Miércoles, 16 Diciembre 2020 05:44

Festival de cine colombiano

Los films se podrán ver de forma gratuita a través de la plataforma Indyon.tv

Con una programación atravesada por el contexto social y político

Se verán 40 cortos y largometrajes que "ponen en tensión y debate las miradas oficiales, hegemónicas y conservadoras en Colombia”, dicen sus organizadores.

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Reuniendo un conjunto de películas que ponen en cuestión los imaginarios implantados a partir del choque cultural que en América produjo la conquista, la tercera edición del Festival Internacional de Cine Colombiano en Buenos Aires (FICCBA) funciona como una potente clausura para la temporada de festivales 2020. Realizado de forma gratuita a través de la plataforma Indyon.tv, su programación ofrece, hasta el próximo domingo 20 de diciembre, una serie de recorridos que se proponen contrarrestar las jerarquías racializantes, sexuales, de clase, lingüísticas, religiosas y económicas preestablecidas por una modernidad que lleva cinco siglos arraigada en territorio americano. Nucleadas bajo la consigna general “Narrativas desde el territorio”, estos recorridos organizan la selección oficial en cinco ejes temáticos.

 “El FICCBA tiene como propósito contribuir con el desarrollo de la cultura y las industrias cinematográficas colombiana y argentina, así como promover su difusión en Latinoamérica a través del fomento de la coproducción cinematográfica entre los países, la formación de audiencias y el apoyo a cineastas emergentes”, resume Daniel Saldarriaga, director artístico y productor del festival. Todo eso queda expresado en un trabajo curatorial que reúne más de 40 títulos, repartidos en tres secciones: Competencia Colombiana, Competencia Argentina y una sección no competitiva. En ellas, los largometrajes compiten en pie de igualdad con los medios y cortometrajes.

Saldarriaga explica que, al ser un festival de cine colombiano, “la programación está atravesada por el contexto social y político” de ese país, cuya historia reciente está signada por la violencia política. “En los últimos años ha sido evidente la crisis del proceso de paz”, expresa el director artístico, “en la medida en que el gobierno actual busca atacar los acuerdos, negando el conflicto desde el Centro Nacional de Memoria Histórica y el uso de un discurso de doble moral”. El programador revela que “la deslegitimación del acuerdo de paz, la negación del conflicto armado o de la responsabilidad del Estado en el mismo, sumada a la falta de la implementación de los acuerdos y la poca o nula presencia estatal en las regiones, lleva a que la disputa por el territorio, atravesada además por el narcotráfico”. Un escenario que genera, dice, “una nueva oleada de violencia donde se atacan y asesinan a ex combatientes y líderes sociales, se fortalezcan las bandas paramilitares y otras guerrillas, generando como resultado un éxodo, el aumento de masacres y el desplazamiento de las comunidades afro, campesinas e Indígenas”.

Para Saldarriaga la programación del FICCBA nace “de la necesidad de buscar voces que desde el territorio den cuenta de esas problemáticas desde una visión autoral”, a través de películas que “pongan en tensión y debate esas miradas oficiales, hegemónicas y conservadoras en Colombia”. Películas que, insiste, “ayudan a pensar en todo este fenómeno político y social, y a seguir indagando en nuestro laberinto de la violencia y sus distintos matices”. “Desde la representación el cine tiene el potencial de crear, de transformar imaginarios”, comenta el director artístico del FICCBA. “El poder de narrar la forma en que los individuos se vinculan a sus territorios, las problemáticas que viven dentro de ellos y el contexto que les envuelve. El cine es una herramienta de la memoria que aúna múltiples visiones sobre hechos específicos de la historia, que no deben ser olvidados, porque nos marcan como país y cultura”, sostiene.

Por esos caminos avanzan los 25 títulos de la Competencia Colombiana, divididos en los cinco ejes temáticos citados con anterioridad. El primer conjunto se concentra en la ausencia y las intervenciones fallidas del Estado. El mismo está integrado por La última marcha (Ivo Aichenbaum y Jhon Martínez); El renacer del Carare (Andrés Jurado); Bicentenario (Pablo Álvarez Mesa); Jílble (Laura Huertas Millán, ‘24); Vorágine 31 (varios directores); Telepatina (Carlos Armando Castillo); y Suspensión (Simón Uribe).

El segundo grupo aborda la violencia política que surge del intento de dominar los territorios. Ahí se exhiben las películas Las razones del lobo (Marta Hincapié Uribe); Las fauces (Mauricio Maldonado); La mirada desnuda (Santiago Giraldo Arboleda); Todo es culpa de la sal (María C. Pérez González); Umbral (Gloria Gómez Ceballos); El remanso (Sebastián Valencia Muñoz); y Mundomalo (Andrés Acevedo Zuleta).

En el tercer grupo se cuestionan las pertinencias establecidas de forma arbitraria por las fronteras. El mismo está conformado por las películas Cartucho (Andrés Cháves); Vida de un rey (Rodrigo Dimaté) y Los fantasmas del Caribe (Felipe Monroy). A la grilla se suman El susurro del jaguar (Thais Guisasola) y La libertad (Laura Huertas Millán), que exponen las diferentes luchas de resistencia llevadas adelante desde los cuerpos.

Por fin, el viernes traerá las últimas seis películas, cuyas narrativas surgen de trabajos colectivo o comunitario que desafían las formas jerárquicas de hacer cine y de estar en el mundo. Se trata de Ushui, la luna y el trueno (Rafael Mojica Gil); Sueños de utsu (Ana Jaramillo Beltrán); Lumbalú (Jorge Pérez); El libertario (Eugenio Gómez Borrero); Quién los mató (Jhonny Hendrix Hinestroza); y A mitad del camino (Germán Arango y Paula Medina).

Llama la atención la insistencia con que dentro de la programación reaparecen temas como la violencia política, la acción de los movimientos sociales y el campesinado, el lugar que ocupa la tradición ancestral, la ecología o las luchas que llevan adelante el feminismo y los colectivos LGBT+. “Esas temáticas son recurrentes porque, lastimosamente, son historias que en el país no dejan de repetirse”, se lamenta Saldarriaga. Pero considera que la gran diferencia se da en el abordaje que hay frente a ellos, ya que ninguna de las películas programadas expresa “un punto de vista exotizante”, sino que hablan de estas problemáticas desde sus lugares, “precisamente para no banalizar esto que nos atraviesa”.

Para ver la programación completa y la grilla diaria del FICCBA 2020, consultar en ficcba.com/ficcba-2020

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Michelle Bachelet condenó el aumento de la "horrenda violencia" en Colombia

Naciones Unidas registró 66 masacres y 255 muertos en el país durante 2020

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos le exigió al gobierno de Iván Duque "medidas más sólidas y mucho más efectivas" para impedir que la violencia siga "normalizada".

 

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos Michelle Bachelet condenó el aumento de la violencia ejercida contra campesinos, indígenas y afrodescendientes en Colombia. Bachelet convocó a las autoridades del país a tomar acciones concretas para cuidar a la población y lamentó que tras décadas de conflicto armado la "horrenda violencia" atribuida a "grupos armados no estatales, grupos criminales y otros elementos armados en Colombia" siga "normalizada" especialmente en las zonas rurales. Allí se concentra la mayor parte de las 66 masacres y 255 muertos registrados este año, de acuerdo a Naciones Unidas. 2020 será sin duda un año para el olvido si se considera lo poco que se avanzó en la aplicación efectiva del Acuerdo de Paz firmado hace ya cuatro años.

"La señora Bachelet está llamando de manera urgente al gobierno colombiano a desarrollar iniciativas efectivas para frenar esta ola de masacres que tiene conmovida al mundo", planteó en diálogo con Página/12 Camilo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). En Colombia, el Indepaz define una masacre como "el homicidio colectivo intencional de tres o más personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario y en estado de indefensión, en iguales circunstancias de tiempo, modo y lugar".

