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Estudio revela que Colombia importa el 30 por ciento de sus alimentos

Según Greenpeace, este es un porcentaje alarmante que afecta las redes de producción local de las que se benefician los campesinos.

 

Según la organización no gubernamental (ONG) Greenpeace, Colombia importa el 30 por ciento de los alimentos que consumen sus habitantes, lo que significa que la dependencia del país en este sector está bastante comprometida. Este dato representa que, al menos 12 millones de toneladas de alimentos son traídas del exterior, entre los que destacan los que son a base de maíz, trigo y azúcar de caña. Esta información fue revelada y sustentada por la entidad en un informe sobre comida y sostenibilidad, titulado ‘Nueva Cultura Alimentaria’, publicado este 4 de marzo.

“La dependencia alimentaria de Colombia, y especialmente Bogotá, a alimentos importados es alarmante, más aún en crisis sanitarias como la actual que ponen en primera plana a la vulnerabilidad en las cadenas de abastecimiento”, asegura Tatiana Céspedes, miembro del equipo de campañas de Greenpeace Colombia.

La ONG explica que en estos momentos, cuando el mundo ha llegado a colapsar por la pandemia del covid-19, se evidencia el problema que representa importar alimentos. Las fronteras entre países se han visto afectadas en varias oportunidades, hecho que impacta la comercialización de los productos. Además, señala que para que la comida llegue desde otros países, incluso otros continentes, debe recorrer kilómetros en transportes contaminantes que ponen en riesgo la salud.

Otro de los argumentos que expone Greenpeace, y que señala como el más fuerte para disminuir los índices e importación de comida tiene que ver con la afectación que sufre la producción local, sobre todo campesina.

Según el informe, solo en Bogotá hay más de 3.000 familias campesinas productoras de alimentos. Y, teniendo en cuenta cifras de la Encuesta de Cultura Política del Departamento Administrativo Nacional de Estadística realizada en 2019, al menos el 31,8 por ciento de la población se identifica como campesina. En el departamento del Cauca esta cifra llega casi a la mitad (48,7 por ciento), mientras que en la región Oriental es del 44.3 por ciento, en el Pacífico del 34 por ciento, en la región Central del 36.4 por ciento y en el Caribe del 32.2 por ciento.

A pesar de estos porcentajes, Greenpeace asegura que la economía de esta población no está protegida. El promedio de intermediarios por los que pasa un alimento antes de entrar a la ciudad es de tres personas o entidades, lo que significa que los productores venden muy barato su producto y los consumidores lo compran mucho más caro.

En Colombia se conocen más de 400 especies de plantas nativas comestibles y el 10 por ciento de la biodiversidad del mundo está albergada en el país. Además, solo Bogotá cuenta con más de 16.000 productores locales, pero la tasa de importación es elevada debido al fenómeno que explica la organización. Esto crea una falsa percepción de que el producto local es más costoso que desincentiva el consumo de estos alimentos.

Greenpeace asegura que, la agricultura campesina, familiar y comunitaria juega un papel fundamental en el abastecimiento alimentario de la población global, pero aún faltan medidas que la protejan y potencien. Teniendo esto en cuenta, la organización pidió al Gobierno que implemente mejores estrategias que permitan fortalecer el sector.

“El país está en mora de diseñar políticas públicas y programas específicos para impulsar este modelo de agricultura, que más allá de ser la principal fuente de producción de alimentos, contribuye a la protección de la biodiversidad agrícola, al uso sostenible de los recursos naturales, a la salvaguarda de las tradiciones culturales, a la generación de empleo y a la construcción de tejido social”, explica Céspedes.

Como una forma de contribuir a ese cambio, Greenpeace lanzó un ‘Manifiesto por una Nueva Cultura Alimentaria’, que busca renovar la manera como los ciudadanos se relacionan con los alimentos, para que entiendan que esto no está desvinculado de las personas que lo producen. La propuesta contiene ocho puntos y cada uno de ellos está relacionado a la compra de productos campesinos, el fortalecimiento del comercio local, la mitigación del impacto ecológico, la disminución de desperdicios, entre otros.

5 de Marzo de 2021

Con una campaña de vacunación en cámara lenta, Brasil vive la fase más mortífera de la pandemia.   ________________________________________ Imagen: AFP

Récord de muertos por coronavirus y más de 10 millones de contagios

 

Con récords de muertos, hospitales al borde del colapso y una campaña de vacunación en cámara lenta, Brasil vive la fase más mortífera de la pandemia de coronavirus sin una estrategia nacional para contenerla.

El gigante sudamericano registró 1.641 muertos por coronavirus el martes y 1.910 el miércoles, dos récords consecutivos desde el primer caso reportado en febrero de 2020. El total de víctimas de la enfermedad roza los 260.000, un balance superado solo por Estados Unidos, y los 10,7 millones de contagios.

"Por primera vez desde el inicio de la pandemia, se verifica en todo el país un agravamiento simultáneo de diversos indicadores", señaló esta semana la prestigiosa Fundación Fiocruz, del Ministerio de Salud. Se trata de un "escenario alarmante" con un aumento de casos y muertes, altos niveles de síndromes respiratorios agudos graves (SRAG) y una ocupación de más del 80 por ciento de camas en las unidades de cuidados intensivos (UCI) en 19 de los 27 estados brasileños, explicó la institución.

En los últimos siete días el promedio ha sido de 1.331 decesos diarios, una cifra que hasta febrero se mantenía cerca de los 1.100. Desde enero, el país no ha logrado bajar de los 1.000 fallecidos al día, como ocurrió entre junio y agosto del año pasado, durante la primera ola. El número de víctimas demuestra que las restricciones a la circulación ordenadas en recientes semanas por alcaldes y gobernadores -y criticadas por el presidente Jair Bolsonaro- han sido insuficientes para frenar la pandemia.

El preocupante repunte resulta, según los expertos, de la falta de distanciamiento social durante las fiestas de fin de año y de las aglomeraciones del verano austral y el Carnaval, pese a que estas últimas estaban formalmente prohibidas. Algunos estudios apuntan igualmente a la nueva variante de coronavirus procedente de la Amazonia, denominada P.1, dos veces más contagiosa, detectada ya en 17 estados y que causa alarma mundial.

"La punta del iceberg" 

Brasil, un país de 212 millones de habitantes, lleva un mes y medio de lenta vacunación contra el covid, debido a una falta de dosis: hasta ahora, 7,4 millones de brasileños fueron vacunados y solo 2,3 millones de ellos con la segunda dosis. "Esta emergencia no es una sorpresa: se debe a no habernos preparado, porque este escenario estaba previsto. Sabíamos que había una nueva variante y debió haber un lockdown", dijo la vicepresidenta de la Sociedad Brasileña de Inmunología (SBIM), Isabella Ballalai.

Este jueves, Río de Janeiro reimpuso restricciones en bares, restaurantes y playas a partir del viernes para, según su alcalde Eduardo Paes, "evitar que se repita el genocidio" de 2020 en la capital carioca. El estado Sao Paulo, el más rico y poblado, regresará el sábado, por dos semanas, a la "fase roja" de restricciones, que permite el funcionamiento de servicios de salud, alimentación, transportes públicos y escuelas, pero prohíbe la apertura de centros comerciales, restaurantes y salas de espectáculo.

En Brasilia y en los estados de Mato Grosso, Pernambuco, Rondonia y Acre, entre más de una decena, la actividad ya se redujo a los servicios esenciales o se limitaron los horarios de apertura de los comercios, con eventuales toques de queda nocturnos. Incluso los estados más ricos y con más infraestructura como Paraná y Santa Catarina (sur) están en "alerta crítica" de ocupación de camas UCI. Fiocruz advirtió sin embargo que el escenario actual "representa solo la punta del iceberg de un nivel de transmisión intensa" del coronavirus.

Autogestión 

La emergencia y la falta de coordinación por parte del gobierno federal empujó a alcaldes y gobernadores a articularse por su cuenta para comprar vacunas. Los secretarios de Salud de los estados pidieron el lunes implementar un toque de queda nocturno a nivel nacional y un "lockdown" en las zonas más críticas.

Pero esa postura choca con la de Bolsonaro, quien promueve aglomeraciones con sus seguidores, cuestiona el uso de mascarillas y la eficacia de las vacunas y critica a las autoridades que aplican medidas de aislamiento social por su impacto económico. Ahora, el país enfrenta simultáneamente una agravación de la pandemia y una nueva y fuerte ralentización de su economía.

El mandatario ultraderechista, con la mirada puesta en las elecciones de 2022, afirmó la semana pasada que los gobernadores que decreten cierres de actividades "deberán pagar" con sus propios presupuestos las ayudas económicas a la población más pobre. "Esa discordancia entre lo federal y lo estatal ha sido uno de los grandes problemas, con mucha politización del tema, y sin duda eso convirtió al país en uno de los peores lugares de gestión de la pandemia", dijo Ballalai.

En vídeo el momento de la explosión del cohete de SpaceX, este miércoles en Texas.

El SN10 de Starship alcanzó los 10 kilómetros de altitud y había tocado el suelo en una sola pieza

Un prototipo de SpaceX, compañía del millonario Elon Musk, explotó minutos después de que realizara una prueba de altitud y aterrizara sin ningún problema. El SN10 de Starship, que pretende llegar a la Luna y Marte, alcanzó los 10 kilómetros de altura tras despegar desde Boca Chica, Texas (Estados Unidos). “¡La nave espacial SN10 aterrizó en una sola pieza!”, tuiteó Musk aproximadamente una hora después de la explosión. “¡El equipo de SpaceX está haciendo un gran trabajo! Un día, la verdadera medida del éxito será que los vuelos de Starship sean algo común”, agregó en un segundo mensaje.

