientos ilegales o usaba la argumentación milenaria (“quién estuvo allí ‘primero’”) para justificar su "derecho" a aquella tierra −esto ya emulando a Israel− rescribiendo la historia y cambiando incluso burdamente inscripciones en sitios arqueológicos armenios bajo su control?

Los rusos diciendo lo mismo de siempre. Los turcos mintiendo descaradamente. Los israelíes, bueno, al menos mantenían la boca cerrada (su apoyo a Azerbaiyán era un secreto a voces). Los armenios actuando (casi) como israelíes. Los azeríes hablando como palestinos. Encima los kurdos perdiendo la guerra en la que no han participado al acabar ante el triunfo del pan-turquismo más expuestos a ataques de Ankara, la misma que hace un siglo, de forma trágica, los hizo coperpetradores del genocidio armenio... (o cuales, décadas más tarde, Israel trató de usar como "quinta columna" en contra de varios países de la región). Ironías. Paradojas. Hipocresías. El mundo patas arriba. ¿O a poco no ha estado así siempre?

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Represión provoca estampida de indocumentados en Vado Hondo

Caravana de miles de migrantes insiste en avanzar rumbo a EU // Más de mil 500 fueron deportados a Honduras // Lo tratan a uno como perro

 

Vado Hondo., Policías y soldados guatemaltecos dispersaron ayer con violencia a miles de migrantes hondureños apostados durante el fin de semana en el kilómetro 177 de la carretera de Vado Hondo, Chiquimula, quienes huyeron en diferentes direcciones, muchos de ellos con niños en brazos.

Más tarde, varios de ellos intentaron nuevamente penetrar el cordón de seguridad para llegar a México y así seguir su paso hacia Estados Unidos, informó la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de Guatemala.

"Delegados de la PDH dialogan y brindan recomendaciones a miembros del ejército y la policía nacional civil de no usar la fuerza en Vado Hondo, donde indocumentados intentan romper el cordón de seguridad", tuiteó la institución.

La entidad que vela por las garantías ciudadanas y los derechos humanos en Guatemala tiene personal desplegado en el sureño departamento de Chiquimula, donde horas antes se reportaron enfrentamientos entre los migrantes y las fuerzas de seguridad.

Por la mañana, el contingente policial avanzó sobre la masa de indocumentados haciendo fuerte ruido mediante el golpe de sus macanas contra los escudos, logrando que muchos migrantes retrocedieran y otros corrieran hacia los lados, dispersándose dentro del pueblo, pero aún en territorio guatemalteco.

Algunos miembros de la caravana sufrieron leves lesiones en medio de la trifulca.

"No estábamos robando, somos gente de bien. Sólo queremos pasar", dijo a la agencia Afp, al borde del llanto, Angie, migrante hondureña de 21 años quien junto con miles de compatriotas anhela llegar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades.

La mujer estaba resignada a regresar a la frontera a tratar de documentar su ingreso y presentar una prueba negativa de Covid-19, requisitosde las autoridades guatemaltecas para internarse en el territorio. "Quiero seguir hasta Estados Unidos, no me quiero quedar en Guatemala", recalcó.

En el desalojo, varios de los caminantes lanzaron piedras a la policía, que respondió con gas lacrimógeno para seguir alejándolos en dirección a la frontera con Honduras, ubicada a unos 50 kilómetros.

El portavoz del ejército, Rubén Tellez, destacó que los soldados hicieron uso mínimo de fuerza y respetaron los derechos humanos y la integridad de los migrantes.

"Yo voy con mi hijo, en Honduras no tengo donde vivir", aseguró otra mujer al canal Guatevisión, luego de la estampida y mientras tomaba aliento al lado de un poste.

Unas 4 mil personas permanecían en ese grupo, de las 9 mil que se estima ingresaron con la caravana que partió el sábado de San Pedro Sula.

Otros 800 indocumentados han sido contenidos en un pueblo vecino, cientos se han dispersado por los alrededores y al menos mil 383 hondureños fueron retornados a su país antier y mil 568 ayer, entre ellos 208 menores, informaron el diario local Prensa Libre y la agencia de noticias Afp.

Las fuerzas de seguridad actuaron tras agotar un diálogo con los migrantes, a quienes se pedía despejar una vía del camino para permitir el avance del transporte de carga, cuya mercancía corría el riesgo de estropearse y había causado más de 30 kilómetros de fila de vehículos, informó Prensa Libre.

Por el contrario, un grupo se apoderó momentáneamente de tres camiones e intentó abrirse paso a marcha lenta, constató un equipo de Afp, lo que desencadenó la acción policial.

El ambiente ya estaba pesado desde el domingo, cuando los caminantes intentaron avanzar a empujones y fueron reprimidos con gases y aporreados por militares.

“Si tuviéramos pisto (dinero) no estaríamos aquí yéndonos al norte (Estados Unidos). Lo tratan a uno como perro, no tiene que ser así”, reprochó otra señora que llevaba a dos niñas, una tomada de cada mano.

Los migrantes se dispersaron en el área y, según medios locales, eran rastreados con drones de la policía.

Relatos de hondureños a la prensa denunciaron además que los comercios del poblado fueron obligados a cerrar para evitar que se abastecieran de alimentos.

Los uniformados actuaron ante el riesgo de más contagios de Covid-19, según un decreto del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, que autoriza el uso de la fuerza, recurso que fue rechazado de manera tajante por organismos de derechos humanos.

Por lo pronto, 21 personas del grupo que pasaron por puestos de control sanitarios han dado positivo al nuevo coronavirus, y deberán guardar cuarentena en Guatemala antes del regreso a su país.

Los migrantes hondureños aseguran que escapan de la violencia, la pobreza, el desempleo y la falta de educación y salud, situación agravada por la pandemia y la destrucción que dejaron a su paso los huracanes Eta y Iota en noviembre.

El éxodo hondureño comenzó la madrugada del viernes desde San Pedro Sula y los caminantes ya dan muestras de cansancio. Durante la jornada, una pequeña caravana de 300 salvadoreños entró al país sin presentar documentos ni prueba negativa de Covid.

La caravana generó tensión entre Guatemala y Honduras, al punto que Tegucigalpa reclamó a su país vecino la acción represiva de los cuerpos de seguridad contra los migrantes, y le pidió una investigación de los hechos.