"Violencia persistente" en Colombia

"En lo que va de este año, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia ha documentado 66 masacres en las que 255 personas fueron asesinadas en 18 departamentos del país", aseguró Michelle Bachelet a través de un comunicado. "Es trágico ver a tantas personas ser víctimas de la violencia persistente a lo largo del país", denunció la expresidenta chilena, que incluyó en la categoría de víctimas a "los que se quedaron" en el territorio pese a la violencia y que "permanecen casi completamente indefensos".

Bachelet reclamó "medidas más sólidas y mucho más efectivas" a las autoridades colombianas, teniendo en cuenta que el Estado debe considerar como un "deber" el simple hecho de "estar presente" en todo el país. "No se nota un plan de acción ni una política pública en el presidente Iván Duque y esto contribuye a que se reiteren los procesos de violencia, que la impunidad siga y que las comunidades indígenas sigan desprotegidas", agregó en ese sentido el presidente de Indepaz, Camilo González.

La última masacre registrada en Colombia tuvo lugar el domingo por la noche, cuando al menos tres personas fueron asesinadas y cinco más resultaron heridas en la población de Cuturú, en el departamento de Antioquia. Indepaz señaló al poderoso Clan del Golfo como potencial responsable del ataque en el que "aproximadamente 50 hombres vestidos con uniformes de camuflado y armamento largo" bajaron de sus lanchas e irrumpieron con disparos en Cuturú. 

El gobierno salió rápidamente a responsabilizar por los hechos al narcotráfico y a los distintos grupos armados que operan en la región. Estos se disputan los negocios ilegales abandonados por la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, desde Indepaz calificaron de "precipitado" el diagnóstico emitido por el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, ya que al asumir "el papel de fiscal y juez" no solo "no queda bien", sino que también "puede simplificar el problema y desorientar a la opinión pública".

"Los funcionarios suelen llegar a a los lugares donde se cometieron las masacres a presidir consejos de seguridad hasta días después del hecho, ofrecen recompensas y se marchan sin proponer soluciones estructurales al fenómeno de violencia", manifestó en ese sentido Camilo González.

Cifras dispares 

"Los números que mencionamos de las masacres son los que han sido reportados, pero tememos que sean mayores porque la pandemia ha obstaculizado nuestros esfuerzos por documentar y verificar los asesinatos", dijo desde Ginebra la vocera de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado. Las áreas afectadas por esta oleada de asesinatos son de difícil acceso y prácticamente no hay presencia del Estado. 

Ante la ausencia de cifras oficiales confiables, cada institución elabora su propia estadística. En ese sentido Indepaz va más allá de Naciones Unidas al registrar 84 masacres en Colombia en lo que va del año, una cifra comparable a los niveles de 2005. Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 al 15 de diciembre de 2020, fueron asesinados 1.091 defensores y defensoras de derechos humanos. De ese total, 695 perdieron la vida durante el gobierno de Iván Duque.

"En el informe de Indepaz se muestra cómo a pesar de las oposiciones y fallas en la implementación, el proceso de paz sigue vigente y ha permitido evitar decenas de miles de víctimas", destacó González. Para el investigador, Colombia se encuentra en el "coletazo de la guerra" y en una "transición traumática" en la que, por un lado, crecen las movilizaciones por la paz, mientras en paralelo existen fuerzas que "quieren hacer trizas los acuerdos y llevar al país a nuevos ciclos de violencia".

Aunque el histórico pacto con las FARC redujo la violencia política, Colombia aún se encuentra inmersa en un conflicto de casi seis décadas que deja más de nueve millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados. El reto que aún asoma lejano para que no se pierda lo alcanzado en la disminución de la violencia armada es la implementación integral de los Acuerdos de Paz firmados el 26 de septiembre de 2016 durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

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Los alcances no imaginables ni sustentables de la mordaza

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó, apoyándonos en nuestras convicciones insobornables, recurrimos al país y al mundo para compartirles lo que estamos viviendo y dejar constancias de ello. Lo hacemos porque durante varias décadas nuestras denuncias y clamores nunca han sido escuchados por las instituciones que tienen obligación de protegernos y porque los principios más esenciales de una democracia incluyen el derecho a la libre expresión y a la denuncia, como lo han declarado todos los órganos de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos que han tenido por misión definir los derechos fundamentales del ser humano.

En las últimas semanas hemos vivido y conocido lo siguiente:

  • El domingo 15 de noviembre de 2020en horas de la noche, según las informaciones a las que tuvimos acceso, se presentó una contienda en un establecimiento público del centro urbano de San José, protagonizada por paramilitares armados. Los policías que realizaron allí un allanamiento dijeron que allí había “armas de fogueo o tramadoras”, pero quienes estaban cerca reconocieron que eran armas de fuego utilizadas por los paramilitares y además afirmaron que la policía les había devuelto las armas a dos personas, conocidas como “DEINER” y “SEBASTIÁN”, reconocidos paramilitares de Nuevo Antioquia, corregimiento  del municipio de Turbo. En la contienda resultó herido un campesino. Lo más preocupante es escuchar cómo se incautan armas y muchas veces, como supuestamente en este caso, la policía se las devuelve a sus dueños y éstos no son capturados sino dejados en plena libertad, lo que reconfirma, una vez más, la cercanía y coordinación entre paramilitares y fuerza pública. Según los mismos testigos, unos días después los paramilitares habrían buscado a las personas involucradas en la contienda de esa noche y les habrían entregado sumas de dinero (según se dice, de un millón de pesos) al parecer para que no dijeran nada de lo que había ocurrido allí esa noche.
  • El miércoles 18 de noviembre de 2020, en horas del día, abogados amigos nos hicieron llegar el texto de la Sentencia T-342/20 de la Corte Constitucional, en la cual se revisa la acción de tutela que la Brigada XVII había interpuesto contra nuestra Comunidad de Paz el 28 de septiembre de 2018, alegando que nuestras Constancias vulneraban su derecho al buen nombre. La Sala de Revisión de la Corte, compuesta por los magistrados ALEJANDRO LINARES, ANTONIO JOSÉ LIZARAZO y LUIS GUILLERMO GUERRERO, éste último quien actuó como ponente y ya se retiró de la Corte, concluyó declarando que el derecho de los militares al buen nombre había sido vulnerado por nuestras denuncias, pues éstas “no tienen respaldo en decisiones judiciales condenatorias en firme”.  

Quienes representaron a la Corte en esta ocasión, con una visión opuesta a la de los magistrados que en años pasados defendieron los derechos de nuestra Comunidad de Paz en las sentencias  T-249/03;  T-327/04; T-1025/07 y en los Autos 034/12; 164/12 y 693/17, también pasaron por alto reiteradas jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declaraciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y el escrito que le dirigió a la misma Sala de Revisión el Relator de las Naciones Unidas sobre la Libertad de Expresión, refiriéndose a esta tutela del ejército y en la cual afirma tajantemente que: “Un sistema democrático y plural requiere que los funcionarios públicos y su gestión estén expuestos a un alto nivel de control. Por lo tanto, las autoridades deben tener una mayor tolerancia frente a estas expresiones por más chocantes, desagradables o perturbadoras que sean y abstenerse de imponerle limitaciones y proteger a quienes las emiten”.

Pero un análisis más de fondo de esa sentencia deja en claro que la Sala de Revisión se apartó en muchos puntos de la jurisprudencia defendida durante muchos años por la misma Corte Constitucional, especialmente en su punto central que consiste en darle prevalencia alderecho al buen nombre de una institución sobre el “derecho a la libre expresión de las víctimas. Una larga y abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido que el “buen nombre” (o “reputación”) es algo que se conquista con el buen comportamiento, ganándose el aprecio de la sociedad y no como algo ligado a un cargo o a decisiones judiciales o abstractas, por ello insiste en que el buen nombre no existe cuando no se da ese aprecio social construido con el comportamiento y por lo tanto es imposible defender un derecho a algo que no existe. Y en el caso de la Brigada XVII lo que sí existe es una larga y abundante cadena de quejas y condenas por violación de derechos humanos y comisión de crímenes contra la humanidad, registrada en las Cortes nacionales e internacionales (incluso en sentencias penales de la Corte Suprema de Justicia), donde aparece como crimen recurrente y permanente la estrecha relación con grupos paramilitares, todo lo cual hace más inexistente el “buen nombre”, y lo que no existe no se puede defender.

