Alexander Vasudevan, profesor en la Universidad de Oxford, ha escrito el primer libro histórico sobre la 'okupación' en Europa y Norteamérica

La 'okupación' no es lo que era. Basta con observar cómo se ha convertido en un modus operandi que emplean grupos de ultraderecha como Hogar Social Madrid en España. En Berlín, ciudad que ha gozado de gran tradición 'okupa' y que ahora acusa un fuerte proceso de gentrificación, esta forma de apoderarse del espacio desde los márgenes de la legalidad tiene nuevos días ante sí.

The Haus, un proyecto artístico de 2017 que consistía en la 'okupación' temporal de la sede abandonada de un banco en el centro de Berlín, constituye un buen ejemplo. La 'okupación' duró unas semanas, en las que se expusieron obras de un centenar de artistas callejeros. Asistieron algo más de 70.000 personas. Ahora, de ese edificio no queda nada. Va a transformarse en un lujoso bloque de apartamentos. Esa es la tendencia que parece seguir el mercado inmobiliario berlinés, especialmente en el centro de la capital germana.

La 'okupación' en The Haus era de carácter temporal y adoptaba el papel que parece abocado a jugar ahora el movimiento 'okupa' en Berlín. Aquí la 'okupación' es cosa de generaciones. Ya quedan lejos las de los años ochenta a cargo de jóvenes que, residiendo precariamente en Berlín Occidental, eludían el servicio militar. También han pasado lustros desde que, en los noventa, se aprovechara el vacío de poder generado en el este de la capital germana por el colapso de la República Democrática de Alemania (RDA).

"Actualmente el fenómeno parece que no puede durar, hay un sentimiento de temporalidad que no había antes", dice a eldiario.es el canadiense Alexander Vasudevan, profesor de Geografía Humana en la prestigiosa Universidad de Oxford. Él conoce bien el caso berlinés. En 2015 publicó un libro sobre la historia del movimiento 'okupa' en Berlín, Metropolitan Preocupations (Ed. Wiley Blakcweell, 2015) o "Preocupaciones metropolitanas".

El volumen casi era un anticipo de una de sus obras más recientes, The Autonomous City (Ed. Verso, 2017), primera tentativa de contar una historia de la 'okupación' en Europa, una práctica ahora generalmente criminalizada pero que no siempre ha tenido mala fama. Al menos no la tenía en Reino Unido tras la Segunda Guerra Mundial. El popular diario británico Daily Mail se convirtió en uno de los "grandes defensores de los 'okupas' de la segunda mitad de los años 40", apunta Vasudevan.

Terminada la segunda gran conflagración planetaria, en Reino Unido se quedaron sin casa decenas de miles de personas, entre ellos, soldados que regresaban del frente tras derrotar al III Reich. En Octubre de 1946 se contaban casi 40.000 ingleses 'okupando' casas. El Daily Mail defendió aquella situación como una expresión de "patriotismo inglés", según Vasudevan. "Es un episodio menor en la historia del movimiento, pero en aquel contexto tan particular se celebraba la 'okupación', casi se le daba una dimensión heroica y hasta romántica", añade.

Su libro, aunque breve –304 páginas y medio centenar de notas aclaratorias y citas bibliográficas– cuenta una historia que hasta ahora permanecía oculta. Es la de todos esos proyectos relacionados con la ocupación en los últimos setenta años en Europa y Norteamérica. Los 'okupas' en ese tiempo de Ámsterdam, Londres, Nueva York, Copenhague, Fráncfort, Hamburgo, Berlín, Milán, Roma, Turín, Vancouver o Barcelona, entre otras ciudades occidentales, son los protagonistas del libro de este profesor de Oxford nacido en 1976 en Fredicton (Canadá).


1.000 millones de 'okupas' en todo el mundo

 

Son ellos los que consideran que "la 'okupación' es un derecho, el derecho a una vivienda. Algo que, de hecho, está recogido en la Constitución de numerosas naciones, pues la ONU considera que una vivienda habitable y costeable es "algo a lo que todo el mundo debería tener acceso", según Vasudevan. Éste se hace eco de las cuentas de Naciones Unidas, que dice que actualmente hay en el mundo casi 1.000 millones de personas ocupando ilegalmente una propiedad para vivir.