Guatemala reprochó a Honduras por no cumplir con sus compromisos asumidos hace unas semanas con el país, El Salvador, México Estados Unidos y la Organización de Naciones Unidas para contener la "salida masiva" que irrumpió de manera desordenada en la frontera entre viernes y sábado y que en dos ocasiones ha chocado con la fuerza pública.

Pandilleros "infiltrados"

Autoridades locales advirtieron que en el grupo caminan "infiltrados" miembros de pandillas. Las autoridades guatemaltecas también acusaron que muchos de los migrantes han sido engañados con falsas pruebas de Covid-19.

La caravana marchaba esperanzada de una posible flexibilización de las políticas migratorias en Estados Unidos, cuando el presidente electo, Joe Biden, asuma mañana, posibilidad que ya fue rechazada desde Washington.

"Instamos a Honduras a evaluar y fortalecer medidas de control fronterizo y protocolos de salud para prevenir futuras caravanas", dijo Michael Kozak, subsecretario interino para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

Desde octubre de 2018, más de una docena de caravanas, algunas con miles de migrantes, han salido de Honduras rumbo a Estados Unidos, pero la mayoría ha fracasado por el reforzamiento de los controles fronterizos.

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Alrededor de 9 mil hondureños que viajan a pie rumbo a Estados Unidos se desplazaron ayer por Guatemala (imagen), en su camino a México, cuyo gobierno llamó a los países de Centroamérica a aplicar con responsabilidad los protocolos migratorios y sanitarios, así como atender oportunamente y con responsabilidad estos flujos de personas para evitar que se repitan. Mientras, desplegó un amplio operativo de rescate humanitario con miles de elementos del orden del INM, organizados, equipados y entrenados para auxiliar en la frontera sur, con la instrucción de que no dejen pasar la caravana. Foto Afp / Fabiola Martínez, Agencias y Redacción

Camotán. Unos 9 mil migrantes que viajan a pie desde Honduras rumbo a Estados Unidos se desplazaron ayer por Guatemala, en camino a México, el próximo escollo a sortear en busca de mejores condiciones de vida, que esperan recibir del futuro gobierno del demócrata Joe Biden.

Pese a que un decreto facultaba a la policía utilizar la fuerza para contener el avance del viernes, la decisión de abrir el paso por la línea fronteriza en El Florido se tomó al constatar que en el grupo había muchas familias con niños, comentó un jefe policial a la agencia de noticias Afp.

Un último grupo cruzó ayer la frontera ordenadamente y sin resistencia, y al igual que el resto pasó por alto el requisito de presentar documentos y una prueba negativa de Covid-19. Tomas de video compartidas por el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM)mostraban a gente que vitoreaba al ingresar mientras agentes fronterizos los veían e intentaban impedir que bloquearan el tránsito.

La dependencia, citada por la agencia de noticias Reuters, indicó que al llegar a Chiquimula los migrantes fueron detenidos en medio de forcejeos en un retén militar, donde se les requirió documentación y una prueba negativa de coronavirus.

"Es imposible que continúen su ruta. Las personas que se fueron y lograron pasar ya fueron detenidas allá adelante", dijo el director del IGM, Guillermo Díaz, a cientos de migrantes agrupados a orillas de una carretera en Vado Hondo, también en Chiquimula.

"Los invitamos a regresar, por favor. Tenemos camiones, buses para que retornen a su lugar de origen. Tenemos más de 20 puestos de control de aquí para Tecún Umán (en la frontera con México)", agregó Díaz, quien, a diferencia de varios de los migrantes, sí usaba cubrebocas.

El gobierno de Guatemala lamentó la "transgresión" de su soberanía nacional. "Algunos grupos han violentado la normativa vigente y lograron pasar nuestro territorio, violando las disposiciones legales".

En un comunicado, pidió a Honduras "contener la salida masiva de sus habitantes, mediante acciones preventivas de manera permanente", un reclamo que ya había hecho en octubre pasado cuando otra caravana de alrededor de 4 mil migrantes fue disuelta en Guatemala.

La caravana se adentró en territorio guatemalteco, llegando hasta Jocotán y Camotán, departamento de Chiquimula, fronterizo con Honduras. Algunos grupos fueron en busca de instituciones de respaldo al migrante, y otros recibieron apoyo de la Cruz Roja y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.

Casi todos llevan mochilas con sus pocas pertenencias y en su mayoría calzan sandalias. En el trayecto es común escucharlos corear "fuera JOH", iniciales del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, a quien responsabilizan de su situación.

La mayoría partió la madrugada del viernes desde la estación de autobuses de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, habitual génesis de las caravanas. Casi todos van a pie y algunos piden un aventón. En su trayecto aún se toparán con varios controles policiales dentro de Guatemala antes de llegar a la frontera con México.

Los migrantes argumentan que huyen de una Honduras fuertemente golpeada por el paso de los huracanes Eta y Iota, en noviembre pasado, y la falta de empleo causada por la pandemia de Covid-19, que se suman a los males endémicos de un país acribillado por la violencia asociada a las pandillas y el narcotráfico.


A punta de palos y gases frenan a seis mil migrantes en Guatemala

 

Vado Hondo. Miles de migrantes que ingresaron a pie a Guatemala en su viaje desde Honduras rumbo a Estados Unidos huyendo de la pobreza y la violencia fueron frenados ayer por la policía, que lanzó gas lacrimógeno, y militares que aporrearon a quienes insistían en avanzar.

Al cierre de esta edición, los migrantes estaban cercados en una carretera del poblado de Vado Hondo, en el departamento de Chiquimula, frontera con Honduras. Según cifras oficiales, hasta este lugar llegaron al menos 6 mil de las 9 mil personas que se estima ingresaron a Guatemala.

Tras cruzar por la fuerza el punto fronterizo Florido, miles de migrantes empezaron a concentrarse por la tarde del sábado en un retén militar en Vado Hondo, donde primero les pidieron documentos y una prueba negativa a Covid-19 en medio de forcejeos, que en la noche escalaron a choques.

Por lo pronto, al menos 21 de los migrantes de la caravana dieron positivo a la prueba de Covid-19, y ya fueron trasladados a los centros de bienestar respiratorio cercanos, indicó anoche el ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, publicó en su portal Prensa Libre.

