“[...] Estarémos en las calles hasta cumplir con nuestros objetivos”

Miércoles 31 de agosto. En su segundo día en Bogotá, día 22 del paro docente que tiene conmocionado a una parte del país, y abierta la discusión sobre el derecho a la salud, oportuna y de calidad para quienes brindan educación en los centros educativos públicos del país –en particular en el departamento del Cauca–, los 2.500 docentes, padres de familia y estudiantes que viajaron desde el sur del país hasta la capital colombiana, marcharon y arengaron por el centro tradicional de la ciudad y zonas aledañas, denunciando la situación que los tiene en pie de lucha.

 

Su propósito de lucha es claro, el apoyo es incondicional; alumnos y padres de familia unen sus fuerzas y exigen un servicio de salud digno para sus maestros y maestras. desdeabajo invitó a estudiantes, padres de familia y docentes para que transmitan sus voces de apoyo a esta lucha, a través de nuestro medio de comunicación.


Katherine Cucuñame Flor, exalumna de la Institución Educativa Indígena El Mesón (IEIN). “Vengo del municipio de Morales Cauca, vengo acompañando el paro de docentes. Lo que pedimos es que Magisalud-Cosmitet deje de manejar los recursos de la salud de los profesores del Cauca y esta responsabilidad quede en manos del departamento. El servicio prestado por esas instituciones es muy deficiente; los profesores afiliados a la Eps tienen que esperar hasta un mes para que les sea asignada una cita, no entregan medicamentos, algunos tienen que esperar meses para una cirugía. Creemos que es injusto, los docentes merecen un servicio de salud digno”.

 


Francy Flor, madre de familia IEIN, vereda El Mesón, Morales, Cauca. “Vengo acompañando a los profes, luchando porque el servicio médico que reciben los profes mejore. Venimos de Popayán, viajamos en 65 buses para apoyar esta justa causa. Cosmitet ha prestado un pésimo servicio, por lo que hemos venido a Bogotá para pedirle al gobierno que nos escuche”.

 

 

 


Juan Pablo Erazo Anacona, docente Institución Educativa Casas Bajas, del municipio de Cajibio. “Desde ayer en la mañana estamos aquí, más de 2.500 maestros que viajamos desde el departamento del Cauca a exigirle al gobierno nacional para que departamentalice la salud de los docentes. Es una apuesta política para devolverle la dignidad al trabajo de los docentes. La idea es construir un camino que mejore las condiciones de vida que necesitamos, no sólo los docentes, sino todos los colombianos. Para todos los habitantes de Bogotá, un saludo de parte de Asoinca; estaremos en las calles hasta cumplir nuestros objetivos”.

 

 


Janeth Ramírez, madre de familia, Argelia, Cauca. Vengo a apoyar a los docentes porque no cuentan con un buen servicio de salud. Ni los docentes ni las personas, en general. No nos quedamos callados porque estamos cansados, la plata que se paga en la Eps no se ve reflejada en la calidad del servicio, la atención no se presta a tiempo, los medicamentos no los entregan cuando el médico los receta, y cosas por el estilo”.

 

 

 


Estudiante Nasa, resguardo indígena de Pueblo Nuevo, municipio Caldono. “En esta situación del paro ya llevamos un mes, aquí hay más de 3 mil personas que están acompañando las movilizaciones por la inconformidad ante el incumplimiento del gobierno. En este proceso estamos incluidos los profesores, padres de familia y nosotros, los estudiantes, que también estamos inconformes porque la salud en el departamento está muy mal”.

 

 

 

 


William Hernán Tumbo, docente, resguardo indígena de Pueblo Nuevo, municipio Caldono. “Nosotros estamos aquí desde ayer, participando de esta movilización, porque la verdad hemos visto que la salud de los profesores está en muy mal estado, especialmente en el departamento del Cauca. La atención a los docentes es muy precaria y por tal razón nos hemos dirigido a la ciudad de Bogotá para que departamentalicen el sistema de salud para los docentes del Cauca”.

 

 

 

 


Jaime Solarte Urresti, docente, Mercaderes, Cauca. “Estamos en esta marcha con Asoinca por el gran problema que tenemos por el abandono del gobierno, ya que tenemos acceso a un servicio de salud de muy mala calidad. Las Eps que nos atienden se están robando los recursos, entonces nosotros decidimos emprender esta marcha hace más de un año para liberarnos y hacer que nosotros mismos podamos manejar nuestra salud sin corrupción. Que no mueran profesores ni esposas e hijos de los docentes debido al mal servicio de la salud. En el Cauca hay dos empresas que se llaman Cosmitet y Magisalud, las cuales se están robando los recursos del magisterio. Por lo tanto, los caucanos estamos en pie de lucha; vamos a completar 25 días de paro, hemos tomado carreteras, instituciones, bloqueado la gobernación del Cauca, la Secretaría de Educación, y hoy estamos en la capital para hacer más visible este gran problema de vida. Esperamos que nos den una solución cuanto antes, sin embargo estaremos aquí hasta que la situación se resuelva a nuestro favor”.

 

 


Zoraida Milena Chocue, estudiante del Colegio Álvaro Cue Chocue, resguardo Pueblo Nuevo, Caldono, Cauca. “Estamos acá protestando por la salud de los profes y ayudándolos para que, ojalá, esto se pueda lograr con este paro”.


Yazmín Andrea Orcue, estudiante Colegio Álvaro Cue Chocue, resguardo Pueblo Nuevo, Caldono, Cauca. “Estamos aquí por la salud del pueblo, de los profesores. Queremos que el gobierno nos dé una respuesta, una solución a la problemática que hay con el servicio de la salud de los profesores del Cauca. Ellos pagan una cuota destinada a los servicios médicos a los que acceden, por eso exigen que sea de buena calidad y nosotros los apoyamos”.


Audelia Llano Rodríguez e Isabel Sandoval, docentes de Brisas Patía, Cauca. Isabel: “Estamos en Bogotá, acompañando a todos nuestros compañeros en el paro de docentes porque necesitamos que nos colaboren con la departamentalización de la salud del Cauca. La experiencia del servicio médico se puede resumir en deficiencia”. Audelia: “Nuestra lucha sindical es por la salud, debido al mal servicio que nos vienen prestando los intermediarios de la salud y por los colegas que han fallecido por falta de atención oportuna. Por eso, desde el Cauca nos hemos movilizado masivamente para que avalen nuestra propuesta y permitan que el Cauca administre la salud del magisterio, para que mejore la calidad del servicio para los docentes y sus familias. Ojalá que esto sea una muestra para que los departamentos tomen ejemplo de la lucha sindical del Cauca”.

 

 

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Publicado enColombia
La Universidad latinoamericana: ¿tiene falla de origen?



La Universidad es una conquista social de singular importancia para la democratización del saber y su relación con la transformación social. Sin embargo, no es osado señalar que en el presente, presta un limitado aporte a los cambios sociales en su conjunto y mucho menos a los proyectos emancipatorios en América Latina y el Caribe. Más allá de destacadas, honorables y admirables figuras que trabajan desde sus espacios, la universidad comienza a ser percibida socialmente como una institución de titulación para acceder al campo laboral, distante del imaginario que había construido décadas atrás de espacio para soñar y pensar lo social, lo humano y el contrapoder.


Este no es un fenómeno atribuible sólo a las instituciones universitarias. En muchos lugares de la región, los Estados nacionales y sus instituciones parecieran mirar en sentido opuesto al horizonte que están dibujando sus pueblos. Este desencuentro es dramático y puede traer en el mediano plazo severos problemas de gobernabilidad en la región. Las dinámicas del pasado, los discursos de ayer, las respuestas que fueron efectivas cada día tienen mayores dificultades para empalmar con la agenda mínima ciudadana del presente. Es hora de pensar políticamente (con P mayúscula) sobre estos fenómenos, desde una perspectiva descolonial.


Y es que el proceso de colonización logró apropiarse del firmamento de espacios ciudadanos ocupando hasta las rutas de emancipación. La colonización cultural –la peor de todas porque domina las ideas y con ellas el mundo- pretendió y en muchos casos lo lograron, enseñarnos cómo es que era permitido y posible ser libres; es decir, han pretendido enseñarnos los límites y fronteras de la propia libertad. Lo académico no fue ajeno a ello, por el contrario fue y es aún hoy en día, epicentro de ese sostenimiento del orden colonial en las estructuras de pensamiento.


Cuando el esclavo libre, ahora colonizado –neo esclavitud- se atreve a pensar por sí mismo, atreviéndose a explorar, conocer, indagar, construir nuevos caminos para concretar su libertad, suele encontrarse en el peor de los mundos. Por un lado la más feroz rabia del colonizador y por el otro la burla/temor/incredulidad de los iguales, quienes colonizados culturalmente, quieren que otro les muestre como cambiar los cosas, pero no creen posible ser protagonistas del cambio, es decir de la nueva historia.


La universidad latinoamericana debe construir una nueva historia, que le permita romper con el velo cultural del colonizado atreviéndose colectivamente a repensarse en todos los planos, desde la forma de crearse y actuar en ella misma, pero también atreviéndose a cuestionar sus orígenes y pensar una nueva forma de parir y nacer. Revisar sus prácticas y procesos desde ese ejerció descolonizador, puede contribuir con el surgimiento de ese otro mundo no colonizado, alterno, donde pensar el mundo patas arriba sea sinónimo de cordura libertaria.


Al respeto Quijano, A. (2014) afirma que “al formular sus cuestiones en un espacio social abstracto, históricamente indeterminado, quienes así proceden no pueden evitar identificar a piori a esta cultura (o a esta sociedad y a este Estado) con la cultura (o la sociedad o el Estado). El contexto histórico social concreto se asume, pues, como dado, no cómo algo a cuestionar en el punto mismo de partida” (p.667).


Desde ese lugar de enunciación, me atrevo a plantear respecto a las universidades que los problemas que se evidencian y nos hacen siempre pedirle una y otra vez a ella: transformación ... transformación ... transformación universitaria tienen como punto de partida una falla de origen. Esta falla de origen, desde mi punto de vista, tiene que ver con el código genético con el cual se edifica la vida y el que hacer universitario. Falla de origen que se inicia en el propio momento de la fundación de las universidades. Falla de origen que se expresa en su concepción práctica, más allá de la definiciones teoréticas, al auto asumirse y ser aceptada por la mayoría de la gente, como una institución fundamentalmente para la docencia. El gen problemático de la estructura de vida universitaria se desarrolla por una perspectiva colonial de su existencia.


De hecho, las universidades en América Latina y el Caribe tienen sus orígenes en procesos coloniales, asignándosele desde sus comienzos la tarea de formar a la burocracia y los funcionarios que demandaba el orden imperial de dominación. Para Tünnermann (1996) la universidad colonial en América Latina y el Caribe procura resolver:

 

a) La necesidad de proveer localmente de instrucción a los novicios de las órdenes religiosas que acompañaron al conquistador español, a fin de satisfacer la creciente demanda de personal eclesiástico creada por la ampliación de las tareas de evangelización;


b) La conveniencia de proporcionar oportunidades de educación, más o menos similares a las que se ofrecían en la metrópoli, a los hijos de los peninsulares y criollos, a fin de vincularlos culturalmente al imperio y, a la vez, preparar el personal necesario para llenar los puestos secundarios de la burocracia colonial, civil y eclesiástica. Por otro lado, las dificultades de las comunicaciones, arriesgadas y costosas, aconsejaban impartir esa instrucción en las mismas colonias;

 

c) La presencia, en los primeros años del periodo colonial, en los colegios y seminarios del Nuevo Mundo, de religiosos formados en las aulas de las universidades españolas, principalmente Salamanca, deseosos de elevar el nivel de los estudios y de obtener autorización para conferir grados mayores. De ahí que las gestiones para conseguir los privilegios universitarios fueron con frecuencia iniciadas por estos religiosos de alta preparación académica (p.122)


Es decir, las Universidades en la región no fueron pensadas para el desarrollo de las naciones dominadas, ni para la formación de sus ciudadanos, mucho menos para el desarrollo de un conocimiento, ciencia y tecnología que les permitiera ser independientes. Las universidades en América Latina y el Caribe fueron arietes conceptuales de un conocimiento que reproducía el orden de dominación. No fueron universidades desarrolladas a partir de las necesidades de la gente y los requerimientos de sus sociedades, sino implantadas desde las naciones que se asumían conquistadoras y por lo tanto dueñas de los nuevos territorios.


