El presidente de Chile pide ahora perdón y anuncia reformas, pero mantiene al Ejército en la calle

- Sebastián Piñera afirma que ha recibido "con humildad el mensaje": "Los distintos Gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer la situación en su magnitud"

- El modelo privatizado de pensiones, el precario sistema de salud o los bajos salarios son algunos de los motivos que han hecho estallar a la población chilena

- Una veintena de organizaciones sociales ha convocado una huelga general y movilizaciones para este miércoles y jueves

 

 

En el quinto día de protestas masivas en Chile, que se desarrollan bajo vigilancia militar y en las que ya han fallecido más de 15 personas, el presidente del país, Sebastián Piñera, ha anunciado reformas sociales, pero ha dejado sin atender la petición de devolver el Ejército a los cuarteles.

 

"Hemos recibido con humildad y claridad el mensaje que los chilenos nos han entregado. Es verdad que los problemas se acumulaban desde hace muchas décadas y que los distintos Gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Reconozco y pido perdón por esta falta de visión", ha dicho ahora Piñera en una alocución televisada a la nación.

 

El modelo privatizado de pensiones, el precario sistema de salud o los bajos salarios son algunos de los motivos que han hecho estallar a la población chilena, que desde la noche del viernes se manifiesta para exigir cambios, y son tres de los principales asuntos de la nueva agenda social de Piñera.

 

El mandatario anunció un incremento "inmediato" en un 20 % de la Pensión Básica Solidaria y de otro 20 % en el Aporte Previsional Solidario, vías por las que el Estado participa en el sistema previsional chileno, que es de capitalización individual y está administrado por empresas privadas.

 

La iniciativa, según Piñera, beneficiará en total a 1,5 millones pensionistas y se unirá a otras medidas de ayuda para los de más de 75 años, para los adultos que no se valen por sí mismos y para complementar el ahorro previsional de la clase media y las mujeres.

 

Anunció también el tratamiento legislativo de "urgencia" de un proyecto de ley para crear un seguro que garantice un techo de gasto en salud en caso de padecer "enfermedades catastróficas" y dos iniciativas para subvencionar el precio de los medicamentos.

 

Creará también un ingreso mínimo garantizado de 350.000 pesos (unos 482 dólares) que complemente el salario de los trabajadores a jornada completa cuando sea inferior a esa cantidad, mientras que rebajará las dietas de los parlamentarios y los altos sueldos de la Administración pública.

 

Para financiar estas medidas, propondrá, entre otras cosas, un proyecto de ley para aplicar un impuesto del 40 % a las rentas superiores a 8 millones de pesos mensuales (unos 11.000 dólares), mediante el cual se espera recaudar 160 millones de dólares. El coste de implementar todas estas medidas será de 1.200 millones de dólares para las arcas fiscales en 2020.

 

La oposición recibió con frialdad los anuncios del presidente. Desde su cuenta de Twitter, el diputado de izquierdas Gabriel Boric, por ejemplo, calificó las medidas como "ayudas sociales" que, aunque necesarias, no solucionan un malestar social que requiere "transformaciones estructurales".

 

La acogida a la reacción de Piñera se verá el miércoles

 

La acogida de la población a las respuestas del presiente se verá este miércoles, jornada para la que de nuevo se han convocado distintas marchas y concentraciones populares en todo el país y una veintena de organizaciones ha convocado una huelga general. Las de este martes fueron de nuevo masivas y en su mayor parte pacíficas y festivas, pero tampoco estuvieron exentas de episodios violentos.

 

Los saqueos continúan y, entre otros sucesos graves, en la ciudad de Talca (centro) se produjo un incendio de grandes proporciones en un almacén de abastecimiento, mientras que en San Pedro de La Paz (sur) un atropello múltiple se cobró la vida de al menos dos personas.

 

La presencia del Ejército en gran parte del país para controlar la seguridad y el establecimiento de toques de queda en varias ciudades y regiones también está generando tensiones. Por las redes sociales circulan vídeos de presuntos abusos por parte de los militares que han enervado aún más el ánimo de los manifestantes, a quienes la presencia de los uniformados en las calles les retrotrae a los tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

 

De hecho, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile ha interpuesto querellas por denuncias de torturas y abusos de agentes de las fuerzas del Estado durante las protestas en los últimos cinco días.

 

Piñera ha dicho querer terminar con los estados de emergencia, los toques de queda y devolver a los militares a sus cuarteles, pero que no lo hará hasta que "el orden público, la seguridad y los bienes, tanto públicos como privados, estén debidamente resguardados".

 


 

El audio de la esposa de Piñera: “Vamos a tener que disminuir nuestros privilegios”  

 

Por Página12

 

La primera dama chilena se refirió a las manifestaciones y las calificó como "una invasión extranjera, alienígena".

 

En Chile comenzó a circular un audio desde el domingo en el que la primera dama Cecilia Morel le habla a una amiga sobre la situación de crisis en el país y deja algunas definiciones que causaron indignación. El diario chileno La Tercera confirmó la veracidad del audio tras chequear con fuentes de La Moneda.

 

“Amiga, yo creo que lo más importante es tratar de nosotros mantener la cabeza fría, no seguir calentándonos, porque lo que viene es muy, muy, muy grave”, comienza la nota de voz.

 

Luego expresa: “Adelantaron el toque de queda porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento, de alimentos, incluso en algunas zonas el agua, las farmacias, intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto, o sea, estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirlas”, detalla.

 

Sobre el final deja la frase que causó más rechazo en medio de las masivas protestas contra el gobierno de su marido, Sebastián Piñera. “Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen de racionar la comida, y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás“, dice Morel.

Publicado enCrisis Chile
El peligroso discurso de la emergencia climática

No hay duda de que estamos en una situación muy grave de crisis climática: desde que el planeta era inhabitable para la vida hace millones de años, nunca había habido tal concentración de CO2 en la atmósfera. Esto se traduce en calentamiento global, que con sólo 1 grado más de aumento en el promedio global de temperatura desde 1850, está produciendo violentos huracanes y tormentas, inundaciones, sequías, muerte de arrecifes coralinos, todo ello con graves consecuencias para los pueblos, sobre todo para quienes dependen directamente de la salud de los ecosistemas en sus formas de subsistencia, como los pueblos indígenas y campesinos. Que son a su vez quienes alimentan a la mayoría de la población mundial.

La crisis por tanto es real y es grave. No obstante, la manipulación discursiva que de ella hacen quienes son sus principales responsables – las mayores empresas de petróleo, carbón y gas, las de agronegocios, químicos, construcción, transporte y la docena de gobiernos de países que cargan con la mayor responsabilidad histórica por el calentamiento – garantiza que será peor.

La injusticia climática es un característica fundamental del cambio climático. Dos terceras partes del calentamiento global ha sido provocado por apenas 90 grandes empresas de petróleo, gas, carbón y cemento. A su vez, solamente 10 países son responsables históricos por más de dos terceras partes del calentamiento global, con Estados Unidos a la cabeza, con mucha diferencia. Desde 2010, China sobrepasó a EU como principal emisor,pero en distribución de emisiones per cápita, China sigue estando más de 10 veces por debajo de Estados Unidos. Actualmente, 10 países, incluidas China e India, además de Estados Unidos, Rusia, Unión Europea, Japón, Arabia Saudita y otros son responsables de más de 70 por ciento de las emisiones.

Todo ello para avanzar un modelo de producción y consumo industrial basado en combustible fósiles, que es la base del capitalismo.

Casi la totalidad del calentamiento global sucedió después de 1970, cuando ya se conocía que el proceso estaba ocurriendo y los riesgos que significaba. También se conocían sus causas y en la última década se las definió con mayor detalle: Según las cifras de expertos oficiales, como el IPCC en su 5º Informe Global; el calentamiento se debe a los siguientes factores: 25 % a la producción de energía de fuentes fósiles, 24 % a agricultura y deforestación, 21 % a emisiones industriales, 14% a transportes.

Estudios de organizaciones como Grain, Grupo ETC y la Coalición Mundial por los Bosques, entre otras, han extrapolado estos datos del IPCC, concluyendo que el sistema alimentario agroindustrial (incluyendo la ganadería a gran escala) debido a su alto uso de fertilizantes sintéticos y agrotóxicos –que son derivados de petróleo­– , el hecho de que la expansión agropecuaria es el principal factor de deforestación a nivel global, los masivos transportes de alimentos a grandes distancias y la generación de basura orgánica que emite metano, son responsables del 44 al 57 por ciento de las emisiones que causan el calentamiento.

Tanto empresas como gobiernos conocen las causas de la crisis, pero sus acciones no se dirigen a modificar las causas del calentamiento global, sino a ver cómo “manejar” la crisis, buscando con ello crear nuevas fuentes de negocios, principalmente a través de mercados de carbono y nuevas tecnologías.

Recientemente, Secretario general de Naciones Unidas y algunos gobiernos, como el de Reino Unido, frente a las protestas masivas encabezadas por jóvenes, han comenzado a hablar de la necesidad de declarar un estado de “emergencia climática”.

Pero nuevamente, estos discursos en nada cuestionan las causas del calentamiento global ni pretenden cambiarlas. Si así fuera, lo lógico y coherente sería desmantelar aceleradamente la explotación de petróleo, carbón y gas, cambiar el sistema alimentario industrial basado dominado por trasnacionales, parar la producción de vehículos, cambiar radicalmente los sistemas de transporte para que sean públicos y colectivos y otras medidas por el estilo.

Pero por cínico que parezca, lo que sucede es lo contrario: se nombran las causas, para a continuación ignorarlas y ver cómo seguir con todo el sistema de emisiones de CO2, pero “compensando” esas emisiones con tecnologías de geoingeniería y mercados de carbono.

Este discurso de emergencia climática desde el poder es altamente riesgoso, porque justifica la geoingeniería, es decir la manipulación del planeta a nivel global por medios tecnológicos, para bajar la temperatura o remover gases de la atmósfera. Son propuestas tecnológicas que si realmente se desplegaran a la escala necesaria para influir en el clima global, provocarían un aumento catastrófico de las sequías e inundaciones en todos los trópicos, particularmente en Asia y África.

Ya las proponían desde hace una década, pero las llamaban un plan B. Ahora, con el llamado a enfrentar la emergencia climática, se proponen como plan A: si la situación es tan grave y urgente, solo queda usar tecnologías extremas para controlarla. Y encima lo ponen como si fuera una respuesta a las demandas de millones de jóvenes y gente preocupada por el cambio climático en todo el mundo, cuando en realidad es una renovada forma de hipotecar su futuro.

¿Significa esto que en realidad no existe “emergencia”? Sí existe, pero no sólo emergencia climática, también de desigualdad, de migrantes, desplazadas y desplazados en todo el mundo, de feminicidios, de guerras contra campesinas, campesinos y los pueblos indígenas, de guerras contra los pobres y muchas otras guerras, de extinción masiva de especies, de contaminación de oceános y suelos, de basura, de salud, de epidemias de cáncer y crisis inmunológica y muchas otras. La selección desde el poder de una de éstas como la central, en desmedro de las otras, es para obligarnos a aceptar medidas extremas y desde arriba, como si nos estuvieran salvando de algo.

