Sábado, 11 Enero 2020 06:47

"El modelo es de abuso y de desigualdad"

La explosión popular en Chile originó una violenta represión y una apertura posible.  Imagen: AFP

Entrevista a Víctor Osorio Reyes académico y periodista chileno

El debate por la nueva constitución, la primera escrita y votada en democracia, es también por el modelo de Chile, más igualdad y más derechos.

 

Para el presidente Sebastián Piñera, Chile era el “oasis de América latina”. Sin embargo la enorme desigualdad que sustenta su modelo económico terminó explotando en las calles. Las protestas comenzaron el 18 de octubre con miles de estudiantes saltando los molinetes del subte para rechazar el aumento del pasaje. Como en efecto dominó la población se movilizó a lo largo de todo el país haciendo oír sus reclamos. La fuerza del estallido social fue tal que hoy Chile se encuentra inmerso en un proceso de reforma constitucional. El 26 de abril los chilenos podrán participar de un plebiscito para decidir si quieren o no una nueva Carta Magna. “Necesitamos una nueva constitución que garantice más democracia y derechos sociales”, dice en diálogo con Página/12 el académico y periodista chileno Víctor Osorio Reyes. Director ejecutivo de la Fundación Progresa creada por Marco Enríquez-Ominami , Osorio Reyes fue uno de los principales dirigentes del movimiento estudiantil durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. También fue ministro de Bienes Nacionales en la segunda presidencia de Michelle Bachelet.

--¿Cómo evaluá el proceso de reforma constitucional que se abrió en Chile?

--Es un paso adelante por que se se hace cargo de una demanda fundamental de la ciudadanía, que es la necesidad de tener una constitución escrita en democracia. No obstante lo anterior, el acuerdo político que dio origen al proceso constitucional, adolece de problemas fundamentales. En primer lugar el hecho que sea un acuerdo adoptado por arriba, entre la élite política dirigente del país. Esto explica por qué la ciudadanía en forma muy significativa ha expresado críticas. Es un acuerdo que se adoptó sin la participación de la ciudadanía ni de los movimientos sociales. Lo llevó adelante la derecha en negociación con una parte de la oposición política. Otro gran problema de la normativa que rige el proceso constitucional es que se necesitarán dos tercios de los votos de la asamblea constituyente para aprobar los artículos de la próxima carta magna. Eso es un quórum restrictivo que le otorga a la derecha un poder de veto enorme. Necesitamos una nueva constitución pero que garantice más democracia y derechos sociales. Y eso no está garantizado. Sin embargo pensamos que es necesario participar en el plebiscito y en la elección de los futuros constituyentes. Pero también es fundamental que la ciudadanía continúe en las calles por qué sin la movilización no se van a poder correr los límites de lo posible en Chile.

--Qué sectores quedaron por fuera del acuerdo?

--En primer lugar, existe un espacio de articulación de diversas organizaciones llamado "Mesa de Unidad Social" que ni siquiera fue convocado. Allí están parte significativa de las expresiones organizadas de la sociedad civil, empezando por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). No fueron consideradas. En segundo lugar hay todo un proceso que se ha venido desarrollando al calor de la movilización, de los cabildos ciudadanos, un intercambio comunitario que tampoco se tomó en consideración. Y en tercer lugar desde el punto de vista de oposición política hubo un amplio sector no convocado, como el Partido Comunista, Partido Progresista y una parte del Frente Amplio. Lo que hizo la élite política fue convocar a ciertos sectores a firmar un acuerdo que ya estaba diseñado. En 48 horas, sin que quede registro del debate, se produjo un acuerdo limitado y restringido que ahora rige el proceso constituyente.

--Actualmente se está dando una discusión para definir la paridad de género dentro de la Asamblea Constituyente y que se garanticen bancas para los pueblos originarios y los candidatos extrapartidarios. ¿Cómo ve ese debate?

--Bueno, eso es sorprendente. Una vez aprobada la ley que regula el proceso constituyente, se descubrió que había falencias, como el hecho de que no se establecieron criterios para la participación de esos tres sectores que mencionás. Además la ley señala que la elección de los constituyentes se va a realizar de acuerdo a las actuales normas electorales. Eso significa que un candidato extrapartidario, independiente, prácticamente no tiene ninguna posibilidad de ser electo convencional constituyente. Hasta este momento no hay claridad de que estos problemas vayan a ser corregidos. Además hay otros problemas: el plebiscito que se va a realizar en abril es con voto voluntario. Ese tipo de voto, en sociedades con bajo nivel de politización, está comprobado que beneficia a la elite económica y social. Lo paradójico es que al final de todo el proceso, si se se redacta la nueva Constitución, va a haber un plebiscito de salida para rechazarla o aprobarla. Pero esa elección es con voto obligatorio. Como no veo una justificación técnica o jurídica para que haya voto voluntario al comienzo y obligatorio al final, tengo que interpretar que hubo un móvil político: el voto voluntario favorece a la derecha.

--En las calles parece manifestarse un descreimiento en la política de amplios sectores de la sociedad. ¿Pensa que esto es así?

--Creo que el cuestionamiento de la ciudadanía no apunta a la política en general. Va contra la elite política que desde el tiempo de la dictadura hasta ahora mantuvo en pie este modelo. Los reclamos de la ciudadanía señalan que no se realizaron acciones consistentes para modificar el modelo de desarrollo y la institucionalidad que impuso la dictadura. La propaganda decía de que éramos un modelo para todo el mundo, y quedó demostrado que este modelo se sustenta desde el abuso y la desigualdad. No puede ser que casi el 50 por ciento de los trabajadores chilenos gasten más de la mitad de su salario en el alquiler. Por eso tenemos una población altamente endeudada. Se endeudan para pagar la educación, la salud y para poder comer. Desde el punto de vista ciudadano, Piñera y la elite dirigente, no estuvo a la altura de resolver esta situación. Esta es una protesta que emerge de la profundidad de la ciudadanía chilena. Los responsables del estallido social son los que mantuvieron en pie un modelo que produce crecimiento sobre una base de inequidad, que produce riqueza sobre la base de la exclusión económica, social y política de las mayorías. Y por lo tanto también se equivocan los que pronostican que las movilizaciones terminaron. No hay dudas de que van a continuar.

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Cuba: ¿Iguales de qué? La carta magna, el racismo y la no discriminación

El Anteproyecto de nueva Constitución que hoy se debate en Cuba a nivel popular, amplía la formulación legal del principio de igualdad. Este es un hecho de gran importancia.

El texto de 1976 proscribió la discriminación por motivo de raza, color, sexo u origen nacional. La reforma de 1992 prohibió además discriminar por creencias religiosas o “por cualquier otra razón lesiva a la dignidad humana”.


El nuevo proyecto recoge las anteriores y agrega “la no discriminación por género, identidad de género, orientación sexual, origen étnico y discapacidad.”


En este artículo comentaré solo un tema relacionado con la igualdad: discriminación racial. La razón es la siguiente: la forma de interpretar una discriminación, y de imaginar sus soluciones, ofrece luz sobre las causas y remedios de otras discriminaciones.


Existen varias estrategias para oponerse al racismo, pero quizás la primera de ellas sea reconocer su existencia e identificar sus mecanismos de reproducción.


En Cuba existen señales contradictorias sobre el tema.


La Revolución de 1959 combatió a fondo el racismo estructural e institucional. Sus principales líderes han tenido el antirracismo como tema recurrente. En su proceso proscribió la segregación, la discriminación y logró movilidad social, aumento de estándares de vida y acceso universal a bienes y servicios. Sin distinciones, los no blancos fueron beneficiados. Un activista negro lo ha dicho de este modo: “Fue entonces que para mí la Revolución cobró un sentido”.


No obstante, dos enfoques conflictivos han estado presentes en el discurso oficial.


Primero, la presentación del racismo como “vestigio”, que el presente contribuye a erradicar y que no reproduce.


Esa postura no comprende la base material de la reproducción del racismo, ni deja ver sus usos diferenciadores en la Cuba de hoy en el acceso a la propiedad, el recibo de remesas, o la preferencia en zonas pujantes de la economía, o cómo predisponen las tasas de deserción escolar y población carcelaria.