En Europa y Norteamérica, "la evolución de los mercados inmobiliarios está llevando a la vivienda a ser algo difícilmente costeable". Éste es uno de los factores que une a la 'internacional okupa'. "La inseguridad a la hora de poder alojarse, la financiarización de los mercados inmobiliarios, la falta de alojamiento accesible, ya en los años 60 y 70, llevó a mucha gente a satisfacer por su propia cuenta sus necesidades de vivienda", expone Vasudevan.

"La sensación de precariedad e inseguridad, ya sea en Estados Unidos, Dinamarca, Alemania o España lleva a buscar alternativas en materia de alojamiento y la 'okupación' es una de ellas", agrega el profesor de la Universidad de Oxford.


Nuevos capítulos y modelos de 'okupación'

 

El porqué de ocupar ilegalmente un apartamento o una propiedad, dice Vasudevan, está íntimamente vinculado a otras movilizaciones en torno a las cuestiones de vivienda. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) es un claro ejemplo de los que este académico utiliza en su libro. "La PAH ha facilitado un contexto en el que la gente siente que pueden buscar alternativas y permite pensar en posibilidades nuevas", sostiene Vasudevan. "Tanto es así que la alcaldesa de Barcelona surge de este movimiento y la alcaldesa de Madrid también ha surgido de una movilización que se ha ocupado de este tipo de luchas ciudadanas", abunda Vasudevan.

Sin embargo, Vasudevan ve en los movimientos de los que han emergido Carmena y Colau como los responsables de un probable nuevo capítulo del movimiento 'okupa'. "Aquí lo nuevo está en la cantidad de gente implicada en el movimiento. Porque ha logrado movilizar a gente que antes no estaba para nada implicada en activismo de ningún tipo. Seguro que hay mayor implicación porque la casa de uno tiene un gran valor emocional, y también porque en España ha habido decenas de miles de desahucios", según este historiador del movimiento 'okupa'.
La ultraderecha también 'okupa'

Pero la izquierda del espectro político no tiene el monopolio de las estrategias de 'okupación'. Conocido de sobra en España es caso del ultraderechista Hogar Social Madrid. "Los grupos de estas características en España están siendo nuevos modelos", dice Vasudevan. "Hay una voluntad en la extrema derecha de adoptar estas estrategias tradicionales de la izquierda", añade el profesor de Oxford.

Sin ser ajeno a cuanto ocupa al Hogar Social Madrid, a la Casa Pound de Roma –fundada en 2003 y que cuenta con no menos de 5.000 miembros– o a las experiencias de 'okupación' a cargo de neonazis en el distrito de Lichtenberg, en el este berlinés, durante los años 90, Vasudevan no le dedica esfuerzos a estos grupos.

"No quería darles una plataforma a la extrema derecha en el libro", reconoce. Sobre esos 'okupas' no versa su volumen, dedicado a "todos los 'okupas' que luchan en favor de una ciudad más justa y sostenible".

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Colombia: El proyecto de ley sobre tierras es lesivo para comunidades rurales vulnerables

A indígenas, afros y campesinos les preocupa esta iniciativa, que radicó el gobierno saliente, porque consideran que cambia las reglas de juego en el acceso a la propiedad rural. Líderes sociales, académicos y congresistas advierten que la propuesta es regresiva y plantean duras críticas.

El pasado 20 de julio, el saliente ministro de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, radicó el Proyecto de Ley 003 de 2018, mediante el cual se pretende modificar la Ley 160 de 1994, de reforma agraria, “y se dictan otras disposiciones”. El hecho quedó opacado por la ceremonia de instalación del nuevo Congreso de la República y, además, por la polémica nacional que generó el senador Antanas Mockus al bajarse los pantalones para pedir silencio al plenario.


