Masiva marcha y paro en Quito contra el ajuste

Mientras el gobierno ecuatoriano pedía abrir el diálogo, por otro lado enviaba a la policía y los militares a reprimir, amparados en el toque de queda.

 Decenas de miles de personas marcharon a Quito en el marco del paro nacional contra el ajuste que lleva adelante el gobierno del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, siguiendo las recetas del FMI. La multitud estuvo encabezada por el movimiento indígena, pero también se plegaron sindicatos, estudiantes, colectivos de mujeres y organizaciones sociales. Mientras el gobierno pedía abrir el diálogo, por otro lado enviaba a la policía y los militares a reprimir. En un mensaje transmitido por la TV pública, Moreno manifestó su confianza en encontrar una pronta solución a las protestas. Continúa el toque de queda.

Miles de manifestantes llegaron desde la mañana a la capital de Ecuador, pese al toque de queda con el que el gobierno buscó detener la circulación en todo el país. El llamado principal a la jornada de paro nacional vino desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE). A ellos se sumaron estudiantes de secundarios, universidades, miembros de organizaciones sociales y políticas, así como el colectivo de mujeres. Muchos venían acamparon desde hace días en distintos puntos de Quito a la espera de la marcha del miércoles. Durante toda la jornada reclamaron la renuncia de Lenín Moreno y que dé marcha atrás al el ajuste que quiere aplicar con el apoyo del FMI. "Que se vaya el gobierno. Ha tenido suficiente tiempo para demostrar qué puede hacer por este pueblo y no ha hecho nada", señaló Diana Guanatuña, integrante de la comunidad indígena de Zumbahua, ubicada en la región andina de Ecuador.

Durante la noche del martes Moreno decretó el toque de queda que rigió hasta la mañana del miércoles. Pero aún antes de que entre en vigencia, policía y militares atacaron con gases lacrimógenos los campamentos de los manifestantes. No discriminaron entre hombres, mujeres, ancianos y niños, muchos de los cuales debieron ser trasladados a los hospitales cercanos. Ante estos hechos las universidades cercanas abrieron sus puertas para recibir a cientos de personas. Organismos de derechos humanos denunciaron la detención irregular de 83 personas, que fueron trasladadas a un cuartel de policía en Pomasqui, a las afueras de Quito. Recién hoy al mediodía pudieron acceder a una atención legal.

Ante la presencia de policías y militares apostados por todo el centro histórico de Quito, los manifestantes marcharon portando banderas de Ecuador y también la multicolor de los pueblos ancestrales. "Violento no es el pueblo que lucha sino el Estado que reprime", se podía leer en uno de los tanto carteles que portaban. También manifestaron su rechazo a Moreno, a la corrupción, el FMI y Estados Unidos. “Los grandes medios están diciendo que ya nos vamos, y no! Acá estamos y seguiremos! Somos un pueblo y una sola lucha”, manifestó en diálogo con el medio comunitarios Wambra, una militante indígena.

En el transcurso de la tarde, organizaciones de derechos humanos informaron que los hospitales no entregaban información sobre heridos. Alegaron que por el estado de excepción que rige en el país todos los datos debían pasar previamente por la Secretaria de Comunicación del gobierno. Estudiantes universitarios formaron brigadas de primeros auxilios para atender a los cientos de heridos que dejó el accionar policial. Se estima que durante la jornada más de 100 personas resultaron heridas. Las manifestaciones se replicaron en 21 de las 24 provincias del país. 

Lenín Moreno se trasladó desde Guayaquil a Quito donde lo mantuvieron al tanto del operativo seguridad. “Sin duda alguna, esto se va a solucionar muy pronto", dijo el mandatario en un video retransmitido por un canal estatal de televisión. Ministros de su gobierno buscaron apaciguar la situación convocando al diálogo. También lanzaron un plan de medidas orientado hacia el sector agrícola. Así lo anunció el Secretario General de la Presidencia, José Agusto Briones, que dio los detalles de los seis puntos que componen la medida: propone trabajar en sistemas de riego parcelario, reestructurar la deuda para aquellas asociaciones que no hayan podido pagar sus parcelas, un seguro agrícola, la condonación del 100% de deudas que se mantienen con la Secretaría del Agua, ‘kits’ tecnológicos y cuatro centros de acopio de productos. Briones sostuvo que se encuentran en diálogo con organizaciones sociales y esperan llegar pronto a un acuerdo, según el diario El Comercio de Ecuador. El gobierno también decidió paralizar el transporte de petróleo de uno de sus oleoductos principales, la mayoría del cual está destinado a la exportación.

Ecuador entró en estado de ebullición el jueves pasado, luego de que Moreno anunciara varias medidas económicas por decreto, haciendo que entren en vigencia de inmediato. También impulsó una reforma laboral que deberá ser discutida por el Congreso ecuatoriano. De estas medidas la que generó mayor rechazo fue la liberación del precio de los combustibles, vehiculizada a través de la quita de subsidios. El rechazo del pueblo ecuatoriano se da por una simple motivo: el aumento de los combustibles conlleva el aumento del precio del transporte público y de los alimentos de primera necesidad. Detrás de estas medidas está la mano del FMI. El gobierno de Moreno tiene pautado un préstamo por 4.200 millones de dólares con el organismo, a cambio de una reducción drástica del déficit fiscal.

El sector transportista respondió con un paro nacional que se prolongó durante dos días y estuvo acompañado por movilizaciones en todo el país. Moreno decretó el estado de excepción que le permitió hacer uso de las Fuerzas Armadas para reprimir la protesta social. También decretó el traslado de la sede de gobierno a Guayaquil, centro económico y ciudad más poblada del país. Las agrupaciones indígenas y movimientos sociales convocaron a un paro nacional para el miércoles. Las protestas continuaron llegando a su pico más alto el martes cuando los manifestantes lograron ingresar a la sede de la Asamblea Nacional. Esa noche Moreno decretó el toque de queda que duró hasta la madruga del miércoles.

 Hasta el momento, el saldo de la feroz represión que se empezó el jueves pasado es de aproximadamente 800 personas detenidas, centenares de heridos y dos fallecidos, según informaron organizaciones de Derechos Humanos.


El Gobierno de Ecuador propone una agenda de diálogo en un intento de desactivar las protestas

 

F. MANETTO

Quito 10 OCT 2019 - 02:13 COT

El Gobierno de Lenín Moreno propuso la tarde de este miércoles una agenda de diálogo a las organizaciones indígenas que llevan una semana encabezando las protestas por el alza del precio de la gasolina. Una marcha masiva, en la que participaron también cientos de estudiantes, sindicalistas y activistas, desfiló pacíficamente desde las once de la mañana por las calles de Quito, hasta llegar al centro de la capital. Allí, sin embargo, la jornada dejó también imágenes de duros choques entre un sector de los manifestantes y las fuerzas de seguridad, a las que achacan desde hace días episodios de represión y por los que ha reiterado su preocupación también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El secretario general de la presidencia, José Agusto Briones, ha ofrecido a las comunidades indígenas un plan con "seis ejes de acción en la ruralidad". El objetivo, ha dicho, consiste en "compensar los efectos del fin del subsidio a los combustibles" y generar nuevas oportunidades. El Gobierno, que plantea una mediación con la intervención de Naciones Unidas y de la Conferencia Episcopal, pone sobre la mesa, por ejemplo, facilitar el acceso al agua a través de un sistema de riego parcelario; reestructurar deudas de las organizaciones que no estén al día en los pagos del financiamiento de sus terrenos; financiar el seguro agrícola; o condonar el 100% de las multas impuestas por la Secretaría del Agua. Las autoridades también prometen construir centros de acopio y distribución de productos agrícolas, reabrir escuelas para distintos grados e incrementar el número de profesores bilingües.

Briones formuló esta propuesta horas después de que el presidente Moreno regresara a Quito desde Guayaquil, donde el pasado lunes, en medio de un clima de alarma social, había decidido instalar la sede del Gobierno. Este lanzó un mensaje a través de las redes sociales asegurando que el diálogo está cada vez más cerca y que la crisis se resolverá pronto. Sin embargo, el jefe de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Jaime Vargas, asegura que la lucha de las comunidades se mantiene de momento en la calle.