Segundo, el mestizaje es presentado como la negación de toda desigualdad con origen en la “raza”.


Según esa idea, somos mestizos: ni blancos ni negros. Cuba es un país donde “todo está mezclado”, en el que quien no tiene de congo tiene de carabalí; pero que también experimenta las diferencias entre blancos, mestizos y negros presentes en países con formación histórica similar, como Brasil o Colombia.


En Cuba existe mezcla, y “cubano” es una palabra comprehensiva de lo que somos, pero el mestizaje no es salvoconducto para negar diferencias y desigualdades racializadas. Incluso porque ellas son, también, resultado del propio racismo. En su proceso, este siempre acumula diferencias: establece fronteras de exclusión entre blancos y negros y fomenta divisiones entre la misma “raza”, que han demostrado tener gran persistencia.


El más reciente informe cubano al comité de la ONU para la eliminación de la discriminación racial reprodujo ambos lugares comunes. El texto asegura que el término “afrodescendiente” –con consenso en el movimiento global antirracista, más aún después de Durban– “es ajeno a nuestra realidad”.


El criterio aparece también en los servicios de estadísticas nacionales. Tal actitud ignora la producción intelectual cubana sobre el tema, y no apoya la causa antirracista, en lo que supone reconocer legitimidad al autorreconocimiento.


La posibilidad que la libertad ofrece de crear el carácter y la identidad propia de los sujetos ha sido siempre uno de sus contenidos más deseables. La identidad solo puede crearse a través de la participación. El autorreconocimiento supone participar políticamente, asumir identidades y expresar opiniones políticas en consecuencia.


La opinión política es protegida frente a la discriminación por el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, firmada –aunque aún no ratificada– por Cuba. Lamentablemente, el artículo 40 del Anteproyecto no incluye a la opinión política entre las materias que prohíbe discriminar. Tampoco pone en plural el concepto “identidad”, que limita las identidades a la nacional y a la de género. Esas ausencias no facilitan participar con demandas legítimas de identidad en el espacio público cubano.


En Cuba está prohibida la discriminación, pero sus canales procesales no han sido muy efectivos. El informe citado reconoció, junto a estadísticas de avance igualitario y casos “aislados” de discriminación en empleos y programas de televisión, un solo caso en 2017 de acto tipificable como Delito contra el Derecho de Igualdad.


En consecuencia, es útil sugerir la incorporación de acciones de protección, tutela o amparo constitucional frente a la violación de derechos, cuya forma y alcances no aparecen especificados en el Anteproyecto.


El instrumento de protección permite reclamar derechos con procedimientos sencillos, que propicien inmediatez en el resultado, pero también tutelar resultados jurídicos que abarcan al grupo de personas amparadas por el mismo derecho.


Otra cuestión útil es potenciar el uso directo de la Constitución en tribunales, en reclamo del principio constitucional de igualdad, ante la ausencia de una ley específica contra las discriminaciones.


En la misma dirección, sería conveniente habilitar al Estado, desde el texto constitucional, para desplegar una institucionalidad especializada en el tema.


Podría tratarse de un órgano para la Promoción de la Igualdad, con obligación de rendir informes públicos, alertar sobre comportamientos estatales y privados sospechosos de discriminación, contribuir a perfilar la variable racial en los métodos de recolección de datos en censos y encuestas de hogar, y elaborar políticas públicas en conjunto con las instancias estatales encargadas y el movimiento antirracista desde la sociedad civil.


En Cuba no parece existir consenso en torno a la acción afirmativa, otra de las maneras de combatir la discriminación. Desde el Estado, el propio Raúl Castro ha defendido la promoción de personas negras y mestizas a cargos decisorios, pero sin asignar cuotas ni inscribir tal intención en normas. El Anteproyecto no menciona dicha posibilidad.


Popularmente se dice “que me lo den por mis méritos, no por ser negro” como si la frase solo pudiese ser virtuosa. Sin embargo, es parte de un sentido común que confía a la meritocracia la clave del ascenso social. Considerar el mérito personal como único requisito de entrada, por ejemplo, a puestos de trabajo, es una virtud cuando se exige dentro de una cultura igualitaria muy potente, con muchas garantías sociales e institucionales, y con muy altos niveles de igualdad social y cultural. En otros casos, la meritocracia es la justificación razonada de la exclusión, un pretexto para legar desigualdades entre generaciones.


Según Naciones Unidas, la acción afirmativa “es un conjunto coherente de medidas de carácter temporal dirigidas a corregir la situación del grupo al que están destinadas en un aspecto o varios de su vida social para alcanzar la igualdad”.


No se concede tal política por ser “negro”, sino por pertenecer a un grupo social que ha sido históricamente discriminado, y porque tal hecho ha arrojado consecuencias no elegidas por sus miembros sobre su presente.


En el mundo actual, informes internacionales registran acciones afirmativas con resultados positivos en salud, educación, trabajo y cultura.


En Brasil un número importante de universidades públicas prevén reserva de plazas para afrodescendientes, e instituciones privadas de educación superior conceden becas totales y parciales. Asimismo, se ha legislado activamente el tema en empleo, servicio público, cultura y acceso a la justicia.


En Colombia, el asesinato selectivo de líderes sociales afrodescendientes pretende destruir la histórica movilización política en el Pacífico colombiano, y violar sus derechos de tierra, territorio, identidad y propiedad colectiva, que habían conseguido inscribir como políticas de acción afirmativa en leyes como la 70 de 1993, llamada “de negritudes”.


Cuba cuenta con historial de acciones afirmativas: las leyes de nacionalización del trabajo que garantizaron a partir de los años 30 el 50 por ciento del empleo para cubanos, o el artículo 74 de la Constitución de 1940, para el acceso al trabajo de negros y mestizos. La primera tuvo un éxito incomparable respecto a la segunda.


Pero si la ley no es suficiente para combatir la discriminación, tampoco lo es la acción afirmativa por sí sola. Otro recurso puede contribuir: la educación. La ley inhibe y reprime, la acción afirmativa redistribuye oportunidades y recursos, y la educación puede prevenir conductas discriminatorias y promover saberes que razonen la tolerancia.


La escuela, si se enfoca en ello, puede contribuir a revalorizar identidades discriminadas, promover el cambio cultural, socavar estereotipos raciales y sexuales, e impulsar la aceptación de las diferencias.


Un mandato a la política educacional, con enfoque étnico-racial, plasmado en la Constitución, sería una ganancia. Por ejemplo, señalando la necesidad de incluir en los currículos materias de Historia General de África y de sus procesos actuales, y la historia del negro cubano, cuya enseñanza actual es muy deficitaria.


Existen otras estrategias para combatir la discriminación, pero estas son útiles. Por supuesto, no carecen de problemas. El principio a seguir puede ser este: mientras más recursos estén disponibles contra la discriminación, mejor. Se trata de conseguir igualdad no solo ante la ley ni solo de oportunidades, sino también igualdad en los resultados que podamos alcanzar con esfuerzo y con libertad. Nada que ver con imponer ser “idénticos”.


La defensa de la igualdad es la verdadera celebración de la diversidad. La Constitución puede contribuir mucho a ese empeño.
Julio César Guanche


es un jurista y filósofo político cubano, miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso, muy representativo de una nueva y brillante generación de intelectuales cubanos partidarios de una visión republicano-democrática del socialismo.

Por Julio César Guanche
26/08/2018

 

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Automatización del trabajo y proletariado inmaterial

El sujeto político de una determinada fase histórica debería construirse a partir de un análisis de la organización capitalista del trabajo en dicha fase, y no desde una postura de voluntarismo político basada en la tradición de las luchas efectivas en épocas anteriores.

 Uno de los principios clave del operaismo italiano fue relacionar el análisis objetivo de la organización del trabajo con la formación de la subjetividad obrera de forma bidireccional, de modo que “con cada transformación de la composición técnica del trabajo, los trabajadores utilizan los medios a su disposición para inventar nuevas formas de revuelta y de autonomía respecto al capital y, en respuesta a esto, el capital se ve forzado a reestructurar las bases de producción, explotación y control, transformando de nuevo la composición técnica”. 

