"El arte de Banksy, Kapoor o Hirst no se opone a los inquietantes progresos de la extrema derecha, al contrario”

La crítica literaria publica un manifiesto titulado Lo que no tiene precio, en el que reflexiona sobre el "realismo globalista" y retrata la "colisión que se produce desde hace años entre el mundo de las finanzas y el arte contemporáneo"


Le Brun ve en estos autores admirados por las multitudes "la base inconsciente de la nueva servidumbre exigida por el capital"

Ocurrió el pasado 6 de octubre. La pieza Niña con globo, de Banksy, se autodestruyó al pasar por una trituradora poco después de haber sido vendida en una subasta en Sotheby's por un millón de libras (más de un millón de euros). Al día siguiente, el artista subió la imagen de la destrucción a Instagram con el texto "se va, se va, se fue" al que sumó una cita de Picasso: "El impulso de destruir también es un impulso creativo". Obtuvo millones de 'me gustas'.


¿Fue una broma? Seguro que no demasiado para el comprador de la obra. ¿Fue arte? Los días siguientes hubo artículos que discutieron aquel acto de Banksy,artista que no se sabe ni quién es ni cómo es, pero que tiene millones de adeptos por todo el mundo. Una exposición ahora en Madrid se hace la misma pregunta:¿Es un genio o un vándalo?


Para la escritora y crítica literaria Annie Le Brun (Rennes, 1942), experta en Sade e inmersa en los últimos años del movimiento surrealista de André Breton, la respuesta es evidente: tiene que ver con una dimensión política de la mercantilización capitalista del arte.


Le Brun acaba de publicar en español el manifiesto Lo que no tiene precio(Cabaret Voltaire) en el que expresa su teoría del realismo globalista, movimiento en el que ubica a creadores como Damien Hirst, Anish Kapoor y el propio Banksy. Como señala en una conversación con eldiario.es, estos artistas son muestra de "la colisión que se produce desde hace veinte años entre el mundo de las finanzas y el arte contemporáneo. Un síntoma particularmente esclarecedor, porque nos hace asistir a la transmutación del arte en dinero y del dinero en arte".


La pensadora teje una comparativa con la presencia de las mismas tiendas y marcas en todas las ciudades del mundo con la de estos artistas, también presentes en los museos de todas las capitales occidentales. "Me parece difícil no ver en ello el arte oficial del neoliberalismo cuya intención no es otra que la de hacer que aceptemos la brutalidad de este mundo así como su deshumanización", sostiene.


La etiqueta de 'realismo globalista' parte de un juego de palabras con el 'realismo socialista' de la Unión Soviética. "En este la intención era imponer la ideología comunista a través de las imágenes de una realidad edificante", manifiesta Le Brun, que, sin embargo, en el arte actual de los Hirst y compañía lo que observa es "una ideología que impone dispositivos e instalaciones, jugando con las sensaciones fuertes a través del gigantismo de obras que actúan a la manera de los efectos especiales. Ello conlleva la suspensión del juicio crítico. Su función es convencer de que no hay manera de salir de ese mundo".


Saatchi, Thatcher y la extrema derecha


En este sentido, Le Brun, que siempre se ha distinguido por ser una crítica incómoda –en los setenta tuvo varios desencuentros con neofeministas al criticar "el jesuitismo de Marguerite Duras" y "el feminismo encorsetado y mojigato de estas militantes", como escribió en el libro Lachez tout- recuerda la historia de Charles Saatchi y Margaret Thatcher.
Saatchi, antes de convertirse en el publicista universal que después fue, era su director de campaña. Él creó el eslogan "There's no alternative" (no hay alternativa). "Y poco después se convirtió en uno de los mayores promotores y coleccionistas de arte contemporáneo. Como si ese arte contemporáneo constituyera la mejor escuela de adiestramiento, susceptible de reconfigurar nuestra sensibilidad para obligarnos a aceptar lo que hay", afirma Le Brun.


Este pensamiento entronca con la última broma de Banksy: "Constituye la mayor victoria del capital de estas últimas décadas. Porque se trata de una destrucción que, en lugar de acabar con el valor de la obra, lo multiplica de forma vergonzosa", sostiene la escritora a la que ha molestado particularmente que hubiera poca indignación ante esta extravagancia. "Es una prueba más de que la domesticación mediante un cinismo compartido se ha convertido en una de las armas más seguras del neoliberalismo para instaurar su orden, excluyendo a todos aquellos que pudieran oponerse a él", asegura.


Para ella, la peor consecuencia de este cinismo ante las obras gigantes de Kapoor o Hirst y la autodestrucción de la obra de Banksy es política. No sólo tiene que ver con el gusto ni es algo baladí sino que detrás subyace una intención. "Como en toda empresa totalitaria, se trata de acabar con la escala individual y por supuesto con todo lo que dependa intelectual y psíquicamente de ella. Es un arte contemporáneo que no se opone a los inquietantes progresos de la extrema derecha, antes al contrario", manifiesta. Le Brun analiza que es ese gigantismo de las obras y el hecho de que las admiren multitudes–todo son siempre grandes números- "la base inconsciente de la nueva servidumbre exigida por el capital".
La búsqueda de la belleza


Le Brun ahonda más allá y también habla en su manifiesto del engaño al que la sociedad está siendo sometida mediante cierta estetización del mundo que no es tal. Un engaño del que, para ella, es responsable la industria de la moda que lo que está provocando, más que un embellecimiento del mundo, es todo lo contrario. Es ahí, además, donde introduce la desaparición de las ideas de Sade sobre el cuerpo y el triunfo del neopuritanismo actual que acaba con cualquier singularidad. En términos más prosaicos: lo que hoy nos venden como belleza es algo uniforme y paradójicamente feo.


"El neopuritanismo participa de esa cosmetización del mundo que multiplica el afeamiento porque, de los labios botoxados a la industria del turismo, del body bouilding a la agricultura bio… todo se reduce a mercados de reparación", manifiesta. Y alerta de que "el cuerpo es la víctima principal. Pues si es remodelado, formateado, aseptizado, como ya lo fue en ciertas épocas, para simbolizar la belleza anodina y superficial de un mundo sin negatividad, se ha convertido al mismo tiempo en rehén absoluto de esa mercantilización". Esta es la clave para que las multinacionales de la moda "neutralicen cualquier signo de rebelión", añade.


¿Qué hacer entonces? ¿Cómo escapar de la servidumbre de este arte y estas formas de la moda? Le Brun se queja de la irresponsabilidad de intelectuales, artistas y agentes culturales por seguir contribuyendo a la exaltación del realismo globalista. Ante ello, conmina: "Nos queda el lujo de rechazar la fealdad de la conformidad que se nos impone. A menudo basta con un pequeño desvío, con pararnos un momento, para evitar las trampas de la percepción cautiva que quieren imponernos". En definitiva, buscar lo que no tiene precio.

30/12/2018 - 20:43h

 

Publicado enCultura
Jueves, 06 Septiembre 2018 07:07

El nuevo dominio petrolero en América Latina

El nuevo dominio petrolero en América Latina

Para nadie es un secreto que detrás de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos se encontraron claramente los intereses económicos de la industria armamentista, los petroleros partidarios de las nuevas técnicas de explotación vía fracking y las grandes empresas promotoras de organismos genéticamente modificados, acaparamiento y especulación con del precio de alimentos.

Detrás de la lógica de estos grandes corporativos debemos entender las últimas acciones que Trump ha emprendido en América Latina como el envió de la guardia nacional a cubrir la frontera con Estados Unidos y México y el apoyo incondicional para la ocupación de espacios petroleros estratégicos en el continente.