Pero quienes saben de tierras y están preocupados por el futuro de la propiedad rural en el país, entre ellos las organizaciones campesinas y étnicas, así como congresistas en la oposición y académicos, iniciaron el estudio de los 47 artículos que contiene el proyecto de ley y que pretende transformar las normas existentes, pilares fundamentales del punto uno del Acuerdo de Paz pactado con la extinta guerrilla de las Farc.
Durante dos días, líderes campesinos, indígenas y afrodescendientes, investigadores sobre tierras, territorios y medio ambiente, y congresistas se reunieron en Bogotá para analizar los impactos del proyecto de ley y expresar sus preocupaciones. En el encuentro, organizado por la Estrategia Colaborativa por la Garantía del Derecho a la Tierra y al Territorio (ENI Colombia), las comunidades concluyeron que la propuesta es regresiva y lesiva para la población rural más vulnerable, además de contradecir el Acuerdo de Paz pactado en La Habana tras cuatro años de negociaciones.


Eduardo León, vocero de la Cumbre Agraria, explica que el gobierno nacional incumplió su promesa de consultar con las comunidades cualquier reforma a la Ley 160 de 1994, siendo el nuevo proyecto “funcional a un modelo agroindustrial y extractivista, que deja por fuera a los campesinos, afros e indígenas y que no redistribuye la tierra y contraría los Acuerdos de La Habana”. A su juicio, “este proyecto está condenando al país a la profundización del conflicto, que no sólo se expresa militarme sino socialmente.


Por su parte José Martínez, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), regional Meta, indica que “resultamos con normas que van disminuyendo los instrumentos que deberían usarse para hacer la reforma rural”.


De acuerdo con su análisis, “el proyecto de ley ni es de reforma ni Ley de Tierras, sino que tiene una orientación a la formalización de la propiedad. Seguramente algunos pequeños productores se beneficiarán, pero también hay una tendencia a entregar una buena parte de los baldíos nacionales a grandes empresarios”.


En ese sentido, Javier Medina, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), explica que la iniciativa reproduce algunos problemas tradicionales de lo rural en Colombia y a su juicio es cuestionable que el gobierno nacional plantee una nueva reforma sin haber logrado avances significativos en temas como el fondo de tierras, así como en la implementación del catastro multipropósito y la jurisdicción agraria.


Paula Álvarez, investigadora independiente en temas ambientales y rurales, sostiene que el proyecto es contraproducente y regresivo para las comunidades agrarias y étnicas del país, bajo la lupa de tres elementos: el primero, es que complementa la visión que el gobierno nacional ya venía desarrollando con figuras como las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres), que concede grandes extensiones de tierra para proyectos agroindustriales, planteando que el desarrollo rural está conformado por una serie de actividades que incluyen a la minería y la agroindustria.


“Ambas son catalogadas de utilidad pública e interés social, lo que les da una jerarquía superior y esto advierte que grandes extensiones de tierra serán entregadas a proyectos extractivos y de agroindustria”, advierte Álvarez.


El segundo elemento, según esta experta, es la consolidación no solo de las Zidres sino de una nueva figura, la de derecho a uso: “Estamos hablando de 30 millones de hectáreas que serían incorporadas a esta dinámica de actividades públicas e interés social”.


Y un tercer elemento es la posible extranjerización de la propiedad rural: “Es entregarle grandes extensiones de tierras a estos capitales para el desarrollo de emprendimientos, en detrimento de las solicitudes que han hecho comunidades campesinas y étnicas para que les adjudiquen tierras o que les permita constituir o ampliar resguardos o consejos comunitarios”.


Ante ese escenario, Álvarez plantea un panorama complejo si se aprueba el proyecto de ley: “Se va a profundizar más la lucha y la disputa por la tierra en el país”.


A los tuétanos del conflicto


La tierra y el territorio son el trasfondo del conflicto armado. En la negoción con la extinta guerrilla de las Farc, hoy convertida en movimiento político sin armas, el gobierno nacional reconoció que la concentración de la propiedad rural y las disputas por los intereses que emergen a su alrededor agudizaron el conflicto. Por eso, el primer punto del Acuerdo de Paz pactado en La Habana propone una Reforma Rural Integral (RRI), planteada como pilar de la prometida “paz estable y duradera”.


Firmado el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá, comenzó la fase de implementación. En el papel estaba el “qué” hacer, pero debía definirse “cómo” lograrlo a través de herramientas jurídicas. Para ello se creó el llamado Fast Track, trámite legislativo extraordinario, una vía más rápida para aprobar las normas y leyes requeridas para poner en marcha los puntos pactados.
En marzo de 2017, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) comenzó una correría por diversas regiones del país para socializar un proyecto de Ley de Tierras, que fue duramente cuestionado por ir en contravía del Acuerdo de Paz.