Son las luchas colectivas desde abajo, por la defensa de la vida comunitaria en campo y ciudad, por las formas de producción sanas, por mantener la diversidad cultural y natural y/o por crear culturas nuevas y justas que restituyan la relación entre y dentro de las comunidades humanas y con la naturaleza, las que verdaderamente responden a las crisis, además de entrañar el tejido de resistencias y cuestionamiento real al sistema capitalista, ecocida y genocida.

22 octubre 2019

Publicado enMedio Ambiente
Imagen: AFP

El mandatario Piñera habla de guerra y a la vez de plan de reconstrucción. Mientras tanto, miles de personas inundan las calles con sus reclamos.

 

“Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, el metro, los supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible". Con esas palabras, el presidente de Chile, Sebastián Piñera intentó calmar a la ciudadanía la noche del domingo, cuando las manifestaciones y cacerolazos, daban paso a los saqueos, asaltos, vandalismo y destrucción perpetrados por turbas dispuestas a todo. La desafortunada frase del mandatario se sumó a una seguidilla de desaciertos comunicacionales de sus ministros que en vez de calmar los ánimos, han incendiado más la pradera a niveles no vistos desde la dictadura de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990.

Pero estamos en 2019 y los tiempos han cambiado, al menos eso estima la gente que ha hecho caso omiso a los toque de queda y las medidas de excepción decretadas para Santiago y las principales ciudades del país, manteniéndose en las calles protestando de manera pacífica algunos y otros delinquiendo. 

"Que se vayan los milicos" y "¡Chile despertó!", gritaban a coro los manifestantes en la céntrica plaza Italia, frente a los Carabineros dispuestos en un gran operativo de seguridad en el centro de la capital chilena, que continúa bajo estado de emergencia.

Más de veinte organizaciones sociales convocaron a manifestarse en apoyo el reclamo estudiantil y denunciar “la represión y el uso de la fuerza desmedida” ejercida por los Carabineros.  Para este miércoles llamaron a una huelga general 

"Porque no es solo por les estudiantes, es por nuestros padres y madres. Por nuestros abueles. Es por todos los abusos y las violaciones a los derechos humanos, por la represión contra la lucha justa del pueblo, por la dignidad de la vida, decimos fuerte y claro #PiñeraRenuncia”, sostuvieron desde la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.

En este escenario revuelto, donde se mezclan lo que reclaman con razón como los jubilados, los enfermos que no tienen cama en un hospital, los jóvenes que ven que no les alcanza para estudiar, los que no tienen como llegar a fin de mes o a los que los pesos no les da para pagar un subte de más de un dólar, con otros que aprovechan el caos para producir algunos saqueos. Fue un militar el que puso algo de cordura la mañana del lunes.

El Jefe de Defensa Nacional, general Javier Iturriaga, se desmarcó temprano de Piñera: “soy un hombre feliz y la verdad, no estoy en guerra con nadie". Con ello puso paños fríos a la situación y dio un positivo balance sobre el funcionamiento de Santiago, la capital del país durante el inicio de la jornada luego que a las seis de la mañana se levantara el toque de queda. Tras sobrevolar la ciudad, el militar aseguró que “estamos muy conformes con lo que hemos visto. Ha sido un despertar lento de la ciudad, en calma, en paz, lo que nos tiene por supuesto muy tranquilos, pero al mismo tiempo muy alertas para solucionar cualquier inconveniente que pudieran provocar algunos desadaptados…tenemos todas las fuerzas necesarias para prever cualquier situación de riesgo o algún desmán que pudieran producir durante la mañana”.

Luego, a eso de las 4 de la tarde, el militar reculó justo cuando se anunció que Piñera hablaría más tarde y las manifestaciones recrudecían.

“No corresponde especular sobre una frase que yo dije hoy en la mañana. En mis palabras nunca hubo una doble intención”, dijo leyendo un comunicado al tiempo que aseguró entender “perfectamente” su cargo y “la autoridad máxima que representa el Presidente”. También anunció un nuevo toque de queda dado que las movilizaciones en Santiago y en varias ciudades del país no se aplacaron con la presencia de los militares en las calles.

Desde que comenzaron las movilizaciones a fines de la semana pasada, primero con la subida del valor del subte y las evasiones masivas espontáneas que esa medida ocasionó, los cacerolazos y posteriores desmanes, mucha gente , asustada y cansada de ver como se destruía su entorno, decidió armarse y cuidar sus pertenencias y las instalaciones privadas. En ese escenario, Iturriaga pidió a la población que “no se defienda por sí misma. Nosotros somos los responsables de dar esa protección y estamos haciendo todos los esfuerzos para llegar a todos los rincones de la ciudad”, esto a pesar que sostuvo que los 8.700 uniformados desplegados en las calles “son insuficientes para toda la Región Metropolitana. Siempre van a producirse actos vandálicos a los cuales vamos a llegar seguramente con mayor lentitud, pero estamos haciendo todos los esfuerzos para darle tranquilidad a la población”.

Por la noche, Piñera se refirió nuevamente a la crisis que se vive en el país y anunció que este martes se reunirá con presidentes de partidos políticos de todos los sectores. "Esperamos mañana analizar nuestras ideas y las que nos propongan tanto nuestros partidos, como los de la oposición. Estamos trabajando en un plan de reconstrucción", señaló el mandatario.

Junto a ello, sostuvo que “a veces he hablado duro… lo hago porque me indigna ver el daño y el dolor que esta violencia provoca". Además anunció un cambio de ministros y una agenda rápida para salir del caos actual.

“Hoy estamos trabajando en un conjunto de medidas, para poder potenciar la mejoría de las pensiones, bajar el precio de los medicamentos, reducir las listas de esperas, mejorar la calidad en la atención de salud y también implementar un seguro catastrófico para controlar lo que significa el gasto de medicamentos”, agregó Piñera sin dar mayores detalles de estas acciones.

En paralelo, el presidente del Senado, Jaime Quintana, pidió retomar el diálogo para una nueva constitución y que el mundo político se haga cargo “del dolor profundo de la sociedad chilena”.

En ese sentido se refirió a las anteriores declaraciones belicosas de Piñera: “No es el camino. Es el momento que vuelva la sensatez a La Moneda, que gobierne y creo que la expresión del Presidente fue lo más lejano a eso, a gobernar”, sostuvo Quintana. Agregó que “lo que tenemos hoy son hechos de violencia, actos vandálicos, sin ninguna duda. Y eso hay que condenarlo enérgicamente”. Asimismo, el líder del Senado aseguró que “aquí hay una acumulación de un conjunto de desatenciones, de decisiones del mundo político probablemente erradas, seguramente por décadas. En esto tenemos que ser justos, no podemos achacarle toda la responsabilidad a este gobierno”.

Finalmente, consultado por las voces que piden la renuncia de Piñera, Quintana se desmarcó, asegurando que “este país decidió al Presidente Piñera para gobernar”.

Otra personalidad que opinó fue la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien exhortó al gobierno de Piñera a trabajar con todos los sectores que ayuden a calmar la situación que enfrenta el país, por las protestas que se han desarrollado en la última semana.

 La exmandataria instó a llevar las protestas de manera pacífica, después de que se reportara la muerte de 11 personas durante el fin de semana.

“Exhorto al gobierno a que trabaje con todos los sectores de la sociedad hacia soluciones que contribuyan a calmar la situación e intentar abordar los agravios de la población en interés de la nación”, dijo.

Y agregó que “es esencial que todos los actos que han provocado lesiones y muerte, tanto por parte de las autoridades como de los manifestantes, sean sometidos a investigaciones independientes, imparciales y transparentes”.

Junto a ello, sostuvo que “el uso de una retórica inflamatoria solo servirá para agravar aún más la situación, y se corre el riesgo de generar miedo en la población”.

Desde La Moneda, la ministra de Gobierno, Cecilia Pérez, realizó una vocería donde abordó las distintas manifestaciones sociales que se han desarrollado en el país durante los últimos días.

En ese sentido, la secretaria de Estado aseguró que ningún ministro ha presentado su renuncia al presidente Piñera.

“No ha puesto ningún ministro su cargo a disposición del presidente, porque lo que nos corresponde como colaboradores de él, es estar trabajando en nuestros lugares, dado lo que estamos viviendo”, indicó.

Consultada por la evaluación y la autocrítica del gobierno respecto a lo que vive el país, Pérez aseguró que “críticas, autocríticas, nos hacemos todos los días…Y esa es una diferencia de actitud. Eso significa que cada día podríamos hacerlo mejor”, indicó.

La secretaria de Estado, en la misma línea del presidente y del ministro del Interior Andrés Chadwick responsabilizó a “grupos organizados” detrás de algunos hechos de violencia que han afectado la capital.

Para entender la génesis de la situación en Chile, lo primero es descartar de plano que el estallido social -que ya ha costado la vida a 11 personas, la destrucción y saqueo de cientos de supermercados y negocios y la pérdida de millones de dólares en daños a la infraestructura- se deba solo al alza del pasaje del metro. Un análisis del El Mercurio, el diario de derecha más influyente del país lo explica así: "En un escenario en que las instituciones políticas, judiciales, militares y religiosas están cuestionadas, surge luego de las protestas un vandalismo que ataca bienes de uso común. Mientras tanto, se mantiene la fragmentación política, sin consenso ante la forma de combatir a la violencia". 

En la última encuesta de Paz Ciudadana dada a conocer hace pocos días, Carabineros había alcanzado su nota más baja desde 2011. Hace tan solo cinco meses, otra encuesta (UDD) mostraba que el 81% de los chilenos cree que las instituciones están en crisis y revelaba una baja evaluación de autoridades políticas, del Poder Judicial y las fiscalías, del sector empresarial, de las instituciones armadas, de Carabineros y de las iglesias. Y quizás esto último es, según distintos sectores, un rasgo que en ocasiones anteriores era clave. En episodios de crisis social, la Iglesia Católica tenía una voz preponderante y asumía un rol de garante ante las demandas de polos en conflicto. Hoy, pese a sus llamados a la paz, no es un actor central. 

Mientras el Gobierno y el Parlamento intentan controlar la crisis con medidas como el congelamiento de las tarifas del transporte público, y las Fuerzas Armadas y Carabineros buscan poner orden ante los saqueos, no parece haber una mirada transversal sobre cómo abordar la crisis y qué reformas son las que se deben priorizar.

“El caso del metro es paradigmático. Si bien la evasión se inició luego del alza de la tarifa de ese medio de transporte, lo que vino después, con la quema de las estaciones y la destrucción de sus instalaciones, ha significado no solo una pérdida millonaria para la Región Metropolitana: se ha traducido en que una especie de baluarte del progreso de Santiago, que se ha ido extendiendo por distintas comunas en los últimos años, quede prácticamente inservible y deje a miles de chilenos sin uno de sus medios de transporte esenciales para la vida en la ciudad. Esa "herida", que será difícil de recuperar, ha significado que vecinos comiencen a reaccionar en defensa de los sectores afectados, saliendo a las calles y limpiando sectores que han sido gravemente dañados.