El propio Tünnermann (1996) distingue dos modelos en las universidades implantadas: la de Salamanca y la de Alcalá de Henares, ambas de origen español. El modelo de Salamanca respondió a “la idea de una universidad al servicio de un “estado-nación”, concepto que recién surgía en España (siglo XIV)... Todo el edificio de la transmisión del conocimiento descansaba sobre la cátedra” (pp-124-125). Por su parte, la preocupación central de la universidad alcalaína fue la teología, material que sólo en épocas posteriores ocupó un lugar relevante entre los estudios salamantinos. Su organización correspondió más bien a la de un convento-universidad” (pp-124-125). Los modelos de Salamanca y Alcalá se desarrollaron sobre la base de la docencia, es decir como instituciones para impartir conocimiento.


Para Morles, Medina Rubio y Álvarez Bedoya (2002) en el proceso de construcción de la República, luego de alcanzar independencia nacional, la llamada universidad Republicana reemplazaría el modelo elitesco y eclesiástico imperante por uno más “dinámico, tolerante y científico (...) incorporando nuevas cátedras y laboratorios” (p.20), haciendo que las estructuras académicas se asemejarán bastante al modelo Napoleónico. Continúan estos autores señalando que “con el modelo napoleónico de universidad se afirma en Venezuela, desde el último cuarto del siglo XIX, el pensamiento positivista y evolucionista. El modelo napoleónico se basa también en la docencia, con un carácter más científico contribuyendo a la ruptura con el dogmatismo religioso.

 

Autores Galo Gómez, citado por D’Andrea, R. E, Zubiría, A y Sastre Vázquez, (2012) precisan respecto a la concepción Napoleónica de la universidad:


La Universidad Imperial creada en 1808 y organizada dos años más tarde, es algo muy distinto de lo que tradicionalmente se había entendido como Universidad. Es un organismo estatal, al servicio del Estado que la financia y organiza y que fija no sólo sus planes de estudios, su administración y el nombramiento de profesores, sino hasta la moral pública que ha de inculcar a sus discípulos: "Mi fin principal - declara el mismo Napoleón- al establecer un cuerpo docente es tener un medio de dirigir las opiniones políticas y morales". Una Universidad centralizada, burocrática y jerárquica. Es difícil encontrar algo más opuesto a lo que había sido la Universidad desde su origen" (Galo Gómez O., 1976, p.7)

 

Esta implantación no pasa desapercibida por parte de quienes se resisten a la dominación. Propuestas y modelos alternativos comienzan a surgir en todo el continente en el siglo XX, los cuales tienen una expresión clara y firme en El Manifiesto Liminar (1918) que fundamentó la reforma de Córdoba, en el cual se plantea:


Las universidades han llegado a ser así el fiel reflejo de estas sociedades decadentes que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil. Por eso es que la Ciencia, frente a estas casas mudas y cerradas, pasa silenciosa o entra mutilada y grotesca al servicio burocrático. Cuando en un rapto fugaz abre sus puertas a los altos espíritus es para arrepentirse luego y hacerles imposible la vida en su recinto. Por eso es que, dentro de semejante régimen, las fuerzas naturales llevan a mediocrizar la enseñanza, y el ensanchamiento vital de los organismos universitarios no es el fruto del desarrollo orgánico, sino el aliento de la periodicidad revolucionaria.


Agregando:


Nuestro régimen universitario -aún el más reciente- es anacrónico. Está fundado sobre una especie del derecho divino: el derecho divino del profesorado universitario. Se crea a sí mismo. En él nace y en él muere. Mantiene un alejamiento olímpico. La Federación Universitaria de Córdoba se alza para luchar contra este régimen y entiende que en ello le va la vida. Reclama un gobierno estrictamente democrático y sostiene que el demos universitario, la soberanía, el derecho a darse el gobierno propio radica principalmente en los estudiantes. El concepto de Autoridad que corresponde y acompaña a un director o a un maestro en un hogar de estudiantes universitarios, no solo puede apoyarse en la fuerza de disciplinas extrañas a la substancia misma de los estudios. La autoridad en un hogar de estudiantes, no se ejercita mandando, sino sugiriendo y amando: Enseñando. Si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende, toda enseñanza es hostil y de consiguiente infecunda. Toda la educación es una larga obra de amor a los que aprenden. Fundar la garantía de una paz fecunda en el artículo conminatorio de un reglamento o de un estatuto es, en todo caso, amparar un régimen cuartelario, pero no a una labor de Ciencia. Mantener la actual relación de gobernantes a gobernados es agitar el fermento de futuros trastornos. Las almas de los jóvenes deben ser movidas por fuerzas espirituales. Los gastados resortes de la autoridad que emana de la fuerza no se avienen con lo que reclama el sentimiento y el concepto moderno de las universidades. El chasquido del látigo sólo puede rubricar el silencio de los inconscientes o de los cobardes. La única actitud silenciosa, que cabe en un instituto de Ciencia es la del que escucha una verdad o la del que experimenta para crearla o comprobarla.

Por eso queremos arrancar de raíz en el organismo universitario el arcaico y bárbaro concepto de Autoridad que en estas Casas es un baluarte de absurda tiranía y sólo sirve para proteger criminalmente la falsa-dignidad y la falsa-competencia.

 

El grito de Córdoba es el más importante cuestionamiento hecho a la universidad desde la perspectiva de sus estudiantes. Los reclamos centrales se refieren a la forma y mecanismos de gobierno interno y de una u otra manera a la desconexión de la universidad con su entorno. En buena medida, el Manifiesto Liminar impulsa un modelo de universidad para un nuevo ciclo de proyectos de independencia nacional.


En el siglo XX la idea de investigación universitaria se fue deslizando progresivamente hacia los posgrados. Para Lucas Luchilo (2010), “en América Latina, el fomento de la formación de posgrado fue y es una de las funciones básicas asignadas a los Consejos de Ciencia y Tecnología, que se crearon a partir de la década de 1950. Desde esta perspectiva, se trata de instrumentos de política con alta legitimidad y en los que los países de la región han acumulado experiencia, tanto en el nivel de promoción como en el de ejecución” (p.14). Este auge se produce en medio del creciente influencia de las ideas de desarrollo nacional y regional, así como de la planificación auspiciadas, entre otras por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Sus resultados en términos de crecimiento sectorial (posgrados) y de impacto se mostraron limitados. Posteriormente el neoliberalismo, en los ochenta y noventa del siglo XX, se encargaría de generar un proceso de vaciamiento de la investigación y los investigadores universitarios promoviendo su migración hacia centros independientes de investigación con fuerte financiamiento privado y ubicados en los países del centro capitalista.

 

El Mayo francés con sus críticas iniciales al Libro Blanco del Ministro Francés de Juventud y deporte François Missoffe, abren un capítulo especial que lleva a la juventud mundial a repensar el compromiso de la universidad con los más altos ideales de la humanidad. Pero la universidad siguió siendo una institución centrada en la docencia. Los movimientos de profesores universitarios planteando la urgente necesidad de una reforma de la educación superior se multiplicaron en el mundo en las décadas de los setenta y los ochenta del siglo XX.

 

Es importante detenernos brevemente sobre los resultados alcanzados en materia de investigación en la región. Lemasson&Chiapee (1999) señalan respecto a la investigación universitaria que “los resultados obtenidos no permiten hoy, con los desafíos contemporáneos que conocemos, concluir que están listos para enfrentar el porvenir de manera constructiva. Si el camino pasado, aunque con muchas diferencias nacionales, fue positivo, la necesidad de continuar con el cambio es imperativa y va a exigir una visión y una voluntad resueltas” (p.315). Más adelante, estos mismos autores afirman:


“Es fácil concluir que la única vía para asegurar la independencia a largo plazo, el desarrollo económico endógeno en nuevas esferas con un alto valor agregado y sistemas sociales más justos, es promover con urgencia las actividades de ciencia y tecnología como prioridades nacionales. Responder a esta urgencia significa que el momento de decisiones radicales ha llegado, particularmente respecto del papel de las universidades, las que constituyen en términos de recursos humanos actuales y futuros las instituciones claves del porvenir colectivo” (p.317).

 

Autores como Didriksson (2000) siguen apostando por el binomio clásico docencia-investigación. Seguramente Axel argumentará en defensa de esta direccionalidad –que no es una cuestión menor- que “la parte más dinámica del proceso [producción y transferencia de conocimientos ] se ubica en la relación entre la docencia y la investigación, y el curriculum desde la perspectiva de la creación de un valor económico: el conocimiento, y de un valor social: los trabajadores del conocimiento“ (pp. 32-33). En consecuencia, la universidad latinoamericana sigue pensándose desde la docencia como epicentro sobre el cual gravita el grueso de su actividad general, pero también particular de cada profesor(a). Es el círculo propio de una universidad pensada para aportar al papel asignado por el centro a la periferia, en el campo de la producción y transferencia de conocimientos. En este sentido, la llamada producción del conocimiento universitaria, no es otra cosa que la adaptación de premisas generales al contexto de países dependientes y neocoloniales.

 

El emerger del neoliberalismo en el mundo, en el marco de la globalización económica y la mundialización cultural, retan el pensamiento respecto a qué modelo de universidad demandan las nuevas formas de acumulación y producción capitalista puestas en marcha. Desde los discursos de resistencia y alternativos se concentraron fuerzas contra la privatización de la educación y fue precario el debate a nivel del público en general. Las polémicas respecto al presente y futuro de las universidades, sin neutralidad pero mucho más allá de la diatriba ideológica, fueron impulsadas en buena medida por instancias internacionales como la CRESALC, hoy convertido en IESALC UNESCO.

 

En los noventa del siglo XX la UNESCO plantea la necesidad de convocar a una Conferencia Mundial sobre la Educación Superior que repensara la universidad a escala planetaria, pero también como un espacio de reencuentro con la academia de la recién desmantelada URSS. Los documentos que circularon con carácter previo y las propias conclusiones de la I Conferencia señalaron preocupaciones muy especiales respecto a la eficacia de la universidad existente, la calidad de sus dinámicas y procesos de aprendizajes, el impacto de las NTIC y la cultura global en las dinámicas universitarias. Esta conferencia, al igual que la segunda (2008) fueron precedidas por sendas Conferencias Regionales (CRES). En cada uno de estos espacios se evidenció la urgencia de repensar a la propia universidad y los límites de los procesos de reforma interna.

 

El año 2018 se cumplen 20 años de la primera Conferencia Mundial de educación Superior y coincide con los cien años del grito de Córdoba. Pensamos que es un excelente momento para reanimar, retomar y reimpulsar el debate sobre la educación universitaria. En esta dirección recibimos con alegría el anuncio hecho este 15 de Junio de 2016, en la propia ciudad y universidad de Córdoba, respecto al lanzamiento de la Tercera Conferencia regional de educación Superior (CRES) en la ruta –aún no anunciada por UNESCO- de la III Conferencia Mundial del sector. En hora buena celebramos este anuncio como oportunidad de oro para reabrir y relanzar los debates por esa otra universidad posible.

 

La Universidad para los proyectos de desarrollo nacional, de independencia y para la construcción de sociedades libres, democráticas, justas, igualitarias y, en permanente cambio tiene que ser una universidad pensada desde una perspectiva del Sur. Boaventura de Sousa Santos (2008) nos habla de pensar lo nuevo con lo nuevo, porque

 

“no puede enfrentarse lo nuevo contraponiendo lo que existía antes. En primer lugar, porque los cambios son irreversibles y en segundo lugar, porque lo que existió antes no fue una edad de oro, o si lo fue, lo fue solamente para la universidad y no para el resto de la sociedad, y en el seno de la propia universidad, lo fue solamente para algunos y no para otros. La resistencia debe involucrar la promoción de alternativas de investigación, de formación, de extensión y de organización que apunten hacia la democratización del bien público universitario, es decir, para la contribución específica de la universidad en la definición y solución colectiva de los problemas sociales, nacionales y globales” (p.30)

 

Para Aboites. H. (2011) “este cambio requiere una transformación de la mentalidad universitaria, las estructuras de gobierno, los mecanismos de acceso, la reglamentación y la organización académica, que deben ajustarse a las nuevas demandas y necesidades de acceso, formación y profesionalización que tiene la actual población joven y estructuralmente excluida, pero también a las necesidades de un momento de tránsito al posneoliberalismo como es el actual”. (p.273, en Bonilla, L y Segrera, F. [2011]. Educación universitaria para el siglo XXI. Ediciones CIM/OPSU, Caracas. Venezuela)

 

En la perspectiva que invitan Boaventura y Aboites, nos atrevemos a pensar la universidad del siglo XXI, el presente y el futuro inmediato, en tres momentos: el primero las universidades que se están creando o se van a crear, segundo las universidades que inician procesos de transformación y tercero, las universidades que permanecen inamovibles. En este artículo me referiré sólo a las primeras, esperando poder abordar los otros dos casos en próximos trabajos.

