Sábado, 15 Agosto 2020 06:11

Los matices humanos

 Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Buenos Aires, noviembre de 2019. AFP, JUAN MABROMATA

EL FEMINISMO COMO FENÓMENO DE MASAS

 

La identidad es una cárcel. (…)

La identidad no es una idea que ayuda a la humanidad a encontrarse consigo misma.

Deseo para el futuro la inutilidad absoluta de la identidad. (…)

Lo importante es la invención: alguien que decide pararse en el mundo e inventarse.

Lucrecia Martel1

 

Cuando aquel 3 de junio de 2015 las argentinas salieron a las calles a gritar «ni una menos», los feminismos uruguayos, que venían en un proceso de transformación propia, se hicieron eco de la marcha y sus reclamos, estableciendo un mojón histórico en la construcción de un internacionalismo popular y masivo. En ese momento, el objetivo primordial era romper el silencio social e instalar con fuerza la certeza de que la violencia basada en género es una variable básica para comprender las desigualdades estructurales que asolan la vida de los cuerpos feminizados. A partir de ese momento –y también gracias a la globalización de movimientos como el #MeToo y a procesos locales de «destape» como la Operación Océano, entre otros–, las causas feministas empezaron a tomar un protagonismo mucho más importante en la opinión pública, revolucionando con herramientas diversas –que van desde las nuevas escrituras académicas hasta los usos del lenguaje inclusivo, pasando por un millón de estrategias autogestivas e institucionales– la construcción de nuestras subjetividades. Es muy probable que la actitud de escucha de la sociedad hacia el caso Viglietti, por ejemplo, tenga mucho que ver con esa ruptura del silencio que se ha logrado. Si era un secreto a voces que ya se había hecho público en 2017 cuando el compositor murió, ¿por qué recién ahora, a pesar de todas las resistencias, pudimos comenzar a procesarlo y discutirlo? Porque ha cambiado el contexto de escucha, y eso, en sí mismo, constituye un logro inmenso.

Para instalar la discusión y volver a politizar la vida, las tácticas comunicacionales de los feminismos latinoamericanos han dado un enorme resultado. Las calles y las redes se complementan para difundir un vasto campo de pensamiento no hegemónico, y si bien es cierto que las consignas siempre son una síntesis de ideas más complejas, esas pequeñas frases hicieron la diferencia y permitieron que cada vez más personas se encuentren dispuestas a escuchar razones sobre asuntos que, hace sólo cinco años, se encontraban casi ausentes de las conversaciones cotidianas. Empezamos a leernos y escucharnos más entre nosotras, a darnos cuenta del profundo alcance de la cultura patriarcal, a identificar la opresión de género como un mecanismo fundante para el capitalismo, pero que, incluso, lo trasciende para extenderse a casi todos los sistemas políticos que han estructurado la vida humana a lo largo del tiempo.

Hemos vivenciado el valor de ese proceso esta misma semana, en la que decenas de estudiantes de Medicina se animaron, bajo el hashtag #MeLoDijeronEnLaFmed, a contar en Twitter sus experiencias de acoso y abuso dentro de la facultad. La literatura de consignas, esa creación colectiva orgánica al movimiento, ha sido clave para que las ideas feministas lleguen a lugares impensados, trascendiendo distancias de todo tipo. Así, la ruptura del silencio dio paso a una masividad sumamente heterogénea, en la que incluso la palabra feminismo se ha convertido en territorio de disputa. Esa masividad que, sin lugar a dudas y a pesar de todo, es tremenda buena noticia, ha traído nuevos problemas y ha intensificado debates que se han vuelto muy difíciles de transitar con serenidad, porque es natural que las pasiones atraviesen una práctica política tan enraizada en las experiencias personales. Sentirse parte del movimiento feminista no necesita más (por suerte) que un acto voluntario: alcanza con declararse feminista. Aun así, la posibilidad de considerarnos «compañeras» se ha fragilizado para dar paso a acusaciones que parecen irreparables, como la de «encubrir violadores», que aparece con una facilidad alarmante. ¿De verdad es responsable una mujer que ama a un varón, porque es su padre, su hermano, su pareja, su amigo o su compañero de trabajo, de las acciones que ese varón realiza o ha realizado en el pasado? ¿No resulta evidente que para condenar a cualquier persona que se conoce y se ama son necesarias ciertas garantías? ¿No hay contradicciones en el acto de erigirse en un lugar de moral impoluta y colocarse «afuera» del problema cuando sabemos que la sociedad de la que formamos parte está enteramente atravesada por la cultura de la violación y por una idea de amor que tiene un vínculo histórico con la violencia?

Resulta difícil para las feministas hacer ciertas preguntas críticas hacia adentro. Para escucharnos y ser escuchadas tuvimos que atrincherarnos y no dar el flanco, porque no nos quedaba otra. Decir «hermana, yo te creo» es una decisión política fundamental, porque es un acto de habilitación de la escucha, una subversión revolucionaria contra la sospecha obligada que caía sobre quienes se animaban a hablar. ¿Pero qué pasa cuando vemos que la práctica del rumor se instala en las generaciones más jóvenes y que acusaciones anónimas, para las que no hay ni siquiera testimonios o personas cercanas que les pongan el cuerpo a las denuncias, terminan destruyendo la potencia de los movimientos colectivos mixtos, que se desarman en pedazos? Es un problema muy grave, porque, claro, la Justicia está muy lejos de ofrecer caminos reales de intervención. Si ni siquiera es capaz de prevenir femicidios perpetrados por varones denunciados previamente, ¿cómo podemos pretender que intervenga con eficacia para dirimir, por ejemplo, si el hecho de que un varón se quite un preservativo sin permiso constituye un delito que debe ser penalizado? Así, si bien en un principio el trabajo de las feministas se encauzaba con naturalidad hacia lograr que las mujeres denunciaran más, contar con una Justicia que no sea funcional a la perpetuación de la violencia parece un objetivo tan lejano e inaccesible que, para muchas compañeras, es inevitable la tentación de abandonarlo.

Pero que la Justicia sea una institución patriarcal y funcional al poder no puede llevarnos a «pasar de ella» de manera acrítica. El método del escrache es una herramienta importante cuando el sistema falla o se rehúsa a actuar, pero nunca debería ser nuestra primera opción. Mal utilizado puede resultar muy peligroso, incluso para la víctima. En los escraches que se hacían a los represores después de la dictadura, tanto en Argentina como en Uruguay, había organizaciones que generaban su propia información y respaldaban esas acusaciones: Madres y Familiares, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. ¿Pero qué pasa cuando, en un movimiento masivo, los escraches no cuentan con ningún mecanismo de confirmación, ni siquiera interno? ¿Es loable pensar en un feminismo que juzga sin ofrecer garantía alguna? Hoy, más que nunca, el procedimiento de la justicia por mano propia –por más que esa justicia se trate del aislamiento social o de la «cancelación»– se acerca demasiado a los procesos de construcción de subjetividad más alarmantes de la sociedad, esos que les abren paso a los fascismos. Los grises existen: no es lo mismo una acusación de acoso hacia un profesor o un jefe, por ejemplo, con la disparidad de poder que eso significa, que una acusación que se realiza hacia un par, aunque resulte incómodo decirlo. Del mismo modo, si bien la violencia verbal es violencia, no es exactamente lo mismo que la que se ejerce físicamente. Aplanar esos matices no es una actitud responsable. Todo ciudadano merece un juicio justo, y sus personas cercanas necesitan ese juicio para enfrentar la verdad, y por eso necesitamos disputar la Justicia para transformarla. El humanismo es una concepción filosófica necesaria porque la identidad no debería ser una cárcel. Creer que las personas pueden cambiar también es una decisión política, y no es momento de menospreciarla.

Hoy no estamos en el mismo lugar que hace cinco años atrás. No es fácil preguntarnos con lucidez sobre cómo seguir, porque muchas veces eso implica abandonar los atajos para jugarse por el camino largo. Hay demasiadas luchas que requieren que podamos organizarnos sin acusarnos, a priori, entre nosotras. Sin ir más lejos, de cara a las elecciones departamentales, asusta la manera en que nuestras causas están siendo ninguneadas por todos los partidos políticos. La tolerancia, la confianza y el cuidado también incluyen otorgarnos garantías reales, responsables, para decidir a quién aislar, a quién cancelar o a quién odiar. Y tenemos que poder hacer autocrítica sin juzgarnos y condenarnos tan fácilmente, para que la masividad no sea un ruido que nos engulla y nos traga, operando en contra del cambio social estructural por el que venimos luchando y que, más temprano que tarde, conseguiremos.