"He venido a la ciudad de Quito con el fin de extender mi mano y poderles manifestar que ya tenemos primeros buenos resultados con respecto al diálogo", mantuvo el mandatario. "Los ecuatorianos somos gente de paz, queridos amigos, estamos obteniendo los mejores resultados de diálogo con los hermanos indígenas. Sin duda alguna esto se va a solucionar muy pronto. Me alegro mucho de que todos en conjunto, tantos hermanos indígenas cuanto habitantes de todas las ciudades estén pensando fundamentalmente, en mantener la constitucionalidad, la democracia y la paz", continuó antes de dirigirse a la mayoría de manifestantes. "Hermanos indígenas, jamás les he ofendido, nunca les he ofendido, siempre les he tratado con respeto y cariño y ahora quiero hacerlo nuevamente. Darles un abrazo sincero de agradecimiento por haber llevado esta marcha en paz, por haberse librado de los elementos perniciosos. Esos nunca más volverán. Con ustedes siempre, queridos hermanos indígenas", cerró.

Moreno lleva días culpando a su antecesor, Rafael Correa, de estar detrás de las protestas al igual que Venezuela, aunque aún no ha presentado evidencias de ello. El expresidente sí se ha empleado en jalear las movilizaciones y ha pedido un adelanto de las elecciones por "conmoción social". Esta tarde, tras disolverse la gran marcha indígena, el centro de Quito, en las proximidades del palacio de Carondelet —sede del Gobierno— se convirtió en escenario de duros enfrentamientos entre grupos de manifestantes y las fuerzas de seguridad. En el corazón de la protesta, hay un sector que está dispuesto a negociar con el Ejecutivo, aunque en los últimos días uno de los lemas más escuchados en las manifestaciones que pedían su renuncia fue "¡Fuera, Moreno!".

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Crónica desde Quito, capital de la revuelta contra Lenin Moreno

La revuelta de los sectores populares e indígenas contra las medidas neoliberales del Gobierno de Lenin Moreno abre un nuevo escenario en el Ecuador post-Correa donde todo es posible.

 

El pasado jueves 3 de octubre, la dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) convocó, junto a sectores del sindicalismo tradicional, un paro nacional con el objetivo de expresar su discordancia respecto a las últimas medidas económicas establecidas por el Gobierno.

El anuncio de la Conaie conllevó el inicio de una serie de movilizaciones en distintas localidades del país y asambleas permanentes en territorios con fuerte presencia indígena bajo el objetivo de coordinar una gran movilización a Quito demandando la derogación del Decreto 883, que incluía el alza de precios de los combustibles en todo el país.

El antecedente de dicha medida se encuentra en los acuerdos establecidos por el Gobierno ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional (FMI), mediante el cual este organismo financiero multilateral exige a las arcas públicas una optimización económica del 1,5% de su PIB mediante reformas de carácter tributario a cambio de otorgarle algo más de 10.000 millones de dólares en concepto de financiamiento durante los próximos tres años.

El problema de desequilibrio económico del Ecuador no es nuevo: ya en 2016 —última fase de la década de mandato de Rafael Correa— existían informes que recomendaban un ajuste fiscal asertivo para preservar la estabilidad macroeconómica y financiera del país fruto del desequilibrio entre gastos e ingresos existentes en esta economía dolarizada desde inicio de siglo. El Gobierno correista decidió en aquel momento mantener en reserva dichos informes y no hacerlos públicos ante su población.

Dos opciones tuvo que manejar el Gobierno presidido por Lenín Moreno ante tales exigencias fondomonetaristas: o incrementar el IVA en tres puntos porcentuales —medida que según los medios de comunicación parecía ser la más probable y en principio más regresiva— o la que definitivamente fue aprobada.

A priori la opción tomada por el Gobierno ecuatoriano parecía ser la menos conflictiva. La escasa eficiencia de un modelo de subsidio que carecía de focalización y que mayormente beneficiaba a grandes empresas con alto consumo de combustible, grandes flotas de transporte y sectores de las élites económicas que disponen de más de un vehículo por unidad familiar, parecía ser la que menos rechazo social podría generar.

De esta manera el presidente Lenín Moreno decretó el fin de los subsidios, lo que implicó un notable incremento de precios de la gasolina “extra” —la más usada en el país— pasando el galón de 1,45 a 2,41 dólares. De igual manera la gasolina Eco País (extra con etanol) de 1,45 a 2.53 dólares y la Súper de 2,3 a 3,07 dólares.

La reacción inmediata fue el bloqueo de carreteras por parte del sector del transporte y de vías urbanas por parte de los taxistas, aunque al día siguiente se desconvocó el paro tras negociar con los huelguistas un incremento de tarifas. El sector del transporte está acostumbrado a acomodarse de forma sistemática a los distintos gobiernos que han transitado en el poder en Ecuador. Durante la época correísta llegaron incluso a legalizar una formación política en connivencia con el partido de gobierno y ocupar curules en el legislativo.

Sin embargo, por experiencia histórica, el pueblo ecuatoriano es consciente de que el incremento de precios del combustible afecta al bolsillo del conjunto de la sociedad sean propietarios o no de vehículos. Los precios de los productos básicos y los indicadores de inflación suelen ser afectados de manera indirecta por este tipo de medidas.

El descontento generalizado entre la sociedad no hizo cambiar la posición Lenín Moreno, quien ha manifestado de forma permanente que la liberalización del precio del combustible a costos internacionales es una política —entre otras— necesaria para el mejoramiento e las finanzas públicas y sobre la cual “no hay marcha atrás”.

Las organizaciones sociales ecuatorianas definieron las medidas económicas establecidas por el Gobierno como un “paquetazo” neoliberal, argumentando que forman parte de un modelo de políticas públicas que beneficia fundamentalmente a sectores empresariales, flexibiliza el mercado laboral y achica al Estado enviando al desempleo a cada vez mayor número de funcionarios públicos sin que estos sean posteriormente demandados por el sector privado.

Así las cosas, durante todo el pasado fin de semana se sucedieron movilizaciones y asambleas indígenas en gran parte del territorio nacional pese a que el Gobierno Nacional optó por declarar el estado de excepción buscando suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilios, libertad de tránsito, libertad de asociación y de reunión. Con movilizaciones cada vez de mayor afluencia en todos los territorios afectados por la convocatoria, las resoluciones fueron unánimes: se determinó una gran movilización indefinida en el conjunto del país en rechazo a las medidas económicas y en defensa de los territorios indígenas, ríos, agua, páramos, la justicia indígena, la educación intercultural, salud, transporte y radios comunitarias.

300 cortes de carretera

Los cortes de carretera se sucedieron por gran parte de la red vial nacional, llegándose a contabilizar 300 cortes de carreteras al mismo tiempo durante diferentes momentos del pasado sábado y domingo. En paralelo, el Gobierno intentó combinar dos estrategias disímiles. Por un lado, se intensificaba la represión bajo el eufemístico argumento del uso de la fuerza progresivo. Por otro, sus interlocutores buscaban desesperadamente el diálogo con los manifestantes intentando establecer propuestas de compensación a los sectores movilizados (créditos productivos a bajo tipo de interés, apoyo para la adquisición de maquinaria agrícola, reconocimiento de autoridades locales…). Nada sirvió, la dirigencia nacional de Conaie manifestó públicamente que el diálogo con el régimen está totalmente cerrado. “No habrá ningún acercamiento con ningún representante del Estado hasta que se revea el decreto que eleva el precio de los combustibles”, manifestaron de forma homogénea todos sus voceros. El conflicto se agudizó a lo largo y ancho de la geografía nacional, llegándose a retener en diversos territorios indígenas a unidades militares y policiales para posteriormente ser entregadas tras haberse liberado extraoficialmente a civiles detenidos en dichas comunidades. La Conaie, bajo el principio de autodeterminación de los territorios indígenas, también había declarado su estado de excepción, prohibiendo la entrada de infiltrados y grupos armados pertenecientes a los aparatos de seguridad del Estado.

Amaneció el lunes más tranquilo, los voceros del Gobierno Nacional —titulares de muy diversas carteras ministeriales— salieron a los medios de comunicación a autofelicitarse. El número de detenidos civiles ya sumaban más de 320 en aquel momento. De los 300 cortes de vías se había bajado a cincuenta, de igual manera el número de movilizaciones en diferentes localidades del país también había bajado… el paro indígena y las movilizaciones urbanas en diferentes partes del país aparentemente estaban en retroceso. “Se impone paulatinamente la normalidad”, llegó a aseverar en su ignorancia María Paula Romo, ministra del Interior. Sin embargo, la versión indígena era radicalmente distinta. Según Jaime Vargas, presidente de la Conaie, “la represión de la fuerza pública permitió la movimiento fortalecerse y coordinar con sus bases y otras organizaciones sociales en cada provincia para poder desplazarnos hacia la capital”.