“¡Un magnífico aterrizaje!”, dijo un comentarista de SpaceX en el vídeo de la transmisión. Y tan solo unos minutos después, mientras el cohete permanecía estático, una espectacular llamarada acaparó la toma: el SN10 había estallado de forma espectacular. Los narradores, ante la escena, lanzaron: “¡Eso fue increíble!”. Las llamas de la nave fueron extinguidas por los equipos de seguridad.

La empresa aún no ha informado cuál fue el motivo por el que explotó minutos después de haber regresado a la superficie. SpaceX ya lo había intentado en diciembre pasado con el prototipo SN8 que explotó en cuanto tocó el suelo. A inicios de febrero, el SN9 tuvo el mismo destino: estallar justo en el aterrizaje. Esta es la tercera vez que el Starship, una versión mucho más compleja y con tres motores de sus cohetes comerciales, intenta completar un aterrizaje en pruebas, pero es la primera vez que el proceso se completa hasta el punto de descansar en vertical.

SpaceX espera realizar un vuelo con tripulación alrededor de la Luna en 2023 y progresivamente avanzar hasta poder llevar humanos al satélite natural. Las fases que se están probando son una parte crucial para poder aterrizar en órbita terrestre en la Luna o en Marte, así como en su regreso a la Tierra. Musk estima que el desarrollo de este proyecto será de unos 5.000 millones de dólares, mientras que algunos expertos dudan de que colonizar Marte sea una empresa viable.

En uno de esos aparatos que prepara SpaceX volará a la Luna el multimillonario Yusaku Maezawa en 2023. El precio del vuelo se ha mantenido en la confidencialidad. Desde su cuenta de Twitter, Maezawa invitó este miércoles a ocho personas “del mundo entero” a acompañarlo. Los interesados deberán anotarse antes del 14 de marzo y una semana después se hará una primera selección. El futuro cohete, que incluirá una cápsula tripulada, tendrá una altura de 120 metros y podrá cargar 100 toneladas.

El País

04 mar 2021 - 08:13 UTC

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Freno a Uber en el Reino Unido: la Justicia dictaminó que los choferes no son trabajadores autónomos

Lo decidió del Tribunal Supremo y fue calificado como "una victoria histórica"

El Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminó este viernes que la compañía estadounidense de transporte Uber deberá clasificar a sus conductores como “trabajadores” y no como autónomos, lo que dio por terminado una batalla legal que comenzó en 2016.

El fallo de los jueces determinó que los trabajadores de la empresa deben tener acceso a todos los “derechos básicos” y a “vacaciones pagas”, por lo que Uber tendrá que desembolsar una compensación de hasta 13.834 euros para cada uno de sus trabajadores.

Uber recurrió al Tribunal Supremo tras haber perdido litigios en tres instancias inferiores, luego de que en 2016 un tribunal laboral resolvió que los conductores de la compañía prestan sus servicios como trabajadores y no como contratistas externos.

De esta manera, la sentencia del Supremo reconoce a los choferes como trabajadores (“workers”, en inglés), pero no como empleados (“employees”), que en la legislación británica gozan de ventajas laborales superiores. Sin embargo, este estatus de “workers” sí implicó un rechazo a la categoría de autónomos (“self-employed”) que proveen servicios en forma independente, que era lo que reclamaba la compañía.

El fallo fue celebrado por distintas organizaciones que defienden los derechos de los trabajadores, como el sindicato GMB, que señaló en un comunicado que se trata de una “victoria histórica”, al tiempo que llamó a Uber a “dejar de perder tiempo y dinero persiguiendo causas legales perdidas” y apoyar a los trabajadores que “apuntalan su imperio”.

La decisión del Tribunal Supremo del Reino Unido también podría afectar el modelo de negocio de los llamados “gig” (trabajos precarios), en el que a los trabajadores se les paga únicamente por cada servicio prestado y que fue creciendo en los últimos años en distintos sectores, como el de los repartidores.

Quienes comenzaron el proceso judicial en 2016 fueron los conductores Yassen Aslam y James Farrar, que fueron sometidos a una prueba en el Supremo para comprobar que sus condiciones laborales se encontraban dentro de la definición de “trabajador” del código laboral.

“Ser conductor de Uber puede ser estresante. Ellos te pueden prohibir conducir para ellos en un instante y no hay proceso de apelación”, expresó en un comunicado Mark Cairns, trabajador de Uber en Londres desde hace 5 años, que se mostró “encantado” por haber salido victorioso tras un largo proceso judicial.

La ONU pide levantar las sanciones a Venezuela por sus efectos devastadores

La Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió este viernes levantar las sanciones económicas que varios países han impuesto a Venezuela en los últimos años, en vista de los «efectos devastadores» que han tenido estas restricciones financieras sobre la vida de los ciudadanos.

El exhorto lo hizo la relatora especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan, al término de una visita de 12 días al país, en la que se entrevistó con decenas de personas para entender, dijo, una «situación muy compleja y alarmante».

Si bien las observaciones presentadas en rueda de prensa son de carácter preliminar, aclaró la relatora, estas surgieron de un «diálogo franco y abierto» en el que hubo «exhaustivas consultas con una amplia gama de interlocutores».

EL DIAGNÓSTICO

Venezuela enfrenta una carencia en categorías como maquinaria, repuestos, electricidad, agua, combustible, gas, alimentos y medicinas, mientras que los activos del país congelados en los bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal representan 6.000 millones de dólares.

El informe, que la relatora leyó en primera persona frente a decenas de periodistas, estima también que desde 2015 el número de venezolanos que han abandonado el país en busca de una vida mejor oscila entre 1 y 5 millones, si bien la propia ONU estima que son 5,4 millones de emigrantes en este momento.

Según el escrito, los servicios públicos, que presentan desde hace años numerosos fallos, han tenido una merma del 30 al 50 % de su personal, mientras que hay más de 2,5 millones de personas que sufren de inseguridad alimentaria severa.

«Cuatro años de hiperinflación han traído como consecuencia la total devaluación de la moneda nacional», señaló Douhan, para luego recordar que cerca del 90 % de la población recibe menos de 10 dólares mensuales, lo que alcanza para menos del 1 por ciento de la cesta alimentaria y les condena a la pobreza extrema.

Los problemas de transporte, causados entre otros por la escasez de gasolina, así como la falta de electricidad y una reducida cobertura de telefonía móvil e internet ponen en peligro el disfrute del derecho a la educación.

LAS SANCIONES

«Las sanciones unilaterales impuestas, cada vez en mayor medida, por los Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y otros países han exacerbado las calamidades (en Venezuela)», explicó Douhan, quien mencionó que el país hoy percibe menos del 1 % del ingreso que tenía antes de que comenzaran las medidas coercitivas.

Principalmente desde Estados Unidos, pero también desde otros países americanos y europeos, se han aplicado cientos de sanciones contra funcionarios de la llamada revolución bolivariana y sobre el sistema financiero nacional.

Este embargo económico incluye la prohibición de hacer negocios con la estatal petrolera Pdvsa o la congelación de activos del Banco Central de Venezuela (BCV), pero también el hecho de que EE.UU. ha tratado de impedir que Venezuela reciba combustible de Irán y de que ha habido «amenazas» y «presiones» para que terceros no suscriban contratos con Caracas.

También en el marco de las sanciones, que en su mayoría están sustentadas en el señalamiento del Gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura, Venezuela, o al menos el Ejecutivo, no ha podido acceder a dinero público depositado en el extranjero.

La relatora subrayó que sancionar sectores económicos como el petróleo, oro, minería y otros, la aerolínea estatal y la industria de la televisión estatal constituyen «una violación del derecho internacional y su ilicitud no se excluye con hacer referencia a las contramedidas».

En este sentido, recordó que los activos del BCV y los bienes utilizados para funciones públicas pertenecen al Estado venezolano y no al Gobierno y, por lo tanto, la congelación de estos recursos «viola los derechos soberanos del país e impide a su Gobierno ejercer su deber de garantizar las necesidades de la población».

LAS RECOMENDACIONES

Douhan concluye que las sanciones impuestas al país «afectan al pueblo venezolano» y «han exacerbado las calamidades económicas y humanitarias existentes», lo cual «ha tenido un efecto devastador en toda la población».

Esto, además, deja a las personas cada vez más dependientes de la ayuda social de un Gobierno que tradicionalmente ha usado las importaciones para saciar las necesidades de comida y salud, y que ahora no es capaz de sufragar estas demandas, entre otras razones, por la merma casi total de su poder adquisitivo.

La relatora subrayó la «inadmisibilidad de la aplicación de sanciones extraterritorialmente» e instó al Gobierno de los EE.UU. a «reconsiderar y levantar las sanciones impuestas al sector público venezolano», así como «revisar y levantar las sanciones secundarias impuestas a terceros países», relacionadas con la tirantez entre Caracas y Washington.

El exhorto también se dirigió a todos los Estados para que revisen y levanten las sanciones selectivas «para garantizar que los funcionarios del Gobierno de Venezuela puedan representar al Estado con base al principio de igualdad soberana».

Asimismo, se exhorta al Gobierno de Maduro para que, junto a agencias de la ONU, negocie un acuerdo para «garantizar la distribución transparente, justa y no discriminatoria de los bienes esenciales y la ayuda humanitaria bajo el control de las instituciones internacionales sin distingos».

Douhan se dijo preocupada por la falta de personal sanitario y de medicamentos en Venezuela, por lo que lamentó que los intentos por liberar los fondos congelados del país en el extranjero hayan sido infructuosos pues, remarcó, estos serían usados para paliar esta situación.

De igual modo, se mostró alerta ante «la vigilancia y enjuiciamiento» del personal de las ONG involucradas en el trabajo humanitario y la ausencia de normas provisionales que regulen el trabajo de estas asociaciones en el país, por lo que cree necesario que se establezca un marco legal claro y no discriminatorio al respecto.

LAS REACCIONES

La oposición venezolana acusó a la relatora de seguir la narrativa del Gobierno sobre las sanciones económicas a su país, si bien Douhan aseguró en la rueda de prensa que su trabajo se rigió por un independencia total.