Por otro lado, los disturbios que se registraron en Chile el fin de semana, dañan la imagen de estabilidad del país, indicó The Economist.

“Las prácticas que sustentan la prosperidad no son populares”, indicó la publicación británica en un reportaje en que destacó también que los hechos han sacudido el modelo económico.

“La violencia ha impactado a muchos chilenos. Su país es uno de los más prósperos y pacíficos de América del Sur. Ahora ha sufrido el tipo de agitación que ocurrió recientemente en Ecuador, un país mucho más pobre, cuando su gobierno aumentó los precios del combustible para cumplir con los términos de un acuerdo con el FMI (también cedió)”, indicó.

The Economist señala que los chilenos “no solo están enojados por el precio del transporte. Pagan un montón por el sistema de salud y generalmente tienen que esperar largos períodos para ver un doctor. La educación pública es pobre. Las pensiones, manejadas por firmas privadas bajo un sistema establecido por el régimen de Pinochet, son bajas. La creciente inequidad aviva el enojo. En 2017, los ingresos del decil más rico fue 39,1 veces más alto que el del decil más pobre, de acuerdo con una encuesta del Ministerio de Desarrollo Social.

“Piñera hasta ahora ha fallado en generar una empuje económico notable, una de sus principales promesas de campaña. El crecimiento anual fue de solo 1,9% en el segundo trimestre de 2019. Sin una mayoría en el congreso. Piñera ha sido lento en lograr reformas de pensiones y tributarias, haciendo que el gobierno se vea como ineficiente”, subraya The economist.

El medio británico recuerda que pronto Chile debe ser sede de la cumbre Apec y de la COP25, para lo cual Chile “se mostraba como un bastión de estabilidad en América del Sur. Piñera no tiene mucho tiempo para convencer a los dignatarios que esto sigue siendo cierto”.

Como corolario del día, el derechista alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, solicitó al gobierno un “gabinete de unidad con otras fuerzas políticas”, para enfrentar la situación que hoy se vive en el país tras las masivas protestas por derechos sociales.

En Canal 13, el edil hizo un llamado al presidente Sebastián Piñera a realizar cambios en los ministerios. “El gabinete actual, cuando salgamos de esta crisis, tiene que poner a disposición sus cargos”, dijo.

“Frente a una situación extrema, como la que estamos viviendo hoy día -el país es otro-, (necesitamos) medidas extremas”, añadió.

Hasta anoche se encontraban en toque de queda la región Metropolitana, Antofagasta, Copiapó, Caldera, Vallenar, La Serena y Coquimbo, Valparaíso, Rancagua, Talca, Concepción, Valdivia, Osorno y Puerto Montt.

 


 

Multitudinaria movilización en el centro de Santiago

 

Chile: masiva protesta de los estudiantes y huelga general

 

Por, Página12

La medida de fuerza se cumple este lunes en medio de las protestas por el aumento del subte. Fue convocada por más de veinte organizaciones luego de que los estudiantes llamaran a movilizarse.

Miles de manifestantes comenzaron a concentrarse este mediodía en las plazas de Santiago en el marco de la huelga general convocada por organizaciones sociales y sindicatos para apoyar el reclamo de los estudiantes en contra del aumento del boleto del metro. "Que se vayan los milicos" y "¡Chile despertó!", gritaban a coro los manifestantes en la céntrica plaza Italia, frente a los Carabineros dispuestos en un gran operativo de seguridad en el centro de la capital chilena, que continúa bajo estado de emergencia.

La nueva huelga general fue convocada después de un fin de semana de manifestaciones violentas y con la ciudad completamente militarizada. Más de veinte organizaciones sociales convocaron a manifestarse en apoyo el reclamo estudiantil y denunciar “la represión y el uso de la fuerza desmedida” ejercida por los Carabineros. La cifra de víctimas fatales se elevó a diez el domingo por la noche tras el hallazgo de dos cuerpos calcinados en el incendio de un supermercado de productos industriales.

El segundo toque de queda ordenado por el presidente Sebastián Piñera terminó este lunes a las 9 de la mañana, con un enorme despliegue policial y militar en las calles de la ciudad. El metro de Santiago abrió parcialmente una de sus líneas luego de estar totalmente paralizado desde el viernes cuando comenzaron las protestas por la suba del pasaje.

Si bien desde el Gobierno anunciaron que además de la Línea 1 del metro, que recorre de este a oeste la capital chilena, se dispondrían micros municipales e interurbanos para satisfacer la demanda de transporte, las organizaciones sociales convocaron a una huelga general enfatizando que el llamado es no ir a trabajar para poder “luchar y marchar junto a los jóvenes”.

“Porque no es solo por les estudiantes, es por nuestros padres y madres. Por nuestros abueles. Es por todos los abusos y las violaciones a los derechos humanos, por la represión contra la lucha justa del pueblo, por la dignidad de la vida, decimos fuerte y claro #PiñeraRenuncia”, sostuvieron desde la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.

Anoche Piñera había dicho que su gobierno estaba "en guerra contra un enemigo poderoso", razón por la cual el mandatario decretó el estado de emergencia en la ciudad de Santiago y otras nueve regiones del país. Por la presión social el presidente tuvo que dar marcha atrás con el aumento de la tarifa del metro que subió de los 800 pesos a los 830 (1,7 dólares).

 

La convocatoria a la huelga general

 

La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) llamó a la movilización de este lunes para exigir “transporte público digno y de calidad” y expresar “que no aceptaremos más abusos”. Los jóvenes, reunidos tanto en la Confederación como en otras entidades estudiantiles, y con el apoyo de organizaciones sociales y sindicales, llamaron a “copar y evadir” nuevamente las estaciones de metro.

Pese a que el disparador de las protestas fue la suba del boleto del metro, el estallido social desencadenó el repudio generalizado contra las políticas económicas del gobierno de Piñera. “Gran parte de nuestras familias deben vivir con el ingreso mínimo”, sostuvieron los estudiantes ante la nueva convocatoria, quienes remarcaron a su vez la grave situación de los jubilados con “pensiones indignas” otorgadas bajo el sistema de AFP.

 “Se hace difícil para nuestras familias soportar alzas injustificadas en el sistema de transporte, el cual no otorga condiciones dignas al viajar hacinados, posee pésima conectividad especialmente en zonas rurales y zonas extremas del país, no existe una frecuencia coherente con la demanda y entrega pésimas condiciones laborales”, afirmaron los estudiantes.

La convocatoria a la huelga de este lunes también remarca que en los últimos años movilizarse por el territorio nacional “se ha vuelto cada vez más caro producto de las constantes alzas en los peajes” en las rutas que son concesionadas y “amasan grandes fortunas con este robo amparado por los gobiernos”.

Por últimos, la Confech repudió la represión y el uso de la fuerza “desmedida” ejercida durante el fin de semana por los carabineros, que tiraron gases lacrimógenos dentro de las estaciones del metro. Los estudiantes se sumaron también al reclamo de los trabajadores del metro que piden estatizar el servicio y retirar a los Carabineros de las estaciones. 

 


 

A un metro de la insurrección

 

Gabriel Morales

Carcaj

 

Las ruinas no nos dan miedo. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas, porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero -le repito- a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Ese mundo está creciendo en este instante (Buenaventura Durruti)

El capitalismo ha dejado caer su máscara democrática. El paraíso neoliberal chileno se desgarra y saca sus garras ante la revuelta popular, que viene desde los subterráneos del Metro de Santiago, salió a la superficie y se expandió arrasándolo todo. Son los estallidos de la insubordinación popular que ha venido gestándose desde hace años de forma subterránea, alimentada en el diario descontento, haciendo eco de la reciente revuelta ecuatoriana, y encontrando hace tan solo unos días atrás su propia chispa en el alza de los pasajes del Metro.  

Fueron solo 30 pesos de aumento, pero es la violencia del sistema entero, con toda su injusticia y desigualdad, lo que está representado en el alza. “No es por 30 pesos, es por 30 años”, dicen las pancartas.

 ¿Y quiénes podían haber iniciado esta revuelta sino lxs estudiantes, que han sido precisamente los sujetos más criminalizados en estos últimos meses? En junio el Gobierno había mandado a militarizar los liceos, y los estudiantes salieron ahora a las estaciones del Metro y centraron sus acciones en la repentina alza de los pasajes. Mediante una efectiva acción directa y colectiva, saltando o pasando por debajo de los torniquetes del Metro, lxs estudiantes abrieron las puertas de la rebeldía e invitaron al resto de la gente a pasar sin pagar, a esos casi tres millones de esclavos convertidos en usuarios que viven buena parte de sus vidas hacinados en los túneles subterráneos de la ciudad, y endeudándose por eso. ¿Cómo no hacer caso al llamado a evadir?

“¡Evadir, no pagar, otra forma de luchar!” fue una de las consignas que acompañaron las evasiones masivas, descubriendo lo que en el fondo ya intuíamos: que en cada carga de la Bip le inyectábamos plata a gran parte del circuito capitalista cuyos edificios arden esta noche, como los bancos y AFP.

Esto sucede porque el sistema del Metro está intensamente interconectado, pero no sólo con la superficie vial y el sistema de transporte superficial, sino también con la red financiera que vehicula gran parte de los capitales públicos y privados hacia las fortunas de las pocas familias dueñas de Chile y de nuestras vidas; los dueños de las empresas para las cuales trabajamos, las cadenas que fabrican los productos que consumimos y los mismos supermercados que nos los venden, los medios de comunicación que ocupamos, los equipos de fútbol que seguimos, las universidades donde elegimos estudiar y las AFP que nos roban gran parte de nuestros sueldos. ¿Cómo no evadir, entonces, cómo no destruir los validadores, las estaciones? Esa es la pregunta que ya no nos dejará de asaltar jamás.

La acción colectiva ha demostrado su eficacia y su potencia. Consiguió rápidamente interrumpir el flujo continuo del transporte público hasta lograr su paralización total, sin banderas ni consignas partidistas. Frente a esto, la represión policial ha sido desde un comienzo desmedida: hemos visto repetidamente durante la semana a los pacos pegándole lumazos a lxs estudiantes, disparando balines a los cuerpos de lxs manifestantes, y tirando bombas lacrimógenas directamente a los rostros de nuestrxs compañerxs, sin importarles la presencia de niñxs o ancianxs.

La protesta no tardó en emerger a la superficie, a las calles, para interrumpir el orden de la ciudad y traer a la luz consigo todos los casos de abusos sistemáticos que antes nos parecían aislados -las miserables pensiones, los aumentos en las cuentas de luz e implementación de medidores inteligentes, el robo del agua, la discusión por la reducción de la jornada laboral y la flexibilización del trabajo, el progresivo aumento de los arriendos, etc.-.

Mientras tanto, la prensa oficial sólo muestra el caos y difunde una sensación de pánico generalizado. Se repiten imágenes de los supermercados, farmacias, buses y estaciones del Metro en llamas, sin mostrar los múltiples videos de los enormes abusos policiales cometidos. Pero el pueblo, cansado de la opresión, de la represión y la injusticia, está librando una lucha ya no contra el alza, sino contra todo lo que significa la precarización de las vidas, y está consiguiendo abrir una herida en el centro del sistema de la cual difícilmente éste podrá recuperarse. La normalidad se encuentra felizmente quebrada.