1   Extraído de la charla brindada por Lucrecia Martel el 7 de marzo en el Centro Cultural Kirchner, Buenos Aires, Argentina. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=VzpfPwsOpjA

 

14 agosto, 2020

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Viernes, 14 Agosto 2020 05:50

De espacio abierto a espacio de acción

De espacio abierto a espacio de acción

¿El Foro Social Mundial, que celebra su vigésimo aniversario en 2021, es sólo un espacio abierto o puede, debería ser, también un espacio de acción? Esta cuestión ha sido discutida durante años en su Consejo Internacional y hasta ahora no hubo posibilidad de llegar a una conclusión.

Hemos firmado la carta, Frei Betto, Atilio Borón, Bernard Cassen, Adolfo Perez Esquivel, Federico Mayor, Riccardo Petrella, Ignacio Ramonet, Emir Sader, Boaventura Santos, Roberto Savio,  Aminata Traoré, todos firmantes de la declaración de Porto Alegre. Hemos perdido, desde 2005, brillantes compañeros (Eduardo Galeano, José Saramago, Francois Houtart, Samir Amin, Samuel Ruiz Garcia, Immanuel Wallerstein).  Pero hemos compartido mucho con ellos y creemos saber lo que pensarían. Los que estamos vivo hemos querido enviar este mensaje al FSM, para que tenga un elemento más de estímulo y de reflexión. El espíritu de nuestra iniciativa queda representado en el mensaje de adhesión del Premio Nobel para la Paz, Adolfo Perez Esquivel: “gracias por la iniciativa de revivir la fuerza y esperanza del FSM, hace tiempo estabamos pensando en algo semejante de volver a encontrar caminos que nos identifiquen en la diversidad del pensamiento y de las acciones para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo. Desde ya queridos hermanos sumo mi firma y les abrazo”.

En el FSM de Porto Alegre del 2005 algunos de nosotros lanzamos el ”Manifiesto de Porto Alegre”, preocupados por la creciente marginalización del FSM en la escena global. Sabíamos que rompíamos la regla de que el Foro no puede hacer declaraciones pero nos pareció una manera de contribuir con los ricos debates de Porto Alegre a la política internacional.  Al año siguiente se difundió el “Llamado de Bamako”, en el mismo sentido. Ninguno de ellos tuvo respuesta.

Después de 15 años, nuestra preocupación se ha revelado sumamente real. El Foro nació en el 2001 por el esfuerzo generoso y visionario del grupo brasileño y el apoyo que encontraron en la época de Lula. La progresiva internacionalización llevó al FSM a todos los continentes. La idea de abrir un espacio a los movimientos sociales y a intelectuales críticos para intercambio de experiencias y de ideas, en pos de combatir al pensamiento único del neoliberalismo, era una idea revolucionaria y de gran impacto en el mundo. Ante la amenaza del inicio de la guerra de EEUU contra Irak el FSM mostró su inmenso potencial convocando a multitudinarias marchas de rechazo coordinadas globalmente. Sin embargo, ese tipo de iniciativas no prosperó.   

Desgraciadamente, el FSM no ha aceptado ningún cambio de sus reglas y prácticas, aunque estamos en la víspera de dos décadas de su creación. La idea de un espacio abierto, sin posibilidad de interactuar con el mundo exterior como un sujeto político global, ha hecho del Foro un actor marginal, que ya no es punto de referencia. En estos últimos años por lo menos tres grandes movimientos populares han movilizado millones de personas en el mundo: el de la lucha en contra del cambio climático, por la igualdad de género, y el antirracismo. Allí el FSM ha estado totalmente ausente como actor colectivo global. Pero la idea creativa del FSM, de luchar en contra del neoliberalismo con una visión holística y no sectorial, mantiene toda su fuerza y vigencia, junto a las luchas anticoloniales, antipatriarcales y por el respeto a la naturaleza y los bienes comunes que hoy nos convocan.

Se necesita acción. El mundo ha cambiado, y no para mejor. Hoy, no sólo nos enfrentamos a las devastadoras consecuencias de cuarenta años de capitalismo neoliberal, estamos dominados por los mercados financieros y amenazados por el rápido cambio climático que podría hacer imposible la vida humana en la tierra. La pobreza masiva y las desigualdades crecientes dividen nuestras sociedades, junto con el racismo y la discriminación.

La resistencia también está creciendo. 2019 ha visto un flujo abrumador de movimientos principalmente de jóvenes, en una gran cantidad de ciudades importantes de todo el mundo. Ellos saben que el viejo mundo está muriendo, y con impaciencia quieren construir un mundo nuevo, de justicia y paz, donde todos los hombres y mujeres sean iguales, donde se conserve la naturaleza y la economía esté al servicio de la sociedad. Se están preparando muchas alternativas, pero no hay un espacio que pueda reunirlas y construir nuevas narrativas comunes y globales, basadas en experiencias de base y capaces de guiar acciones futuras. Los activistas y académicos progresistas están tan fragmentados que corren el riesgo de perder no solo la batalla sino también la guerra.

COVID-19 es sólo otra crisis, que por primera vez afecta a todas las personas al mismo tiempo, a pesar de que no con la misma intensidad. El mundo se ha convertido en una aldea en la que somos interdependientes. Nunca antes había sido tan claro que, de hecho, tenemos que actuar y hacerlo juntos. El Foro Social Mundial todavía tiene un gran potencial para darle voz y ayudar a los movimientos a poner sus alternativas en un contexto global donde los nuevos discursos y prácticas puedan converger. Es por eso que, los que participamos en el FSM desde su inicio y firmamos las declaraciones de Porto Alegre y Bamakò, pedimos un “renovado foro social mundial,». Nos enfrentamos a una crisis global multidimensional; se necesita acción a nivel local, nacional y global, con una articulación adecuada entre ellos. El FSM es el marco ideal para promover esta acción. De eso se trata esta iniciativa.

Por [email protected] [email protected] | 14/08/2020

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Miércoles, 12 Agosto 2020 05:38

Misión imposible en Líbano 

La explosión en Líbano generó también una ola de protestas por la crisis económica. Foto Ap

“¡Sí, todos podemos estar de acuerdo en que el mar absorbió 70 por ciento de la explosión!”, me anunció un amigo libanés esta semana, con una base científica interesante, aunque dudosa. Yo le había preguntado –porque sabía la respuesta– cuál de las comunidades religiosas sufrió de manera más profunda la explosión que transformó a la nación. O que no la transformó, como podría ser el caso.

Como todo en Líbano, su cálculo podría ser correcto. Porque Beirut, como Trípoli –y Haifa, para el caso–, está construida sobre uno de esos antiguos promontorios del este del Mediterráneo, como “la cara de un viejo pescador”, según la frase memorable con que la describió Fairouz. El gran estruendo tal vez abarcó más agua de mar que edificios. Y los peces, hasta donde sabemos, no son religiosos.

Pero mi conocido –un musulmán sunita, servidor civil de muchos años, lector de libros más que de memorandos– se apresuró a advertir: “No veamos esto en términos de la guerra civil. Pero sí, los cristianos recibieron la peor parte porque viven junto al puerto, en el este de la ciudad, maronitas en su mayoría. Los del lado musulmán de Beirut perdieron sus ventanas; los cristianos perdieron la vida.” Pero ni siquiera eso era del todo cierto.

Los que dijeron que entre los muertos hubo libaneses de todos los credos también tenían razón. Hubo musulmanes –sunitas y chiítas entre los bomberos, tenderos y otros–, sin olvidar las docenas de refugiados sirios que podrían sumar la cuarta parte de las bajas. De hecho, los sirios de algún modo quedaron incluidos en la cuota mortal de Líbano. Pero hubo algo un tanto extraño en la forma en que esta tragedia se relató en Occidente.

En Francia, en Gran Bretaña y Estados Unidos –y, según noté, también en Rusia–, la narrativa (palabra que detesto) fue un poco diferente. Nos dicen que los “libaneses” protestan contra las “élites” y el gobierno –que han corrompido al país, llevado la economía a la bancarrota, han sido incapaces de proteger a su pueblo– y ahora exigen un nuevo sistema político, democrático, no sectario, incorrupto, etc., etc. Cierto otra vez.
Y sí, las casas y edificios aplastados y las calles devastadas son sin duda parte de la destrucción de Beirut. Pero sus nombres –Gemmayze, Mar Mikhael, Ashrafieh– fueron presentados como meras ubicaciones en el mapa de una ciudad, más que como el epicentro no solo de la ola expansiva, sino del viejo corazón cristiano de la capital libanesa. Esos distritos eran bellos, preservaban con magnificencia su herencia otomana… vean nada más lo que le ocurrió al asombroso Museo Sursock.

Eran zonas alegres, centros de reunión para jóvenes (sobre todo de clase media, pero tanto musulmanes como cristianos), llenos de restaurantes y bares, inmensamente populares no solo entre los libaneses, sino entre los occidentales que vivían en la ciudad y se sentían seguros entre pobladores que hablaban francés e inglés y eran en su mayoría pro europeos (y a menudo antisirios y anti iraníes).