«Lamentamos que una relatora de ONU se preste para la propaganda y narrativa que excusa al régimen de su responsabilidad en la Emergencia Humanitaria y la violación de DDHH en el país», dijo el exparlamentario Miguel Pizarro en Twitter.

El opositor indicó que la relatora cometió imprecisiones pues, según dijo, no mencionó «temas como corrupción, ineficiencia, violencia política y uso del hambre como herramienta de control social y político».

Maduro, por su parte, reconoció que la crisis humanitaria de Venezuela es «enorme» y reiteró su denuncia de que es causada por las sanciones, pese a que la situación crítica comenzó años antes de que el país fuera sancionado.

«Hoy la relatora ha hecho un llamado al Gobierno de Estados Unidos, al Gobierno de la Unión Europea (UE) a que revisen las sanciones y levanten las sanciones contra Venezuela porque han exacerbado una crisis humanitaria gigantesca, enorme, contra el pueblo», dijo Maduro, que hasta mediados de 2019 negaba la existencia de la urgencia humanitaria.

Fuente: https://www.eldiario.es/internacional/onu-pide-levantar-sanciones-venezuela-efectos-devastadores_1_7216472.html

Por | 13/02/2021

 

A continuación, el informe completo

Derechos humanos y medidas coercitivas unilaterales:

La Relatora Especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Sra. Alena Douhan, concluye su visita a la República Bolivariana de Venezuela

Resultados preliminares de la visita a la República Bolivariana de Venezuela

Caracas (12 de febrero de 2021), La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Sra. Alena Douhan, visitó la República Bolivariana de Venezuela del 1 al 12 de febrero de 2021. La Relatora agradece al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por permitir y apoyar su visita al país. El propósito de la visita fue evaluar el impacto de las sanciones unilaterales en el disfrute de los derechos humanos de las personas que viven en Venezuela y cualquier otra persona afectada.

Estas observaciones son de carácter preliminar, resultado de extensas consultas con una amplia gama de interlocutores. El informe completo se presentará al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2021.

El Relator Especial se reunió con el Presidente y el Vicepresidente de la República; los Vicepresidentes a cargo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral; los Ministros de Relaciones Exteriores, de Salud, de Educación, de Planificación, de Economía, de Finanzas, de Petróleo, de Minería, de Alimentación, de Mujer e Igualdad de Género, de Bloqueo, de Vivienda, de Trabajo Social, de Ciencia, de Tecnología, de Transporte, de Cultura y de Pueblos Indígenas; el Coordinador de los Comités Locales de Producción y Abastecimiento (CLAP); el Secretario General del Comité de Derechos Humanos; el Presidente de PDVSA; el Presidente del Banco Central, el Director de Telecomunicaciones el Presidente del Tribunal Supremo, el Fiscal General, el Procurador General; el Presidente y los miembros de la Asamblea Nacional; el Defensor del Pueblo; el Secretario Ejecutivo del ALBA; representantes de todo el espectro de partidos políticos, de la oposición y de los sindicatos; de organizaciones humanitarias nacionales e internacionales; del sector privado; de la iglesia católica; así como actores no gubernamentales venezolanos que trabajan en los ámbitos de la salud, los derechos humanos, la protección de la infancia, las mujeres y los ancianos; personal médico; profesores universitarios; maestros de escuela; investigadores independientes y, lo que es más importante, víctimas de violaciones de los derechos humanos.

La Relatora Especial también se reunió con representantes del equipo de las Naciones Unidas en el país y de la comunidad diplomática. Visitó el Hospital Infantil del Corazón; la planta farmacéutica Quimbotiec; el complejo Canaimita; la escuela primaria Hugo Chávez y el preescolar Ciudad Mariche, en las afueras de Caracas. En el Estado de Carabobo, el Gobernador facilitó una reunión con los directores de las empresas públicas (agua, electricidad, gas y telecomunicaciones), la maternidad adscrita al hospital estatal, uno de los centros provinciales de salud primaria inspirados en el modelo cubano y varias organizaciones no gubernamentales.

La Relatora Especial extiende su agradecimiento y gratitud a todos estos interlocutores que han ofrecido generosamente su tiempo, información, análisis, experiencias y pensamientos para ayudarla a comprender en poco tiempo lo que ha resultado ser una situación muy compleja y alarmante.

La Relatora Especial elogia la cálida acogida y la forma constructiva y cooperativa en que el Gobierno facilitó su visita, lo que permitió un diálogo franco y abierto. Expresa su especial agradecimiento al Ministerio de Asuntos Exteriores por su eficaz colaboración con su oficina. También agradece a la oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas su apoyo y asesoramiento durante la visita.

Contexto de la visita al país

Estados Unidos ha impuesto sanciones contra Venezuela desde 2005, cuando introdujo sanciones selectivas contra personas y entidades presuntamente implicadas en el tráfico de drogas. Impuso un embargo de armas en 2006 por considerar que el Gobierno no cooperaba suficientemente en los esfuerzos antiterroristas.

Una ley estadounidense de 2014 dio lugar a sanciones contra funcionarios venezolanos a los que se acusa, entre otras cosas, de reprimir violentamente las protestas, perseguir a los opositores políticos, recortar las libertades de prensa y la corrupción. En 2015, Estados Unidos declaró la situación de Venezuela como una emergencia nacional que amenazaba la seguridad y la política exterior de Estados Unidos.

En 2017, Estados Unidos calificó de ilegítimas las elecciones legislativas venezolanas e impuso sanciones contra el Gobierno y sus entidades, incluida PDVSA, bloqueando sus transacciones y el acceso a los mercados financieros estadounidenses. En 2018, tras las elecciones presidenciales venezolanas, Estados Unidos endureció sus sanciones contra el gobierno, citando la mala gestión económica, la corrupción, la represión de los opositores políticos y los esfuerzos por socavar la democracia.

En enero de 2019, tras reconocer al líder legislativo Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, Estados Unidos impuso más sanciones contra PDVSA, el Banco Central de Venezuela y funcionarios clave del gobierno, e impuso un embargo económico total en agosto de 2019. Estados Unidos también dio a Guaidó el control de los activos y propiedades del Gobierno venezolano en cuentas bancarias estadounidenses, incluido el dinero que va a PDVSA desde su unidad estadounidense, Citgo. Otras sanciones de Estados Unidos en 2018 y 2019 se dirigieron a los sectores del oro y otras minas, los alimentos, las criptomonedas y la banca. En septiembre de 2020, se impusieron sanciones estadounidenses a cinco legisladores que dirigían partidos que cooperaban con el Gobierno. Desde 2020, Estados Unidos ha tratado de bloquear a Venezuela para que no obtenga combustible de Irán mediante la inclusión en la lista de capitanes de petroleros, la prohibición del uso de puertos aéreos y marítimos venezolanos y el bloqueo de activos de Rosneft. Al parecer, funcionarios estadounidenses han proferido amenazas extraoficiales para impedir las transacciones de empresas de terceros Estados con Venezuela.

El Relator Especial toma nota de la decisión del Gobierno de los Estados Unidos, de 21 de enero de 2020, de revisar las sanciones de los Estados Unidos para minimizar el impacto humanitario de la pandemia, y de la medida del Gobierno de los Estados Unidos, de 2 de febrero de 2021, de suavizar las sanciones que afectan al funcionamiento de las operaciones ordinarias en los puertos y aeropuertos venezolanos.

La Unión Europea impuso sanciones contra Venezuela en 2017, entre ellas un embargo de armas, la prohibición de exportar otros bienes que pudieran utilizarse para la represión interna, la prohibición de exportar tecnología y material hecho para la vigilancia o interceptación de las telecomunicaciones, y la prohibición de viajar y la congelación de activos de personas cuyas acciones fueron consideradas por la UE como un atentado contra la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos, que han sido impugnadas por Venezuela ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. También se informó de que 1.200 millones de dólares en fondos del Gobierno de Venezuela han sido congelados por un banco portugués en 2019. Cerca de 2.000 millones de dólares en oro propiedad del Banco Central de Venezuela y depositados en el Banco de Inglaterra también están congelados mientras avanza un caso en los tribunales británicos.

En 2017 y 2018, Canadá congeló activos y prohibió las transacciones de bienes de funcionarios venezolanos acusados de represión, graves violaciones de los derechos humanos, corrupción, censura, ejecuciones extrajudiciales y otros actos. En 2018, México congeló activos e impuso prohibiciones de viaje a 13 altos funcionarios venezolanos. En 2018 y 2019, Suiza impuso un embargo de armas a Venezuela y congeló activos e impuso prohibiciones de viaje a funcionarios venezolanos. En 2019, Colombia prohibió la entrada de unos 200 venezolanos vinculados al gobierno. Panamá impuso sanciones selectivas contra personas y entidades venezolanas en 2018 consideradas de alto riesgo de participar en el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

En 2019, 13 de los 14 países del Grupo de Lima acordaron prohibir la entrada de funcionarios venezolanos y negarles el acceso a sus sistemas financieros. También en 2019, la mayoría de las partes del Tratado de Río aprobaron una resolución que permitía imponer sanciones selectivas, incluida la congelación de activos, a funcionarios venezolanos presuntamente implicados en el narcotráfico, las actividades terroristas, la delincuencia organizada y/o las violaciones de derechos humanos.

El 13 de febrero de 2020, Venezuela presentó una remisión a la Corte Penal Internacional en virtud del artículo 14 del Estatuto de Roma con respecto a las medidas coercitivas unilaterales.