Esta sentencia desconoce y contradice también la larga jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la prevalencia del Derecho a la Libre Expresión y sobre las normas que rigen los casos muy limitados de tutelas contra particulares o que pretenden defender derechos de entes jurídicos o estatales. Al modificar sustancialmente los criterios de interpretación del concepto de “buen nombre” (negando su esencia de relación con el comportamiento, que produce aceptación en la sociedad) y separarse y contradecir las jurisprudencias de larga trayectoria sobre este y otros conceptos, refrendadas por la Corte en Pleno, esta Sala y esta Sentencia incurren en nulidad e invalidez. Si hubieran querido modificar los criterios de interpretación de todos estos conceptos, hubieran tenido que reunir a la Corte en Pleno y lograr su aprobación, lo cual no hicieron y por lo tanto sus decisiones son nulas. Nuestra Comunidad de Paz ya ha solicitado  que se declare su nulidad.

No podemos sino lamentar la degradación tan grande a que han ido llegando nuestras instituciones jurídicas, que ya no ofrecen ninguna credibilidad a las víctimas.

  •  El sábado 21 de noviembre de 2020, en horas de la noche, fue hallado muy mal herido el señor ELIÉCER MORALES en la carretera que de San José conduce a Apartadó, muy cerca del paraje conocido como Caracolí, de la vereda La Victoria. Algunas versiones le atribuyeron los golpes a una caída de la mula en que se transportaba pero otras versiones hablan de un atentado contra su vida, el cual le causó la muerte pocos días después en el hospital.
  • El domingo 22 de noviembre de 2020en horas de la mañana, en la vereda La Unión falleció el campesino REINALDO AREIZA DAVID, al parecer por ingerir licor adulterado lo que se sumó a golpes graves ocasionados por varias caídas de la bestia. Reinaldo había sido integrante de nuestra Comunidad de Paz desde su fundación en 1997 y había ejercido un fuerte liderazgo, tanto como miembro del Consejo Interno como en el asentamiento de La Unión. En uno de nuestros momentos más dolorosos denunció con valentía, ante la Cámara de Representantes, la masacre de nuestros líderes y niños en las veredas Mulatos y Resbalosa el 21 de febrero de 2005; allí fue suciamente atacado y calumniado por el congresista ex militar Jaime A. Cabal y por varios generales de la cúpula militar. En enero de 2009 el Coronel GERMÁN ROJAS DÍAZ, comandante de la Brigada XVII, lo contactó a través del paramilitar Wilfer Higuita para exigirle que le ayudara a destruir la Comunidad de Paz, y si no aceptaba, sería sometido a un proceso penal con testigos falsos, ya fuera como líder guerrillero o como narcotraficante. Reinaldo se resistió al chantaje y lo denunció, lo que enardeció las furias de los militares y paramilitares quienes lo persiguieron en adelante, hasta llegar a quemarle su casa. Sus problemas lo llevaron a la adición al licor, lo que lo obligó a retirarse de la Comunidad por no poder cumplir con ese aspecto del Reglamento, sin que fueran suficientes los esfuerzos para que cambiara de vida. La Comunidad lamenta profundamente su muerte.  
  •  El lunes 23 de noviembre de 2020, en horas del día, nos llegaron informaciones de que en las veredas El Porvenir y Las Nieves, de San José de Apartadó, los paramilitares están exigiéndole a cada familia campesina una suma de (200.000) doscientos mil pesos para darles regalos navideños a los niños. Esta es una de las manifestaciones del dominio y control abusivo que los paramilitares quieren tener de toda la población civil, de su economía y de su vida común, bajo el chantaje de las armas.
  • El viernes 27 de noviembre de 2020en horas del día, en la vereda La Resbalosa, en el punto conocido como La Despabiladora, fue visto un grupo de paramilitares fuertemente armados y a poca distancia de ellos un helicóptero de la empresa EPM descargando postes y materiales eléctricos. Hay que recordar que estos paramilitares, en el año 2018, electrificaron parte de las veredas La Resbalosa, Naín, La Resbalosita, Baltazar, Alto Joaquín, entre otras, del departamento de Córdoba en límites con Antioquia. Ahora supuestamente la empresa EPM busca legalizar todas estas redes que los paramilitares colocaron con dineros que forzadamente les extrajeron a los campesinos de esas veredas.  
  • El sábado 28 de noviembre de 2020, en el punto conocido como La Máquina,  de la vereda Arenas Bajas, de San Jose de Apartadó, fue visto un grupo de paramilitares con armas largas y al parecer estuvieron allí por varios días. 
  • En  la última semana de Noviembre de 2020 circularon informaciones según las cuales los paramilitares se estarían coordinando con la Fiscalía, supuestamente para obtener informaciones sobre quién va hasta allí a hacer denuncias en su contra y también para controlar más estrictamente a quienes buscan suministrar informaciones a nuestra Comunidad de Paz. Este escenario nos recuerda episodios de años anteriores en que muchas víctimas se acercaban a la Fiscalía a presentar denuncias o a realizar otras diligencias y luego era evidente que esa información aparecía en manos de los paramilitares quienes tomaban represalias por las denuncias o atentaban contra la vida de víctimas de montajes. Nos viene a la memoria lo sucedido, por ejemplo, el 22 de septiembre de 2010, cuando fueron citados a la Fiscalía 4 jóvenes que ya habían sido procesados por las mismas acusaciones, violando la prohibición judicial de realizar dos o más procesos por los mismos cargos. La Defensoría se negó a acompañarlos y al salir de la Fiscalía, ya de noche, en el camino fueron atacados a bala por los paramilitares, quedando herido Alonso Valle y logrando escapar Jorge Luis Higuita y José Albeiro David. Otros vinculados al mismo proceso, como John Kennedy Higuita y Bernardo Ríos, fueron asesinados en los meses siguientes; a Alonso Valle no le quisieron sacar la bala en el hospital y él mismo tuvo que sacársela con un cuchillo. Todo indicaba coordinación entre Fiscalía, paramilitares, Defensoría y Hospital, para contribuir a la muerte de estos jóvenes, en cuyos procesos judiciales se cometieron numerosos delitos procesales.
  • En la primera semana de diciembre de 2020 circularon informaciones según las cuales los paramilitares están implementando nuevos planes de reclutamiento de miembros de su estructura con el atractivo de pagos más altos. Los paramilitares alias “RENÉ”, “JESUSITO” y “SAMUEL”, este último quien actuó como comandante en veredas de Córdoba y luego ha sido enviado a la zona de La Unión, El Porvenir, Las Nieves, La Esperanza, Arenas Bajas, Arenas Altas y veredas aledañas, estarían motivando mediante incentivos económicos a paramilitares desanimados por la muerte de sus comandantes, para que regresen a la acción. En el caso del paramilitar conocido como “RAMIRO”, presente en la vereda La Unión, quien es a la vez hermano del comandante “SAMUEL”, se sabe que estuvo presente el día en que dentro del operativo “AGAMENON 2” fue asesinado su comandante conocido como “PUEBLO” o “PUEBLITO” en una vereda del municipio de Mutatá, Antioquia, y según versiones, desde entonces se encontraba aislado. Por muchos esfuerzos que el gobierno haga por tapar el creciente desarrollo del paramilitarismo, su actividad criminal y su apoyo aquiescente por parte de la fuerza pública, le queda imposible “tapar el sol con las manos”,