Es relevante también sus decisiones respecto a Irán, cuyo impacto fue inmediato en las cotizaciones de las acciones de las empresas militares y en el precio del petróleo. Este último ya ronda los 80 dólares por barril y puede elevarse aún más, para proporcionar una alta rentabilidad a las empresas dedicadas a la explotación petrolera a través de la fractura hidráulica que necesitan un precio alto.


Es tal la fiesta del dinero que hace tan solo unos meses atrás Estados Unidos producía 145 mil barriles de petróleo shale y ahora está a punto de lograr un record histórico en Junio de este año de 7,.18 millones de barriles de petróleo shale diariamente, según información de la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Lo cual es acompañado también por el aumento impresionante de la producción de gas natural estadounidenses que se encontraría por arriba de los 68 mil 100 millones de pies cúbicos por día.


Todo ello junto con la caída de producción de países latinoamericanos ha llevado al mercado financiero a impulsar al alza el precio futuro a seis meses del crudo Brent, donde las empresas estadounidenses no pierden, mientras a las empresas petroleras del cono sur les imponen condiciones de compra a precios fijos, cuando la tendencia es probablemente que el petróleo alcance nuevamente la barrera de los 100 dólares por barril a finales de año.


Esta dinámica ha colocado a Estados Unidos en el el tercer lugar como extractor de petróleo del mundo, solo detrás de Rusia y Arabia Saudita quedando ya muy atrás en este rubro la extracción en Brasil (10º.), Venezuela(11º.) y México (12º.). (OPEP, 2018)


Las grandes empresas corporativas petroleras están viviendo un sueño hecho realidad, los mercados y la producción petrolera latinoamericana en manos de empresas estatales hasta hace unos años, se está abriendo y proporcionando ganancias extraordinarias para la clase capitalista trasnacional.


Desde Brasil y México hasta Colombia, Argentina y Uruguay los gobiernos están abriendo sus tierras, aguas someras y mares a subastas internacionales. Son más de 500 mil kilómetros cuadrados -el tamaño de España- lo que están ofreciendo en bloques los diferentes países latinoamericanos.
Por ello en las geografías latinoamericanas no hay nada que festejar. Por ejemplo, en México la producción de petróleo viene cayendo drásticamente. A marzo de este año PEMEX –la petrolera estatal mexicana- tuvo una caída anual de 7,6% en su producción generando solamente mil 864 millones de barriles diarios de crudo, una baja anual de 153 mil 340 barriles por día. Todo ello en un contexto de apertura energética que inicio en el 2013 y que permitió la llegada de inversión privada nacional y extranjera, a las cuales se les han entregado proyectos de exploración y posterior explotación de pozos petroleros terrestres y en aguas someras y profundas.
Existiendo ya más de 100 contratos privados que significan una inversión de 160 mil millones de dólares. Ello ha significado la apropiación de espacios estratégicos por parte de empresas extranjeras como Total y Exxon, Chevron, China Offshore y el nacimiento de otras empresas de políticos mexicanos como Sierra Energy. Más de 100 mil kilómetros cuadrados –similar a todo el territorio griego- se encuentran ya bajo exploración y posible explotación petrolera y sus derivados en México.
A este negro panorama se suma la importación de gasolinas en México aumentándose dramáticamente la dependencia. Ya que mientras el año pasado se importaban 6 de cada 10 litros de gasolina, para el primer trimestre del 2018 se introdujeron del extranjero 7,5 de cada 10 litros, lo cual también ha impactado la vida de los mexicanos al ocasionarse la espiral inflacionaria más alta de las últimas décadas.
Desde el 1982 el gobierno mexicano no ha construido una nueva refinería y 3 de las seis refinerías que tiene México fueron cerradas temporalmente en los dos primeros meses de este año por problemas de operación. A ello se suma la colusión entre la delincuencia y la clase política en el robo de gasolina, de 3 mil tomas clandestinas de robo que existían en el 2014, en el 2017 fueron localizados más de nueve mil 500 tomas fundamentalmente en los estados de Guanajuato, Puebla y Tamaulipas.
La situación en Venezuela de explotación de petróleo no es diferente. En Agosto del año pasado su producción era de 2,1 millones de barriles de petróleo diarios y según el reporte que presentó la OPEP la semana pasada en Marzo del 2018 solo bombeo una media 1,5 millones de barriles diarios, una caída de la producción del 28 por ciento. A ello se suma la creación de dificultades por parte de los grandes corporativos para que la empresa PDVSA cumpla sus compromisos de abastecimientos con empresas de operaciones mixtas.
Todo ello en un momento en el cual las importaciones de petróleo venezolano en Estados Unidos alcanzan el menor nivel desde el 1982 como parte de la estrategia de dominación-intervención de la producción y los mercados petroleros.
Por ejemplo, la empresa Total durante el 2017 dejó de comprar el crudo venezolano, Motiva, Phillips 66, Citgo, Valero u Chevron disminuyeron sus importaciones desde Venezuela el 70%, 56%, 17%, 13% y 6% respectivamente, esta reducción innegable es el preámbulo del embargo petrolero que anunciará Trump próximamente sobre la producción petrolera venezolana, para cerrar su estrategia de dominio del oro negro y buscar la rendición del gobierno nacionalista venezolano.
Frente a ello el gobierno de Venezuela ha colocado el 40% de sus exportaciones de petróleo en el abastecimiento de China e India, los cuales dependen tanto de Venezuela como de Irán para su funcionamiento, lo cual no será fácil de eludir por Trump. Por ello, en la dinámica de dominio estadounidense se ha colocado a la estadounidense ConocoPhillips con el papel de sabotear el abastecimiento petrolero venezolano a los mercados asiáticos, tomando el control de activos de PDVSA en Curazao -donde se reciben los buques petroleros más grandes que envían combustibles por el Pacífico- para exigir el pago de bonos internacionales, lo cual pone bajo amenaza el movimiento del crudo ya que los cargueros pueden salir a aguas internacionales y correr la amenaza de ser incautados.
A la estrategia de ConocoPhillips lo más seguro es que se sumen otras empresas mineras y petroleras para intentar la caída de la gigante petrolera venezolana.
Un colapso del gobierno de Venezuela no conviene a China, que ha realizado inversiones (prestamos) cuantiosos en ese país, ni a Rusia que ha aprovechado el escenario para colocarse en la explotación de yacimientos petroleros, por lo que las perspectivas de tensiones internacionales se mantendrán en la zona con la respectiva tendencia al alza del precio del petróleo que contribuye a la rentabilidad de los corporativos que apoyaron a Trump en su campaña electoral.
En Brasil la otrora fuerte Petrobras mira como espectadora preferencial la llegada de inversiones crecientes de corporativos petroleros. Para junio de este año 16 grandes firmas petroleras como la Royal Dutch se han registrado para participar en la espectacular cuenca de petróleo de Presal de Brasil que posee miles de millones de barriles de petróleo en el fondo de océano. A ella se suma el interés de las estadounidenses Chevron y ExxonMobil junto con la noruega Statoil y la francesa Total.
El alza del precio de petróleo impulsada por Trump les ayuda en sus inversiones, ya que el precio de equilibrio que requieren es de 45 dólares por barril para hacer rentable su actividad, por ello British Petroleum y Exxon Mobil ya han participado en subastas anteriores en esa zona por las grandes perspectivas de ganancias.
Mientras los corporativos están de fiesta, Petrobras se suma a los resultados menores de Pemex y PDVSA con respecto al año pasado. En su informe trimestral del 2018, Petrobras informa que la producción total de petróleo y gas natural en el primer trimestre del 2018 fue de dos millones 680 mil barriles de petróleo diarios, un 4% inferior al primer trimestre del 2017.
A lo anterior se suma la caída de ventas en un 9% y de 7% en la producción de derivados del petróleo. Petrobras pasó de controlar en el 2010 el 93% de la producción de petróleo de Brasil a solo el 75% en febrero de este año. Con el expresidente Lula en la cárcel todavía, es el campo petrolero que lleva su nombre el que aporta la mayor cantidad de petróleo y gas a ese país con más de 850 mil barriles de petróleo diarios.
La producción de petróleo argentino también cayó 3,8% en el 2016 y 6,3% en el 2017. La estatal YPF suma también una caída en la producción de petróleo del 2017 al 2018, al pasar de 3,18 millones de metros cúbicos, a 3,15 millones de metros cúbicos.
Mientras eso sucede con la principal empresa petrolera argentina, Pan American Energy tuvo un alza de 3,49% y Petroquímica Comodoro de 28.89%. Además Argentina destaca en la entrega impresionante de vastas áreas de exploración para los corporativos internacionales, se espera que en julio de este año ponga más de 225 mil kilómetros cuadrados -dos veces el territorio cubano- bajo exploración corporativa petrolera en alto mar.
Y es en territorio argentino y en específico en la provincia Neuquén donde se instalan los pozos de fractura hidraúlica (fracking) que ocasionan grandes problemas de contaminación y que destruyen la forma de vida comunitaria de los mapuches. Además que producen una demanda impresionante de agua de la región, ya que dicha actividad requiere más de 11 millones de litros de agua. El gran yacimiento de Vaca Muerta presentado como el detonante del crecimiento gasífero argentino –y la principal reserva de gas de América Latina con más de 30 mil kilómetros cuadrados- es hoy un punto de disputa central entre la dinámica capitalista petrolera y el derecho a la vida y a la ecología de las poblaciones locales.
Y es que en todo este proceso de dominio de las trasnacionales del oro negro de América Latina está en disputa el derecho a un ambiente sano, al territorio de los pueblos y al uso de sus bienes naturales para el beneficio y la buena vida de las comunidades, NO para las ganancias extraordinarias y la economía de la destrucción de naturaleza y el cambio climático que promueven dichos corporativos.
Frente a esta panorama de despojo y devastación nos queda como mejor opción aquella que formuló Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina: “Tenemos todo prohibido, salvo cruzarnos de brazos?”.