Situación económica y humanitaria en Venezuela

Venezuela cuenta con una de las mayores reservas de petróleo del planeta. El petróleo ha sido la principal exportación del país y la principal fuente de ingresos y divisas. Desde el año 2000, el Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de un amplio abanico de proyectos sociales en los ámbitos de la vivienda, la educación, la alfabetización, la alimentación, el suministro de electricidad y agua, la atención sanitaria, la planificación familiar, la alfabetización informática y el desarrollo de las comunas, muchos de los cuales se han ejecutado sin coste alguno para el pueblo o han sido sustancialmente subvencionados por el Estado. La economía monoorientada ha dependido en gran medida de las ventas de petróleo; la mayoría de los productos, desde la maquinaria y las piezas de repuesto hasta los alimentos y los medicamentos, se han importado principalmente de Estados Unidos y Europa. La producción interna se ha mantenido en un nivel bastante bajo y no ha podido satisfacer las necesidades del consumo interno. El declive de la economía comenzó en 2014 con la caída de los precios del petróleo. Entre otros factores que afectan a la economía de Venezuela, se han citado la mala gestión, la corrupción y los controles estatales de precios.

Las sanciones unilaterales impuestas cada vez más por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países han agravado los problemas mencionados. Se ha informado de que los ingresos del Gobierno se han reducido en un 99% y que el país vive actualmente con el 1% de sus ingresos anteriores a las sanciones. Las remesas procedentes del extranjero han disminuido debido al bloqueo de los activos del Estado y a la complejidad de las transferencias bancarias y a los impedimentos para realizarlas. Cuatro años de hiperinflación han provocado la devaluación total de la moneda nacional (1 USD = 1,8-1,9 millones de bolívares). Esto ha provocado la disminución de los salarios del sector público de 150-500 USD en 2015 a 1-10 USD en 2020, y un creciente nivel de pobreza. En 2018-2019, el Gobierno introdujo nuevas políticas económicas: se levantó el control de precios y se permitió que el sector privado volviera a entrar en la economía.

Sin embargo, el endurecimiento de las sanciones a las que se enfrenta el país desde 2015 socava el posible impacto positivo de las actuales reformas, así como la capacidad del Estado para mantener las infraestructuras y ejecutar proyectos sociales. Actualmente, Venezuela se enfrenta a la falta de maquinaria necesaria, repuestos, electricidad, agua, combustible, gas, alimentos y medicinas. Los activos venezolanos congelados en bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal ascienden a 6.000 millones de dólares. Se informa de que la compra de bienes y los pagos de las empresas públicas están bloqueados o congelados. El sector privado, las organizaciones no gubernamentales, las universidades, los clubes deportivos y los ciudadanos de Venezuela denuncian el rechazo o la reticencia de los bancos extranjeros a abrir o mantener sus cuentas bancarias, incluidas las de los bancos corresponsales en Estados Unidos y Europa; las dificultades para obtener visados y comprar billetes; la necesidad de actuar a través de agentes de terceros países; y la necesidad de pagar costes de seguro adicionales. El refuerzo de las sanciones económicas y el creciente exceso de cumplimiento dieron lugar a la aprobación de la Ley Constitucional Antibloqueo en octubre de 2020.

Se ha informado de que las líneas eléctricas pueden trabajar hoy en día a menos del 20% de su capacidad. Se estima que el número de venezolanos que han abandonado el país en busca de una vida mejor desde 2015 oscila entre 1 y 5 millones, y que la población se reducirá a unos 27 millones en 2021. La mayoría de los servicios públicos se han visto mermados entre un 30% y un 50% de su personal, incluido el más cualificado (médicos, enfermeras, ingenieros, maestros, profesores, jueces, policías, etc.), lo que ha provocado una desorganización interna, un aumento de la carga de trabajo para el personal restante, una reducción de los servicios y una disminución de su calidad.

Se calcula que el 90% de los hogares están conectados al sistema nacional de distribución de agua. Sin embargo, numerosos hogares denuncian cortes frecuentes debido a los cortes de electricidad que afectan a las bombas de agua y al mantenimiento de las infraestructuras, y a la escasez de personal de mantenimiento cualificado. La distribución de agua sólo puede hacerse «por turnos» para garantizar su entrega a toda la población, y la mayoría de los hogares sólo pueden acceder al agua una o dos veces por semana durante varias horas. Debido a los impedimentos comerciales, el uso de agentes químicos para tratar y purificar el agua para hacerla potable se ha reducido en un 30%.

Los impedimentos a la importación de alimentos, que constituyen más del 50% del consumo de alimentos, han provocado el crecimiento constante de la malnutrición en los últimos 6 años, con más de 2,5 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria grave. Los mecanismos para hacer frente a esta situación incluyen la disminución del número de comidas al día (1 o 2 en lugar de 3); la reducción de la cantidad y la calidad de los alimentos; la descapitalización/venta de los bienes del hogar para comer; y la reducción de los gastos en salud, ropa y educación; con un aumento correlativo de las crisis familiares, las tensiones, la violencia y las separaciones; el trabajo infantil; la participación en la economía sumergida; la actividad delictiva, incluido el tráfico de drogas y de personas; el trabajo forzoso; y la migración. El programa de cajas de alimentos CLAP, iniciado como iniciativa gubernamental en 2017 y que abarca 6 mln. de hogares en todo el país, disminuye la diversidad de artículos.

Venezuela ha dependido casi por completo de las medicinas importadas del extranjero, mientras que la mayoría de los servicios médicos públicos eran proporcionados por el Estado de forma gratuita antes de 2016. Los impedimentos para la atención sanitaria incluyen la falta o la grave insuficiencia de medicamentos y vacunas; el aumento de los precios; la escasez de electricidad para abastecer a los equipos; la escasez de agua y los problemas de saneamiento que afectan a la higiene; el deterioro de la infraestructura debido a la falta de mantenimiento, la ausencia de piezas de repuesto, la falta de disponibilidad de nuevos equipos debido a la falta de recursos o a la negativa a venderlos o entregarlos; la degradación de las condiciones de trabajo y la falta de equipos de protección contra las enfermedades infecciosas; la pérdida de personal en todas las áreas médicas debido a los bajos salarios; y la finalización de la construcción de hospitales y centros de atención primaria.

En particular, el Hospital Cardiológico Infantil de Caracas enfrenta una disminución de 5 veces el número de cirugías (de un promedio de 1.000 intervenciones anuales en el período 2010-2014 a 162 en 2020). Las plazas de personal médico en los hospitales públicos están vacantes en un 50-70%. Solo alrededor del 20% de los equipos médicos están actualmente en funcionamiento. El país se enfrentó a una grave escasez de vacunas contra el sarampión, la fiebre amarilla y la malaria en 2017-2018. La falta de pruebas y tratamiento para el VIH en 2017-2018 supuso, según los informes, un grave aumento de la tasa de mortalidad. El desvío de activos de la filial estadounidense de PDVSA, CITGO, ha impedido que se realicen trasplantes de hígado y médula ósea a 53 niños venezolanos; dichos trasplantes se habrían realizado en Italia y Argentina antes de 2016 con cargo al Estado. El Relator Especial también observa el crecimiento reportado de la mortalidad neonatal y materna desde 2013, con una leve mejoría en 2019, cuando se activó la cooperación humanitaria con UNICEF, la OPS, la iglesia y otras organizaciones humanitarias.

Otros efectos nocivos de la crisis son el creciente problema de los embarazos en adolescentes, que está alcanzando un nivel de crisis con niñas de 12-13 años que se quedan embarazadas en medio de la falta de acceso a la información y al uso de métodos anticonceptivos; y el aumento del VIH/SIDA debido a las relaciones sin protección.

La educación escolar y universitaria se ha enfrentado a una grave disminución del apoyo gubernamental desde 2016, incluyendo la terminación o la reducción del suministro de uniformes escolares, zapatos, mochilas y material de oficina; y la reducción del número de comidas diarias en la escuela (de 2 a 1), la disminución de su cantidad y diversidad de alimentos o su cancelación total. La indisponibilidad de recursos financieros y la reticencia de las empresas extranjeras a comerciar con las instituciones públicas venezolanas y, a menudo, con las privadas, ha provocado la suspensión del Programa Canaima, iniciado en 2015 para ensamblar ordenadores portátiles compactos con fines educativos, de los que se han distribuido 6,5 millones a través del sistema escolar sin coste alguno. Incidentes técnicos en 2019 incapacitaron el satélite público de Venezuela, reduciendo sustancialmente la cobertura de Internet en el país y haciendo difícilmente posible el aprendizaje a distancia en el curso de la pandemia.

Ante la crisis económica y humanitaria, el gobierno venezolano activó la cooperación con el PNUD, UNICEF, ONUSIDA, la OPS, otras agencias internacionales, así como con la iglesia, el sector privado y las ONG humanitarias que prestan ayuda humanitaria, facilitando cierta reconstrucción de los sistemas de agua y el suministro de vacunas, medicamentos, pruebas, reactivos, material escolar y alimentos. Sin embargo, los intentos de liberar los fondos congelados en el Banco de Inglaterra para la compra de medicamentos, vacunas, kits de protección y equipos médicos a través del PNUD y la OPS en 2020 han fracasado. No se han liberado fondos para la compra de COVAX a través de la OPS en 2020 – 2021. A pesar de la intensificación del trabajo con los actores humanitarios, se han reportado algunos casos de vigilancia y persecución del personal de las ONG nacionales que participan en el trabajo humanitario.

Evaluación de la base legal para la imposición de sanciones:

El Relator Especial considera que el estado de emergencia nacional anunciado por el Gobierno de los Estados Unidos el 8 de marzo de 2015 como fundamento para introducir sanciones contra Venezuela, y repetidamente prorrogado, no se corresponde con los requisitos del art. 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tales como la existencia de una amenaza para la vida de la nación, la limitación de las medidas a las exigencias de la situación, una duración limitada, la ausencia de discriminación, la prohibición de derogar el derecho a la vida y la prohibición de castigar una actividad que no constituya un delito, como se menciona en la comunicación de los expertos en derechos humanos de 29 de enero de 2021.

