Los periodistas han allanado el camino de Assange al Gulag de EE.UU.

La muerte del periodismo

 

Esta semana han comenzado las audiencias en un tribunal británico para dictaminar sobre la extradición de Julian Assange. Las vicisitudes de más de una década que nos ha llevado hasta el punto en que nos encontramos deberían horrorizar a todo aquel preocupado por la creciente fragilidad de nuestras libertades.

Un periodista y editor ha sido privado de libertad durante diez años. Según los expertos de Naciones Unidas, Assange ha sido arbitrariamente detenido y torturado la mayor parte de ese tiempo mediante un estricto confinamiento físico y una presión psicológica continuada.  La CIA ha pinchado sus comunicaciones y le ha espiado cuando estaba bajo asilo político, en la embajada de Ecuador en Londres, vulnerando sus derechos legales más fundamentales. La jueza que ha supervisado las vistas tiene un grave conflicto de intereses (su familia está muy relacionada con los servicios de seguridad británicos) que no ha declarado y que debería haberla impedido hacerse cargo del caso.

Todo indica que Assange será extraditado a Estados Unidos para enfrentarse a un juicio amañado frente a un gran jurado dispuesto a enviarle a una prisión de máxima seguridad para cumplir una sentencia de hasta 175 años de prisión.

Todo esto no está pasando en una dictadura de pacotilla del Tercer Mundo. Está teniendo lugar bajo nuestras narices, en una gran capital occidental y en un Estado que dice proteger los derechos de la prensa libre. Está ocurriendo no en un abrir y cerrar de ojos, sino a cámara lenta, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año.

La única justificación para este ataque implacable a la libertad de prensa –dejando de lado la sofisticada campaña de ataque que los gobiernos occidentales y los medios de comunicación sumisos han llevado a cabo  contra la personalidad de Assange– es que un hombre de 49 años publicó documentos que mostraban los crímenes de guerra de EE.UU. Esa es la razón –la única razón– por la que Estados Unidos pretende su extradición y por la que Assange ha estado languideciendo en confinamiento solitario en la prisión de alta seguridad de Belmarsh durante la pandemia del covid-19. La solicitud de libertad bajo fianza promovida por sus abogados fue rechazada.

Una cabeza en una pica

Mientras toda la prensa le abandonaba hace una década, y se hacía eco de los comentarios oficiales que lo ridiculizaban por su higiene personal y el tratamiento a su gato, Assange se encuentra actualmente en la situación que predijo en su día que estaría si los gobiernos occidentales se salían con la suya. Está a la espera de su entrega a Estados Unidos para ser encerrado el resto de sus días.

Dos son los objetivos que Estados Unidos y Reino Unido querían lograr mediante la evidente persecución, reclusión y tortura de Assange.

En primer lugar, la inhabilitación de el propio Assange y de Wikileks, la organización de transparencia que fundó con otros colaboradores. El uso de Wikileaks tenía que ser demasiado arriesgado para potenciales denunciantes de conciencia. Esa es la razón por la que Chelsea Manning (la soldado estadounidense que filtró los documentos sobre crímenes de guerra de Estados Unidos en Irak y Afganistán por los que Assange se enfrenta a la extradición) también fue sometida a una rigurosa reclusión. Posteriormente sufrió repetidos castigos en la prisión para forzarla a testificar contra Assange.

El propósito era desacreditar a Wikileaks y organizaciones similares y evitar que publicaran nuevos documentos reveladores, del tipo de los que muestran que los gobiernos occidentales no son los “chicos buenos” que manejan los asuntos del mundo en beneficio de la humanidad, sino matones globales muy militarizados que promueven las mismas políticas coloniales de guerra, destrucción y pillaje que siempre han aplicado.

Y, en segundo lugar, había que sentar ejemplo. Assange tenía que sufrir horriblemente y a la vista de todos para disuadir a otros periodistas de seguir sus pasos. Sería el equivalente moderno de colocar la cabeza del enemigo en una pica a las puertas de la ciudad.

El hecho evidente –confirmado por la cobertura mediática del caso– es que esa estrategia promovida principalmente por EE.UU. y Reino Unido (con Suecia jugando un papel secundario) ha tenido un enorme éxito. La mayor parte de los periodistas de los grandes medios siguen vilipendiando con entusiasmo a Assange, ahora al ignorar su terrible situación.

 Una historia oculta a vista de todos

Cuando Assange se apresuró a buscar asilo político en la embajada de Ecuador en 2012, los periodistas de todos los medios convencionales ridiculizaron su afirmación (ahora claramente justificada) de que intentaba evadir la iniciativa de EE.UU. para extraditarle y encerrarle de por vida. Los medios continuaron con su burla incluso cuando se acumularon pruebas de que un gran jurado se había reunido en secreto para redactar acusaciones de espionaje contra él, y que dicho jurado actuaba desde el distrito oriental de Virginia, sede central de los servicios de seguridad e inteligencia estadounidense. Cualquier jurado de la zona está dominado por el personal de seguridad y sus familiares. No tenía ninguna esperanza de lograr un juicio justo.

Llevamos ocho años soportando que los grandes medios eludan el fondo del caso y  se dediquen complacientes a atacar su personalidad, lo que ha allanado el camino para la actual indiferencia del público ante la extradición de Assange y ha permitido la ignorancia general de sus horrendas implicaciones.

Los periodistas mercenarios han aceptado, al pie de la letra, una serie de razonamientos que justifican el encierro indefinido de Assange en interés de la justicia –antes incluso que su extradición– y que se pisotearan sus derechos legales más básicos. El otro lado de la historia –el de Assange, la historia oculta a vista de todos– ha permanecido invariablemente fuera de la cobertura mediática, ya sea de la CNN, o del New York Times, la BBC o el Guardian.

Desde Suecia hasta Clinton

Al principio se dijo que Assange había huido para no responder a las acusaciones de agresión sexual presentadas en Suecia, a pesar de que fueron las autoridades suecas las que le permitieron salir del país; a pesar de que la fiscal original del caso, Eva Finne, descartara la investigación contra él por “no existir sospecha alguna de cualquier delito”, antes de que otra fiscal tomara el caso por razones políticas apenas ocultas; y a pesar de que Assange posteriormente invitara a la fiscalía sueca a interrogarle en el lugar donde se encontraba (en la embajada), una opción que normalmente no supone ningún problema en otros casos pero fue absolutamente rechazada en este.

 No se trata solo de que los grandes medios no proporcionaran a sus lectores el contexto de la versión de Suecia. Ni de que se ignoraran muchos otros factores a favor de Assange, como la prueba falsificada en el caso de una de las dos mujeres que alegaron agresión sexual y la negación por parte de la otra a firmar la acusación de violación que la policía había preparado para ella.

Se mentía burda y repetidamente al decir que se trataba de una “denuncia de violación”, cuando Assange simplemente era requerido para un interrogatorio. Nunca se levantaron cargos de violación contra él porque la segunda fiscal sueca, Marianne Ny –y sus homónimos británicos, entre otros Sir Keir Starmer, entonces fiscal jefe del caso y ahora líder del Partido Laborista– aparentemente intentaban evitar la poca credibilidad de las alegaciones interrogando a Assange. Era mucho mejor para sus propósitos dejar que Julian se pudriera en un pequeño cuarto de la embajada.

Cuando el caso sueco se vino abajo –cuando resultó evidente que la fiscal original tenía razón al concluir que no existía prueba alguna que justificara nuevos interrogatorios, por no decir acusaciones firmes– la clase política y los medios de comunicación cambiaron de táctica.

De repente la reclusión de Assange estaba implícitamente justificada por razones completamente diferentes, razones políticas –porque supuestamente había contribuido a la campaña presidencial de 2016 de Donald Trump publicando correos electrónicos, presuntamente “hackeados” por Rusia de los servidores del partido Demócrata. El contenido de esos correos, ocultos por los medios en aquel entonces y muy olvidados en la actualidad, desvelaban la corrupción en la campaña de Clinton y las iniciativas llevadas a cabo para sabotear las primarias del partido y debilitar a su rival para la nominación presidencial, Bernie Sanders.

The Guardian fabrica una mentira

A la derecha autoritaria no le ha preocupado mucho el prolongado confinamiento de Assange en la embajada y su posterior encarcelamiento en Belmarsh por haber sacado a la luz los crímenes de guerra de EE.UU., por tanto la prensa no ha invertido ningún esfuerzo en unirla para la causa. La campaña de demonización contra Assange se ha centrado en temas a los tradicionalmente son más sensibles los liberales y la izquierda, que de otro modo tendrían escrúpulos en tirar por la borda la Primera Enmienda y encerrar a la gente por hacer periodismo.