Felizmente, digo, porque lo que nos parecía más grave hasta ahora no era solo que este mundo se estuviera cayendo a pedazos, que las deudas nos acogotaran todos los meses para tratar de satisfacer nuestras necesidades básicas, o que hasta la comunidad científica estuviese de acuerdo en que el planeta será inhabitable en tres décadas, mientras el extractivismo no descansa un segundo. Lo que nos parecía en verdad más grave era que, ante toda la evidencia del desastre, pudiésemos seguir viviendo nuestras vidas como si nada ocurriese: yendo, como siempre, de nuestra casa al trabajo, al liceo, universidad o instituto, y de vuelta a la casa otra vez como si nada. Después de los últimos días ya no podremos decir lo mismo. Algo se ha removido en nosotrxs. Y todxs quienes albergamos un mundo nuevo en el corazón sentimos que algo ha comenzado a agitarse.

La ministra secretaria general de Gobierno llamó ayer a “normalizar la ciudad”, pero la ciudad se ha transformado hace rato en un campo de batalla, y ha sido bloqueada por el pueblo en sus principales canales de transporte y comunicación. Los flujos normales han sido completamente paralizados. El llamado del Gobierno es a recuperar lo antes posible la normalidad, limpiar las calles, asegurar las tiendas, rehabilitar los semáforos y reestablecer la normal circulación de trabajadores y mercancías. Pero si de algo podemos estar seguros es de que la normalidad ya no es posible.

Lo único que ahora existe, en cambio, es la violencia desmedida y desnuda que la normalidad camufla: la brutal represión policial y militar, las balas y bombas lanzadas sobre la gente, los cobardes asesinatos de nuestrxs compañerxs, así como la inmensa brecha entre ricos y pobres, la miseria silenciada, la evasión legal y sin sanción de los dueños de Chile, los derechos sociales privatizados desde la dictadura.

Desde el viernes la red del Metro se encuentra destruida. Ayer, Vecinxs de muchas comunas de la ciudad comenzaron a ocupar las plazas, saliendo a reunirse en medio del enorme despliegue policial, solo para manifestarse y compartir su descontento. Se levantaron barricadas en la mayoría de las comunas de Santiago, en la mayoría de las ciudades de Chile.

Ayer 19 de octubre se ha decretado Estado de Emergencia, un arma del gobierno empresarial para tratar de silenciar el permanente estado de emergencia en el que vivimos. Piñera llama al diálogo, mientras declara Estado de Emergencia y llama a los militares a las calles. ¿Qué tipo de diálogo es posible en esas circunstancias? Al menos ninguno que nos favorezca.

Salen los pacos y milicos, los verdaderos delincuentes que han robado miles de millones de pesos, a reestablecer el orden público. La razón dictatorial está desnuda en el centro de la querida democracia. Luego, en la tarde, el general Javier Iturriaga decreta toque de queda (que no había sido implementado desde 1987). En la noche, la locomoción sigue paralizada y la gente continúa en las calles. En un gesto de hospitalidad, lxs compañerxs por todas partes ofrecen sus casas para alojar a quienes lo necesiten.

Miles de personas en todo el país decidimos no retroceder, no volvernos a nuestras casas, y preferimos quedarnos en la calle bailando, caceroleando, gritando, haciendo bulla, resistiendo a las balas y gases lacrimógenos. Los milicos pasean armados por las calles, golpeándonos y disparándonos, paseando con sus tanques, helicópteros, fusiles y todo el aparataje que poseen para defender los privilegios de la oligarquía.

Se pensaba que la presencia de los militares en las calles el día de ayer iba a tener un efecto disuasivo en el pueblo. Creían que nos íbamos a retirar a nuestras casas en silencio, pero no: ver a los milicos en nuestros barrios ha reactivado el dolor de nuestra memoria histórica. Así que desafiamos el toque de queda, protestamos y nos rebelamos contra la militarización de los espacios públicos. Resistimos a la verdadera violencia ejercida en nuestros territorios.

El Gobierno, en tanto, responde igual que siempre, reprimiendo a la vez que evadiendo el problema, reduciendo las protestas a un asunto de seguridad pública, acusándonos a lxs manifestantes de ser “delincuentes”. Pero precisamente ese, que era uno de los significantes que había triunfado en Chile en las últimas décadas, ahora se encuentra vacío y ha caído en el descrédito. Y la gran cantidad de casos de corrupción de las altas esferas del poder -Soquimich, Penta, Pacogate, milicogate, etc.- ha acelerado esa caída. ¿Qué sentido tiene tratar de delincuente a alguien que rompe un sensor bip, mientras los grandes delincuentes siguen evadiendo millonarios impuestos, sobornando jueces y quedando libres de condena? ¿Qué sentido tiene criminalizar la evasión mientras el presidente es el campeón nacional de la evasión fiscal y del no pago de contribuciones?

Durante estos días de intensas movilizaciones, el poder no ha hecho más que intentar por todos los medios criminalizar el comportamiento de los manifestantes, pero la lógica de la revuelta es ciega para el poder; no tiene rostro, no tiene líder, ni bandera, ni partido. La insurrección popular esta vez no tiene planificación global, sino que responde a una multitud de acciones espontáneas, desplegándose y coordinándose en la acción. Y ahora tenemos a nuestro favor, además de diversas experiencias de organización en pequeños colectivos, una opinión pública cada vez más favorable a las demandas sociales.

Ahí es donde el relato del poder se queda corto. No es capaz de explicar ni entender lo que está sucediendo. Insiste en tratar las manifestaciones como hechos delictuales aislados, en criminalizar a las personas que protestan, evaden, cacerolean, levantan barricadas o destruyen sus preciados símbolos de estatus.

Aunque los títeres del gobierno y los medios intenten desplazar el debate, sabemos que el problema no tiene que ver con la violencia, o al menos no en los términos en que ellos lo quieren plantear.

Por supuesto que usamos y seguiremos usando la violencia, pero nuestra violencia es mayoritariamente contra la propiedad, contra los símbolos de la división y la injusticia social, y contra aquellos policías que nos reprimen. En cambio, la violencia política y económica, la violencia policial y militar es contra nuestrxs cuerpos y contra nuestras vidas. A la violencia contra la propiedad en Chile se le responde con balas asesinas.

Nuestra violencia, al contrario de la suya, no busca la muerte, pero busca sin embargo algo mucho peor para ellos: la total decapitación del poder. Lo que ellos llaman violencia es en realidad la acción directa que muestra la fragilidad de los propios símbolos de su poder. En nuestra ética, las vidas no tienen el mismo valor que las cosas. Las primeras hay que defenderlas, las segundas, en cambio, no nos importa destruirlas. No nos asustan las ruinas.

Por eso, los saqueos que han ocurrido y los que vendrán son insignificantes ante el saqueo sistemático y la devastación capitalista de la tierra, los cuerpos, los servicios básicos y las relaciones humanas. Y son insignificantes, sobre todo, ante el asesinato de nuestrxs compañerxs a manos de milicos armados en este monstruoso instante en el que escribo, con todo el peso de la noche encima.

Chile está en llamas. Arden estaciones del metro y peajes de las carreteras, arden buses del Transantiago, cajeros automáticos, bancos y supermercados. Se registran múltiples ataques a estaciones de policía y edificios del gobierno. Hay vidrios quebrados, humo y ceniza por todo el país.

¿Cómo es posible que unas simples manifestaciones estudiantiles en el metro hayan generado la interrupción total del transporte, primero, y luego la respuesta policial más brutal, dejando en un par de días al desnudo la dictadura encubierta en la que vivimos?

Esto sólo se entiende en el contexto de un país donde los derechos sociales han sido secuestrados por empresas privadas y entregados a un mercado que depende en última instancia de que todxs paguen su pasaje, su arriendo o hipoteca, sus deudas y matrículas. Las evasiones de los estudiantes fueron ejemplares en ese sentido, porque invitaban a todos los usuarios a no pagar. Y la fuerza de ese ejemplo es lo que más teme el poder.

Esta noche se derrumbó la legitimidad del capitalismo chileno. Y como dijo alguna vez Durruti, cuando los ricos ven que el poder se les escapa de las manos, recurren al fascismo para proteger sus privilegios. Ahora los milicos están en las calles repartiendo balas a destajo. ¿Cuántos muertos contaremos al amanecer?

Desde el 2011 hasta ahora, no estábamos durmiendo. Nos hemos reunido, hemos conversado, intercambiado experiencias de lucha y resistencia, hemos ido fortaleciéndonos en nuestras propias organizaciones, territoriales, feministas, ecológicas y antiextractivistas, de la economía popular y solidaria, de la disidencia sexual o desde la pedagogía crítica, hemos articulado distintas luchas, y hemos mejorado exponencialmente nuestra capacidad de acción. Nuestro instinto de desobediencia ha crecido igualmente. Hemos aprendido a ocupar mejor las redes sociales para agilizar nuestra comunicación, y a desconfiar de ellas como dispositivos policiales. Somos mucho más rápidxs y estamos mejor organizadxs, somos más solidarixs y más desobedientes que antes.

Nos convoca y nos une ahora la lucha por el bien común y la vida en sus múltiples manifestaciones, así como la resistencia ante la dictadura implacable del capital. Sabemos que las soluciones a nuestros problemas no vendrán de parte del Estado ni de la elite empresarial. El mundo nuevo lo construiremos nosotrxs, y lo celebraremos bailando, pensando y combatiendo colectivamente.

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El gobierno del Líbano busca aplacar la protesta social

El movimiento de protesta comenzó el jueves pasado tras el anuncio de un nuevo impuesto a los llamados efectuados a través de las aplicaciones de mensajería de internet como WhatsApp, una decisión finalmente anulada.

 

El gobierno de Líbano, que enfrenta una movilización popular inédita en años, adoptó este lunes varias reformas bloqueadas desde hacía tiempo, pero no logró templar los ánimos de los manifestantes contra una clase política acusada de hundir el país.

Tras un Consejo de Ministros extraordinario, el primer ministro Rafic Hariri anunció ante la prensa que la coalición gubernamental que lidera adoptará "medidas esenciales y necesarias".

En este sentido, prometió un "presupuesto para 2020 sin impuestos adicionales para la población", una bajada del 50 por ciento de los sueldos del presidente y de los expresidentes, de los ministros y los diputados, y nuevos impuestos para los bancos.

Hariri afirmó que apoyaba el reclamo de los manifestantes de celebrar elecciones anticipadas. "Los hemos escuchado. Si su petición es elecciones parlamentarias anticipadas [...] yo, Saad Hariri, estoy con ustedes en esta petición", declaró.

Las últimas elecciones legislativas tuvieron lugar en mayo de 2018.

 

 "Mentira"

 

Pero los anuncios de Hariri, retransmitidos en directo por altavoces por el centro de Beirut, en los principales puntos de encuentro de los manifestantes, no parecieron convencer demasiado.