El cruce hacia Vado Hondo, en el kilómetro 177 de la carretera al Atlántico, se llenó de migrantes hondureños que se toparon con un cordón del ejército.

Dos grupos que suman en total unos 6 mil migrantes y que pernoctaron en la zona, se unieron ayer temprano para tratar de atravesar la barricada de más de 3 mil policías y soldados, pero fueron repelidos, informó la autoridad migratoria guatemalteca.

"Esto es demasiado (la actitud de la policía). Venimos de forma humilde. No estamos haciendo mal a nadie", señaló a Afp la hondureña Marisol Domínguez, de 35 años. La mujer viaja con su esposo huyendo de la crítica situación económica en su país, agravada por el paso desastroso de los huracanes Iota y Eta, en noviembre.

Desde la noche del sábado los migrantes están varados a la intemperie en este punto estratégico a menos de 50 kilómetros de la frontera, pues es difícil continuar por otro lado ante la accidentada geografía del lugar.

A lo largo de la jornada algunas mujeres rezaron en voz alta frente al muro militar que los frenó, implorando ayuda divina para continuar la travesía, mientras por momentos los ánimos se caldearon y los migrantes parecían prepararse para nuevos intentos de pasar.

Imágenes de video compartidas por el gobierno de Guatemala mostraron a cientos de migrantes, muchos sin cubrebocas, presionando contra un muro de las fuerzas de seguridad, que usaban palos para repeler la oleada de personas. Muchos resultaron heridos, pero al cierre de esta edición no había cifras.

Las fuerzas de seguridad dispararon gas lacrimógeno y utilizaron una granada aturdidora para dispersar a la multitud, confirmó un fotógrafo de la agencia de noticias Reuters.

La orden de los uniformados fue evitar el paso ante el riesgo de contagios de Covid-19, de acuerdo con lo que dispuso el presidente Alejandro Giammattei al autorizar el uso de la fuerza para contener el éxodo.

"No somos delincuentes. No entiendo por qué nos están tratando mal", lamentó Carlos, de 26 años, originario de San Antonio de Cortés y quien viaja con su esposa y dos pequeñas hijas.

Dixón Vázquez, de 29 años, hondureño originario de La Lima, en el departamento de Cortés, suplicó a las autoridades guatemaltecas que los dejen seguir.

"No tienen corazón, estamos arriesgando la vida, no hay trabajo en Honduras"; comentó que los campos de plátano se perdieron con los huracanes.

La caravana arrancó el viernes pasado, a unos días de que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, asuma el cargo.

Entre viernes y sábado Guatemala envió de regreso a mil 383 migrantes, entre ellos 192 niños, que ingresaron desde Honduras, dio a conocer la autoridad migratoria.

Aunque algunos migrantes dijeron estar alentados por una posible flexibilización de las políticas migratorias bajo una nueva administración en Estados Unidos, la dura respuesta sugiere que Biden podría beneficiarse de las medidas de línea dura del presidente republicano saliente Donald Trump.

"Lo que había dicho el presidente nuevo, Joe Biden, era que pasáramos todas las caravanas. Entonces, no me explico por qué está pasando esto, por qué los guatemaltecos se ponen a favor de los estadunidenses y los mexicanos", sostuvo el hondureño Joaquín Ortiz.

El director general de Migración guatemalteca, Guillermo Díaz, afirmó que los migrantes no pasarán. Quien quiera hacerlo debe mostrar los documentos pertinentes y presentar una prueba negativa de Covid-19.

Advirtió que, tras los incidentes en Vado Hondo, detectaron que marchan “infiltrados, elementos de maras (pandillas) de Honduras y del crimen organizado”.

Un funcionario del equipo de transición de Biden aconsejó a los migrantes no dirigirse a Estados Unidos. "Superar los desafíos creados por las políticas caóticas y crueles de los últimos cuatro años, y los presentados por Covid-19, llevará tiempo", admitió el funcionario, quien prefirió mantener su nombre en reserva, y agregó: "el viaje a Estados Unidos sigue siendo extraordinariamente peligroso".

Condenan uso de la fuerza

El Procurador de los Derechos Humanos (PDH) de Guatemala, Jordán Rodas, condenó la represión en la que varios migrantes resultaron heridos y consideró “deplorable el brutal uso de la fuerza.

"La migración es causada porque en nuestros países no existen condiciones mínimas para una vida digna", reclamó Rodas, y apremió a las instituciones guatemaltecas a "respetar" la integridad de todos los migrantes.

La PDH llamó a las autoridades de Guatemala a garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos, así como la seguridad de los menores de edad que integran la caravana, en especial los que viajan sin compañía de un adulto.

Roberto Herrera Cáceres, comisionado nacional de los derechos humanos de Honduras, anunció el pasado jueves la activación de un protocolo de seguridad para la protección de los migrantes irregulares de la nueva caravana, tuiteó la institución. En el mismo sentido se expresó Ricardo López, coordinador de la Defensoría Nacional de Personas Migrantes en Honduras.

Si esta caravana logra recorrer 450 o 664 kilómetros por Guatemala, según el trayecto que elijan, intentará entrar por el paso fronterizo de Tecún Umán (en la zona suroeste) a México, que ya blindó su frontera.

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Domingo, 17 Enero 2021 05:43

Capitalismo de vigilancia

Capitalismo de vigilancia

La era del capitalismo de la vigilancia, de Shoshana Zuboff, se transformó rápidamente, pese a su extensión, en un libro de referencia, y su título sintetizó un momento del capitalismo. ¿De qué forma se mercantilizan los datos personales y qué efectos tiene eso sobre las personas? ¿Qué tan pertinentes son los conceptos de expropiación y desposesión digital? ¿Estamos frente a una nueva lógica de acumulación capitalista?