Apenas un par de horas más tarde comenzaban los mensajes de alerta en la capital. La Policía Nacional y el servicio de inteligencia del Estado detectaban fuerte movimiento en carreteras desde las provincias indígenas de la Sierra Central hacía Quito. La reacción no pudo ser más desafortunada, el ministro de Defensa, un general del Ejército en servicio pasivo que responde al nombre del Oswaldo Jarrín amenazó directamente a los movilizados: “Que no se provoque a la fuerza pública, no la desafíen o sabremos responder…”. Estas declaraciones encendieron aún más los ánimos de los movilizados.

Durante todo el día de este lunes 7 de octubre llegaron diversos contingentes de indígenas a la capital ecuatoriana y de forma sorpresiva también a Guayaquil, segunda ciudad en importancia del país. En diversos barrios populares de la periferia quiteña los indígenas fueron recibidos con actos de solidaridad por los pobladores locales, pese a una fuerte campaña de desprestigio y racismo posicionada por influencers de perfil ideológico conservador en las redes sociales. Con los acceso de entrada a las ciudades altamente custodiadas por las fuerzas de orden público —militares y cuerpos de élite de la policía nacional— los enfrentamientos se sucedieron por doquier. Más manifestantes detenidos, más violencia en medio de llamados poco creíbles llamados al diálogo e incluso algún que otra tanqueta policial incendiada durante las reyertas.

Distintas puntos geográficos de la capital ecuatoriana se convirtieron en focos de conflicto entre movilizados y fuerzas del orden público. El presidente Moreno anunció una cadena televisiva gubernamental que fue tres veces aplazada y los periodistas destinados a cubrirla desalojados por los militares del palacio presidencial de Carondelet.

Las movilizaciones populares, tanto en Quito como en Guayaquil, se combinaron con actos de vandalismo protagonizados por grupos organizados que aprovechaban la protesta para sus fines delictivos. De igual manera, militantes políticos que responden a la tendencia correísta se infiltraron en las movilizaciones protagonizando asaltos de edificios públicos —Asamblea Nacional y Contraloría General del Estado— que fueron censurados por la Conaie y otras organizaciones sociales convocantes de la marcha. En otras provincias, los movilizados ocuparon instituciones públicas tales como la Gobernación o el Consejo de la Judicatura en la provincia de Bolívar. Las movilizaciones fueron permanentes en las provincias amazónicas y en la Sierra Central, todas ellas con fuerte ascendencia indígena.

A las 21 h del lunes por fin se produjo la tan esperada cadena nacional. El presidente Lenin Moreno, custodiado por su vicepresidente a la derecha y su ministra de Defensa a la izquierda, junto a los jefes de los diferentes cuerpos militares atrás, manifestaba —con cierto nerviosismo— que el pueblo ecuatoriano está asistiendo a un intento de “golpe de Estado” con asideros en un complot internacional. “El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización”, aseveró el mandatario ecuatoriano, insistiendo en que las medidas tomadas “no tienen marcha atrás” y que “los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el Gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático”.

Para sorpresa de los ecuatorianos la cadena nacional se emitió desde la ciudad de Guayaquil, lo que implica que el Gobierno Nacional abandonó el Palacio de Carondelet en la capital quiteña para, recordando lo que hizo Charles de Gaulle en mayo de 1968, instalarse en otra ciudad.  

La estrategia política y comunicacional del Gobierno de Lenín Moreno no pudo ser más desacertada. Nuevamente una escenografía de fuerza, el presidente de la República rodeado de militares, que realmente emitía comunicacionalmente toda su debilidad —un Gobierno sin base social que tiene un credibilidad inferior al 16%—. En paralelo, un confuso llamado al diálogo en medio de soflamas sobre que bajo ningún concepto se revisará el Decreto 883. Por último, una alerta sobre una supuesta trama internacional desestabilizadora tan poco creíble como las anteriormente posicionadas por Rafael Correa ante cada levantamiento indígena o paro obrero.

La noche quiteña fue larga, el vandalismo se apoderó de algunas zonas de la ciudad mientras manifestantes indígenas y estudiantes universitarios portaban carteles y pancartas cuya consigna era “Ni Correa ni Moreno”, buscando desmarcarse de la pretendida capitalización política correísta de las movilizaciones.

Con la situación al límite, los movilizados se repartieron para pasar en la noche en tiendas de campaña situadas en parques públicos, en coliseos universitarios y locales de organizaciones sociales.

Sectores sociales ciudadanos solidarios con los movilizados suministraron en la noche alimentos y mantas a los recién llegados, estudiantes universitarios de enfermería atienden a los heridos y el periodismo alternativo trata de hacer coberturas coherentes sobre el qué y el porqué de lo que demandan los movilizados. En paralelo, otros sectores de ciudadanos capitalinos expresan su miedo ante la algarabía y convocan para hoy una movilización de rechazo a las movilizaciones, supuestamente para defender Quito. Mensajes xenófobos corren por las redes sociales y líderes conservadores llaman a movilizarse supuestamente contra el correísmo, intentando a su vez desmarcarse oportunistamente de Moreno, pero claramente antagónicos a lo que consideran una invasión de su ciudad por parte de “indios ignorantes”.

Así amaneció el día hoy, martes 8 de octubre, un país donde en estos momentos todo puede pasar… Al cierre de la redacción de esta crónica, los movilizados comienzan a agruparse en zonas aledañas al centro de la ciudad Quito mientras van recibiendo nuevos contingentes de compañeros que van llegando a la capital.

Hoy posiblemente las movilizaciones serán calientes, mañana está convocada huelga general.

40 años de democracia, 7 presidentes y tres constituciones

El pasado 10 de agosto, Ecuador cumplió 40 años de democracia tras una dictadura militar que tuvo distintas fases políticas y que se extendió entre 1972 hasta 1979. En ese período se han desarrollado 11 contiendas electorales, tres constituciones —1978, 1998 y 2008— y una década de desestabilización política que comenzó con la caída Abdalá Bucaram y que perduró hasta la llegada de Rafael Correa a la poltrona presidencial del Palacio de Carondelet. Durante esa década Ecuador asistió a como siete personajes, cada cual políticamente más deplorable, cruzaron sobre su pecho la banda presidencial.

La década correísta estabilizó políticamente el país, si bien terminó decepcionando notablemente a la mayoría del pueblo ecuatoriano y desinstitucionalizando aun más Ecuador, tras haber implementado el predominio del poder Ejecutivo sobre los demás poderes del Estado.

La última fase de deterioro económico del país comenzó en el año 2014, momento en el que la caída de los precios del petróleo comenzó a golpear fuertemente a la economía nacional. Fue durante la última fase del Gobierno de Rafael Correa cuando el país comenzó a entregarse al Fondo Monetario Internacional. El Presupuesto General del Estado pasó de 44.300 millones de dólares en 2014 a 37.600 millones en 2016, el endeudamiento público —interno y externo— pasó de 2,8% del PIB en 2012 al 8,1% en 2016 y 9% en 2017, las urgencias por obtener financiamiento internacional hizo que el Gobierno correísta llegase incluso a negociar parte de la reserva nacional de oro con Goldman Sachs. Incluso se firmó un tratado de libre comercio con la Unión Europea y llegó a hipotecar el petróleo aun no extraído del subsuelo ecuatoriano con China y Tailandia.


publicado

2019-10-08 21:14

Publicado enCrisis Ecuador
Miércoles, 09 Octubre 2019 06:15

Moreno ordenó un toque de queda en Ecuador

Moreno ordenó un toque de queda en Ecuador

La medida se adoptó luego de que manifestantes tomaran este martes el edificio del Congreso al grito de "¡Fuera Moreno!" 

En medio de fuerte protestas contra las políticas de ajuste del gobierno, el presidente de Ecuador,Lenín Moreno ,  trasladó la capital de Quito a Guayaquil y decretó un toque de queda, entre las ocho de la noche y las cinco de la mañana en las cercanías de los edificios gubernamentales.

"No se podrá circular en horario de 20:00 a 05:00, de lunes a domingo, en áreas aledañas a edificaciones e instalaciones estratégicas", tales como edificios donde funcionan las sedes de las Funciones del Estado y otras que que decida el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas", dice el Decreto Ejecutivo 888 , firmado por el mandatario. Según el decreto, la prohibición de circulación se extenderá mientras dure el "estado de excepción", declarado la semana pasada por Moreno. En esa declaración, el mandatario dispuso que se extendía por 60 días; sin embargo, la Corte Constitucional lo limitó a 30 días. 