 

Publicado enEconomía
Movimientos sociales y el protocolo para la protesta pacífica

A partir del abuso de autoridad padecida en Colombia para contener y desestimular la movilización social, el pasado 31 de julio fue firmado el “Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica”, que sirve para establecer derechos sociales, además de oportunidades políticas, para que la sociedad civil exprese sus demandas. Con lo firmado ¿qué pueden espera los movimientos sociales?

 

La firma de la resolución 1190 del 2018, también adoptada como “Protocolo para la coordinación de acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre circulación, libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a la participación, inclusive de quienes no participan en la protesta pacífica”1, representa para la sociedad civil, especialmente para el sector de los movimientos sociales, un avance en términos de construcción de medios de defensa ante la represión que la Policía Nacional y el Gobierno Nacional acostumbran desplegar en contra de las protestas sociales.

 

Durante el proceso de construcción de este protocolo, llevado a cabo en Bogotá, participaron organizaciones sociales como La Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, la Mesa Nacional de Garantías, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, representantes del Gobierno como: el Ministro de Defensa, la ONU y el Ministro del Interior, además de algunos miembros de la Policía Nacional.

 

Fueron cuatros días para discutir, negociar y ratificar el Protocolo, pretendido desde hace cinco años por la Cumbre Agraria, que ve la necesidad de impulsarlo debido al asesinato de campesinos y líderes sociales a manos de agentes de la Policía y su cuerpo élite, el Esmad, en el curso de protestas, como la del Paro Agrario del año 2013.

 

Al respecto refirió Franklin Castañeda, presidente de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos: “El paro fue tratado con tal nivel de salvajismo que en Bogotá tuvimos 29 personas heridas, una señora en silla de ruedas asesinada, un joven sin un ojo, más de 800 personas detenidas, el toque de queda fue declarado en varios municipios, prohiiendo a la gente salir de la casa; el presidente Santos pronunció un discurso ordenando que 8.000 militares custodiaran la seguridad de Bogotá, medidas que son propias de un estado de sitio”.

 

Ciclo de la protesta social en Colombia

 

Estos casos de abuso de autoridad están enmarcados en el “ciclo de la protesta” conocido por el país durante los últimos diez años, suceso de lucha por derechos paralelo al cual la represión era fortalecida y las vías institucionales para ejercer las demandas de la sociedad civil eran cerradas.

 

Los casos de abuso de autoridad generados por el Esmad se recrudecieron, tal como las cifras lo demuestran: “Entre 2002 y 2014 fueron registradas 448 agresiones con la presunta participación de integrantes de la fuerza pública, que dejaron cerca de 3.950 víctimas, entre ellas 137 casos de personas heridas, 91 detenciones arbitrarias, 107 reportes de amenazas individuales y colectivas, 13 casos de ejecuciones extrajudiciales y 2 de violencia sexual”2.

 

Para Franklin Castañeda: “Se ha vuelto normal, sin que haya mayor reacción social o mediática, que en Colombia en el marco del derecho a la protesta social varias personas resulten asesinadas. En el 2017 catorce personas perdieron la vida bajo este contexto, en el 2016 fueron ocho, en el 2015 fueron siete las que perdieron la vida, y recuerdo que en el 2013 fueron quince”.

 

Las cifras muestran la magnitud de la represión hacia la protesta social, y dan cuenta de un problema estructural, de una visión de Estado. Además, deja en claro el tipo de doctrina con la cual son formados los agentes de policía y los de su cuerpo élite, el Esmad, con la cual prima la criminalización de la protesta social, es decir, el activista es considerado un enemigo, no un ciudadano que levanta su voz en defensa de los derechos básicos.

 

Criminalización de la protesta social

 

La criminalización de la protesta no es un fenómeno contemporáneo, sino que es histórico, visible a través de las políticas de “seguridad” de varios gobiernos, es decir, estamos ante una política de Estado. Vale recordar la implementación del Departamento de Seguridad Nacional por parte del gobierno de Carlos Lleras (1970), también el Estatuto de seguridad con Turbay (1978); el Plan Colombia (1999) implementado por orden de Estados Unidos en el gobierno de Pastrana, y la Seguridad Democrática durante los gobiernos de Uribe (2006). Estas políticas tienen en común legitimar el exterminio del “enemigo interno” a través de la criminalización de la protesta social, interpretada como una acción de terrorismo, vinculada a grupos guerrilleros y no como acciones colectivas propias de la sociedad civil.

 

Este tratamiento ha conllevado a silenciar y aniquilar al otro/a diferente y diverso que se manifiesta con particularidades poblacionales y culturales, cuya expresión en el marco de un contexto de gobierno democrático debería ser posible. Además, la represión política no solamente ha deslegitimado las acciones colectivas sino que también sesga la comprensión del trasfondo de las problemáticas sociales por parte del conjunto social y, con ello, desvirtúa la necesidad de protestar cuando el acceso a diversidad de derechos está bloqueado, además de inyectar temor en amplios segmentos poblacionales.

 

Esta tendencia a la represión violenta de la protesta social, para mantener la “seguridad” y el orden, lleva al incumplimiento de los lineamientos reconocidos en cuanto a las armas que puede usar el cuerpo represivo, llevando a la indiferenciación entre armas letales y no letales. En este sentido, es imprescindible abrir en la sociedad el debate, ¿cuál es la fuerza que puede ejercer la policía y el Esmad?, ¿bajo cuáles criterios debe ser regulado el uso de la fuerza?, o ¿se regula la fuerza o la protesta social?