Miles de manifestantes respondieron al grito de "¡revolución, revolución!" y "el pueblo quiere la caída de régimen", principales lemas coreados en estos cinco días de protestas.

"Mentira, es una mentira", declaró Chantal, una manifestante de 40 años, que llevaba la bandera libanesa pintada en la cara. "Es puro maquillaje. ¿Quién puede garantizar que las reformas se aplicarán?", preguntaba.

"Estas decisiones no se tomaron como moneda de cambio", declaró Hariri en la rueda de prensa. El gobierno "no pretende pedirles que dejen de manifestarse y de expresar su indignación", agregó.

"Ustedes son la brújula, son ustedes quienes hicieron actuar al Consejo de Ministros, es su movimiento el que condujo a estas decisiones", sostuvo Hariri.

Pero esto no hizo que los manifestantes cambiaran de postura, y el lunes por la noche continuaban pidiendo que toda la clase política dimitiera, acusándola de incompetente y corrupta. "¡Todos quiere decir todos!", se escuchaba en las calles.

El movimiento de protesta comenzó de manera espontánea el jueves tras el anuncio de un nuevo impuesto a los llamados efectuados a través de las aplicaciones de mensajería internet como WhatsApp, una decisión finalmente anulada, pero el malestar siguió.

"Es difícil apagar el volcán con soluciones de último minuto", declaró Imad Salamey, profesor de ciencias políticas de la Universidad Libanesa Americana de Beirut, entrevistado el lunes antes de que se anunciaran las reformas.

 

 Escasez de agua y de electricidad 

 

Según la prensa libanesa, el objetivo es provocar un "shock" prometiendo la puesta en marcha de reformas que fueron imposibles por disputas y divisiones políticas.

En los últimos años, la vida cotidiana de los libaneses se ha degradado, con incesantes cortes de agua y electricidad, 30 años después del fin de la guerra civil (1975-1990). Más de una cuarta parte de la población vive bajo el umbral de la pobreza, según el Banco Mundial.

Desde la mañana del lunes, manifestantes cortaron varias rutas en todo el país para impedir que los empleados puedan ir a sus lugares de trabajo, mientras que en las redes sociales se multiplicaban las convocatorias para salir a las calles.

Bancos, universidades y escuelas estaba cerrados este lunes, en medio de este movimiento de protesta que paraliza al país.

El domingo, cientos de miles de libaneses salieron a las calles en todo el país, reclamando un cambio radical de un sistema político acusado de corrupción y clientelismo, en medio de la crisis económica.

En un ambiente festivo, los manifestantes apuntaron directamente contra sus líderes, otrora tan temidos y respetados. Algunas veces, incluso, las críticas surgieron en sus propios feudos electorales, algo inusual hasta la fecha.

También el dirigente chiíta Nabih Berri, que lleva casi 30 años como presidente del parlamento, fue blanco de las críticas, acusado de haberse aferrado al poder. "¿Qué había antes de Nabih Berri? ¡Adán y Eva!", rezaba una pancarta en la capital.

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Cacerolazos, saqueos y represión en Chile

Continúan las movilizaciones y los saqueos en el país, con los militares sofocando las manifestaciones. El presidente Piñera volvió a declarar el toque de queda y afirmó: "estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable" en alusión a los grupos que causan barricadas, robos e incendios.

Crece la protesta social y la violencia en las calles de Chile. Según datos oficiales, ocho personas murieron y más de 200 resultaron heridas, la gran mayoría de ellas en la capital, Santiago. La Fiscalía Nacional informó que hasta este domingo son 1462 los detenidos tras las protestas que iniciaron este viernes como producto del rechazo al aumento del boleto de subte, que fue finalmente suspendido el sábado. Sin embargo, se extienden las movilizaciones y los cacerolazos en el país, se producen nuevos enfrentamientos entre civiles y fuerzas militares y policiales, y se repiten los saqueos en varios puntos de la ciudad. El presidente Sebastián Piñera volvió a declarar el toque de queda y dijo que el país está "en guerra contra un enemigo poderoso e implacable", en relación a los grupos violentos que han sumido al país en un estado de emergencia que ya se ha cobrado varias vidas humanas.

"Estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite incluso cuando significa la pérdida de vidas humanas, con el único propósito de producir el mayor daño posible", dijo Piñera en una comparecencia pública ante la prensa. El mandatario conservador afirmó que entiende que los ciudadanos se manifiesten por lo que les preocupa, pero agregó que las personas que están causando incendios, barricadas y saqueos son "verdaderos criminales". 

Los muertos reconocidos hasta el momento fallecieron en circunstancias similares. Por un lado, dos mujeres murieron en medio de un saqueo a un supermercado en la comuna de San Bernardo, y una tercera persona permanece internada en grave estado, con el 75 por ciento de su cuerpo quemado. También el sábado por la noche, un hombre murió en otro incendio dentro de un supermercado, esta vez en la comuna de Quinta Normal. Mientras tanto, el domingo por la tarde el cuerpo de bomberos de la comuna de Renca informó la muerte de cinco personas, cuyos cuerpos se encontraron calcinados en las bodegas de Kaiser. La tienda de ropa interior femenina fue primero saqueada y luego incendiada. Los fallecidos no serían trabajadores del local.

El Ministro Chadwich sostuvo además que dos civiles fueron heridos de bala, pero no dio más detalles al respecto. La Fiscalía Nacional informó que, hasta este domingo, son 1462 los detenidos en Chile. El ministerio público dijo que del total de detenciones, 614 ocurrieron en Santiago y 848 en el resto del país.

Violentos enfrentamientos entre policías y manifestantes volvieron a desatarse el domingo en varios puntos de Santiago. Un cacerolazo popular, que sonó fuerte en gran parte de la capital, volvió a derivar en enfrentamientos con las fuerzas militares y los carabineros, que reprimieron a los manifestantes con gases lacrimógenos y disparos de balas de goma. 

Frente al caos en las calles, el presidente Sebastián Piñera decretó por segundo día consecutivo el toque de queda. Esta vez el inicio de la medida se adelantó a las 19 horas, extendiéndose hasta las 6 de la mañana del lunes. "El toque de queda regirá a partir de las siete de la tarde; estén en calma y estén todos en sus casas", dijo el general Javier Iturriaga, al anunciar la medida tomada en medio del "estado de emergencia" que rige para cinco regiones de Chile.

Luego de mantener una reunión en casa de gobierno con los presidentes de la Cámara de Diputados, el Senado y la Corte Suprema, Piñera dijo: "La democracia no solamente tiene el derecho, tiene la obligación de defenderse usando todos los instrumentos que entrega la propia democracia y el estado de derecho para combatir a aquellos que quieren destruirla".

“Un verdadero oasis”

El jueves, cuando el malestar social empezaba a verse reflejado en las estaciones de metro, el presidente dio una entrevista al Financial Times donde calificó a Chile como “un verdadero oasis en medio de esta América Latina convulsionada”. Antes, el Ministro de Trabajo Nicolás Monckeberg había sugerido entrar al trabajo a las 7.30 para llegar más rápido, y el Ministro de Economía Juan Andrés Fontaine recomendaba tomar el metro a las 7 para evitar las subas. Los distintos funcionarios no hicieron más que avivar el conflicto.

Los incidentes estallaron con fuerza el viernes tras el alza en las tarifas del pasaje del metro, medida suspendida por el gobierno el sábado. Sin embargo, el anuncio no fue suficiente porque las protestas derivaron en diversos reclamos sociales. Detrás de una supuesta estabilidad política y de las cifras macroeconómicas positivas que exhibe el país, amplios sectores sociales quedaron excluidos, evidenciando una profunda desigualdad social.

Muchos en Chile recordaron los años de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) por la imponente presencia de militares en las calles, que no sólo custodian los puntos críticos de la ciudad (centros de reunión de manifestantes y todas las estaciones del subte), sino que además patrullan las calles con tanquetas y jeeps. Aviones militares completan el escenario sobrevolando las calles de Santiago, mientras se extienden las barricadas en las calles.

Los protagonistas de las manifestaciones que coparon las calles de Santiago son en su mayoría los jóvenes, que recorren las calles en grupos y con pañuelos en el cuello. "Tenemos que traer estos pañuelos no para taparnos la cara sino para protegernos de los gases", explicó Elisa. Otro de los jóvenes manifestantes llevaba un cartel que decía: "El robo y el saqueo lo hacen ustedes, HDP". "El pueblo unido jamás será vencido", gritaban a coro los estudiantes, repitiendo una consigna que se hizo popular durante las protestas contra la dictadura de Augusto Pinochet.

Prácticamente todos los comercios permanecen cerrados y hay escaso transporte público, en tanto se repiten suspensiones y cancelaciones de vuelos. Hay además cortes de luz y se registra falta de agua en algunas regiones de Chile. Los estudiantes llaman a seguir movilizando en las próximas horas. Para el lunes, la mayoría de las universidades y los colegios ya suspendieron sus clases.

 


 

El “Chile despierto” cuestiona el modelo de país heredado tras la dictadura

 

El sábado y el domingo, Chile estalló. Las revueltas se fueron haciendo más intensas una vez que Piñera cedió el control político a los militares y decretó medidas extraordinarias nunca vistas en democracia.

Andrea Ana Gálvez

@Ana_Gaher

El Salto

2019-10-21 11:00

 

Son tiempos convulsos para América Latina. Apenas nos habíamos recuperado de las protestas masivas por el paquetazo de ajustes de Ecuador, cuando pocos días después el gobierno chileno anunciaba la subida del pasaje del metro. Este hecho fue leído por amplias capas de la sociedad como el detonante del descontento social acumulado, que se vio intensificado con las políticas económicas del actual gobierno. Las revueltas estudiantiles de inicios de siglo y la contundencia del movimiento feminista de los últimos tiempos hicieron soñar al pueblo chileno con un sueño antiguo, que se manifestó con intensidad estos días en las calles del país.

 

Evasiones masivas y desobediencia civil

El jueves comenzó la tensión en Chile, después de que el gobierno anunciara la subida del billete de metro días antes. El viernes comenzaron las protestas y las primeras evasiones masivas en el metro de Santiago de Chile. Ante esto, La Moneda tachó a las primeros impagos en las estaciones de metro como “delincuencia pura y dura”. Este discurso fue extendiéndose, de la misma manera que lo hacía el cansancio de amplios sectores del país. La olla empezó a hervir gradualmente, hasta que las protestas, los disturbios y los saqueos se intensificaron en el territorio.

El sábado y el domingo, Chile estalló. Las revueltas se fueron haciendo más intensas una vez que Piñera cedió el control político a los militares y decretó medidas extraordinarias nunca vistas en democracia: el Estado de Emergencia y el toque de queda total en algunas provincias. Estos hechos fueron leídos por la sociedad civil como una suerte de reminiscencia de la dictadura que vivió Chile durante casi veinte años.

Mientras los tanques y los soldados trataban de controlar la ciudad, el desacuerdo crecía exponencialmente por todo Chile, los manifestantes decidieron quedarse en las calles durante estos dos días a pesar del toque de queda, para exigir que los militares se replegaran.