Nuevamente agradecemos a las personas y comunidades que en diversos sitios del país y del mundo, desde sus convicciones más íntimas nos han acompañado en estos más de 23 años de Comunidad de Paz y que a pesar del aislamiento por la pandemia siguen presionando cada día al gobierno colombiano para que no destruya nuestras vidas ni nuestro patrimonio y legado. Nuestra sincera gratitud por seguir este proceso de defensa de la vida y que además nos anima moralmente a seguir defendiendo nuestros principios.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Diciembre 13 de 2020

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Por sus obras los conoceréis: la culpa, el soberano y un anarcopetrismo molecular

Por eso os pido, per deos obsecro, que nadie se incline ante mí, porque entonces no danzaré. Søren Kierkegaard

 

Slavoj Žižek suele decir que los motivos sociológicos nunca pueden exculpar a nadie que haya cometido grandes atrocidades. Para ello se sirve del predecible ejemplo de Hitler: ¿si conociéramos las razones sociológicas que hicieron de él lo que fue, realmente lo exculparíamos? Su respuesta es evidentemente que no. El problema de Žižek no es dar un ejemplo que permite pensar poco, que silencia de antemano, a lo cual nos tiene acostumbrados porque sin ello no sería un eterno trending topic (la redundancia afectiva constituye la incontrovertible “verdad” del marketing), el problema es que los motivos sociológicos nunca han roto con la culpa, sino que la desplazan hacia el “mundo”: ¿hay realmente una diferencia tan abismal entre culpar a un individuo y, en contraste, culpar a la sociedad que lo hizo ser quien fue? Yo creería que no; creería, de hecho, que de culpar al “mundo” -en sus diversas versiones- a odiarlo hay solo un pequeño paso. En general, la culpa es hermana del odio, ambas son pasiones tristes, y transitar de una pasión triste a otra siempre ha sido cosa fácil. Eso el cristianismo dominante lo entendió a la perfección: culpar a alguien comienza o termina siempre en un desprecio del mundo entero.

Pero no nos vayamos por las ramas, a Žižek le respondería entonces que el problema no es obviar o no los motivos sociológicos, sino todo lo contrario, presumir que podemos llegar a conocer demasiado bien ora a un individuo ora a una sociedad o un mundo entero. Si soy incapaz de culpar con plena seguridad a alguien, o en el límite al mundo entero, es porque nunca acabaré de conocerlo, de entenderlo, de hacerlo mío: esa es la base ontológica y fenomenológica del rechazo a la pena de muerte, del rechazo al poder soberano. Detrás de todo “se lo merecía” o “no se lo merecía”, sea psicológico, jurídico, sociológico, teológico o naturalista, se esconde un pequeño o gran soberano que juzga con el dedo porque cree conocer con suficiencia al otro, porque el otro ya no es otro, ya ha perdido su potencia creativa, su singularidad irreductible ante mí, y se ha convertido en otro-para-mí, es decir, en simplemente mío. Espero que jamás deba hacerlo, pero nunca diré que no vaya a matar a un ser humano; sin embargo, tengo la absoluta certeza de que de mí nunca saldrá una ley, una sentencia, una pena de muerte: eso se lo dejo a la razón de Estado, allí donde aparezca (en el militar, el sacerdote, el funcionario o el político, pero también en la eventual turba que lincha o en el revolucionario decidido). Creo que queda claro por qué soy anarquista y por qué muchos anarquistas me parecen tiranos.

Esta discusión es absolutamente relevante para un mundo signado por el desprecio a lo que se supone que este es, pero también para un mundo en el que la excepción ha devenido norma, que es nuestro mundo telúrico, pero especialmente nuestro territorio nacional. Si las y los anarquistas que hemos nacido en el territorio ocupado por el Estado colombiano tenemos un reto -y ocupado en su retiro o ausencia estratégicos para aparecer con rostros aún más terribles de los que habitualmente enseñan las teorías del Estado-, si nosotras que hemos nacido aquí tenemos un desafío, es el de contribuir a la desactivación de la máquina soberana, de ese poder de decretar la muerte del otro, preséntese donde se presente. Tenemos el reto de desactivar la máquina soberana por amor al mundo entero. En ese sentido, debo decir que aprecio infinitamente unas palabras que le escuché hace poco a Gustavo Petro y que dan cuenta de que el corazón libertario del M-19 no ha perecido, pese a su progresiva burocratización.

Petro manifestó no desear la muerte de Uribe, pero tampoco su encarcelamiento. Ni el de él ni el de Sergio Fajardo. Se resistió a sentenciarlos a muerte o prisión, llamó a que nos sumáramos a una “política de la vida y del amor, no del odio”, y a que tratásemos al uribismo como a un otro con el que se puede entrar en tensión, disputar, luchar, pero nunca exterminar o pretender extirpar soberanamente. En efecto, para ello tendríamos que encontrarnos ante un nuevo uribismo cuyos aspectos mortíferos, soberanos, hayan sido a su vez desactivados. Lo importante es que al uribismo no se lo desea eliminar ni encarcelar, sino transformar radicalmente para poder luchar contra él, para poder danzar, así sea bruscamente, con él. Me atrevería a decir que eso es lo que posibilita tomar distancia de cualquier política fascista. Ahora bien, lo relevante no es si las palabras de Petro fueron o no sinceras, si obedecen o no al cálculo político -me resisto a emitir un juicio de esas características-, lo que me importa es que él se encuentra contribuyendo a poner a circular un tipo de afectividad imprescindible para salir de la guerra, para abandonar el ciclo vicioso que permite la aparición del estado de excepción indefinido y sus correspondientes actos soberanos. En este punto, prefiero el anarquismo molecular que descuella en el gestoalegre de Gustavo Petro, y que rebasa su nombre propio, al anarquismo molar, identitario, de aquel anarquista convencido de que Uribe merece la muerte y de que el voto convierte a todos en borregos culpables de su esclavitud. Quizás esos anarquistas estén gozando demasiado con su uribismo molecular. Quizás yo sea, de tanto en tanto, ese anarquista y ese fascista de los que me deseo apartar.         

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  Un manifestante enfrentándose a las policía tunecina cerca de una barricada | REUTERS/Amine Ben Aziza.

Esta semana se cumplen diez años del inicio de las llamadas primaveras árabes, una experiencia sofocada mediante la fuerza y la represión en la mayor parte de los lugares donde se dio. Sin embargo, las sociedades árabes continúan experimentando transformaciones importantes que en cualquier momento podrían resurgir con más fuerza que entonces.

 

Cuando estallaron las llamadas primaveras árabes hace diez años, una gran parte de la población perdió el miedo, tomó las calles y coreó consignas a favor de la libertad y contra los dictadores que les gobernaban desde tiempo inmemorial. Sin embargo, fueron movimientos efímeros que pronto terminaron mal.

Los sueños se quebraron y la dura realidad del autoritarismo regresó por el mismo camino por el que se había marchado. Fue así en los afortunados países donde no les cayó encima la calamidad de terribles guerras civiles con un montón de intervenciones extranjeras, como todavía es visible en los casos de Siria, Yemen y Libia.

La chispa que puso las cosas patas arriba saltó el 17 de diciembre de 2010, cuando el vendedor ambulante Mohammed Bouazizi de 26 años se prendió fuego al cuerpo en Túnez para protestar contra la confiscación de su mercancía. La reacción a su muerte circuló por las redes a la velocidad de la luz e inmediatamente se trasladó a las calles, forzando al presidente Ben Ali a refugiarse en Arabia Saudí después de 23 años en el poder.

El mismo mes se pusieron en marcha protestas en Egipto, Libia y Yemen, y luego en otros países. El nuevo escenario puede verse hoy en el norte de África y Oriente Próximo, pese a que algunos intelectuales sostienen que la realidad ha cambiado para siempre, aunque sea parcialmente, con indiferencia de los resultados aparentes.

Hace diez años fueron muchos los árabes, especialmente jóvenes, que lloraron de emoción cuando vieron por televisión las protestas de la plaza Al Tahrir que acabaron con Hosni Mubarak. Pedían a gritos libertad, justicia y esperanza, unos deseos concretos que inicialmente no buscaban la caída del dictador.