Aunque ese proyecto no fue aprobado, el gobierno nacional firmó el Decreto Ley 902 de mayo de 2017, que cambia los derechos de uso de la propiedad rural, ampliándolos a la industria, la infraestructura, el sector minero-energético, los servicios y turismo, así como a la agroindustria, una salida jurídica del presidente Juan Manuel Santos para avanzar en sus pretensiones de cambiar las reglas de juego en el tema rural.


En ese sentido, tanto Adriana López como Andrea Lopera, abogadas de las unidades técnicas legislativas (UTL) de los congresistas Iván Cepeda y Feliciano Valencia, analizaron el Proyecto de Ley 003 de 2018 y aseguraron que es un complemento de las normas agrarias que ya venía aprobando el gobierno saliente.


A juicio de las juristas, el nuevo proyecto modifica profundamente el régimen de baldíos, las tierras de Nación que según la Ley 160 de 1994 deberían ser destinadas para comunidades que carecen o tienen tierra insuficiente. Y concluyen que esos baldíos podrán ser entregados en propiedad o en derechos de uso sin límites a empresarios mineros, petroleros, de hidroeléctricas, entre otros, dedicados a las actividades de utilidad pública e interés social.


Y, además, dicen ellas, que el proyecto incluye tantas excepciones a la Unidad Agrícola Familiar (UAF), la extensión mínima vital que requiere una familia para subsistir en el campo, “que en realidad acaban con ella”.
López y Lopera coinciden en que el nuevo proyecto crea otra figura, las Zonas Estratégicas de Interés Agropecuario (Zeia), que son prácticamente las mismas Zidres, “pero sin ninguna restricción”. La iniciativa, además, propone varias fórmulas para sanear y hacer “borrón y cuenta nueva con diversos casos de indebida acumulación de baldíos”, que son las tierras que en teoría deberían disponerse para hacer la Reforma Rural Integral.


Las abogadas advierten que el proyecto afecta la disponibilidad de tierras para la paz y la reforma agraria, y, por el contrario, no dice nada sobre la compatibilidad de lo ambiental y lo agrario; los mecanismos de resolución de conflictos en territorio e interculturales; la agilidad en la respuesta de la ANT frente a procedimientos agrarios; el avance en la estructuración de la jurisdicción agraria y la protección de la economía campesina. La iniciativa, dicen ellas, “reemplaza una política social con una económica sin impactar la concentración de la tierra en Colombia”.


En ese sentido, el Proyecto de Ley que cursa en el Congreso establece nuevas formas de acceso a tierras rurales para favorecer la inversión de grandes capitales bajo el lema de “brindar seguridad jurídica”, especialmente para fortalecer la agroindustria como una actividad de utilidad pública e interés social, y consolidar el modelo extractivista de minerales e hidrocarburos.


Pero, tal como lo han advertido expertos en estas materias, el gobierno nacional ya venía aprobando normas de este tipo, como lo hizo con el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 que creó las Reservas Mineras Estratégicas, más conocidas como Áreas Estratégicas Mineras (AEM); el documento de política económica Conpes 3762, que propone los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (Pines); la Ley 1776 de enero de 2016 que crea las Zidres; el Decreto Ley 902 de mayo de 2017 y el Conpes 3917 de febrero de 2018, que establece un área de referencia como insumo para la identificación de las Zidres.


Algunos artículos polémicos


Más de la mitad del articulado del proyecto de ley es cuestionado. Según los análisis hasta ahora realizados, los artículos 1 y 2 crean nuevas figuras de aprovechamiento de acuerdo con el uso productivo y eficiente de los suelos rurales. Se refieren a las Zeia, que además de destinar el área rural para la producción agrícola, pecuaria, acuícola, pesquera y forestal, la amplía a la agroindustria. “El desarrollo integral de las actividades del campo en dichas Zonas será oponible y de carácter preferente respecto de cualquier otra actividad económica y gozará de especial protección”, señala el artículo 2.


Otro es el artículo 10, que establece “otras formas de adjudicación y uso”, favoreciendo la adjudicación plena del dominio de predios rurales a personas naturales o jurídicas que adelanten actividades de utilidad pública e interés social como la minería, hidrocarburos, hidroeléctricas, producción de energía o gas, y agroindustria.