El decreto 888 se conoció luego de una creciente ola de protestas y paros que sucedieron el anuncio del tarifazo de combustible la semana pasada, protesta que alcanzó su pico máximo  cuando que un grupo de manifestantes i rrumpió, por unos minutos, a la sede del Parlamento, en Quito. 

El decreto fue comunicado en una conferencia de prensa conjunta del mandatario y los demás titulares de los poderes del Estado, quienes calificaron de "acciones conspirativas" las manifestaciones que se llevan a cabo en el país, principalmente en Quito. Acompañaron a Moreno los titulares de la Contraloría, Procuraduría, Consejo Nacional Electoral (CNE), Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) .

El decreto se firmó luego de que cientos de manifestantes tomaran este martes el edificio de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador al grito de "¡Fuera Moreno!", Luego de una hora, policías y militares pudieron desalojar a los manifestantes con gases lacrimógenos y detonaciones. Unos 10 mil miembros de colectivos indígenas procedentes de distintas regiones de Ecuador llegaron hasta Quito en la víspera de la huelga general del miércoles. Ante la masiva llegada de manifestantes y frente al riesgo de incidentes, Moreno había decidido trasladar la sede de Gobierno a Guayaquil el lunes por la noche.

Una vez que los manifestantes que llegaron a Quito lograron ingresar al hall del Parlamento, las fuerzas de seguridad empezaron a disparar gases lacrimógenos que permitieron el desalojo de los manifestantes, una hora más tarde. También se escucharon varias detonaciones en la cercana Avenida 6 de Diciembre, lugar al que llegaron vehículos blindados antimotines. En las inmediaciones del edificio también se agrupaban miembros de la Policía Montada. Si bien todavía no hay datos oficiales, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) alertó sobre los heridos por la salvaje represión a la protesta.

Frente a una nueva jornada de movilizaciones en el país, los colegios permanecieron sin clases y varios comercios cerraron sus puertas a partir del mediodía. La CONAIE y la principal central sindical del país, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), reiteraron la convocatoria de una gran movilización a nivel nacional, pero con epicentro en Quito, a realizarse este miércoles. La idea de los organizadores es marchar hacia el casco colonial y llegar al palacio presidencial de Carondelet.

Desde el jueves pasado, Ecuador vive una ola de protestas sin precedentes en los últimos años, originadas por una serie de medidas adoptadas por Lenín Moreno que incluyen la anulación del subsidio a los combustibles. Ante la masiva llegada de manifestantes, Moreno trasladó la sede de su Gobierno a Guayaquil, donde el martes por la mañana mantuvo una reunión con todos los poderes del Estado para analizar la difícil situación que atraviesa el país. El lunes, las protestas habían llegado a unos pocos metros de la llamada Plaza Grande, donde se encuentra la sede del Ejecutivo.

El presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, dijo que aún no han llegado a Quito todos los manifestantes, y que espera que estos alcancen mañana miércoles los 20 mil. A su vez, reiteró que el diálogo con el presidente Lenín Moreno está atado a la derogación del decreto con el que decidió la suba de los combustibles. 

"Esta lucha, esta marcha, este reclamo es del pueblo, aquí no hay banderas políticas, no hay dirigentes a título personal", declaró por su parte la dirigente nacional del pueblo Kayambi, Teresa Margarita Ulcuango. "La principal reivindicación hoy es que Lenín Moreno tiene que largarse, queremos un presidente del pueblo para el pueblo”, agregó.

Ulcuango cree además que el mandatario ecuatoriano cometió un "grave error" al abandonar el lunes la sede de Gobierno para viajar a la ciudad costera de Guayaquil. "Carondelet es la casa de los presidentes y ahí debe esperarnos, pero en el momento que abandonó nos la entregó, entonces llegaremos a la Presidencia, a nuestra casa y veremos qué vamos a hacer", dijo antes de gritar "¡Abajo Lenín Moreno, carajo!", acompañada por varios manifestantes.

La movilización indígena, que arrancó el fin de semana en varias provincias, bloqueó decenas de vías y desató violentos choques con los uniformados. En Quito, miles de manifestantes llegaron a copar dos puntos céntricos de la militarizada capital ecuatoriana. También durante las últimas horas hubo intentos de saqueo y ocupación de sedes oficiales, aunque la dirigencia de la CONAIE tomó distancia de los desmanes y dijo que esas protesta fueron infiltradas.

Desde el exterior, el expresidente Correa negó las acusaciones de golpismo con las que lo acusa el Gobierno y pidió el adelantamiento de elecciones ante lo que describió como una "grave conmoción social". "Aquí no hay golpismo. Los conflictos en democracia se resuelven en las urnas y es precisamente lo que pedimos: (...) adelantar elecciones", dijo. "Los golpistas han sido ellos, que han roto la Constitución cuantas veces les ha dado la gana", agregó. El exmandatario vive en Bélgica y enfrenta una orden de captura en Ecuador por un presunto delito que le endilga la fiscalía desde antes de que estallaran las protestas la semana pasada.

Las grandes protestas, inéditas en los últimos años de la historia ecuatoriana, dejaban hasta el martes el saldo de un muerto, 73 heridos y 570 detenidos, según cifras oficiales. Jaqueado por el alto endeudamiento y la falta de liquidez, Moreno desató la ira del pueblo ecuatoriano con la quita de subsidios acordada con el FMI como requisito para obtener créditos por 4.209 millones de dólares. Los precios de los combustibles llegaron a aumentar hasta un 123 por ciento. El grueso de los sindicatos también se manifestó contra las reformas laborales y tributarias que son exigidas por el organismo de crédito internacional.

Publicado enCrisis Ecuador
Lunes, 07 Octubre 2019 06:46

El FMI gobierna hoy en el Ecuador

El FMI gobierna hoy en el Ecuador

No ganaron las elecciones, el pueblo no los convocó, pero los técnicos del Fondo Monetario Internacional ordenan hoy el Ecuador en plena alianza con el gobierno de los empresarios. Pocos días antes del paquetazo de medidas económicas y laborales anunciadas por el presidente Lenin Moreno, ya la prensa comercial anunció que el FMI no daría el nuevo desembolso del crédito contratado si no se hacían las reformas desde el gobierno.

Y, una vez tomada la decisión, el FMI salió a dar su “apoyo” a la decisión gubernamental, como si la bendición del organismo multilateral la santificara.

Pero las medidas tienen el carácter de las recetas neoliberales: debilitar el Estado y fortalecer las grandes empresas; obligar a los pobres a pagar la crisis que causaron los poderosos y los benefició; hambrear a un pueblo entero para garantizar el pago de la deuda externa.

Ello se enmascara en discursos de transparentar las finanzas, de “poner la casa en orden” y, por supuesto, de sacrificarnos “todos” para lograr días mejores. Los gobiernos neoliberales en el momento de tomar medidas de este tipo dicen que hay que apretarse los cinturones por un tiempo, pero que a la vuelta está el paraíso. Este, pretende que no hay que apretarse los cinturones, que el incremento del precio de gasolinas y del transporte de alimentos y personas, no afectará a la población.

Que las medidas tengan relación directa con imposiciones colocadas sobre el país a cambio de deuda externa es uno de las causales de su ilegitimidad. Las condicionalidades que vienen con los desembolsos, que ponen obligaciones al Estado que se califica de soberano, los registros de avances en el que se entrega al FMI información que se mantiene oculta al pueblo, destruye cualquier sentido de la democracia.

Añádale las expresiones de Lenin Moreno en la ONU, llamando a la intervención contra el pueblo de Venezuela, la entrega de una base aérea en Galápagos para uso de naves de inteligencia de Estados Unidos (que el gobierno niega que sea una base, como si el imperialismo no hubiera ampliado su definición de las mismas), las salidas del Ecuador de Unasur y la OPEP, centros de integración Sur-Sur, y se tendrá el cuadro completo de un gobierno sumiso a intereses extranjeros, que pisotea la independencia del Ecuador.

Su alianza con la gran burguesía es natural pues este pequeño sector de la sociedad ecuatoriana se encuentra integrada, en relaciones constantes y permanentes, con las transnacionales y los intereses foráneos.

El paquete de medidas impuestas supuestamente traerá trabajo. Este fue el ofrecimiento del plan de gobierno de Alianza País, que se ha cumplido al revés. Según el ministro del Trabajo, Andrés Madero, en una comparecencia en la Asamblea Nacional señaló que solo desde diciembre de 2018 hasta febrero de 2019 se habían despedido a 11.820 trabajadores del sector público. Ahora se anuncia 10 mil despidos más.