Hasta el momento y según el balance oficial del gobierno, el Ministro del Interior de Chile, Andrés Chadwick, informó que por los disturbios del sábado y el domingo, hay al menos ocho muertos, más de sesenta y cinco heridos, cuarenta saqueos y casi mil detenciones.

 

“No son 30 pesos, son 30 años”

Esta es una de las consignas que se gritaban con más fuerza en las revueltas de Chile estos días. Las protestas comenzaron con la punta del iceberg que supuso la subida del precio del pasaje del metro, una chispita que cayó sobre un bidón de gasolina.

Según el sociólogo Carlos Ruiz, “el país lleva sumido en una fuerte privatización y mercantilización de las condiciones de reproducción de la vida cotidiana desde los años 60 y que continuó intensificándose después de la llegada de la democracia. Como explica Carlos y denuncian más de 300 organizaciones sociales en un comunicado emitido el domingo, el aumento del pasaje es el detonante para un país que sufre la precarización generalizada de la vida y las privatizaciones de los suministros básicos como el agua, la energía, la educación y la salud. A esto se añaden salarios y pensiones muy bajos en amplios sectores de la población.

El modelo chileno, admirado por su solvencia y estabilidad económica, “es hoy el país más desigual y con mayor concentración de riqueza de la OCDE, no sólo de América Latina”, nos cuenta Carlos en una entrevista para El Salto.

“El chileno es un individuo privatizado que no tiene ningún sistema de protección, al revés, hay subsidios estatales para la acumulación privada, para que el individuo pueda acudir a una clínica privada para curarse. Estos niveles no se dan en ningún lugar de América Latina ni de Europa”. Por eso hay una propensión a la movilización muy alta que tiene que ver con esa privatización excesiva que asfixia la vida. Esto podría ser una de las fuentes del descontento social que hoy se expresa en las calles, continúa el sociólogo Carlos Ruiz.

 

Cuando la sociedad desborda la política

Una de las cosas que más llama la atención en las revueltas de Chile es la ausencia de dirigencia política. Según las fuentes consultadas y algunos vecinos y ciudadanos de diversa clase, las protestas fueron protagonizadas por amplias capas de población sin necesariamente una tutela partidaria. Son jóvenes profesionales, estudiantes, mujeres, escolares, trabajadores, gente mayor la que está protestando en las calles del país. “Yo estuve en el cacerolazo anoche cerca de mi casa y estaba la gente con sus niños en el cochecito, abuelos, gente en sillas de ruedas. Es el pueblo chileno, es la generalidad de la gente, inclusive hay personas de los sectores altos que nunca antes se habían manifestado y que hoy también han estado en la calle pidiendo sobre todo la retirada de los militares en las calles”, cuenta María Emilia Tijoux que participó en la acción de su barrio durante el toque de queda de la noche del sábado.

“Nosotros teníamos una boda y de camino a la celebración vimos cómo la gente se empezaba agolpar con sus cacerolas, empezaron las hogueras y después las barricadas, una vez que el gobierno declaró el toque de queda también en Valparaíso. La gente se fue uniendo de manera espontánea, sin ninguna dirigencia, era una suerte de revuelta popular que expresaba el cansancio que se había acumulado durante mucho tiempo” cuenta una de las vecinas de Valparaíso que fue sorprendida por el toque de queda en su ciudad.

Carlos Ruiz sugiere que una de las claves para entender estas revueltas, vendría de la mano de este divorcio entre política y sociedad que se lleva incubando en Chile. “La política no está recogiendo los procesos sociales, y esto no es sólo un problema del gobierno actual sino también del anterior. Los últimos dos gobiernos tienen un respaldo de un cuarto del electorado posible. Este es un país que desde hace mucho tiempo no está con grandes mayorías políticas y tiene las tasas más bajas de participación electoral que hay en América Latina. Hay una desindentificación con la política muy fuerte y esto no ha sido canalizada por ningún partido hasta el día de hoy, ni siquiera por el Frente Amplio (fuerza de izquierdas alternativa a los partidos mayoritarios)”.

Ahora bien, continúa Carlos, esto no debiera ser leído por un desinterés en la política de una sociedad anestesiada, sino que desde los 2000 en adelante, las huelgas estudiantiles, las manifestaciones contra el sistema de pensiones y las marchas feministas estarían advirtiendo de un cansancio acumulado que requeriría de algún tipo de respuesta política.

Estos reclamos sociales y este descontento que llevaban expresándose con mayor contundencia estas dos últimas semanas fueron de alguna manera dejados a un lado por el presidente chileno que leyó las protestas como “una marcha más” y según cuenta Lucía Dammert, experta en seguridad y gobernabilidad, “esta indolencia del ejecutivo pudo provocar la rapidez del estallido”. Según sugieren las investigadoras Dammert y M. Tijoux las tensiones podrían haberse aliviado si el gobierno hubiera optado por el diálogo político, sin embargo el presidente decidió una respuesta policial y militar sin precedentes desde la venida de la democracia explica la socióloga Lucía Dammert.

 

¿Y cómo continúa la historia?

Las protestas siguen en Chile, las cacerolas no vuelven a sus casas, las ciudades chilenas a pesar del toque de queda siguen bullendo en varios puntos del país. Los sindicatos están evaluando un paro nacional y huelga para las próximas jornadas.

Ante esta situación, desde las organizaciones sociales han emitido una carta en la que señalan la necesidad de “un nuevo pacto social” que toque los temas que se quedaron enquistados durante la Transición. Según las analistas consultadas, la sociedad civil está pidiendo resultados en el presente, algún tipo de señal a favor del clamor ciudadano si no será muy difícil que Chile abandone las revueltas. Después de la virulencia de los disturbios y de las acciones represivas que han dejado muertos, baleados, calcinados, heridos y casi mil detenidos, algunos piden la renuncia del Presidente.

Con este tablero, la gran incógnita será cómo gestionará esta situación Piñera. Chile en tan solo un mes celebrará dos eventos internacionales de gran seguimiento mediático: la Cumbre del Clima y la Final de la Copa Libertadores. “El presidente tiene que encontrar una estrategia si quiere sobrevivir con algo de legitimidad y yo creo que es ineludible hacerse cargo del llamado ciudadano, pero por otro lado no hay que olvidarse que en Chile también existe una derecha económica muy dura que valora el control y el orden, tampoco es tan claro que el presidente vaya a firmar un nuevo contrato social porque puede perder una base importante de su electorado”, afirma Lucía Dammert.

Lo que sí parece que se dibuja es que, como dicen los chilenos, “el país ya no es el mismo”, las protestas tocaron la sociedad chilena en profundidad, atravesaron generaciones y revivieron antiguos terrores.

Las preguntas y los debates son muchos, ¿cómo será canalizada esta revuelta popular por las instituciones? ¿será posible un diálogo entre el gobierno y la sociedad civil movilizada que asiente las bases para un entendimiento?
El Chile del crecimiento y la estabilidad económica parece hacer aguas con virulencia y con una sensación de no retorno en uno de los contextos más complicados de su historia democrática.

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Domingo, 20 Octubre 2019 06:12

El analista de arriba y la calle

El analista de arriba y la calle

 Los pueblos y los sectores populares, las mujeres y los varones de abajo, están ganando las calles en todo el mundo. En Barcelona y en Hong Kong, en París y en Quito, y en un largo etcétera imposible de abarcar en pocas líneas. A mi modo de ver, este sólo hecho da para celebrar, para el regocijo de quienes deseamos el fin del capitalismo, porque éste no sucederá sin confrontación y lucha de calles, entre otras formas similares de pelea.

La poderosa reorganización de los aparatos represivos los ha hecho casi invulnerables a la protesta, de modo que desbordes como los que vimos en periodos anteriores (siempre recuerdo el mítico Cordobazo de 1969, cuando obreros y estudiantes derrotaron en la calle a la policía del régimen militar), son cada vez más infrecuentes. Por eso la lucha de calles, es tan importante, como escuela y como horizonte.

Es cierto, por otro lado, que con marchas y acciones directas no es posible trascender el sistema, que hacen falta por lo menos dos cuestiones centrales: una crisis sistémica profunda, como las que se registraron en Europa hacia el final de la guerra de 1914-1918, y una potente organización de los pueblos, no sólo para afrontar la crisis, sino de modo muy especial para construir los mundos otros llamados a expandirse mientras vamos deshidratando la hidra capitalista.

Los pueblos organizados y los militantes celebramos las pequeñas victorias, la multiplicación de caracoles en Chiapas o el frenazo al paquetazo del FMI en Ecuador. Nos conmovemos con esos miles que arañaron las piedras, literalmente hasta sangrarse, para erigir barricadas con adoquines y trozos de edificios en Quito. Nos indignamos con la represión que provocó una decena de muertos y mil 300 heridos.

Festejamos los avances. "En Loja y Azuay se crearon asambleas populares autónomas, espacios organizativos de abajo para construir poder popular, dar continuidad al proceso y articular planes y acciones", nos dice un militante contra la minería del sur. Valora, de forma muy especial, que los 12 días de lucha hayan sido la primera experiencia para toda una generación, porque no está pensando en tomar el palacio, sino en la continuidad de la pelea.

Otros compas estiman la trascendencia de que haya emergido una nueva generación de militantes y dirigentes indígenas y populares, así como la importancia del protagonismo masivo de las mujeres. En paralelo, se emocionan con los estudiantes que armaron centros de acopio, albergues y cocinas comunitarias, "integrando así una lucha campo-ciudad".

Son los temas estratégicos que deberían preocuparnos, porque de ellos depende el futuro, y no si la acción favorece a tal o cual potencia global, a tal o cual político que quiere llegar o volver al palacio.

Por eso nos indigna, por lo menos a quien esto escribe, cuando el analista de arriba se limita, desde su escritorio, a censurar a los dirigentes, sean de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), del pueblo mapuche o del EZLN, porque no hicieron lo que ellos consideran oportuno o necesario.

Los pueblos no son acarreados por los dirigentes, como suele creer el analista de arriba, porque no se molesta en preguntar y, sobre todo, en escuchar razones de la gente común. Si lo hiciera, descubriría una lógica propia, diferente por cierto a la del académico o del político profesional, porque responde a necesidades concretas que no pasan por la academia y la literatura especializada.

Sinceramente, me parece insignificante, por decirlo en tono amable, si la lucha nuestra beneficia a China, a Rusia o a Estados Unidos. Son tres potencias imperiales que están dispuestas a masacrar pueblos, para seguir acumulando poder y capital.

Me parece igualmente poco importante si una lucha de abajo, con toda su cuota de dolor y sangre, termina beneficiando a tal o cual candidato a la presidencia. No es ése el camino de los pueblos. Todo lo que fortalezca el protagonismo y la organización de los de abajo es muy positivo, más allá de consecuencias que nunca se pueden medir a priori.

Hubo un tiempo en que el analista de arriba era, sistemáticamente, parte del sistema. En las pasadas décadas, sobre todo a partir de la caída del socialismo real y de las derrotas de la revoluciones centroamericanas, han surgido multitud de analistas que se dicen de izquierda, pero no se manchan las manos, ni ponen el cuerpo en las barricadas, ni escuchan a los pueblos.