 

Estoy convencido que crear universidades sobre la lógica estructurante de la docencia con complementos de investigación y extensión –independientemente que se digan vinculadas- es un ejercicio colonial, que reproduce el modelo de conocimiento, formación, indagación y acción en lo social, propio, desde y para la dominación. Trataremos pedagógicamente de ir explicando paso por paso esta afirmación.

 

La universidad fundada en cátedras, escuelas, facultades está pensada en buena medida para reproducir el llamado “conocimiento de punta” en las distintas áreas. En esa orientación, por ejemplo, en la sociología, la medicina o la química surgen textos, contenidos curriculares, paradigmas, discursos, resultados que pasan a ser de uso común en los países de la periferia capitalista. A estos se les suele asociar al llamado “conocimiento de punta”; cuando lo cierto es que estas producciones son sólo el “conocimiento liberado para consumo académico masivo” por parte del modo de producción . Desarrollos de ello, lo constituye el tan cotidiano internet de hoy, que pasó décadas siendo utilizado por el llamado complejo industrial-militar antes de que fuera conocido por todos nosotros; evidentemente la tecnología comunicacional “de punta” que debe estar usando ese mismo complejo hoy en día debe ser revolucionariamente distinta a la que usamos cotidianamente. Muchos otros ejemplos surgen en el campo de la genética, la medicina o la neurociencia. De hecho, la mayoría de las investigaciones más importantes realizadas en el 2015 –como en años anteriores- se refieren al cerebro humano, sus usos y potencialidades las cuales aún no forman parte de ese “conocimiento liberado para consumo académico masivo”. Entonces lo que se enseña en el modelo basado en la docencia es solo el cascarón del conocimiento de vanguardia.

 

Argumentaran los defensores de este modelo que la investigación autóctona esta llamada a reducir esta brecha. Esto tal vez sea cierto en términos teórico-conceptuales pero la realidad o la empírea nos dice a diario que la inmensa mayoría de la investigación que se realiza en las universidades está asociada a trabajos de ascenso en el escalafón universitario o de interés muy particular. Con ello no pretende solapar o desconocer la meritoria labor que realizan algunos investigadores en casi todos los campos de las ciencias, pero a decir verdad esta es por lo general una labor muy particular y excepcional y no característica del sistema.

 

Los neoliberales usan esta verdad y realidad para asignarle la mayor cuota de responsabilidad al respecto, al personal docente universitario, eximiendo de culpas al sistema, los gobiernos nacionales, los mecanismos de conducción de la educación superior y mucho más a la propia concepción universitaria. El neoliberalismo educativo, interesado en la privatización educativa a inventado ranking, modelos de evaluación de eficiencia docente, sistemas de clasificación de la investigación, protocolos de reconocimiento de resultados de pesquisas, etc. que sólo terminan certificando los procesos de adaptación del conocimiento liberado por los centros de investigación que sustentan el modelo de producción del capitalismo del siglo XXI.

 

Pero lo que ya resulta inocultable, es que la universidad basada en la docencia con sus complementos de “investigación” y “extensión”, no le resultan útil ni al capitalismo, ni al socialismo en el siglo XXI -desde una perspectiva “neutra” de carácter nacionalista- pero si al modelo de globalización económica y mundialización cultural que impulsa a escala planetaria el neoliberalismo que implica una nueva ruina de las naciones de la periferia en beneficio de las del centro. Es decir, el modelo de universidad, basada en la docencia se ha convertido en un mecanismo de perpetuación de la dominación.

 

No es la primera vez que este debate se abre y las propuestas de solución han sido variadas, desde cacarear una reforma universitaria que se elabore por todos democráticamente –lo cual no ha sido garantía alguna de romper el círculo de la dominación- pasando por modelos organizacionales que terminan queriendo convertir a las universidades en Ministerios, altamente burocratizadas antes que en centros de generación de conocimiento. Pero nadie se atreve a cuestionar los paradigmas, conceptos y procesos sobre los cuales se crean nuevas universidades; por el contrario todos los dispositivos legales y de trámites están montados para repetir una y otra vez el modelo. Área de conocimiento de la nueva universidad a crear, facultades, carreras, programas de formación, cátedras y/o unidades curriculares con variados diseños funcionales terminan pareciéndose cada vez más las unas a las otras.

 

Esto se debe a que la genética epistémica de uno u otro intento tiene una misma raíz: la universidad basada en la docencia. Más allá de cualquier meta discurso innovador, en la mayoría de los casos cualquier iniciativa fenece cuando se concreta en carga de docencia en el aula, de actividades administrativas, de planeación de clases, de asesoría de tesis, etc. del profesor universitario; allí mueren las ilusiones.

 

El desafío doble entonces reside en desarrollar investigaciones nacionales, regionales y locales que permitan ir rompiendo el círculo de la dependencia mediante conocimiento necesario para el desarrollo nacional a la par de ir disminuyendo la brecha de varias décadas existente entre conocimiento de vanguardia y conocimiento reproductor que se suele trasmitir en las universidades de los países de la periferia. Todo ello a la par que se forman los ciudadanos calificados para los proyectos nacionales de independencia económica, tecnológica y cultural.

 

Las universidades son parte integral de un país de una región geopolítica, no son islas a la deriva en un mar abierto, ni un Estado dentro del Estado. La necesaria autonomía universitaria en ningún momento puede significar una desconexión orgánica de las casas de estudios superiores con los proyectos nacionales de país. Por ello considero que el primer pensamiento proto universitario es el de identificar cuáles son los problemas centrales de un país; una vez identificado los 10 o 20 problemas prioritarios para el desarrollo nacional, verificar si alguna universidad de las existentes tiene el perfil para abordar su estudio, análisis y propuestas de solución.

 

De no existir, por ejemplo, en el área del petróleo, pensar primero en el diseño de un Centro Nacional de Investigaciones Petroleras –siguiendo con el ejemplo- que se dedique a estudiar los temas vinculados a esta campo, desde una perspectiva transdiciplinaria, es decir desde los procesos técnicos de producción hasta los operativos de comercialización, pasando por la geopolítica del petróleo hasta la arquitectura financiera para la estabilización de los ingresos producto de las fluctuaciones de precios. Y aquí el pragmatismo de gestión puede no siempre coincidir con las premisas ontológicas, epistemológicas o conceptuales del debate académico, porque se van a requerir estudios disciplinares, multidisciplinares y transdiciplinares en cada caso.

 

Centros de Investigaciones de este tipo, con una plantilla de investigadores con salarios equivalentes al promedio internacional mínimo estándar o más, pueden ser acusados por los conservadores o por los radicales del igualitarismo a ultranza, de elitescos. Pero en ciertas etapas de la historia de las naciones libres y de avanzada se ha requerido y requiere conformar una élite generadora de conocimiento, cuya teleología de constitución es la democratización del mismo y el mejor uso con fines sociales.

 

Centros de investigación de este corte, produciendo resultados concretos luego de cinco, diez o quince años de investigación según sea el caso y la complejidad de los estudios que abordan debieran abrir estudios de postgrado, Doctorados, post doctorados, maestrías, especializaciones y cursos de alto nivel donde se socialice los procesos y resultados de investigación a la par de ir formando, mediante la lógica de equipos de investigación abiertos, el personal docente que trabajaría en el pregrado. Se trataría de invertir la ruta de los procesos de docencia desde el posgrado hacia el pregrado, entendiendo los posgrados no como profesionalizantes, sino como dinámicas de investigación y construcción / validación de discurso científico alternativo. En consecuencia, las nuevas universidades deberían ser paridas por centros de investigación y desde ellos.

 

En consecuencia, serían investigadores con treinta horas mínimas de trabajo semanal investigativo quienes darían un máximo de 8 horas de docencia en la futura universidad. Esta integración investigación-docencia asociada a la validación del impacto social del conocimiento emergente haría posible dar un salto en tecnología, ciencias, conocimientos, técnicas y procedimientos que posibilitarían avanzar en desarrollos nacionales que fundamenten económica, tecnológica y políticamente procesos de autentica independencia nacional.

 

Esto crearía otra serie de problemas, propios de lo nuevo que se crea a los cuales no hay que temerles, sino por el contrario abordarlos dado el impacto de lo nuevo que se construye. Algunos de ellos, como el reconfigurar el concepto de la carrera docente universitaria, el tamaño de la universidad, su vinculación con contextos, el financiamiento, la cobertura, entre otros. En los próximos artículos intentaremos abordar nuestra perspectiva sobre cada uno de ellos, además de plantearnos la reflexión y el debate respecto a cómo alinear las universidades existentes en un esfuerzo tan dialécticamente distinto a la génesis de las mismas, como el que estamos planteando.


A cualquier colega que diga que es posible hacer lo mismo con la universidad fundada sobre la docencia, tendríamos que pedirle que -no como excepción sino como generalidad- muestre donde se está dando esta haciendo lo mismo con el modo colonial viejo, basado en la docencia como epicentro. A los innovadores que han logrado muy buenas definiciones en reglamentos y estatutos universitarios sobre el papel de la investigación deberíamos pedirles que después de por lo menos una década, necesario seria tener resultados de gran impacto para mostrar.


La única forma de eliminar la falla de origen de la universidad es generando una nueva forma de creación del mundo universitario, ya no desde el conocimiento reproductor sino del creador, no desde la dominación sino de la liberación. Se trata de atrevernos a romper con el molde colonial respecto a cómo se construye una universidad. Eso implica dejar de pensar como los dominados que tienen temor de explorar una nueva ruta que no sea la que el amo les enseñó. Creemos pues una universidad a partir de los procesos de investigación, sepultemos la vieja universidad atrapada en la camisa de fuerza de la docencia, construyamos una pedagogía desde el aprendizaje por descubrimiento.

 

 

Lista de referencias:


Bonilla-Molina, L (2001). Gerencia, investigación y Universidad. Ediciones Iesalc. Caracas Venezuela

Bonilla-Molina, L (2015). Calidad de la educación: ideas para seguir transformando el sistema educativo. Ediciones Fonacit MPPE. Venezuela

Bonilla, L y Segrera, F. [2011]. Educación universitaria para el siglo XXI. Ediciones CIM/OPSU, Caracas. Venezuela

D’Andrea, R. E, Zubiría, A y Sastre Vázquez, (2012). Reseña histórica de la extensión universitaria. Mimeografiado

Dridiksson, A. (2000). La universidad de la innovación: una estrategia de transformación para la construcción de universidades de futuro. Ediciones IESALC UNESCO. Caracas Venezuela

Lemasson, J.P y Chiapee, M. (1999). La investigación universitarias en América Latina. Colección respuestas. Ediciones IESALC UNESCO. Caracas. Venezuela.

Lucilo, L. (2019) Formación de posgrado en América Latina: políticas de apoyo, resultados e impactos. Ediciones EUDEBA, Buenos Aires, Argentina.

Manifiesto Liminar: disponible en http://www.unc.edu.ar/sobre-la-unc/historia/reforma/manifiesto
Morles, V., Medina R., E. y Alvarez B., N. (2002). La Educación Superior en Venezuela. Ediciones IESALC. Caracas, Venezuela.

Quijano, A. (2014). Cuestiones y Horizontes: Antología esencial de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder. Colección Antologías. Clacso. Buenos Aires. Argentina

Sousa Santos, Boaventura (2008). La universidad del siglo XXI. Ediciones CIM. Caracas. Venezuela.
Tünnermann Bernheim, C. (1996) Breve historia del desarrollo de la universidad en América Latina, publicado en La Educación superior en el umbral del siglo XXI, Caracas: Ed. CRESALC, 1996, pp-11-38

 


[i] Especialmente en casas de estudios superiores como la Universidad Central de Venezuela a mediados del siglo XIX.

[ii] Contenido de los corchetes es mío para contextuar adecuadamente la cita

[iii] En este trabajo partimos del principio que todo conocimiento es primero usado, probado, implementado o desechado por las diferentes expresiones del modelo capitalista globalizado, previamente a su liberación en el mercado de consumo académico.

Manifestación estudiantil del pasado día 23 que congregó a decenas de miles de personas en Santiago de Chile.
 
Cinco años después de las grandes movilizaciones que dieron la vuelta al mundo, los estudiantes vuelven a protestar para conseguir la educación gratuita y de calidad a la que aspiran. Con manifestaciones y en medio de fuertes medidas represivas, los jóvenes han enviado un claro mensaje al Gobierno de Bachelet al rechazar su última propuesta.