Al igual que las alegaciones de Suecia, a pesar de que no concluyeran en ninguna investigación, se aprovecharon de lo peor de las impulsivas políticas identitarias de la izquierda, la historia de los correos “hackeados” fue diseñada para distanciar a la base del partido Demócrata. Por extraordinario que parezca, la idea de que Rusia penetró en los ordenadores del partido Demócrata persiste a pesar de que pasados los años –y tras una ardua investigación del “Rusiagate” a cargo de Robert Mueller– todavía no se puede sostener con pruebas reales. De hecho, algunas de las personas más cercanas a la materia, como el antiguo embajador británico Craig Murray, han insistido todo el tiempo en que los correos no fueron hackeados por Rusia, sino filtrados por un miembro desengañado del partido Demócrata desde el interior.

Pero todavía es un argumento de mayor peso el hecho de que una organización de transparencia como Wikileaks no tenía más opción que exponer los abusos del partido Demócrata, una vez que obraron en su poder dichos documentos, fuera cual fuera la fuente.

Una vez más, la razón por la que Assange y Wikileaks acabaron mezclados con el fiasco del Rusiagate –que desgastó la energía de los simpatizantes demócratas en una campaña contra Trump que lejos de debilitarle le fortaleció– es la cobertura crédula que realizaron prácticamente todos los grandes medios del caso. Periódicos liberales como el Guardian fueron aún más lejos y fabricaron descaradamente una historia –en la que falsamente informaban de que el asistente de Trump, Paul Manafort, y unos “rusos” sin nombre visitaron en secreto a Assange en la embajada– sin que ello les trajera repercusiones ni llegaran a retractarse en ningún momento.

Se ignora la tortura de Assange

Todo ha posibilitado lo ocurrido posteriormente. Una vez que el caso de la fiscalía sueca se desvaneció y no existían motivos razonables para impedir que Assange saliera en libertad de la embajada, los medios de comunicación decidieron en comandita que el quebrantamiento técnico de la libertad vigilada era motivo suficiente para su reclusión continuada en la embajada o, mejor aún, para su detención y encarcelamiento. Dicho quebrantamiento se basada, desde luego, en la decisión de Assange de buscar asilo en la embajada motivada por el justificada creencia en que Estados Unidos planeaba pedir su extradición y encarcelamiento.

Ninguno de estos periodistas bien pagados pareció recordar que, según el derecho británico, está permitido no cumplir las condiciones de la fianza si existe una “causa razonable”, y huir de la persecución política entra evidentemente dentro de las causas razonables.

Los medios de comunicación también ignoraron deliberadamente las conclusiones del informe de Nils Melzer, académico suizo de derecho internacional y experto de Naciones Unidas en la tortura, según las cuales Reino Unido, EE.UU. y Suecia  no solo habían negado a Assange sus derechos legales básicos sino que se habían confabulado para someterle a años de tortura psicológica –una forma de tortura, según señalaba Melzer, perfeccionada por los nazis por ser más cruel y más efectiva que la tortura física.

Como resultado, Assange ha sufrido un importante deterioro en su salud  física y cognitiva y ha perdido mucho peso. Nada de ello ha merecido más allá de una simple mención por parte de los grandes medios –especialmente cuando su mala salud le ha impedido asistir a alguna audiencia. Las repetidas advertencias de Melzer sobre el maltrato a Assange y sus efectos han caído en oídos sordos. Los medios de comunicación simplemente han ignorado las conclusiones de Melzer, como si nunca hubieran sido publicadas, en el sentido de que Assange ha sido, y está siendo, torturado. Solo tenemos que detenernos a pensar la cobertura que habría recibido el informe de Melzer si hubiera sido motivado por el tratamiento a un disidente de un Estado oficialmente enemigo como Rusia o China.

La sumisión de los medios de comunicación ante el poder

El año pasado la policía británica –en coordinación con un Ecuador presidido por Lenin Moreno, ansioso por estrechar sus lazos con Washington– irrumpió en la embajada para sacar a la fuerza a Assange y encerrarle en la prisión de Belmarsh. Los periodistas volvieron a mirar hacia otro lado en la cobertura de este suceso.

Llevaban cinco años manifestando la necesidad de “creer a las mujeres” en el caso de Assange, aunque eso supusiera ignorar las evidencias, y luego proclamando la santidad de las condiciones de la fianza, aunque se usaran como un simple pretexto para la persecución política. Ahora, todo eso había desaparecido en un instante. De repente, los nueve años de reclusión de Assange basados en la investigación de una agresión sexual inexistente y una infracción menor de la fianza fueron sustituidos por la acusación por un caso de espionaje. Y la prensa volvió a unirse contra él.

Hace unos pocos años la idea de que Assange pudiera ser extraditado a EE.UU. y encerrado de por vida, al considerar “espionaje” su práctica del periodismo, era objeto de mofa por su inverosimilitud. Era algo tan ofensivamente ilegal que ningún periodista “establecido” podía admitir que fuera la verdadera razón para su solicitud de asilo en la embajada. La idea fue ridiculizada como un producto de la imaginación paranoide de Assange y sus seguidores y una excusa fabricada para rehuir la investigación de la fiscalía sueca.

Pero cuando la policía británica invadió la embajada en abril del pasado año y le detuvo para facilitar su extradición a Estados Unidos, precisamente acusándole de espionaje, lo que confirmaba las sospechas de Assange, los periodistas informaron de ello como si desconocieran el trasfondo de la historia. Los medios olvidaron deliberadamente el contexto porque les habría obligado a aceptar que son unos ingenuos ante la propaganda estadounidense, unos apologistas del excepcionalismo de Estados Unidos y de su ilegalidad, y porque habría demostrado que Assange, una vez más, tenía razón. Habría demostrado que él es el verdadero periodista, y no ellos y su periodismo corporativo apaciguado, complaciente y sumiso.

La muerte del periodismo

En estos momentos todos los periodistas del mundo deberían rebelarse y protestar ante los abusos que ha sufrido y está sufriendo Assange, un fatídico destino que se prolongará si se aprueba su extradición. Deberían estar publicando en las primeras páginas y manifestando en los programas informativos de televisión su protesta por los abusos interminables y descarados del proceso contra Assange en los tribunales británicos, entre otros el flagrante conflicto de intereses de Lady Emma Arbuthnot, la juez que supervisa el caso.

Deberían armar un escándalo por la vigilancia ilegal de la CIA  a la que fue sometido Assange mientras se hallaba recluido en las instalaciones de la embajada ecuatoriana, e invalidar la falsa acusación contra él por haber violado las relaciones entre abogado y cliente. Deberían mostrarse indignados ante las maniobras de Washington, a las que los tribunales británicos aplicaron una fina capa del barniz del procedimiento reglamentario, diseñado para extraditarle bajo la acusación de espionaje por realizar un trabajo  que está en el mismo núcleo de lo que se supone es el periodismo: pedir cuentas al poder.

Los periodistas no tienen por qué preocuparse por Assange ni este tiene por qué caerles bien. Tienen que manifestar su protesta porque la aprobación de su extradición marcará la muerte oficial del periodismo. Significará que cualquier periodista del mundo que desentierre verdades embarazosas sobre Estados Unidos, que descubra sus secretos más oscuros, tendrá que guardar silencio o se arriesgará a pudrirse en una cárcel el resto de su vida.

Esa perspectiva debería horrorizar a cualquier periodista. Pero no ha ocurrido así.

Carreras y estatus, no la verdad

Claro está que la inmensa mayoría de periodistas occidentales no llegan a desvelar un secreto importante de los centros de poder en toda su carrera profesional, ni siquiera aquellos que aparentemente se dedican a monitorizar esos centros de poder. Dichos periodistas reescriben los comunicados de prensa y los informes de los grupos de presión, sonsacan a fuentes internas del gobierno que los utilizan para llegar a las grandes audiencias y transmiten los chismes y maledicencias de los pasillos del poder.

Esa es la realidad del 99 por ciento de lo que llamamos periodismo político.

No obstante, el abandono de Assange por parte de los periodistas  –la completa falta de solidaridad ante la persecución flagrante de uno de ellos, similar a la de los disidentes que tiempo atrás eran enviados a un gulag– debería deprimirnos. No significa solo que los periodistas han abandonado la pretensión de hacer auténtico periodismo, sino también que han renunciado a la aspiración de que cualquier otro lo haga.

Significa que los periodistas de los grandes medios, los medios corporativos, están dispuestos a ser considerados por sus audiencias con mayor desdén de lo que ya lo son. Porque, a través de su complicidad y su silencio, se han puesto del lado de los gobiernos para que cualquiera que pida cuentas al poder, como Assange, termine entre rejas. Su propia libertad les encasilla como una élite cautiva; la prueba irrefutable de que sirven al poder es que no lo confrontan.