Se sienten portadores de la verdad, cuando deberían ser apenas trasmisores del pensamiento y la acción colectivas. No puede haber análisis valederos que subestimen a los pueblos. Siempre fue y será una actitud propia de la derecha, funcional al sistema.

No se vale que unos pongan los muertos y otros usen los cuerpos ultrajados como escaleras, materiales o símbolos. "No queremos ser escaleras de ustedes", dicen los aymaras a los políticos corruptos. Sólo sirven los análisis nacidos del compromiso, no con los de abajo, sino abajo y a la izquierda.

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Los Estados y las empresas no pueden resolver el cambio climático

Es muy positivo que millones de jóvenes salgan a las calles contra el cambio climático, en todo el mundo. Para muchas es la primera experiencia de lucha y movilización, y es destacable que lo hagan sin que medien aparatos políticos que convoquen y/o manipulen. Este es el aspecto fundamental que debemos valorar, especialmente cuando la acción directa no abunda en ninguna parte del mundo.

No comparto las críticas de quienes reclaman mayor politización, achacan ingenuidad de las y los jóvenes que se manifiestan, o quienes los acusan de no ser declaradamente anticapitalistas y no ser hijos de la pobreza. A menudo son críticas hechas desde una generación, la mía, que sigue creyéndose en posesión de la verdad, pese a los evidentes fracasos que hemos cosechado en el último medio siglo.

Creo que estas grietas (y desencuentros profundos) entre dos períodos de las luchas sociales, merecen alguna explicación.

En primer lugar, es evidente que existe una brecha generacional que ha impedido transmitir saberes y valores entre generaciones. Brecha que incluye las culturas políticas y los modos de vida, y ha llevado a que existan pocas posibilidades de convivencia entre generaciones. No tengo duda que el sistema (capitalismo neoliberal) es en gran medida responsable.

Sin embargo, en los movimientos hay pocas chances de diálogo entre las diversas experiencias históricas, ni siquiera puntos físicos de encuentro y, por lo tanto, casi nula capacidad de trasmisión generacional y de aprendizaje de los errores cometidos. Mi generación, la de los años 1960-1970, es en gran medida la responsable, ya que es reacia a la autocrítica y mira por encima del hombro a las generaciones más jóvenes.

En segundo lugar, parece poco probable que las grandes movilizaciones consigan sensibilizar al 1%, para que tomen medidas que modifiquen las pautas civilizatorias, que son las responsables en última instancia del cambio climático. En este punto, los jóvenes no hacen más que poner en práctica la cultura política hegemónica, consistente en presionar para conseguir algo a cambio.

Alguien debe explicar, aunque resulte antipático, que no existe la menor posibilidad de reducir las causas del cambio climático si la humanidad no abandona la cultura del consumo, a la que se están sumando frenéticamente las nuevas clases medias y sectores populares de los dos países más poblados del mundo: India y China. En cierto sentido, todos somos responsables por el cambio climático, aunque en con niveles de responsabilidad diferentes.

En tercer lugar, alguien debería también explicar, en particular a las generaciones más jóvenes, que el caos climático al que estamos ingresando es una tendencia profunda provocada por el comportamiento de la humanidad, incluyendo a quienes nos manifestamos en contra del cambio climático. Los gobiernos no pueden ni quieren detenerlo y, en el mejor de los casos, se limitan a declaraciones cínicas y mentirosas.

Las clases dominantes de Occidente se están preparando hace mucho tiempo para enfrentar situaciones caóticas, en base a sus recursos materiales que, creen, les permitirán sobrevivir al “hundimiento del Titanic”. El problema es que los sectores populares y los movimientos anti-sistémicos estamos muy lejos de asumir que un colapso de la humanidad es inevitable.

Por lo tanto, decir que “nos queda poco tiempo” para detenerlo, desvía la atención de las tendencias que nos llevan a la catástrofe, creando ilusiones de que podemos detenerlas si presionamos suficientemente a los de arriba. Sólo derrotando al 1% tendremos alguna chance de detener la catástrofe, pero con eso tampoco alcanza aunque sería un paso importante.

Si asumiéramos esta realidad, estaríamos construyendo las arcas comunes capaces de afrontar las tormentas que se avecinan. Es a esta construcción a la que debemos dedicar los mayores esfuerzos, las energías colectivas vitales para afrontar el futuro.

Aquí aparece un cuarto y decisivo factor. Es posible que podamos tomar decisiones capaces de salvar a una parte de la humanidad. Pero es seguro que no lo conseguiremos si no nos comprometemos a fondo con la realidad que nos rodea, en base a dos herramientas que nunca debimos desaprender: la crítica y la autocrítica.

14 octubre 2019 

Publicado enMedio Ambiente
 Miles de personas se reunieron en el parque El Arbolito, en Quito, punto de concentración del movimiento indígena, para celebrar la derogación del decreto que eliminaba subsidios a los combustibles. En el acuerdo entre el gobierno de Lenín Moreno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas se dispuso crear una comisión para elaborar otra enmienda que permita equilibrar la economía estatal. Foto Afp

El gobierno de Lenín Moreno y el movimiento indígena alcanzaron un acuerdo para poner fin a las protestas que estallaron hace más de diez días. El gobierno ecuatoriano se comprometió a derogar el decreto que eliminaba el subsido estatal a los combustibles. 

Sucedió luego de más de diez días de movilizaciones ininterrumpidas que fueron respondidas con fuertes represiones por parte del gobierno. La instancia de diálogo, televisada a pedido del movimiento indígena, fue fuertemente esperada en un país marcado por un conflicto que ha impactado por los niveles de violencia.

La mesa de diálogo estuvo mediada por Naciones Unidas Ecuador y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y contó con la participación del presidente Moreno, el ministro de economía, Richard Martínez, y diferentes movimientos indígenas agrupados centralmente en la Coordinadora de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).

El punto central de debate giró en torno al decreto 883 que quitó los subsidios estatales a la gasolina, y fue la medida que mayor rechazo generó en la población. La CONAIE mantuvo una posición de firmeza desde el inicio del conflicto: la necesidad de derogar del decreto. 

La posibilidad para avanzar en el diálogo tuvo como punto central el decreto 883, “una medida que genera injusticia social, no aporta al desarrollo nacional, no tiene ninguna coherencia fiscal, ha provocado una convulsión social y una pérdida millonaria”, como afirmó Jaime Vargas, presidente de la CONAIE.

“El pedido del país es la derogatoria del decreto, si en este momento se decide, entonces el país se tranquiliza totalmente en todos los territorios”, agregó Vargas.

En los discursos de los diferentes dirigentes indígenas estuvo presente la dimensión de la protesta, la violencia del gobierno, y la necesidad de recuperar la paz en medio de un escenario que tomó amplitudes que pocos esperaban.

La protesta contra el decreto 883 escaló a medida que pasaron los días desde su anuncio el 1 de octubre. Según el último informe de la Defensoría del Pueblo ya se cuentan siete muertos, 1152 detenidos y 1340 heridos. En esos más de diez días se movilizaron transportistas, la CONAIE, jóvenes, barriadas populares, profesionales, campesinos.

La jornada del domingo estuvo marcada por esa misma dinámica: bloqueos de carreteras en el país y en el acceso a la capital, protestas en barrios populares, cacerolazos, y una movilización seguida de represión bajo la lluvia en el centro de Quito.

Si bien las movilizaciones y la protesta han abarcado a muchos sectores sociales, la CONAIE ha tenido el peso determinante en cuanto a la radicalidad, capacidad de nacionalización y de prolongación del conflicto. Por eso el diálogo con el gobierno ha sido con el movimiento indígena.

Moreno enfrenta una crisis profunda social, política, que busca descargar en la responsabilidad del expresidente Rafael Correa y los dirigentes de la revolución ciudadana como Gabriela Rivadeneira, y hasta en el mandatario venezolano Nicolás Maduro, a quienes acusa de estar detrás de la violencia. Esa misma acusación contra Correa fue retomada por Vargas, quien pidió que sea perseguido por la justicia.

Su voz fue contradicha por otro dirigente de la CONAIE, Leónidas Iza, quien afirmó: “Nosotros queremos ser claros, no es un acto de la gente correista, no creemos que Correa tenga la capacidad de mover tanta gente”.

El conflicto en Ecuador, que tomó formas de un escenario de barricadas y fuego, está entonces en instancias de diálogo en medio de una crisis que no se veía en el país desde el año 2005 cuando fue destituido el presidente Lucio Gutiérrez. Más allá del avance en la mesa de diálogo, el dirigente de la CONAIE, Abelardo Granda, ya afirmó una de las conclusiones más duras: “¿Y las muertes quién las paga? Mediante un decreto se puede recuperar al país, pero no a la vida”. 

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Toque de queda en Ecuador; vía libre para el uso de armas letales

Quito. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, cuyas fuerzas armadas tienen la orden de usar armas letales contra manifestantes, dispuso ayer el toque de queda a partir de las tres de la tarde y la militarización de Quito en una jornada en la que la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) –que aceptó dialogar con el régimen la "derogatoria o revisión" del decreto que eliminó los subsidios a los combustibles– se deslindó del incendio y saqueo a la Contraloría, y otros ataques a medios de comunicación.

En una señal de distensión la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y el Sistema de Naciones Unidas anunciaron anoche que el gobierno y las organizaciones indígenas sostendrán una reunión hoy a las tres de la tarde en Quito, luego de que Moreno anunció su disposición para analizar el decreto 883, el cual eliminó los subsidios a combustibles, y otras medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional.

El toque de queda fue anunciado con 38 minutos de anticipación, y prohíbe la circulación por esta capital de 2.7 millones de habitantes. Luego el mandatario, atrincherado en Guayaquil, a donde trasladó la sede del gobierno, lo amplió a todo el país desde las ocho de la noche hasta las cinco de la mañana.

"He dispuesto al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, inmediatamente, tomar las medidas y operaciones que sean necesarias", señaló el mandatario en un breve mensaje, flanqueado por el vicepresidente, Otto Sonnenholzner, y el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín.

Ante el anuncio, se viralizó una entrevista que hace una semana Jarrín concedió a Teleamazonas, en la que señaló que los militares están "listos para el uso de armas letales (...) No olviden que nuestra Fuerza Armada, orgullosamente, tiene experiencia de guerra".

Ayer las calles de Quito se convirtieron en un virtual campo de batalla, con las fuerzas de seguridad lanzando gases lacrimógenos a los manifestantes en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, la Casa de la Cultura, y otros puntos de la capital.

Más tarde, Moreno insistió que su antecesor Rafael Correa y el mandatario venezolano Nicolás Maduro están detrás de una "violencia nunca antes vista" en Quito. “Fuerzas oscuras, vinculadas a la delincuencia política organizada y dirigidaS por Correa y Maduro –en complicidad con el narcoterrorismo, con pandillas y con ciudadanos extranjeros violentos– causaron zozobra, violencia nunca antes vista”, señaló Moreno en un mensaje a la nación.