SANTIAGO DE CHILE. - Han pasado cinco años desde aquel 2011 en Chile marcado por las grandes protestas estudiantiles. Los manifestantes exigían educación gratuita y de calidad en uno de los países que, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, se ubica en el cuarto lugar con los sistemas universitarios más caros del mundo. Además, el aporte monetario de las familias chilenas para la educación terciaria de sus hijos alcanza también un récord mundial.

 

Hace justo un año, la presidenta Michelle Bachelet promulgó el sistema de gratuidad, un proyecto que forma parte de la reforma educativa que la mandataria asumió como compromiso de gobierno durante su campaña presidencial y que ha comenzado a regir este 2016. El anuncio incluía, en una primera instancia, que 165.000 estudiantes pudieran estudiar gratis. Los beneficiados serían aquellos que pertenecen a los grupos de menores ingresos, es decir, las familias con un presupuesto per cápita de hasta 154.166 pesos mensuales, unos 200 euros. Un porcentaje que equivale al 50% más vulnerable del país. Sin embargo, este anuncio que en principio parecía instalarse como el triunfo de aquellas manifestaciones que ocuparon las portadas de periódicos internacionales, ha sido rechazado por el actual movimiento estudiantil.

 

Los jueves, ya casi como tradición, se han convertido en día de manifestación, donde participan estudiantes de secundaria, universitarios, profesores y movimientos sociales. El escenario se repite en cada convocatoria: los manifestantes toman las calles, despliegan carteles, corean cánticos y bailan al ritmo de tambores. Una puesta en escena que ni siquiera el gran despliegue de fuerzas policiales ha podido detener.


Esa era el ambiente en la última gran marcha del pasado jueves 9 junio ─con más de 100.000 personas, según los organizadores─, cuando la rotura de una tubería llevó a los estudiantes a reducir el recorrido de la manifestación. Pese a las complicaciones y el tráfico, los manifestantes ocuparon la calzada para entonar nuevamente la larga lista de demandas que aún no han sido resueltas. La imagen se instalaba como el regreso de una efervescencia que parecía apagada durante los últimos años, con la dirección y las bases luchando contra el desgaste del tiempo.

 

Sin embargo, y a pesar de que la protesta parecía cargada de energía y coros alegres que hacían referencia a la educación, al poco de comenzar intervinieron las Fuerzas Especiales de Carabineros, la policía chilena conocida por la extrema violencia y represión que ejerce contra las manifestaciones populares. Esta vez tampoco hubo excepción y los carabineros no dudaron en lanzar gases lacrimógenos y cañones de agua contra profesores, estudiantes y miembros de movimientos sociales que marchaban pacíficamente.

 

Las convocatorias de las manifestaciones corren a cuenta de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, los mismos que el pasado 24 de mayo irrumpieron en el palacio presidencial de La Moneda. Allí, después de burlar a la seguridad vestidos de turistas, entregaron una carta simbólica a Bachelet en la que se leía: “Notifíquese: Fracasaron”. Con ese gesto, el movimiento estudiantil anunciaba su regreso. Un retorno con el que, aseguran, comienza la ofensiva contra el Gobierno de la presidenta socialista.


Aunque el proyecto de reforma de la educación superior debía estar ya en el Congreso, el plazo fue cambiado para este lunes ante las críticas y la falta de apoyo de quienes, se suponía, eran los principales aliados de La Moneda. Esta reforma fijará, entre otras cosas, las reglas para la gratuidad y la manera con la que se aumentará la cobertura. Asimismo, se pretende crear una Subsecretaría de Educación Superior y reformular la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).


“Esta ofensiva estudiantil es la presión que estamos ejerciendo hacia el Gobierno ya que ellos declararon que iban a enviar el proyecto de reforma al Congreso en menos de un mes. Por eso hemos llamado a una huelga indefinida a la que todas las universidades se han comenzado a sumar”, declara a Público Paloma Jorratt, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.


En esa ciudad portuaria que posee varias universidades emblemáticas, la participación ha sido activa y la mayoría de los estudiantes se encuentran con las clases suspendidas. “Nuestra participación en las manifestaciones es amplia. Entre los que salen a las calles se encuentran estudiantes, profesores y funcionarios de las universidades, por lo que este es un movimiento multisectorial”, puntualiza Jorratt.

 

Otro de los que asegura que la ofensiva ha comenzado es Diego Arraño, estudiante del Instituto Nacional Barros Arana y portavoz de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES). “La movilización va en aumento. Ya son 97 colegios movilizados y 63 colegios a nivel nacional. Tenemos una gran convocatoria y para el resto del año vemos que va a seguir así, porque hoy no hemos sido escuchados ni los estudiantes secundarios, como tampoco el movimiento estudiantil en su conjunto”, dice en declaraciones a este diario.

 

Por otro lado, y frente a la urgencia del Gobierno llevar el proyecto al Parlamento, el ministro del Interior, Mario Fernández, convocó una reunión de emergencia para este domingo en el palacio presidencial, en la que participarán presidentes de los partidos de la Nueva Mayoría, conglomerado al que pertenece Bachelet; líderes de grupos parlamentarios y los integrantes de las comisiones de Educación de la Cámara y del Senado. También asistieron los ministros que integran el Comité Político y la titular de Educación. Por su parte, la Confech realizó una nueva convocatoria de movilización nacional para el próximo martes, además de una jornada familiar para el domingo 10 con el objetivo de continuar con su anunciada ofensiva.

 


 

Ministro del Opus Dei


Uno de los ministros más cuestionados durante el segundo mandato de Bachelet ha sido Jorge Burgos, militante de Democracia Cristiana (DC) que se desempeñaba en el Ministerio del Interior y que hace unas semanas renunció a su cargo. Burgos tiene un largo historial como responsable de la criticada represión ejercida contra los movimientos sociales, entre ellos el estudiantil.

 

El anuncio del también miembro de DC, Mario Fernández, como sustituto de Burgos ha generado una airada discusión a nivel nacional. El nuevo jefe de gabinete es un supernumerario del Opus Dei que en ministerios anteriores ha manifestado su rechazo a la píldora del día después, a la ley de divorcio y al aborto, un tema sensible que se discute durante estos días en el Parlamento chileno.

 

En una entrevista con el periódico chileno La Tercera en el año 2002, Fernández aseguraba que estaba en contra del divorcio “porque la Iglesia está contra el divorcio. No tengo idea de las razones teológicas, yo no soy teólogo. Creo en todo lo que dice el cardenal. Él es mi autoridad religiosa”. Por todo ello, su nombramiento no es indiferente al movimiento estudiantil, quien ha manifestado su preocupación frente al liderazgo conservador que se instala como mano derecha de la presidenta.

 

* @yasnamussa

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Jueves, 16 Junio 2016 07:20

Estudiantes

Estudiantes

“Estudia para que te hagas un hombre”. Era una frase típica y tópica de nuestros mayores en la segunda mitad del siglo XX. Se suponía que pasar por las instituciones académicas, y más por la universidad, nos formaría como ciudadanas y ciudadanos críticos y con criterio y nos darían elementos para que se nos abrieran nuevas y distintas puertas en lo personal y en lo profesional. Nos ayudarían a “labrarnos un futuro”.

Pero estudiar con esa idea de crecimiento, desarrollo y madurez, es decir: pensando, siempre ha tenido sus riesgos. Cuestionar, hacer preguntas, poner en duda el sistema y elevar la voz contra las injusticias y desigualdades ha sido siempre un deporte de riesgo. Si eres estudiante, o docente, o sindicalista, o defensor (a) de derechos humanos, el riesgo se multiplica por equis.


Precisamente ha sido un profesor de la Universidad Distrital, que fue mi estudiante en la maestría en Comunicación, desarrollo y cambio social, y con el que siempre he mantenido interesantes debates críticos desde el cuestionamiento de los medios, quien me ha sugerido que hable de eso: de las tragedias estudiantiles.


El poder, en sus múltiples formas y manifestaciones siempre ha temido a las cabezas pensantes. Y eso le ha llevado no a entenderlas, sino a reprimirlas y censurarlas. “No leas, no pienses, romperás tu felicidad”, al más puro estilo ejercido contra los libros por el bombero de Bradbury en Farenheit 451.


Cazas de brujas, noches de quema de libros (Bebelplatz en Berlín 1933 o Santiago de Chile en 1973) o incendios de bibliotecas en distintas épocas de nuestra historia (Alejandría, Constantinopla, Granada, Sarajevo o Bagdad). También el cura y el barbero le quemaban a don Quijote los ejemplares de su biblioteca para evitar que fantasease y desvariara.


Son acciones contra las muestras culturales, contra las acciones educativas, contra la lectura y el pensar. También se produce violencia contra quienes defienden la cultura, la educación, los libros y el pensamiento libre.


Podríamos citar numerosos ejemplos de los muchos que se encuentran en los anales de la historia. Haciendo uso de esa memoria que Benjamin dice que es casi sinónimo de justicia porque nos permite abrir aquellos hechos que la propia historia o el derecho habían archivado para olvidar. Y hacer presente ese pasado nos ayuda, como señala Reyes Mate, a ampliar el campo de la justicia; tan enterrada hoy por losas de indiferencias y montañas de mentiras.


En España, en 1969 fue asesinado el estudiante Enrique Ruano, haciendo pasar su muerte por un suicidio. En 1970, otro estudiante, Javier Escalada, era abatido a tiros por la policía. En diciembre de 1979 en los alrededores de la plaza de Embajadores, la policía asesinaba a dos jóvenes estudiantes, José Luis Montañés Gil y Emilio Martínez Menéndez tras una manifestación en contra de la Ley de Autonomía Universitaria que estaba promoviendo el gobierno de la UCD con el presidente Suárez al frente. Hubo juicio, pero ningún policía fue condenado.


En Colombia por estos días se han recordado los hechos acaecidos el 9 de junio de 1954, cuando tres estudiantes fallecían por los disparos del ejército en la confluencia de la carrera 7ª con calle 13, en Bogotá, tras una manifestación. Ese día, dentro de la propia Universidad Nacional, la policía mataba a otro estudiante, Uriel Gutiérrez Restrepo, de un tiro en la cabeza.


La movilización ciudadana se había convocado en recuerdo de otros hechos luctuosos de los que se cumplían veinticinco años, el asesinato del estudiante Bravo Páez a manos de la guardia presidencial que reprimía las protestas en contra de la United Fruit Company por la masacre de las bananeras.

Desde entonces se han venido sucediendo las muertes de estudiantes por la acción de las fuerzas de seguridad del Estado. Esa tarea represiva la lleva a cabo principalmente, desde su creación en 1999, el Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios), grupo policial establecido por una directiva que buscaba modernizar la policía como parte del llamado “Plan Colombia” suscrito con los Estados Unidos y que ponía por encima de todo la irónicamente denominada “seguridad democrática”.


El 3 de junio de este año fallecía, tras permanecer mes y medio en estado de coma, Miguel Ángel Barbosa, estudiante de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá. La actuación violenta e injustificada de ese grupo represivo acabó con su vida. Se estaba manifestando, junto a cientos de sus compañeros de estudio, dentro del recinto de la sede de la institución académica en Ciudad Bolívar, contra la situación de caos académico y administrativo que se vive al interior de esa universidad. Un claustro en paro estudiantil por la mala praxis de sus directivos.


En el tiempo transcurrido desde 1999 hasta nuestros días se han ido acumulando las acciones violentas por parte de ese pelotón de asalto que parece ser responsable de algunos crímenes.


Carlos Giovanni Blanco, estudiante de medicina de la Universidad Nacional recibió un disparo durante un operativo del Esmad en el interior del recinto universitario, el 8 de noviembre de 2001. En Bucaramanga, el 20 de noviembre de 2002, fallecía víctima de un tiro en el pecho el estudiante de la Universidad Industrial de Santander Jaime Alfonso Acosta, durante una protesta en esa institución.


Nicolás Neira, estudiante de noveno grado de tan solo quince años de edad, fallecía tras ser agredido brutalmente por algunos miembros de ese grupo de asalto durante la manifestación del Día Internacional de las y los Trabajadores, el 1 de mayo de 2005 en pleno centro de la capital colombiana.

El 22 de septiembre del mismo año fue asesinado, de un disparo en la nuca, Jhonny Silva Aranguren, estudiante de Química de veintiún años, durante una protesta contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) en el campus de la Universidad del Valle en Cali.
Oscar Leonardo Salas Ángel, estudiante también de la Distrital moría por el impacto de una canica disparada “presuntamente” por el Esmad durante una protesta de estudiantes en contra del TLC el 8 de marzo de 2006.


Un exagente declaraba después que habían recibido permiso de sus superiores para utilizar “todo tipo de juguetes”, término que incluye el uso de armamento no convencional. Con armas legales o ilegales el resultado es el mismo, muertes de jóvenes estudiantes por la violencia indiscriminada ejercida por efectivos de la policía.