La única conclusión posible es que a los periodistas de los grandes medios les importa menos la verdad que su carrera profesional, su salario, su estatus y su acceso a los ricos y poderosos. Como Ed Herman y Noam Chomsky explicaron hace tiempo en su libro Los guardianes de la libertad, los periodistas alcanzan la clase media tras un largo proceso diseñado para deshacerse de aquellos que no están claramente en sintonía con los intereses ideológicos de sus editores.

Una ofrenda sacrificial

En resumen, Assange desafió a todos los periodistas al renunciar a su “acceso” (a dios) y a su modus operandi: revelar destellos ocasionales de verdades muy parciales obtenidas de sus fuentes “amigables” (e invariablemente anónimas) que utilizan los medios de comunicación para marcar puntos a sus rivales de los centros de poder.

En vez de eso, a través de denunciantes de conciencia, Assange desenterró la verdad cruda, sin adornos, plena, cuya exposición a la luz pública no ayudaba a ningún poderoso, solo a nosotros, al público, cuando tratábamos de entender lo que se estaba haciendo y se había hecho en nuestro nombre. Por primera vez pudimos ser testigos del comportamiento peligroso y a menudo criminal de nuestros dirigentes.

Assange no solo puso en evidencia a la clase política, también a los medios de comunicación, por su debilidad, su hipocresía, su dependencia de poder, su incapacidad para criticar el sistema corporativo en el que están inmersos.

Pocos de ellos pueden perdonarle ese delito. Y esa es la razón por la que estarán ahí, alentando su extradición, aunque solo sea mediante su silencio. Unos pocos escritores liberales esperarán hasta que sea demasiado tarde para Assange, hasta que haya sido empaquetado para su entrega, y expresarán en columnas dolientes, con poco entusiasmo y de forma evasiva, que por muy desagradable que se supone que sea Assange no se merecía el tratamiento que Estados Unidos le había reservado.

Pero eso será demasiado poco y demasiado tarde. Assange necesitaba hace tiempo la solidaridad de los periodistas y de las asociaciones de prensa, así como la denuncia a pleno pulmón de sus opresores. Él y Wikileaks estaban a la vanguardia de un combate para reformular el periodismo, para reconstruirlo como el verdadero control del poder desbocado de nuestros gobiernos. Los periodistas tenían la oportunidad de unirse a él en esa lucha. En vez de eso huyeron del campo de batalla, dejándole como una oferta sacrificial ante sus amos corporativos.

Más información sobre la persecución a Assange (vídeo en inglés): The War on Journalism: The Case of Julian Assange (38’)

Por Jonathan Cook | 09/09/2020 

Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo

Fuente: https://www.counterpunch.org/2020/09/04/journalists-have-paved-assanges-path-to-a-us-gulag/

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Dibujo de Julian Assange durante la vista de este lunes sobre su extradición a EEUU. Elizabeth Cook /PA Wire/dpa

Este lunes ha comenzado la segunda fase del proceso de extradición de Assange a EEUU por el que se enfrenta a 175 años de prisión por 17 cargos de espionaje

 

"¿Está dispuesto a consentir su extradición?", preguntó la Fiscalía. "No", respondió Julian Assange. Así arrancaba este lunes la segunda fase del proceso de extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks encarcelado en Reino Unido. Tras una larga batalla legal, el caso puede sentar un precedente que limite la libertad de prensa, que tiene un estatus de protección especial en Estados Unidos por la Primera Enmienda de la Constitución.

Estados Unidos le acusa de haber violado su Ley de Espionaje por haber filtrado y publicado secretos diplomáticos y militares en 2010 a través de Wikileaks. Su defensa alega que su función fue equivalente a la de un periodista y cualquier límite que se ponga a su acción tendrá un impacto en cualquier periodista estadounidense.

"Los cargos que formula Estados Unidos están basados directamente en su trabajo como editor y periodista y pueden sentar un precedente terrible para quienes publican información clasificada de interés publico", dice a elDiario.es Olatz Cacho, experta de Amnistía Internacional que ha seguido el caso de Assange.

"El enjuiciamiento de Julian Assange, si se produce, podría tener un efecto disuasorio para la libertad de prensa y hacer que editores y periodistas se autocensuren por miedo a las represalias", dice Nils Muižnieks, director de Amnistía Internacional para Europa.

Las vistas durarán tres o cuatro semanas. Uno de los abogados de Assange, Edward Fitzgerald, se quejó de que no ha podido ver a su cliente en seis meses y propuso aplazar la vista hasta enero. La jueza lo rechazó y así comenzó este lunes el desfile de testigos.

En la puerta, decenas de manifestantes y activistas de diversas ONG como Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras mostraron su apoyo a Assange. Unos pocos periodistas pudieron entrar en el Tribunal Penal Central. La mayoría esperaba fuera.

Poco antes del comienzo de la vista, la directora de campañas internacionales de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Rebecca Vincent; la pareja de Assange, Stella Moris; y el director de RSF Alemania, Christian Mihr, intentaron entregar sin éxito al Gobierno una petición de 80.000 firmas para evitar la extradición. Como alternativa, acudieron a las puertas del juzgado con una pancarta en la que aparecen los nombres de los 80.000 firmantes.

"El periodismo no es un crimen", rezaba la pancarta sobre el hombro de Eric Levy, un veterano activista de 92 años que en 2003 viajó a Irak en autobús con otros pacifistas para hacer de "escudos humanos". Se alojaron en instalaciones civiles como estaciones eléctricas, almacenes de comida y plantas de tratamiento de agua para evitar que fuesen bombardeados. "Estoy aquí por la misma razón que estuve en Irak. Porque creo en la justicia y en la paz. Wikileaks habla por toda la humanidad decente y progresista", cuenta en una breve conversación con Stefan Simanowitz, de Amnistía Internacional.

Durante la vista, además, Assange fue detenido otra vez este lunes por las autoridades británicas al amparo de una nueva solicitud de extradición formalizada hace pocas semanas por EEUU y que amplía la base de sus acusaciones contra el australiano. Estados Unidos acusa a Assange también de haber conspirado con hackers para reclutar a desarrolladores para publicar información clasificada.

Entre quienes se mofaron del procedimiento legal está Edward Snowden, que está refugiado en Rusia para huir de la justicia de Estados Unidos por la revelación del programa de vigilancia masiva de la agencia para la que trabajaba, la Agencia de Seguridad Nacional.

"Literalmente le han vuelto a arrestar el día de su juicio. Sí, han vuelto a arrestar a un hombre que ya está en prisión. El proceso entero es menos juicio que una broma soviética", tuiteó.

Debido a la crisis sanitaria, las autoridades habían concedido permisos a decenas de personas para seguir la vista de forma telemática. Sin embargo, algunos de los que habían recibido dicha autorización, entre ellos el responsable de Amnistía Internacional, han visto como se revocaba dicho permiso poco antes del comienzo del proceso.

La jueza Vanessa Baraitser aseguró que esos permisos se concedieron "por error" ya que le preocupaba "mantener la integridad del tribunal" y "ver lo que ocurre en la sala".

"Estamos sorprendidos. Esto es un trabajo fundamental para Amnistía Internacional, llevamos a cabo seguimientos de juicios en todo el mundo y estamos reconocidos internacionalmente como observadores acreditados", se quejó Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa del Este y Asia Central. "Primero nos negaron la presencia física en agosto, pero nos garantizaron la presencia online de seis observadores, que hace un par de días se redujeron a solo uno y ahora nos enteramos que incluso esa plaza ha sido rechazada". La organización sigue haciendo trámites para poder seguirlo durante estos días.

Rebecca Vincent, de Reporteros Sin Fronteras, fue una de las pocas observadoras que pudo entrar en la sala el lunes y dijo que lo había conseguido por "la intervención de políticos alemanes y un representante de la embajada alemana".

Dentro de la sala también estaba el padre de Julian Assange, John Shipton.

175 años de prisión

Si es extraditado a EEUU, Assange se enfrenta a 175 años de prisión por 17 cargos relacionados con la Ley de Espionaje y uno por fraude y abuso informático. Según Courage Found, se trata de la primera vez que se utiliza esta legislación de 1917 contra un editor. "Es un tipo controvertido, pero pensamos que este caso está ligado directamnte a la libertad de expresión. No deberían existir estos cargos y Reino Unido no se debería plantear estar extraditando a Assange", dice Cacho. La experta de Amnistía Internacional cree que el fundador de Wikileaks no tendrá un juicio justo en EEUU y que "las altas autoridades del país ya lo han condenado".

Assange fue detenido en abril de 2019 por agentes británicos que irrumpieron en la embajada de Ecuador en Londres. Ecuador le concedió el asilo en 2012 y desde entonces Assange vivía en la embajada. Horas antes de su detención, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció por Twitter la retirada del asilo diplomático por considerarlo "insostenible". El arresto se produjo a petición de EEUU.