Antes de la guerra civil era al revés: los extranjeros vivían en el oeste de Beirut, arracimados en torno a la Universidad Americana con su educación liberal, sus manifestaciones de protesta, sus movimientos palestinos (entonces), sus sunitas y drusos de clase media y, si uno se alejaba treinta kilómetros, su gran mayoría chiíta ignorada. En guerras subsecuentes con Israel, esas y otras áreas musulmanas fueron arrasadas por las bombas, diezmadas por explosiones, sus habitantes confinados en reductos. Los distritos cristianos se salvaron en parte.

Gemmayze y Mar Mikhael fueron líneas del frente falangista cristiano; las calles de Beirut oriental eran patrulladas por una mezcla de palestinos venales y milicias musulmanas. Cuando los israelíes invadieron Líbano, en 1982, fueron recibidos como salvadores por decenas de miles de cristianos y bienvenidos en las calles. Ariel Sharon se reunió con el líder de las milicias cristianas y luego asesinó al presidente electo Bahir Gemayel en el magnífico restaurante Au Vieux Quartier de Beirut oriental; el lugar fue remodelado hace mucho, pero la calle donde estaba seguía devastada el 4 de agosto pasado.

Y no, la bola de fuego cuyas ondas de choque terminaron con la vida de esas personas la semana pasada no fue una especie de venganza política por el pasado. Los cristianos resistieron meses de bombazos de las milicias musulmanas durante la guerra y después los bombardeos de Siria y, en meses recientes, su pueblo estaba entre los que aplaudían a quienes demandaban el fin de los gobiernos corruptos de Líbano. Pero entre ellos también están quienes dieron histérica bienvenida del exilio al terrible y –según creencia de muchos– demente general cristiano Michel Aoun, quien era enemigo de Siria y hoy es su amigo, y cuyo yerno es hoy ministro del exterior (de allí el ataque a su ministerio el fin de semana).

Por Robert Fisk | martes, 11 ago 2020 19:40

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Líder mapuche chileno en huelga de hambre publicó un audio de despedida

“Será un orgullo dar la vida por mi pueblo mapuche”, dijo Celestino Córdova

La medida de fuerza del dirigente se produjo en el marco del denominado “conflicto de La Araucanía”. Desde 2016 los pueblos originarios chilenos demandan la devolución de tierras usurpadas.

 

El líder mapuche chileno Celestino Córdova grabó un mensaje de despedida ante las complicaciones de salud que sufre tras cumplir 100 días en huelga de hambre. Córdova exigió reivindicaciones políticas, territoriales y judiciales al gobierno. La medida de fuerza del dirigente se produjo en el marco del denominado “conflicto de La Araucanía”. Desde 2016 los pueblos originarios chilenos entraron en pugna con el gobierno para pedir la devolución de tierras usurpadas por el Estado y empresas. Además reclaman la autonomía del pueblo mapuche y la creación de un ministerio indígena.

Córdova cumple desde 2014 una condena de 18 años de cárcel. Se lo acusó por el homicidio del matrimonio Luchsinger Mackay. Ambos murieron durante un incendio en su casa de Vilcún, 700 kilómetros al sur de Santiago, como consecuencia de un ataque incendiario llevado a cabo en 2013. “Lamento mucho que tenga que entregarles mi último mensaje dentro mis últimos días que me quedan”, señaló el líder mapuche. También aludió a su condición de machi (guía espiritual) para expresar que es su deber realizar este sacrificio. "Para que mi muerte sea más rápido me he colocado a la disposición de retomar huelga seca en cualquier momento y así mi desenlace no será lento como se lo esperan los actores de todos los poderes del Estado", agregó Córdoba. Además destacó que dará la vida por su pueblo y sus creencias. “Sólo espero que al Estado de Chile le sigan exigiendo, de todas las formas, devolver nuestro territorio ancestral mapuche y todas las deudas históricas con todos los pueblos originarios”, sostuvo el machi.

En medio de este histórico conflicto entre los pueblos originarios y el gobierno, el presidente Sebastián Piñera afirmó el pasado domingo que estaba abierto al diálogo. Sin embargo enfatizó que se debía respetar el Estado de Derecho, renunciando a la violencia y colaborando en avanzar en las soluciones. Nada dijo del violento desalojo por parte de Carabineros de las tomas de municipalidades en la Araucanía. Por su parte, el líder mapuche sostiene que desde el 2013 el Estado chileno le arrebató sus tierras, su comunidad y a su familia. 

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Bolivia: la violencia podría desbordarse

Crecen los pedidos para que renuncie la presidenta de facto Jeanine Áñez 

Mientras las protestas y piquetes continúan, fuerzas de choque paramilitares de ultraderecha amenazan con atacar a los manifestantes. 

 

Los diversos diálogos en Bolivia entre actores sociales, políticos y autoridades han fracasado y continúan los bloqueos de carreteras. Para este lunes se anuncian marchas hacia la sede de gobierno y hay advertencia de la derecha de movilizar a sus seguidores para enfrentar a los bloqueadores y piqueteros.

Mientras tanto en el llamado Palacio Quemado (fue incendiado dos veces el siglo XIX) la presidenta Jeanine Áñez convocó para ayer domingo a los partidos políticos, a la Iglesia Católica, a los organismos internacionales, a los movimientos sociales y al TSE. La respuesta fue muy pequeña, ninguno de los grandes partidos que tercian en las elecciones mandó a sus candidatos, mucho menos los movimientos sociales. Sólo asistió PanBol y ADN dos pequeñas organizaciones que en las encuestas no superan el 1 % de intensión de voto.

Pero incluso esos dos únicos partidos políticos presentes en la cita pidieron la renuncia de Áñez. La solicitud coincide con muchos de los movilizados, sobre todo del campo. Así lo hicieron saber los Ponchos Rojos que son los campesinos de la zona lacustre del altiplano, una de las más bonancibles por la presencia de agua y un clima más templado que, por ejemplo altiplano sur.

Los Ponchos Rojos (el color no tiene que ver con ideología sino con adscripción a su zona de origen) acaban de elegir a un ex dirigente guerrillero y dirigente de los bloqueos de 2000 y 2003, Felipe Quispe Huanca como su comandante en la lucha.

Quispe es un aymara radical que criticÓ muchas veces al Movimiento al Socialismo acusándolO de reformista.

Pero el pedido de renuncia también se ha afincado en sectores de la ciudad de El Alto, la urbe aymara por excelencia donde los movilizados derrotaron a Gonzalo Sánchez de Lozada y a la que todo el fin de semana han llegado campesinos de las provincias paceñas.

Para este lunes se anuncia la marcha de alteños y de trabajadores del agro rumbo a la ciudad sede de gobierno. 

Pero las consignas ya no giran en torno a elecciones sino cambio inmediato de gobierno y solución del tema educacional. Recordemos que el año escolar ha sido suspendido por el gobierno de Añez.

¿Y en el Movimiento al Socialismo?

Tampoco todo es color de rosa en el Movimiento al Socialismo (MAS) pues no controla a voluntad a los movimientos sociales. 

Evo Morales y la dirigencia quisieran que la movilización termine y que se vaya a elecciones.  Los más radicales dentro del partido azul están pertrechados al lado de quienes protestan.

Las condiciones propuestas por la cúpula masista para que las elecciones sean el 18 de octubre fueron aceptadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE): Que la nueva fecha electoral esté refrendada con ley de la nación a través del Parlamento y luego sea promulgada por la presidenta Jeanine Añez

Esto estaba acompañado con los pedidos que el TSE se comprometa a no hacer nuevas modificaciones en cuanto a la fecha y que el acuerdo tenga garantes internacionales como Naciones Unidas, la Unión Europea, etc.

Además, el tribunal electoral le dio la razón al partido de Evo Morales al señalar que no podía inhabilitar a la sigla ni al candidato al existir sobradas dudas razonables sobre la constitucionalidad de un artículo que prohibía que los candidatos puedan comentar encuestas. Así el partido azul respiró tranquilo pues el tema pasaba al Tribunal Supremo Constitucional, donde el promedio de tiempo para la emisión de sentencia va de 6 meses a un año.

El problema está en que los dirigentes de los movimientos sociales están emperrados en que se cambie la fecha en por lo menos una semana. Es decir, que se realicen el 11 y no el 18.

Asoman los radicales

El líder de la movilización que obligó a renunciar a Evo Morales y candidato a la presidencia por la alianza Creemos, “envió una carta abierta a la presidenta Jeanine Áñez en la que le manifiesta que si no cumple con su misión constitucional de dar seguridad a los bolivianos y ordena el levantamiento de los bloqueos y la liberación de los secuestrados, se verá en la obligación de convocar al pueblo para rechazar la ´violencia masista´ y cuidar la democracia y la vida de los bolivianos”, según declaró Luis Fernando Camacho a ATB digital.