En Ibagué caía abatido por un disparo de un componente del equipo policial especial, el 9 de junio de 2015, el estudiante de sexto semestre de Ciencias Sociales de la Universidad del Tolima Cristian Andrés Pulido Jiménez.


Parece que todos esos hechos confirman que ser estudiante es peligroso. También que las actuaciones policiales son desproporcionadas. La violencia ejercida por quienes detentan el poder es peor violencia, que el Estado sea el victimario de su población es una demostración de la falsedad de la democracia que, en un aparente estado social de derecho, deja en una situación de mayor peligro e indefensión a la ciudadanía.


El “Manual para el servicio de policía en la atención, manejo y control de multitudes”, publicado por la Dirección General de la Policía Nacional de Colombia bajo el mandato del presidente Uribe, define ese servicio como “la actividad policial que con respeto, defensa de los derechos humanos y adecuada capacitación (...) observa, comprueba, inspecciona y fiscaliza los comportamientos de los ciudadanos actuantes en la conglomeración”, buscando con ello “llegar a una mediación o negociación de conflictos”. Cuyo objeto es “Contribuir con pautas para contrarrestar los desórdenes públicos generados por diferentes grupos sociales mediante la aplicación de procedimientos establecidos, transparentes, buen uso y administración del material de guerra y equipo antidisturbios de la Policía Nacional, restableciendo la convivencia y seguridad ciudadana en la jurisdicción afectada”.


En alguna página web de la policía colombiana se define al escuadrón móvil antidisturbios como equipo de apoyo al Departamento de Policía “en la prevención y control de multitudes, con personal altamente capacitado en manejo y conciliación de masas, en la protección de los Derechos Fundamentales, con el fin de restablecer el orden, la seguridad y la tranquilidad de los habitantes”.

Hay mucha incongruencia en todo eso: “... buen uso del material de guerra”, ¿contra la población civil desarmada?
“Restableciendo la convivencia”, ¿la violencia como método para generar la coexistencia pacífica?
“... restablecer el orden, la seguridad y la tranquilidad...” ¿La de quiénes, la de las personas agredidas?
“... la protección de los Derechos Fundamentales...” Y ¿dónde quedan el derecho de la ciudadanía a expresarse y manifestarse y el derecho a la vida?


Creo que algunos derechos no se los han enseñado y que los hechos muestran que ciertos mandos y números de ese grupo represivo no se han leído, o no han entendido, su propio manual, ni la Constitución Política de 1991 ni la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tampoco parece que lo entiendan muchos dirigentes políticos y funcionarios al servicio de la Fiscalía, la Procuraduría y el Ministerio Público.


La Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, puesta en marcha tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en EE.UU, se presenta desde la ONU como una herramienta para hacer más fuerte la lucha internacional contra el terrorismo. En esa línea plantea cuatro columnas sobre las que sostenerse, la última de ellas es “Garantizar el respeto universal de los derechos humanos y del estado de derecho como pilar fundamental de la lucha contra el terrorismo”.


Pero, ¿qué ocurre cuando son los propios estados los que no respetan los derechos humanos ni el derecho internacional humanitario? Pues, por desgracia y como casi siempre, no sucede nada. O mejor dicho, se produce el llamado terrorismo de Estado. Una práctica bastante extendida, incluso entre las llamadas democracias, y que consiste, según definición de Bayer, Borón y Gambina, en “el empleo sistemático y masivo de métodos violentos físicos o simbólicos, ilegítimos, ilegales y antihumanistas por parte de un gobierno con el propósito de inducir el miedo dentro de una población civil determinada para alcanzar objetivos sociales, políticos, económicos o militares”.


¿Quién paga el pato de la violencia institucionalizada? Principalmente la población civil y dentro de ella los sectores más vulnerables. Hasta ahora, pese a la existencia de numerosas pruebas contundentes, ningún agente del Esmad colombiano ha sido procesado ni se han tomado acciones que cuestionen el papel represivo de las fuerzas de seguridad y la impunidad de sus actos.


El caso de Jhonny Silva está en manos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde junio de 2009 sin que haya habido resolución alguna por parte del organismo internacional. En 2014, el Tribunal Administrativo del Cauca declaró responsable a la policía por esa muerte y condenó al Estado a indemnizar a la familia con doscientos cincuenta salarios mínimos vigentes (ciento cincuenta y cuatro millones de pesos colombianos, aproximadamente cincuenta mil euros). Eso vale la vida de un estudiante de 21 años.


Luego, todo se olvida. Los gobiernos argumentan los viles sucesos asegurando que terroristas y provocadores se habían infiltrado en las manifestaciones, que sus acciones fueron proporcionadas, que las muertes fueron accidentales o que siempre actúan con arreglo a la ley, para garantizar la seguridad y el orden.


Nadie dice que lo primero deberían ser la justicia, los derechos humanos y las libertades. A partir de ahí se han justificado y derivado las medidas antidemocráticas y antisociales que en muchos países han cubierto bajo el manto infame de “la ley de fugas” o “los falsos positivos”.


El sociólogo norteamericano Michael Gould-Wartofsky escribió “Hoy (...) los estudiantes se hallan cada vez más en la línea de fuego, no de una guerra contra el terrorismo, sino de una guerra contra el “radicalismo” y el “extremismo”. Prácticamente todos los administradores y educadores universitarios al igual que el personal policial y los ejecutivos corporativos parecen haberse enlistado en las acciones de guerra.


Para muchos, el auge de la seguridad nacional en los campus ha generado algunas preguntas básicas sobre los propósitos y los principios de la educación superior: ¿A quién sirve la universidad? ¿A quién protege? ¿Quién tiene derecho a expresarse? ¿Quién será silenciado? ¿A quién le pertenece el futuro?


Estas preguntas no les interesan a los guardianes de la Universidad de la Represión. Ellos están enfocados en preparar sus armas, poner cerrojos en las puertas y alistarse para el próximo paso”.


Vasconcelos decía, en El espíritu de la universidad recordando a Zaratustra,: “amigos, es indigno de mi enseñanza quien acata servilmente una doctrina; soy un libertador de corazones, mi razón no puede ser vuestra razón; aprended de mí el vuelo del águila”.


Y el propio Nietzsche sentenciaba en Así hablo Zaratustra: “yo os aconsejo así a vosotros, amigos míos: ¡desconfiad de todos aquellos en quienes es poderosa la tendencia a imponer castigos! (...) ¡Desconfiad de todos aquellos que hablan mucho de su justicia! En verdad, a sus almas no es miel únicamente lo que les falta”.

Bibliografía
Bayer, Osvaldo; Borón, Atilio; y Gambina, Julio. (2010). El terrorismo de Estado en la Argentina, Buenos Aires, Instituto Espacio para la Memoria.
Gould-Wartofsky, La universidad de la represión. Disponible en La línea de fuego. https://lalineadefuego.info/2012/04/04/ee-uu-universidad-de-la-represion-clase-2012-por-michael-gould-wartofsky/
Manual para el servicio de policía en la atención, manejo y control de multitudes. Disponible en http://www.policia.edu.co/documentos/doctrina/manuales_de_consulta/107938_manual%20Atencion%20Multi%2011_12_09.pdf
Nietzsche, F. Así habló Zaratustra. Un libro para todos y para nadie. Disponible en livros01.livrosgratis.com.br/bk000286.pdf
ONU. Lucha contra el terrorismo. En http://www.un.org/es/counterterrorism/
Vasconcelos, J. (2001). Y el espíritu de la universidad, México, UNAM, pág. 43. Disponible en https://books.google.com/books?isbn=968369604X

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Viernes, 03 Junio 2016 12:12

Hasta pronto, Miguel Ángel

Hasta pronto, Miguel Ángel

El Escuadrón de la muerte cumplió su cometido. Violencia en medio de un proceso de paz.


Después de una ardua batalla por su vida que duró más de 40 días, el viernes 3 de junio a las 1:50 am falleció en la flor de 18 sus años Miguel Ángel Barbosa, estudiante de la facultad Tecnológica de la Universidad Distrital, quien fue impactado en su cabeza por un disparo de gas lacrimógeno accionado por un agente de la muerte del Esmad. Al momento de la brutal agresión, Miguel Ángel se encontraba con otros estudiantes desarrollando actividades lúdicas e informativas acerca de la crisis universitaria que los afecta.


El impacto recibido de inmediato lo privó y tendió al suelo. Parecía muerto, sus ojos cerrados, su pulso debilitado; así llegó a la sal de urgencia del Hospital El Tunal, donde luego de varios días de muerte cerebral, abrió los ojos, mostrando señales de mejoría, alimentando entre sus familiares y amigos/as la ilusión de que saldría del letargo que amenazaba con arrancarlo de este mundo.


Sin embargo el diagnóstico siempre fue reservado, los médicos no guardaban muchas esperanzas: en las heridas del cráneo de Miguel Ángel se encontraron restos de material de la granada, el tiro resultó letal. Y es que el escuadrón de la muerte -no en vano toda su vestimenta es lúgubre- antes que mantener el orden impone el terror, infunde miedo en las personas, por donde pasan arrasan con quien sea y por encima de quien se atraviese. Las amenazas no son suficientes, su sed de violencia no se sacia hasta que matan; esta vez la víctima fue un joven lleno de motivos para vivir, ilusionado con su futuro y el de la sociedad que habitaba.


Sumadas a las muertes de los indígenas asesinados por el Esmad esta misma semana, en el marco de la Minga indígena, campesina y popular que tiene desarrollo por todo el país, es necesario recordar los crímenes que cegaron la vida de jóvenes como Nicolás Neira –de escasos 15 años–, asesinado el Primero de Mayo de 2005 como efecto de una brutal golpiza propinada por los agentes de la muerte; el de Oscar Salas, un escritor de 20 años, asesinado en 2006, hecho así registrado en la prensa nacional. “En una declaración a la Procuraduría, dada el 29 de enero de 2009, el ex patrullero relata que cuando el escuadrón se preparaba para salir a controlar la protesta, el Mayor Rafael Méndez les dijo: “Súbanse con todos los juguetes”. Los juguetes son cápsulas de gas lacrimógeno rellenas de canicas y explosivos, llamadas en el argot policial “recalzadas” . Y así, un sinfín de líderes juveniles, activistas sociales y defensores de derechos humanos. (Ver ¿Por qué es necesario desmontar el Esmad? )


Hoy despedimos a Miguel Ángel con un hasta pronto, porque aunque él ya descansa, nuestro deber es continuar su lucha, para que su asesinato no quede impune, para que el derecho legítimo a la protesta no sea una marca maldita, mucho menos una sentencia de muerte. Hoy, más que nunca sobran razones para salir a las calles, esta vez para acompañar a Miguel Ángel y a su familia, y para denunciar a un Estado que promueve la violencia mientras habla de paz ¿Cuál paz? Quizás una paz de sometidos/as y sumisos/as. El día de su entierro entonémos: NO MÁS ESMAD, NO MÁS ESCUADRÓN DE LA MUERTE.

 

Articulos relacionados:

 

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Un policía antimotines apalea a un estudiante durante la protesta del jueves en Santiago

 

Miles de estudiantes protagonizaron enfrentamientos con la policía, que desplegó un extenso contingente de fuerzas especiales. La protesta se saldó con 117 detenidos y 32 policías heridos, entre ellos siete mujeres, según carabineros.

 

Los violentos enfrentamientos entre policías y estudiantes chilenos el jueves dejaron más de 100 detenidos, informó ayer el gobierno chileno. Los estudiantes chilenos volvieron a la carga en contra del gobierno de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, al que le exigen acelerar la ansiada reforma educativa.

 

En el centro de Santiago este jueves miles de estudiantes protagonizaron enfrentamientos con la policía, que desplegó un extenso contingente de fuerzas especiales para hacer frente a esta nueva manifestación. La protesta se saldó con 117 detenidos y 32 policías heridos, entre ellos siete mujeres, según datos entregados por Carabineros.

 

Convocados en una marcha no autorizada por las autoridades, los estudiantes se reunieron en las cercanías de la céntrica Plaza Italia pero fuerzas especiales de la policía les impidieron el paso, con chorros de agua y gas lacrimógeno.

 

Estudiantes encapuchados, que atacaron a la policía con piedras y palos, lograron romper el cerco y llegar a la céntrica avenida Alameda, donde nuevamente se generaron violentos choques, que la policía repelió.

 

El comercio de toda la zona debió cerrar sus cortinas, al igual que varias estaciones del ferrocarril metropolitano, mientras que el tránsito quedó cortado en parte de la avenida Alameda, un eje neurálgico de la capital chilena.