En 2010, la Fiscalía de Suecia ordenó la detención de Assange, acusado de violación y abuso sexual, y Suecia emitió una orden europea de detención. Reino Unido aceptó extraditarle y Assange entonces pidió asilo en la embajada de Ecuador. Assange dijo que este proceso era una excusa para su extradición a EEUU, donde podría ser juzgado por la filtración masiva de documentos secretos en 2010 a través de Wikileaks.

El relator especial de la ONU para casos de tortura, Nils Meizer, aseguró en una entrevista publicada en elDiario.es que Assange no intentó en ningún momento huir de la justicia sueca. "Cuatro países democráticos unieron fuerzas [Estados Unidos, Ecuador, Suecia y el Reino Unido] para aprovechar su poder y retratar a un hombre como un monstruo para que luego pudiera ser quemado en la hoguera sin que nadie protestara".

Por Javier Biosca Azcoiti

7 de septiembre de 2020 23:27h

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Una milicia negra surge en reacción a los abusos policiales

En EE.UU., el grupo NFAC se moviliza contra la violencia de agentes y supremacistas blancos

Su líder, conocido como el Gran Maestro Jay, es un excandidato presidencial independiente en las elecciones de 2016, veterano de las fuerzas armadas y artista de hip hop. 

 

Tiene un nombre curioso para una milicia: Not fucking around Coalition (NFAC) que en castellano significa algo parecido a “Coalición No estamos jodiendo”. Surgió en Estados Unidos como un grupo de autodefensa negro entre tanto racismo desatado por la policía y los supremacistas blancos. Están armados como si fueran a la guerra y el 4 de julio – día de la independencia en EE.UU – se hicieron ver en un video que recorrió el mundo. No había sido la primera vez, pero resultó suficiente para que nadie les saliera al paso. Ni siquiera los encapuchados del Ku Klux Klan (KKK) que seguramente los vieron como intrusos en lo que consideran su propio reducto: el parque Stone Mountain cerca de Atlanta, Georgia. Los milicianos pedían la destrucción de un monumento ubicado en ese lugar que homenajea a tres confederados de pasado esclavista: Jefferson Davis, Robert E. Lee y Thomas Stonewall Jackson. Su líder es un excandidato a presidente que se postuló de manera independiente en las elecciones de 2016, veterano de las fuerzas armadas y artista de hip hop. Se llama John Fitzgerald Johnson aunque se lo conoce más como el Gran Maestro Jay.

Los integrantes de la NFAC ya anunciaron que seguirán marchando como lo hicieron el 12 de mayo por el asesinato de Ahmaud Arbery cerca de Brunswick, Georgia, a manos de un ex policía y su hijo. También se movilizaron el 25 de julio en Louisville, Kentucky, cuando protestaron por el crimen de Breonna Taylor, una trabajadora de la salud ejecutada en su propia casa durante un operativo policial. Los dos eran jóvenes afroamericanos. Como George Floyd y Jacob Blake, las últimas víctimas de la brutalidad en uniforme. El grupo miliciano “100 por ciento negro” como lo describe su referente y vocero Johnson tiene la cohesión de los militares. No en vano la mayoría pasó por las fuerzas armadas. Cuando desfilan lo hacen en formación cerrada.

En Estados Unidos se los asocia con las Panteras Negras, la organización socialista nacida en Oakland, California, en 1966, por la iniciativa de estudiantes universitarios. Como aquel grupo que fue influido por el ideario de Malcom X, la NFAC no solo se basa en la autodefensa de la comunidad afroamericana. Sus miembros exigen una reivindicación clave como el acceso a la tierra y un estado propio dentro de los EE.UU y solo para negros. Se declaran prisioneros políticos por ser descendientes de los esclavos y tienen en Johnson a un líder locuaz, decidido y que habla megáfono en mano en los actos donde la organización se mostró hasta ahora. En Louisville ya desfilaron un par de veces con su respetable poder de convocatoria. La coalición informó que en julio había movilizado a 3.500 militantes y los videos que pueden verse en youtube acreditan bastante esa cifra.

Vestidos completamente de negro, son hombres y mujeres camuflados con pasamontañas o pañuelos, llevan armas largas, usan porta balas, equipos de comunicación y algunos de sus miembros lucen máscaras antigas y binoculares. Un abundante equipo de combate que en Estados Unidos está permitido tener y portar al amparo de la Segunda Enmienda de la Constitución. Por eso cuando se movilizan en un país donde la violencia está institucionalizada, no llaman tanto la atención por su arsenal bélico. Pero sí porque se trata de afroamericanos armados. Un derecho que hasta pocos meses parecía que solo ejercían las milicias racistas blancas del KKK y sus derivados. Informaciones de la prensa mencionan que en Estados Unidos hay unos 1.300 movimientos de ultraderecha y a 2017 había 165 grupos de milicianos que pueblan su territorio. Una cifra que bien podría haberse incrementado por la tensión racial en ascenso de los últimos años.

La NFAC no se considera parte del Black Lives Matters que con su presencia diaria y multiracial se instaló este año en las calles de EE.UU. Pero si se observan con detenimiento los videos que produce, convive en armonía con la consigna que se instaló en la sociedad desde el asesinato de George Floyd en Minneapolis el 25 de mayo pasado. Cuando Johnson dio su discurso desde las escalinatas de un edificio ubicado en el Jefferson Square Park de Louisville, dijo que “la Not fucking around Coalition ha sido tergiversada por muchos en las redes sociales y demás, y estamos aquí para terminar con esas teorías”. Explicó que no se habían reunido ahí “para causar el caos porque hay rumores de que veníamos a cazar gente. Una vez más, simplemente estamos ejerciendo nuestros derechos constitucionales de reunirnos y portar armas”.

Johnson anunció el 15 de agosto que volverían a Louisville, el día en que se corre en la ciudad el famoso Derby de Kentucky. La convocatoria de la carrera de caballos fue la excusa para hacerle recordar al gobernador del estado, Andy Beshear, una promesa. Cuando dijo que el 5 de septiembre iba a quedar resuelto el asesinato de la enfermera Breonna Taylor. “Es bueno que el gobernador diga eso porque compartimos ese sentimiento también. Esperamos, tenemos esperanzas, de que eso es lo que va a suceder. Si no, también asistiremos al Derby de Kentucky” comentó el líder de la NFAC en un video. Cumplió su promesa y su organización se hizo presente para protestar el último sábado.

Algunas señales políticas de Johnson y su milicia están en su plataforma presidencial de 2016. Sobre el grave conflicto racial que atraviesa toda la historia de EE.UU sostiene: “Los Estados Unidos de América se han polarizado y paralizado en su esencia debido a su falta de voluntad para abordar el cáncer del racismo institucionalizado que ha habitado esta nación desde su nacimiento. Este cáncer se manifiesta de múltiples formas que afectan las funciones críticas de esta nación, desde la aplicación de la ley hasta el empleo. Impide que una nación que se decreta estar unida se convierta en todo lo contrario. ¡No debemos permitir que lo que hace grande a esta nación nos separe y es nuestra diversidad!”.

La propuesta política sugiere una reforma policial que contemple la creación de “una Fiscalía Federal Especial que reciba todos los casos a nivel nacional que involucran específicamente el uso de fuerza letal contra un ciudadano desarmado por un oficial de la ley”. Johnson y sus partidarios están a favor de asimilar a los inmigrantes que lleguen a EE.UU. Plantean una reforma fiscal con medidas para “exigir que las corporaciones ricas y grandes paguen su parte justa en impuestos”, la prohibición “de trasladar sus ganancias y empleos al extranjero para evitar pagar impuestos sobre la renta en Estados Unidos” y la implementación de “un impuesto al patrimonio del 0,3 por ciento de los estadounidenses que hereden más de 3,5 millones de dólares”.

Aquel candidato a presidente casi desconocido que solía aparecer de impecable traje y corbata entre 2015 y 2016 viste ahora en ropa de fajina como jefe del movimiento que se moviliza por las calles de Georgia y Kentucky. Su transformación es un símbolo del clima político-social violento e inestable que vive Estados Unidos.

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Empieza el juicio a Julian Assange y EE.UU. suma acusaciones

El gobierno de Trump aprovechó la demora por la pandemia para agregar cargos contra el fundador de WikiLeaks

Según la defensa del periodista, una larga lista de irregularidades y violaciones de derechos fundamentales deberían impedir su extradición. 

 

En medio de una ofensiva política y legal del gobierno de Donald Trump, comienza este lunes en Londres el juicio de extradición a Estados Unidos del fundador de Wikileaks Julian Assange.Estados Unidos lo acusa de violar su ley de Espionaje por la publicación de documentos secretos en 2010 sobre la guerra de Irak y Afganistán. La defensa pide la liberación y nulidad del proceso a Assange debido a la violación de derechos humanos y civiles consagrados por la ONU, la Convención Europea de los Derechos Humanos y la ley consuetudinaria inglesa.