El Relator Especial subraya que las sanciones unilaterales contra los sectores petrolero, aurífero, minero y otros sectores económicos, la compañía aérea estatal y la industria de la televisión constituyen una violación del derecho internacional, y no se excluye su ilicitud con referencia a las contramedidas. El propósito anunciado de la campaña de «máxima presión» -cambiar el Gobierno de Venezuela- viola el principio de igualdad soberana de los Estados y constituye una intervención en los asuntos internos de Venezuela que también afecta a sus relaciones regionales.

Refiriéndose a las normas consuetudinarias sobre la inmunidad de los bienes del Estado, el Relator Especial recuerda que los activos del Banco Central y los bienes utilizados para las funciones públicas pertenecen al Estado de Venezuela y no a su Gobierno o a cualquier individuo. Por lo tanto, la congelación de los activos del Banco Central de Venezuela por no reconocer a su Gobierno, así como la adopción de las sanciones pertinentes, viola los derechos soberanos del país e impide que su gobierno efectivo ejerza su deber de garantizar las necesidades de la población.

La Relatora Especial subraya que la inclusión de funcionarios del Estado en la lista de oficio contradice la prohibición de castigar una actividad que no constituye un delito, impide a los funcionarios la posibilidad de representar los intereses de Venezuela en los tribunales internacionales y otras instituciones internacionales, y socava el principio de igualdad soberana de los Estados. Asimismo, señala que las reiteradas negativas de los bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal a liberar activos venezolanos incluso para la compra de medicamentos, vacunas y kits de protección, bajo el control de organizaciones internacionales, viola el mencionado principio e impide la capacidad de Venezuela de responder a la emergencia COVID-19.

Al Relator Especial le preocupa que las sanciones selectivas unilaterales en su forma actual violen, como mínimo, las obligaciones que se desprenden de los instrumentos universales y regionales en el ámbito de los derechos humanos, muchas de las cuales son de carácter perentorio -garantías procesales y presunción de inocencia con vistas a que los motivos de su introducción no constituyan en su mayor parte crímenes internacionales ni cumplan con los fundamentos de la jurisdicción penal universal, al tiempo que toma nota del hecho de la presentación ante la Corte Penal Internacional por parte de un grupo de Estados de una remisión contra Venezuela el 27 de septiembre de 2018.

El Relator Especial subraya que la aplicación de la jurisdicción extraterritorial a nacionales y empresas de terceros Estados por la cooperación con las autoridades públicas, nacionales y empresas de Venezuela, y las supuestas amenazas a dichos terceros Estados, no se justifica en virtud del derecho internacional y aumenta los riesgos de exceso de cumplimiento de las sanciones. El Relator Especial observa con preocupación las presuntas amenazas a empresas privadas y a donantes, socios y organizaciones humanitarias de terceros países, así como la introducción de cláusulas de confidencialidad en la Ley Constitucional Antibloqueo de Venezuela en lo que respecta a la identidad de los socios correspondientes.

Impacto en el disfrute de los derechos humanos:

El Relator Especial observa con preocupación que las sanciones sectoriales a las industrias petrolera, aurífera y minera, el bloqueo económico de Venezuela y la congelación de los activos del Banco Central han exacerbado la situación económica y humanitaria preexistente al impedir la obtención de ingresos y el uso de recursos para desarrollar y mantener la infraestructura y para los programas de apoyo social, lo que tiene un efecto devastador en toda la población de Venezuela, especialmente la que se encuentra en situación de extrema pobreza, las mujeres, los niños, los trabajadores médicos, las personas con discapacidad o con enfermedades crónicas o que ponen en peligro la vida, y la población indígena.

El Relator Especial subraya que las exenciones humanitarias existentes son ineficaces e insuficientes, están sujetas a procedimientos largos y costosos, y no cubren la entrega de repuestos, equipos y maquinaria necesarios para el mantenimiento y la restauración de la economía y los servicios públicos.

Al Relator Especial le preocupa que la aplicación de sanciones secundarias extraterritoriales, así como las presuntas amenazas de sanciones, den lugar a un exceso de cumplimiento de los regímenes de sanciones existentes, impidiendo al Gobierno de Venezuela, a su sector público y a las empresas privadas adquirir maquinaria, repuestos, medicamentos, alimentos, suministros agrícolas y otros bienes esenciales, incluso dentro de las licencias concedidas por el Gobierno de los Estados Unidos. UU., y también dan lugar a un número creciente de denegaciones de transferencias bancarias, a la ampliación de los plazos de las transferencias bancarias (de 2 a 45 días), al aumento de los costes de entrega, seguro y transferencia bancaria, así como a las subidas de precios comunicadas para todos los bienes (especialmente los importados).

El Relator Especial observa con preocupación que la ausencia de recursos y la reticencia de los socios, bancos y empresas de reparto extranjeras a tratar con los socios venezolanos se traduce en la imposibilidad de comprar los equipos médicos y tecnológicos necesarios, los reactivos y las piezas de repuesto para la reparación y el mantenimiento de los sistemas de electricidad, gas, agua, transporte público, teléfono y comunicaciones, escuelas, hospitales, viviendas y otras instituciones públicas, lo que menoscaba el disfrute de muchos derechos humanos, incluido el derecho a una vida digna.

A pesar de la revisión periódica y el aumento de los salarios en Venezuela, se estima que el salario medio del sector público es de 2 a 3 dólares de los EE.UU. al mes, lo que cubre menos del 1% de la cesta básica de alimentos y hace que la población dependa cada vez más del apoyo social del Gobierno en forma de CLAP (alimentos) y de transferencias periódicas de dinero a través de la «Carta de la Patria», de múltiples subsidios para los funcionarios públicos, así como de la ayuda humanitaria extranjera.

El Relator Especial observa que esto aumenta el nivel de migración, facilita la participación de personas en la economía gris, afectando en primer lugar a especialistas de alto nivel del sector público, incluyendo médicos, enfermeras, maestros, profesores universitarios, ingenieros, policías, jueces, técnicos y muchos otros, violando sus derechos económicos, incluyendo los derechos al trabajo, al trabajo decente, a la seguridad social, incluyendo el seguro social, y a un nivel de vida adecuado. El número de vacantes entre el personal necesario para garantizar el funcionamiento normal de los servicios públicos habría alcanzado entre 1/3 y 1/2. La migración masiva en ausencia de un transporte asequible pone en peligro la vida de los migrantes e impone cargas adicionales a los países receptores. Se ha denunciado, entre otros problemas, el acceso a los alimentos, las medicinas y la asistencia médica para los migrantes venezolanos, la falta de documentos de identidad para los niños nacidos en el extranjero, la separación de las familias y la ausencia de la debida atención a los niños que se quedan con los abuelos en Venezuela.

Al Relator Especial le preocupa que la falta de gasolina, con el consiguiente aumento de los precios del transporte, viole la libertad de circulación, impida el acceso a los hospitales, las escuelas y otros servicios públicos, agrave los problemas de entrega y distribución de alimentos y suministros médicos -especialmente en las zonas remotas del país, lo que afecta, entre otras cosas, a la población indígena- y provoque retrasos en los servicios públicos, incluida la justicia penal y civil. La reportada falta de gasoil, mayormente utilizado para fines agrícolas, industriales y de transporte, tiene un potencial efecto dramático en la producción y almacenamiento de alimentos, con el riesgo de exacerbar aún más la inseguridad alimentaria del pueblo venezolano que ya enfrenta un deterioro en la cantidad y calidad de los alimentos y una mayor desnutrición, aumentando por lo tanto los riesgos de salud y las amenazas a la vida.

El Relator Especial observa con preocupación que, debido a la falta de disponibilidad de maquinaria nueva, piezas de repuesto y personal competente, el pueblo de Venezuela tiene un acceso limitado a la electricidad, lo que impide, entre otras cosas, el funcionamiento de las bombas de agua, lo que da lugar a la violación del derecho al agua, incluida el agua potable y el agua para el saneamiento, aumentando los riesgos de enfermedades pertinentes.

El Relator Especial subraya que los bajos salarios, la ausencia o insuficiencia de material escolar, de uniformes escolares y de comida en la escuela, que solía proporcionar el Gobierno, los problemas de transporte, la ausencia de electricidad y la reducida cobertura de Internet y de telefonía móvil ponen en peligro el ejercicio del derecho a la educación. Las razones anteriores, así como la reportada imposibilidad de utilizar recursos en línea con direcciones IP venezolanas, afectan el acceso a la información y la libertad de expresión. La supuesta reticencia de los socios extranjeros a cooperar con las instituciones venezolanas, incluidas las universidades, las sociedades deportivas y las ONG, así como los impedimentos a las transferencias de dinero, las dificultades para obtener visados y la negativa a abrir y el cierre de cuentas bancarias de ciudadanos venezolanos o de empresas públicas y privadas con sede en Venezuela por temor a sanciones secundarias, afectan al derecho a la educación, a las libertades académicas y a los derechos culturales, e impiden la prestación de ayuda humanitaria.

Al Relator Especial también le preocupa que la escasez de gas, que obliga a la gente a cocinar con fuegos de leña, pueda violar el derecho a un entorno favorable. Observa que, debido a la necesidad de garantizar las necesidades humanas esenciales para la supervivencia, el Gobierno habría suspendido todos los programas destinados a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos los proyectos agrícolas y sanitarios, la protección del medio ambiente, la mejora de la alfabetización y la informática, la reconstrucción y otros.

La Relatora Especial subraya que el bloqueo de bienes, activos y cuentas bancarias de ciudadanos de Venezuela por parte de bancos extranjeros y corresponsales, muchas veces por exceso de cumplimiento, resulta en la violación del derecho a la propiedad. También observa con preocupación que la aplicación de sanciones unilaterales contra Venezuela afecta a los derechos de los nacionales de terceros países, en particular, la rescisión de contratos con empresas de terceros países tiene el riesgo potencial de afectar a los derechos económicos y de propiedad de sus propietarios y empleados; y la ausencia de contribuciones de Venezuela, que solía donar a proyectos de asistencia regional (por ejemplo, el ALBA), está afectando negativamente al derecho a la ayuda humanitaria de sus beneficiarios más allá de las fronteras de Venezuela.