 

Casi todos los años, desde 2013, un rasgo definitorio pronosticado o declarado, en retrospectiva al menos, por alguna gran publicación –The Economist, The Guardian, Oxford English Dictionary, Financial Times– ha sido el techlash, la reacción contra el exceso digital. Si tuviésemos que buscarle un origen a este discurso, probablemente estaría en las revelaciones efectuadas por Edward Snowden en 2013, pero los gigantes tecnológicos se convirtieron realmente en tema de preocupación para la clase dominante con los levantamientos políticos de 2016. Que las empresas y los Estados tengan a su disposición asombrosas cantidades de datos sobre nosotros no es, al parecer, tan problemático si esos datos están bajo el control seguro de personas con las que nos identificamos tácitamente. Las campañas de Barack Obama fueron las primeras en aprovechar con gran ventaja la microfocalización que hace un uso intensivo de los datos, pero cuando los expertos en datos –en ocasiones, la misma gente– prestaron sus destrezas a Donald Trump y a la campaña por la salida del Reino Unido de la Unión Europea, Facebook apareció como un sirviente del hombre de la bolsa populista. Se aprobaron leyes, como la Regulación General de Protección de Datos de 2016 en la Unión Europea y la Ley de Privacidad del Consumidor de 2018 aprobada por el estado de California. Organizaciones de todo el mundo tuvieron que retocar los procedimientos de suscripción a sus boletines informativos, pero los señores de los datos siguieron adelante.

En este contexto discursivo destaca una figura, por la importancia de su contribución y la aclamación que ha recibido. Comenzando en 2013, con diversos artículos en el Frankfurter Allgemeine Zeitung, y culminando en el libro de 2019 titulado The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power1, Shoshana Zuboff describía un nuevo tipo de capitalismo inclinado a convertirnos en ratas de laboratorio de la psicología conductista.Asombrosamente para un libro que sonaba un tanto marxiano –al incluir entre sus temas no solo el capitalismo sino también la expropiación, el excedente económico y las enormes asimetrías de poder–, La era del capitalismo de la vigilancia obtuvo la aprobación de Obama, que había presidido una enorme expansión de la vigilancia masiva, bajo el programa prism de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense. Zuboff se unió como cuarta galardonada con el Premio Axel Springer al archicapitalista de la vigilancia, Mark Zuckerberg, al inventor de la red, Tim Berners-Lee, y al aspirante a capitalista de la vigilancia Jeff Bezos, receptores también del mismo galardón en las ediciones anteriores. ¿Cómo explicar que una crítica haya sido canonizada tan de inmediato? Las continuidades en la obra de Zuboff hacen que resulte instructivo esbozar toda su trayectoria.

La historia de Zuboff, nacida en 1951, comienza en la fábrica de su abuelo materno, empresario e inventor que tal vez le inspirase el gusto por los negocios y la tecnología. En Harvard estudió con uno de los principales conductistas, B.F. Skinner, y comenzó una tesis en psicología social titulada «The Ego at Work»2. Pero desde sus años de estudiante tuvo un pie en el mundo de la gestión empresarial, trabajando durante un tiempo en Venezuela como «asesora de cambio organizacional» para la empresa de telecomunicaciones estatal, periodo durante el cual estudió a trabajadores que se trasladaban desde la selva. Poco después de completar su doctorado, empezó a examinar las repercusiones psicológicas y organizacionales del trabajo efectuado con computadoras, lo que culminó en un libro hoy ampliamente considerado como un clásico: In the Age of the Smart Machine: The Future of Work and Power [En la era de la máquina inteligente. El futuro del trabajo y el poder] (1988).

Centrado en estudios etnográficos sobre un puñado de empresas estadounidenses que estaban introduciendo nuevas tecnologías informáticas, In the Age of the Smart Machine ofrecía una explicación humanista de las dificultades de trabajadores y directivos para adaptarse. Como tal, quizá pueda interpretarse como una aportación no marxista a los debates sobre el proceso de trabajo que tenían lugar en aquella época y que comenzaron con el libro publicado en 1974 por Harry Braverman, Trabajo y capital monopolista: la degradación del trabajo en el siglo xx. Pero Zuboff no hacía hincapié simplemente en las repercusiones de la automatización para los trabajadores, porque la informatización del proceso de trabajo no solo reproducía algo hecho por el cuerpo humano: producía un nuevo flujo de información que formaba un «texto electrónico» que se volvería fundamental para el nuevo proceso de trabajo.

Para Zuboff, el verbo «automatizar» (automate) necesitaba, en consecuencia, complementarse con el de «informar», para lo que ella acuñó un nuevo verbo en inglés, informate. La parte más amplia del libro estaba dedicada a la «información» en este sentido e investigaba cómo afrontaban los trabajadores la textualización del lugar de trabajo, de qué forma la importancia dada al conocimiento conducía a una nueva «división del aprendizaje» y cómo los directivos intentaban reforzar su autoridad. Los análisis de Zuboff de las culturas digitales que se desarrollaron en torno de los tablones de anuncios en la década de 1980 eran misteriosos presagios de lo que se produciría en la era de las redes sociales de masas. Y en el último tercio del libro estudiaba las repercusiones más oscuras del texto electrónico a medida que fuera utilizado para apoyar la vigilancia sobre los trabajadores en una materialización del «poder panóptico». Si la información iba a ser una herramienta de «la certidumbre y el control» gerenciales, se preguntaba Zuboff, ¿quedarían las personas reducidas a «servir a una máquina inteligente»? Invocando a Hannah Arendt, imaginaba el ideal conductista de sociedad controlada por la vigilancia y los empujoncitos haciéndose realidad en la informatización del ámbito laboral. Pero el análisis de Zuboff había indicado una alternativa, basada en un uso más horizontal del texto electrónico.

In the Age of the Smart Machine le sirvió a Zuboff para obtener un puesto permanente en Harvard, pero seguía teniendo un pie fuera del mundo académico, y en 1987 fue contratada como asesora de la empresa Thorn emi por el consejero delegado Jim Maxmin, quien se convertiría en su coautor y esposo. En la década de 1990 dirigió una escuela de verano para ejecutivos de mediana edad, en la que los animaban a reflexionar sobre cosas como qué «patrimonio neto» era suficiente. Desde su casa situada a orillas de un lago en Nueva Inglaterra, Zuboff y Maxmin gestionaban un fondo de inversión en comercio digital al tiempo que trabajaban en el libro que se publicaría en 2002, The Support Economy: Why Corporations Are Failing Individuals and the Next Episode of Capitalism [La economía como red de apoyo. Por qué las empresas les fallan a los individuos y el próximo episodio del capitalismo], que ahondaba en la historia empresarial para elaborar una periodización de la «lógica empresarial». Pero el hilo central era un relato sobre el largo proceso de surgimiento del individuo autónomo que habría sonrojado a Hegel. Los deseos de este individuo eran siempre anteriores a cualquier cosa que estuvieran haciendo las empresas, a la espera de ser liberados por emprendedores astutos y capaces de alinearse con el consumidor final y fundar una nueva lógica empresarial.