CRISIS DE LA LEY DEL VALOR


Durante las dos primeras revoluciones industriales la cooperación obrera en la fábrica se reducía básicamente a la coordinación de tareas manuales simples dentro de un sistema mecánico predefinido, en el que cada individuo era intercambiable y ejercía únicamente las tareas que la técnica mecánica de la época no estaba en condiciones de realizar por sí misma. La cooperación se limitaba a representar una especie de coreografía previamente diseñada por la dirección técnica de las plantas de producción. Con el desarrollo de la Tercera y Cuarta Revoluciones Industriales, dicha forma de trabajo dejó de ser hegemónica. Debido a la progresiva automatización del trabajo mecánico el ámbito hegemónico de la producción de valor pasó a ser el trabajo inmaterial. Esto es, la producción de conocimiento, o I+D+i. En este caso la cooperación necesaria para la producción de valor ya no reside en la mera repetición de actos dentro de un sistema formal cerrado diseñado previamente, sino que lo que interesa producir antes que nada son nuevos sistemas automatizables cuya ejecución material pueda ser realizada sin necesidad de intervención humana. Ahora bien, la producción inmaterial es siempre una producción social, abierta, informal y creativa cuyo principal material –el lenguaje– es uno de los bienes comunes por excelencia imposible de ser producido exclusivamente de modo individual y sin interacciones afectivas. Lenguaje y conocimiento son intrínsecamente intersubjetivos.


El valor producido por este tipo de trabajo no es posible medirlo a partir de la simple suma aritmética de horas de trabajo empleadas por cada uno de los implicados en el proceso de producción. La ley del valor expuesta por Marx en el Libro I de El capital que explicaba el beneficio capitalista –la relación de explotación– “como relación entre tiempo de trabajo necesario y plustrabajo” ha entrado en crisis. En el trabajo inmaterial la explotación laboral no puede medirse como exceso de plustrabajo respecto al trabajo necesario, sino como simple dominio y usurpación del valor producido por parte de cualquier tipo de gestor no directamente productivo. Además, la producción de conocimiento no es algo que hagamos únicamente durante nuestro horario de trabajo. El lenguaje, al igual que cualquier otro de los comunes (materiales o inmateriales) es algo que co-producimos a escala ecológica (hábitat) por el mero hecho de vivir, razón por la cual es imposible distinguir entre tiempo de trabajo y tiempo de ocio o descanso. Según Negri, una vez dentro de la Cuarta Revolución Industrial, el principio marxista de fundamentar la propiedad del valor producido en el trabajo no puede continuar siendo entendido como la lucha por un “salario justo” desde un punto de vista individual, sino que el objetivo último de dicha lucha –el empoderamiento de los productores– únicamente puede hacerse ya como Renta Básica Universal, esto es, como “un salario social y un ingreso garantizado para todos”.

REDEFINICIÓN DE LA LUCHA HEGEMÓNICA


Un ejemplo de este cambio de paradigma lo encontramos en las transformaciones experimentadas por las luchas obreras en las empresas que han implementando más intensamente la automatización del trabajo. Los días 21 y 22 de marzo, la planta de Amazon en San Fernando de Henares (Madrid) vivió la primera huelga de esta empresa en España. Mientras que las huelgas previas a la Tercera Revolución Industrial fueron siempre huelgas autónomas de desgaste crónico y paralización exclusiva de la fuerza de trabajo humana empleada directamente por la fábrica, la huelga de los días 21 y 22 mostró en mucha mayor medida su dependencia con el resto de ámbitos de la sociedad, siendo sintomática la llamada realizada por la plantilla de Amazon-Madrid animando al conjunto de los ciudadanos a realizar un boicot a las compras a través de Amazon desde el día 14 de marzo hasta la finalización de la huelga. Esta progresiva pérdida de autonomía del ámbito laboral como separado del resto de dimensiones de la vida social no sería sino un síntoma más de la ascensión de un nuevo sujeto político hegemónico que, debido precisamente a la integración de las nuevas tecnologías en su propia constitución, ha devenido mucho más flexible, informe y cambiante, y que Negri denomina multitud. Un sujeto múltiple capaz de autovalorizarse de forma autónoma mediante su propio trabajo cooperativo, sin necesidad de recurrir a organizaciones formales preestablecidas tanto en lo económico (sindicato) como en lo político (Partido).


Mientras que en la Primera Revolución Industrial, la forma hegemónica de lucha obrera “era simplemente interrupción de la continuidad del poder de los patrones” mediante el uso de la revuelta, en la Segunda, con el leninismo, “la gestión directa del poder se concibió como alternativa al poder de mando de los patrones”. Por su parte, mientras que en la Tercera la batalla se centró, ya a nivel social, en la lucha contra la privatización de los servicios públicos garantizados por un Estado capitalista, en la Cuarta debería empezar a pensar cómo aprovechar la eliminación del trabajo físico promovida por la automatización, empleando toda la energía psíquica y creativa liberada para organizar un sistema de libre acceso a los medios de producción del conocimiento, garantizando dicho acceso con una Renta Básica Universal autoorganizada internacionalmente.

Desde luego, todo ello no quiere decir que haya que abandonar a su suerte a una gran parte de la población que todavía forma parte del sistema de producción material propio de las dos primeras revoluciones industriales. Lo único que quiere decir es que debemos empezar a pensar sin las barandillas del pensamiento marxista tradicional el nuevo horizonte de las luchas que se anuncia. Tal y como hicieron Marx y Negri en sus respectivas épocas, nosotros deberíamos empezar a analizar el nuevo proyecto de dominio de la producción inmaterial que el capital está llevando a término mediante el desarrollo de la Inteligencia Artificial y la Industria 5.0.


En respuesta al rechazo individual al trabajo, el capital introdujo la automatización en la fábrica. Como consecuencia, el proletariado inmaterial está en condiciones de apropiarse y controlar directamente la producción de valor inmaterial, siempre y cuando tenga acceso al empleo de la Inteligencia Artificial. La lucha por la propiedad de los medios de producción está deviniendo lucha por el acceso a la automatización de la producción misma del conocimiento.

Por ENRIQUE CANO / JORGE LEÓN CASERO
PROFESOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y PROFESOR DE FILOSOFÍA. UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

PUBLICADO
2018-04-10 09:30:00

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El dilema de una «continuidad con cambios»

En solo tres semanas de mandato, Lenín Moreno ha marcado algunas diferencias con el gobierno de su predecesor Rafael Correa. ¿Hasta dónde llegará el cambio de narrativa?

Han pasado poco más de tres semanas desde que asumió la presidencia del Ecuador Lenín Moreno, promovido por el partido Alianza País (AP) que lleva ya diez años en el ejercicio público. Estos primeros días de gestión han estado marcados tanto por acciones estratégicas que van pautando la línea de la nueva administración, así como por conflictos al interior del partido de gobierno, en una coyuntura de reestructuración de mandos y sectores. Se trata de un proceso de transición en el que emergen, inevitablemente, los límites intrínsecos de AP como un conglomerado de fuerzas dentro del cual entran en disputan diversos proyectos políticos.


Las primeras acciones y posicionamientos del nuevo gobierno son fundamentales, considerando la expectativa social respecto al menos tres temas centrales, producto de la situación política del país. El primero tiene que ver con la necesidad –del gobierno, AP y Moreno- de ir (re)construyendo no solo legitimidad sino también popularidad. El segundo, se refiere a la capacidad de llevar a la práctica el discurso de cambio abanderado en campaña, sobre todo en temas como la apertura al diálogo y el replanteamiento de las prioridades económicas y políticas del Estado. Finalmente, la tercera tiene que ver con la necesidad de constituir una identidad diferenciada de la gestión previa de Rafael Correa, en función de una demanda social que le apuesta a una «continuidad con cambios», pero también de un proceso de debilitamiento de AP como proyecto hegemónico.
El gobierno comprendió el escenario y sus desafíos, constituyendo una agenda estratégica que pareciera responder a varias de las críticas y demandas que vienen acumulando la sociedad civil, sectores y grupos específicos de interés. En ese sentido, Moreno ensaya un estilo más conciliador y un liderazgo menos omnipresente. Así, marca significativas diferencias con el formato que caracterizó a Rafael Correa a lo largo de una década, que condicionó muchas de las relaciones entre el sector público y otros actores políticos, sociales y económicos.