El Relator Especial reconoce que las sanciones selectivas y secundarias violan los derechos a un juicio justo, las garantías procesales, la libertad de circulación, los derechos de propiedad y el derecho a la reputación. Las sanciones contra representantes de grupos de la oposición por su participación en las elecciones violan su derecho a tener y expresar opiniones, y a participar en los asuntos públicos. Mientras que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (art. 275) ofrece a las personas incluidas en la lista la posibilidad de acceder al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, aunque no existan garantías procesales antes de que se adopten las decisiones sobre las sanciones, el Relator Especial señala que no se garantiza el acceso a la justicia en lo que respecta a las sanciones de los Estados Unidos, especialmente en vista de las numerosas negativas denunciadas por parte de abogados estadounidenses a presentar casos ante la OFAC debido a las supuestas amenazas del Gobierno de los Estados Unidos o al temor a hipotéticas sanciones.

El Relator Especial concluye que las sanciones impuestas contra Venezuela, sus ciudadanos y empresas afectan a las personas de Venezuela y de fuera de su territorio, tanto en el sector público como en el privado; a los nacionales de terceros países y a los empleados de empresas de terceros países afectados por las sanciones secundarias o por el temor a las mismas; a los donantes y a las ONG humanitarias internacionales; a los beneficiarios de la asistencia de las organizaciones internacionales tradicionalmente financiadas por Venezuela; mientras que las personas de bajos ingresos, las mujeres, los niños y las personas con necesidades especiales o con enfermedades crónicas o graves son los más afectados con respecto a todo el ámbito de los derechos humanos, incluidos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo.

El Relator Especial acoge con satisfacción los informes sobre el mayor compromiso del Gobierno de Venezuela con el PNUD, el UNICEF, el ONUSIDA, la OPS, otros organismos internacionales y las ONG eclesiásticas, del sector privado y humanitarias, en la prestación de ayuda humanitaria, facilitando cierta reconstrucción de los sistemas de agua y el suministro de vacunas, medicamentos, pruebas, reactivos, material escolar y alimentos, ayudando así a unos 4 millones de personas. Sin embargo, al Relator Especial le preocupan los informes sobre la mala gestión en la distribución de la ayuda humanitaria, la vigilancia y la persecución del personal de las ONG nacionales que participan en la labor humanitaria, y la ausencia de un reglamento provisional para el trabajo de las ONG internacionales.

Recomendaciones del Relator Especial:

La Relatora Especial recuerda a todas las partes su obligación, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, de observar los principios y normas del derecho internacional, incluidos los principios de igualdad soberana, independencia política, no intervención en los asuntos internos de los Estados y solución pacífica de las controversias internacionales. La Relatora Especial les insta a que resuelvan cualquier disputa a través de las instituciones judiciales y otras instituciones internacionales competentes.

La Relatora Especial subraya que las preocupaciones humanitarias deben prevalecer siempre sobre las políticas y que las medidas unilaterales sólo pueden adoptarse teniendo en cuenta el Estado de Derecho, las normas de derechos humanos, el derecho de los refugiados y el derecho humanitario; deben cumplir las obligaciones jurídicas internacionales de los Estados y sólo pueden aplicarse en el marco de contramedidas internacionalmente lícitas. El Relator Especial recuerda que las evaluaciones preliminares y continuas del impacto humanitario deben realizarse en el curso de cualquier actividad unilateral, ya que ninguna buena intención justifica la violación de los derechos humanos fundamentales como «daño colateral».

El Relator Especial subraya la inadmisibilidad de aplicar sanciones de forma extraterritorial e insta al Gobierno de los Estados Unidos a poner fin a la emergencia nacional en relación con Venezuela, revisar y levantar las sanciones sectoriales contra el sector público de Venezuela, revisar y levantar las sanciones secundarias contra terceros Estados y abstenerse de imponer sanciones al suministro de gasóleo que provocarían una crisis humanitaria de proporciones sin precedentes.

El Relator Especial insta a todos los interlocutores (incluidos los Estados, las organizaciones internacionales, los bancos, las empresas privadas y la sociedad civil) a que eviten la coacción, las amenazas escritas u orales o cualquier otro acto que pueda provocar o dar lugar a un exceso de cumplimiento, y a que interpreten todas las limitaciones de la manera más estricta posible en el período intermedio antes del levantamiento de las sanciones unilaterales, teniendo debidamente en cuenta las Orientaciones emitidas por el Relator Especial en diciembre de 2020.

El Relator Especial pide a todos los Estados que revisen y levanten las sanciones selectivas de conformidad con los principios del derecho internacional, el Estado de derecho, los derechos humanos y el derecho de los refugiados, que garanticen la posibilidad de que los funcionarios del Estado de Venezuela representen al Estado sobre la base del principio de igualdad soberana de los Estados, y que garanticen los derechos de las personas afectadas a la presunción de inocencia, las garantías procesales, el acceso a la justicia y otros derechos fundamentales.

El Relator Especial insta a los Gobiernos del Reino Unido, Portugal y los Estados Unidos y a los bancos correspondientes a que descongelen los activos del Banco Central de Venezuela para adquirir medicamentos, vacunas, alimentos, equipos médicos y de otro tipo, repuestos y otros bienes esenciales para garantizar las necesidades humanitarias del pueblo de Venezuela y el restablecimiento de los servicios públicos en colaboración con el PNUD y otros organismos de las Naciones Unidas y mediante mecanismos mutuamente acordados y supervisados por ellos.

Aunque reconoce el efecto devastador de las sanciones unilaterales en el amplio ámbito de los derechos humanos, especialmente el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la educación y el derecho al desarrollo, el Relator Especial pide al Gobierno de Venezuela y a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que apliquen plenamente el acuerdo de cooperación firmado entre ellos, que refuercen la presencia de la OACDH en el terreno para supervisar, entre otras cosas, el impacto de las sanciones unilaterales y que organicen visitas de los procedimientos especiales pertinentes al país.

El Relator Especial hace un llamamiento al Gobierno de Venezuela, al PNUD, a otras agencias de la ONU y a la OACDH en Venezuela para que negocien un acuerdo que garantice la distribución transparente, justa y no discriminatoria de los bienes esenciales y de la ayuda humanitaria bajo el control de las instituciones internacionales, independientemente de la raza, el género, la nacionalidad, la edad, las creencias religiosas o las opiniones políticas, teniendo debidamente en cuenta a los grupos con necesidades especiales.

La Relatora Especial hace un llamamiento al Gobierno de Venezuela para que, en colaboración con el Coordinador Residente de las Naciones Unidas y el ACNUDH en Venezuela, termine de redactar una legislación clara y no discriminatoria que permita y facilite la labor humanitaria de las ONG internacionales y nacionales en Venezuela, y garantice la seguridad e integridad de su personal. Al mismo tiempo, se refiere a la obligación de las ONG humanitarias de cumplir con las normas de la actividad puramente humanitaria.

[Fin]

El cuerpo celeste, captado por la nave del país asiático.Foto Ap  Europa Press, Afp y Sputnik

Arribó ayer, un día después de la nave de Emiratos Árabes Unidos y una semana antes de que un robot estadunidense se dirija hacia la superficie marciana

 

La sonda Tianwen-1 de China entró con éxito en la órbita alrededor de Marte ayer, después de un viaje de casi siete meses desde la Tierra.

Llega a la órbita del planeta rojo un día después de Hope, de Emiratos Árabes Unidos, y una semana antes de que el robot Perseverance de la NASA se dirija a la superficie de ese cuerpo celeste.

Un motor 3000N se encendió a las 11:52 UTC para desacelerar a Tianwen-1, según la Administración Nacional del Espacio de China (CNSA, por sus siglas en inglés). Después de unos 15 minutos, la nave –que incluye un orbitador, un módulo de aterrizaje y un robot– se había ralentizado lo suficiente como para ser capturada por la gravedad de Marte y entrar en una órbita elíptica alrededor de éste, con su distancia más cercana a la superficie marciana a unos 400 kilómetros.

La sonda china tardará unos 10 días terrestres en completar un círculo.

El desarrollo marca el final de un paso clave en el actual programa chino de exploración de Marte, que está diseñado para completar la órbita, el aterrizaje y el itinerario en una misión, explicó la CNSA, citada por Xinhua.

Después de ingresar a la órbita de Marte, las cargas útiles a bordo del orbitador, incluidas las cámaras y varios analizadores de partículas, comenzarán a funcionar y a realizar estudios del planeta.

Tianwen-1, que pesa cinco toneladas, se lanzó con un cohete Larga Marcha 5, el vehículo de su tipo más grande de China, desde la central Wenchang en la costa de la provincia insular de Hainan, en el sur del país asiático, el 23 de julio pasado.

La sonda ha viajado en el espacio 202 días. Ha realizado cuatro correcciones orbitales y una maniobra en el espacio profundo. Ha volado 475 millones de kilómetros y estaba a 192 millones de kilómetros de la Tierra cuando alcanzó la órbita de Marte.

Un radiotelescopio orientable con una antena de 70 metros de diámetro en el distrito de Wuqing de la ciudad de Tianjin, en el norte de China, es una instalación clave que recibe datos de Marte enviados por la sonda. El retraso de la comunicación unidireccional es de unos 10.7 minutos.

Tianwen-1 ahora realizará múltiples correcciones orbitales para ingresar a una órbita de estacionamiento temporal en Marte, desde donde inspeccionará los posibles sitios de aterrizaje programado para mayo o junio.

Felicitaciones

La agencia espacial estadunidense felicitó a su par de Emiratos Árabes Unidos por el exitoso ingreso de la sonda Hope a la órbita de Marte, primera misión de ese país al planeta rojo.