Josiah Wedgwood fue el primero de estos grandes hombres, Henry Ford, el segundo, aunque como principales consumidoras, las mujeres eran las protagonistas no reconocidas de la historia capitalista. Basándose en la noción de capitalismo gerencial propuesta por Alfred D. Chandler y en el concepto de segunda modernidad de Ulrich Beck, Zuboff y Maxmin describieron cómo, en el mundo alumbrado por Ford, la creciente individualidad psicológica acabó estrellándose contra las rocas de las organizaciones burocratizadas y de las culturas corporativas masculinistas: esta era la contradicción central y motivadora de su teoría. A las empresas solo les preocupaba el «valor de transacción» y contemplaban al consumidor final como un simple medio. Las relaciones combativas con los consumidores eran síntomas de una «crisis de transacción». Había llegado por lo tanto el momento de que un nuevo profeta pusiera de manifiesto aquellos deseos latentes. Tan solo con que propinasen un giro copernicano hacia el consumidor final, las empresas encontrarían un mundo de «valor de relación» acumulado. Necesitarían basarse en las nuevas tecnologías y ahorrar costos mediante la fusión de infraestructuras digitales, orientándose a la provisión de «soporte» configurado para el individuo. La «revolución» económica proyectada parecía implicar la generalización de algo parecido a un asistente personal de los ejecutivos.

Zuboff expuso estas ideas en artículos para la prensa de negocios, pero su fragilidad conceptual se volvía más visible cuando el mundo de los sueños se topaba con la realidad. Steve Jobs era presentado como un «líder histórico» capaz de corregir los errores del capitalismo estadounidense en nombre del «soporte»; Obama también fue reclutado con naturalidad. En 2008, Zuboff peregrinó hacia Silicon Valley «con la esperanza de encontrar líderes que comprendiesen la crisis», pero le asqueó ver la obsesión de ganar dinero con la publicidad. Desilusionada por la dirección tomada por la tecnología estadounidense, comenzó el proyecto que se convertiría en su siguiente libro. Si The Support Economy era una utopía del asesor gerencial, La era del capitalismo de la vigilancia es la distopía que emerge cuando la profecía falla. En este mundo, lo que está equivocado fundamentalmente es un mal modelo empresarial, que se está desbocando. Se trata de un volumen extenso e indisciplinado de casi 700 páginas, cuyo enfoque se desliza de lo sistemático a lo ensayístico. Estructurado en torno de tres partes, pasa de los «cimientos» al «avance» del capitalismo de vigilancia, antes de ampliar el objeto de análisis para considerar la tecnología como base del poder. Los examinaremos uno a uno.

Zuboff comienza volviendo a una cuestión central de su primer libro: si vamos a ser reducidos a trabajar para las máquinas, o viceversa. Solo que ahora el problema atañe a la «civilización de la información». Las máquinas como tales no están en juego, sin embargo, porque el capitalismo de vigilancia es una «forma de mercado» con sus propios «imperativos económicos», y Zuboff considera que la tecnología está modelada fundamentalmente por los fines económicos a los que sirve. La primera parte nos devuelve también al marco de The Support Economy: el capitalismo gerencial, la segunda modernidad, el largo proceso de surgimiento del individuo y la primacía de las necesidades de los consumidores en la historia económica. Pero la contradicción entre el individuo y el capitalismo gerencial encuentra ahora expresión en la aceptación masiva de internet y en los disturbios de 2011 en Reino Unido. Apple sigue siendo la salvadora prevista, el iPod defiende las necesidades de los consumidores, pero hay dos Apples –la humana y la divina– porque la empresa nunca se entendió propiamente a sí misma como la compañía de «soporte» orientada a la asesoría que Zuboff defiende. Si Apple debería haber sido la Ford de la tercera modernidad, será Google el que verdaderamente invente un nuevo tipo de empresa. El mundo no logró así efectuar la transición pronosticada y el capitalismo de vigilancia llenó el vacío, convirtiéndose en la «forma de capitalismo dominante».

El objetivo de Zuboff es revelar las «leyes del movimiento» de esa forma, trazando un paralelo con la explicación dada por Ellen Wood sobre los orígenes del capitalismo propiamente dicho. Google experimentó en sus comienzos un círculo virtuoso o «ciclo de reinversión de valor conductual»: las personas necesitaban búsquedas y las búsquedas podían mejorarse recogiendo los «datos conductuales» producidos por los usuarios. Hasta entonces Google había conseguido ser el tipo de empresa de Zuboff, pero a diferencia de Apple, no tenía un modelo de negocio sostenible. Tras el hundimiento de las puntocom, los inversores en capital de riesgo estaban hambrientos y forzaron un cambio en el aprovechamiento del excedente para utilizarlo en la publicidad dirigida. En este cambio, los datos conductuales se convirtieron en un «activo de vigilancia» y en materia prima para la producción de «derivados conductuales», «productos de predicción» y «futuros conductuales», las cosas que Google vendía de hecho a los anunciantes para obtener «ingresos derivados de la vigilancia». Esto, para Zuboff, fue un proceso de «acumulación primitiva» o «desposesión digital», y para ello llama en su auxilio a Karl Marx, Hannah Arendt, Karl Polanyi y David Harvey. Como otros antes que ella, Zuboff añade un artículo a la lista de mercancías ficticias de Polanyi: tierra, trabajo, dinero y datos conductuales. Dado que el mundo digital era inicialmente un territorio de frontera carente de leyes, Google pudo entrar como magnate ladrón y reclamar los abundantes «recursos naturales humanos». Si se establecieron monopolios, no fue en el sentido tradicional de distorsionar los mercados eliminando la competencia, sino como medio para «acorralar» los suministros de datos, dirigiendo a los usuarios a los rediles de la vigilancia. Mientras que In the Age of the Smart Machine se había analizado la «división del aprendizaje» en el ámbito laboral, esa división caracteriza ahora a la sociedad en general, a medida que los capitalistas de la vigilancia forman una nueva «casta sacerdotal» con una asombrosa concentración de poder.