Desde el sector privado la reducción de trabajadores también ha sido una constante, de manera grave en el sector de la construcción que es uno de los que más obreros contrata, pero cuya situación nada tiene que ver con las medidas económicas.

En Ecuador hay una contracción económica general, el PIB crece en un punto o menos, el consumo de las familias ha decrecido, el manejo económico lleva a muchos a buscar productos de primera necesidad en Colombia (por eso el paro reciente de la pauperizada provincia fronteriza de Carchi), de manera que no hay condición de crecimiento de empresas para consumo interno. De hecho, se habla de miles enfocadas en servicios y comercio que han quebrado, aumentando el desempleo.

En estas condiciones, el anuncio del gobierno no es más que demagogia y el pretexto para eliminar derechos laborales, incrementando la precarización laboral. Entre las medidas de este tipo, que empiezan con los nuevos contratos, están:

Los contratos ocasionales se renovarán con un 20% menos de remuneración. Se violan principios constitucionales que protegen los derechos adquiridos, se viola el principio de a igual trabajo igual remuneración y se permite la sobre explotación.

Los funcionarios públicos pasarán de tener 30 días de vacaciones a 15, como el sector privado, pero desconociendo que esos días eran una suerte de compensación porque el empleado público no recibe reparto de un reducido pedazo de las utilidades empresariales.

Trabajadores de empresas públicas aportarán mensualmente, como mínimo, un día de su salario. Más los 15 días anteriores y doce aquí, estamos hablando de un mes entero al año que se afecta y que, podría decirse trabajaran sin cobro (en los 15 días de vacaciones se recibía pago por vacaciones pagadas, no por días laborados).

A cambio, estas son las medidas para el sector empresarial:

Eliminación del anticipo del impuesto a la renta, que venían exigiendo al gobierno.

Eliminación o reducción de aranceles para equipo, maquinaria y materia prima, tanto agrícola como industrial, para que tengan “mayor competitividad”.

Eliminación de aranceles a la importación de teléfonos celulares, tabletas y computadoras.

Reducción y simplificación del Impuesto a la Renta al sector bananero.

Devolución de tributos a los exportadores para “dinamizar la economía”.

Reducción a la mitad del Impuesto de Salida de Divisas (ISD) para materias primas, insumos y bienes de capital.

Las empresas que perciben anualmente más de 10 millones de dólares “Pagarán por tres años una contribución especial, que totaliza más de 300 millones, que se destinarán exclusivamente para seguridad, educación y salud”, según anunció Moreno. Una mínima cantidad frente a los impuestos, intereses y multas que ya les perdonó con la remisión tributaria, con la que los Grupos Económicos se acogieron al pago de USD 801 millones, pero dejaron de pagar USD 987 millones (Jonathan Báez, ISIP, 2019), aunque hay estimaciones que sería mucho más, llegando a señalarse la cantidad total estaría por encina de los 2.000 millones de dólares.

Como se ve, la balanza de las decisiones del FMI y el gobierno tiene una clara identidad de clase. A ello se añade la liberación de los precios de las gasolinas y diésel, hasta hoy subsidiados. El inmediato aumento del transporte de carga y pasajeros implica otro golpe a la economía de los sectores populares y medios, pero no afecta a los industriales que pasan esos costos a los precios del consumidor.

En estas condiciones, se justifica la pronta reacción de la población para protestar. Principalmente convocados por sectores perseguidos por el anterior gobierno como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) que agrupa a las mayores centrales sindicales y a la Unión Nacional de Educadores, la Confederación de Nacionales Indígenas del Ecuador (CONAIE), el Frente Popular, la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUE), y otras, que han logrado gran respaldo social.

Junto a un paro de los gremios del transporte que inició a media noche del 2 de octubre, apenas a un día de anunciadas las medidas, dificultan el asalto a los intereses populares y conducen a que incluso sectores de derecha pretendan ser “comprensivos” con la respuesta popular que va en aumento. La lucha social apenas está iniciando.

“Se acabó el miedo, retomamos la lucha”, ha sido una expresión repetida en las calles y las redes sociales. Hoy el miedo pasó a las filas del gobierno que a primeras horas de la tarde del 3 de octubre dispuso el estado de excepción en todo el territorio nacional.

El decreto presidencial 884 tiene 10 artículos que, entre otras cosas, moviliza a las Fuerzas Armadas y la Policía para mantener el orden, suspende en todo el territorio nacional el ejercicio del derecho a la libertad de asociación y reunión, para impedir la conformación de aglomeraciones en espacios públicos durante las 24 horas del día, limita el derecho a la libertad de tránsito en todo el país “en los casos en que se atente contra los derechos y garantías del resto de ciudadanos” y se autoriza la requisición de bienes y de servicios.

La medida, altamente represiva y antidemocrática, es condición normal de las medidas impuestas por el FMI y los sectores empresariales de mayor poder. La injusticia de las decisiones gubernamentales se apoya en la reducción de derechos.

En las marchas y calles, se observa una gran agresividad de las fuerzas represivas del Estado, se arresta a personas que están amenazadas de juicios penales y se pretende amedrentar a la población. La paz social buscada por los gobiernos se ha roto en el Ecuador, ahora reinicia el tiempo de la lucha directa. “Se acabó el miedo, retomamos la lucha”.

6 octubre 2019

Publicado enCrisis Ecuador
Los manifestantes se concentran en una carretera de Bagdad para protestar contra la corrupción del Gobierno iraquí. (REUTERS/Alaa al-Marjani)

El martes se iniciaron protestas masivas y violentas en distintas ciudades de Irak contra la corrupción y el desempleo reinantes en el país. Los manifestantes son jóvenes en su mayoría, muchos menores de 20 años, que están condenados a una existencia pobre y gris. Los jóvenes, frustrados, solamente han conocido guerra y sanciones y aspiran vivir una vida mejor, algo que no parece que vaya a ser posible a corto y medio plazo.

 

Las calles de un gran número de ciudades iraquíes han visto esta semana protestas masivas y violentas principalmente de jóvenes, muchos de ellos menores de 20 años, en la incidencia más grave que tiene lugar en el país desde que se acabó con la insurrección del Estado Islámico en 2017. El número de muertos desde el martes se cuenta por decenas y el de heridos por centenas.
Las causas de este levantamiento espontáneo son variadas e incluyen desde la exigencia de que mejoren los servicios públicos de electricidad y agua al malestar creciente de los desempleados que no ven que ningún futuro, jóvenes que no han conocido más que el caos reinante en Irak desde que Estados Unidos invadió el país en 2003 y que en algunos casos dicen que echan de menos a Saddam Hussein y exigen la “caída del régimen”.

Como los jóvenes de todo el mundo, los iraquíes exigen soluciones rápidas para unos problemas estructurales, incluido el de la corrupción masiva, que son endémicos y no pueden resolverse de la noche a la mañana. El primer ministro chií Adel Abdul Mahdi, en el poder desde el año pasado, les ha advertido a través de un mensaje televisado que no existen “soluciones mágicas”. Es evidente que esos problemas continuarán indefinidamente con independencia de lo que suceda con las protestas.

Para disolver las protestas, la policía ha usado agua a presión, gases lacrimógenos, balas de goma y hasta fuego real, lo que explica el elevado número de bajas. Algunos manifestantes también han usado fuego real contra las fuerzas de seguridad. Además, el gobierno ha provocado un bloqueo casi total de las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, a través de las cuales los jóvenes se coordinan y donde cuelgan imágenes y mensajes que incitan a la población a participar en los caóticos disturbios. En algunos lugares como Bagdad se ha decretado el toque de queda.

La máxima autoridad religiosa chií, el gran ayatolá Ali Sistani, ha instado a las fuerzas de seguridad y a los manifestantes a que no usen la violencia, y ha criticado a los políticos por no haber sido capaces de emprender una lucha eficaz contra la corrupción que invade a casi todas las esferas del gobierno y de las administraciones periféricas. Sistani ha exigido al ejecutivo que adopte medidas de choque contra la corrupción “antes de que sea demasiado tarde”.

 “Los diputados son quienes tienen más responsabilidad en lo que está ocurriendo”, dijo Sistani en un sermón leído el viernes por uno de sus asistentes en una mezquita de Karbala. “El gobierno debe hacer lo posible para mejorar los servicios públicos, encontrar trabajo para los desempleados, acabar con el clientelismo, lidiar con la corrupción y enviar a prisión a los que estén implicados", añadió el gran ayatolá.