De hecho fuerzas de choque paramilitares de ultraderecha ya viajaron de Santa Cruz y Cochabamba hacia la sede de gobierno y ahí chocaron anoche contra los huelguistas de hambre en la plaza Avaroa donde se encuentra la sede del TSE. Finalmente, la policía tuvo que separarlos. El Tiquipaya (Cochabamba) los bloqueadores capturaron a 7 miembros de la Unión Juvenil Cruceñista y la policía detuvo a 50 bloqueadores en Samaipata en Santa Cruz. (Radio Kawsachun Coca).

Como vemos se viven pequeñas escaramuzas en varios frentes. Y este lunes podría ser un día clave para saber qué va a pasar en Bolivia.

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 En la horca las figuras de cartón del primer ministro libanés Hasán Diab y el líder de las fuerzas libanesas, Samir Geagea, en el centro de Beirut.Foto Afp Manifestantes cargan contra una valla frente al Parlamento de Beirut.  ________________________________________ Imagen: EFE

Llegaron a 158 los muertos en Líbano por la explosión en el puerto de Beirut 

 

 Las explosiones en el puerto de Beirut del martes pasado, que hasta el momento dejaron 158 muertos, fue lo último que decidió soportar el pueblo del Líbano. Durante la tarde del sábado hubo un levantamiento popular que derivó en la toma de varios ministerios.

 

Las explosiones en el puerto de Beirut que dejaron 158 muertos el martes pasado fue lo último que decidió soportar el pueblo del Líbano. Durante la tarde del sábado hubo un levantamiento popular que derivó en la toma de varios ministerios. La situación fue controlada por las fuerzas de seguridad que reprimieron a los manifestantes. La gente también se congregó en la plaza central de la ciudad. Allí expresaron su hartazgo con el gobierno al que culpan por la catástrofe. Para descomprimir la situación el primer ministro libanés Hassan Diab dio un mensaje televisado a todo el país donde propuso adelantar las elecciones legislativas. "Asumimos nuestras responsabilidades y sabíamos que el país estaba en un estado de colapso político, financiero y administrativo", admitió Diab, citado por el diario L'Orient-Le Jour. "Sin embargo, solo podremos salir de la crisis estructural en Líbano organizando elecciones legislativas anticipadas para producir una nueva clase política", agregó.T ras la explosión que dejó devastada buena parte de la ciudad , más de 300.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares.

“El día del Juicio”

Los libaneses ya venían soportando el peso de una crisis económica inédita. La explosión en al capital fue la gota que derramó el vaso y relanzó un movimiento de protesta que había comenzado en octubre pasado. La crisis del coronavirus fue la causa por la que el movimiento perdió fuerza. Cerca de la Plaza de los Mártires, epicentro tradicional de las marchas en la ciudad, se produjeron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Los manifestantes lanzaron piedras hacia la policía que respondió con gases lacrimógenos. "Estamos oficialmente en guerra contra nuestro gobierno", declaró una activista, Hayat Nazer.

La consigna con la que se reunieron en la plaza céntrica miles de personas fue: "El día del juicio". Los ciudadanos reclamaron a la clase dirigente que se responsabilice por la catástrofe del martes. Instalaron guillotinas de madera y agitaron sogas. "Venganza, venganza, hasta la caída del régimen", clamaron mientras las fuerzas de seguridad intentaban impedir a algunos grupos avanzar hacia el Parlamento. Al igual que durante la crisis del 2001 en Argentina, los bancos fueron uno de los blancos elegidos por la ciudadanía. Desde el año pasado el gobierno impuso duras restricciones para retirar y transferir de dinero. "No podemos más. Somos rehenes, no podemos salir del país, no podemos sacar dinero de los bancos, el pueblo está muriendo de hambre, hay más de dos millones de desempleados", expresó Médéa Azoury, una manifestante de 45 años.

Mientras las fuerzas de seguridad se concentraban en mantener el orden, unas 200 personas lideradas por oficiales retirados del ejército tomaron la sede del ministerio de Relaciones Exteriores. Rebautizaron el lugar como la "Sede central de la revolución". El exgeneral Samir Rammah exhortó a través de un megáfono a levantarse para perseguir a todos los corruptos. Detrás de él los manifestantes descolgaban y pisoteaban el retrato del presidente Michel Aoun. El ejército, enviado como refuerzo, desalojó el lugar horas más tarde usando balas de goma y gas lacrimógeno. Otro grupo de personas también intentó tomar la sede central de la Asociación de Bancos y la incendiaron antes de ser desalojados por el ejército. Varios ciudadanos irrumpieron también en el ministerio de Economía, así como el de Energía, símbolos de la mala gestión de los servicios públicos. La Cruz Roja libanesa informó que fueron trasladadas a hospitales cercanos 63 personas heridas. Otras 175 recibieron asistencia en el lugar.

“Pónganse de acuerdo”

Con el caos creciendo en las calles, el primer ministro anunció que adelantaría las elecciones legislativas. Diab sostuvo que solo los comicios iban a permitir salir al país de la crisis en que se encuentra. "Pido a todos los partidos políticos que lleguen a un acuerdo sobre la próxima etapa", añadió el jefe de gobierno. El político formó su gabinete en enero tras la renuncia de Saad Hariri a finales de octubre bajo la presión de las protestas. “Estoy dispuesto a seguir asumiendo mis responsabilidades durante dos meses hasta que se pongan de acuerdo", indicó Diab. Y dijo que presentaría su propuesta el lunes al Consejo de Ministros.

Aún no fueron esclarecidas las causas de la gigantesca explosión en el puerto. La catástrofe dejó más 6.000 heridos, dentro de los cuales 120 siguen en estado crítico, según el balance del sábado del Ministerio de Salud libanés. Además, 21 personas permanecen desaparecidas, y 43 sirios murieron, según su embajada en el Líbano. El presidente informó el viernes que no iba a propiciar una investigación internacional. A su vez, afirmó que la explosión podría haber sido causada por negligencia o por un misil. Una veintena de funcionarios del puerto y de las aduanas fueron detenidos, según fuentes judiciales y de seguridad. Cinco diputados opositores renunciaron desde el día de la explosión, entre ellos tres de un partido cristiano cuyo secretario general murió en la catástrofe.

El Líbano se encuentra en pleno naufragio económico tras haber caído en cesación de pagos de su deuda. El gobierno llevó a adelante tensas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) donde el organismo planteó duras condiciones para habilitar un préstamo. Hasta el momento fueron incapaces de ponerse de acuerdo. Las ayudas internaciones comenzaron a llegar desde hace algunas días. El presidente de Francia Emmanuel Macron, que el viernes viajó al país , encabeza las tratativas. El domingo tendrá lugar una videoconferencia para reunir donaciones coorganizada por la ONU y Francia. Sin embargo hasta la fecha sólo llegaron 39 millones de dólares desde la Unión Europea. 

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Venezuela: un sector de la oposición no participará de las elecciones

De cara a los comicios legislativos del 6 de diciembre 

 

Faltan cuatro meses para las elecciones legislativas en Venezuela. Finalmente, como se anticipaba, un sector de la oposición no participará. La decisión fue anunciada el domingo a través de un comunicado suscrito por 27 organizaciones opositoras, donde afirman que lo que sucederá el 6 de diciembre no será una contienda electoral sino un fraude.

En el comunicado aparecen las firmas del denominado G4, es decir Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, junto con otras organizaciones articuladas alrededor de la estrategia abstencionista. Esa opción de boicot electoral no es nueva en la historia reciente venezolana, ocurrió en época de Hugo Chávez y volvió a repetirse en el 2017 y 2018.

Sin embargo, no se trata de una estrategia compartida por el conjunto de la oposición. Si eso ya había quedado de manifiesto en las contiendas anteriores, ahora lo es con mucha más fuerza ya que un sector mayoritario de fuerzas de oposición participará de las elecciones del 6 de diciembre. El Consejo Nacional Electoral ya indicó que para estas elecciones se han inscrito 105 partidos.

La apuesta por la abstención tampoco es compartida dentro de muchos de los partidos del G4, divididos en su interior. Un caso paradigmático es el de Primero Justicia, públicamente fracturado en tres posturas. Por un lado, quienes son parte de la apuesta alrededor de la figura del “gobierno interino”, como, por ejemplo, Julio Borges. Por otro lado, quienes se oponen a esa línea y ahora, tarjeta del partido en mano, anuncian que serán parte el 6 de diciembre. 

Y, por otra parte, Capriles Radonski, que sostiene una tercera posición. “¿Vamos a seguir haciendo política con los pies a dónde? Los pies hay que tenerlos en la tierra, usted tenía un plan y el plan fracasó, ¿va a seguir pegándose con el fracaso?, se acabó. (…) Tenemos que salir de la gran contradicción gobierno vs fantasía. ¿Gobernar en internet? ¡Por favor!”, afirmó el excandidato presidencial pocos días atrás, desmarcándose tanto de Guaidó -“el fracaso”- como del gobierno.

