“¿Cuántos de ustedes han subido o bajado material de Taringa!?” Unas 150 personas levantaron la mano; eran todas las presentes en el aula de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde comenzaba un debate sobre derechos de autor, penalización de prácticas informáticas, cultura libre y circulación de bienes culturales en Internet. “Todos los días infringimos la ley porque no está acorde con nuestro tiempo tecnológico”, evaluó la docente y especialista en Comunicación y Nuevas Tecnologías Beatriz Busaniche, titular de la cátedra organizadora del encuentro que contaba con la presencia estelarísima de Matías Botbol, dueño, junto con su hermano Hernán, del sitio web cuyo funcionamiento les valió ser procesados por la Justicia penal como “partícipes necesarios” del delito de violación de la propiedad intelectual. El caso, que fue reactivado por decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones, llevó también ante el auditorio al matemático Enrique Chaparro y a Glenn Postolski, director de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, que avanzaría un poco más sobre el terreno al definir que “aquí se trata de uno de los desafíos clásicos y del futuro: cuáles derechos deben prevalecer”. En todo caso, advirtió, “el avance tecnológico no se detiene por la vía judicial”.
Se trataba de abordar el intento de criminalización de una práctica omnipresente, en ocasiones hasta desterritorializada (las webs que alojan un material pueden hallarse en países donde compartirlo esté permitido) y que apenas requiere alguien con ganas de compartir, alguien con curiosidad, alguien que disponga de un espacio donde contar que eso existe, y algún sitio donde alojarlo. Ese ingreso al ámbito académico de una actualidad judicial en progreso convirtió lo que era una clase de seminario en un foro de discusión con estudiantes y ajenos a la institución. Interés había: en el espacio que había previsto la Facultad para el debate no entraba un alfiler, y había quienes se amontonaban en la puerta para no perder detalle.
 
“Todos ustedes, que bajan o suben material a Taringa!, son partícipes necesarios: lo que hacen es infringir la Ley 11.723, en su artículo 72”, señaló Busaniche en referencia a la que consideró la Justicia para procesar a los hermanos Botbol. Ese artículo es el que establece que viola los derechos de propiedad intelectual “el que edite, venda o reproduzca por cualquier medio o instrumento, una obra inédita o publicada sin autorización de su autor o derechohabientes”, una aclaración que habilita a las editoriales y discográficas a reclamar por la circulación de los contenidos. “Pero la ley nada dice sobre el fin de lucro, sólo se refiere a la reproducción. Y ese es el delito que cometemos todos. Si ustedes vinieron a esta Facultad, no tengo ni que recordarles que estudiaron con fotocopias.”
 
Busaniche recordó que “hace 10 años” en distintos lugares del mundo las grandes empresas hacen lobby para “intentar tipificar” como delito este modo de compartir materiales en Internet, “la herramienta de cultura más revolucionaria que hayamos conocido”. “No han logrado que dejemos de copiar porque es una práctica socialmente aceptable. Nadie cree realmente que robar un auto es lo mismo que bajar una canción.” En este momento, en que “hay muchas despenalizaciones dando vueltas”, agregó, “ésta debería ser una más”. “Por eso estamos pensando en organizar una campaña para la despenalización de este modo de compartir contenidos. Si no, están en juego la libertad de expresión, Internet como la conocemos”.
 
“Es una cuestión rodeada por actores muy poderosos de la industria nacional e internacional. Sitios como Taringa! en diez años de práctica ponen en tensión un modelo de negocios de hace un siglo” protegido por una ley de 1933, evaluó Postolski, para quien el procesamiento de los hermanos Botbol tiene un objetivo más ejemplificador que estrictamente punitivo. “Se trata de industrias con tal poder de incidencia y de lobby que cada vez que vence un derecho, logran una prórroga y vuelve a extenderse el plazo de reserva, y otra vez.” “Todos sabemos lo que nos cuesta publicar un libro, producir un documental y que después es preciso pensar en cómo distribuirlo. Por eso, en este cambio, también hay que pensar en lograr condiciones que permitan a los autores y creadores tener una vida digna y poder seguir produciendo”, señaló, para destacar que el debate no pareciera involucrar tanto a los autores como a los intermediarios con poder de lobby y presión reguladora. Sobre eso mismo, poco después, el matemático Chaparro sería sintético a rabiar: “lo reproducible es inagotable, pero quien tiene la vaca atada es reacio a soltarla... Y nosotros aspiramos a que se desate”.
 