Solo seis meses antes de su asesinato en el consulado saudí de Estambul, en octubre de 2018, el periodista Jamal Khashoggi escribió que aquellas revoluciones terminaron con el punto de vista dominante de que los árabes y la democracia eran como agua y aceite y no se podían mezclar.

Muchos egipcios consideran que el actual gobierno de Abdel Fattah al Sisi, que arrancó con un golpe de estado contra el presidente electo Mohamed Morsi en 2013, es más autoritario que el de Mubarak, lo que incrementa la frustración de una buena parte de la población. Las cárceles están más llenas hoy, la pobreza es más extrema y más jóvenes quieren emigrar para siempre.

En Bahrein la revolución fue aplastada con el apoyo militar de Arabia Saudí. El gobierno de aquel país contribuyó a paliar los efectos de las protesta distribuyendo cuantiosas ayudas a la población, que es mayoritariamente chií. Por su parte, las autoridades marroquíes contuvieron las protestas del llamado Movimiento del 20 de Febrero con reformas cosméticas.

El caso más trágico ha sido Siria, donde el gobierno de Bashar al Asad sobrevivió in extremis gracias al apoyo militar de Rusia. Las revueltas iniciadas en Deraa en marzo de 2011 fueron sin duda genuinas, pero la complejidad del tejido social y religioso hizo que todo se escapara de las manos, como era previsible, contando con numerosas intervenciones extranjeras y con un florecimiento yihadista sin precedentes que condujo a la peor experiencia humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial.

Las distintas fuerzas occidentales, árabes y yihadistas, no tan extrañas compañeras de cama, colaboraron para derrocar a Asad, la guinda a décadas de persecución y aislamiento de un régimen dispuesto a colaborar y trabajar con Occidente, como se vio en la guerra de Irak de 1991, pero reacio a admitir las injustas exigencias de los aliados de Israel.

¿Hasta qué punto Occidente está dispuesto a tolerar el islam político?

La pregunta central es hasta qué punto Occidente está dispuesto a tolerar el islam político. Naturalmente, hay casos y casos. No es lo mismo admitir el islam político en Siria que en Egipto. En Siria se debe descartar, pero en Egipto quizá no, a la vista de la experiencia incruenta del presidente Morsi. En algún momento tendrá que darse ese paso, máxime si tenemos en cuenta que el islam político parece haber renunciado completamente a la violencia.

Todavía es demasiado pronto para hacer un balance de las revoluciones árabes, aunque el tiempo transcurrido indica que una parte considerable de la población árabe está cambiando rápidamente y que los arquetipos tradicionales ya no son tan homogéneos y rígidos como antes, especialmente en relación con el islam político.

A veces las revoluciones necesitan muchos años para cristalizar, y este podría ser un caso de esos. Pero también es cierto que la circulación de ideas se hace hoy mucho más rápidamente que en el pasado y no hay que descartar que las fallidas primaveras de hace una década se renueven en un plazo de tiempo no demasiado lejano y con más fuerza que entonces pillando a Occidente desprevenido.

15/12/2020 07:26

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Honduras: un valle de lágrimas y de resistencias

El Valle de Sula, actualmente arrasado por los huracanes Eta y Iota y fuertemente afectado por la pandemia de covid-19, ha sido históricamente el corazón de la ocupación trasnacional en Honduras. También ha sido el corazón de una resistencia vigorosa. Las estructuras para resistir la explotación laboral sirven hoy para organizar la solidaridad social.

 

El pueblo hondureño vive actualmente acechado por la pandemia y las catástrofes ambientales que han causado cientos de muertes y enormes pérdidas en el país. Pero también vive otra pandemia: la de la violencia de un Estado que no ha funcionado más que para profundizar las desigualdades, la pobreza y la migración. Una de las regiones de Honduras más lastimadas por el covid-19 y la destrucción causada por el paso del huracán Eta y la tormenta tropical Iota en menos de dos semanas ha sido el noroccidente del país, específicamente el Valle de Sula, que se ha visto devastado por las inundaciones causadas por la crecida de los ríos Ulúa y Chamelecón.

La magnitud de la destrucción hace imposible que hasta la fecha se tenga certeza de los desoladores efectos que estos fenómenos han tenido en la región y en el país, no solo por la destrucción que han causado en el Valle de Sula sino también por la adversidad que provocaron en el departamento de Santa Bárbara y en el amplio territorio históricamente agraviado de La Mosquitia. Al menos tres millones y medio de personas resultaron afectadas por estos fenómenos, mientras que por lo menos medio millón han sido desplazados internos por la misma causa. En este contexto, se ha señalado que los daños de los huracanes duplicarán el déficit habitacional del país, lo cual equivaldría a una necesidad aproximada de 2,5 millones de hogares. Algunos economistas han calculado que el impacto del Eta y de Iota podría alcanzar hasta 40% del PIB o bien generar cinco años de retroceso, lo que podría llevar el índice de pobreza hasta 80% en 2021. A esto se suman las enfermedades que se puedan generar tras el paso de los huracanes y la vulnerabilidad de 1,5 millones de niñas y niños expuestos a los daños.

El Valle de Sula, actualmente arrasado, ha sido históricamente el corazón de la ocupación transnacional en Honduras, desde la histórica presencia de grandes extensiones de plantíos de banano controlados por la United Fruit Company y Standard Fruit Company, hasta grandes terrenos ocupados actualmente por multinacionales de la industria maquiladora.

Desde hace un siglo, esta región de poco más de 6.000 kilómetros cuadrados fue apropiada por las empresas bananeras estadounidenses que se extendieron a través de miles de hectáreas de monocultivo Rcomunicadas por vías férreas que desembocaban en muelles y puertos de la costa para exportar a Estados Unidos. Ahí se produjeron las condiciones de mayor barbarie laboral, como bien lo demuestra la pluma de Ramón Amaya Amador en la novela Prisión verde, pero también los actos populares de mayor rebeldía, tal y como ocurrió con la histórica huelga bananera de 1954, que hizo temblar el poder del dinero frente a la inmensa insurrección obrera que sacudió al país entero, con epicentro en el municipio de La Lima, que actualmente se encuentra severamente dañado.

A partir de la década de 1980, cuando Honduras se convirtió en el apéndice del dominio económico y político estadounidense en América Central, en el contexto de la Revolución Sandinista en Nicaragua y del conflicto armado en El Salvador, grandes sumas provenientes del extranjero ingresaron en el Valle de Sula para ser invertidas en la industria maquiladora de exportación, aprovechando las precarias condiciones salariales que predominan en el país, además de la ubicación estratégica que tiene el Puerto Cortes para exportar bienes manufacturados hacia la Florida. Desde aquellas fechas hasta la actualidad, con el impulso de políticas económicas neoliberales que solo han garantizado la venta del territorio nacional a las grandes empresas, el Valle de Sula pasó a convertirse en el enclave manufacturero exportador sobre el cual recae el grueso de la economía nacional.

Un corredor industrial maquilador que abarca desde Choloma hasta El Progreso se ha formado a lo largo de los años para absorber un enorme ejército de trabajadoras y trabajadores que originalmente migraron desde regiones rurales para instalarse en las líneas de producción. Estos laboran día y noche, 12 horas diarias sin parar, cosiendo prendas básicas y ensamblando arneses exportados al mercado estadounidense. 150.000 trabajadores y trabajadoras de la maquila se han instalado en las diferentes colonias populares del Valle de Sula, enfrentándose y organizándose diariamente contra la permanente vejación y violación de derechos laborales. Este histórico espacio se ha convertido así en un territorio marcado no solo por la explotación de las grandes empresas, sino por la resistencia y la rebeldía que no dejan descansar a los dueños del dinero.