Más allá de las intervenciones de Moreno propias de la agenda presidencial, los principales temas tratados durante estas semanas, sus negociaciones, soluciones o diagnósticos, han sido expuestos públicamente por los ministros o funcionarios encargados. La voluntad de diversificar vocerías, reduce la carga personalista de la política y la gestión pública. De esta manera, se refuerza la imagen de un gobierno más amplio en el que otros cuadros del oficialismo –en el Ejecutivo y el Legislativo- van ganando visibilidad.


Asimismo, la idea de la centralidad del diálogo para una gestión incluyente que viene posicionándose desde la campaña, continúa vigente tanto en Moreno como en su gabinete. Se han abierto varios frentes de trabajo y/discusión sobre diversos temas, evidenciando la disposición política de impulsar una administración más participativa. Además, la priorización de asuntos es también sugerente. No es casual que el primer conversatorio al que llama el presidente sea con la prensa; lo mismo sucede con los sectores productivos.


Finalmente, resulta relevante destacar una medida importante simbólicamente en cuanto a los cambios en el estilo de liderazgo y relacionamiento. Durante la década de gobierno de Rafael Correa, un elemento característico de su mandato fue un espacio semanal de rendición de cuentas -trasmitido por radio y televisión- en el que durante cuatro horas, detallaba sus actividades de la semana. Este recurso fue constantemente criticado por algunos sectores sociales, la oposición política y los medios de comunicación con el argumento de que era la plataforma en la que, de manera más clara, se expresaban las características autoritarias y conflictivas del gobierno. Además, iniciada la crisis, se reprochaba también el costo que tenía realizar cada uno de estos espacios considerados como propaganda política. Entre sus primeras acciones, Moreno decidió reemplazar este recurso por un informe semanas de no más de 20 minutos en el que se relatan las actividades llevadas a cabo por él y el resto de autoridades del gobierno, sin su intervención directa. Esta iniciativa, igual que las otras, ha sido valorada como positiva y, sobre todo, como muestra más de una forma diferente de liderar.
Más allá del estilo y de aquellos aspectos que tienen que ver con la figura de Moreno, se distinguen también otros elementos que van dando forma al nuevo gobierno y que expresan lo que, por ahora, se puede entender como una estrategia de diferenciación que, a largo plazo, podrá evaluarse en su traducción en la política pública. Se trata de temas como la conformación del gabinete, instancias de diálogo anunciadas o ya constituidas, iniciativas que empiezan a impulsarse o declaraciones a las que se debe presentar atención para ir desentrañando el momento político que vive Ecuador.


El entorno cercano: aperturas, retornos y permanencias


Por el compromiso de «cambio con continuidad» que suponía el triunfo de Lenín Moreno, la conformación del gabinete ministerial suscitó gran expectativa. Además, la composición de los equipos de trabajo de un nuevo gobierno develan también asuntos de orden político que tienen que ver con la distribución de fuerzas al interior de un partido, así como con los acuerdos que van estableciéndose con otros actores durante la campaña.


No cabe aquí un análisis exhaustivo de la constitución del gobierno, sin embargo es posible destacar algunas características importantes. En primera instancia, lo más significativo en relación al gabinete ministerial -así como a cargos cercanos al presidente- es la presencia de figuras que fueron parte del momento originario de AP, del diseño e impulso del proyecto o de sus primeros años1. Algunos se mantuvieron vinculados temporalmente a la anterior administración; no obstante, otros se había separado por diferencias de diversa índole y hoy regresan, dándole fuerza a una fracción específica al interior del movimiento.


Paralelamente, se conservan también cuadros de AP que llevan ejerciendo distintas funciones de manera ininterrumpida durante estos diez años y que son quienes han ido conformando la estructura de militancia de alto rango del partido. Incluso, cabe destacar que en carteras fundamentales -como son el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, el Ministerio de Minería y la Secretaria de la Gestión Política- se mantendrán a la cabeza los mismos funcionarios actuantes en el gobierno anterior.


El gabinete y los distintos cargos –e incluso candidaturas- que AP ha tenido designar, reflejan claramente la situación del partido que experimentó varias rupturas previas incluso al proceso electoral. Hoy la organización se encuentra en una situación de ajuste y ordenamiento de las diferentes facciones que la componente, en medio de un proceso de reestructuración de su correlación de fuerzas interna. Del desenlace de este proceso, que sin duda será conflictivo, dependerán, en parte, los límites y alcances del proyecto de Moreno.


Más allá de las condiciones de AP, otra características relevante en la conformación del equipo de gobierno de la nueva administración es que revela una apertura a ciertos sectores sociales y empresariales que se encontraban al margen de la administración pública hasta ahora2. Su composición evidencia un escenario más abierto al diálogo político y menos afín a los perfiles tecnocrático de la administración de Correa.


La agenda: encuentros y desencuentros; reformas y persistencias


La gestión de gobierno de las últimas semanas tiene algunos hitos fundamentales que marcan no solo prioridades de acción, sino también instancias en las cuales se desmarca de lo que se venía haciendo hasta ahora. La mayoría de iniciativas impulsadas están incorporadas en el discurso de Moreno desde la campaña y tienen que ver con temas como la austeridad y eficiencia en el gasto público, el estado de la economía y el fisco, una gestión inclusiva y participativa, el control y sanción frente a la corrupción, así como el afianzamiento y mejora de la política social.


Una de las medidas que apunta a fortalecer la idea de cambio del nuevo gobierno -tomada en el paquete de los diez primeros decretos presidenciales- promovió una reforma institucional a través de la eliminación o reemplazo de ciertas entidades, bajo el argumento de que ya cumplieron su función. Así, Moreno establece un ruptura inicial con la que se va diferenciando y consolidando una identidad propia. Más allá de su sentido práctico, se trata de una jugada estratégica que responde a algunas de las críticas que venían instalándose en el debate nacional durante los últimos meses respecto el tamaño del Estado, no solo en relación a la crisis, sino también a la función que desempeñaban organismos públicos sin un mandato claro3.


Asimismo, la nueva administración le apuesta a un diálogo prioritario con algunos de los actores que han estado en conflicto con AP hasta ahora o con los cuales no se establecieron canales de comunicación efectiva. Tal es el caso de los sectores productivos del país que mantuvieron una relación con Rafael Correa marcada por discrepancias y altos niveles de conflictividad. El actual gobierno anunció durante su primera semana la creación de un Consejo Consultivo Productivo y Tributario encargado de articular el diálogo público-privado, conformado de manera paritaria. Dando un giro al discurso oficial, Moreno ha destacado la importancia de contar con un sector privado que funcione como pilar de la economía del país y su proceso de reactivación.


Frente a esto, organizaciones empresariales y productivas han manifestado ya su interés y dicen tener listas las agendas y propuestas. Se entrevé así una predisposición diferente. Está por verse su real impacto; sin embargo, la aproximación y las condiciones de debate expuestas inciden en el imaginario social a la hora de caracterizar positivamente los pasos que da al nuevo gobierno.


Algo similar sucede con los medios de comunicación, que fue otro tema sensible durante las anteriores administraciones de AP. En este sentido, resulta sugerente el conversatorio organizado por Moreno con representes de la prensa en su primer lunes en funciones. Tras haber afirmado en su discurso de posesión que buscará una relación «fresca y dialogante» con la prensa, durante este encuentro instó tanto a los medios, como a los periodistas, a construir consensos en torno a las propuestas para modificar la Ley de Comunicación; Ley que ha sido especialmente controvertida y que tanto AP, como Rafael Correa, han defendido e impulsado durante varios años4.


Moreno sostiene que la Ley es buena pero que debe ser mejorada. Los sectores involucrados piden la revisión de aquellos artículos que pueden resultar excesivamente restrictivos y/o punitivos. De esta manera se abre otra línea de diálogo que el mandatario apuntala anunciando además que él y sus ministros deberán acudir

permanentemente a los medios de comunicación para informar sobre su gestión, posicionándolos nuevamente como interlocutores válidos.