 

Estos cuestionamientos han sido transversales al debate sobre garantizar la protesta social como un derecho fundamental y, aunque las organizaciones sociales han planteado discusiones en torno al tema, el Gobierno se mostró evasivo, en tanto no cedió ante la demanda por la diferenciación del armamento letal y no letal.

 

Negociación del protocolo

 

Las evasivas gubernamentales, además de tener explicación por una política de control y protección del poder por parte de quienes lo detentan, son influenciadas por las presiones que sectores empresariales ejercen, como los comerciantes y el sector minero, quienes han manifestado la oposición a la protesta social, así mismo al desarrollo del Protocolo sin su revisión, pues para los sectores empresariales un Protocolo negociado abre la posibilidad de pérdidas económicas debido a las consecuencias de los bloqueos de las vías comerciales, al tiempo que pone en riesgo sus negocios mineros y extractivistas en general, al toparse con la oposición de amplios segmentos sociales a tales iniciativas por su impacto ambiental.

 

No obstante, aunque no fueron establecidas regulaciones profundas en torno al tema de la fuerza, se logró que nuevas interpretaciones sobre la protesta social como un derecho fueran reconocidas en el Protocolo, por ende en el marco cultural y político del gobierno nacional y su policía. Así pues, el tratamiento de la fuerza es referido en el texto así: “[…] El último recurso que la Policía Nacional puede ejercer […] El cuerpo de policía intervendrá solo cuando considere que su actuación es necesaria, atendiendo al principio de proporcionalidad, y a la garantía de los derechos de los manifestantes, y de todas las personas, inclusive de quienes no participan”4.

 

Aunque estas concepciones plantean nuevos discursos, debates y propuestas que entran en juego entre la sociedad civil y gobierno nacional, también surgen inquietudes sobre qué tanto el Protocolo garantiza que la fuerza sea utilizada sólo en casos extremos, puesto que puede ocurrir la situación hipotética en que la Policía Nacional arguya el uso de la fuerza por la “defensa” de los sectores de la sociedad que no participan de la protesta social.

 

Por otro lado, si bien el documento firmado es una resolución, no tiene suficiente peso normativo para no ser modificado. Sin embargo, es una ganancia para el movimiento social haber alcanzado la construcción de este Protocolo; el beneficio de uno similar acordado en Bogotá en positivo: desde su regulación en el año 2015, también por la Cumbre Agraria y la alcaldía de Gustavo Petro, no se volvieron a presentar casos de muertes u otros abusos de poder por parte de la policía y el Esmad al momento de sucederse protestas.

 

Cabe rescatar también que el Protocolo empodera a la sociedad civil para ejercer acciones de control y vigilancia en torno al tratamiento dado por la policía a la protesta social. en este sentido, uno de los puntos metodológicos claves acordados es la conformación de las Comisiones de Verificación (CVI), integradas por organizaciones de Derechos Humanos y otros grupos de la sociedad civil que cuentan con la posibilidad de ejercer acciones de observación y verificación durante la protesta social. Así es expuesto en el Protocolo: “Si durante el desarrollo de las manifestaciones, movilizaciones y protestas se presentan actos de violencia, las CVI podrán mediar, en coordinación con los funcionarios públicos presentes, con el fin de promover el respeto y garantía el ejercicio de la protesta, así como los derechos de los demás actores que participen o se vean afectados. Además, las CVI junto con otros actores de la civilidad pueden realizar ejercicios de informar y denunciar a través de grabaciones o fotografías de situaciones que den visibilidad al tratamiento inapropiado de la protesta social”5.

 

Con el Protocolo se ha abierto camino al andar, esto es significativo para la coyuntura sociopolítica actual, y la que está por venir con la transición de gobierno de Santos a Duque, pues la mayoría de las políticas del nuevo gobierno buscan la implementación, o fortalecimiento, de políticas que acentúan la violencia, la represión política, los conflictos y la desigualdad en el país.

 

Una muestra clara de estos propósitos es la propuesta del nuevo Ministro de Defensa sobre regular la protesta social a través de una ley estatutaria. Es claro que esta propuesta da cuenta de las intenciones de controlar el derecho fundamental y no la fuerza. Por otro lado, recientemente se radicó el nuevo proyecto de ley de tierras, el 0318 del 2018, que modifica varios aspectos que posibilitaban la democratización de la tierra a favor de los pequeños productores en la ley 160 de 1994, proyecto que en cambio acentúa la concentración de la tierra en beneficio de las multinacionales extranjeras y proyectos de agroturismo, dejando de lado las posibilidades para que el campesinado sea reconocido como sujeto político. Este proyecto de ley ha sido ratificado en el Congreso con 81 votos a favor y 23 en contra –los de los sectores alternativos–, lo que evidencia la reducida posibilidad de participación y visibilidad con que cuentan los movimientos sociales en el aparato estatal y gubernamental.

 

En consecuencia, la protesta y la movilización social es una alternativa clave para seguir demandando transformaciones sociales, de ahí que el Protocolo sea una herramienta eficaz para reducir y/o controlar la violencia oficial y para que el conjunto social enfrente y supere el miedo que le han inyectado para que no demande el respeto de sus derechos.

 

1 Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta como una expresión de los derechos de reunión y manifestación pública y pacífica, 2018.
2 Ver https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/28878-por-que-es-necesario-desmontar-el-esmad.html
3 Rodríguez, E. C. (2017). Caminando la palabra. Movimientos Sociales en Colombia 2010-2016. Bogotá: Desde Abajo.
4 Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta como una expresión de los derechos de reunión y manifestación pública y pacífica, 2018.
5 Ibídem.

Publicado enEdición Nº249
Escritor puertorriqueño demandará a Intermedio Editores

Luego de veintisiete años de publicado el libro Vengo a decirle adiós a los muchachos, el escritor puertorriqueño y biógrafo del cantante Daniel Santos, Josean Ramos, tomará acción legal contra Intermedio Editores, casa editora subsidiaria del periódico El Tiempo de Bogotá que publicó la obra en 1991 y aún no le ha pagado las regalías correspondientes.


Tras una gira por las principales ciudades de Colombia en 1987, como secretario de prensa del legendario cantante latinoamericano Daniel Santos, el autor escribió una novela biográfica en torno al ídolo caribeño, cuya primera edición limitada se publicó en Puerto Rico. Dado el éxito entre reconocidos melómanos, principalmente en Colombia, la obra llegó a manos del editor de Intermedio Editores, Juan Leonel Giraldo, por el coleccionista de música popular César Pagano, quien fue testigo de todo el proceso hasta culminar eventualmente con la firma del contrato.


Mientras se fraguaba la publicación, Ramos asegura que desde Puerto Rico se comunicaba constantemente por teléfono y correo tradicional con el editor, relativo a los detalles editoriales, como diseño y tipografía, fotos y calces, ilustración, montaje y separación de colores de la portada, texto y foto de contraportada y solapas. Todo estos elementos fueron provistos y enviados a Colombia por cuenta del autor.


Tan pronto se publicó el libro en enero de 1991, el escritor viajó a Bogotá y estuvo una semana de intensa gira por los diversos medios, radio, prensa y televisión, con un gran despliegue publicitario que lo llevó a figurar entre los libros más vendidos en el país, según notas de prensa. La obra se presentó en la prestigiosa salsoteca El Goce Pagano, donde acudió un entusiasta grupo de músicos, melómanos y fanáticos a rendirle homenaje al Jefe.


En adelante, agotada la edición alegadamente de cinco mil ejemplares, resultaron infructuosas las múltiples llamadas y cartas del escritor al editor para cobrar sus regalías, pues siempre se encontraba "de viaje" o "fuera de la oficina". Durante ese lapso de veintisiete años, el autor viajó a Colombia en varias ocasiones para cobrar lo que por derecho le corresponde, pero todo fue en vano, ya que nunca pudo contactar al evasivo editor Juan Leonel Giraldo.