Esto mismo se repite dentro de Acción Democrática donde por un lado un sector, encabezado por Henry Ramos Allup, firmó el comunicado denunciando anticipadamente el fraude, mientras que otro, dirigido por Bernabé Gutiérrez, ya se encuentra en campaña desde hace varias semanas. Ambos se dicen representantes del partido, pero el segundo es parte de la junta directiva que reconoce el Tribunal Supremo de Justicia. A la opción de participar se sumó además la gobernadora del estado Táchira, miembro del partido, Laidy Gómez.

Si el mapa de fuerzas es complejo, la división política, en cambio no lo es. El comunicado de abstención ocurre pocos días después de que Washington vuelva a sentar posición respecto a las elecciones. Elliot Abrams, denunciado por sus implicaciones en masacres en América Central en la década del 80 y encargado del asunto Venezuela por el Departamento de Estado, volvió a ratificar la posición estadounidense.

“Las condiciones para unas elecciones libres y justas son de hecho mucho peores de cómo estaban en el 2018 (…) las elecciones parlamentarias en diciembre ya están manipuladas”, declaró ante la prensa.

Así, detrás de la decisión de participar o no participar el 6 de diciembre, se encuentra el parteaguas principal: mantenerse detrás de la estrategia diseñada y conducida desde Estados Unidos, que cuenta con apoyo bipartidista interno, o tener una política propia desacoplada de Washington. Es entonces mucho más que un debate sobre abstención.

El alineamiento a Estados Unidos significa tres aspectos centrales. Por un lado, sostener la ficción del gobierno paralelo, inexistente dentro del país, pero reconocido por el arco de gobiernos que siguen la política exterior estadounidense hacia Venezuela. Por otro lado, y vinculado con lo primero, apoyar la política cada vez más exacerbada de bloqueo económico y robo de activos venezolanos en el extranjero. Por último, y como central, mantener la apuesta a una salida vía derrocamiento de Nicolás Maduro.

LEER MÁSPolítica o Nopolítica

Ese alineamiento significa para los partidos opositores apoyar un bloqueo que golpea sobre el conjunto de la economía, la sociedad y cuenta con poca legitimidad. Implica también una renuncia al ejercicio político, a la participación electoral. La pregunta, ante la cual no tienen respuesta es: ¿cuál es el plan? Bajo ese silencio se esconden las tramas de operaciones encubiertas, intentos de fractura de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el colapso económico nacional como estrategia de acceso al poder.

Este escenario se desarrolla mientras el país enfrenta el aumento de la pandemia de covid-19. Existen actualmente 20.206 casos de contagio y 174 fallecidos, un número menor en comparación con el cuadro de los países vecinos. Sin embargo, el número preocupa debido a la velocidad con la cual se multiplican los contagios, y por las dificultades económicas que enfrenta el país, que, además, venía presentando retrocesos en el ámbito sanitario, en particular en los hospitales públicos.

Ante la aparición de la pandemia el gobierno reforzó tanto la dotación de insumos médicos a través de convenios con gobiernos aliados, como China, Rusia y Cuba, así como la red desarrollada durante años en los barrios populares, a través, por ejemplo, de los Centros de Diagnóstico Integral. El viernes, por ejemplo, fue inaugurado un centro especial de lucha contra la covid-19 en el conocido Poliedro de Caracas, con 1.200 camas hospitalarias, unidad de cuidado intensivo, quirófano y laboratorio móvil. El acceso, cuidado y tratamiento será gratuito para los pacientes.

Con el mapa ya definido ante el 6 de diciembre, la pandemia en pleno desarrollo, queda ahora por ver si Washington, en medio de tormentas internas, dará luz verde a una acción para, nuevamente, intentar un derrocamiento. 

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Miles se manifestaron ayer en Berlín en protesta contra las medidas de prevención del nuevo coronavirus, con el argumento de que limitan las libertades individuales, mientras el país reportó 955 contagios en 24 horas. Foto Ap

Más de 15 mil personas salieron a las calles sin tapabocas

La jornada denominada el "Día de la Libertad" reunió a manifestantes anticuarentena, antivacuna y ultraderechistas. Fue justo en el día que Alemania registró su mayor incremento de casos en tres mese

 

Más de 15 mil manifestantes anticuarentena, antivacuna y ultraderechistas marcharon por las calles Berlín en el denominado "Día de la Libertad". Sin llevar barbijos ni respetar el distanciamiento social, proclamaron el fin de la pandemia de coronavirus. La movilización fue desarmada antes de llegar a su punto de encuentro en medio de forcejos entre la policía y los convocantes. Alemania se encuentra en pleno repunte de contagios por la covid-19. El sábado se registró el mayor incremento de casos en tres meses.

La marcha circuló por las cercanías de la Puerta de Brandeburgo. La mayoría de los participantes denunciaron la "tiranía" de la canciller alemana, Angela Merkel y sus supuestos aliados: la industria farmacéutica y el multimillonario estadounidense Bill Gates. Casi nadie respetó el distanciamiento físico ni utilizó barbijo pese a que fue una de las condiciones impuestas por las autoridades para autorizar la marcha. La policía vedó el paso en algunos puntos de la ciudad. Hubo varios grupos disgregados dispuestos a concentrarse de todos modos en el monumento conocido como Columna de la Victoria, mientras otros se dirigían a objetivos alternativos, como la sede de la Cancillería. 

Llegaron a reunirse unas 17 mil personas según la televisión pública regional RBB, entre los que también había comerciantes descontentos con las restricciones en la vida pública. El hecho de adoptar como consigna común la referencia al "Día de la Libertad" mostraba un interés ultraderechista en la convocatoria. Ese es el título de la película de Leni Riefensthal sobre el congreso del partido nazi de 1935. La cineasta fue una pieza clave del aparato de propaganda de Adolf Hitler.

Las autoridades berlinesas desplegaron un fuerte dispositivo de seguridad, dado que la movilización coincidió con una veintena de otras manifestaciones. Entre ellas tres de signo izquierdista contra la marcha de los negacionistas. Las fuerzas de seguridad alemanas no dieron a basto esta semana. También tuvieron que regular el creciente número de fiestas "espontáneas" que desde hace semanas se suceden en la capital alemana. Se trata de fiestas o picnics al aire libre, que llegan a juntar a miles de participantes. Las autoridades muestran cierta tolerancia por entenderlas como una forma de dar entretenimiento de adolescentes y jóvenes. En la capital del país aún siguen cerrados pubs y discotecas.


Mientras, en las últimas 24 horas hubo 955 nuevos contagios, un número que no alcanzaban Alemania desde el 9 de mayo, informó la agencia de noticias local DPA. El cómputo total de infecciones verificadas está en 209.653, de los cuales 192.700 son pacientes recuperados y 9148 víctimas mortales.  La pandemia había sido controlada en gran medida en el país, pero el Gobierno viene advirtiendo sobre los nuevos brotes que se detectaron en las últimas semanas.

El Insituto Robert Koch dijo que la aplicación más laxa de las reglas de distanciamiento e higiene, así como los viajeros que regresan del extranjero, son los culpables del aumento de los casos. Como medida para evitar casos importados, desde el sábado Alemania ofrece test gratuitos de coronavirus a los viajeros que regresan del extranjero. Las pruebas que serán obligatorias a partir del lunes para quienes proceden de regiones de riesgo, a fin de evitar la cuarentena.

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Sábado, 01 Agosto 2020 05:49

El modelo que no fue

Un vendedor frente a su comercio en el barrio antiguo del centro de Estocolmo, que se encuentra vacío por falta de turistas. AFP, ALI LORESTANI

LAS CONSECUENCIAS DE LA ESTRATEGIA SUECA CONTRA EL CORONAVIRUS

 

La singular gestión de la pandemia en Suecia (sin cuarentenas, con escuelas y negocios abiertos desde el comienzo) arroja resultados ambiguos. Aunque los hospitales no colapsaron y el gobierno pide paciencia, la mortalidad se disparó entre los grupos más vulnerables. Lo sucedido también es revelador de cómo funciona la gestión pública en ese país y de los efectos del retroceso del Estado de bienestar.

Cuando se desató la pandemia de covid-19, comenzaron a sonar las alarmas en el mundo entero. Pero, mientras se establecían confinamientos obligatorios, se cerraban escuelas, se decretaban toques de queda y por doquier policías y militares patrullaban las calles, en un pequeño país del norte se seguía escuchando el familiar y simpático sonido de la llegada del camión de helados a los barrios. Suecia había elegido otro camino.

Desde el extranjero no se ha dejado de observar con consternación, aunque inicialmente también con cierta curiosidad, lo que ocurre en este reino de 10 millones de habitantes, donde nunca se declaró la cuarentena obligatoria, ni el cierre general de escuelas, ni el de restaurantes, bares ni cafés, y donde la caja de herramientas para contener la propagación del virus incluyó, sobre todo, recomendaciones y exhortaciones a la población para que modificara sus hábitos. Los impulsores de esta estrategia sueca de «mano suave» la han defendido de manera inamovible desde su implementación.