Resulta significativo el hecho de que el presidente exhorte públicamente a su gabinete a mantener una relación directa con la prensa. Como se ha dicho, su estilo tiende hacia un manejo menos personalista de la política. Varias han sido las señales en este sentido durante las últimas semanas en temas de relevancia nacional en los cuales, sus respectivos ministros han sido voceros activos en medios y redes sociales.


En esta misma línea, otro tema que no ha estado exento de conflictos y críticas en años anteriores fue el proceso de reforma educativa impulsado a fin de mejorar la calidad de la formación superior en el país. La ausencia de debate, socialización o involucramiento de las universidades y docentes en el diseño de la propuesta, así como los excesivos requisitos impuestos a un sistema universitario que requiere de mucho más tiempo para poder responder, fueron las principales razones expuestas por los involucrados. Hoy destacan no solo los diálogos impulsados recientemente desde la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación con varios sectores universitarios, sino también la presentación de una reforma a la Ley de Educación Superior que incluye temas que han sido especialmente polémicos durante los últimos años5.


Los espacios de debate, así como los interlocutores que va reconociendo el gobierno, dan cuenta de un nuevo escenario en el país. Aunque está por verse hacia dónde van los diálogos y las reformas, hoy se leen como una señal de apertura, al igual que los cambios en el discurso y/o manejo de áreas fundamentales. Tal es el caso del Ministerio de Finanzas, en donde se gestiona la respuesta a uno de los principales desafíos que enfrentará Moreno: la situación económica del país.


Desmarcándose del discurso que se venía sosteniendo hasta ahora por el oficialismo, la administración de Moreno ha ido posicionando una perspectiva diferente en el manejo de las finanzas nacionales. Se ha destacado la importancia del sector privado y su convivencia en armonía con la economía popular y solidaria como cable a tierra en relación al proyecto original de AP; se reconoce el déficit fiscal y la necesidad de buscar una solución al respecto; se destaca la importancia de impulsar las reformas necesarias para atraer la inversión extranjera directa, así como el acercamiento a organismos de crédito internacional que permitan al gobierno cumplir con sus objetivos.


Además, el Ministro de Finanzas dio un giro significativo –incluso simbólicamente- al abrir la posibilidad de que el dinero electrónico sea manejado por la banca, con el fin de que cumpla con su objetivo de reducir la demanda de dinero físico. Correa fue categórico al afirmar que eso no era una posibilidad, al punto que a día de hoy ha expresado públicamente sus críticas respecto de la postura que ha tomado la nueva administración6.


Finalmente, un asunto esencial a ser destacado, sobre todo por la clara distancia que marca respecto de la administración anterior, es la relación del gobierno con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En una reunión con los altos mandos de ambas instituciones y los ministros vinculados al tema, Moreno explicitó su intención de establecer una relación descongestionada y fluida desde el respeto a sus instancias institucionales. A su vez, en medio de un discurso en el que reiteró su confianza frente a dichas instituciones, les encargó su seguridad, posicionándolas como las únicas fuerzas a cargo de dicha función. Esto sucede en el marco de la creación de un servicio de protección presidencial, como guardia civil armada, impulsado por Correa antes de dejar su cargo que generó molestia en militares y policías.


En definitiva, todas las iniciativas, declaraciones y medidas tomadas durante estas semanas no expresan todavía lineamientos de política pública. Marcan prioridades y un estilo de gobierno, determinan una hoja de ruta, establecen voluntades políticas. Permiten identificar las rupturas inmediatas entre ambas administraciones e incluso al interior del partido y sus distintas facciones. Se requerirá de un seguimiento no sólo para poder evaluar acciones más concretas sino también para determinar las características del gobierno a largo plazo.


La lucha anti corrupción como escenario de fondo


Las últimas semanas han estado marcadas por las gestiones que se realizan a nivel nacional en torno al caso Odebrecht. Hasta antes de la posesión de Moreno, no había ni resultados ni acciones contundentes. En esta coyuntura, el tema de la corrupción se ha convertido en objeto de disputas políticas por protagonismo, así como también en un recurso para la desmarcación. Se trata de un mecanismo de legitimación potente, dada la coyuntura.


Moreno ha respondido con una visión global del problema que se evidencia en la convocatoria a todos los poderes del Estado para debatir una estrategia conjunta. La Estrategia Nacional por la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción será el instrumento en el que se definirán tanto políticas como acciones concretas para enfrentar y prevenir la corrupción.


A esto se suma, paralelamente, la conformación de un Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, creado por al gobierno y conformado por representantes de la sociedad civil, la academia y la administración. Esta iniciativa tendría cuatro atribuciones: proponer estrategias y mecanismos para la prevención de la corrupción en el sector público y privado; exhortar a las entidades correspondientes para activar y aplicar los mecanismos de control e investigaciones; proponer iniciativas de educación que promuevan una cultura de transparencia y presentar propuestas de políticas y normas.


Así, nuevamente, se evidencia una postura de trabajo colectivo y la centralidad del diálogo en los procesos impulsados desde lo público. Sin embargo, no todas las personas convocadas a ser parte han aceptado y se trata de una iniciativa que ya ha recibido críticas porque existen otras instituciones del Estado con el mismo mandato, porque se considera que hay otras medidas que deben llevarse a cabo antes y que serían más efectivas, porque una parte significativa de sus miembros son militantes de AP y eso genera un desbalance.


La corrupción es un tema que aún tiene mucho trabajo por delante y que no genera consensos. El bloque oficialista en la Asamblea no ha logrado ponerse de acuerdo frente a temas relacionados, el gobierno no consigue una convocatoria representativa que apoye su línea de acción y, entre medio, se suscitan lecturas contrapuestas entre algunos sectores de AP, incluyendo al ex presidente Rafael Correa. Es un tema que deja muchos elementos pendientes y que demandará de un seguimiento. En este sentido, cabe destacar que de sus resoluciones dependerá buena parte de la credibilidad del nuevo gobierno. Existe una significativa expectativa social al respecto que responde a una evaluación del sistema judicial nacional y de la autonomía e independencia de las funciones del Estado.


Los pendientes


Se han marcado ya algunas pautas respecto de temas de gran relevancia; pautas que evidenciarían una coherencia con el discurso de campaña que prometía mantener pero, sobre todo, mejorar lo alcanzado. Empero, frente a esto hay también algunos asuntos que permiten avizorar la extensión de los conflictos que viene arrastrando el oficialismo con determinados sectores. Se trata de asunto en los que el gobierno de Moreno aún no ha tomado una posición clara o, frente a los cuales, se han dado pasos que parecen seguir la tendencia de la última década.


La primera ley aprobada por la nueva Asamblea –de mayoría AP- fue la ley que abre la puerta a los transgénicos en el país, fuertemente criticada por agrupaciones indígenas y ambientalistas. Será difícil encontrar espacios de diálogo con dichos sectores si el gobierno no muestra una voluntad de cambio. Está por verse si los temas vinculados a medios ambiente –como por ejemplo, las concesiones petroleras en el ITT o la explotación minera y maderera- son asuntos que entran en la línea de continuismo o en la cambio. No hay una política consistente aún e incluso se evidencian contradicciones7.


Existen, por otra parte, algunos temas pendientes que han estado en el debate pero que aún no queda clara cuál será su concreción; tal es el caso de un pedido de amnistía para 177 personas e indulto para otras 22 por parte de la CONAIE, bajo el argumento de que se trata de dirigentes que ejercieron el legítimo derecho a la resistencia en el 2015 frente a medidas tomadas por el régimen de Rafael Correa. La organización ha condicionado la posibilidad de un diálogo con el gobierno a las resoluciones de estos casos que consideran actos de persecución política. Tanto la Asamblea, como el Ejecutivo, han manifestado que se analizará cada caso por separado para determinar la pertinencia de acceder a sus pedidos. A día de hoy, se ha dado el indulto a un líder indígena de la Amazonía. Moreno lo anunció diciendo: «¡Buenas noticias! El diálogo empieza a dar frutos.»