“La gente comparte información que le resulta interesante” y hay quienes la buscan. “Es en base a esas necesidades no satisfechas de otra forma como funciona Taringa! Y para nosotros, verlo cada día es una novedad”, dijo a su turno Botbol, el expositor tan esperado que nada interrumpió su momento. Co-responsable del sitio con alrededor de 6 millones de visitas diarias y, hasta el momento de la rejudicialización, unos 20 mil usuarios registrados por primera vez cada día, definió a la web de posteos e intercambios mediados como “un mundo con vida propia” en el que él y su hermano desarrollan “aplicaciones para que los usuarios puedan compartir”. “¿Por qué Taringa! no da de baja todos los links de descarga? Porque no en todos los casos es ilegal”, explicó, antes de recordar el caso del usuario uruguayo que compartió un corto amateur hecho por él mismo: la recomendación circuló con dinámica viral; tuvo millones de reproducciones. “Terminó siendo top post del mes. Al flaco le mandaron mails de estudios cinematográficos de Los Angeles; viajó. Terminó firmando un contrato por cuarenta millones de dólares para hacer una película que todavía ni siquiera tiene guión. Si no hubiera podido compartirlo, no pasaba.” Por eso, dijo, “es injusto pensar que compartir es violar derechos de un tercero. Hay otro lado que no nos cuentan los diarios con esta noticia de nuestro procesamiento”.

Por Soledad Vallejos
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Lunes, 30 Marzo 2009 17:40

El océano que divide a Perú y Chile

La victoria de la selección chilena de fútbol el domingo ante el combinado peruano no fue un triunfo más. Era el primero en 24 años de partidos entre ambos equipos. Y llegaba en un momento especial, después de diez días de tensiones a raíz de la decisión del Gobierno de Alan García de interponer una demanda contra Chile en La Haya en la que reclama la soberanía de 35.000 kilómetros de área marítima. Aunque las aguas parecen haberse calmado, la tempestad golpeó de lleno las relaciones de ambos países, y salpicó a un tercero, Bolivia, en un complicado juego diplomático a tres bandas.

Según la versión oficial, la pretensión de Perú es lograr una resolución judicial que dibuje los límites marítimos, puesto que ellos sólo los consideran pesqueros. Para Santiago, sin embargo, los límites ya fueron fijados en una declaración de 1952 y en otra de 1954. La demanda abarca una extensión del océano Pacífico en la zona fronteriza entre las ciudades de Tacna (Perú) y Arica (Chile). Esta localidad perteneció a Perú hasta la Guerra del Pacífico (1879-1884), en la que Chile arrebató a Bolivia su territorio de costa, situado al sur de Arica. Una eventual declaración a favor de Perú bloquearía cualquier posibilidad de salida al mar para La Paz.

"Buscamos una solución pacífica, de equidad, a un tema que lleva anclado muchos años", defiende en conversación telefónica con EL PAÍS el canciller peruano, José García Belaúnde, quien al ser preguntado acerca de qué tiene que perder Perú en este tema, responde tajante: "No tenemos nada que perder, hemos hecho una oferta de paz para solucionar un asunto", insiste.

Su homólogo chileno, Mariano Fernández, discrepa: "La pretensión peruana de hacer un trazado distinto del existente está alejada de la realidad de lo que ocurre en toda la costa del Pacífico de nuestra subregión. De norte a sur de la costa del Pacífico, en América del Sur, existe un sistema jurídico de límites marítimos fijados sobre los paralelos. Perú quiere introducir ahora otra figura geográfica, lo que francamente carece de consistencia", argumenta Fernández a este periódico.