Hace unos meses, Ramos regresó a Bogotá y contactó al amigo que lo llevó a Intermedio Editores, el conocido melómano César Pagano, quien lo refirió al editor de la empresa, Leonardo Archila. Pese a que el Sr. Archila nunca lo atendió, en reuniones y cartas con su ayudante Constanza Orozco, la editorial reclama que no tiene copia del contrato (el cual fue provisto por el autor) y ha dejado agotar su tiempo de estadía en Bogotá, para no pagarle sus derechos. Según la licenciada María Ximena Sáenz Guillen, de Intermedio Editores, la editorial no ha de pagar un centavo al autor porque, aunque reconocen que publicaron y vendieron el libro, no encuentran su contrato.


De acuerdo con la licenciada Rocío Vanegas Aiycardi, representante legal de Ramos, Intermedio Editores incumplió totalmente el acuerdo con el escritor, por lo cual reclama el pago de regalías por la tirada de cinco mil copias y otras posibles ediciones, así como los intereses durante veintisiete años, gastos de viajes y estadías en varias instancias, honorarios legales, además de otros daños irreparables. Aunque el autor ha intentado por todos los medios llegar a un acuerdo extrajudicial, la editorial ha ignorado tal petición.


"Al igual que hay luchas por un nuevo orden informativo y económico mundial, a través de este caso reclamo un nuevo enfoque editorial más justo, que respete y valore al escritor como eje de la industria del libro, de quien viven todos los demás integrantes: editores, tipógrafos, ilustradores, fotógrafos, diseñadores, correctores de prueba, impresores, distribuidores, publicistas, críticos, libreros y vendedores", advirtió el escritor. "Estaremos librando la batalla desde los tribunales, los medios de comunicación masivos y las redes sociales, para crear conciencia de la importancia fundamental del autor en la cadena editorial", aseguró el escritor y periodista, también autor de "Así habló el Gabo", "Croentos" y "Antes de la guerra", entre otros.

 

Publicado enColombia
Lunes, 19 Junio 2017 07:28

Tiempo para tener tiempo

Tiempo para tener tiempo

Amazon es líder del comercio electrónico. Un verdadero imperio que se ha ido conformando desde su fundación, en 1994, a partir del negocio original de la venta de libros. Abarca ahora una enorme variedad de productos y ha añadido otros rubros mediante la adquisición de muchas compañías. La entrega a domicilio es la clave de ese negocio.

Esta empresa ocupa el primer lugar en la lista del sector comercio electrónico a escala mundial. En el año fiscal 2016 tuvo ingresos por 136 mil millones de dólares y una plantilla laboral de 269 mil empleados. Está muy por encima de su competidor chino, Alibaba, con 15.7 mil millones de ingresos y 26 mil trabajadores.

Amazon anunció que comprará la cadena de supermercados Whole Foods. Pagará por ella 13.7 mil millones de dólares y tendrá 465 tiendas físicas, con ventas del orden de 15.5 mil millones de dólares. Ampliará así, con el modelo que ha desarrollado, la venta de las provisiones, mucho más allá de su ya existente Amazon Fresh.

El comercio es una actividad económica que se ha transformado considerablemente en años recientes. Es un sector diversificado en cuanto a los productos que se ofrecen y también, socialmente estratificado.

Las condiciones físicas también se han modificado. Esto se aprecia en la mayor parte de las localidades urbanas, en las que aparecen tiendas con grandes superficies y enorme variedad de productos. En México, su rápido desarrollo puede verse en muchas localidades.

Un aspecto notorio de este servicio es, precisamente, la entrega a domicilio, ya sea por medio directo, mensajería, correo y drones. Amazon entrega prácticamente de todo, hasta productos frescos.

Los grandes almacenes ofrecen cada vez más sus ventas por Internet, ampliando las antiguas ventas por catálogo. La comida la reparten empresas mediante mensajeros, por ejemplo, esos que van en bicicleta con grandes bolsas colgadas de la espalda; recogen la orden en el restaurante y la llevan a uno a casa.

Todo esto se hace mediante el uso de aplicaciones electrónicas que surgen como hongos silvestres. Se habla ya del inicio del ocaso de los centros comerciales tal como los conocemos, donde ahora se concentran tiendas y restaurantes.

El multimillonario inversionista Mark Cuban, dueño del equipo de basquetbol Maveriks de Dallas y con participaciones en cines, producción de películas y canales de televisión, caracterizó de modo muy preciso el sentido de la nueva inversión de Jeff Bezos de Amazon y también propietario del periódico The Washington Post.

Cuban apuntó que hay una cuestión que determinará si la compra de la cadena de menudeo de provisiones será buena para Bezos. Ésta consiste en si Amazon puede entregar las compras de manera más rápida que aquella en que el comprador puede llegar a la tienda en su auto, o bien en un mundo de Uber y Lyft.

Esta perspectiva dirige la atención a una nueva arista del negocio y también, del comportamiento de los consumidores.

Lo que dice Cuban es que Amazon deberá entregar las mercancías a domicilio desde una tienda de Whole Foods en menos tiempo y por el medio que sea del que tomaría a alguien llegar, también por cualquier medio posible, a dicha tienda, realizar la compra y volver a casa.

Pero el quid de todo este asunto viene después en el mismo argumento de Cuban que, al considerar si una entrega más rápida de provisiones añadirá valor no sólo al negocio, sino al mundo mismo (sic), respondió categórico: "¿Qué es más valioso que tu tiempo?"

¡Ah, el tiempo! En la economía la consideración del tiempo es un asunto clave para tratar las cosas de la productividad, las ganancias, los salarios, las decisiones relativas a la asignación de los recursos para el consumo, el ahorro, la inversión y para el endeudamiento.

El caso de Amazon que aquí se comenta tiene que ver con un cambio significativo en las decisiones del consumidor y, como señala Cuban, con el uso del tiempo, con el valor que se le da a éste en el capitalismo contemporáneo.

La aseveración de que nada es más valioso para el individuo que el tiempo rebasa las consideraciones más próximas y limitadas referidas al consumo. Puede ampliarse al tratamiento filosófico del sentido del tiempo en términos personales, sociales, históricos. Vaya, ¿tiempo para qué?

Ahora es común que la gente prefiera que todo se le lleve a domicilio: las compras del supermercado, la comida, la ropa de su tienda favorita, las múltiples opciones del enorme catálogo de Amazon, las medicinas de la farmacia, las tomas de muestras de laboratorio y hasta la atención del médico.

Es, tal vez, un eco de las formas de la comunicación que se han ido estableciendo por diversos canales de la www y que modifican las pautas de relacionamiento interpersonal.

Cabe cuestionar el sentido de la aseveración del valor del tiempo para el individuo según la certeza mostrada por Cuban. Este es un asunto que el mercado capitalista no sólo aprovecha, sino alienta, en una apariencia de que restaura la autonomía de la persona por medio de devolverle su tiempo.

Pero nada previene que esto se convierta en una manera redundante de recuperar el tiempo para tener más tiempo. Después de todo, es común que cuando se pregunta a alguien qué hace responda: "Aquí, matando el tiempo".

Publicado enEconomía
Confiscan planta a General Motors; suspende operaciones y despide a 2 mil 678 empleados

General Motors anunció este jueves que suspenderá sus operaciones en Venezuela y despidió a sus 2 mil 678 empleados después de que las autoridades confiscaron su fábrica en el país, medida que podría llevar al gobierno del presidente estadunidense, Donald Trump, a aplicar mayor presión a la república bolivariana.