Finalmente, entre sus primeros decretos, Moreno elimina el Plan Familia, que fue la iniciativa pública impulsada por Rafael Correa para la prevención del embarazo adolescente, desde una perspectiva de recuperación del rol central de la familia. Dicha política fue un punto de quiebre importante con sectores sociales vinculados a temas de género que trabajan sobre la salud sexual y reproductiva. Su perspectiva, profundamente conservadora, generó un retroceso en las cifras, así como en la concepción de la política pública que no debería legislar a partir de una carga moral o de la imposición de valores y creencias.


Moreno afirmó que habrá un cambio de enfoque con una orientación desde la libertad con corresponsabilidad. Esto ha generado una reacción positiva en sectores que llevan años en conflicto con Correa por sus límites en cuanto a la comprensión de asuntos vinculados a las problemáticas de género. Las organizaciones de la sociedad civil vinculadas al tema están a la expectativa de poder intervenir no solo en el diseño e implementación de una estrategia integral sobre sexualidad, sino también respecto de muchas de muchas deudas pendientes en términos de derechos.


A poco menos de un mes de iniciadas las actividades del nuevo gobierno, estos son solo algunos de los temas pendientes, sobre todo, con actores sociales con los cuales el gobierno de Correa no logró establecer consensos ni diálogos. La relación que Moreno y su equipo establezca con dichos sectores, será también una expresión del alcance de sus reformas.


En definitiva


Este repaso por las primeras tres semanas de gobierno de Lenín Moreno evidencia, sobre todo, una disposición al diálogo y la inclusión de otros sectores. En alguna medida, se ha ido marcando el camino para el cumplimiento de sus objetivos en términos de llevar a la práctica el discurso de cambio y constituir una identidad, así como una línea de gestión, diferenciadas de la de Rafael Correa. La posibilidad de alcanzar tanto legitimidad como popularidad -propias y consistentes- demandará de más tiempos y de la concreción de aquellos pasos iniciales que se han ido dando.


Cabe destacar el hecho de que existe una expectativa de diversos sectores sociales y políticos por la apertura de un nuevo tipo de relacionamiento desde el Estado y el gobierno con las demandas sociales. Bajo dichas condiciones, hay una mayor concurrencia de actores y el escenario político se amplía en términos no solo de participación, sino también de posibilidad de representación.


No obstante, paralelo a la construcción de un escenario que pareciera más incluyente, varios son los temas que van generado distancias entre la actual y la anterior administración de AP. Moreno y su equipo se han esforzado por formular una política de gobierno nueva así como una «marca» propia. En esa línea, se han planteado varias reformas legales, se han abierto espacios de discusión a sectores que antes estaban fuera o en confrontación con Correa, se han modificado asuntos que fueron bandera central de la década pasada.


En medio de dicha coyuntura de construcción y consolidación de gobierno, hay una excesiva presencia de Correa en el escenario nacional. En la medida en que están en debate varios elementos que provocan lecturas contradictorias y/o confrontadas, el ex mandatario se ha encargado de exaltar las diferencias en redes sociales permanentemente, cuestionando a la actual administración, a la bancada de la Asamblea e incluso al partido.


Esta intervención supone una distorsión en el espacio de actuación de Moreno y su equipo. Además, evidencia públicamente las rupturas el interior de AP, debilitando el proyecto y generando cuestionamientos a su actual espacio de gestión pública.


Bajo estas condiciones, la naturaleza del cambio y la resolución de estas tensiones y distintas narrativas, están por verse. Ambos factores marcarán el futuro del gobierno de Moreno. Han pasado solo tres semanas, quedan cuatro años que definirán tanto la situación del país en relación a un proyecto que generó profundos cambios pero que necesitaba de correcciones; así como la situación de un partido al que le urge un trabajo interno de estructuración y de desarrollo orgánico que le permita, entre otras cosas, gestionar sus problemas y disputas constantes.

 

Por Manuela Celi Moscoso
Nueva Sociedad


Notas:

1. Para información general sobre cada uno de los ministros, remitirse a http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-miemb...
2. Una de las designaciones significativas es la de Humberto Cholango -expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, una de las organizaciones que más conflictos tuvo con la administración de Rafael Correa- como titular de la Secretaría del Agua. Los efectos de su gestión serán fundamentales en la medida en que se relaciona con dos temas sensibles: la relación de AP con las minorías étnicas -y sus organizaciones- y el manejo de un recurso fundamental que ha generado ya conflictos significativos.
3. Tal es el caso de los Ministerios Coordinadores, la Secretaría del Buen Vivir y la Secretaría General de la Administración.
4. Poco antes de dejar su cargo, Rafael Correa advirtió ya respecto de una arremetida para eliminar la Ley y pidió tanto a la Asamblea, como al futuro gobierno, evitar que el poder mediático introduzca una agenda. Con Moreno ya en funciones, Correa ha vuelto a manifestarse, esta vez en contra de la línea del gobierno en relación al tema.
5. Como por ejemplo los mecanismos de nivelación y admisión, la autonomía y capacidad de autorregulación de los centros educativos, los grados académicos exigidos a los profesores, entre otros.
6. El dinero electrónico es una forma de pago a través del teléfono celular en la que no se requiere del uso de papel moneda. Entró en vigencia hace casi tres años y, desde entonces, ha sido fuertemente criticado por sectores de oposición que advierten que podría tratarse de una moneda paralela que pone en riesgo la dolarización. Fue además objeto de disputa con la banca privada a la cual Correa se negó a darle el manejo de este tipo de transacciones. Se trata de uno de los proyectos emblemáticos de la anterior administración.
7. Como por ejemplo el posicionar el tema de los pueblos en aislamiento voluntario como una prioridad del gobierno. A través de la firma de un convenio interinstitucional se ha manifestado la voluntad de elaborar un plan de acción que incluye medidas para la protección de los recursos naturales en su entorno. Habrá que ver si esto no entra en conflicto con procesos de explotación petrolera, por ejemplo.

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Martes, 20 Junio 2017 06:35

Experimento futbolero

Experimento futbolero

Un gol de Pepe, el aguerrido defensa de la selección de Portugal, fue anulado durante el partido que ese conjunto disputó el domingo, en Kazán, Rusia, contra el equipo de México. Que una anotación sea invalidada en este deporte, es hasta cierto punto algo normal y relativamente frecuente, sólo que en este caso la decisión fue producto de un experimento en el que se emplea una tecnología conocida como VAR (siglas de Video Assistant Referee), o videoarbitraje, en español.

Desde el año pasado se experimenta con esta modalidad de asistencia arbitral, la cual se ha aplicado ya en algunos torneos oficiales, como el Campeonato Mundial de Clubes celebrado en diciembre de 2016 en Japón; la Copa Mundial Sub 20 concluida apenas el 11 de junio de este año en Corea del Sur, y la actual Copa Confederaciones, en la que se enfrentaron las selecciones de México y Portugal. En los tres certámenes la revisión de jugadas claves realizadas por un conjunto de árbitros acreditados por la FIFA, reunidos en lugares apartados frente a varias pantallas de video, ha resultado en la modificación de decisiones tomadas en la cancha que influyen decisivamente en el resultado de un partido.

La prueba en curso fue diseñada por el Consejo de la Asociación Internacional de Futbol (IFAB, por sus siglas en inglés), organismo integrado por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) y las cuatro asociaciones de futbol del Reino Unido. El IFAB es el organismo encargado de definir las reglas en este deporte. En una reunión celebrada el 5 de junio de 2016 en Cardiff, Gales, la centenaria agrupación (se fundó en 1886) decidió por fin echar a andar este experimento que tiene una duración de dos años (2016-2017), con el objetivo de eliminar los errores graves que se cometen al juzgar jugadas claves y, de resultar bien, aplicarse en el Campeonato Mundial de Futbol que se realizará en 2018 también en Rusia.

En el diseño se incluyen diversos límites, pues sólo considera cuatro categorías de incidentes: 1. Goles o no goles (por ejemplo, si el balón rebasa o no la línea de meta), 2. Penaltis, 3. Tarjeta roja directa y 4. Errores de identificación (por ejemplo, cuando se castiga erróneamente a un jugador cuando otro comete la falta).

La participación en este experimento sólo está permitida para las asociaciones de futbol y las competencias deportivas autorizadas por la IFAB, y el permiso sólo se concederá cuando se utilicen los protocolos de ese organismo en su totalidad y se hayan cumplido los requisitos técnicos y de educación del árbitro determinados por él, con lo que se busca asegurarse de que se aplicarán siempre criterios estrictos y homogéneos.