Pero más de cuatro meses después de que la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia, Suecia se enfrenta a duras estadísticas: hoy es el sexto país del mundo (sin contar a los diminutos Andorra y San Marino) con más muertes por coronavirus per cápita, según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins. La comparación de la situación en Suecia con la de sus pares nórdicos –que gozan de sistemas de protección social y de servicios de salud y cuidados similares– revela diferencias abismales en cuanto a la extensión y la mortalidad del virus. En Suecia, la mortalidad per cápita por coronavirus es más de cinco veces más alta que en Dinamarca, nueve veces más alta que en Finlandia y 11 veces más alta que en Noruega. Y, según datos de la propia Agencia de Salud Pública sueca, a mediados de abril la mortalidad registró un incremento de más del 50 por ciento en comparación con el mismo período en años previos.

EL EXPERIMENTO

A pesar de estos datos, la cara más visible de la estrategia sueca, el epidemiólogo de Estado Anders Tegnell, quien trabaja en la Agencia de Salud Pública –un organismo independiente del gobierno–, no ha dejado de afirmar que «la estrategia general no ha fallado» y que sus críticos no deberían apresurarse a hacer evaluaciones de las tasas de mortalidad, sino esperar a tener datos sobre un período más largo para sacar conclusiones. Pero ¿en qué consiste la tan debatida estrategia sueca?

Una vez que constataron que la propagación del virus estaba fuera de control en el país, las autoridades sanitarias suecas abandonaron la ambición de testear a todas las personas con síntomas del virus y de intentar rastrear todas las posibles vías de contagio. En lugar de testear los casos sospechosos, se recomendaba a las personas que tuvieran cualquier mínimo síntoma de resfrío que se quedaran en sus casas. Lo cierto es que hasta comienzos de junio Suecia aún no había desarrollado una capacidad de testeo de covid-19 para hacer pruebas a gran escala, por lo que muchos enfermos sospechosos de tener coronavirus, incluso en hogares de ancianos, nunca fueron testeados.

Por otro lado, Tegnell siempre descartó imponer una cuarentena obligatoria generalizada, con el argumento de que era necesario poder sostener cualquier medida en el tiempo, lo que, según él, no sería posible con medidas prohibitivas, como los toques de queda, ya que tarde o temprano tendrían que ser levantadas. A la larga, argumentaba, perderían su legitimidad popular.

El único grupo al que se le recomendó sistemáticamente limitar sus contactos físicos fue el de las personas mayores de 70 años, ya que pertenecen al grupo de riesgo más vulnerable al virus. Al resto de la población se la exhortó a lavarse las manos frecuentemente, mantener el distanciamiento social, recurrir al teletrabajo en los casos que fuera posible y evitar todos los viajes no necesarios dentro del país; los viajes al exterior ya habían sido desaconsejados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Las escuelas y guarderías se mantuvieron abiertas, aunque los colegios secundarios y las universidades pasaron a un régimen de clases a distancia. También los restaurantes, bares y cafés podían permanecer abiertos siempre y cuando mantuviesen cierta distancia entre las mesas y no sirvieran comida o bebida en las barras. Al principio el gobierno prohibió las reuniones de más de quinientas personas, luego las de más de cincuenta y más tarde aún las visitas a los residenciales para mayores. Pero las leyes o los decretos fueron escasamente utilizados en comparación con otros países. La herramienta priorizada fue la de las recomendaciones.

Las dos principales metas de la estrategia, explicó Tegnell innumerables veces en las ruedas de prensa diarias de la Agencia de Salud Pública, eran, por un lado, asegurarse de que la necesidad de atención médica de la población no superara la capacidad del sistema («lo importante es aplanar la curva» fue el mantra de la Agencia) y, por otro, proteger de contagio a la población más vulnerable.

MORIR EN LA RESIDENCIA

La primera meta se alcanzó. Desde el inicio de la pandemia siempre hubo lugares vacantes en las salas de cuidados intensivos. La segunda no tanto… Nueve de cada diez personas que murieron por covid-19 en Suecia pertenecían precisamente al grupo vulnerable. Y de las ya más de 5.700 personas que murieron de coronavirus, un 47 por ciento residía en hogares de ancianos. El 30 de marzo, mientras desde Francia, Italia y España llegaban noticias sobre hogares de ancianos donde los residentes muertos por coronavirus se contaban por centenas, le pregunté a Tegnell si la Agencia de Salud Pública creía que la misma situación podría producirse en Suecia. «De momento pienso que en Suecia nos hemos arreglado bastante bien», respondió en una conferencia de prensa. Dos días más tarde, la radio estatal sueca, Sveriges Radio, reportaba que en un tercio de las 290 municipalidades del país ya se había constatado casos positivos en hogares de ancianos. Al día siguiente, la televisión estatal informaba que las residencias afectadas en la región de Estocolmo llegaban a 25 por ciento, y el porcentaje subió a 75 por ciento tres semanas después.

A mediados de abril, luego de que Suecia registrara un pico en el exceso de muertos (lo que en inglés se llama excess mortality: una cantidad de muertes por encima de lo que normalmente se espera en ese período del año) y luego de que 22 científicos suecos publicaran una columna de opinión en el diario Dagens Nyheter que criticaba duramente la estrategia de los expertos de la Agencia de Salud Pública, Tegnell admitió que la cantidad de muertes registradas en hogares de ancianos era «un fracaso para nuestra manera de proteger a nuestros mayores». Pero, insistió, «no es un fracaso de la estrategia general».

La gran cantidad de muertes por covid-19 en las residencias de ancianos produjo revuelo en el país y un debate público sobre el deterioro del sistema de cuidados, que durante mucho tiempo se presentó como un ejemplo para el resto del mundo por su alta cobertura y por su calidad y formalización. Mientras que este trabajo en muchos otros países es llevado a cabo por familiares o bien por trabajadoras domésticas, en Suecia se emplea a personal de salud con formación y especialización, y los servicios son regulados por las autoridades sanitarias públicas.

El primer escándalo que revelaron los medios fue que en muchos de estos hogares el personal no tenía acceso a equipos de protección, y se sospechaba que ese era el principal vehículo de contagio de los residentes. Según datos oficiales, solamente el 40 por ciento de ellos cumplía con las normas de higiene establecidas para evitar el contagio del virus y tenía acceso a material de protección.

Las noticias sobre los miles de muertos en las residencias de adultos mayores también sacaron a la luz las condiciones de trabajo cada vez más precarias de su personal. Comenzó a cuestionarse la alta rotación en estos hogares, que se debe a la contratación creciente de personal eventual o por hora en este sector, lo que elevó el riesgo de que el virus entrara por la puerta del personal y afectara a los residentes. Además, estos trabajadores no tienen derecho a licencia por enfermedad, por lo que a menudo siguen yendo a trabajar incluso en los casos en que presentan síntomas de resfrío y otras enfermedades leves, pero que podrían encubrir covid-19.

Los medios también revelaron que, en la región de Estocolmo –la que registró casi la mitad de todas las muertes por coronavirus del país–, la atención médica de los residentes de estos hogares también estaba en cuestión. En una investigación que llevé a cabo para el diario suecoDagens ETC, distintas fuentes me confirmaron que en varios hogares llegó a morir la mitad de los residentes de una misma sección sin haber sido atendidos por un médico. Hace décadas cada residencia especializada para mayores contaba con la presencia diaria y permanente de un mismo médico. Hoy, en la región de Estocolmo, el servicio médico de las residencias ha sido tercerizado a empresas privadas, y los médicos responsables de los residentes suelen visitar cada hogar una vez por semana. Un solo médico puede estar a cargo de entre doscientos y trescientos pacientes en diferentes hogares, la enorme mayoría con enfermedades múltiples.

Al compilar los datos sobre las muertes de residentes de los hogares de ancianos,Dagens Nyheter constató que en la mayoría de ellos habían fallecido en la residencia, no en el hospital. En la región de Estocolmo ese fenómeno es aún más extremo. Sólo el 10 por ciento de los enfermos graves de las residencias fallecieron en el hospital. Para evitar que se saturaran los servicios de salud, los funcionarios de la región de Estocolmo introdujeron muy temprano (el 30 de marzo) un nuevo sistema de prioridades que desviara a los enfermos de las residencias de los hospitales, para que el sistema sanitario no se saturara. La regla era que estos pacientes fueran tratados en los hogares de ancianos, aunque no hubiera médicos suficientes para hacerlo. En principio, el documento instruye a los médicos a no enviar ancianos con cierto grado de «fragilidad clínica» al hospital, salvo en el caso de que precisen una intervención quirúrgica de urgencia. Pero el nivel de fragilidad exigido era tan bajo que prácticamente excluía de atención hospitalaria a los ancianos con algún grado de demencia, así fuera muy leve. Cabe señalar que la mayoría de los residentes de hogares de este tipo en Suecia tienen algún grado de demencia senil. Las camas libres durante la pandemia muestran que, en efecto, se alcanzó el objetivo de no saturar el sistema.