Algunos han querido ver en las protestas una variante de las primaveras árabes de 2011 que llega con retraso. Y en parte esta explicación tiene algo de acertado, especialmente en lo tocante a la corrupción y a la ausencia de expectativas, pero los iraquíes acuden regularmente a las urnas para elegir democráticamente a sus representantes. El país está sumido en un caos más grave que el de algunos otros países árabes donde se iniciaron las revueltas de 2011.

La situación de la "democracia" iraquí también puede interpretarse como la quiebra de unas instituciones que pretenden imitar las instituciones liberales occidentales cuando en Irak, como en otros países árabes, no se dan las circunstancias mínimas para que esas instituciones funcionen de una manera eficiente siguiendo el modelo occidental.

María Hurtado, portavoz de la Oficina de Derechos de la ONU, exigió al gobierno y a los manifestantes que se expresen libremente en el marco de protestas pacíficas. "Estamos preocupados por las informaciones en el sentido de que las fuerzas de seguridad han usado munición real y balas de caucho en algunas zonas, y también han disparado gases lacrimógenos directamente contra los manifestantes", dijo Hurtado.

Según la portavoz, las armas de fuego no deberían usarse nunca, "excepto como último recurso de protección ante una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves". "Todos los incidentes en los que las acciones de las fuerzas de seguridad han implicado muertes o heridos deberían investigarse rápida, transparente e independientemente".

Un tema relacionado con la corrupción que figura entre los motivos de las protestas es la reciente destitución del general chií Abdulwahab al Saadi, responsable de la unidad antiterrorista, un personaje muy popular en todo Irak, y no solo entre los chiíes, puesto que muchos lo ven como alguien no sectario y que no se ha manchado con la corrupción generalizada.

Las primeras protestas contra la destitución de al Saadi ocurrieron en Mosul, una localidad de mayoría suní. Los suníes aprecian al general porque consideran que fue una figura clave en el aplastamiento del Estado Islámico concluido en 2017. En Mosul también hay un notable resentimiento contra el gobierno de Bagdad porque prácticamente no se ha hecho nada para reconstruir la ciudad devastada por la guerra.

Irak tiene una población de 40 millones de habitantes. Tras décadas de guerras y sanciones ha echado a perder sus infraestructuras, muchas ciudades están arruinadas y las oportunidades de empleo son completamente insuficientes si se las compara con el crecimiento de la población. La producción de petróleo ha aumentado pero no basta para hacer frente a las necesidades del país.

JERUSALÉN

07/10/2019 07:32 Actualizado: 07/10/2019 07:32

Por EUGENIO GARCÍA GASCÓN

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Manifestantes y policía endurecen sus tácticas en las protestas de Hong Kong

La nueva ley contra las máscaras no solo no ha conseguido detener las protestas en Hong Kong; las ha empeorado. Dos días después de su entrada en vigor, decenas de miles de personas han salido a la calle a protestar contra la medida en tres grandes marchas en distintos puntos de la excolonia británica. La inmensa mayoría, en un gesto de desafío, llevaba máscaras o la cara cubierta de algún otro modo. Pero, tras comenzar de manera pacífica, grupos de manifestantes contra el Gobierno autónomo y contra China se han lanzado a una nueva ola de destrozos. La policía ha respondido con  cargas tras las que ha detenido a decenas de personas.

La jornada había comenzado con una derrota judicial para los opositores a la ley antimáscaras, la segunda en menos de 48 horas. Un tribunal de primera instancia denegó una petición de 24 legisladores de la oposición pandemócrata para que se impusiera una moratoria a la ley mientras se decide sobre su validez. La audiencia para analizar la legitimidad de la medida comenzará el próximo día 18, mientras tanto la prohibición continuará vigente.

Durante el día, continuaba aún la tensa atmósfera del sábado, cuando Hong Kong se levantó semiparalizado tras los fuertes choques de la noche del viernes —la medida entró en vigor esa medianoche—, con el metro completamente cerrado durante 24 horas por primera vez en su historia, numerosos comercios que no llegaron a abrir y destrozos aún visibles, especialmente en sucursales de bancos chinos. El cierre parcial de algunas líneas de metro, el principal sistema de transporte en esta ciudad de 7,4 millones de habitantes, continuaba el domingo; algunos de los centros comerciales más populares también optaron por prolongar su cierre.

Tras la decisión del tribunal, decenas de miles de personas desafiaron a la fuerte lluvia y los problemas de transporte para expresar su repulsa a una medida muy impopular: los manifestantes usan las máscaras para ocultar su identidad, pero también para protegerse del gas lacrimógeno. Con carteles en los que se leían mensajes como “los pacíficos y los bravos (los dos tipos en que se dividen a sí mismos los participantes en las protestas: moderados y radicales) lucharán siempre unidos”, entonaban el himno de las protestas, Gloria a Hong Kong, y gritos como “¡hongkoneses, rebelión!”

Muchos hacían, con una mano, el gesto chino para el número seis, con el puño cerrado y el pulgar y el meñique estirados, una alusión a lo que ya llaman su “sexta demanda”, la reforma o el desmantelamiento de la policía. Se suma así a las cinco previas: la retirada del polémico proyecto de ley de extradición que desencadenó las manifestaciones —la única a la que el Gobierno autónomo ha accedido—, la puesta en libertad sin cargos de los más de 2.000 detenidos, retirar la descripción de “disturbios” para las protestas, abrir una investigación independiente sobre el comportamiento de la policía y un verdadero sufragio universal.

Gradualmente, y como ha venido ocurriendo en los cuatro meses de protestas, la marcha pacífica se fue transformando en una serie de actos de violencia. Como en los últimos días, los bancos de propiedad china o los establecimientos de propietarios percibidos como simpatizantes de Pekín fueron el blanco preferido del vandalismo. Varias estaciones de metro sufrieron destrozos; alguna —la de Mong Kok, uno de los “puntos calientes” habituales de enfrentamientos entre movilizados y policía—- quedó completamente inundada.

Un taxista que golpeó a dos mujeres manifestantes con su vehículo en un barrio periférico fue atacado por los participantes. Un periodista de la televisión pública hongkonesa sufrió quemaduras en la cara cuando un cóctel molotov prendió el poncho de plástico que llevaba para protegerse de la lluvia.

Por primera vez, y después de que hubieran circulado en las redes algunas imágenes en las que antidisturbios hongkoneses parecían entrar en el cuartel de las tropas chinas en Hong Kong, en el acomodado barrio de Kowloon Tong, un grupo de manifestantes intentó acercarse al acantonamiento y apuntarlo con luces láser. Los soldados respondieron con una banderola de advertencia: si los jóvenes no se dispersaban, podrían ser arrestados.

La policía respondió con dureza al giro violento de las protestas, con gases lacrimógenos, balas de plástico y cañones de agua a presión y decenas de personas fueron detenidas. La operación de búsqueda y captura continuó durante la noche: a las nueve, las líneas de metro operativas cerraban definitivamente hasta el lunes. En puestos de control, los antidisturbios paraban los autobuses y registraban a los pasajeros, especialmente a los jóvenes, en busca de indicios de que hubieran participado en las movilizaciones.

En un comunicado en su página de Facebook, la policía acusaba a los manifestantes de intentar tomarse “la justicia por su mano”. “Las atrocidades perpetradas por los autores de los disturbios están por debajo del mínimo aceptable en cualquier sociedad civilizada. La policía advierte a los autores de disturbios que detengan todos sus actos ilegales y expresa su más fuerte condena contra todos los actos violentos de los alborotadores”.

Por Macarena Vidal Liy

Pekín 7 OCT 2019 - 01:02 COT

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Nobel de Medicina para los descubridores de un mecanismo en la respiración celular clave en la lucha contra el cáncer

- Son William G. Kaelin Jr, Gregg L. Semenza y Peter J. Ratcliffe, premiados "por sus descubrimientos sobre cómo las células perciben y se adaptan al oxígeno disponible"

- Sus estudios han allanado el camino, escribe la Academia, para futuros avances en la lucha contra enfermedades como la anemia y el cáncer

 

El Nobel de Medicina y Fisiología 2019  ha sido anunciado este lunes: los galardonados son los científicos William G. Kaelin Jr, Gregg L. Semenza y Peter J. Ratcliffe "por sus descubrimientos sobre cómo las células perciben y se adaptan al oxígeno disponible". Lo ha comunicado el Instituto Karolinska de Estocolmo este lunes.

Los tres científicos han logrado con sus estudios "identificar la maquinaria molecular que regula la actividad de los genes en respuesta a los niveles cambiantes de oxigeno", dice el Instituto. Los dos primeros son estadounidenses y el tercero británico –nombrado Sir–.