Como proveedor de la tecnología VAR en este experimento fue seleccionada la empresa Hawk Eye Innovations que ya participa en otros deportes, como el tenis. Aporta varios elementos como la "tecnología de línea de gol" con siete cámaras en cada línea, y la "repetición inteligente", que muestra simultáneamente diferentes ángulos de la acción que se juzga.

El propósito de las pruebas consiste en examinar cómo afecta la aplicación de este sistema a los árbitros, el comportamiento de los jugadores, de los hinchas o porras en los estadios e incluso de quienes siguen los encuentros por televisión. Se trata en suma de averiguar si puede representar un beneficio para el futbol o no.

La realización de este estudio, que será revisado por algunas universidades europeas, es muy positiva, pues por fin se está reconociendo que en el futbol se cometen fallas muy graves. La aplicación de esta nueva modalidad arbitral ha sido objeto de diversas críticas, la mayoría de las cuales se originan en las resistencias propias del conservadurismo deportivo, pero, en mi opinión, es preferible el hecho real, que la suposición en la cancha, con una ventaja adicional, pues representará un duro golpe contra la corrupción en este deporte.

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La salud en Bogotá, durante el primer año de gobierno de Peñalosa

El sector salud fue uno de los más dinámicos en términos de reformas y cambios durante el 2016, primer año de la administración Peñalosa. En efecto, la declaratoria de la emergencia sanitaria y la aprobación del acuerdo 641 de iniciativa gubernamental por parte del Concejo, le permitió a la Secretaría de Salud iniciar una reorganización del componente público de la institucionalidad sanitaria de la ciudad, cuyos principales hitos fueron la fusión de los 22 hospitales en 4 redes y la creación de una entidad asesora para el proceso de contratación. Los objetivos planteados fueron: buscar mayores niveles de eficiencia, eficacia, transparencia, alineación con el modelo de salud del gobierno nacional.

 

La declaratoria de emergencia en el primer trimestre buscaba disminuir los niveles de congestión en los servicios de urgencias de la ciudad, hecho que según los testimonios de las comunidades, visitas e informes de la Personería y reportes de los medios de comunicación no fue efectiva ni en la red pública ni en la privada. Al parecer, los planes al amparo de dicha emergencia no avanzaron más allá de medidas educativas sobre el uso de las urgencias y ajustes en su funcionamiento, acciones que no corresponden a lo que debe actuarse en este tipo de declaratorias, de ahí que en la actualidad cursen varias demandas por la pertinencia, la proporcionalidad y la consistencia de la medida.

 

En relación con los componentes del acuerdo 641, la ciudad fue sorprendida pues tal reforma no fue parte del Plan de Gobierno; la celeridad de su aprobación en el primer trimestre de 2016 no permitió el debate, y su implementación progresa de manera traumática e improvisada. En su implementación, lo primero que se aprobó y puso en marcha desde abril fue la fusión de los 22 hospitales públicos en 4 redes, sin los estudios técnicos, financieros y jurídicos necesarios, con lo cual no hay certidumbre sobre cuáles fueron realmente las motivaciones, la línea de base, los escenarios posibles y, sobre todo, las metas por alcanzar.

 

La percepción de la ciudadanía y denuncias de sindicatos, trabajadores, medios de comunicación, congresistas y concejales, ha sido la de recorte en los servicios y el surgimiento de nuevas barreras de acceso, así como poca claridad sobre la direccionalidad de la medida, y gran malestar por la baja participación social en el proceso. En este punto, ha generado gran desconcierto el cierre progresivo de los Camis que eran de 24 horas, para convertirse en los Centros de Atención Prioritaria –Caps– de apenas 10 horas de atención, y según denuncias recientes la expectativa sobre atención especializada y descongestión de urgencias no se ha cumplido.

 

De manera complementaria, al final del año, fue creada la entidad asesora para los procesos no misionales de la red pública, de naturaleza mixta, que tendrá funciones vinculantes en los procesos de contratación, tanto de personal como de insumos, equipos, medicamentos, etcétera. Existe incertidumbre sobre los alcances y reglas de juego de esta entidad, máxime cuando los volúmenes de contratación anual alcanzarían los dos billones de pesos.

 

Estos cambios han ocurrido en un clima de alta descalificación por la gestión de las administraciones de izquierda de los pasados 12 años, y en medio de un desmonte radical de los programas de salud pública de la Bogotá Humana, como el de Territorios Saludables –con la terminación de más de 7.000 contratos de personal–, la eliminación de los 17 Centros de Atención Móvil a Drogadicción, el cierre de los 4 servicios amigables con la salud sexual y reproductiva de las mujeres, y la disminución en la cobertura de la vigilancia en salud pública de la ciudad, entre otras medidas.

 

En materia de indicadores de salud pública, está pendiente contar con las cifras consolidadas para el año 2016, pero se observa con preocupación la elevación en las tasas de mortalidad infantil por infección respiratoria.

 

El cambio de modelo que se viene operando tiene, en general, las características de una ruta hacia la privatización total de la salud en la ciudad, considerando que ya casi el 75 por ciento de la misma es manejada por actores privados. La conformación de la entidad logística, y del instituto de biotecnología como entidades mixtas y el inicio de la estructuración de las APP para la construcción de infraestructura, marcan con claridad una concepción corporativista para el manejo de la salud, que para el caso colombiano no cuenta con evidencia favorable y, al contrario, expone la salud de los más pobres a los intereses de rentabilidad de los actores privados.

 

* Médico salubrista.

Publicado enEdición Nº231
Miércoles, 29 Junio 2016 07:47

Brexit: consecuencias e impactos

Brexit: consecuencias e impactos

El Brexit no protegerá a la Gran Bretaña del horror de una Unión Europea en vías de desintegración.

 

Ganó el Leave, salir, porque demasiados votantes británicos identificaron a la UE con autoritarismo, irracionalidad y desprecio de la democracia parlamentaria, y porque demasiado pocos creyeron a los que sosteníamos que otra UE era posible.


Hice campaña a favor de un voto radical por el Remain, por quedarse, haciéndome eco de los valores de nuestro movimiento paneuropeo Democracy in Europe Movement (DiEM25). Visité distintas ciudades en Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte, buscando convencer a los progresistas de que disolver la UE no era la solución. Sostuve que su desintegración desencadenaría fuerzas deflacionarias tales, que muy probablemente significarán por doquiera una nueva vuelta de tuerca de la austeridad y que terminarán favoreciendo al establishment y a sus adláteres xenófobos. Junto con John McDonell, Caroline Lucas, Owen Jones, Paul Mason y otros, abogué por una estrategia de permanecer, pero contra el orden y las instituciones establecidos.


Contra nosotros se levantaba una alianza fraguada entre:


- David Cameron, cuyos amaños con Bruselas traen a la memoria de los británicos todo lo que desprecian en la UE;


- el Tesoro y su grotesco alarmismo pseudoeconométrico;


- la City, cuya insufrible arrogancia ensimismada puso a millones de votantes contra la UE;


- Bruselas, tenazmente empleada en aplicar su última tortura del “submarino” y el simulacro de asfixia a la periferia europea;


- el ministro de finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, cuyas amenazas a los votantes británicos galvanizaron el sentimiento antialemán;


- el penoso gobierno socialista francés;


- Hillary Clinton y sus alegras muchachos atlantistas, dibujando una UE incluida en otra peligrosa “coalición de voluntades”;


- y el gobierno griego, cuya persistente capitulación ante la punitiva austeridad de la UE tan difícil nos hacía convencer a la clase obrera británica de que sus derechos estaban protegidos por Bruselas.


Las fuerzas subterráneas insidiosas que se verán activadas ahora


Las repercusiones del voto serán calamitosas. Pero no serán aquellas contra las que repetidamente advirtían Cameron y Bruselas. Los mercados no tardarán en estabilizarse, y las negociaciones probablemente llevarán a una solución de tipo noruego, lo que permitirá al próximo parlamento británico encontrar la vía hacia algún tipo de arreglo tomado de común acuerdo. Schäuble y Bruselas patalearán y resoplarán, pero, inevitablemente, buscarán un compromiso de este tipo con Londres. Los Tories se mantendrán unidos, como siempre, guiados por el potente instinto de su interés de clase. Sin embargo, a pesar de la relativa tranquilidad que seguirá al actual shock, se activarán fuerzas subterráneas insidiosas dotadas de una formidable capacidad para infligir daños a Europa y a la Gran Bretaña.