La fábrica de GM en la ciudad industrial de Valencia fue confiscada este miércoles, en una decisión derivada de una demanda presentada hace casi 20 años por un ex concesionario de GM en el oeste de Venezuela que pedía a GM una compensación por daños y perjuicios por 476 millones de bolívares, unos 665 millones de dólares al cambio oficial, pero 115 millones en el mercado negro, donde muchos venezolanos se ven forzados a vender su moneda.


GM dijo que esta semana se le notificó que una corte menor había ordenado la confiscación de su planta, las cuentas de banco y otros bienes en el país.


La planta no ha fabricado un solo auto desde 2015, pero GM tiene 79 concesionarios que emplean a 3 mil 900 personas en Venezuela, donde fue el líder del mercado por varias décadas.

Publicado enInternacional
Lunes, 26 Diciembre 2016 08:37

Nuevo ciclo

Nuevo ciclo

Los datos indican que comienza un nuevo ciclo de expansión de la economía de Estados Unidos. Incluso hay previsiones de que podría llegar a una tasa de crecimiento del orden de 4 por ciento anual con las medidas económicas que propone el presidente electo Donald Trump. Esta es una tasa muy por encima del promedio de 2.5 por ciento de los últimos 10 años.


Si así fuese ese crecimiento tendría, según ha planteado expresamente Trump, un carácter muy distinto al de las décadas anteriores, que desde los años 1980 se caracterizaron por el fuerte impulso de la apertura constante de los mercados: el comercio, las inversiones, en algunos casos el movimiento de personas y la ampliación general de la economía global.


En efecto, lo que se estaría fraguando en la política económica del nuevo gobierno que va a empezar en unas tres semanas es una expansión hacia adentro, es decir, privilegiando la producción y el empleo internos y la restricción de los intercambios de mercancías y el flujo de los capitales con otros países.


En ese esquema se incluirían, asimismo, las previstas limitaciones en materia de inmigración, con lo cual se incidiría también en la conformación del mercado laboral. Y esto en un entorno en el que se ha mermado la capacidad de los sindicatos, en el que se debate el nivel que debe tener el salario mínimo y la nueva estructura de los impuestos. Es difícil predecir la reacción social frente a estos cambios y, en particular, la de los trabajadores con distintos niveles de ingresos. Trump parece apostar por una mayor cantidad de empleo como atractivo de su política de crecimiento.


El entorno global será redefinido por el nuevo gobierno, según se puede apreciar por los nombramientos propuestos en las relevantes áreas de la nueva administración: comercio, finanzas, regulación, trabajo, energía y medio ambiente.


En este esquema la economía estadunidense no va a funcionar expresamente como una locomotora de la producción a escala internacional a partir de la demanda de productos intermedios y finales desde otras partes. Con ello se obligaría a un nuevo acomodo de la actividad productiva, del empleo de la fuerza de trabajo y del financiamiento a escala ya sea nacional o regional.


En el caso de Europa la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea ya está provocando ese reacomodo, pero habrán de crearse nuevos arreglos para compensar los cambios en los flujos de mercancías y de capitales y las políticas tributarias y de gasto público, así como del tipo de cambio de Estados Unidos.


China deberá adaptar de un modo mucho más profundo las distorsiones internas en materia de la asignación de los recursos para la producción, la creación de empleos e ingresos de su creciente población, el desarrollo regional, la regulación ambiental y, especialmente, la gestión de la política monetaria y de crédito, así como la fijación del valor del renminbi. La subvaluación de la moneda ha sido una estrategia comercial clave para China y muy cuestionada por Trump. Japón y Corea tienen también una relación estrecha de comercio e inversiones con Estados Unidos y tendrán que ajustarse.


En las semanas anteriores el efecto Trump ha provocado un alza en las expectativas sobre el crecimiento de la economía estadunidense. Esto se ha expresado en el auge del mercado de valores, el incremento de las tasas de interés por la Reserva Federal y una apreciación del dólar con respecto a otras monedas clave en los mercados internacionales, como la libra esterlina, el euro y el yen.


Estos son indicios del nuevo ciclo expansivo, luego de una década de lento crecimiento. Por ahora sigue existiendo una fuerte demanda de dólares por los mayores rendimientos que dan los títulos emitidos en esa moneda y también por un efecto de protección de valor frente a otras monedas. Las distorsiones productivas, financieras y monetarias de este nuevo ciclo van a marcar su carácter en cuanto al nivel posible de expansión de la actividad económica, la asignación de las corrientes de inversión, la distribución regional de crecimiento y su duración.


El ajuste que estas condiciones exigirá a la economía de México será de gran calado y no puede hacerse únicamente en un contexto bilateral con Estados Unidos, donde hay animadversión del nuevo gobierno. Un nuevo orden entre la dinámica interna y las relaciones externas será determinante y exige ser muy bien concebido y operado políticamente. Ahora ya no hay business as usual.

Publicado enEconomía
La economía mundial vuelve a estar en punto crítico: Xi Jinping

Hangzhou, China.

En un encuentro con récord de asistencia, el presidente de China, Xi Jinping, abrió la cumbre de líderes del G-20 con una advertencia: "ocho años después de la crisis financiera internacional, la economía mundial vuelve a estar en un punto crítico".

No fue la única alerta del líder de una de las economías más grandes del mundo. El proteccionismo, sostuvo, va en aumento, y el régimen comercial multilateral está en una situación difícil y pese a los avances que se han seguido en la reforma financiera regulatoria, "sigue existiendo el riesgo de burbujas".

Desde el monumental Centro Internacional de Convenciones, Xi Jinping pidió tomar "medidas concretas sin discusiones huecas", y exhortó a una mayor cooperación en materia de impuestos, medidas anticorrupción y para mejorar la capacidad de la economía mundial para resistir los riesgos.

Antes de la apertura de la cumbre, en un encuentro entre el presidente de China con su similar de Estados Unidos, Barack Obama, ambos ratificaron el acuerdo sobre cambio climático de París (COP21) de diciembre de 2015.

La suscripción del documento fue recibida con beneplácito, sobre todo por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, porque se trata de dos de las naciones con mayores emisiones de gases de efecto invernadero. A través de este acuerdo se busca limitar las emisiones nocivas que producen el calentamiento global, paso clave para que pueda entrar en vigencia el pacto climático antes de fin de año, y marca el camino para que otros países concreten la iniciativa.

En su mensaje a los líderes del G-20, el presidente chino dijo que este mecanismo debe adaptarse a sus tiempos y mostrar el camino, adaptarse a la economía mundial y transformarse a un proceso de respuesta, "con una visión de más largo plazo. Hace falta una visión estratégica, hace falta que el G-20 abra el camino para el crecimiento mundial".

Xi Jinping, que fue líder del Partido Comunista en la provincia de Zhejiang, cuya capital es Hangzhou, indicó que durante este encuentro los presidentes y jefes de Estado de las naciones más poderosas del mundo buscarán cómo abrir una nueva senda de crecimiento, una gobernanza más eficaz, un comercio incluyente interconectado, entre otras cuestiones.

El mandatario chino apuntó que si bien la economía mundial mantiene cierta recuperación, también enfrenta riesgos y retos como un crecimiento débil, disminución en la demanda e inversión, y volatilidad de los mercados financieros. Llamó a los mandatarios participantes a fortalecer la coordinación macroeconómica y promover el crecimiento mundial y la estabilidad financiera internacional.

Indicó: "los miembros del G-20 deben aplicar políticas macroeconómicas más integrales, acordes con su realidad nacional, y deben coordinar sus políticas de reforma estructural y monetarias para aumentar la demanda mundial y mejorar la calidad de la oferta".