“¡Felicitaciones misión Hope por tu exitosa llegada a la órbita de Marte! Tu audaz aventura para explorar el planeta rojo inspirará a muchos otros a llegar a las estrellas. Esperamos unirnos pronto a ustedes con Perseverance”, señaló Thomas Zurbuchen, administrador adjunto de la NASA, en su cuenta de Twitter.

La misión, la primera de su tipo de un país árabe, alcanzó la órbita completa a las 15:42 GMT, luego de siete meses de viaje hacia Marte.

Vapor de agua

Por otra parte, dos científicos británicos aseguraron ayer que detectaron vapor de agua en la atmósfera de Marte, nuevo indicio que podría acreditar la tesis según la cual el planeta rojo habría albergado vida en algún momento.

Los científicos coinciden en que Marte tuvo en el pasado agua de forma abundante, presente en lagos y ríos. Actualmente, el planeta guarda ese tesoro hídrico bajo tierra o en sus casquetes glaciares.

Sin embargo, según un nuevo estudio publicado en la revista Science Advances por dos investigadores británicos de la Open University, una parte de esa agua sigue evaporándose y abandonando la atmósfera marciana en forma de hidrógeno.

El descubrimiento fue realizado mediante un pequeño aparato denominado Nomad que se encuentra a bordo de la sonda ExoMars de la Agencia Espacial Europea (ESA) y de la rusa Roscosmos, que mide la luz que pasa a través de la atmósfera del planeta.

El ex presidente ruso Medvedev fustiga el cibertotalitarismo y la democracia arcaica de EU

El ex presidente ruso Dmitry Medvedev, otrora bisagra con el atlantismo –hoy vicejerarca del Consejo de Seguridad que preside el zar Vlady Putin (https://bit.ly/3bReYFa)–, realiza un profundo análisis de la caótica situación de Estados Unidos (https://bit.ly/3itGGJx). Arremete contra su “ cibertotalitarismo(https://bit.ly/3syRXg2)”, en medio de la redición doméstica del golpe multicolor de Obama en la plaza Maidan de Kiev (Ucrania).

Medvedev fustiga el “papel sin precedente en la política pública de las redes sociales y los nuevos (sic) multimedia y de las empresas privadas de las tecnologías de la información que poseen estas plataformas”.

Juzga aberrante la suspensión por Twitter de la cuenta del todavía presidente Trump, que tenía “85 millones de seguidores” y la censura de sus otras cuentas que alcanzan “casi 200 millones de seguidores”. En un país con 330 millones de habitantes, hoy tan fracturado y al borde del totalitario monopartidismo neomaniqueo y/o de la balcanización, tales 200 millones no estarían sólo en Estados Unidos.

Medvedev se (pre)ocupa del “espectro de un cibertotalitarismo que gradualmente apabulla a la sociedad que arrastra consigo (y potencialmente al mundo entero)”. Aduce que aun si Trump “abandona la política en definitiva y los gigantes tecnológicos borran su huella digital (sic), las mentes (sic) permanecerán inmensamente polarizadas”. Medvedev señala que “las redes sociales carecen de regulaciones especiales”, por lo que se dieron el lujo de “bloquear decenas de miles de seguidores de un presidente en funciones en todo género de plataformas”.

Considera que “para Washington y el resto del mundo este nivel de censura de las trasnacionales es verdaderamente un fenómeno extraordinario (sic)”. Coloca una pregunta como estocada: “¿Quiénes son esos jueces supremos que deciden, de su propia voluntad y basado en sus propias reglas –pero guiados por sus preferencias políticas–, privar al presidente de un país la oportunidad de comunicarse con una audiencia de muchos millones?”

Pone su dedo en la llaga, ya que “varias trasnacionales tecnológicas que se encuentran en California (sic) gozan de un apetito por el poder y piensan que es posible manipular las noticias y hechos para que se adapten a sus propias preferencias políticas. ¡Es una flagrante censura!”. California, feudo demócrata de la vicepresidenta Kamala Harris, es asiento del Big Tech de Silicon Valley, de donde, por cierto, ya empezaron a migrar varias empresas –de la talla de Tesla, HP, Oracle, etcétera– a Texas, feudo republicano. ¿California vs Texas?

En su filípica contra la cibercraciadel Gafam /Twitter (https://bit.ly/35UlAin), Medvedev expone que “dictan sus propios términos” y “han buscado sustituir a las instituciones estatales, usurpando sus mandatos, y de manera agresiva imponiendo sus puntos de vista en un gran número de personas, a quienes dejan sin otra opción”, lo que “empujará a otros gobiernos de diferentes países a tomar acciones para prevenir el mismo escenario”.

El profundo análisis de Medvedev aborda temas relevantes, tanto de la saliente como de la entrante administración de Estados Unidos sobre el futuro de las relaciones con Rusia, de las que es pesimista: los contenciosos nucleares, su relación con la OTAN y sus otrora aliados, su política de descarbonización, el “nuevo orden económico” global como “cambio tectónico”, en clara alusión al ascenso de China, hoy aliado de Rusia.

Arguye que la “guerra civil fría (sic)” alcanzó su clímax con el ataque al Capitolio cuando permea de nuevo el “olvidado espíritu del Macartismo (sic)”, en el que tiene mucho que ver su “arcaico sistema de votación que puede llevar a nuevas (sic) olas de violencia y disturbios” ¡Uf !

Desde hace 7 años advertí sobre el ominoso “ cibertotalitarismo(https://bit.ly/2LPR3eH)”, cuando Financial Times fue muy permisivo en sacrificar la “privacidad online”, con el fin de “combatir el terrorismo”, lo cual hoy es implementado por el Gafam/ Twitter en Estados Unidos –y, por extensión, al mundo entero–, bajo el pretexto del 6/1, en similitud con el hollywoodense 11/9 (https://bit.ly/39Oy1gC).

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El coronavirus ocasionó una pandemia de  hambre

Advertencia de Naciones Unidas por el aumento del precio de los alimentos en el mundo

La Organización de las Naciones Unidas alertó que la situación generada por el coronavirus es "dramática" y provocará una "pandemia de hambre" en América Latina. El director regional para América Latina y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, Miguel Barreto, sostuvo que la enfermedad "se está transformando en una pandemia de hambre, ya que uno de cada tres habitantes de la región no tiene acceso a alimentos nutritivos y suficientes".

Durante una conferencia de prensa en la que presentó el "Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de América Latina y el Caribe 2020", el funcionario advirtió que "de mantenerse esa tendencia, se aleja la posibilidad de cumplir la meta de hambre cero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible". Y predijo que "en 2030 habrá 67 millones de personas con hambre en la región, sin considerar el impacto del covid-19".

En un informe presentado en Chile, la FAO estimó que unas 47,7 millones de personas padecieron hambre durante 2019 en América Latina. Este deterioro implicó un incremento de más de 13 millones de personas en los últimos cinco años "que se agudizaría" este año por el coronavirus, agregó el organismo.Si bien el estudio no profundiza en las cifras de los últimos meses, el especialista indicó que entre marzo y agosto se pasó de 3,4 a 17 millones de personas que padecen inseguridad alimentaria severa, reseñó la agencia de noticias Sputnik.

En el caso de América Central, Barreto destacó que al coronavirus se sumaron los huracanes Eta y Iota, creando "una tormenta perfecta" que impacta sobre unos cuatro millones de personas.Por su parte, Julio Berdegué, representante regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para América Latina y el Caribe, refirió que "hay niños y niñas en el continente que viven en condiciones propias de países como Burkina Faso, Congo, Zimbabwe y Haití", principalmente habitantes rurales, indígenas y afrodescendientes.

Agregó que 104 millones de personas en la región no pueden pagar una dieta saludable por la desigualdad económica, un problema que se ha profundizado a partir de la llegada de la pandemia. En este esquema, 84 millones de niños dependen de programas de alimentación escolar y diez millones tienen como única comida del día la que reciben en la escuela.

A su vez, el director regional adjunto para América Latina y el Caribe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Youssouf Abdel-Jelil, expresó su preocupación por los problemas de malnutrición que se registran en zonas rurales y urbanas pobres, donde conviven el bajo peso con la obesidad. En ese sentido, llamó a establecer políticas públicas que atiendan a las madres desde el embarazo, promoviendo la lactancia materna exclusiva y la incorporación de alimentos nutritivos en el momento adecuado.

Mientras tanto el director del Departamento de Enfermedades no Transmisibles y Salud Mental de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Anselm Hennis, dijo que "2020 será recordado como el año de la pandemia, en el que más de 60 millones de personas en todo el mundo se han infectado y más de un millón de personas han muerto; además ha aumentado el desempleo, la pobreza y reducido el acceso a los servicios de salud".

A nivel mundial, el hambre se agravó debido a las repercusiones de la pandemia de coronavirus, entre ellas un fuerte aumento del precio mundial promedio de los alimentos, advirtió el organismo de la ONU para la alimentación. "Las repercusiones de la pandemia de covid-19, en particular en lo que respecta a la pérdida de ingresos, son un factor importante para los niveles de inseguridad alimentaria mundial", subrayó la FAO en su informe trimestral."

La pandemia está agravando e intensificando las condiciones ya de por sí frágiles ocasionadas por conflictos, plagas y perturbaciones meteorológicas, como los recientes huracanes en América Central y las inundaciones en África", recalcó la entidad. La FAO, que elabora cada trimestre un índice de los precios de los alimentos y analiza los avances en la lucha contra el hambre, agregó que 45 países necesitan hoy ayuda alimentaria externa. Entre esos 45, 34 se encuentran en África, y en la lista figuran también Haití y Venezuela, dijo la FAO en su informe, titulado "Perspectivas de cosechas y situación alimentaria", informó la agencia de noticias AFP.