El tortuoso caso Assange comenzó en 2010 con la publicación de cientos de miles de documentos clasificados que revelaban crímenes de guerra, corrupción y prevaricato en la política bélica estadounidense en Irak y Afganistán. La primera y sorprendente vuelta de tuerca, digna de un thriller, fue la denuncia contra el carismático fundador de WikiLeaks en Suecia unos dos meses más tarde por presunta violación y abuso sexual de dos mujeres. Suecia pidió la extradición de Assange que fue arrestado por la policía británica y puesto en libertad bajo fianza mientras duraba el juicio por extradición en el Reino Unido. Cuando en 2012 la Corte Suprema británica falló a favor de que se lo extraditara a Suecia, Assange solicitó asilo político en la embajada de Ecuador en Londres.

Desde entonces estuvo a merced de los vientos políticos y diplomáticos: los vaivenes judiciales en Suecia, los cambiantes aires de Ecuador, la presión de Estados Unidos y el Reino Unido. La decisión de Suecia de retirar los cargos contra Assange se vio más que compensada por la salida de Rafael Correa, el acelerado giro a la derecha de su sucesor, Lenín Moreno, y el deterioro de la situación económico-social ecuatoriana. A cambio del visto bueno de Estados Unidos para un préstamo con el FMI por 4 mil millones de dólares, el gobierno de Lenín Moreno abandonó a Assange a su suerte. En abril del año pasado la policía inglesa ingresó en la embajada ecuatoriana y lo arrestó por no haberse entregado a la corte cuando estaba libre bajo fianza en 2012. Desde entonces permanece en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, en el sudeste de Londres.

La larga extradición de Assange

Este segundo proceso de extradición debía comenzar en abril: se demoró con la pandemia. Estados Unidos aprovechó esta demora para añadir nuevos cargos a los 18 delitos que se le imputan. Estos cargos se extienden más allá de la figura misma de Assange. Dos de sus socios en WikiLeaks y un empleado de la organización son acusados de cómplices en la conspiración contra la seguridad estadounidense. El mensaje del departamento de estado es una advertencia a cualquier “whistleblower” tentado de revelar los trapos sucios del gobierno: Estados Unidos los seguirá hasta el fin del planeta.

El argumento estadounidense es que la publicación de estos documentos clasificados pone en peligro la vida de personas o la seguridad del estado. El secretario general de la Association of American Lawyers, Luis Carlos Moro refutó este argumento, un clásico de los estados sean democráticos o dictatoriales. “Una extradición de Assange sentará un peligroso precedente para todo el mundo democrático porque lejos de representar la vigencia del estado de derecho significará una victoria de la persecución política”, dijo Moro.

Según la defensa, una larga lista de irregularidades y violaciones de derechos fundamentales deberían impedir la extradición. Los argumentos legales son sólidos y fueron adelantados en una carta abierta al primer ministro Boris Johnson en agosto firmada por más de 150 prominentes abogados y organizaciones legales de Estados Unidos, el Reino Unido, Europa y Australia. Entre los puntos citados se encuentran algunos de casi irrebatible contundencia:

- el artículo 4 del tratado de extradición bilateral entre Estados Unidos y el Reino Unido prohíbe la extradición por motivos políticos.

- También la prohíbe en caso de que haya “un riesgo de ser sometido a un juicio injusto”, es decir, sin las garantías mínimas de imparcialidad de un estado de derecho.

  • ·-El riesgo de tortura citado por el Rapporteur sobre tortura de la ONU en el caso de extradición de Assange.

- y la violación a la libertad de prensa y expresión: la extradición consagraría como delito la divulgación de información gubernamental.

Trump, Brexit y George Orwell

Al sesgado entorno judicial se le agregan incomprensibles restricciones a la prensa para la cobertura de un juicio seguido en todo el mundo: solo 10 periodistas podrán ingresar a las sesiones. Además de comprometer la transparencia del proceso, esta restricción es una manera de invisibilizar el estado de salud de Assange: la última vez que se lo vio fue en su arresto en la embajada ecuatoriana. La información de las pocas personas que han tenido acceso a Assange en todos estos meses – su actual pareja, sus abogados - es que su estado de salud es precario.

El proceso de extradición comienza en un momento sobrecargado políticamente: el 3 de noviembre son las elecciones en Estados Unidos, el 1 de enero la definitiva salida del Reino Unido de la Unión Europea. Al calor de la gigantesca polarización del Brexit, los conservadores con Boris Johnson a la cabeza y la poderosa prensa afín a la carga, han lanzado en los dos últimos años una ofensiva contra el poder judicial con titulares de tapa que calificaban a los jueces de “enemigos del pueblo”, con nombre y foto de los magistrados que fallaran en contra de la ruta legal que buscaba imprimirle el gobierno a la salida británica de la Unión Europea. El Rasputinesco cerebro de Johnson, Dominic Cummings, quiere reformar el sistema judicial de cuajo, en especial sus rasgos más progresistas, “herramientas de campaña de izquierda”, según el ultra conservador matutino Daily Mail.

Esta ofensiva, que puede hacer pensar en una suerte de “lawfare” a la británica, tiene límites institucionales y colectivos que van a pesar en el caso Assange. En un célebre ensayo en medio de la segunda guerra mundial, el autor de 1984, George Orwell, rescataba el respeto a la justicia como un rasgo inglés que trascendía clases e ideologías. “Todos creen que la ley es algo incorruptible que está por encima del estado y del individuo y que debe ser impartida de manera imparcial. Se dirá que es una ilusión, pero es una ilusión muy poderosa que tiñe la conducta social y la vida colectiva”, escribe Orwell.

Esta visión colectiva es un ideal cultivado desde la niñez (la queja favorita de los muy modosos niños ingleses es “it is not fair”: no es justo). Es también fuente de hipocresía como en el célebre “fair play”. En el mejor de los casos funciona como una salvaguarda contra la farsa judicial y los juicios amañados. En el otro gran caso de extradición de los últimos 30 años, el de Augusto Pinochet, la justicia británica estaba camino a conceder su extradición a España cuando intervino el poder político. El proceso estuvo cargado de ironías. Un supuesto refugio del privilegio como la Cámara de los Lores – corte suprema en aquellos años – falló dos veces a favor de la extradición. Un gobierno laborista, supuestamente de centro izquierda, terminó inventando una coartada de salud física y mental – senilidad – para que el ex dictador regresara a Chile.

Las audiencias del caso Assange se extenderán hasta el 25 de septiembre. El fallo de esta primera instancia podrá ser apelado. El caso seguirá con toda seguridad una trayectoria similar al caso Pinochet: la High Court de Londres y la Corte Suprema. Es un poco prematuro para los pronósticos, pero no habría que descartar un escenario similar al del caso Pinochet: la justicia moviéndose por un lado, el poder político por el otro. En buena medida dependerá de que las palabras de Orwell sigan describiendo a la sociedad británica del Brexit y las fake news unos 84 años más tarde.

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Dos operarios ponen una cámara de videovigilancia en la calle Ferran de Barcelona (Kim Manresa)

La mascarilla no protege (de la videovigilancia)

 

Un conglomerado formado por seis empresas tecnológicas, tres universidades y el Instituto Tecnológico de Castilla y León (ITCL), asesorado y supervisado por el Ministerio del Interior, trabaja desde 2018 en un proyecto único en Europa de control policial con reconocimiento facial que roza la ciencia ficción: agentes dotados de gafas con hardware de realidad aumentada (AR) y de inteligencia artificial podrán distinguir entre una multitud tanto a delincuentes como objetos sospechosos.

El programa, denominado AI MARS (Artificial Intelligence system for Monitoring, Alert and Response for Security in events), permitirá rastrear millones de caras por segundo en grandes concentraciones, sean estadios de fútbol, estaciones de transporte, conciertos, centros comerciales, ferias o manifestaciones.

Las cámaras policiales barrerán el público y, en un cotejo prácticamente inmediato en los centros de control, podrán detectar sospechosos y alertar a los agentes sobre el terreno, que los verán marcados en sus propias gafas.

La latencia entre el barrido de caras en una muchedumbre y la alarma que recibirá en su pantalla interna el agente podrá ser cercana a cero. Décimas de segundo. Será posible gracias a las redes 5G, que están en pleno desarrollo. Esta conectividad es la que hace único el proyecto a nivel europeo.

Inmediatez

El uso de redes 5G permitirá latencia casi 0 en la detección de eventuales riesgos

Y no, la mascarilla contra el coronavirus –hoy obligatoria en el espacio público– no evitará que el sospechoso sea detectado por las fuerzas policiales.