"La importancia fundamental del oxígeno se ha entendido durante siglos, pero se desconocía cómo las células se adaptaban a los cambios en los niveles de oxígeno", explica el Instituto, pero estas investigaciones "revelan los mecanismos moleculares" que subyacen en cómo las células se adaptan a la variabilidad de oxígeno. Es un  proceso central en un gran número de enfermedades, por lo que los estudios de Kaelin, Semenza y Ratcliff prometen "nuevas estrategias", escriben, en la lucha contra la anemia o el cáncer.

Kaelin, nacido en 1957 en Nueva York, es especialista en medicina interna y oncología, su compatriota Semenza es asimismo neoyorkino, nacido 1955, y es pediatra. El británico Ratcliffe nació Lancashire en 1954 y es experto en la nefrología.

El anuncio del galardón de Medicina abre la ronda de anuncios de los Nobel, al que seguirán en los próximos días los correspondientes a Física, Química, Literatura –que este año doble por no haberse entregado el año pasado tras un escándalo por abuso sexual–, de la Paz y de Economía. En 2018, los premiados en Medicina y Fisiología fueron Tasuku Honjo (Japón) y James Allison (EEUU) por el hallazgo "de la terapia contra el cáncer por la inhibición de la regulación inmune negativa". 

Los premios son entregados el 10 de diciembre, aniversario de la muerte de su fundador, Alfred Nobel, en una doble ceremonia en el Konserthus de Estocolmo y en el Ayuntamiento de Oslo, para el de la Paz. Todos los premios llevan incluida una dotación económica, que este año asciende a 9 millones de coronas suecas (831.000 euros, 912.000 dólares), a repartir en caso de más de un galardonado.

eldiario.es  

07/10/2019 - 11:45h

Las movilizaciones de indígenas en Ecuador se radicalizan con la retención de medio centenar de militares

Los campesinos e indígenas continúan con las movilizaciones a pesar del anuncio de los transportistas de levantar el paro nacional

 Los grupos indígenas y organizaciones sociales de Ecuador han decidido mantener las protestas por el alza del precio de las gasolinas decretada por el Ejecutivo. A media tarde de este sábado, había 47 militares retenidos por grupos indígenas en Alausí, en la provincia de la sierra andina de Chimborazo. A la vez, la confederación indígena Conaie ha enviado un comunicado donde declara el estado de excepción en sus territorios ante la "brutalidad y falta de conciencia de la fuerza pública" y en "ejercicio de su derecho a la autodeterminación".

Los militares están retenidos hasta que el Gobierno derogue el decreto en el que se suprime la ayuda estatal a la gasolina diésel y extra. Son nueve oficiales y 38 voluntarios, confirman fuentes militares. También hay cinco policías. Tenían la misión de reforzar la seguridad en la carretera Panamericana Sur, que está bloqueada en varios puntos, según recoge el diario local El Comercio. Hasta ahora no hay pronunciamiento oficial.

A diferencia de los transportistas, quienes anunciaron este viernes el levantamiento del paro nacional, el Colectivo Unitario Nacional de Trabajadores, Indígenas, Organizaciones Sociales y Populares ya habían asegurado que continuarán con las movilizaciones y con la convocatoria de huelga general para el próximo 9 de octubre hasta que el presidente Lenín Moreno rectifique y reinstaure el subsidio a los combustibles.

"Llamamos a todos los trabajadores del campo y la ciudad, mujeres, juventud estudiosa, jubilados y amas de casa a unirnos este miércoles 9 de octubre a la gran huelga nacional y paro del pueblo para combatir el paquetazo neoliberal con el cual premiaron a la oligarquía y al FMI en contra de los trabajadores y el pueblo", ha convocado Mesías Tatamuez, presidente de turno del Frente Unitario de los Trabajadores, por escrito. El bloqueo de carreteras, la falta de transporte público y los enfrentamientos con las autoridades se han mantenido este sábado, aunque en un ambiente menos violento, hasta la retención de los militares, que durante las dos primeras jornadas de las protestas.

Moreno decretó el pasado jueves el estado de excepción en todo el país para desplegar a policías y militares en los puntos más conflictivos con el objetivo de impedir el cierre de carreteras por parte de los manifestantes. “Con estado de excepción o sin estado de excepción, no nos van a amedrentar las amenazas de prisión para los luchadores sociales que buscamos un cambio", ha advertido el colectivo que representa a indígenas y trabajadores, en referencia a los 350 arrestados en dos días y la detención de varios dirigentes de los transportistas. La paralización de servicios públicos en Ecuador está castigada en el Código Penal con hasta tres años de cárcel.

Como los transportistas, las organizaciones sociales están en contra de que se retire el subsidio estatal a las gasolinas diésel y extra, aprobado por el Gobierno con el fin de que el Fisco se ahorre 1.400 millones de dólares anuales. La medida, que está en vigor desde el jueves pasado, y que ha sido ratificada en varias ocasiones por el Ejecutivo es parte de un paquete de ajustes económicos con los que el mandatario ecuatoriano quiere corregir las estrecheces fiscales que han ido asfixiando su gestión desde hace casi dos años y medio.

Además del paquete de incentivos fiscales para los sectores productivos, la propuesta de Moreno introduce nuevas modalidades de contratación laboral temporal que también han inquietado a las organizaciones sindicales. Sin embargo, el punto de mayor fricción es la eliminación de la ayuda estatal al consumo de gasolinas. "No permitiremos el alza de los pasajes", han reprochado los manifestantes. "Nuestra lucha va mucho más allá del paquetazo; es también por un gobierno popular que atienda las necesidades de las mayorías". El ministro de Transporte, Gabriel Martínez, ha reconocido que se está estudiando una "revisión técnica al alza" de los pasajes de transporte público interurbano e interprovincial.

Pese al anuncio del cese de movilizaciones de los gremios transportistas, el servicio no se ha normalizado completamente en varias ciudades del país. En Quito y en Guayaquil, las dos más pobladas, aún había rutas internas suspendidas y la venta de billetes no se ha restablecido para todas las líneas. Además, el municipio de la capital ha emitido un comunicado aclarando que los precios de los billetes aún no han sido modificados oficialmente, para contrarrestar el encarecimiento irregular que ya ha comenzado a detectarse.

Guayaquil 5 OCT 2019 - 18:42 COT


Ecuador: crece la bronca con Moreno y el FMI

El movimiento indígena, organizaciones sociales y sindicatos de trabajadores de Ecuador convocaron a un paro nacional, mientras mantienen las movilizaciones en todo el país. Exigen que el presidente, Lenin Moreno, dé marcha atrás con la liberación del precio de combustibles y las medidas de ajuste que impulsó su gobierno , con el aval del FMI. Todavía rige el estado de excepción, decretado por Moreno, para que las Fuerzas Armadas contengan la protesta social.

Continúan las movilizaciones y cortes de calles y rutas en todo el territorio ecuatoriano. La protesta social desembocará en un jornada de paro nacional anunciada para el miércoles próximo, según informó el vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), José Villavicencio. “Las organizaciones sociales ratificamos la convocatoria para la gran huelga nacional el próximo 9 de octubre, sin dejar de renunciar a las actividades que se están dando en las diferentes provincias”, expresó en diálogo con Telesur. Por su parte, el presidente de la FUT, Mesías Tatamuez, subrayó la indignación del pueblo ecuatoriano contra las medidas anunciadas por Moreno y planteó que ese paquetazo es un premio a empresarios, a la banca, y cumple las recetas del Fondo Monetario Internacional.

En el mismo sentido se manifestaron los pueblos originarios agrupados en la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie). "Hemos convocado a la movilización nacional indefinida. Hasta este momento estamos movilizados en cada uno de nuestros territorios pero, muy pronto, se movilizarán todos los pueblos a nivel nacional”, explicó el presidente de la agrupación Jaime Vargas. Pero ese no es el único reclamo que tienen los pueblos originarios ecuatorianos. “La Conaie protesta también contra la minería, la explotación petrolera y en defensa del derecho a la justicia indígena, por la educación intercultural bilingüe”, aseguró Vargas.

El martes Lenin Moreno decretó la liberación del precio de los combustibles, lo que generó aumentos de hasta el 123 por ciento. El precio del galón (casi 4 litros) de diésel pasó de 1,03 dólares a 2,27, mientras que la gasolina "extra", la de mayor consumo en el país, aumentó de 1,85 a 2,30 dólares, encareciendo toda la producción. La medida generó movilizaciones en todo el país, que fueron fuertemente reprimidas por la policía. El saldo hasta el momento, según datos oficiales, es de 379 detenidos.