El clima político instalado tras el 11-S condujo a un «excepcionalismo de vigilancia» que facilitó la metamorfosis de Google, que fue descubriendo sus afinidades electivas con la cia; por su parte, los aparatos de seguridad estadounidenses estaban felices de eludir los controles constitucionales entregando la tarea de recopilar datos a un sector privado muy poco reglamentado.

Entre el capital de vigilancia y el gobierno de Obama se establecería una puerta giratoria, mientras que Google canalizaría recursos inmensos a las actividades de cabildeo. En poco tiempo, Facebook se había unido al juego, usando la tecla del «Me gusta» para seguir a los usuarios por internet y vender derivados de los datos resultantes. Adonde iban, otros los seguían: bajo la dirección de Satya Nadella, Microsoft entró en la extracción de datos de los usuarios, comprando la red social LinkedIn, lanzando su asistente personal Cortana e introduciendo la vigilancia en el sistema operativo de Windows. Apoyado por el Congreso, Verizon también entró, dando comienzo al espionaje por parte del proveedor de servicios de internet y usando los datos resultantes para dirigir la publicidad.

Si la primera parte del libro cubre el grueso de la teoría de Zuboff, la segunda se centra en el avance del capitalismo de vigilancia en lo «real», a medida que su modelo de negocio, centrado en la predicción, pasa de seguir la conducta a modelarla e intervenir en ella. Hace tiempo que los tecnólogos predijeron que llegaría un momento en el que las computadoras saturarían la vida cotidiana a punto tal que acabaría desvaneciéndose. A medida que los capitalistas de la vigilancia persiguen la predicción perfecta, se ven obligados a avanzar en esta dirección, buscando «economías de gama» –mayor variedad de fuentes de datos– y «economías de acción»: generar modelos para volver las variables más predecibles. De ese modo desarrollan un nuevo «medio de modificación conductual». Uno de sus heraldos fue R. Stuart Mackay, quien en la década de 1960 desarrolló la telemetría para efectuar un seguimiento de los animales salvajes, antes de pasarse a la idea de configurar remotamente su conducta. Ahora los individuos se han convertido en objetos de seguimiento constante y las aseguradoras pueden adquirir la capacidad de apagar a distancia el motor de un automóvil cuando se produce un retraso en el pago. La infraestructura digital cambia así de «una cosa que tenemos a una cosa que nos tiene» (Zuboff siente aprecio por el quiasmo). Las pulseras y las aplicaciones para medir la actividad, Google Home y Alexa, los televisores inteligentes, la tecnología biométrica de Facebook, las «ciudades inteligentes», los sensores portátiles en el sector sanitario, los «tejidos interactivos», los juguetes infantiles o simplemente el teléfono inteligente: estamos sometidos a un espionaje constante y a la «entrega» de nuestra conducta en forma de datos, y no hay muchas posibilidades de evitarlo. Sobre esta base, pueden efectuarse análisis detallados del «patrón de vida» de los individuos, mientras que Baidu usa sistemas de seguimiento y localización para predecir los movimientos de la economía china. Los metadatos sobre patrones de conducta se convierten en herramientas para efectuar perfiles psicométricos, mientras se desarrollan mecanismos capaces de leer estados emocionales.

Facebook cruzó la línea de la manipulación social con sus experimentos sobre «contagio emocional», mientras que el juego de «realidad aumentada» Pokémon Go condujo el «tráfico peatonal» a las ubicaciones de empresas contribuyentes, planteando la pregunta de si los capitalistas de vigilancia podrían estar aventurándose en el diseño de «arquitecturas de elección». Los experimentos de modificación conductual realizados en la Guerra Fría, con reclusos y pacientes como objetivos, condujeron en una ocasión a una reacción legislativa que impidió un desarrollo mayor, pero ahora las empresas privadas avanzan, sin las trabas de un proceso democrático, en la búsqueda de «resultados garantizados». La propia conciencia del consumidor se convierte en una amenaza para los ingresos; la libertad y el «derecho al tiempo futuro» se ponen en peligro. El capitalismo de vigilancia encarna un nuevo tipo de capitalismo no menos trascendental que el industrial, y «la lucha por el poder y el control en la sociedad ya no va asociada a los datos ocultos de la clase y su relación con la producción, sino, por el contrario, a [sic] los datos ocultos de la modificación de la conducta diseñada y automatizada».

La tercera parte de In the Age of the Smart Machine estaba dedicada a la «técnica» en cuanto «dimensión material del poder». Aquí pasamos ahora, de manera similar, al tipo de poder augurado por el capitalismo de vigilancia. El término utilizado por Zuboff es «instrumentarismo»: «la instrumentación y la instrumentalización de la conducta para los fines de modificación, predicción, monetización y control». Mientras que el totalitarismo movilizaba la violencia para apoderarse del alma, el instrumentarismo observa silenciosamente y modela la conducta. Skinner fue su profeta, su libro Walden dos, la utopía. Para los conductistas, la libertad es una laguna en la explicación que debe superarse mediante la extensión de la ciencia conductista a la sociedad, y ahora la visión que ellos plantearon está siendo realizada por capitalistas de la vigilancia que buscan «sustituir la sociedad por la certidumbre», mientras persiguen su propia «utopística aplicada». La «física social» del profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts Alex Pentland entra al ataque como un intento de sustituir la política por un plan tecnocrático en nombre del «bien mayor». ¿«El bien mayor de quién?», pregunta con razón Zuboff.

Existen en la actualidad «calificaciones crediticias» de radicalismo y «calificaciones de amenaza» derivadas de las redes sociales, mientras que la empresa de creación reciente Geofeedia rastrea las localizaciones de los manifestantes. El sistema de crédito social chino –que vigila a los ciudadanos y aplica castigos y recompensas en consecuencia– no puede pasarse por alto, aunque Zuboff parece no tener muy claro qué hacer con él. «Conclusión lógica», por una parte, de la búsqueda de «certidumbre» que percibimos bajo el capitalismo de vigilancia –e instrumental más que totalitario–, el sistema de crédito social difiere en tanto que va dirigido a los resultados sociales, no de mercado. También es, asegura Zuboff, de dudosa importancia para su relato al estar formado por una cultura no democrática a la que no le interesa la privacidad; pero al mismo tiempo «transmite la lógica del capitalismo de vigilancia y el poder instrumental que este produce».