UN GOBIERNO FRÁGIL

Sobre la estrategia sueca para combatir el coronavirus se han dicho muchas cosas en la prensa internacional. Una de ellas es que el país habría optado por darle prioridad a la economía frente a la salud pública y habría decidido no cerrar las escuelas o imponer una cuarentena que hubiese paralizado la actividad económica y precipitado la quiebra de empresas y el aumento del desempleo. Pero lo cierto es que esto ha sido desmentido, desde los inicios de la pandemia, por la Agencia de Salud Pública. A diferencia de muchos otros países europeos, donde los cargos políticos dentro de la administración son la regla y donde los ministros son los jefes máximos y últimos responsables de la administración pública, la Constitución sueca establece una separación entre la administración pública y la política. El aparato administrativo debe limitarse a aplicar las leyes de manera independiente. Por eso, salvo su director, los funcionarios de la Agencia de Salud Pública (al igual que en cualquier otra institución de la administración pública sueca) son designados por mérito profesional y permanecen en sus puestos cuando cambian los gobiernos. De hecho, no han faltado voces, dentro de Suecia, que le han reprochado al gobierno minoritario del socialdemócrata Stefan Löfven falta de liderazgo propio en materia de salud pública. «¿Cómo vamos a poder ganar esta batalla si los políticos electos se esconden detrás de funcionarios, que son quienes llevan las riendas? Funcionarios que hasta ahora no han demostrado ningún talento ni para predecir ni para limitar la deriva que estamos viviendo», escribían los 22 científicos críticos en una columna de opinión enDagens Nyheter.

La gestión de la pandemia del coronavirus en Suecia se ha caracterizado por ser altamente tecnocrática. De hecho, el gobierno de Löfven se ha alineado por completo con las recomendaciones de los expertos de la Agencia de Salud Pública y sólo ha aprobado medidas una vez que esas autoridades expertas se han expresado en la materia. Por varios motivos, no es de extrañar que haya sido así. Por un lado, existe en Suecia cierta tradición de consenso en el ámbito político, producto del sistema parlamentarista y del sistema electoral proporcional. Por otro lado, el actual gobierno nació débil, luego de meses de parálisis parlamentaria en un contexto de muy alta fragmentación política, causada por el espectacular avance electoral de la extrema derecha. El gobierno del socialdemócrata Löfven sigue siendo frágil. No sólo es un gobierno de coalición (con el Partido Verde), sino que el oficialismo sólo pudo conseguir la mayoría tras firmar un acuerdo con dos colaboradores muy improbables, los partidos más neoliberales del país: Liberales y el Partido del Centro, que durante décadas le hicieron la guerra a la socialdemocracia.

Frente a la incertidumbre que provocó la pandemia de un virus totalmente desconocido, el gobierno optó por no arriesgarse en un campo que no era el suyo y en el que fácilmente podría equivocarse. Vale la pena recordar que nadie sabía de antemano a ciencia cierta cuáles serían las políticas más eficaces y adecuadas para combatir el virus. Suecia es un país que no ha vivido ninguna guerra en su territorio en más de un siglo y medio, y su población no está acostumbrada a las medidas prohibitivas o autoritarias. Suponiendo que se hubiese opuesto a la línea de Tegnell, para proponer una estrategia diferente y salir vivo de esa confrontación, el primer ministro socialdemócrata habría precisado un apoyo político que los votantes no le dieron.

También en la prensa extranjera se dijo que la meta de la estrategia sueca era generar «inmunidad de rebaño» contra el covid-19. Ello consistiría en no impedir que la población se contagie, de modo que la población que no pertenece a ningún grupo de riesgo contraiga el virus para desarrollar anticuerpos que la protejan contra futuras infecciones, y así generar una masa crítica de personas inmunizadas para frenar la propagación del virus entre la población. Pero lo cierto es que Tegnell ha desmentido que la inmunidad de rebaño haya sido parte de la estrategia sueca, que se basaba en las dos metas ya señaladas: proteger a los adultos mayores y asegurar que la cantidad de enfermos con necesidad de atención médica siempre se mantuviera por debajo de la capacidad de los servicios de salud. Esta estrategia sí asume que es imposible frenar por completo la propagación del virus y por eso propone, según explicó Tegnell, una manera de vivir con el virus.

Sobre la hipótesis de generar una inmunidad de rebaño se ha hablado mucho en Suecia. Uno de sus principales promotores ha sido el antecesor de Tegnell en el puesto de epidemiólogo de Estado, el ahora retirado Johan Giesecke, quien en reiteradas ocasiones afirmó que pronto se alcanzará.

En los comentarios de Tegnell es posible interpretar cierta ambivalencia con respecto a la importancia que le ha dado a la idea de la inmunidad de rebaño. En la Agencia de Salud Pública, el equipo de Tegnell hacía simulaciones para predecir cuándo se alcanzaría tal inmunidad. Y el 16 de abril, en una entrevista con la televisión noruega NRK, Tegnell afirmó que esos cálculos indicaban que la inmunidad de rebaño se alcanzaría en Estocolmo en mayo, aunque precisó que después habría que ver si eso se confirmaba o no. Luego de que un primer estudio indicara que tan sólo el 7 por ciento de la población de Estocolmo tenía anticuerpos contra el coronavirus, comenzó a hablarse menos de la inmunidad de rebaño.

FIN DEL CONSENSO

Las miradas desde afuera no parecían afectar en lo más mínimo la percepción de los propios suecos de que las cosas no iban mal. Las encuestas de opinión que se han hecho de manera regular han mostrado que la Agencia de Salud Pública ha gozado de un alto grado de confianza. El 22 de abril, el 60 por ciento de los encuestados (encuesta Kantar/Sifo) expresaba que las medidas que se habían tomado representaban un buen balance entre la salud pública y la economía, y una mayoría indicaba haber modificado sus hábitos (por ejemplo, el 86 por ciento afirmaba lavarse las manos más a menudo y el 69 por ciento decía haber disminuido sus actividades sociales), según las recomendaciones. Pero en las últimas encuestas ha aumentado la proporción de personas que estiman que en las medidas no se ha tomado en cuenta suficientemente la salud pública.

Desde hace un tiempo, en Suecia están bajando las muertes diarias y las internaciones en las salas de cuidados intensivos de personas con covid-19. Pero la experiencia del coronavirus ha dejado sus marcas. Por un lado, el consenso y el silencio político sobre las medidas para manejar la pandemia se han roto. Jimmie Åkesson, el líder del partido de extrema derecha Demócratas de Suecia, quien se mantuvo bastante callado durante todo el período en que se discutieron las medidas contra la pandemia, salió a pedir la renuncia de Tegnell y ya está hablando de que se ha perpetrado una masacre. La líder ultraconservadora de Demócratas Cristianos, Ebba Busch Thor, cuya batalla consiste en no quedar fuera del Parlamento nacional en las próximas elecciones, también consideró que el tiempo era propicio para tensar la cuerda y afirmó, en un debate televisivo en junio, que el gobierno había dejado que el virus se propagara de manera intencional.

En la cobertura mediática sobre el coronavirus en el país se ven algunos leves cambios y una tendencia hacia el cuestionamiento de la estrategia. En vista de los más de 5.700 muertos, ya hay muchas voces que consideran que es hora de hacer un balance. Una de ellas fue la periodista Nike Nylander, del programa televisivo Agenda. El 14 de junio, le preguntó al primer ministro Löfven si no dudaba del éxito de la estrategia sueca y subrayó que mientras que varios países europeos han vuelto a abrir sus fronteras, varias fronteras vecinas siguen cerradas para los suecos. Pero Löfven no paraba de repetir el caballito de batalla de Tegnell: es muy temprano para hacer evaluaciones.

Por Florencia Rovira Torres

desde Estocolmo 
31 julio, 2020

(Una versión anterior de este artículo fue publicada por Nueva Sociedad bajo el título «Suecia, el modelo que no fue».)

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Miércoles, 29 Julio 2020 06:18

Proyecciones preocupantes de la CEPAL

Proyecciones preocupantes de la CEPAL

Con información hasta el 30 de junio del 2020, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, actualizó el impacto regional de la situación económica, afectada por el receso derivado del COVID19. [1] Señala el informe, con base en el Banco Mundial, que “La economía mundial experimentará su mayor caída desde la […]

Con información hasta el 30 de junio del 2020, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, actualizó el impacto regional de la situación económica, afectada por el receso derivado del COVID19. [1]

Señala el informe, con base en el Banco Mundial, que “La economía mundial experimentará su mayor caída desde la Segunda Guerra Mundial y el producto interno bruto (PIB) per cápita disminuirá en el 90% de los países, en un proceso sincrónico sin precedentes”.

El dato es en sí mismo muy grave porque afecta al orden mundial emergente en la segunda posguerra, con preminencia del dólar y el poderío ideológico y militar de EEUU.