 

“Se supone que los estudiantes son el futuro de Chile. Entonces, ¿qué esperamos entonces del futuro de Chile?”, se quejó una mujer que se vio sorprendida por la violenta manifestación ante un grupo de periodistas.

 

El malestar estudiantil crece en Chile por el lento avance que advierten los jóvenes en el proceso de reformas a la educación y muchos se preguntan si el Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet alcanzará a ver convertido en ley uno de sus proyectos más emblemáticos.

 

Los jóvenes han tomado las calles en los últimos días en manifestaciones que, convocadas por federaciones estudiantiles, han culminado en graves enfrentamientos con la policía. Los estudiantes y sus familias vienen demandando desde hace años una amplia reforma a la estructura educativa chilena heredada de la dictadura militar del general Augusto Pinochet (1973-1990) y considerada una de las más desiguales del mundo.

 

“Todos quisiéramos que fuera más rápido el avance de la reforma educacional, pero la verdad es que se discute donde corresponde, en el Congreso, con los tiempos que el debate democrático requiere”, explicó Bachelet, después de que un grupo de estudiantes disfrazados de turistas irrumpiera esta semana en La Moneda, la sede del Poder Ejecutivo, para captar el interés de sus demandas.

 

Uno de los aspectos sobre los que los muchachos llaman la atención es la gratuidad universal de la educación, mejorar la calidad de la misma, el fin al lucro y que se les considere su opinión sobre el tema, entre otras exigencias.

 

A partir de marzo de este año alrededor de 150.000 estudiantes de escasos recursos pudieron ingresar a estudiar sin costo a las universidades estatales y a determinadas privadas. Además, una ley prohíbe de forma gradual la obtención de ganancias y la seleccción de estudiantes en colegios que reciben aporte estatal.

 

“Hoy es una realidad que miles de familias ven a sus hijos estudiando gratis, sin deuda. Esa es una realidad y también estamos trabajando para ir mejorando la calidad de la educación que reciben”, dijo la mandataria.

 

Actualmente, el Congreso discute un proyecto de ley para sacar los colegios públicos todavía administrados por las municipalidades desde el tiempo de la dictadura de Augusto Pinochet y señalados como el origen de la discriminación en la educación chilena. Por otro lado, el gobierno todavía afina detalles de lo que será la redacción del proyecto sobre educación superior antes de enviarlo para su tramitación en el Parlamento.

 

“El Gobierno lleva adelante una reforma educacional que ha tenido muchísimos avances y que hace cinco años atrás eran completamente impensables”, defendió Bachelet una de las promesas que hizo durante la campaña electoral.

 

A pesar de los avances, muchos se preguntan si la mandataria podrácumplir con una de las propuestas más emblemáticas de su Gobierno cuando faltan poco menos de dos años para que concluya su segundo periodo presidencial el 11 de marzo de 2018.

 

La gobernante socialista, que lidera la Nueva Mayoría, una coalición que integran desde comunistas a demócratas cristianos, con mayoría en el Congreso, confía en que podrá materializar su programa de gobierno en el tiempo que le queda. A diferencia de su primer gobierno, entre 2006 y 2010, Bachelet fue perdiendo en el actual mandato el apoyo de sus compatriotas, que se sitúa en alrededor de un 25 por ciento y en un rechazo del orden del 65 por ciento, según las encuestas. Sin embargo, el principal test a su gestión se realizará el 23 de octubre, cuando se celebren las elecciones para alcaldes y concejales, los primeros comicios bajo su actual mandato.

 

 

 

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Los trece esperan el juicio desde La Picota y El Buen Pastor

Trece jóvenes capturados el pasado 8 de julio, y condenados por los medios de comunicación sin esperar proceso legal alguno, esperan desde la prisión que inicie su juicio formal. El proceso judicial hasta ahora afrontado despierta serias dudas sobre la independencia ideológica y administrativa del poder judicial respecto al Ejecutivo. Organizaciones políticas y sociales mantienen el apoyo a los inculpados e intentan desmentir las acusaciones urdidas en su contra. El futuro del proceso judicial se vislumbra lleno de incertidumbres y pocas certezas.

 

La noticia se escapa como agua entre las manos de los medios de comunicación: las detenciones de trece estudiantes y funcionarios del Distrito capitalino, que ocuparon por más de dos semanas los titulares de los grandes medios de comunicación oficiosos del país, ahora pasa al olvido, mientras los inculpados esperan por sus juicios en las cárceles de La Picota y el Buen Pastor en Bogotá.

 

El caso ya cumplió su papel mediático, y al igual que otros procesos del estilo, solo será retomado ocasionalmente y de forma marginal cuando las agendas y pretensiones de los medios de comunicación encuentren un breve espacio para reeditarlo. El objetivo político con este caso ya fue cumplido también por el Gobierno: dar al país una muestra importante de su "eficiencia" y "capacidad" al capturar y judicializar a los sindicados.

 

El proceso inició hace poco más de dos meses, el ocho de junio, con la espectacular captura 15 jóvenes en doce allanamientos realizados en la ciudad de Bogotá, y un cubrimiento extenso de la noticia por canales de televisión encargados de juzgar prematuramente a los implicados, reproducir las voces condenatorias de las autoridades policivas, gubernamentales y distritales que los asociaron con el Eln. De nuevo, como ha ocurrido en casos relacionados con otros inconformes, en esta ocasión todo estuvo permitido: juicios difamatorios en redes sociales, el empleo indiscriminado de fotografías personales para exhibir sus rostros a la opinión pública, además de seguimientos y presiones sobre sus familias.

 

Dudas sobre el proceso

 

Las primeras dudas surgieron al día siguiente de la detención, cuando fue nítido que la Fiscalía no tenía el material probatorio suficiente para sustentar las imputaciones por rebelión y terrorismo en contra de todos los implicados. Las sospechas se incrementaron cuando fueron dejados en libertad dos de los quince detenidos –porque no tenían material probatorio para justificar su detención–, sumándose a esto las maniobras en el escenario de las audiencias para justificar su traslado a establecimiento carcelario, todo reforzado con manipulaciones de fuerzas oscuras que, detrás del proceso, maquinaron amenazas en contra del Fiscal General de la Nación, los juzgados de Paloquemao y un vigilante de la Universidad Nacional que testificó en contra de Paola Salgado Piedrahita, motivos suficientes para que las jueza 77 del distrito declarara a los detenidos, tras pocas horas de su detención, como "un peligro para la comunidad", ordenando su reclusión intramural.

 

Maniobras, presiones, vicios procesuales, reforzados por la reunión sostenida el martes 28 de julio por la jueza a cargo del caso con un General de la Policía, pocos minutos antes de dictar la medida de aseguramiento que condujo a los sindicados a La Picota y al Buen Pastor.

 

El mensaje para los movimientos de oposición

 

Ninguno de los argumentos esgrimidos por la defensa, para evitar la medida de aseguramiento carcelario, fue tenido en cuenta por la jueza, un golpe con alto impacto anímico entre los detenidos, familiares y organizaciones político/sociales a la que pertenecen los mismos.

 

El manejo del caso en los medios de comunicación, la voluntad manifiesta de someter a escarnio público a los detenidos, sumado al manejo probatorio, así como el creciente interés del Gobierno y de organismos judiciales por enviarlos a prisión a pagar altas condenas, son algunos de los factores que permiten concluir que el caso lo están usando para enviar un mensaje contundente a quienes ejercen oposición política con vocación de cambio para el país. El mensaje es claro: Están bajo constante monitoreo –confirma el Estado– y podemos fabricar las pruebas con las cuales lograr una efectiva y presta judicialización para eliminarlos políticamente en caso de que así lo requiramos.

 

Varias coincidencias con otros casos, para intimidar e incluso ir más allá, fueron detalladas a desdeabajo por Alexandra Bermúdez, vocera nacional del Congreso de los Pueblos, instancia de movilización a la que están inscritos once de los detenidos "Mecanismo claro: primero aparecen amenazas de los paramilitares, luego, en vez de abrir investigaciones para esclarecer esas amenazas y buscar los responsables, lo que vienen son acciones de los organismos de inteligencia del Estado alrededor de las actividades de estos dirigentes que terminan en judicializaciones, que luego se demuestra que son falsos positivos judiciales; así continúa de alguna manera esa lógica macabra que termina, en ocasiones, en asesinatos, desapariciones de dirigentes [...], de ahí nuestras preocupaciones de que nos estén aplicando esa misma estrategia de eliminación del movimiento social". Un terrible modus operandi que ilustra la sistematicidad de la represión gubernamental.

 

La unidad del Estado en torno a la acusación es manifiesta: las actuaciones de la Fiscalía, el proceder de la juez, el comportamiento de la Policía y los discursos de funcionarios en torno al caso, demuestran que no se trata de una simple coincidencia de postura, sino que existe el interés y la voluntad de acción conjunta entre distintos organismos estatales para lograr que sea impuesta la máxima condena a los implicados, una condena que se erige sobre la supresión de la libertad física de los individuos y la estigmatización como mecanismos de eliminación política.

 

Pero el Gobierno no es el único que ha cerrado filas. Alrededor de 250 organizaciones han reivindicado la labor de "los 13" como líderes políticos y estudiantiles, recibiendo el apoyo de sus organizaciones de adscripción a través de plantones, redes sociales, comunicados; un verdadero espaldarazo que les ha permitido mantener el ánimo alto, asumiendo una postura de dignidad, de rebeldía, frente al proceso al que están sometidos.

 

Las pruebas, la pena, el juicio

 

Veinticinco años para diez de los detenidos, entre treinta y treinta y cinco años para los tres restantes, estas son las penas que pedirá la Fiscalía General de Nación para los activistas detenidos. Una pena de elevadas proporciones que demuestra cuanto puede ensañarse el Estado contra quienes osen desafiar sus ordenamientos, sus disposiciones. Pero, para hacerlas efectivas, antes deben probar que los detenidos participaron en disturbios en la Universidad Nacional, violentaron a servidores públicos, fabricaron "armas de uso privativo de las Fuerzas Militares", que tres de ellos tuvieron contacto con estructuras del Eln, además de aportar las pruebas que los inculparían como responsables por los petardos colocados en Bogotá desde mediados del 2014 y hasta julio del año en curso.

 

Algunas de las inquietudes guardadas respecto al proceso aluden al tiempo que las autoridades llevaban efectuando el seguimiento de los jóvenes detenidos: muchos de los registros fílmicos y fotográficos usados por la Fiscalía para imputar cargos fueron obtenidas en fechas anteriores a las autorizaciones de seguimientos. Esto quiere decir que los estudiantes estaban bajo monitoreo mucho antes de que pudieran tener cualquier interés en ellos para procesarlos judicialmente, razón que induce a diversas organizaciones sociales y políticas a cuestionarse sobre cuán difuminadas en el país se encuentran estas prácticas de monitoreo sobre líderes y activistas. A pesar de la intensidad y data de los seguimientos, llama mucho la atención que no hayan podido acumular pruebas suficientes con que imputar a los 13 las explosiones por las que fueron inicialmente sindicados y perseguidos, es decir, las autoridades policivas han reconocido indirectamente que el asunto de las explosiones, además de fortuito al caso, solo fue una simple excusa para justificar públicamente su captura, entonces, ¿dónde están los verdaderos responsables de las explosiones?

 

Aún no existe claridad si la fase del juicio será llevada a cabo de manera individual o colectiva, pero es seguro que el proceso, por la cantidad de implicados y por la necesidad creciente del Estado de condenarlos, cueste lo que cueste, se tomará varios meses, posiblemente más de un año. La Fiscalía será clave en esta fase del proceso pues, de su capacidad para construir las pruebas y un discurso probatorio capaz de soportar la embestida de los abogados que defienden a los activistas tras las rejas, depende el éxito de su misión. Es probable que el juicio no cuente con una cobertura siquiera similar de los medios de comunicación: es de esperar que se desarrolle en el contexto de estrategias de ocultamiento mediático que impidan a la opinión pública conocer pormenores del proceso y de la defensa de los acusados, pero si permitiendo el escenario para que el Estado pueda borrar cualquier suspicacia social sobre su violencia y la extralimitación en que está cayendo al llevar a cabo vigilancia, registro y control de activistas y opositores al régimen sin estar sindicados de delito alguno.

 

Conclusiones del caso

 

Son pocas las certezas que se tienen respecto a esta nueva fase del proceso judicial. Los 13 esperan desde las cárceles del Buen Pastor y La Picota en Bogotá el inicio de las audiencias de juzgamiento gracias a que la juez consideró que al permanecer libres podrían alterar el material probatorio de la investigación o podrían seguir delinquiendo, poniendo en riesgo con ello a la comunidad. Se trata de un nuevo caso de persecución del Gobierno que pone en entredicho, una vez más, la independencia de las instancias judiciales, subordinadas económica y políticamente al Ejecutivo, dispuestas a ver terroristas y delincuentes donde hay opositores, activistas, líderes políticos y sociales.