El individuo está ahora sitiado, enganchado a modos patológicos de socialidad mediante técnicas derivadas de la industria del juego, incapaz de forjar un sentimiento de identidad adecuado. «Efectos escalofriantes» llegan a la vida cotidiana a medida que las personas modelan su comportamiento para presentarlo en internet. Hay tintes de Sherry Turkle y Nick Carr en los lamentos de Zuboff por el hogar entendido como espacio meditativo para el cultivo del yo. Hacen falta «propuestas sintéticas», lo que parece aludir a medidas legislativas como el «derecho a ser olvidado» y el Reglamento General de Protección de Datos (2016) establecidos en la ue y respaldados por la acción colectiva.

Volvemos, en conclusión, a la relación entre los mercados, el conocimiento y la democracia. En el razonamiento de Friedrich Hayek y los conductistas, la libertad de los actores del mercado estaba asociada a la ignorancia. Con una información cada vez más completa, los capitalistas de la vigilancia amenazan a este dúo. De acuerdo con la visión optimista de Zuboff, el capitalismo se basó en otro tiempo en «reciprocidades orgánicas» entre empresas y personas. El intercambio de mercado equitativo formó el ímpetu de la revolución estadounidense y los industriales británicos se vieron obligados a hacer concesiones democráticas debido a que dependían de las «masas». Con el paso al modelo del valor para el accionista, estas reciprocidades se erosionaron; ahora, los capitalistas de la vigilancia han sobrecargado esta dinámica, produciendo organizaciones de «hiperescala» con descomunales valoraciones bursátiles, diminutas bases de empleados y una escasa dependencia de la sociedad. No ha habido «doble movimiento» polanyiano que imponga límites sociales a la explotación de los datos conductuales, y ahora nos enfrentamos a una «recesión democrática» mientras se pierde la asociación vital de los mercados con la democracia. Zuboff acaba con un popurrí de referencias que agradarían a cualquier atlantista liberal: Arendt sobre el totalitarismo, el desprecio que George Orwell sentía por James Burnham y la caída del Muro de Berlín.

Aunque a menudo recargado, La era del capitalismo de la vigilancia presenta una imagen interesante del paisaje infernal provocado por la actual tecnología capitalista. Zuboff acierta al afirmar la necesidad de nuevos nombres para lidiar con las transformaciones con que nos castigan los gigantes tecnológicos. La expresión «capitalismo de la vigilancia» identifica algo real y, aunque no fuera ella la primera en acuñarla, para mérito suyo ahora parece probable que entre en el uso general. Hay también algo asombroso en su viejo proyecto de vincular el poder tecnológico con la psicología conductista. Zuboff ha dedicado buena parte de su vida intelectual a forjar un Anti-Skinner que sitúe al individuo psicológico en el escenario central, librando una guerra contra sus reducciones positivistas a manos de científicos, directivos y capitalistas de la vigilancia. Probablemente sea este el aspecto en el que resulta más convincente. Pero las afirmaciones fundamentales de La era del capitalismo de la vigilancia son de carácter político-económico y deberían evaluarse como tales. ¿Qué puede decirse, entonces, de sus conceptos de expropiación y desposesión digital? Como desde hace tiempo afirman los defensores de la propiedad intelectual, hay algo especialmente extraño en la noción de que los datos sean cosas que puedan ser robadas, ya que no son bienes escasos, como ha señalado Evgeny Morozov en una reseña publicada en The Baffler. Mi posesión de un constructo de datos dado no impide que todos los demás lo tengan. Los datos conductuales pueden verse también como representaciones, y hace falta recurrir al pensamiento mágico para equiparar la representación con la posesión. Si alguien me espía y anota lo que hago, mi conducta no deja de ser mía. Ha dejado, por supuesto, su impronta en algo que yo no poseo, pero de todas formas eso no lo tenía desde el principio.

La idea de que tales datos pudieran ser «gastados» también tiene poco sentido y dado que ello no es así tampoco existe un espacio identificable superior a él. Se hace así imposible trazar la línea entre el primer «ciclo de reinversión inocuo» de datos conductuales por parte de Google y el aprovechamiento de un «excedente conductual». Los conceptos cuantitativos de la economía política son aquí equívocos, puesto que realmente no hablamos de magnitudes continuas, sino de diferentes usos de los datos: para mejorar un motor de búsqueda, y para mejorar la publicidad dirigida y de ese modo ganar dinero. Podríamos estar tentados de denominar a esto último «excedente» en relación con lo primero, pero ¿y si los mismos datos se utilizan para ambos? O, si lo que lo convierte en excedente es el uso comercial, y no una cantidad nominal de conducta, ¿qué deberíamos hacer ante el hecho de que Zuboff vea el sistema de crédito social chino –destinado al control social y no a la mercadotecnia– como una sanguijuela de excedente conductual? Y de nuevo ¿excedente de qué? ¿Es inocua alguna parte del sistema de crédito social, como el Google de los primeros tiempos?

Esta noción sustancialista de la conducta recuerda la cosmovisión del socialismo ricardiano en la que se considera el trabajo como algo aglomerado en los artefactos de la economía capitalista. Esto ayudó a avalar un cierto punto de vista moral: es nuestro trabajo, debería ser nuestro. Y hay una cierta cualidad intuitiva en la idea de que una cosa dada encarna directamente una cantidad determinada de trabajo, siempre que pensemos en empresas individuales (como el historiador empresarial tiende a hacer) o mercancías concretas, y no en la economía en su totalidad. Esas ideas han perdurado durante mucho tiempo y seguimos encontrando vestigios de ellas en la enredada noción de que, si subir algo a Facebook le permite a Zuckerberg ganar dinero, ello debe ser trabajo productivo, una consecuencia semihumorística de lo cual es la demanda «Salarios para Facebook» (Wages for Facebook). Zuboff distingue su posición concentrándose en la conducta y no en el trabajo, pero el sustancialismo y el punto de vista moral son prácticamente los mismos, aunque tengan aún menos sentido en el caso de los datos.