Más allá de lograr o no recuperar los 35.000 kilómetros de área marítima, hay quien piensa, sobre todo desde la vertiente chilena, que la demanda de Perú ha de interpretarse en clave interna. "Uno de los motivos es detener el avance nacionalista de Ollanta Humala [líder del Partido Nacionalista Peruano y rival presidencial de Alan García en las últimas elecciones]", explica Cristian Garay, profesor de la Universidad de Chile. Desde el inicio de su segundo mandato en julio de 2006, García ha sufrido el desgaste de los grupos nacionalistas. Su popularidad, que ha remontado los últimos meses, estaba por los suelos. El argumentario antichileno da bastantes réditos en Perú, por lo que la demanda puede catapultar de nuevo al líder del APRA. A pesar de todo, el canciller García Belaúnde niega esta posibilidad. "El presidente no tiene otros problemas que no tengan otros Gobiernos. No lo manejamos en clave interna", enfatiza.

Chile, cuyas relaciones con el mundo son excelentes, pero muy complicadas con sus vecinos, no ha impugnado aún la competencia de La Haya -tampoco lo ha descartado, según confirma el propio canciller- porque se encuentra dentro del plazo de tres meses para presentar lo que se denominan excepciones preliminares, es decir, hasta el 19 de junio. Aunque en un primer momento, la no impugnación se ha considerado como una primera derrota chilena, para muchos analistas la presentación de la memoria de Perú es muy débil y los argumentos chilenos, bastantes sólidos como para dejar actuar a la Corte Internacional en una primera instancia. Chile podría pedir la incompetencia de La Haya durante la contramemoria, en un plazo de un año, o durante el juicio oral.

Aunque no se trata de un proceso negociador, Chile ha puesto a trabajar un fuerte equipo diplomático, encabezado por la segunda autoridad de la Cancillería, el subsecretario Alberto Van Klaveren. La demanda es una cuestión de Estado en Chile, apenas hay voces disonantes entre las distintas formaciones políticas.

En todo este mar de roces entre ambos países, hay un tercero, Bolivia, que no se ha querido mantener al margen y ha provocado un conflicto triangular. Si La Haya diese la razón a Perú en su demanda, se bloquearía una de las posibles salidas al mar que tanto ansía La Paz. La crítica a la actuación de Lima ha llegado a poner de acuerdo a políticos enfrentados permanentemente con el ex presidente Jorge Quiroga o el actual mandatario, Evo Morales. Si ejecutivo no descartó la semana pasada la posibilidad de llevar también a La Haya su exigencia. "Si fuese boliviano, yo lo haría", asegura Cristian Garay, quien reconoce que "es más compleja" la petición de La Paz que la de Lima.

Aunque ambos Ejecutivos niegan un enfriamiento de las relaciones bilaterales, Alan García y la presidenta chilena, Michelle Bachelet, apenas han tenido contacto estos días. Pero lo cierto es que el tejido empresarial chileno en Perú es fuerte. En medio de una crisis económica profunda, es una garantía, según los analistas, de que no van a permitir que el caso vaya a más.

JAVIER LAFUENTE - Madrid
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Tras perder a siete militantes en tres meses, la dirigencia del Polo Democrático Alternativo prepara una denuncia por los hechos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Amenazas, escuchas ilegales y persecución.
 
En el Pacífico colombiano está Chocó, una provincia de selvas tropicales, tráfico de armas, pobreza casi absoluta, corrupción, cocaína y guerra. Allí, un hombre por poco único era opositor del gobierno nacional. Inocencio Rengifo era militante del Polo Democrático Alternativo en un pequeño pueblo de afros que en esa zona, la más desamparada y aislada de Colombia, notaba extraña su voz crítica. De un tiro, Inocencio fue asesinado hace dos días en Cantón de San Pablo. Con su muerte se elevó a siete la lista de integrantes del Polo asesinados en los últimos tres meses. Por eso se prendieron las alarmas por los homicidios y, en general, crímenes de todo tipo cometidos contra la oposición: escuchas ilegales, desapariciones, persecución, amenazas. La dirigencia del partido prepara una denuncia por los hechos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la Organización de Estados Americanos.
 