El líder chino pidió fortalecer la coordinación de políticas y reducir los impactos negativos, para apuntar hacia una nueva ruta y ritmo de crecimiento. Para ello, instó a seguir mejorando el sistema financiero y monetario así como fortalecer la estructura de gobierno de las instituciones financieras internacionales, afianzar la red de seguridad financiera mundial, aumentar la cooperación en cuestiones tributarias y en la lucha contra la corrupción para hacer a la economía internacional más resistente a los riesgos.

En materia comercial Xi Jinping llamó a continuar con la liberalización y facilitación del comercio y las inversiones, y cumplir el compromiso del G-20 de no adoptar nuevas medidas proteccionistas. Reiteró que una de las prioridades del G-20 para este año es el desarrollo, y para ello se ha impulsado un plan de ayuda para África y otros países menos avanzados.

"Siempre y cuando actuemos juntos, podremos capotear el temporal de la economía y navegar a un futuro de crecimiento", sostuvo.

El presidente Xi Jinping pidió a los gobernantes de Estados Unidos, Alemania y otras economías que resistan la presión para elevar barreras comerciales, en el comienzo de esta cumbre que se realiza en un contexto de crecimiento global lento, disputas en torno a las exportaciones chinas de acero y los impuestos de Apple en Irlanda. "Deberíamos construir una economía mundial abierta", sugirió.

La organización para esta cumbre incluyó un fastuoso espectáculo cultural –con fuegos pirotécnicos– desde el famoso Lago del Oeste, donde los mandatarios pasearon en bote, después de que lo hicieran Xi Jinping y su esposa Peng Liyuan.

Para este lunes habrá tres sesiones de trabajo más antes de la ceremonia de clausura y la suscripción de un comunicado de los líderes participantes.

Publicado enEconomía
Domingo, 05 Junio 2016 07:33

Tiros en el patio trasero

Tiros en el patio trasero
El nombre del diablo que carga las armas es Estados Unidos, y el resultado lo paga con sangre y dólares el continente latinoamericano. El buen vecino del norte proporciona las armas y las municiones, y el 75 por ciento de los homicidios en América Latina son el resultado de su fuego, una cifra que sube al 90 en Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras.

 

 

Estados Unidos ya era el primer vendedor del mundo, con más de la mitad del mercado, cuando en 2014 aumentó su venta un 35 por ciento, en 10.000 millones de dólares; esto en un mercado deprimido por exceso de armas, precisó The New York Times el 25 de diciembre último. Este continente las recibe importándolas o contrabandeándolas basándose en la benévola legislación para la venta de armas al mostrador que tiene la superpotencia norteamericana. Armas contra las drogas y para los narcotraficantes, para el ejército y para los insurrectos, para políticas de paz y de guerra. Así, México compró en 2014 por 21,6 millones de dólares unas 28 mil armas (la mayoría rifles de asalto), que se suman al estimado de 212 mil armas que por año entran ilegalmente a través de la frontera.


Entre 45 y 80 millones de armas portátiles, hasta misiles tierra-aire, circulan en la región, según el Nacla. Son la causa de muerte de entre 73 mil y 90 mil personas por año, y la principal causa de muerte de personas entre 15 y 44 años, según la Oms.


Durante cuatro décadas, desde los sesenta hasta los noventa, los organismos de inteligencia de Estados Unidos suministraron armas a gobiernos y rebeldes de Colombia, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Perú y Nicaragua. Con el nuevo siglo se abrió otra temporada que viene en auge: Washington exportó a estos países 43,7 millones de dólares en 2004 que fueron ascendiendo a 172,7 millones en 2010, en nombre de la lucha contra las drogas. Entre 2000 y 2014, dos tercios (63 por ciento) de las armas vendidas fueron a Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá y Paraguay, en coincidencia con la lucha antidrogas; pero no sólo.


El perfil de los compradores difiere: Brasil y Chile lo hicieron para “defensa y entrenamiento” de sus fuerzas armadas, Colombia para operaciones antiinsurgentes y combate a grupos criminales, México para la lucha contra los cárteles de las drogas, y Paraguay para revender; es el hub regional, la puerta rotatoria del tráfico ilegal de armas en la región, y Estados Unidos lo sabe, claro. En cambio, Bolivia, Ecuador y Venezuela redujeron su alianza con Washington y están comprando de Rusia (que ocupa un lejano segundo lugar como vendedor mundial de armas ligeras), y en menor medida a China y otros proveedores de Europa y Asia. Caracas firmó con los rusos un acuerdo para fabricar rifles de asalto Avtomat Kalashnikova Modernizirovannyj (Akm), la versión desde 1959 del consagrado AK 47. Además de las armas que vienen, tres países del continente las fabrican –Brasil, Argentina y Chile–, y uno fabrica municiones bajo licencia, Ecuador. El 80 por ciento de los crímenes en América Latina son hechos con armas de fuego, y al menos el 50 por ciento de ellas proviene de Estados Unidos, afirma la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola).


Este organismo asegura además que Estados Unidos es fuente fundamental del tráfico en negro y en gris de armas y municiones para América Latina. Es un mercado impreciso que se evalúa por las armas y municiones decomisadas y el rastreo de documentación. Washington estableció un sistema, el “e-Trace”, en el cual participan todos sus organismos que trabajan en el tema y que en 2009 se extendió a América Latina. La agencia del Departamento de Justicia para el control del alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos (Atf) hizo el seguimiento de 15.937 armas decomisadas en México en 2014, y halló que 71,9 por ciento de ellas procedían de Estados Unidos. El seguimiento en el Caribe y América Central mostró que entre 40 y 60 por ciento de las armas tenían el mismo origen. En Brasil, Colombia, México e Irak se requisan más de 10 mil armas por año, y en Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Perú el informe anual de requisa de armas y municiones es inferior a esa cifra. La cantidad de armas requisadas depende, dice la Wola, de muchos factores, entre los que menciona cambios en la legislación, sistemas de información, práctica policial, capacidad y demanda criminal.


Estados Unidos es así el doctor Jeckyll y míster Hyde; tiene solucionado el dilema de Hamlet y es y no es al mismo tiempo. Vende armas en blanco, gris y negro, y luego alienta a que se requisen y destruyan, lo cual alivia el mercado de la sobresaturación de armas y la demanda de éstas repunta.


De 150 países, América Latina es la única región donde en este siglo el precio de las armas en el mercado negro declinó por sobresaturación, en relación con la última década del pasado: un AK 47 cuesta 25 dólares en El Salvador y 2 mil en Brasil. El continente “tiene aparentemente un exceso de suministro”, señala el Small Arms Data Observatory (https://smallarmsdata.org). Para Haití se señala que subieron los precios ante la reasunción en 1994 del presidente Jean Bertrand Aristide (en un segundo período que duró cuatro meses), y nuevamente ante la llegada de la misión de las Naciones Unidas. En Colombia los precios subieron ante el anuncio en 2003 de una amnistía que llevaría a que se compraran armas a paramilitares y guerrilla. La baja del precio no implica menos asesinatos: la caída de la cotización en Brasil a mediados de los noventa fue simultánea a 42 mil homicidios por año.


El caso de El Salvador es el más trágico. Es el país más violento del mundo, según Foreign Affairs (27-V-16), y “la capital mundial del asesinato”, de acuerdo a Los Angeles Times (2-III-16). Entre 1980 y 1993 fue el primer destinatario en Occidente para las armas de Estados Unidos. La guerra interna que conoció El Salvador entre 1981 y 1989 produjo 75 mil muertos. Las armas (una partida de 32.500 M- 16 y 270 mil granadas, por ejemplo) siguieron llegando hasta tres años después de finalizado el conflicto. Las cifras de muertos por año en el país centroamericano son hoy similares a las de los años de guerra interna: en 2015 fueron 6.656; 116 cada 100 mil habitantes, 17 veces más que el promedio mundial, afirma Foreign Affairs (27-V-16). De esas muertes al menos la mitad corresponde a personas de entre 15 y 29 años. La violencia es tal que desborda hacia Guatemala y Honduras, los dos países fronterizos de la sufrida república.