Ni Italia, ni Finlandia, ni España, ni Francia ni, desde luego, Grecia son sostenibles bajo las actuales condiciones. La arquitectura del euro es garantía de estancamiento y está profundizando la espiral deflacionaria de deuda que fortalece a la derecha xenófoba. Los populistas en Italia, en Finlandia, posiblemente en Francia, exigirán referéndums u otras sendas de desconexión.


El único hombre con un plan es el ministro alemán de finanzas. Schäuble ve en el pánico post-Brexit su gran oportunidad de poner por obra una unión permanentemente austeritaria. Las zanahorias vienen en forma de un pequeño presupuesto de la eurozona destinado cubrir parcialmente el desempleo y los seguros de los depósitos bancarios. El palo será un poder de veto sobre los presupuestos nacionales.


Si yo estoy en lo cierto y el Brexit lleva a la construcción de una jaula de hierro austeritaria permanente para los estados miembros que permanecen en la UE, hay dos posibles resultados. Uno es que la jaula de hierro se sostenga, en cuyo caso la austeridad institucionalizada exportará deflación a Gran Bretaña, pero también a China (cuyo ulterior desestabilización tendrá a su vez negativas repercusiones en Gran Bretaña y en la UE).


Otra posibilidad es que la jaula se rompa (por abandono de Italia o de Finlandia, por ejemplo), resultando finalmente en el abandono por parte alemana de una eurozona en colapso. Pero eso convertirá a la nueva zona Deutschmark –que probablemente se extenderá hasta la frontera ucraniana— en una gigantesca máquina generadora de deflación (puesto que la nueva moneda se disparará al alza, y las fábricas alemanas perderán mercados internacionales). Gran Bretaña y China tendrían, bajo ese escenario, mayores posibilidades aún de ser alcanzadas por un shock deflacionario todavía mayor.


El horror de esos posibles desarrollos, de los que el Brexit no protegerá a Gran Bretaña, es la razón principal de que yo y otros miembros del DiEM25 hayamos tratado de salvar a la UE del establishment que está llevando al europeismo al abismo. Yo dudo mucho de que, a pesar del pánico que han sentido tras el Brexit, los dirigentes de la UE sean capaces de aprender la lección. Seguirán parloteando de la democratización de la UE y seguirán imponiéndose a través del miedo. ¿Puede sorprender que tantos progresistas británicos hayan terminado dando la espalda a esta UE?
Aunque yo sigo convencido de que el Leave era la opción equivocada, me congratulo de la determinación del pueblo británico para enfrentarse a la disminución de soberanía democrática causada por el déficit democrático de la UE. Y me niego a sentirme abatido, aun contándome entre los perdedores del referéndum.


Lo que ahora deben hacer los demócratas británicos y europeos es aprovechar ese voto para enfrentarse al establishment en Londres y en Bruselas con más ahínco que antes. La desintegración de la UE corre ahora a toda velocidad. Tender puentes por toda Europa, unir a los demócratas a través de toda las fronteras y de todos los partidos; eso es lo que Europa necesita más que nunca para evitar deslizarse hacia un abismo xenófobo y deflacionario como el de los años 30 del siglo pasado.


Traducción para www.sinpermiso.info: Mínima Estrella
https://yanisvaroufakis.eu/, 25 junio 2016

Publicado enEconomía
Viernes, 22 Abril 2016 07:45

El país detenido

El país detenido

Hace una semana en Cuba todo parecía estar perfectamente “amarrado”, como en un guión que sin mayores enmiendas ya había sido escrito hasta 2018, o incluso 2021. Eso fue antes de que en el séptimo congreso del Partido Comunista (Pcc) los “máximos líderes de la revolución” pusieran en pausa los relojes del país... al menos por algunos años.


En pocas palabras, el acontecimiento puede resumirse así: Raúl Castro no designó a un nuevo segundo secretario del Partido –como se esperaba– sino que apeló a la reelección del hombre que hasta ahora venía desempeñando el cargo: José Ramón Machado Ventura. Se trata de un integrante de la “generación del Centenario” –como el propio Raúl y Fidel– que a sus 86 años posee un fuerte prestigio dentro de la maquinaria estatal, pero puede ofrecer muy pocas opciones de renovación. El hecho marca cualquier valoración en torno a ese cónclave político, decisivo en Cuba, donde cada cinco años se trazan las políticas económicas y sociales.

Sobre todo porque determina un alto en la pretendida modernización del modelo.


“El simbolismo de sortear los cambios con la generación del Centenario es importante”, explica en un comentario Harold Cárdenas Manresa, profesor universitario y coautor de La joven Cuba, uno de los blogs de discusión política más influyentes de la isla. “La generación de mis padres (nacida luego del 1 de enero de 1959) también merece una confianza que ha sido procrastinada, postergada... y nos puede costar caro. Ojalá el futuro traiga continuidades y no rupturas.”


En Cuba el primer y el segundo secretario del Comité Central del Partido son las principales figuras decisorias del país (incluso por encima del propio presidente). De ahí la importancia de la designación por parte del mandatario, quien concentra en sus manos las responsabilidades de jefe del Estado, del gobierno y de las fuerzas armadas. Su avanzada edad (cumplirá 85 en junio) y varias declaraciones previas al congreso hacían suponer que ahora –por primera vez en la historia de la revolución– el cargo sería asumido por alguien que no integrara la “generación histórica” que encabezó la lucha contra el dictador Fulgencio Batista en la década de 1950.


En ese sentido, el principal candidato era Miguel Díaz-Canel Bermúdez (56 años), el primer vicepresidente, quien dentro de los círculos oficiales es visto como una apuesta segura, y cuenta con un respaldo apreciable entre la población, en particular en las provincias que dirigió entre 1994 y 2009.


Roberto Álvarez Quiñones, un ex periodista de Granma (el principal periódico del país, y vocero del Partido), ya lo había anticipado: “la misión del actual primer vicepresidente es de marketing, de vender la idea de que en Cuba hay una renovación de la cúspide dirigente. Díaz-Canel sólo podría ser presidente si muriese Raúl, y sólo hasta 2018”. El quid de la cuestión parece radicar en un problema de confianza, pues la mayoría de los anteriores “delfines” terminaron sucumbiendo ante acusaciones de corrupción y “actitudes incompatibles con la moral socialista”, lo que en una ocasión hizo exclamar a Raúl Castro que “habían dejado sin recambio a la revolución”.


El acelerado crecimiento de la inversión extranjera y la aparición de una pequeña pero activa clase media profundizan las reservas entre quienes establecieron el actual modelo de país, considera Aldo, un profesor universitario de derecho que prefirió resguardarse en el anonimato. La mayor inquietud sería estar entronizando un líder que luego condujera una transición “al estilo español, o peor aun, soviético”, señala. “Hace una década, durante uno de sus últimos discursos, Fidel Castro lo señaló repetidamente: ‘los únicos que podrán derrocar a la revolución son los mismos cubanos’. Aunque puedan verse como acontecimientos lejanos en el tiempo, para la actual dirigencia aquellos son recuerdos tangibles. La etapa posterior al franquismo o el derrumbe de la Urss se produjeron cuando ellos ya estaban en el poder y no son tan fáciles de obviar por la sencilla razón de que lo que ocurre en Cuba guarda muchas similitudes con las circunstancias que condujeron a la desaparición de ambos sistemas, en especial con las que se vivían en el Moscú de finales de la década de 1980.”


El congreso que esta semana concluyó en La Habana no pudo ser más diferente al anterior, que en abril de 2011 abrió las puertas a una profunda reforma económica y una discusión nacional acerca del proyecto de país que debería construirse. Cinco años más tarde, la actualización del socialismo cubano ha sido puesta en pausa, al menos en cuanto a su renovación generacional.

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