Según el informe presentado por la FAO en Roma, donde tiene su sede, el índice de los precios de los alimentos en el mundo aumentó "bruscamente", alcanzando en noviembre su "nivel más alto en seis años".Los precios de los alimentos en el mundo aumentó "bruscamente". "El aumento mensual fue el más pronunciado desde julio de 2012 y situó el índice en su nivel más elevado desde diciembre de 2014", dijeron expertos de la entidad que hacen un seguimiento de los precios de los alimentos más comercializados a escala mundial.

"Todos los subíndices aumentaron en noviembre", subrayaron, entre ellos los precios de los aceites vegetales, con un alza "impresionante" del 14 por ciento debido a la contracción de las existencias mundiales. Los cereales aumentaron del 2,5 por ciento, entre ellos trigo y maíz. El índice de precios del azúcar aumentó en un 3,3 respecto al mes pasado ante las crecientes expectativas de un déficit de producción mundial en la próxima campaña de comercialización. El precio de los productos lácteos se incrementó en un 0,9, "el nivel más elevado de los últimos 18 meses", así como el de la carne del 0,9 por ciento respecto a octubre.

Revelan nuevos detalles del asesinato del físico nuclear iraní

Los disparos que mataron al jefe de la Organización de Investigación de Innovación del Ministerio de Defensa iraní, el físico nuclear Mohsen Fajrizade, provinieron de un arma montada en un vehículo, en el cual no había gente y que explotó poco después del ataque, informó la agencia de noticias iraní Fars.

La agencia Fars publicó nuevos detalles sobre el asesinato del jefe del programa nuclear iraní que fue atribuido a Israel. Los periodistas alegan que Mohsen Fajrizade fue baleado con una ametralladora controlada a distancia que fue detonada inmediatamente después del ataque.

Según el informe, el 27 de noviembre por la mañana, el experto iraní conducía un auto blindado y a su lado estaba su esposa. Además, iban acompañados por un convoy de otros vehículos blindados.

En algún momento, la escolta se adelantó a Fajrizade para revisar la zona a la que se dirigían. De repente hubo un disparo que hizo que el científico se detuviera a un lado de la carretera, ya que pensaba que su automóvil estaba funcionando mal. Luego siguieron otros disparos desde una ametralladora a control remoto que fue montada en un coche Nissan aparcado a unos 150 metros de distancia. Una de las balas golpeó la espalda de Fajrizade, según el informe, y pocos minutos después el automóvil con el arma explotó.

"Todo el incidente duró tres minutos, ya que ningún asesino estaba presente en la escena y los disparos fueron realizados solo con armas automatizadas", se indica en el informe. 

El propietario del vehículo que portaba el arma, según los datos, no reside en Irán desde hace un mes.

Por su parte, el New York Times publicó una versión diferente del hecho, aunque cita a medios iraníes.

Según el medio estadounidense, el Nissan abandonado estacionado en una rotonda, detonó y derribó una línea eléctrica. Apareció un grupo de 12 hombres armados, algunos en motocicletas y otros en automóviles aparcados cerca, que abrieron fuego, cita el medio a Javad Mogouyi, que trabaja para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Al menos tres disparos golpearon al experto nuclear iraní y los 12 asesinos escaparon ilesos, indicó el hombre.

Los medios estatales iraníes informaron sobre el comienzo de la procesión fúnebre de Fajrizade. Su ataúd se moverá entre varias mezquitas en todo el país. Se espera que el científico sea enterrado el 30 de noviembre.

Según la agencia de noticias estatal iraní IRNA, el cuerpo de Fajrizade fue trasladado al santuario del Imán Reza en la ciudad nororiental de Mashhad para ser enviado más tarde a la ciudad de Qom, al sur de Teherán, y desde allí al templo del Imán Khomeini, situado en la capital.

El conocido científico nuclear iraní, Mohsen Fajrizade, a quien Israel acusa de ser jefe del presunto programa nuclear del país persa, fue asesinado el 27 de noviembre cerca de Teherán. Según la versión que fue anunciada inicialmente, varios terroristas armados atacaron al científico durante el enfrentamiento entre sus guardias y los terroristas.

Fajrizade era profesor de física en la Universidad Imam Husein en Teherán y ocupaba el cargo de jefe de la Organización de Investigación e Innovación Defensiva del Ministerio de Defensa de Irán. Además de ser uno de los científicos más influyentes y de alto rango en Irán, figuró entre las cinco personalidades iraníes en la lista de los 500 individuos más poderosos del mundo, elaborada en el 2013 por la revista estadounidense Foreign Policy.

23:31 GMT 29.11.2020(actualizada a las 23:38 GMT 29.11.2020) URL corto

Guatemala: el Congreso suspendió la aprobación del presupuesto que desató las protestas

La ONU pidió que se investigue la represión, ya que dos manifestantes perdieron un ojo

Varios sectores de la ciudadanía reclamaron en las calles porque el gasto para 2021 no priorizaba el combate a la pobreza y dejaba de lado la educación y la salud, 

 

El Congreso de Guatemala suspendió la aprobación del presupuesto del país para 2021, que había generado protestas donde manifestantes incendiaron la sede del Parlamento y pidieron la renuncia del presidente conservador Alejandro Giammattei, por no priorizar la lucha contra la pobreza. La ONU pidió que se investigue la represión a las protestas, ya que dos manifestantes perdieron un ojo a causa del impacto de gases lacrimógenos lanzados por la Policía.

"Con la finalidad de mantener la gobernabilidad del país y la paz social, hemos acordado suspender el trámite del presupuesto de ingresos y egresos del Estado y del Organismo Legislativo 2021", informó el presidente del Parlamento, el oficialista Allan Rodríguez, en un mensaje a la nación por el canal del Congreso.

El Congreso, en su mayoría integrado por el oficialismo y partidos afines a Giammattei, aprobó el martes de la semana pasada un presupuesto de casi 12.800 millones de dólares. Varios sectores de la ciudadanía reclamaron porque el gasto no priorizaba el combate a la pobreza, que afecta al 59,3% de los casi 17 millones de habitantes, según cifras oficiales, y dejaba de lado la educación y la salud, en momentos en que la pandemia deja más de 4.000 muertos y casi 120.000 contagios en el país. Sin embargo, privilegió el desarrollo de infraestructura, beneficio que recae en las firmas constructoras.

Con esta suspensión, ahora los diputados tienen hasta el 30 de noviembre para aprobar un nuevo presupuesto, según la ley. De lo contrario, seguirá vigente el que regía este año, por unos 10.390 millones de dólares.

El sábado, miles de guatemaltecos se manifestaron pacíficamente para pedir la renuncia de Giammattei, pero otros se dirigieron a la sede del Parlamento e incendiaron varias oficinas tras romper ventanas para ingresar.

El domingo, cientos volvieron a las calles a protestar, aunque este lunes, tras la detención del trámite del presupuesto, ya no se registraron protestas.

La ONU pide una investigación

 La ONU confió este lunes en que las autoridades de Guatemala lleven a cabo una investigación imparcial sobre lo sucedido en las protestas del pasado sábado, en las que el vicepresidente del país, Guillermo Castillo, denunció un "uso excesivo de fuerza policial" contra los manifestantes.

"Confiamos en que las autoridades lleven a cabo una investigación imparcial e independiente de los hechos", señaló el portavoz Stéphane Dujarric en su conferencia de prensa diaria.

Dujarric subrayó que "los derechos fundamentales de libertad de expresión y asamblea pacífica deben ser respetados" y dijo que Naciones Unidas llama a todos los actores a "trabajar juntos" y con medios pacíficos y legales para dar respuesta a los problemas que vive Guatemala.

Las fuerzas de seguridad detuvieron el sábado a más de 30 personas por diversos motivos durante las manifestaciones, según confirmaron tanto el Organismo Judicial como el Ministerio de Gobernación (Interior).

Además, los cuerpos de socorro han indicado que al menos 40 personas fueron atendidas por heridas, y docenas afectadas por los gases lacrimógenos, sin que se contabilizaran muertos en las protestas.

Este lunes, el Hospital Roosevelt, el más grande de Guatemala, confirmó que dos manifestantes perdieron un ojo a causa del impacto de gases lacrimógenos lanzados por la Policía Nacional Civil (PNC).

Los incidentes se registraron en el marco de una masiva convocatoria para manifestarse este sábado en contra del presidente, Alejandro Giammattei, y el Congreso guatemalteco tras la aprobación del presupuesto del Estado para 2021.

En tanto, una agrupación de países y organizaciones formado para dar asistencia a Guatemala, conocido como G-13, expresó este lunes su preocupación por la situación y dijo estar dispuesto a apoyar el diálogo de cualquier forma posible". Entre los donantes están Estados Unidos, Alemania y Francia.

El presidente Giammattei dijo en un comunicado la noche del domingo que las protestas eran de grupos "minoritarios que buscan forzar un verdadero golpe de Estado".

La crisis 

El manejo de la crisis sanitaria por parte de Giammattei, un médico de 64 años, fue criticado por su propio vicepresidente Guillermo Castillo, la oposición y sectores sociales, que denuncian carencias en los hospitales y deficiencias para atender a los sectores más afectados por los confinamientos.

El vicepresidente Castillo, que el viernes ofreció a Giammattei dimitir juntos "por el bien del país", pidió el domingo al Ministerio Público que investigue tanto la quema de oficinas del Congreso como el accionar de la policía frente a los manifestantes.

El país, donde se suceden las denuncias por corrupción así como demoras en la designación de jueces, ya vivió en 2015 la renuncia del presidente Otto Pérez por un caso de fraude aduanero.

La indignación social de estos días responde también a la opacidad con la que se han manejado los recursos destinados a la pandemia de coronavirus, así como el rechazo que despierta la creación de un superministerio dirigido por una persona cercana al mandatario.

El Congreso había aprobado préstamos por más de 3.800 millones de dólares para atender la pandemia, pero apenas un 15% de esos recursos llegó a los guatemaltecos, según datos oficiales y de ONGs fiscalizadoras.