Las empresas que desarrollan los algoritmos de reconocimiento facial han superado en los últimos meses ese handicap, y el reconocimiento del tercio superior de la cara ofrece ya fiabilidades del 99% en la identificación, según datos de dos empresas del sector. En los últimos años, las tecnologías de reconocimiento facial han superado problemas como la iluminación escasa, la inclinación del rostro, el uso de gafas, maquillaje, tatuajes o barbas.

AI Mars busca “una solución innovadora para la seguridad en estos entornos de gran afluencia de usuarios frente a ataques terroristas o de otro tipo de incidentes”, explica una fuente del consorcio, “buscando la detección de alarmas de forma predictiva y evitar el ataque o bien en caso de haberse producido la incidencia poder facilitar la investigación posterior”.

En este sistema, el centro de control “contará con técnicas de realidad virtual y aumentada para enviar la información a las patrullas y para que los mandos puedan gestionar las operaciones de forma remota”, explican dichas fuentes.

Sello catalán

Una ‘spin-off’ de la UPC creada en el 2010 desarrolla el algoritmo de detección facial

Porque el proyecto permitirá el procesado de información biométrica, con el reconocimiento facial, pero también la detección de vehículos y objetos (armas, por ejemplo), de comportamientos anómalos (tumultos, peleas...) y la vigilancia de dispositivos sospechosos de radiofrecuencia, como móviles o tabletas; esta última opción está en fase de desarrollo, por lo que el consorcio no puede dar más detalles.

Y va un poco más allá, porque la tecnología permitirá hacer un seguimiento según la vestimenta. Si se sospecha que un delincuente viste por ejemplo pantalón azul y camisa blanca, el sistema urbano de videovigilancia podrá localizar todas las personas con esa ropa que pasen ante las cámaras, de cara a su seguimiento y eventual detención.

Otra opción en desarrollo es la creación de un sistema de avisos masivo a la ciudadanía, en caso de emergencia de seguridad.

“Queremos dar una respuesta integrada a las necesidades de seguridad que acompañan a escenarios con gran concentración de personas. Actualmente en Europa no existe una solución que integre todas las necesidades en este ámbito”, explica el consorcio. La solución, explica el consorcio AI Mars, “tiene una finalidad de seguridad pero la plataforma es fácilmente adaptable a otro tipo de objetivos como puede ser la gestión del comportamiento de multitudes, conteo de personas, control de aforos, etcétera”, sin la identificación unívoca de personas.

Seguimiento

La red de cámaras permitirá seguir a un sospechoso en función de su vestimenta

“El objetivo de este proyecto –añaden– no es la monitorización de las personas sino permitir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado y cuerpos de emergencia localizar a personas en situaciones concretas que así lo requieran”. “Como tal, el proyecto cumplirá el marco legal aplicable en cada país en el que se implante en su momento. El consorcio está en contacto permanente con las fuerzas de seguridad ente otras cosas, para asegurar este punto”.

El novedoso proyecto AI Mars de I+D+i tiene un presupuesto de 5.260.389 euros, apoyado y financiado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, y está liderado por Cellnex. Éste es uno de los principales operadores de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas de Europa. Otros socios del proyecto son Herta Security, Sngular, Emergya, SHS y Televés, las universidades de Granada, la Politécnica de Madrid, Carlos III y el mencionado ITCL.

Fuentes del proyecto detallan que en este 2020 se prevé realizar pruebas de laboratorio, en 2021 sobre el terreno y lanzarlo en 2022, aunque en las fases preliminares ya se han hecho algunas catas.

En un campo de fútbol de la Liga Española, sin ir más lejos. “Nuestro primer objetivo son los grupos ultras. Lo hemos probado con cámaras de la UCO, se está estudiando y se han hecho pruebas, porque puede ser un buen apoyo para mayor seguridad en los estadios”, admite una fuente de la Liga de Fútbol Profesional. La UCO es la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, dedicada a la investigación policial.

En pruebas

Cámaras tuteladas por la Guardia Civil han hecho pruebas en un estadio de La Liga

“El ministerio ha dado un apoyo por carta a este proyecto, y ha habido un ofrecimiento por parte de la Guardia Civil para poder asesorar y probar la fase piloto del proyecto, aunque dependería de la firma de un protocolo de colaboración más firme”, explican fuentes de la Secretaría de Estado de Seguridad.

La mascarilla, en todo caso, no va ser un obstáculo.

Herta Security, una de las socias del consorcio, es una spin-off de la Universitat Politècnica de Catalunya, nacida en el año 2010; además de AI MARS, ofrece su tecnología a muchos otros clientes. En enero, intuyendo que la crisis sanitaria se extendería, aceleraron sus investigaciones para tener un hardware que permitiera el reconocimiento facial incluso con mascarilla. Estaba en marcha porque su uso en Asia se ha ido extendiendo en los últimos años, por la polución. Cuando estalló la crisis, lanzaron un programa beta, esto es, en fase de laboratorio, y funcionaba. “El reto era la nariz, sin la nariz a la vista perdíamos eficacia”, explica Laura Blanc, responsable de marketing de Herta.

“Los algoritmos de reconocimiento facial han evolucionado muchísimo en cinco años, a partir de los puntos fiduciarios de las caras, esto es, los que no varían, como la forma y distancia entre comisura de los labios, los ojos... Antes los algoritmos eran precisos pero muy lentos. Con el tiempo hemos solventado problemas como la iluminación, la no frontalidad, la falta de enfoque, oclusiones como las de las mascarillas… Hoy, identifican con hasta el 60 o 70 % del rostro tapado”, explica Carles Hernàndez, CTO (por chief technology officer ) de Herta. “Desde luego este es un sector en crecimiento, han nacido muchas empresas que venden imágenes a tanto el kilo, algunas te ofrecen 10.000 imágenes al mes”.

“Salvo contadísimas excepciones, la tecnología funciona muy bien”, promete Javier Mira, CEO de Facephi, potente compañía alicantina especializada en la identificación facial de cliente bancario. “La tecnología contactless ya era tendencia, pero con el coronavirus, muchísimo más”.

Por Ignacio Orovio, Barcelona

06/09/2020 01:02 | Actualizado a 06/09/2020 11:43

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Navalny tiene 44 años y pelea por su vida en un hospital de Berlín.   ________________________________________ Imagen: AFP

Qué es y cómo funciona el agente químico detectado en Alemania 

 

 “Se han encontrado pruebas inequívocas del suministro de un agente nervioso del grupo Novichok”. De este modo, el gobierno de Alemania, a través de la canciller Angela Merkel, confirmó que el Alexei Navalny, el opositor ruso, recibió dosis del poderoso agente surgido en la antigua URSS. Navalny, de 44 años, sigue internado en el hospital Charité de Berlín. "Es la víctima de un crimen que mi gobierno repudia", agregó Merkel.

Tras la confirmación del gobierno alemán de que hay rastros de Novichok en el organismo de Navalny se acrecientan las sospechas de un atentado del gobierno de Vladimir Putin contra el dirigente opositor. Navalny arribó a la capital alemana el 22 de agosto luego de sentirse mal dos días antes en la ciudad de Omsk, en la estepa siberiana, lo cual motivó sospechas de haber sido envenenado por orden del Kremlin.

¿Qué es Novichok? Se trata de un agente químico desarrollado en la entonces URSS en los años 70. En ruso quiere decir “recién llegado”. Los soviéticos trabajaron en lo que es un arma química en el marco de un programa militar cuyo nombre clave era “Foliant”. 

No sería la primera vez que se atenta contra un opositor con Novichok: ese agente se usó contra el ex espía ruso Sergei Skripal y su hija en marzo de 2018. En esa ocasión, el ataque se produjo en Salisbury, en el Reino Unido. Aquel episodio derivó en una seria crisis diplomática entre el gobierno conservador de Theresa May y Vladimir Putin.

Según se sabe por un desertor, el Novichok se experimentó en un campo de ensayo en Uzbekistán. Allí viajaron a fines de los 90 técnicos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para desmantelar ese campo y descontaminar el área donde se producía y probaba el agente en pequeños lotes.

Dentro del Novichok figura el Novichok A-230, que es entre cinco y ocho veces más potente que el agente nervioso VX, y que asimismo es difícil de detectar. El VX fue el agente usado en el atentado contra Kim Jong-nam, el medio hermano del líder de Corea del Norte, Kin Jong-un, muerto en 2017.

Se han fabricado variantes del A-230 y, de acuerdo a la prensa norteamericana, se aprobó el uso de una de ellas en el Ejército para usarse como arma química.