 

Los comunicados de las organizaciones, las cartas de las facultades donde están registrados los estudiantes, la voz de congresistas, fueron suficientes para que la juez 77 del circuito se percatara de que no estaba tratando precisamente con delincuentes sino con intelectuales y activistas que desarrollaban una labor abierta, con reconocimiento y respaldo social. De manera paradójica este mismo reconocimiento fue la principal motivación para justificar su detención carcelaria: "como tenían estás cualidades había que ser más severos en la aplicación de la Ley".

 

La situación deja un margen de maniobra reducido a las organizaciones y familias de los jóvenes. Sin embargo las puertas de la movilización, del ejercicio de la presión sobre los actores del proceso, del desarrollo de estrategias comunicativas que permitan a la opinión pública conocer respecto al caso, no deben cerrarse. Son posibilidades que pueden ser explotadas mientras se desarrolla el juicio, contribuyendo para alcanzar un margen superior de negociación del que tuvieran si se deja el proceso exclusivamente en manos de "la justicia". No basta con confiar en la inocencia los jóvenes, es imperante la presión social, así como la información y la movilización.

 

Al mismo tiempo, es necesario que el caso, si hay condena, sea elevado a instancias jurídicas internacionales. De igual manera, es fundamental obtener el apoyo de Ong's y organizaciones de defensa de derechos humanos internacionales para que se sumen a la cruzada por la libertad de los detenidos, por la defensa del derecho a la protesta y del ejercicio de la oposición.

 

Las organizaciones políticas y sociales, bien pueden desechar el mensaje intimidatorio enviado por el Gobierno con estas detenciones, incrementando la representación, las acciones de movilización y de protesta. El ejercicio de la oposición debe mantenerse incolumne frente a las pretensiones de sileciamiento e intimidación de un Estado que sigue utilizando todo su poder para conservar su monolítica inmutabilidad, impidiendo la ampliación democrática que desde décadas han reclamado con discursos, marchas, piedras, quienes el establecimiento ha osado desaparecer, masacrar, silenciar o exterminar políticamente antes que escuchar.

Publicado enEdición Nº 216

La tierra siempre ha sido baluarte para la vida y la reproducción de la especie humana. No es casual por ello, que desde siempre haya estado en el centro de sus disputas. En sus llanuras, valles y montañas, los grupos humanos han sembrado y recogido los frutos para su vida. Sobre su humedad, aridez, pastos, arenas, lagunas, han gozado y llorado, en unas ocasiones por la fertilidad y en otras por la estirilidad de la que entre nosotros es llamada Madre.

 

En la segunda década del siglo XXI, en la que vivimos cerca de 8.000 millones de seres humanos, las cosas no son muy distintas, pues de la tierra siguen emanando los frutos esenciales para la vida, con unas diferencias fundamentales: ahora sufre un nivel de concentración y monopolio que excluye a millones de la posibilidad de garantizar su existencia digna y al mismo tiempo está expuesta a cambios no desdeñables producto de envenenamiento con agrotóxicos, manipulación genética y privatización de las especies sembradas en ella. Lo que antes era alimento para la vida ahora puede serlo para la muerte.

 

Al tiempo que esto sucede, el agua evidencia sus límites. Realidades evidentes ante las cuales los estudiantes y la sociedad en general no pueden ser indiferentes.

 

Recordemos. En las últimas décadas se han presentado cambios en los modelos de desarrollo y la ocupación del territorio, sobresaliendo un avance apresurado de monocultivos industriales y praderización para la crianza de ganado, así como la deforestación masiva en selvas y montañas y el establecimiento de mega proyectos minero-energéticos, lo que ha traído graves impactos socio-ambientales en gran parte del territorio global y nacional, impactando la estabilidad y viabilidad de ecosistemas frágiles, invisibilizando y sepultando las prácticas de conservación y convivencia de las comunidades rurales.

 

Pese a ello, millones de personas por todo el mundo resisten ante estas prácticas destructivas de los ecosistemas. Campesinos, indígenas y afrodescendientes aún siembran y recogen a nivel global más del 70 por ciento de la comida que consume la humanidad y lo hacen de forma respetuosa con el medio ambiente y su comunidad, usando para ello apenas el 30 por ciento de la tierra arable del planeta.

 

Sobre estas y otras temáticas concentra su atención el XIII Congreso Nacional de Estudiantes de Ciencias Agrarias de Colombia –Coneac–, organizado por la Federación Estudiantil Agraria de Colombia –Feac–, a celebrarse en la sede capitalina de la Universidad Nacional de Colombia durante los próximos 21-25 de septiembre.

 

Conocimiento interdisciplinar

 

Este espacio se abre por iniciativa de estudiantes de diferentes universidades públicas y privadas del país en torno al diálogo interdisciplinar sobre las múltiples problemáticas agrarias nacionales e internacionales, buscando promover el intercambio de experiencias por medio del diálogo cultural y académico, transcendiendo la Universidad hacia las iniciativas populares que en el campo y la ciudad asumen y construyen desde su seno estrategias de adaptación y resiliencia frente a las crisis climáticas y al fracaso de los modelos de desarrollo que predominan en el país, como la agricultura orgánica, la agroecología, la conservación de biodiversidad, entre otros.

 

Como estudiantes de ciencias agrarias sentimos como propias las problemáticas del campo, pretendemos ser puente y conexión entre la academia y la sociedad, difundiendo y defendiendo todas aquellas reivindicaciones que busquen la dignidad de los seres humanos y la naturaleza.

 

El interés de esta generación que accede a la educación superior debe trascender los muros universitarios y fundirse con el conjunto social. Por esta razón invitamos a toda la comunidad interesada, a participar y aportar en todas y cada una de las sesiones que tenga este Congreso.

 

Para más información comunicarse al correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o página en Facebook: Feac –Bogotá.

Publicado enEdición Nº 216
"No pierden ni la sonrisa ni la rebeldía"

El martes 28 de Julio, después veinte días de su cinematográfica captura, fueron "cobijados" con medida de aseguramiento los trece jóvenes detenidos en la ciudad de Bogotá a quienes les fueron imputados varios delitos. La jueza 72 de garantías, en consideración a la "claridad y precisión" del material probatorio presentado por la Fiscalía para sostener la imputación, al "peligro" que representan los inculpados para la sociedad, ordenó la medida de aseguramiento en centro carcelario.

A la hora de su decisión, la juez del caso no contempló los argumentos presentados por la defensa en el sentido de demostrar las calidades humanas y profesionales de los imputados y evitar esta lamentable medida, por el contrario sus cualidades fueron usadas para sostener la decisión: "No estamos frente a cualquier actuación, son profesionales, estudiantes universitarios con un nivel educativo y cultural, por lo que se pide un mayor grado de exigencia para respetar la ley, no por sus ideales diferentes sino que a todos los colombianos se les pide mantener un respeto", explicó. De esta manera, la juez pide a los estudiantes el mismo grado de respeto a la Ley que ha sido severamente impuesto a altos dignatarios del Estado, a prestigiosos empresarios cuando han infringido la legalidad, el orden constitucional vigente.

Para hacerle seguimiento a este proceso judicial y político, desdeabajo entabló contacto con Alexandra Bermúdez, vocera nacional del Congreso de los los Pueblos (CP), quien ha mantenido relaciones en el ámbito de la organización política/social con once de los jóvenes detenidos y tiene amplios conocimientos sobre la dinámica del proceso que se lleva en su contra. Aquí las impresiones del diálogo sostenido.

 

Serias sospechas sobre el proceso judicial

 

¿Justicia imparcial? Mucho se ha comentado, desde siempre sobre el carácter de la justicia en una sociedad como la nuestra, y la manera de su proceder cuando de disidentes, o de sectores sociales por fuera del mercado, se trata. Y en esta ocasión todo parace reconfirmar lo ya sabido. Bermudez confirmó en sus palabras la exactitud de lo desvelado en la nota "Con proceso judicial viciado pretenden condenar a trece estudiantes en Bogotá", sobre las maniobras empleadas para imponer el aseguramiento en centro carcelario de los detenidos: "Frente al tema de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento vimos que estuvieron presentes muchas irregularidades en medio del proceso, primero porque a esa audiencia se sumaron los hechos de las amenazas al vigilante de la Universidad Nacional –que no aparecía en ninguna de las pruebas– y la amenaza anónima de supuestos atentados que afectarían a la sede de Paloquemao y la misma Fiscalía, con la amenaza de muerte del fiscal. Y se toman esos hechos como sustento para reforzar la solicitud de medida de aseguramiento y decir que las personas detenidas, entonces, son peligrosas, casi que esos hechos son una prueba y los inculpan a ellos de esas actividades [...] son cosas que aparecen nuevas, que no estuvieron presentes al momento de imputación cargos y que, entonces, sí aparecen para reforzar el fallo de la medida de aseguramiento".

Otro de los acontecimientos recientes que dejan serias dudas sobre la independencia e idoneidad para llevar el proceso por parte de la juez de garantías 72 fue la reunión sostenida por parte de la funcionaria, el martes 28 de julio, con un General de la Policía, minutos antes de dictar la medida de aseguramiento. "Ella ya reconoció que esa reunión se dio, dice que "para discutir la seguridad del edificio", cosa que no le compete a ella, y sí al Consejo Superior de la Judicatura, y en el caso que tuviera relación con su seguridad le competería a la Unidad Nacional de Protección, no a ella en especifico".

"Entonces, esto permite entrever que en este proceso persiste una injerencia por parte de distintas instituciones estatales, así como del alto Gobierno. Son de conocimiento general que en el mismo momento en que son capturados los estudiantes, el Presidente de la República, el Vicefiscal y dos comandantes de la Policía aseveran que los detenidos son los responsables, condenándolas de manera anticipada, obstruyendo, además, la justicia al no respetar el principio constitucional de la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso. El hecho de la reunión ya comentada se suma a todas las declaraciones en público realizadas desde las instituciones estatales y desde el Gobierno para manipular el caso [...]. No es extraño, por tanto, que desde la defensa y desde nosotros, que hemos acompañado todo el proceso, se valore la existencia de una manipulación de la información y de la opinión pública respecto a este caso".

A lo anterior se suman las sospechas de Alexandra por la persistencia de la fiscalía en tratar de relacionar a los detenidos con los atentados sufridos por Porvenir, causa que el ente acusatorio fue incapaz de sostener en la audiencia de imputación, indilgando finalmente tal cargo solo a tres de los detenidos, con pruebas, por demás, cuestionables e insuficientes.

 

Exceso judicial 

 

La imputación que pesa sobre diez de los estudiantes detenidos son los delitos de violencia contra servidor público, porte y fabricación de armas de uso privativo de las fuerzas militares (las armas, en caso de que les demuestren que las fabricaron, son las 'papas bomba' que solo pueden ser producidas por las FFMM o bajo su autorización). A los tres restantes les fueron imputados los delitos de rebelión, terrorismo y violencia contra servidor público.

Para efectos del proceso judicial, la jueza nunca permitió que fueran individualizados los cargos y exhibió, además, una actitud bastante parcializada hacia la fiscal delegada del caso "[...] Lamentablemente parece que aquí tampoco hay independencia de la justicia, pues, además de los excesos ya comentados, hay que resaltar que la jueza 72 casi que libretió lo que dijo la Fiscalía, es decir, su concepto no tuvo en consideración ninguno de los argumentos de la defensa, que insistió en la necesidad de individualizar los casos para, sobre ello, analizar si aplica la medida de aseguramiento intramural; y que demostró, una y otra vez, las calidades de estas personas, de su vida política, social, de su vida pública, de su vida familiar, mostrando el arraigo, nada de eso fue tomado en cuenta".

Algo está siendo tramado. Persistieron en no individualizar los casos más allá de la reiterativa enunciación de sus presuntos delitos y, finalmente, cuando la jueza tuvo el turno de justificar la medida de aseguramiento, repitió la totalidad de los argumentos presentados por la Fiscalía como si la defensa hubiera sido convidado de piedra del proceso.

 

¿Es posible confiar en la Policía y en la Fiscalía en el contexto del manejo dado a este caso?