Cientos de manifestantes, muchos encapuchados, se apoderaron de diversos sectores de la capital y áreas periféricas, paralizando calles y atacando con palos y piedras vehículos particulares.

Decenas de encapuchados incendiaron y saquearon el edificio de la Contraloría General, institución que investiga actos de corrupción, especialmente cometidos durante el gobierno del ex presidente Rafael Correa (2007-2017), muchos de cuyos más altos funcionarios están bajo investigación y procesados.

La ministra del Interior, María Paula Romo, tuiteó que fueron detenidas 30 personas en las inmediaciones de la Contraloría.

Telesur, fuera del aire

El diario El Comercio y el canal privado Teleamazonas fueron también blanco de ataques durante la tarde, aunque los manifestantes no lograron entrar a las instalaciones. La Conaie se deslindó de las agresiones contra la Contraloría y ambos medios.

La cadena TeleSur denunció en Twitter que está sin señal de cable y satelital para sus transmisiones.

En los alrededores de la Asamblea Legislativa, indígenas levantaron barricadas con troncos y escudos de madera para enfrentarse a policías que lanzaron una lluvia de gas lacrimógeno, indicaron periodistas de la Afp.

Entre las protestas se destacó ayer una multitudinaria de mujeres al grito de "No más muertes", mientras otros manifestantes bloquearon las vías al aeropuerto capitalino.

La Conaie denunció anoche que fuerzas de seguridad lanzaron bombas lacrimógenas a la Casa de la Cultura, donde miles de indígenas, entre ellos niños y mujeres, se mantienen concentrados.

Desde que estallaron las manifestaciones el pasado día 3, han muerto seis civiles y se registran 937 heridos y mil 127 detenidos, dijo la Defensoría del Pueblo.

El toque de queda decretado ayer por Moreno, que se suma al estado de excepción dispuesto el 3 de octubre, siguió al anuncio de la Conaie de aceptar el diálogo propuesto por el mandatario para buscar una salida a la crisis, en medio de nuevos y cada vez más focos de violencia.

La organización indígena declaró ayer en un comunicado que decidió "participar" en las conversaciones después de "un proceso de consulta con las comunidades, organizaciones, pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales".

Precisó que negociará "la derogatoria o revisión" del decreto 883 –que eliminó los subsidios a los combustibles y encareció los precios hasta en 123 por ciento de la gasolina y el diésel–, pero continuarán las movilizaciones a escala nacional.

Leonidas Iza, dirigente de la Conaie, dijo al canal de televisión Ecuavisa que las condiciones para las conversaciones incluían que fueran públicas y transmitidas por los medios. Más tarde, Iza pidió ayuda a las fuerzas armadas para "garantizar la paz y a regresar el orden constitucional".

Iza añadió que ese movimiento no va a caer "en las intenciones de ciertos grupos políticos que han intentado aprovecharse de la reacción del movimiento indígena del pueblo ecuatoriano", aunque no hizo precisiones, indicó Ap.

Al cierre de esta edición, la Conaie destacó en un tuit "la conmovedora e incansable voluntad de nuestra gente de luchar, mujeres, jóvenes, mayores y toda la población", y reiteró que "realizaremos los acercamientos para tratar la derogatoria del decreto 883".

Después, Moreno anunció cinco medidas para abrir negociaciones. La primera, que se analizará el decreto 883 "para estudiar sus efectos y asegurar que los recursos lleguen al campo".

Dijo que se evaluará también la reducción de sueldos por renovación de contratos ocasionales y sobre el recorte de vacaciones, incluidos en un proyecto enviado a la Asamblea Nacional y que propondrá un bono de 20 dólares mensuales que pagarán las empresas privadas a sus empleados.

Como cuarta medida señaló que se trabaja para apoyar a quienes han perdido su producción lechera o sus cultivos y animales tras la paralización, y por último que se incluirá un impuesto para grandes empresas "para que aquellos que más ganan, sean los que más contribuyan al país".

Habitantes de Calderón, un pueblo cerca de la capital, soltaron a decenas de policías y militares que habían capturado. En Guayaquil y otras ciudades hubo enfrentamientos y caos.

Por la noche, miles de ciudadanos hicieron sonar sus cacerolas exigiendo paz, e incluso en algunos barrios pequeños grupos se han animado a salir a la calles formando improvisadas brigadas de vigilancia, para exigir su deseo de paz. Los militares junto con policías patrullan las calles de la capital..

El transporte de petróleo, la mayor fuente de divisas, se mantuvo interrumpido a causa de la ocupación en la Amazonia de pozos del principal ducto del país.

En el gobierno desde 2017, el mandatario enfrenta su mayor crisis debido a los ajustes económicos que impuso a cambio de préstamos por 4 mil 200 millones de dólares que contrajo con el FMI para aliviar el pesado déficit fiscal. Además del fin de subsidios, las medidas prevén recortar derechos a empleados públicos y despidos masivos.

Desde el pasado 3 de octubre, el galón de diésel pasó de 1.03 a 2.30 dólares y el de gasolina regular de 1.85 a 2.40.

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Ecuador: Intransigencia, toque de queda y represión

 La represión del gobierno se extiende de día y de noche, y ya no solo abarca los alrededores de la Asamblea sino todo Quito y alrededores.

 El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ordenó este sábado el "toque de queda y la militarización" de Quito y sus alrededores a causa de la violencia en las manifestaciones iniciadas hace 11 días contra las reformas económicas pactadas por su gobierno con el FMI.

"He dispuesto el toque de queda y la militarización del DMQuito y valles. Empezará a regir a las 15:00. Esto facilitará la actuación de la fuerza pública frente a los intolerables desmanes de violencia", dijo el mandatario en Twitter. En un mensaje televisado para explicar su decisión el mandatario agregó: “son los traficantes, los narcotraficantes, los Latin kings criminales y los correístas los que están dedicados a los actos vandálicos. Los indígenas ya los han detectado y están separándolos de sus filas.”

Más allá de la constante búsqueda de chivos expiatorios para explicar el estallido social --Moreno ya había culpado a su par venezolano y al chavismo por el levantamiento popular-- lo cierto es que el centro de Quito se había convertido un campo de batalla constante. La represión del gobierno de Lenin Moreno se extiende de día y de noche y el acceso a la Asamblea Nacional está cortado por decenas de barricadas donde se repite una consigna central: “fuera Moreno fuera”.

La pulseada lleva diez días y ha escalado en masividad popular y violencia estatal. Primero fueron los transportistas, luego el movimiento indígena, centralmente la Coordinara de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), y en los últimos días se ha vuelto más amplia: jóvenes, barriadas, mestizos, blancos, trabajadores.

El punto de inicio, la gota que rebasó el vaso, fue el anuncio de Moreno de llevar adelante una serie de medidas de ajuste en el marco del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un préstamo de 10 mil millones de dólares. El punto crítico, dentro del llamado “paquetazo”, fue el decreto 883 que quitó el subsidio a la gasolina con su consecuente aumento desde la estación de servicio hasta el plato de comida.

La postura del gobierno ha sido desde el primer momento la negación a dar marcha atrás: decretó el estado de excepción y luego el toque de queda. Moreno se desplazó de la ciudad de Quito a Guayaquil --no se sabe ahora donde se encuentra-- y desde allí comandó la respuesta a la movilización que subestimó.

Con el correr de los días la amplitud de la respuesta popular creció: movilizaciones en diferentes ciudades, bloqueos de carreteras a nivel nacional, y la confluencia de una gran movilización de la CONAIE y otros movimientos indígenas que llegó a la ciudad de Quito el miércoles pasado.

La postura de la CONAIE se ha mantenido idéntica desde el inicio de las protestas: no dialogarán ni se retirarán de las calles hasta tanto Moreno no dé marcha atrás con el decreto 883 y el conjunto de medidas pedidas por el FMI.

Hasta el viernes, la respuesta de Moreno había sido en cambio la de no retroceder y aumentar los niveles de represión, con un total de cinco muertos según la Defensoría del Pueblo -algunas organizaciones hablan de siete- más de mil detenidos y heridos. La noche del viernes fue particularmente violenta: la represión ingresó hasta los puntos acordados como de descanso para el movimiento indígena.

Quito amaneció el sábado con barricadas y gases, en una escenografía de levantamiento popular protagonizado por mujeres y hombres indígenas venidos de las sierras, las costas y la Amazonía, por jóvenes, trabajadores, una multitud frente al poder legislativo y presidencial. Con el correr de las horas se sumaron manifestantes de distintos barrios de la capital.

El anuncio de un posible cambio de escenario vino con la declaración del alcalde de Quito, Jorge Yunda: “el señor presidente, ante la sensibilidad de lo que está pasando en el país, ha aceptado analizar el decreto 883”. El impacto de ese anuncio parece incierto, tomando en cuenta que el día anterior el presidente había llamado al diálogo para luego recrudecer la dimensión de la represión. 

Sin embargo, la CONAIE no dejó pasar la oportunidad para reiterar su posición. "Insistimos en la necesidad del diálogo de manera directa y pública sobre el decreto 883 para su respectiva derogatoria o revisión del mismo. Dejamos claro que no dialogaremos sobre ningún tipo de compensación," declaró en un comunicado.

Mientras la postura de la CONAIE se mantiene firme en su condición para dialogar, el ex presidente Rafael Correa --quien se encuentra en Bélgica y enfrenta diferentes acusaciones judiciales en lo que ha sido denunciado como un proceso de lawfare-- llamó a realizar elecciones generales anticipadas. “La Constitución del 2008 estableció en sus artículos 130 y 148 que en caso de ‘grave política o conmoción interna’ la Asamblea o el presidente podrán anticipar elecciones generales, ¿entonces a qué esperan?”

Por el momento el bloque de poder que sostiene a Moreno no ha dado señales de quitarle el respaldo. Cuenta con ese apoyo para sostener una posición de dureza, pero enfrenta una conmoción interna que no tiene horizonte de finalización dentro de esta espiral ascendente de movilización y represión que no disuade a los manifestantes, sino que agudiza la confrontación.

Según dirigentes indígenas, como Ricardo Ulcuango Farinango --quien fue vicepresidente de la CONAIE-- el movimiento tiene posibilidad de sostener este nivel de protesta y bloqueos. Cuenta, además, con la solidaridad de muchos habitantes de Quito que se acercan a aportar comida, bebida, ropa, medicinas, logística para enfrentar la situación.

Si bien la CONAIE no es el único actor en las calles, es quien sostiene el principal nivel de movilización y radicalidad. Su recorrido reciente ha estado enmarcado por una política de oposición al anterior gobierno de Rafael Correa por parte de sectores de su dirigencia, así como por la participación de algunos dirigentes en el gobierno de Moreno que han roto a partir de este escenario.

La crisis abierta en Ecuador es entonces doble: de un presidente que traicionó su promesa de gobierno y enfrenta niveles muy bajos de legitimidad, y de un proyecto de reconquista neoliberal con el último paso consistente en subordinarse al FMI. Eso está impugnado en las carreteras del país y las calles de Quito que se han vuelto un campo de batalla en un país donde en el pasado reciente tres presidentes han sido destituidos por la movilización indígena y popular.  

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