También el artículo 12 sobre “regularización por confianza legítima”, indicando que la ANT puede adjudicar predios baldíos, hasta por una UAF y por una sola vez, a cualquier persona que los haya ocupado con anterioridad a la expedición de la Ley 160 de 1994 de forma pacífica y de buena fe. Las abogadas señalan que esta es solo una forma para sanear acumulaciones indebidas o despojos.


La propuesta plantea en el artículo 13 el “reconocimiento a la función social de la propiedad”, con el que se podrá adjudicar u otorgar derechos de uso y posterior titularidad plena a quienes hayan ocupado predios diez años antes de la expedición de la ley, demostrando la buena fe simple. Las abogadas consultadas cuestionan que, por el contrario, en el artículo 15 a los campesinos que deseen acceder a títulos gratuitos, o parcialmente gratuitos, les imponen más restricciones.


Lo anterior porque si son ocupantes de baldíos clarificados o están en procesos de recuperación, el proyecto indica que pueden acogerse a los artículos 12 y 13, lo que significa más requisitos para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente para acceder a la misma a través del Registro de Sujetos de Ordenamiento (Reso), entre ellos “las retribuciones que tendrán que pagar por su adjudicación”.


Otro grupo de artículos criticados son los 15, 16 y 25, que cambian la definición de baldíos, plantean la inadjudicabilidad para aquellos baldíos que tengan un uso o desarrollo de interés general o utilidad pública; y se refiere a las áreas inadjudicables por aprovechamiento de recursos naturales no renovables, de forma respectiva. “Esto es menos disponibilidad de tierras para pobladores rurales, pues algunos baldíos se reservarán para mineros y petroleros”, afirman las analistas de las UTL de Cepeda y Valencia.


A Margarita Varón, gerente de Colombia Rural, le preocupa el aparte final del proyecto de ley, consignado en el artículo 46, que le pone un término definitivo a la restitución de tierras a víctimas del conflicto armado: “Esto abre la puerta para nuevos conflictos porque se acaban las vías institucionales para los reclamantes de restitución”.


A su vez, Germán Cardoza, especialista en temas agrarios, advirtió que el nuevo proyecto elimina el artículo 79 de la Ley 160 de 1994, “que es el que define el ordenamiento social, ambiental y territorial en zonas de baldíos, además de ser el soporte de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y de muchos procesos agrarios, especialmente la recuperación de baldíos. La propuesta plantea conceptos de competitividad y productividad para la reconversión del uso del suelo, pero se le imponen restricciones a los campesinos y no a los grandes”.


Para las comunidades campesinas y étnicas su oposición al proyecto de Ley es clara. Y en ese sentido se expresó Luz Marina Arteaga, integrante de la Junta de Acción Comunal (JAL) de la vereda Matarratón, en El Porvenir, Meta, donde el gobierno nacional reconoció la acumulación de baldíos por parte de la familia del esmeraldero Víctor Carranza: “Todo lo que habíamos avanzado en procesos agrarios, retrocede. Llevamos más de 30 años trabajando la tierra y reclamando la titulación de los baldíos. Yo le diría al Presidente y al Ministro de Agricultura que ellos saben que existimos, que tenemos derechos y que hay tierra para todos”.

26/08/2018
Verdad Abierta. Revista electrónica colombiana que firma colectivamente los artículos que publica y que analiza con especial rigor las causas y la evolución del conflicto campesino en su país.

 

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Martes, 14 Agosto 2018 06:48

Google te localiza siempre, quieras o no

Google te localiza siempre, quieras o no

Una investigación avalada por expertos de la Universidad de Princeton detecta que Google ignora al usuario que configura la privacidad de su teléfono para que no rastree la geolocalización de su dispositivo.

 

La agencia de noticias AP muestra en exclusiva cómo muchos servicios de Google en móviles (tanto los que funcionan con Android como los iPhones) almacenan datos de la ubicación geográfica incluso si el portador lo configura para impedir que la compañía localice el dispositivo. Mientras Google se defiende y alega que sus herramientas de privacidad son claras y precisas, lo cierto es que muchos datos de localización del usuario son recogidos como "actividad en la web y en aplicaciones”, no como “historial de ubicaciones".