No se trata de un problema circunstancial, sino y más allá de la disputa con China, como hemos sostenido en varias ocasiones, se constituye en un problema civilizatorio, que trasciende a la economía. No es solo la dominación lo que se discute, sino que la propia supervivencia del planeta y la humanidad está en cuestión por la afectación de la Naturaleza.

Queda claro que, si el tema es global, entonces, la región nuestramericana se ve también afectada, más aún cuando el COVID19 toma a la región como epicentro.

No solo es Brasil o México los que preocupan, con casi 87.000 y 43.000 fallecidos respectivamente, sino que tomando muertes por millón de habitantes encabeza la lista Perú, seguidos por Chile y recién Brasil y México.

Enfatizo este dato, porque ambos países andinos, Perú y Chile, han sido destacados en el último tiempo como los “modelos económicos” a seguir, tomando sus procesos de liberalización económica como paradigmas a imitar.

Las consecuencias de la mercantilización se hacen notar ahora en la pauperización de la población y el deterioro de la salud pública, que recae sobre la población más desprotegida.

Proyecta el informe de CEPAL:

“para el conjunto de la región, una caída promedio del PIB del 9,1% en 2020, con disminuciones del 9,4% en América del Sur, el 8,4% en Centroamérica y México, y el 7,9% en el Caribe, sin incluir Guyana, cuyo fuerte crecimiento lleva el total subregional a una caída del 5,4%”.

En ese marco, es Sudamérica la zona más afectada, con datos por encima del promedio para Brasil con una baja del -9,2%, la Argentina con una caída del -10,5%, Perú del -13% y Venezuela en las peores condiciones del -26%.

Hay que destacar para el caso venezolano, que más allá de los problemas locales, las sanciones y el bloqueo estadounidense perjudican seriamente el funcionamiento económico.

Sobresalen algunos datos sobre la recesión en curso, en especial se menciona que:

“La producción industrial en México cayó un 29,3% interanual en abril, mientras que la actividad total de la economía en el mismo período disminuyó un 26,4% en la Argentina, un 15,1% en el Brasil, un 14,1% en Chile, un 20,1% en Colombia y un 40,5% en el Perú.”

No se trata de la especificidad de una economía, sino que a los problemas locales se suma una situación agravada mundialmente por el coronavirus.

Dimensión social del problema

El impacto es fenomenal para buena parte de la población en Nuestramérica.

“La fuerte contracción en 2020 se traducirá en una caída del PIB per cápita regional del 9,9%. Después de que hubiera prácticamente un estancamiento entre 2014 y 2019 (cuando el crecimiento promedio anual fue de solo un 0,1%), esta caída del PIB per cápita implica un retroceso de diez años: su nivel en 2020 será similar al registrado en 2010.”

Recordemos que, para la década del 80 del siglo pasado, la CEPAL popularizó la frase de la “década perdida”, a propósito de la crisis de la deuda mexicana de 1982 y las secuelas derivadas de la generalización de la hegemonía neoliberal.

Es la década, bajo el liderazgo de Fidel, en la que se intenta crear el Club de los países deudores, para enfrentar al de los acreedores, que estaba bajo la gerencia del FMI.

Se trataba del estancamiento económico en un decenio caracterizado por políticas de ajuste y reforma estructural, las que se generalizaron y popularizaron bajo el designio del Consenso de Washington en los 90.

Así se impusieron las privatizaciones, la desregulación, la liberalización y el aliento a la iniciativa privada con normas orientadas al ajuste fiscal.

Ese saldo se proyectó en el último decenio del Siglo XX como una “media década perdida”, que se sumaba a la anterior.

Los primeros 10 años del Siglo XXI aparecen como de repunte, con crecimiento y distribución del ingreso, producto de la combinación de precios internacionales de exportación en alza y una voluntad política para la mejora en la distribución del ingreso.

El clima de cambio político en toda la región indujo la extensión de las políticas asistenciales, más allá de la orientación a izquierda o derecha de los diferentes gobiernos.

Por eso, resalta el hecho que la CEPAL nos recuerde ahora que el 2020 lleva a la región al nivel registrado en 2010, por lo que consolida otra década perdida, que supone un impacto social regresivo en materia de empleo y pobreza, agravando y consolidando la desigualdad.

El mercado laboral será fuertemente impactado, al comentar la CEPAL que:

“…la tasa de desocupación regional se ubique en alrededor del 13,5% al cierre de 2020, lo que representa una revisión al alza (2 puntos porcentuales) de la estimación presentada en abril de 2020 y un incremento de 5,4 puntos porcentuales respecto del valor registrado en 2019 (8,1%).”

Afirma que:

“Con la nueva estimación, el número de desocupados llegaría a 44,1 millones de personas, lo que representa un aumento cercano a 18 millones con respecto al nivel de 2019 (26,1 millones de desocupados).”

Agrega que:

“Estas cifras son significativamente mayores que las observadas durante la crisis financiera mundial, cuando la tasa de desocupación se incrementó del 6,7% en 2008 al 7,3% en 2009 (0,6 puntos porcentuales).”

En rigor, no es novedad, ya que la OIT contempla una escalada del desempleo y la informalidad en el ámbito global, con mayor perjuicio hacia las mujeres y los jóvenes.

Así, en un marco de ofensiva del capital contra el trabajo, las condiciones de la recesión mundial y regional consolida la iniciativa capitalista que en la coyuntura aceleró una demanda demorada por el trabajo a distancia, remoto o teletrabajo.

Es parte de la búsqueda por disminuir el costo de producción laboral, transfiriendo a las trabajadoras y trabajadores parte del gasto en mantenimiento de los instrumentos y medios de trabajo.

Por eso no hay que sorprenderse que el mercado laboral haga evidente el costo en términos de ingreso y empleo que demuestran los datos de la CEPAL.

Más grave aún resulta el tema en términos de pobreza e indigencia.

“La CEPAL proyecta que el número de personas en situación de pobreza se incrementará en 45,4 millones en 2020, con lo que el total de personas en situación de pobreza pasaría de 185,5 millones en 2019 a 230,9 millones en 2020, cifra que representa el 37,3% de la población latinoamericana. Dentro de este grupo, el número de personas en situación de pobreza extrema se incrementaría en 28,5 millones, pasando de 67,7 millones de personas en 2019 a 96,2 millones de personas en 2020, cifra que equivale al 15,5% del total de la población.”

Señala el informe que:

“Los mayores incrementos de la tasa de pobreza (de al menos 7 puntos porcentuales) se producirían en la Argentina, el Brasil, el Ecuador, México y el Perú.”.

Para el caso de la Argentina, la pobreza extrema pasa de 3,8% al 6,9%, con una variación de 3,1 puntos porcentuales de crecimiento; y la pobreza pasa del 26,7% al 37,5%, con 10,8 puntos porcentuales de incremento.

Hace tiempo que la región nuestramericana llama la atención por los niveles de desigualdad, que son crecientes y este informe corrobora.

En esta ocasión no se difunden los datos de la concentración del ingreso y de la riqueza, que agravan la situación de inequidad que configura a Latinoamérica y al Caribe como el territorio de mayor desigualdad en el sistema mundial.

Propuestas de la CEPAL

Sostiene en el informe cuatro líneas de acción:

  1. a) un ingreso básico de emergencia como instrumento de protección social;
  2. b) un bono contra el hambre;
  3. c) el apoyo a las empresas y los empleos en riesgo;
  4. d) el fortalecimiento del rol de las instituciones financieras internacionales.

Parece poco, y discutible, para un diagnóstico tan crudo, aun cuando sustenta medidas urgentes que promueven buena parte de los perjudicados social y económicamente.

Son demandas, las tres primeras, que se sostienen desde las organizaciones sociales y políticas que agrupan en el territorio a los sectores más desprotegidos.

Las dos primeras son sugerencias para la emergencia social y la tercera apunta a contener el entramado de pequeñas y medianas empresas, incluso las “micro”, que son en conjunto, el principal sustento del empleo en todos los países.

Más difícil resulta la última, que remite a un fortalecimiento de organismos que debieran incluirse más como parte del problema que, como solución, más aún cuando detrás del diagnóstico aparece la dependencia financiera y el sobreendeudamiento de varias de las economías con problemas.

Sin ir más lejos, el caso argentino es paradigmático en la coyuntura, cuando se encuentra discutiendo el refinanciamiento de su deuda con grandes Fondos Financieros y con un FMI que hundió al país con un préstamo impagable que condiciona el presente y futuro de la economía y su pueblo.

Es tiempo de pensar en una perspectiva civilizatoria en contra y más allá del capitalismo.

Nota:

[1] CEPAL. Informe especial COVID19, 15/07/2020, en:  https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45782/1/S2000471_es.pdf

 

Por Julio C. Gambina | 29/07/2020 

Julio C. Gambina es presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP

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