“Sus familiares aseguran que el concejal no había recibido ningún tipo de amenaza”, registra la agencia de noticias del Polo. Reprochar los crímenes cometidos durante el gobierno de Alvaro Uribe y el ministro que lo sucederá el 7 de agosto, además de habitar tierras disputadas por paramilitares y guerrilla, les parece a algunos razón de más para vivir en amenaza. El cuerpo sin vida de un opositor derramando sangre a la orilla del río, como se recuerda hoy de Inocencio, es imagen recurrente en la Colombia de hoy, y hace cincuenta años. Sobre todo, casos como éste recuerdan la masacre a la oposición y la izquierda que, como en el exterminio de la Unión Patriótica, UP, es realidad en este país, gobernado desde hace ocho años por la derecha. En los años noventa, unos tres mil integrantes de la UP fueron asesinados sistemáticamente por el Estado. Advirtiendo sobre la seguridad de los opositores de la actualidad, el Polo reunirá un pool de abogados que solicite protección para sus militantes, entre ellos senadores, directivos del partido y concejales en riesgo, como Inocencio.
 
La presidenta del Polo Democrático Alternativo, Clara López Obregón, aclaró que la documentación que entregarán a la OEA es “una solicitud formal de medidas cautelares para la protección de la vida de los dirigentes y representantes del PDA en los cargos de elección popular”. Que no se alargue la lista de asesinados que hasta hoy conforman Ibio Efrén Caicedo, educador; Rogelio Martínez, líder campesino, e Iván de la Rosa, líder cívico que trabajó en la reciente campaña presidencial de Gustavo Petro, cuando finalmente resultó electo presidente el oficialista Juan Manuel Santos, cuestionado por su gestión en el Ministerio de Defensa, mientras el ejército desapareció y asesinó campesinos para disfrazarlos de guerrilleros y obtener beneficios, y mientras la agencia de inteligencia DAS interceptó y persiguió ilegalmente a la oposición, defensores de derechos humanos y jueces.
 
También Rogelio Tunusco, Francisco Abello, Carlos Wagner e Inocencio Rengifo forman parte de la lista de líderes del Polo víctimas de homicidio desde mayo de este año. Sus quejas contra el gobierno dejaron de escucharse a lo largo y ancho de Colombia. En Antioquia (centro), San Onofre (costa del Caribe), Buga (centrooccidente), Magdalena (norte), Valle (sur) y Chocó (costa pacífica), estos hombres fueron profesores, políticos, líderes comunitarios.
 
La preocupación de la presidenta del Polo también la llevó a buscar protección en el mismo gobierno colombiano. A finales de mayo, Clara López se reunió con el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, a quien le pidió una nueva cita “para allegar esta nueva denuncia y realizar el seguimiento al acta de la reunión sostenida en ese mismo despacho sobre medidas de protección al candidato Gustavo Petro y al ex presidente del partido, Carlos Gaviria”. Los congresistas Camilo Romero e Iván Cepeda, líder del movimiento de víctimas de crímenes de Estado, están a la espera de la respuesta por su seguridad que se elevaría en los próximos días nacional e internacionalmente. Jaime Caicedo, concejal de Bogotá, y Dairo Rua, dirigente sindical, igualmente aguardan una respuesta.

Por Katalina Vásquez Guzmán
Desde Medellí
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La ex rehén de la guerrilla FARC, Íngrid Betancourt, busca una reparación del Estado colombiano por los daños económicos y morales sufridos durante sus seis años de secuestro, demanda que podría alcanzar los 6,5 millones de dólares, informó el gobierno este viernes.

Betancourt y sus familiares presentaron el pasado 30 de junio dos solicitudes de conciliación extrajudicial, en las que piden una compensación monetaria por 13 000 millones de pesos (unos 6,5 millones de dólares), según el ministerio de Defensa.

Betancourt, de nacionalidad colombiana y francesa, fue secuestrada por las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en febrero de 2002 y rescatada por una operación de las fuerzas militares colombianas el 2 de julio de 2008.

El ministerio de Defensa de Colombia se declaró “sorprendido y apesadumbrado” por el intento de demanda, “máxime por el esfuerzo y empeño de la fuerza pública en la planeación y ejecución” de la Operación Jaque, con la cual se logró su rescate junto con el de tres estadounidenses y once policías y militares colombianos, indicó ese despacho en un comunicado.

Además, el ministerio de Defensa recalcó que en la Operación Jaque “mujeres y hombres de las Fuerzas Armadas arriesgaron su vida en pos de la libertad de los secuestrados” y evocó que “la propia doctora Ingrid Betancourt calificó como 'perfecta'” esa acción militar.