Ahora bien, aunque es líquido, se cree que funciona en estado sólido y que también puede esparcirse como polvo extrafino. Funcionaría como “arma binaria”, esto es, se almacena dividido en dos componentes químicos menos tóxicos, que activan al Novichok cuando se mezclan. Esto facilita su desarrollo, dado que los componentes, por separado, no figuran en las listas de sustancias prohibidas

¿Cómo es el efecto? La reacción al contacto es muy rápida, no importa que sea por inhalación o por tocar Novichok. Los primeros síntomas aparecen a los dos minutos, aunque podrían tardar casi 24 horas en algunos casos. Al exponerse al agente, lo primero que hay que hacer es quitarse la ropa y lavarse el cuerpo con agua y jabón, además de enjuagarse los ojos y recibir suministro de oxigeno.

El agente actúa a través del bloqueo de las señales nerviosas a los músculos, lo que deriva en el colapso de las funciones del organismo. Los síntomas van de los ojos en blanco, convulsiones, babeo y dificultades para respirar, hasta la entrada en coma.

Novichok puede llevar a la muerte. Primero se produce la ralentización del ritmo cardíaco y las vías respiratorias se obstruyen, lo cual produce la muerte por asfixia.

Los expertos estiman que hay variantes de Novichok diseñadas especialmente para resistir los antídotos ya desarrollados para combatir a los agentes nerviosos. 

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En América usan pandemia para “criminalizar” libertad de expresión: informe

Washington. La pandemia de covid-19 ha servido de excusa a varios países de las Américas para "criminalizar" la libertad de expresión y han tomado medidas que restringen el trabajo de periodistas, activistas, profesionales de la salud y ciudadanos, según un informe del Diálogo Interamericano.

El reporte también señala que hay una "estigmatización" de la prensa por su cobertura de la emergencia sanitaria, señalando especialmente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y contabiliza que el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, ha realizado 32 ataques verbales contra la prensa.

"El informe plantea la fragilidad de las libertades de expresión y el acceso a la información, en general, en la región", explicó este martes a la Afp Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Según el reporte, publicado el lunes, hay gobiernos que han usado la pandemia como justificación para la opacidad y no han compartido datos sanitarios fidedignos, no han respondido pedidos de acceso a la información, ni han garantizado la transparencia del gasto público relacionado con el nuevo coronavirus.

Los autores también señalan que "algunos líderes políticos han engañado deliberadamente a sus ciudadanos acerca del virus y han estigmatizado a los periodistas o expertos en salud que los contradijeron".

Los expertos denunciaron que los jefes de Estado de Estados Unidos, Guatemala y Nicaragua han "estigmatizado" a la prensa por sus informes de la pandemia.

En tanto Trump atacó a los medios a fines de marzo durante una conferencia de prensa, llamándolos deshonestos por la cobertura de su manejo de la crisis, declarando además que los periodistas dañan al país, recordaron los expertos.

Esto según los autores contribuyó a la "infodemia" de desinformación online y puso más presión sobre las plataformas de internet que deben mantener un balance entre la protección de la salud pública y el respeto a la libertad de expresión.

Países con "regímenes autoritarios"

"Se agravó la situación en los países en los que ya había regímenes autoritarios, y que buscan la persecución de periodistas y de disidentes", explicó lanza a la AFP citando el caso de Venezuela y de Nicaragua.

En el caso de Venezuela el informe denunció que "el gobierno ha detenido a periodistas y médicos que publican información sobre la expansión del virus o cuestionan la respuesta" oficial.

Como ejemplo citó el caso del periodista Darvinson Rojas que fue detenido el 21 de marzo por la unidad de policía FAES (Fuerza de Acciones Especiales) debido a su trabajo sobre el coronavirus y quien, pese a que fue liberado, enfrenta cargos de "promoción del odio", según los investigadores.

Esta represión también afectó a Julio Molino, líder de un sindicato médico de Venezuela, luego de que criticara la carestía de equipamiento médico en hospitales, reportaron los expertos.

En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega acusó a los medios de difundir noticias falsas sobre el supuesto ocultamiento de las cifras de covid-19 por parte del gobierno, caracterizando esos reportes como "terrorismo desinformativo".

Sobre Cuba, el informe señaló que "las autoridades han usado el Decreto Ley 370 'sobre la informatización de la sociedad cubana' para someter a por lo menos 30 periodistas a interrogatorio y confiscar su equipo de trabajo" por su cobertura de la pandemia.

Una excusa para cerrar el cerco

Pero también en otros países con gobiernos democráticos el estado de emergencia por la covid-19 fue usado como una suerte de excusa o justificación para tratar de cerrar el cerco, impedir el acceso a fuentes de información.

En Brasil, Bolsonaro realizó 32 ataques verbales contra periodistas y medios de comunicación entre enero y marzo, cuando el virus ya estaba en el país, y seguidores del presidente han cometido actos de hostigamiento contra periodistas fuera del Palácio da Alvorada en Brasilia.

El presidente Alejandro Giammattei de Guatemala declaró en tanto el 21 de marzo que "desearía poner a la prensa en cuarentena", a raíz de la cobertura negativa de su manejo de la pandemia.

"No hay una justificación en relación con la pandemia para restringir la libertad de expresión", concluyó Lanza.

Afp | martes, 01 sep 2020

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Documentos desclasificados revelan que EE.UU. sospechaba hace más de 20 años de los presuntos vínculos de Uribe con el paramilitarismo

El secretario de Defensa de EE.UU., Donald Rumsfeld, fue informado que era "casi seguro" de los nexos del expresidente colombiano con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

 

Desde hace más de 20 años, el Gobierno estadounidense tuvo conocimiento sobre los presuntos vínculos del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) con los grupos paramilitares, según documentos de las agencias de EE.UU. que fueron desclasificados por la organización sin fines de lucro Archivo Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés). 

En un documento desclasificado de 1997, el exlegislador Jorge Valencia Cardona contó a funcionarios de la Embajada de EE.UU. en Colombia la cercanía que tenía Uribe Vélez con los grupos paramilitares. Valencia narró sobre "la red de relaciones" de Uribe —quien en ese entonces era gobernador del departamento de Antioquia— con "terratenientes, paramilitares y guerrillas".

De acuerdo con la declaración de Valencia, Uribe Vélez tenía nexos con terratenientes del oriente antioqueño que pagaban a los paramilitares para ir "tras las guerrillas". 

El padre del expresidente colombiano, Alberto Uribe, fue asesinado en 1983 por presuntos miembros de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

Según consta en un cable dirigido al Departamento de Estado de EE.UU., Valencia contó que en una ocasión fue detenido con violencia por paramilitares, quienes amenazaron con matarlo si no admitía que había colaborado con grupos guerrilleros

Los grupos paramilitares no aceptaron el dinero que Valencia les ofreció, pero lo que aparentemente salvó su vida fueron unos documentos que llevaba en una maleta y que mostraban que conocía al entonces gobernador de Antioquia, Uribe. 

"Oh, tú conoces a 'El Viejo'", le dijeron sus captores, en referencia a un apodo que recibía Uribe. Después de este incidente, supuestamente los paramilitares dejaron de hostigar a Valencia

Trato con las AUC

Durante el Gobierno de George W. Bush (2001-2009), el subsecretario de Defensa para asuntos de Seguridad Internacional, Peter Rodman, advirtió al secretario de Defensa de EE.UU., Donald Rumsfeld, sobre los vínculos de Uribe cuando fue gobernador de Antioquia con el grupo paramilitar conocido como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). 

"Es casi seguro que Uribe tuvo tratos con los paramilitares (AUC) mientras era gobernador de Antioquia", escribió Rodman en una nota dirigida a Rumsfeld en 2004. 

Sin embargo, Rodman le expresó a Rumsfeld que no conocía "informes que sugirieran que las drogas fueran parte del panorama".

El presunto vínculo de Uribe con las AUC ha sido también señalado por miembros del grupo paramilitar. El antiguo comandante del Bloque Cacique Pipintá, Pablo Hernán Sierra, aseguró en septiembre de 2019 que las reuniones entre los excombatientes ilegales y el político ocurrieron en una finca propiedad del expresidente.  

"Todos los jefes de las autodefensas saben que Álvaro Uribe fue nuestro referente político, él nos entregó el fusil y después nos lo quitó", dijo el excomandante Sierra. El exmandatario ha negado reiteradamente los nexos con los grupos paramilitares.  

Financiamiento del Cártel de Medellín

En otro cable de la Embajada de EE.UU. revelado por NSA, se hace referencia a una declaración de un conocido de Uribe, que aseguró que los hermanos Ochoa Vásquez, quienes fueron socios del narcotraficante Pablo Escobar, exlíder del Cártel de Medellín, habrían financiado la campaña del político conservador al Senado.  

Uribe se encuentra en prisión domiciliaria por orden de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que lo investiga por fraude procesal y soborno a testigos. 

En 2012, Uribe denunció al senador Iván Cepeda por supuestamente pedir a exparamilitares testificar en su contra a cambio de beneficios. Sin embargo, en 2018, la Corte archivó esta investigación contra Cepeda y abrió una nueva indagación, esta vez al propio exmandatario, por la presunta manipulación de testigos.