Zuboff afirma que el capitalismo de vigilancia es la forma dominante de capitalismo, con Google y Facebook convertidas en vanguardia de una dinámica que se está verificando en toda la economía. Sin duda estas empresas son muy poderosas y tienen extraordinarias capitalizaciones bursátiles, pero casi la totalidad de sus ingresos deriva de la publicidad. Aun cuando entramos en una informatización ubicua, ciudades inteligentes y demás procesos análogos, los ingresos publicitarios siguen siendo la principal razón por la que las empresas privadas acumulan datos sobre los usuarios. ¿Quién compra esos anuncios? En gran medida otras empresas, lo que significa que la publicidad en general es un costo para estas y, por lo tanto, una deducción de sus beneficios totales: en términos de la economía política clásica, es uno de los faux frais de la producción. La rentabilidad de los anunciantes está limitada por la de empresas de otros sectores, puesto que dependen de ellas para la obtención de ingresos. Sin importar lo radicalmente que los capitalistas de la vigilancia transformen la publicidad, mientras esta represente su actividad principal, la capacidad que tengan de guiar el capitalismo en su totalidad será limitada.

En opinión de Zuboff, los capitalistas de la vigilancia persiguen la «certidumbre total» y el control real de la totalidad de la conducta de los usuarios con sus productos de predicción. Aunque una ventaja en la predicción puede traducirse en una ventaja a la hora de colocar anuncios publicitarios y, por lo tanto, proporcionar más ingresos, esto tiene límites lógicos. Incluso si fuera posible en teoría la certeza o el control, los anunciantes seguirían sin poder garantizar las ventas de otras empresas a voluntad, porque si la renta disponible de los consumidores es finita, cada transacción segura disminuiría el alcance de otras, haciendo que la «certeza» se debilitara a sí misma. Tiene más sentido rastrear, dirigir y predecir el comportamiento del usuario de un modo lo suficientemente preciso como para que sea razonable que múltiples compañías paguen por participar en la captura de los mismos consumidores. Aparte de ello, perseguir una predicción cada vez más perfecta sería arrojar dinero en un agujero. Además, la conducta que tiene sentido predecir se mantiene casi por completo en el ámbito de la actividad de mercado, planteando la cuestión de si, sea cual fuere la retórica, puede realmente verificarse hacia qué «totalidad» están conduciendo los capitalistas de la vigilancia. Quizá la economía de la atención –de acuerdo con la cual la atención del usuario es un bien escaso perseguido por las empresas– sea aquí un enfoque más útil.

Aunque es recomendable buscar explicaciones sociales para los avances tecnológicos, quizá Zuboff se haya dejado extraviar por su inclinación a pensar en términos de «formas de mercado» y a reducir la tecnología a fines económicos. Es sintomático que vacile respecto al sistema de crédito social chino. Y aunque reconoce la contribución del Estado a alimentar el capitalismo de vigilancia, tiene asombrosamente poco que decir respecto de los detalles ciertos de su función: prism, la Snooper’s Charter, Five Eyes... Ello se muestra esencialmente como un ámbito neutral y pasivo, que en ocasiones sigue allí donde lo conduce la empresa, que tiene algunas leyes malas y necesita más leyes buenas. Pero cualquier historia de la tecnología estadounidense encontrará que el Estado no ha sido ni mucho menos neutral ni pasivo. Por lo general, ha llevado la iniciativa en el impulso de un importante cambio tecnológico, coordinando empresas o tirando de ellas tras de sí, como vemos en la informática, la creación de redes, las armas, las máquinas herramienta, etc. Si el cambio fundamental se produce mediante los actos de grandes empresarios, esto es algo que debe permanecer en la sombra.

Desde su comienzo, el Estado moderno ha sido un aparato de recolección de información. Cuando estuvieron a su disposición, los medios de almacenamiento y procesamiento de datos, mecánicos primero y electrónicos después, simplemente facilitaron lo que ya llevaba mucho tiempo ocurriendo. La tarjeta perforada de Hollerith y sus descendientes permitieron automatizar el procesamiento de datos, incluidos, como es bien sabido, los de los campos de concentración nazis y los relativos al internamiento de estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial. La vigilancia basada en la informática tiene de por sí sus orígenes en esta historia de longue durée, lo cual es útil tener en cuenta al intentar periodizar acontecimientos más cercanos al presente. A lo largo de la década de 1970, trw –una corporación con intereses en los sectores aeroespacial, automotriz, electrónico, informático y de procesamiento de datos– recogió enormes cantidades de datos sobre decenas de millones de consumidores estadounidenses para vendérselos a potenciales acreedores. Y de manera poco sorprendente, dado el alcance de sus operaciones, trw estaba íntimamente entrelazada con la cia. Aunque el intento por parte de Zuboff de interpretar políticamente la fundación del capitalismo de vigilancia –como acto de personas específicas en una coyuntura específica– sea admirable, oculta esta historia más prolongada de la informática en la vigilancia estatal y sus cruces con el sector privado. Es aquí donde encontramos las razones más convincentes para preocuparnos.

Después de todo, ¿qué debería importar que Facebook me muestre repulsivos anuncios publicitarios y quizá hasta me convenza de comprar algo, si esa es la única repercusión que tiene la gigantesca acumulación de datos sobre mí? Es en el momento en que salimos del simple intercambio de mercado –que yo soy formalmente libre de abandonar– y, por lo tanto, del foco principal del capital de vigilancia propiamente dicho, cuando esta asimetría de conocimientos se vuelve verdaderamente problemática. ¿Vamos a estar sometidos a una manipulación digital, pagada por el mayor postor? Aquellos de nosotros que nos movilicemos más allá de los rituales habituales de la participación democrática, ¿vamos a ser rastreados, pastoreados y neutralizados antes de que podamos plantear una amenaza real? ¿Van a ser las inequidades sociales silenciosamente fortalecidas por las clasificaciones que nos impongan aquellos en posición de supervisar? Responder a estas preguntas en serio implicará comprender el Estado como una fuerza activa en el desarrollo tecnológico, como un ámbito diferenciado y que dista mucho de ser neutral. En sí misma, la regulación normativa del capital de vigilancia no será suficiente –ni siquiera respaldada por los movimientos sociales–, porque cualquier reto serio se volvería también un reto al Estado de vigilancia.

Nota: este artículo fue publicado originalmente con el título «El negocio de la vigilancia» en New Left Review segunda época No 121, 3-4/2020.

  1. Profile, Londres, 2019. Hay edición en español: La era del capitalismo de la vigilancia. La lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder, Paidós, Barcelona, 2020.
  2. Juego de palabras entre «el ego en el trabajo» y «el ego en acción» [n. del e.].
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