Desde el miércoles se desarrolló un paro de transporte que fue levantado en el día de ayer, luego de que entidades representantes del sector entregaran un petitorio al gobierno para que permita el aumento de tarifas. De esa manera buscan aliviar los efectos de la suba en el precio de los combustibles. El ministro de Transporte, Gabriel Martínez, había indicado que se analizaba recomendar a las compañías de transporte urbano e interurbano la fijación de tarifas para lograr un equilibrio en el precio. El Ejecutivo controla el costo de pasajes de autobuses interprovinciales, mientras que el de los urbanos y de taxis corresponde a los municipios.

El líder de la Conaie, la mayor organización ancestral del país, se mostró molesto por la decisión de los transportistas. "No sé a qué están jugando, pero no entendemos a esa gente porque ellos buscan simplemente ingresos económicos de ellos, los bolsillos de ellos; nuestro interés no va por ese camino", afirmó Jaime Vargas. Las agrupaciones de pueblos originarios están en coordinación con estudiantes, jubilados, campesinos, agricultores y artesanos, así como sindicatos de trabajadores y otras organizaciones sociales, aseguró Vargas.

Desde el viernes rige en Ecuador el estado de excepción, decretado por Lenin Moreno. El líder de la Conaie aseguró que no sienten temor por lo que podría generar esta medida. "Los que creen que están bien, tendrán miedo, pero los que sentimos que están atropellando nuestros derechos, con o sin estado de excepción, la resistencia continúa", subrayó.

La Asamblea Nacional espera que el ejecutivo envíe en breve el proyecto de ley donde se determinen nuevos ajustes, entre ellos una reforma tributaria y laboral. Una vez ingresado, el proyecto será tratado por la Asamblea donde Moreno perdió la mayoría por su ruptura con los legisladores de Revolución Ciudadana, que responde a Rafael Correa. Desde este partido ya manifestaron que no apoyará la reforma económica. “Nuestro partido jamás se prestará para retroceder en derechos en contra de los trabajadores”, afirmó el legislador Juan Lloret. La Asamblea Nacional tiene un plazo de 30 días para analizar el proyecto que ingresará con carácter de urgente. En caso de no obtener su aprobación, la Constitución permite al ejecutivo publicar la ley mediante un decreto.

Página12

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Hong Kong prohíbe el uso de máscaras en las manifestaciones

La Jefa del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, ha anunciado este viernes en rueda de prensa la ilegalización desde esta medianoche del uso de máscaras con las que los manifestantes ocultan su identidad durante las protestas que se han sucedido en la ciudad en los últimos cuatro meses.

Para ello, el Gobierno echará mano de una ley de emergencia que constituirá como delito el uso de máscaras para intentar "restaurar el orden", según ha dicho Lam, quien ha añadido que "la ley no implica que Hong Kong esté en estado de emergencia", sino que "las protestas son cada vez más frecuentes y violentas, y la gente está preocupada".

"Esperamos que la ley pueda tener un efecto disuasorio", ha dicho Lam al especificar que la ley "apunta a las personas que han recurrido a la violencia". Defiende que tomar la decisión de aprobar este tipo de legislación "no ha sido fácil, pero necesario" y aclara que se trata de una legislación subsidiaria que se presentará en el Consejo Legislativo el 16 de octubre para que los legisladores puedan modificarla, pero ya después de haber sido implementada.

Asimismo, Teresa Cheng, Secretaria de Justicia, indica en la comparecencia del Ejecutivo ante la prensa que la legislación "no socavará las libertades de las personas, que pueden asistir a reuniones, siempre y cuando no utilicen máscaras".
La ley contempla sentencias de hasta un año de prisión y multas de hasta 25.000 dólares hongkoneses (3.188 dólares), especifica el Secretario de Seguridad del Ejecutivo hongkonés, John Lee Ka-chiu.

Para Lee, "la medida ayudará a los agentes de la Policía recolectar información", dado que "en los últimos cuatro meses la mayoría de la gente que ha participado en incidentes violentos usaba máscaras para ocultar su identidad con el objetivo de lanzar cócteles molotov y causar daños a edificios públicos".

Sin embargo, la prohibición puede avivar aún más las protestas en la ciudad financiera, ya que cientos de personas ya se han echado este viernes a las calles del distrito financiero de Central para protestar contra esta ley coreando eslóganes como "Hong Kong, resiste".

Las protestas en Hong Kong, que se convirtieron en masivas en junio a raíz de una polémica propuesta de ley de extradición, se han sucedido durante casi cuatro meses y han mutado hasta convertirse en un movimiento que busca una mejora de los mecanismos democráticos que la rigen y una oposición al autoritarismo de Pekín.


No obstante, algunos manifestantes han optado por tácticas más radicales que la protesta pacífica y los enfrentamientos violentos con la Policía son habituales.

04/10/2019 - 11:03h

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Martes, 01 Octubre 2019 05:55

Y Lula dice no a la trampa

Y Lula dice no a la trampa

No hubo sorpresa, y se abrió un ventanal de expectativas a partir del anuncio de Lula, divulgado en la tarde de hoy a través de una carta manuscrita, de que no acepta pasar al régimen semiabierto, como lo solicitaron los fiscales de la ‘Operación Lava Jato’.

Para Lula, lo único aceptable es que sea declarado inocente. Nada más le interesa.

Reiterando lo que dice desde que fue condenado en un juicio claramente manipulado, Lula escribió que no cambia su dignidad por su libertad.

 ‘Lo que los fiscales realmente deberían hacer es pedir disculpas al pueblo brasileño, a los millones de desempleados y a mi familia, por lo mal que hicieron a la democracia, a la Justicia y al país’, disparó, para luego reivindicar que ‘frente a las arbitrariedades cometidas por los Fiscales y por Sergio Moro, le toca ahora a la Corte Suprema corregir lo que está mal, para que haya Justicia independiente e imparcial’.

Con lo que Lula anticipó ayer, sin esperar la decisión de la jueza encargada de su caso, Carolina Lebbos, el esfuerzo llevado a cabo por los fiscales encabezados por Deltan Dallagnol cae por tierra. La idea era cambiar el régimen de prisión de Lula antes de que la Corte Suprema adopte alguna decisión, digamos, más radical.

Al mismo tiempo, Lula abrió espacio para una discusión jurídica con poquísimos precedentes: ¿puede un preso rehusarse al cambio de régimen de prisión previsto en la ley?

Hay divergencias sobre si se trata de una determinación o una concesión legal. Son poquísimos antecedentes de presos que se rehusaron a la mejora de las condiciones de prisión y cuando ocurrieron han sido siempre bajo el argumento de temer por su vida en caso saliesen de la cárcel.

Juristas recuerdan que lo que el preso puede es negarse a aceptar condiciones impuestas por el magistrado responsable, como la obligación del uso de una tobillera electrónica.

La decisión de Lula presiona a todos los involucrados: si le impone el uso de la tobillera, Carolina Lebbos concede la posibilidad de que él se niegue a acatarla. Con eso se justificaría su permanencia en prisión y, a la vez, se aseguraría espacio para que siguiese exigiendo la anulación del juicio que lo condenó.

Pero si no hay imposición alguna y se lo fuerza a pasar al régimen semiabierto o, en caso extremo, a prisión domiciliaria, Lula dirá que se vio obligado a aceptarla por respeto a la ley, mientras seguirá luchando hasta que se haga justicia y él logre probar su inocencia.

A la vez, Lula impuso nueva presión sobre el Supremo Tribunal Federal, cuya omisión lo transformó en cómplice de todas las irregularidades cometidas por el entonces juez Sergio Moro y los fiscales por él teleguiados.

La defensa de Lula reivindica que se declare sospechosa la conducción del juicio a Lula, con énfasis en las conductas de Sergio Moro y Deltan Dallagnol. También ingresó con un pedido de hábeas corpus favorable al ex presidente declarando la parcialidad de Moro, pidiendo la anulación del juicio y la inmediata liberación de Lula.

La suma de todos esos movimientos indica que la jugada de Lula no es exactamente arriesgada, ya que él no tiene mucho que perder.

Al contrario, ha sido una jugada magistral. Al negar un beneficio insistiendo que no acepta otra cosa que ser declarado inocente, refuerza su discurso de siempre. Si le imponen el beneficio, dirá que él sí, respeta la ley, al contrario de sus verdugos.

Con eso, aumenta y mucho la presión sobre los integrantes de la hasta ahora muy omisa Corte Suprema brasileña.

Ahora, a ver cómo se portan los integrantes de la instancia más elevada de la Justicia en Brasil, si con o sin dignidad.

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