Cepeda mantuvo conversaciones con varios exparamilitares que le aseguraron que Uribe propició la existencia de un bloque narcoparamilitar en los años 90.

Publicado: 1 sep 2020 00:03 GMT

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Lunes, 31 Agosto 2020 06:09

Alarma

Alarma

Recuerdo que buscábamos la revista Alarma para leer historias "reales" de horror, para asustarnos, para confrontar con historias de horror –como ha explicado Guillermo del Toro varias veces– nuestros propios terrores. Pero eso era un acto voluntario. El reality show de horror político (nadie ha hecho uno antes, ¿verdad?) que se está produciendo en Estados Unidos es algo con consecuencias devastadoras reales no sólo para la superpotencia, sino para todos, y es momento de gritar: ¡Alarma!

Aquí hay nada menos que un intento para consolidar un régimen neofascista, con todo lo que eso implica: El régimen y su campaña de relección proclaman que Trump es el único salvador de Estados Unidos, según Dios. La Casa Blanca, institución pública, ya fue convertida en la Casa Trump. Todos los días el régimen declara que los medios no alineados son el "enemigo del pueblo"; cada día más familias y niños son enjaulados por el régimen como parte de la persecución brutal de migrantes para frenar la "invasión" por “extranjeros ilegales”; todos los días hay amenazas y acciones de represión contra disidentes y sus protestas por fuerzas federales; el mandatario ha dado su bendición a fuerzas civiles paramilitares que buscan confrontar manifestantes opositores (según un nuevo informe, ultraderechistas se han presentado casi 500 veces en busca de enfrentamientos con manifestantes de Black Lives Matter este año, hiriendo a varios y matando a tres); procede la concentración extrema de riqueza (unos 467 multimillonarios ganaron 800 mil millones de dólares en los últimos cinco meses mientras decenas de millones sufren desempleo, pobreza y hasta hambre); avanza el desmantelamiento de la educación, salud pública y programas de bienestar social, como tambien la anulación de regulaciones y normas de protección ambientales y laborales. Todo esto, decorado por retórica de "la defensa del pueblo", la libertad, la familia, Dios y "la ley y el orden" al construirse una "realidad alternativa" para anular la realidad empírica, la historia y la ciencia.

Uno de los mensajes centrales de la campaña de relección de Trump es algo que debería ser cómico, pero se vuelve alarmante, ya que parece funcionar: resulta que existe una "izquierda radical" conformada por anarquistas, socialistas, comunistas y marxistas tan poderosa que está al borde de tomar el poder (usando al neoliberal débil Joe Biden como su "caballo de Troya"). Aún no está claro si Cuba y Venezuela están detrás de todo esto, pero siguen asustando al país mas poderoso del mundo. Trump declaró que sólo él puede salvar al país de tal amenaza. Ni la izquierda estadunidense se había dado cuenta de su poder antes de ser informada por el régimen. Esta narrativa nostálgica de la época de la guerra fría siempre ha sido empleada en este país para justificar pues, casi todo, desde represión interna hasta espionaje, intervenciones, etcétera.

A lo largo de las últimas dos semanas, ambas convenciones nacionales, la demócrata y la republicana, proclamaron en esencia el mismo mensaje: el triunfo del contrincante representa una amenaza existencial a la república democrática de Estados Unidos. La pregunta es: ¿qué tal si ambos tienen razón?

“Este es el momento más decisivo en la historia de este experimento que llamamos Estados Unidos de América….”, comentó el filósofo político Cornel West. "Hemos visto esta semana la cristalización de una forma estadunidense de neofascismo". Agregó que votará por "el neoliberal débil Biden, pero sólo porque es un voto antifascista". Aunque no es la solución, subrayó, primero "tenemos que sacar al gánster neofascista de la Casa Blanca".

Casi todos saben que las cúpulas no tienen soluciones reales para la crisis democrática de este país. Ésas tendrán que salir de esa oposición vasta y dinámica, aunque fragmentada, que se ve en las calles, en las aulas y hasta en las arenas del deporte (la extraordinaria huelga de la semana pasada) y que es clave tanto para frenar el proyecto neofascista, como para la continuación del neoliberalismo dentro de Estados Unidos.

https://www.youtube.com/ watch?v=vq3sdF0YXkM

https://open.spotify.com/track/ 07ZuuDjwtyMzKVnayq0tEr?si=6kCoO5ZBR9GoAMLf5IXD5w

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La abogada Ebru Timtik antes de su encarcelamiento (EP)

Fue condenada a 13 años de cárcel “por pertenencia a organización terrorista”

 

En Turquía, donde la nueva guerra fría se solapa con la anterior, las tragedias de hoy pueden parecer páginas arrancadas de los 80. Este año, el goteo de fallecimientos de presos izquierdistas en huelga de hambre evoca tiempos aún peores.

El último, el pasado viernes, corresponde a Ebru Timtik, una abogada de la izquierda revolucionaria, que expiró en el hospital en Estambul tras 238 días de ayuno voluntario. Timtik protestaba por un juicio lleno de irregularidades en el que fue condenada a trece años de cárcel “por pertenencia a organización terrorista” .

Su hermana mayor, Barkin, recibió una pena todavía más abultada, en tanto que “fundadora”, junto a otros quince miembros de la Asociación de Abogados Progresistas y del despacho Ley del Pueblo. Los magistrados, en línea con Ankara, los considera parte integrante del Partido Revolucionario del Pueblo (DHKP-C).

El bufete de las hermanas Timtik asumía sistemáticamente la defensa de los miembros de esta organización, considerada terrorista por la UE. Aunque también defendían otras causas políticamente sensibles.

Timtik, de 42 años, se apagó sin que el Estado turco moviera una ceja para liberarla. Antes que ella, habían muerto por inanición voluntaria dos músicos del grupo Yorum, la vocalista Helin Bölek y el bajista Ibrahim Gökçek. Este último, dos días después de desconvocar la huelga, en protesta por la prohibición de sus conciertos.

Todos ellos pertenecen a la misma matriz de izquierda revolucionaria, marginal pero todavía con peso simbólico entre los alevíes de Turquía. Una minoría que nutre sus filas desde los años Setenta, en abierta oposición, tanto a los islamodemócratas de Recep Tayyip Erdogan como antes a los herederos del golpismo.

La abogada fallecida fue homenajeada el viernes en el cemevi o centro de culto de los alevíes, en el barrio estambulí de Gazi, en cuyo cementerio fue enterrada, entre encontronazos con la policía.

Los alevíes –uno de cada cinco turcos– no pisan las mezquitas, ni rezan cinco veces al día, ni ayunan en Ramadán, ni dan precedencia al Corán. Como en el caso de los chiíes y los alauíes de Siria, el yerno del profeta, Alí, está en el centro de su devoción. En ella, hombres y mujeres se mezclan y hasta bailan en el principal día de culto, que es el jueves.

Tres de cada cuatro alevíes votan por el CHP, en la oposición, mientras que es suní en un 99% el electorado de la actual coalición gobernante, del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) y los ultranacionalistas del MHP, muy dados a levantar mezquitas.

Cabe decir que el DHKP-C era un dinosaurio político que resucitó extrañamente al calor de la guerra de Siria. En enero del 2013 la Fiscalía ya lanzó una primera redada contra decenas de supuestos miembros, entre ellos varios abogados de la asociación ahora en la picota. El cabecilla del partido estaba entonces en Beirut, rumbo a Damasco, donde también reside bajo la protección de El Asad el fundador de su predecesor THKP-C, un turco-árabe alauí que propugna la reintegración a Siria de Antioquía.

El bufet de Timtik defendía a una víctima adolescente de la represión de Gezi Park, en 2013. Para exigir justicia para este quinceañero aleví, un comando del DHKP-C secuestró y mató de un tiro en la sien, en pleno Palacio de Justicia, al fiscal del caso. Luego, el mismo bufet representó a los acusados por el atentado. Uno de ellos, Mustafa Koçak, condenado por “colaboración” tras la confesión de un arrepentido, ha muerto en el 2020 en huelga de hambre.

Aquel mismo 2013, el DHKP-C perpetró un atentado suicida contra la legación de EE.UU. en Ankara y dos años después lo hizo contra la de Estambul.

Un colega de Timtik, Aytaç Ünsal, sigue en huelga de hambre. Mientras, el gremio de abogados de Estambul siente “vergüenza” y, décadas después de El expreso de medianoche , la UE denunciaba ayer “las graves deficiencias del poder judicial en Turquía”.

Por Jordi Joan Baños | Estambul, Corresponsal en Turquía

30/08/2020 02:20| Actualizado a 30/08/2020 09:49

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