Las autoridades colombianas expresaron su “convicción de que no existe ningún elemento objetivo que permita deducir la responsabilidad del Estado” en el secuestro de Betancourt, y resaltaron que la ex rehén había “desatendido” las recomendaciones que en su momento le hizo la fuerza pública para que evitase el viaje en el cual fue plagiada.

Todavía se desconoce los argumentos exactos con los cuales Betancourt y sus familiares demandan la reparación económica.

Betancourt, quien para el momento de su secuestro hacía campaña electoral por la presidencia del Colombia, fue secuestrada junto con su asistente Clara Rojas cuando viajaba hacia San Vicente del Caguán (sur), zona donde acababa de darse por terminado un intento de diálogo entre el gobierno del presidente Andrés Pastrana (1998-2002) y las FARC.

Hace una semana, Betancourt participó en Bogotá de una ceremonia oficial por los dos años de la “Operación Jaque”.

Bogotá, AFP
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El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos presidido por el ex magistrado Luis Carlos Bonilla Rico, a través del abogado Luis Carlos Domínguez Prada presentó ante la Sección Primera del Consejo de Estado demanda de Nulidad del Acuerdo suscrito entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, que entre otras cosas, permite la instalación de siete bases militares norteamericanas en territorio patrio

El vocero de la organización, Juan Carlos Bonilla, dijo que es un nuevo acuerdo bilateral y no la continuación de uno ya existente, como lo afirma el Gobierno, y de ahí la necesidad de que pase por la aprobación del Congreso de la República.

Agregó que este convenio contiene muchos elementos novedosos, que no se compensan con los precedentes que aún están vigentes entre los dos países, es decir, que no hacen parte de ninguno de los 17 documentos de esa naturaleza que han sido firmados por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.

"Esto, en realidad es una coartada del Gobierno, pero tenemos el precedente de que el Consejo de Estado dio una opinión y, efectivamente, dijo eso: que esto no se ampara, porque es un asunto nuevo, de una incidencia importantísima a nivel cualitativo de presencia militar, no de tránsito de tropas, que requiere de un trámite especial", dijo el abogado Juan Carlos Domínguez Prada, quien también hace parte de la plataforma.

De la misma manera, señaló que se trata de una disposición que atenta contra la soberanía nacional, aspecto que constituye uno de los pilares del Estado moderno, junto al territorio y otros elementos intangibles como la Nación.

El abogado indicó que no sólo Colombia sino los países vecinos se verían sometidos a este riesgo latente y permanente de persecusión, teniendo en cuenta que la simple presencia en la Base de Palanquero le otorgaría a los marines norteamericanos la capacidad de monitorear a todos los países de América Latina.

La importante acción instaurada que está llamada a provocar trascendentales decisiones judiciales del más importante órgano de la jurisdicción administrativa, hace un análisis del Acuerdo, concluyendo que se trata de un verdadero Tratado Internacional que como tal, debe cumplir con los requisitos legales, constitucionales e internacionales –Convención de Viena- de este tipo de instrumentos. Requisitos que fueron escamoteados por el gobierno colombiano al suscribir el Acuerdo. Demuestra el demandante que contrario a lo afirmado por éste, el Acuerdo no desarrolla facultades ya pactadas en tratados vigentes, sino que lo entregado por el país en materia de soberanía rebasa ampliamente los Acuerdos y Tratados suscritos entre los dos países.

Según el abogado demandante Domínguez Prada, lo anterior hace obligatorio que el Acuerdo sea aprobado por el Congreso de la República como Tratado tal como lo ordenan la Constitución Nacional y la Convención de Viena. Así el funcionario que lo suscribió, el canciller Jaime Bermúdez, actúo por fuera de su competencia y usurpando la jurisdicción del Congreso, lo cual hace nulo de nulidad absoluta el Acuerdo.

La demanda solicita al Consejo de Estado la SUSPENSIÓN PROVISIONAL del Acuerdo mientras se surte el trámite de la nulidad, lo cual eventualmente hace que en cuestión de unos meses el Acuerdo de las bases militares no pueda ser implementado. Esto solucionaría el más importante motivo de tensión internacional del gobierno de Colombia frente a los de América latina que mayoritariamente se han pronunciado contra la instalación de bases militares extrajeras en el sub continente.

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos
Miércoles 16 de diciembre de 2009

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