 

Una de las preocupaciones centrales de la defensa, de las familias y de las organizaciones que rodean a los jóvenes privados de la libertad, es la posibilidad de que la Fiscalía, junto a la Policía, se encarguen de fabricar pruebas o falsos testimonios para lograr la condena de los detenidos, pues podrían valerse de artilugios que se traman en ámbitos en los que tienen amplia experiencia y poder. Además, también hay que tener en cuenta que la orden de reclusión en cárceles inflige un golpe anímico contundente a los detenidos, por lo que las autoridades policivas y judiciales juegan la partida con una importante ventaja a su favor.

La líder del Congreso de los Pueblos, expresó respecto a estas inquietudes, "Eso es muy probable, y no es una opinión infundada, pues realmente existe ya una ruta conocida de intereses más políticos por parte de la Policía, la Fiscalía y hasta el mismo Gobierno, de presentar resultados ante la situación de seguridad de Bogotá y dar resultados a cuenta de involucrar a estas personas que no tienen nada que ver, o mezclar hechos como es el caso de unas protestas en la Universidad Nacional con los petardos en las sedes de Porvenir para demostrar que la justicia sí está actuando, que realmente hay un control sobre la ciudad [...]. La inquietud es, si los inculpados no son los detenidos, si no hay ninguna prueba de que ellos sean los responsables de los petardos en las sedes de Porvenir, entonces siguen libres los responsables, por tanto, ¿dónde se encuentran los verdaderos responsables?"

 

El proceso y alguno de sus impactos

 

No hay acción sin reacción. También ocurre con este proceso judicial, cuyos efectos se extienden, con hondo impacto, en las organizaciones, en las familias, en las personas que tienen relaciones afectivas con ellos, así lo expresa la vocera del Congreso de los Pueblos: "Ha sido bastante difícil para los núcleos familiares, las redes de afecto existentes alrededor de ellos, porque esto no se esperaba, uno no espera que unos dirigentes de las calidades de ellos se vean involucrados en hechos como estos y con semejantes imputaciones como las que les está haciendo la Fiscalía, que además pide alrededor de 25 años de condena para cada uno de ellos, es decir, acabar con su vida útil".

Alexandra prosigue sustentando sus preocupaciones: "Nosotros mantenemos nuestra preocupación alrededor de la sistemática persecución existente en contra del movimiento social y popular, es decir, este proceso judicial demuestra que pensar distinto en este país es sinónimo de crimen porque igual, como todos lo vimos, las pruebas físicas que hay en su contra son libros, afiches de actividades, de movilizaciones públicamente conocidas, del paro agrario, las banderas del Congreso de los Pueblos, los debates dados alrededor de Camilo Torres, entonces en este país se están proscribiendo los símbolos y la publicidad del movimiento social y popular, porque si sus símbolos son pruebas para demostrar que están cometiendo un delito [...] lo que queda claro es que está en curso una retaliación contra al movimiento estudiantil y sus lógicas de protesta, de llamar la atención y de denunciar sus ideas y su política".

 

Alerta y diálogos de paz

 


En nuestro país el derecho a la protesta social siempre fue y continúa siendo negado, cerramiento de espacios de participación social y política que, entre otras cosas, está entre los motivos por los cuales las insurgencias encontraron ambiente entre las juventudes. Ahora, con procesos de diálogos en marcha con las expresiones de los alzados en armas es, por lo menos, extraño que tal cerramiento se mantenga. Es público que la fiscalía pedirá 25 años de cárcel para 10 de los trece jóvenes implicados y para los tres restantes entre 30 y 35 años. Ante la gravedad de la pena que puede resultar de las imputaciones, del trasfondo político adquirido por el caso y la férrea voluntad de las autoridades por hacer que los sindicados luzcan realmente como culpables, es necesario que el movimiento social y popular encienda todas las alertas y comience a explorar recursos para que el caso transcienda la orbita de la juridicidad nacional, y pase a ser del conocimiento de tribunales y organizaciones de derecho internacionales.

Esta acción judicial toma cuerpo en el contexto de los diálogos de paz entre el Gobierno y las Farc en La Habana, proceso en el que fue redactado entre las partes un acuerdo de participación política, presentado el 26 de agosto del 2012 a la opinión pública, acuerdo que está dirigido a ampliar la participación democrática para dar cabida a que nuevas fuerzas políticas surjan enriqueciendo el debate y la deliberación pública, la representación de las distintas visiones e intereses de la sociedad, otorgando las garantías para asegurar la participación e inclusión política, acuerdo que implica, entre otros aspectos la creación de un Estatuto de Oposición Política, Sistema integral de seguridad, garantías de seguridad para líderes de organizaciones y movimientos sociales, defensores de Derechos Humanos, garantías para los movimientos y organizaciones sociales.

Ante esta incongruencia –por un lado diálogo y disposición a la apertura política, y por otro represión– permite pensar, de acuerdo a Bermúdez, que "[...] vamos a seguir la misma lógica de los anteriores procesos de paz en medio de los cuales fue cuando más asesinatos selectivos ocurrieron, más desapariciones y más judicializaciones, vamos a repetir la historia, vamos a seguir reforzando la política de seguir vinculando al movimiento social y popular con la insurgencia, o sea, aquí nadie puede pensar distinto, ni protestar, ni hacer oposición, porque entonces lo relacionan con la insurgencia y, por ende, entonces, el tratamiento que le dan es un tratamiento de guerra; todas estas son preguntas que tenemos que hacernos dentro de la ruta en construcción hacía una paz estable y duradera[...]".

La reflexión y el llamado de atención es real, pues lo que está en marcha en el alto Gobierno es la preparación de todo un contexto "legal" para arremeter contra la desobediencia social, contra el inconformismo popular, resumido, por ejemplo, en leyes como la de Seguridad Ciudadana, la reforma al Código de Policía y también con la Ley de fuero penal militar, con las que el Estado puede decidir arbitrariamente sobre los derechos que tienen las personas y las asociaciones, rompiendo los principios constitucionales.

 

Los 13 actúan con firmeza y dignidad

 

A pesar de la adversidad que enfrentan sorprenden las imágenes de los jóvenes procesados cuando alzan las manos y entonan al unísono canciones de rebeldía junto a sus compañeros que solidariamente han esperado en la salida de los juzgados para expresarles todo su apoyo, solidaridad y sentimientos. Los 13 no se han roto, han comportado en las audiencias una actitud firme, digna, respetable De esta manera lo narró Alexandra: "Al principio, los primeros días, mientras iniciaron las audiencias estuvieron bastante tristes, compungidos, pues les sorprendió mucho la situación, muy desanimados por lo que estaba pasando alrededor de ellos, pero después elevaron mucho su ánimo por todo el respaldo brindado nacional e internacionalmente, eso ha sido también muy favorable para el mismo proceso y para ellos en su situación particular; la gente, por ejemplo, pidiendo garantías políticas alrededor del ejercicio de la labor de la defensa de derechos humanos, de la labor de los movimientos estudiantiles y de la labor que hace el Congreso de los Pueblos, eso los ha mantenido fuertes, muy anímicos, con mucha esperanza; sus familiares también los han respaldado mucho, ha sido muy llamativa la fortaleza de las familias, sin dudar en ningún momento de sus hijos, de su activismo y liderazgo social [...]".

 

Recluidos en establecimiento carcelario

 

El juicio contra los 13 continua. Un largo camino debe ser recorrido por los jóvenes, la defensa, las familias y las organizaciones sociales, pues vendrán numerosas audiencias en las cuales la Fiscalía intentará probar la culpabilidad de los implicados, enviar a la mayoría a prisión durante años por haber –presuntamente– propiciado disturbios en la Universidad Nacional durante el mes de mayo, mucho más tiempo del que recibieron como condena los hermanos Nule por robar billones de peso al Estado, muchísimo más de lo que han pagado parapolíticos como Eleonora Pineda por asesinar colombianos, despojar y concentrar tierras, adueñarse política y económicamente de regiones enteras e infiltrar el Estado a nombre del paramilitarismo. Gran justicia.

Mientras son juzgados, deben aguardar tras los muros de la cárcel. Bermudez, al tanto de los pormenores de las situación informó: "Por el fallo de la jueza y por la boleta de aseguramiento sabemos que deben ir a la cárcel Modelo o a La Picota, y las mujeres al Buen Pastor. Ese será el sitio de reclusión. Nosotros insistimos públicamente, hicimos un llamado al Inpec para que garantice condiciones de seguridad a estas personas, y sus acciones no pueden ser tratadas como delitos comunes; la idea es que se mantengan como grupo, garantizando su cohesión; a su vez también solicitamos condiciones y garantías de seguridad dentro de los establecimientos carcelarios, porque parte de los temores que tenemos –y no es infundado– es que este tipo de judicializaciones, un falso positivo judicial, deriva después en amenazas de los grupos paramilitares, así como en desapariciones o asesinatos de los inculpados [...]".

 

¿Caso fortuito o persecución política del Estado?

 

De acuerdo a Alexandra Bermudez, un mecanismo para silenciar la protesta social está operando en el Estado colombaino: "Nosotros también alertamos alrededor de este proceso, que algunos de estos dirigentes sociales habían sido amenazados por paramilitares antes de esta judicialización. Es decir, estamos otro modus operandi de persecución política en contra de los dirigentes y organizaciones sociales. Mecanismo claro: primero aparecen amenazas de los paramilitares, luego, envés de abrir investigaciones para esclarecer esas amenazas y buscar los responsables, lo que vienen son acciones de los organismos de inteligencia del Estado alrededor de las actividades de estos dirigentes que terminan en judicializaciones, que luego se demuestra que son falsos positivos judiciales; así continúa de alguna manera esa lógica macabra que termina, en ocasiones, en asesinatos, desapariciones de dirigentes [...], de ahí nuestras preocupaciones de que nos estén aplicando esa misma estrategia de eliminación del movimiento social".

Pese a esta realidad y al conjunto de injusticias en que nada la "justicia" colombiana, nuestra entrevistada termina su narración con una sonriza que resume su confianza en el desenlace final de este proceso, en el cual saldrá airoso el movimiento social juvenil y estudiantil, representado en esta ocasión en los 13 que ahora paceden el horror del Estado inculpador, ese mismo que dio origen al paramilitaismo y lo protegió.

 

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http://www.desdeabajo.info/colombia/item/26896-con-proceso-judicial-viciado-pretenden-condenar-a-trece-estudiantes-en-bogota.html

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Huelga de maestros chilenos en rechazo a la reforma educativa

Miles de profesores chilenos marcharon este lunes por las calles de Santiago en el inicio de una huelga general en rechazo a la reforma educativa impulsada por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que establece aumentos salariales condicionados a evaluaciones docentes.


Sin los profesores no hay reforma y El profe luchando también está enseñando, fueron algunas de las consignas que exhibieron en carteles los manifestantes convocados por el Colegio de Profesores de Chile, que cuenta con unos 100 mil afiliados de enseñanza pública secundaria. La medida de fuerza, de acuerdo con el gremio, tiene una adhesión cercana a ciento por ciento.


El líder del gremio de los profesores, Jaime Gajardo, declaró: es muy importante que las autoridades pongan de su parte; esto significa que tengamos una mesa de diálogo. Añadió que el proyecto gubernamental no puede ser aprobado en el Congreso tal como ha sido redactado, pues en más de 90 por ciento es rechazado por los docentes.


Los profesores se oponen a la propuesta que recientemente envió al Legislativo la presidenta Bachelet, en el contexto de una amplia reforma educativa que viene impulsando para terminar con el sistema que data de la época de la dictadura de Augusto Pinochet, que reducía recursos públicos y fomentaba la participación de la iniciativa privada en la educación.


La propuesta de la mandataria determina un aumento salarial de 28 por ciento para los profesores dentro de la Nueva Política Nacional Docente, que les exige evaluaciones periódicas en su desempeño. El gobierno quiere extender a unos 850 mil docentes este nuevo sistema, cuyo costo se elevaría a unos 2 mil 300 millones de dólares.


Gajardo dijo que se trata de un proyecto individualista y competitivo, y estimó que detrás de esas exigencias se evidencia la desconfianza y el control, de ahí que el Colegio de Profesores esté exigiendo también un diálogo con las autoridades. Esto es, dijo, porque el magisterio nacional quiere una carrera profesional docente con base en sus planteamientos y necesidades.


Los maestros, que mantienen paralizados centros docentes municipales y algunos particulares subvencionados por el Estado, marcharon en este primer día de huelga por la Alameda y frente al palacio presidencial de La Moneda en orden y sin incidentes. Tuvieron además el apoyo de estudiantes de secundaria y el anuncio de que se sumarán los universitarios.


El gremio cuenta también con el respaldo de la Central Unitaria de Trabajadores. Manifestaciones similares se desarrollaron en otras ciudades del país.


En tanto, el Ministerio de Educación rechazó la huelga y dijo estar abierto al diálogo.

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