Desde la década de 1990, cuando la maquila se encontraba en pleno apogeo, organizaciones obreras desarrollaron huelgas históricas a lo largo y ancho del Valle de Sula para denunciar bajos salarios, despidos, jornadas extenuantes y trabajo infantil. Desde allí se organizaron campañas globales de denuncia que han puesto en jaque a las marcas de ropa por su responsabilidad y total impunidad en la precarización del trabajo. Además, esta rebeldía también ha sido fundamental para establecer lazos de solidaridad con la organización laboral de otras actividades económicas, en la formación del movimiento sindical de la industria melonera, en el apoyo a las demandas obreras del sector del banano, en la lucha feminista contra la violencia patriarcal, en la rebelión contra los fraudes electorales y contra las políticas neoliberales de privatización de la educación y la salud pública.

Las colonias obreras devastadas por el paso de los huracanes Eta y Iota se fueron construyendo y ampliando con los años a medida que trabajadoras y trabajadores fueron erigiendo sus hogares sin la ayuda de nadie más que su fuerza de trabajo. Por más que los medios de comunicación empresariales y la clase política busquen presentar el actual desastre como una causa ajena y externa, la devastación causada por estos fenómenos meteorológicos (producidos por efectos del calentamiento global) evidencia un robo histórico e institucionalizado de riqueza que, en lugar de quedar en manos de la población que diariamente la crea con su trabajo, ha sido expoliada para quedar en las arcas de las grandes corporaciones maquiladoras y bananeras que por años han ampliado su acumulación a costa de la vida obrera. Este robo institucionalizado ha provocado una escasez generalizada que se refleja en falta de vivienda digna y de seguridad en la reproducción de la vida obrera del Valle de Sula.

El problema no radica únicamente en la fuerza de los huracanes Eta y Iota en Honduras y en el Valle de Sula, sino en las décadas de expoliación de riqueza que han dejado a la población trabajadora del campo y la ciudad al límite de la vida, sin garantías de seguridad, vivienda y trabajo digno. Esta larga historia de explotación y despojo de una economía de enclave como la hondureña es la mayor responsable de las consecuencias catastróficas que ha generado el paso de los huracanes por Honduras. La ausencia de políticas de Estado para la ciudadanía ha quedado, además, al descubierto con la pandemia. El país tiene hoy un sistema de salud público quebrado.

El Estado hondureño brilla por su ausencia a la hora de promover una seria política de prevención y emergencia que sirva para la población damnificada que ha perdido sus hogares y sus trabajos, mientras que muchas corporaciones maquiladoras obligan a su mano de obra a trabajar mientras se anuncian con bombos y platillos «ayudas» a los empleados afectados, cuando estos han dedicado sus vidas a producirles sus ganancias y sus riquezas monopólicas.

Pero Honduras y el Valle de Sula también brillan por una inmensa e incalculable solidaridad popular que se puede ver en las calles, con brigadas de limpieza, recaudación y distribución de víveres y apoyos que sí alcanzan a lapoblación damnificada. Organizaciones de pueblos originarios, así como movimientos barriales y sindicales, responden al escenario adverso, movilizándose y solidarizándose con la población lastimada. Así como han construido sus vidas en la región dañada con su propio esfuerzo colectivo, a contracorriente y con un Estado que históricamente les ha dado la espalda, hoy enfrentan el desastre causado por el paso de huracanes con un sentido de autoorganización para la supervivencia que busca poner la vida por delante.

Los sindicatos de la industria maquiladora y del sector del banano organizan brigadas para monitorear, recaudar y entregar víveres a la población afectada (no solo a los agremiados), además de denunciar los abusos a los que están siendo sujetos por parte de las empresas –muchas de ellas obligan a los trabajadores y trabajadoras a presentarse a la fábrica para trabajar pese a las condiciones adversas–. A pie, en carros y en lanchas, las mismas estructuras organizativas que se han creado en estas industrias para resistir frente a la constante vejación laboral y solidarizarse con otras luchas en el país ahora sirven como sostén de apoyo para la población damnificada.

De esta manera se demuestra, una vez más, que frente a un Estado indolente que se sostiene a punta de fraudes, corrupción y pólvora, y que da la espalda al dolor y las necesidades apremiantes, han sido la autogestión, la autodeterminación y la organización de los trabajadores y trabajadoras la mayor herramienta para enfrentar las consecuencias catastróficas generadas por los huracanes y la pandemia en Honduras, especialmente en su memorable Valle de Sula.

Diciembre 2020

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Un soldado francés de la operación de seguridad 'Sentinelle' patrulla las calles después de los ataques, París, 19 de noviembre de 2020.Benoit Tessier / Reuters

La ministra de Defensa subrayó que las técnicas "invasivas" para mejorar el rendimiento de los combatientes "no están en la agenda de las Fuerzas Armadas", pero deben ser estudiadas para que Francia no se quede atrás.

El Comité de Ética del Ministerio de Defensa de Francia publicó este martes un informe de 32 páginas con su evaluación del concepto de "soldado potenciado" y una visión general acerca del uso de tecnologías invasivas que podrían mejorar el rendimiento y las capacidades de los combatientes franceses.

Compuesto por 18 representantes civiles y militares con experiencia en el campo operacional, médico, filosófico, histórico y jurídico, el comité dio luz verde para realizar estudios sobre innovaciones científicas y tecnológicas y sus posibles aplicaciones en la defensa para mejorar "las capacidades físicas, cognitivas, perceptivas y psicológicas" de los soldados.

Entre las posibles áreas de investigación se encuentran los implantes que aumentarían la "capacidad cerebral" de los combatientes o liberen sustancias que bloquean el estrés, así como fármacos para mejorar la resistencia mental de los uniformados, en caso de ser capturados por el enemigo, y tratamientos para prevenir el dolor y el cansancio.

La ministra de Defensa de Francia, Florence Parly, subrayó en un comunicado que las técnicas "invasivas" para potenciar a los soldados "no están en la agenda de las Fuerzas Armadas" del país, pero que tampoco deberían cerrar los ojos a lo que podría definir la preparación militar en el futuro a fin de que Francia no se quede atrás, teniendo en cuenta que "no todos tienen los mismos escrúpulos" que el país galo.

"El dictamen emitido por el Comité de Ética nos ayuda a hacerlo: buscando los medios para mantener nuestra superioridad operativa, sin negar nuestros valores y respetando nuestros compromisos internacionales", indicó Parly, para luego agregar que la decisión "se revisará periódicamente a la luz de los desarrollos futuros".

  • Las palabras de la ministra de Defensa francesa se produjeron días después de que, en un artículo para The Wall Street Journal, el director de Inteligencia Nacional de EE.UU., John Ratcliffe, acusara a China de hacer experimentos con sus soldados en la esperanza de que algún día desarrollen "capacidades biológicamente mejoradas". "No existen fronteras éticas para Pekín en su búsqueda del poder", escribió Ratcliffe.
  • El Ministerio de Exteriores de China negó estas afirmaciones y sostuvo que EE.UU. debería "dejar de producir y difundir virus políticos y mentiras".
Sábado, 05 Diciembre 2020 06:25

Colombia: honrar los compromisos de Estado

Colombia: honrar los compromisos de Estado

La plataforma civil Misión de Observación Electoral denunció que 280 activistas han sido asesinados durante 2020 en Colombia, y sólo en los primeros 10 meses del año se cometieron 411 actos de violencia en contra de líderes políticos, sociales y comunales. De acuerdo con la red de organizaciones, los ataques contra dirigentes políticos buscan controlar a los gobiernos locales, y con ello a sus vecinos, mientras que los perpetrados contra representantes sociales comienzan con apropiaciones territoriales y buscan silenciar las voces como primera opción. Esta intención se manifiesta en el hecho de que 63.5 por ciento de las agresiones contra líderes sociales resultan letales.

Los asesinatos de defensores de los derechos humanos y el territorio forman parte desde hace mucho de una macabra cotidianidad en esta nación caribeña, y en los últimos meses se han disparado a niveles más alarmantes. El miércoles, hombres armados secuestraron a Miguel Tapí Rito, gobernador indígena de la comunidad El Brazo, y lo degollaron en un terreno cercano. El Instituto de Investigaciones para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) sostiene que no se trata de un caso aislado, sino que representa un modus operandi que se repite cada semana en distintos puntos del país. Un día después, sicarios a bordo de una motocicleta asesinaron a tiros a Javier Francisco Parra Cubillos, coordinador regional de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial de La Macarena, en el departamento del Meta.