Es fácil concluir que Latinoamérica, por su propia diversidad y la escala del movimiento de armas y municiones, “es un serio desafío político” (Foreign Affairs). También, que no basta con hacer más estrictas las reglas de importación y exportación y el control fronterizo, sino que es necesario sumar mayor supervisión de la producción local y mejor gerenciamiento de los arsenales militares, policiales y privados. Es más, se coincide en que no se precisa más legislación sino aplicar la existente. Estados Unidos podría aumentar la transparencia del negocio si ratificara el Att, el tratado de comercio de armas votado por las Naciones Unidas en 2014. Es más, la Oea dispone de una convención sobre armas de fuego que se distingue por ser el único instrumento de ese carácter en el mundo, que dispone la prevención y eliminación de la producción y el tráfico ilícito de armas y explosivos. Es de 1997 y Uruguay la ratificó en 2001. Sólo tres países no la firmaron: Estados Unidos, Canadá y Jamaica. Mientras tanto, vale el diagnóstico de Foreign Affairs: “La mayoría de los países americanos se encaminan a tener más violencia armada en los próximos años, en contraste con el resto del mundo”

 

 

Publicado enPolítica
Faltó respuesta a las demandas sociales
En medio de la crisis económica y política en el mundo árabe y la Unión Europea (UE) el informe anual de Amnistía Internacional criticó duramente a los gobiernos por su falta de respuesta a las demandas sociales. “De Nueva York y Moscú a Londres y Atenas, de Dakar y Kampala a La Paz y Cuernavaca, de Phnom Penh a Tokio, la gente tomó la calle. Fue patente el contraste entre la valentía de los que exigen derechos y la incapacidad de los líderes para responder con medidas concretas”, señaló el secretario general de Amnistía Internacional Salil Shetty.


El informe global 2012 de la organización de derechos humanos con sede en Londres abarca desde las rebeliones que sacudieron al mundo árabe, a partir de la inmolación de un vendedor ambulante tunecino a principios del año pasado, hasta las manifestaciones contra los programas de austeridad que sacuden al mundo desarrollado. “La crisis económica ha puesto de manifiesto una ruptura del pacto social entre el gobierno y la ciudadanía. En el mejor de los casos, los gobiernos se mostraron indiferentes. Muchas veces solo se preocuparon por proteger a los poderosos”, subrayó Shetty.


En el mundo árabe ese pacto social era una quimera que solo comenzó a plantearse con el comienzo de la rebelión. “La respuesta de los gobiernos a la Primavera Arabe fue brutal y Occidente se preocupó más por mantener el statu quo que por promover la democracia, todo agravado por una retórica crecientemente xenófoba de la Unión Europea ante el considerable número de refugiados que comenzó a llegar del norte de Africa. Hoy la Primavera Arabe se está convirtiendo en muchos aspectos en un invierno”, señaló a Página/12 Javier Zuñiga, asesor del secretario general de Amnistía Internacional.


Egipto es un caso paradigmático. Dado a conocer el mismo día de las elecciones presidenciales en ese país, el informe señala que los ideales revolucionarios están en peligro. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que asumió el poder tras la caída de Hosni Mubarak con la promesa de dirigir la transición, ha procesado o llevado ante jueces militares a más de 12 mil civiles, muchos más que durante los 30 años de gobierno de Mubarak. Las mujeres han salido especialmente mal paradas. En marzo de 2011, las fuerzas de seguridad obligaron a un grupo de detenidas en una manifestación a someterse a pruebas de virginidad. Amnistía Internacional destaca que un tribunal administrativo egipcio dictaminó que tales pruebas no tenían valor legal, pero cuando la organización les pidió a los partidos políticos que se comprometiesen a proteger principios básicos de derechos humanos, los dos partidos que obtuvieron la mayoría de los votos en las elecciones parlamentarias se negaron a hacerlo. El Partido de la Libertad y la Justicia, de la Hermandad Musulmana, que consiguió 235 escaños (el 47 por ciento), no respondió a la petición y el partido salafista Al Nur, que quedó en segundo lugar con 121 escaños (el 24 por ciento), se negó a promover los derechos de las mujeres o la abolición de la pena de muerte.


Amnistía Internacional es igualmente dura con los países desarrollados y su respuesta a la crisis económica. Coherente con la extensión que hizo del concepto de derechos humanos al campo económico y social en su informe de 2009, Amnistía critica “las políticas internas que han llevado a la persistente crisis económica y a una gran tolerancia con la desigualdad”. Las protestas en Europa y América del Norte mostraron que “la gente había perdido la fe en gobiernos que desdeñan una y otra vez la rendición de cuentas, la justicia y la promoción de la igualdad”. Esta creciente deslegitimización tuvo un claro impacto político: desde el estallido de la deuda soberana 16 países de los 27 que forman la UE han cambiado de gobierno.


Dada la profundidad de la crisis, la legitimidad de los nuevos gobiernos no dura mucho y suele acortarse aún más con la represión policial de las protestas. “En Grecia, la policía utilizó reiteradamente fuerza excesiva e hizo amplio uso de productos químicos contra personas que protestaban pacíficamente. En España, hubo un uso excesivo de la fuerza para poner fin a manifestaciones en demanda de cambios políticos, económicos y de política social”, puntualiza el secretario general de Amnistía Internacional.


Este “singular fracaso del liderazgo nacional e internacional” es también evidente, según el informe, en el creciente poder de las multinacionales para eludir toda regulación y obtener beneficios a costa de las comunidades locales. “Desde Shell, en el delta del Níger, Nigeria, hasta Vedanta Resources, en Orissa, India, los gobiernos no garantizan que, como mínimo, los agentes empresariales respeten los derechos humanos. En muchos países, cientos de miles de personas son objeto de desalojo forzoso cuando llegan las empresas mineras y reclaman tierras donde hay recursos naturales”, señala el secretario general Salil Shetty. Amnistía saluda el papel de las nuevas tecnologías en la democratización, pero critica a muchas de sus empresas. “Se ha demostrado que empresas que aparentemente se dedican a la expresión y el intercambio de opiniones (y se benefician de ello), como Facebook, Google, Microsoft, Twitter, Vodafone y Yahoo, están colaborando en la comisión de violaciones de derechos humanos”, señala el secretario general.


A nivel regional, Amnistía Internacional destaca que la demanda por derechos humanos se hizo oír en toda la región durante 2011: en los tribunales nacionales, en el sistema interamericano y en las calles. “Las peticiones de justicia realizadas por ciudadanos individuales, defensores y defensoras de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas siguieron ganando fuerza y a menudo condujeron a quienes las realizaban al enfrentamiento directo con poderosos intereses económicos y políticos”, señala Salil Shetty. Esta movilización se produce en contextos políticos dramáticos como con las matanzas del narcotráfico en México (más de 12 mil muertes el año pasado) o el conflicto en Colombia. En el caso de Brasil, el elevado índice de delincuencia violenta y las prácticas de los cuerpos de seguridad fueron los puntos más resaltados por Amnistía, que señaló que el atentado contra la jueza Patricia Acioli muestra el alcance y la confianza con que operan las milicias. “A esto se suma la expulsión a menudo violenta de sus tierras de los grupos indígenas, tanto en Brasil como en Colombia, Guatemala o México. Un creciente problema en América latina es que multinacionales o grupos nacionales inician explotaciones petroleras, mineras o forestales sin respetar los derechos de los indígenas o de las comunidades que viven en el lugar”, señaló a este diario Zuñiga.

Publicado enInternacional
Página 1 de 3