En conjunto, las agresiones contra activistas reflejan la persistencia de un Estado conformado por y para las oligarquías, cuyos integrantes tienen nexos orgánicos con los latifundistas que históricamente han despojado de sus territorios a indígenas y pequeños campesinos, hasta hacer de Colombia la tercera nación con mayor concentración de la tierra en América Latina, con 96 por ciento de las tierras productivas en manos de grandes propietarios. Asimismo, son la muestra más trágica del empeño del presidente Iván Duque –pupilo político del genocida ex mandatario Álvaro Uribe– en ignorar y sabotear el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, que en 2016 puso fin al conflicto armado más longevo del continente. La tolerancia rayana en la complicidad del gobierno de Duque con los grupos paramilitares de la ultraderecha ha llevado a que hasta principios del pasado noviembre hayan sido asesinados 236 ex integrantes desmovilizados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lo cual no sólo es atroz en sí mismo, sino que disuade a los grupos guerrilleros restantes de transitar el camino hacia la paz.

Un tercer vector de los atropellos se halla en los poderosos intereses extractivistas, especialmente en los del sector minero. Como advirtieron voces ambientalistas desde antes de la firma del acuerdo de paz, en ausencia de una voluntad política real para cumplir con los compromisos signados por el Estado, el vacío que dejó la desmovilización de las FARC no fue colmado con un resurgimiento comunitario y el regreso de los desplazados a sus territorios, sino con la renovada voracidad de las compañías que lucran con la destrucción de los territorios y el medio ambiente.

Para salir de esta espiral de violencia, la sociedad colombiana deberá exigir al gobierno de Duque que honre las obligaciones adquiridas por el Estado en el Acuerdo Final, cuyo texto parte de un enfoque de género, diferencial y territorial para garantizar el acceso a derechos en los territorios, inclusión social, fortalecimiento de la institucionalidad, ampliación y fortalecimiento de la democracia, eliminación de las brechas entre el campo y la ciudad, así como reparación a las víctimas.

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Foto: Policías de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) cuando se amotinaron en Cochabamba (Archivo - Tarija 200, foto de Daniel James)

La Fiscalía Policial (Dirección General de Investigación Policial Interna), empezó un proceso de investigación de los motines policiales de noviembre del 2019. Sectores de la Policía se declaran en emergencia y Anssclapol advierte al Gobierno que "no jueguen con fuego".

 

Hace poco más de una semana, la Fiscalía Policial (Dirección General de Investigación Policial Interna), empezó un proceso de investigación a efectivos que participaron en los motines policiales de noviembre del 2019 cuando se consolidaba el golpe de Estado. Esta investigación empieza en Cochabamba que es donde se realizó el primer motín policial.

Como era previsible, esta medida motivó el rechazo de sectores de la policía. En declaraciones para el periódico Los Tiempos, Elia Cárdenas, vicepresidenta de la Asociación de Esposas de Suboficiales, Sargentos, Cabos y Policías, señaló que se declaraban en “emergencia”. En la misma línea, la sargento Cecilia Calani, según un reporte realizado para la Red ERBOL, se pronunció a nombre de la Asociación de Suboficiales, Sargentos, Cabos y Policías (Anssclapol) para advertir al Gobierno con que deben analizar bien la situación y que no “prendan fuego porque eso sería un paso más muy difícil para todo el país (…)”.

Por otra parte, las esposas de los policías de los departamentos de Cochabamba, Tarija y Potosí, se declararon en emergencia. Ruth Nina, que es la representante de las esposas de los policías a nivel nacional declaró que en los próximos días realizarán un ampliado nacional donde evaluarán la situación y tomarán decisiones. En palabras de Nina: “Este hecho está causando preocupación y se rechaza este accionar del Gobierno. Se está convocando a un ampliado nacional donde las representantes expongan las determinaciones que tomaron en cada departamento, aunque Potosí, Tarija y Cochabamba ya se declararon en emergencia y las otros departamentos se están reuniendo con las bases” [1].

Así también, Nina señaló que toman esta medida como una venganza del Gobierno y que están intentando amedrentarles.

A esto último se suma que el día de hoy, la Fiscalía, admitió la denuncia realizada por la ex diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, contra el ex líder cívico y ex candidato a presidente por la Alianza Creemos, el clerical Luis Fernando Camacho. Junto a Fernando Camacho, también se encuentra imputado su padre, el empresario José Luis Camacho, que según declaraciones de su propio hijo habría sido quien financió los sobornos para garantizar el motín policial. Así mismo, en la demanda interpuesta por Patty se incluye al excomandante de las FF.AA., el general Williams Kaliman que fue quién “sugirió” a Evo Morales que renuncie; al excomandante de la Policía, Yuri Calderón; y, al último ex comandante de las FF.AA. (nombrado por Áñez), Sergio Orellana, entre otros ex jefes militares y policiales. No olvidemos que Orellana en marzo de este año amenazó con cerrar el parlamento si no aprobaban los ascensos militares por ellos sugeridos. Cuestión que se produjo de todas formas vía decreto.

Hay que decir que la Fiscalía Policial inició la investigación, a miembros de la policía que promovieron los motines, recién a un año del golpe de Estado. Lo que provocó que se abran estos procesos fue la lista que dio a conocer el ex ministro de Gobierno de Evo Morales, Carlos Romero, en la que se encuentran los nombres de quienes habrían realizado los motines policiales. Romero además denunció, a medios de prensa, que la “estructura conspirativa de la policía permanece intacta”.

Frente a este proceso, la sargento Calani además expresó su rechazo a que el mismo haya sido iniciado por las denuncias de Romero señalando que: “El ex ministro Romero es parte del gobierno que quiso perpetuarse en el poder, no pude ser denunciante cuando ellos fueron los primeros causantes del desastre ocurrido el año pasado”.

Estos inicios en las investigaciones se dan a poco de haberse cumplido el primer aniversario de las masacres de noviembre (Senkata, Sacaba y Ovejuyo) y en medio de una presión importante de gran parte de ese 55% que votó por Arce y Choquehuanca y que busca justicia por los asesinados, heridos, detenidos y torturados durante el golpe de Estado.

Esta fuerte presión social socaba los intentos de Arce y Choquehuanca de armar algún tipo de pacto social con la derecha golpista ya que el malestar policial y militar expresado en las últimas semanas muestra la tensión permanente que se estableció entre el Gobierno y unas FF.AA. que actúan cada vez más autónomamente.

El Gobierno de Arce Catacora, como el mismo Romero lo afirmó, ha mantenido intacta “toda la estructura conspirativa del golpe de Estado”. Las amenazas vertidas por los policías y las alarmas en las FF.AA., así como la agitación en las filas derechistas pese a su profunda división, dificultan ver la manera que Arce pueda dar forma al pacto social que busca negociar con la oposición. ¿Cómo conciliar impunidad y justicia?

En este marco creemos que es fundamental no bajar la guardia por la exigencia de justicia y castigo a todos los responsables materiales y políticos de las vejaciones, vulneraciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Menos aún en momentos en que se inician estas investigaciones no solo por parte de la Fiscalía sino a propósito de la llegada del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) convocado por la CIDH.

Cabe recordar que inicialmente la CIDH califició de masacres lo sucedido durante el golpe de Estado. En seis meses se espera el informe del GIEI cuya investigación contempla el periodo del 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2019. El informe del GIEI será el cuarto informe de organismos internacionales de derechos humanos sobre lo sucedido en Bolivia luego de las anuladas elecciones de octubre del año pasado. A tiempo que escribimos esta nota empezó a conocerse, y es importante su difusión, el informe de La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que reconoce y detalla las graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre.

Aunque son importantes estos informes para la exigencia de justicia para todas las víctimas del golpe de Estado, desde la Liga Obrera Revolucionaria, organización que impulsa La Izquierda Diario Bolivia, no depositamos ninguna confianza política en el MAS que no ha dejado de negociar sistemáticamente con los golpistas, no solo legalizando el golpe de Estado sino que también avaló las medidas criminales y la desastrosa gestión de la pandemia durante toda la gestión del Gobierno de facto de Áñez. Hoy el MAS busca desde el Estado cumplir ese rol amortiguador entre las clases y grupos sociales, y busca imponer un pacto social a costa de los intereses y derechos de las grandes mayorías.

Lo cierto es que la demanda de impunidad de todo el bloque golpista y del aparato policial y militar es muy difícil de conciliar, sino imposible, con la demanda de justicia que se ha instalado en la gran mayoría del pueblo trabajador ante los crímenes y vulneraciones a los derechos humanos ocurridos desde el golpe y durante los meses del Gobierno de Áñez.

Por Juana Runa

Militante de la LOR-CI y de Pan y Rosas

Sábado 5 de diciembre | 00:01

[1https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201203/principal.php?n=39&-esposas-de-policias-en-emergencia-por-procesos-a-implicados-en-motin

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Viernes, 04 Diciembre 2020 05:26

El otro Estados Unidos

Un hombre sin hogar recibe un cubrebocas en Venice, California; en EU hay 66 millones de personas blancas en situación de pobreza. Foto Afp

 

Desde la elección presidencial, nuestro país ha oscilado entre el júbilo y la ira, la esperanza y el temor, en una era de polarización agudizada por las fuerzas del racismo, el nativismo y el odio. Sin embargo, la verdad sea dicha, aunque el tono divisivo de este momento parece estar en ascenso, la división en Estados Unidos no es un fenómeno nuevo.

En las semanas pasadas, he retornado a las palabras del doctor Martin Luther King, Jr., quien en 1967, apenas un año antes de ser asesinado, pronunció un discurso titulado proféticamente El otro Estados Unidos, en el que hizo una vívida descripción de una realidad que se siente como la actual, más que como la de entonces:

“Existen, literalmente, dos Estados Unidos. Uno es hermoso… desbordante con la leche de la prosperidad y la miel de la oportunidad.

 “Pero, por desgracia y tragedia, existe otro Estados Unidos. Este otro país tiene una fealdad cotidiana que constantemente transforma el entusiasmo de la esperanza en la fatiga de la desesperación.”

En tiempos del doctor King, ese otro país quedó al descubierto ante toda la nación por los disturbios sociales masivos y el cambio político. Y sin embargo, pese a las significativas ganancias obtenidas entonces, en las muchas décadas transcurridas la desigualdad ha crecido a niveles inimaginables, mientras la pobreza continuó confinada y en gran medida ignorada.

Hoy, en el invierno temprano de una pandemia incontenible y la crisis económica que la acompaña, hay 140 millones de estadunidenses pobres o de bajos recursos, que en número desproporcionado son personas de color, pero abarcan todas las comunidades del país: 24 millones de negros, 38 millones de latinos, ocho millones de asiáticos, dos millones de personas nativas y 66 millones de blancos. Más de la tercera parte de la población nacional ha sido relegada a la pobreza y la precariedad. En el espejo distorsionado de las políticas públicas, esos 140 millones de personas han permanecido esencialmente invisibles.

Sin embargo, al igual que en la década de 1960 y en otras épocas de nuestra historia, los pobres ya no esperan reconocimiento de Washington. Empiezan a organizarse, adoptando acciones decisivas para alterar la balanza del poder político.

Durante años he viajado por el país, trabajando para construir un movimiento que ponga fin a la pobreza.

En el condado de Lowndes, Alabama, por ejemplo, organicé a gente que vivía día con día con aguas negras en sus patios y moho nocivo en sus hogares. En territorio apache en Oak Flats, Arizona, estuve al lado de líderes nativos que hacían frente a generaciones de pérdidas y despojos, las más recientes a manos de una minera trasnacional del cobre. En Gray’s Harbor, Washington, visité a millennials que viven en campamentos para personas sin hogar, bajo el asedio constante de grupos milicianos y la policía. Y la lista, tristemente, crece cada día.

Ahora que el futuro gobierno de Joe Biden y Kamala Harris se encamina a la Casa Blanca, todos vivimos en una tierra en la que existen dos Estados Unidos, uno de riqueza inimaginable, el otro de pobreza miserable; un país de buena vida prometida y otro de muerte prematura casi garantizada.

Desatar el poder de los votantes pobres y de bajos ingresos

Joe Biden atrajo más electores pobres y de bajos ingresos que el presidente Trump, tanto en el resultado global como en estados claves, como Michigan.

Setenta y dos por ciento de estadunidenses dijeron que preferían un plan de atención a la salud dirigido por el gobierno, y más de 70 por ciento apoyaron elevar el salario mínimo, entre ellos 62 por ciento de los republicanos. Un número asombroso de estadunidenses están atrapados en condiciones deplorables y deseosos de un acuerdo justo con el status quo. Por otro lado, la supresión rampante de votantes y el fraude electoral con tintes raciales de la década pasada sugiere que los extremistas de la parte acaudalada del país irán a los extremos para socavar el poder de quienes están en el fondo de la sociedad.

El mandato de los pobres hoy en día

Ya hay políticos que aconsejan prudencia y retorno a los días anteriores a Trump, como si esa fuera la causa, no la consecuencia, de una nación desesperadamente dividida. Eso sería un desastre, ni más ni menos. Las fisuras en nuestra democracia requieren reparación urgente, no con palabras bonitas, sino con un nuevo pacto de gobernabilidad con el pueblo estadunidense.

Los estados considerados campos de batalla, que ganaron la presidencia para Joe Biden, han sido también campos de batalla en la reciente guerra contra los pobres. En Michigan, estado al que la desindustrialización golpeó primero y con mayor dureza, millones han batallado con las fallas en el suministro de agua potable y una crisis de desempleo. En Wisconsin, donde los sindicatos han sido atacados durante años y la austeridad se volvió la norma, las legislaturas locales han recortado los presupuestos y las políticas de bienestar social.

En Pensilvania, los hospitales rurales han estado cerrando a un ritmo alarmante, incluso desde antes de la pandemia. En Georgia, 1.3 millones de inquilinos –45 por ciento de los hogares en ese estado– estaban este año en riesgo de ser desalojados. Y en Arizona, la crisis climática y la Covid-19 han devastado comunidades enteras, entre ellas las de naciones indígenas.

La gente demanda más que sólo el fin del trumpismo. Demanda que comience una nueva era de cambio para los pobres y los marginados.

La primera prioridad en esa esa debe ser, por supuesto, adoptar una iniciativa integral de asistencia para controlar la pandemia y apoyar a los millones de estadunidenses que enfrentan ahora un invierno frío y oscuro, lleno de privaciones. Los primeros 100 días del gobierno de Biden se deben enfocar, al menos en parte, en lanzar una inversión histórica para asegurar protecciones permanentes para los pobres, que incluyan derechos electorales ampliados, cobertura universal de servicios de salud, vivienda accesible, un salario suficiente para vivir y un ingreso anual garantizado, para no mencionar dejar de invertir en la economía de guerra y una rápida transición hacia una economía verde.

El previsible impasse entre el próximo gobierno y la oposición republicana no se romperá con grandiosos discursos en la Cámara de Representantes o el Senado. Solo puede romperlo un vasto movimiento social, capaz de despertar la imaginación moral de la nación.

Es hora de ponerse a trabajar.

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Por Th eoharis,  teóloga, directora del Kairos Center for Religions, Rights and Social Justice en el Union Theological Seminary en Nueva York y copresidenta de Poor People's Campaign: A National Call for Moral Revival, Es autora de Always With Us? What Jesus Really Said About the Poor.

Una versión de este artículo fue primero publicada en TomDispatch.

Traducción: Jorge Anaya

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