De esta forma, la investigación muestra que cómo Google, por un lado, informa al usuario que puede "desactivar" el historial de ubicaciones "en cualquier momento" ("los lugares a los que vas ya no están almacenados", asegura la compañía) pero, por otro algunas aplicaciones de Google almacenan automáticamente los datos de ubicación con una marca de tiempo incluso con la mencionada función desactivada. Es posible borrar esos datos, aunque requiere tiempo y esfuerzo.

Así, Google almacena dónde estás cuando simplemente abres la aplicación ‘Mapas’. También guarda algunas búsquedas que no tienen nada que ver con la ubicación con una geolocalización extraordinariamente precisa.


La investigación de AP, avalada por científicos informáticos de la Universidad de Princeton, indica que este problema de privacidad afecta a unos 2.000 millones de usuarios de dispositivos que funcionan con Android de Google, así como a cientos de millones de usuarios de iPhone en todo el mundo que usan los mapas y servicios de Google en el teléfono.


Google se defiende y afirma que existen varias formas en las que se puede "usar la ubicación para mejorar la experiencia de las personas", incluido el historial de ubicaciones, la actividad de las aplicaciones, y servicios de localización de dispositivo. "Proporcionamos descripciones claras de estas herramientas y controles robustos para que las personas puedan activarlas o desactivarlas, y eliminar sus historiales en cualquier momento".


El problema que denuncia esta investigación es que, para evitar que Google guarde estos datos de ubicación, es necesario desactivar otra función que no hace referencia directa a la geolocalización, llamada "actividad en la web y en aplicaciones", que además viene habilitada de manera predeterminada. Esa configuración almacena información de las aplicaciones y sitios web de Google en la cuenta de Google del usuario.


Con esa función activada, aunque se desactive el "historial de ubicaciones", Google no deja de recopilar marcadores de ubicación. Es posible eliminar estos marcadores de ubicación a mano, pero es un proceso tedioso para el usuario ya que debe seleccionarlos individualmente, a menos que desee eliminar toda su actividad almacenada.

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La economía naranja  y el modelo de maquila cultural

Presionado por el capital internacional –léase Ocde– el gobierno Santos impulsó y logró la aprobación de esta Ley, la que junto con la Ley Lleras 6.0 y el proyecto Ley de Convergencias, arrasan con el patrimonio cultural inmaterial del país. Reducida a simple mercancía, las expresiones culturales y sus creadores son embolsados en el botín de las multinacionales.

 

En abril 26 de 2017, la denominada Ley Naranja, presentada por el senador Iván Duque Márquez, fue aprobada en último debate en la Cámara de Representantes. Inexplicablemente, la discusión se adelantó, pasando del puesto 25, que originalmente tenía en la agenda, al segundo. Con un quórum mínimo y sin un estudio real, obtuvo 80 votos a favor y solo 5 en contra. Otro ejemplo de cómo en nuestro país se aplica una política antidemocrática, aprobando leyes a pupitrazo, sin garantizar una amplia deliberación que incluya a la sociedad civil y a los sectores directamente interesados. Como era de esperarse, el presidente Santos, se apresuró a convalidarla, sancionándola en tiempo récord.

 

En 2013, Iván Duque y Felipe Buitrago, ya habían presentado para el Banco Interamericano de Desarrollo –BID– un extenso estudio sobre el tema, con estadísticas mundiales de lo que ellos denominaban la economía de la cultura y la creatividad y sus posibilidades como nueva fuente de negocios y emprendimiento. Allí se calculaba el monto de la Economía Naranja en las Américas en 1.932 miles de millones de dólares de los cuales 1.664 en Estados Unidos, 175 en Latino América y el Caribe y 93 en Canadá. En el caso de Latino América, los países más relevantes son: Brasil con 66 mil millones de dólares, México con 55, Argentina con 17 y Colombia con 11.

 

El 17 de junio de 2018, en su discurso, tras ganar las elecciones en la segunda vuelta, Iván Duque resaltó éste renglón económico como uno de los pilares de su futura política gubernamental hasta el punto de mencionar posteriormente la posible creación de un viceministerio de la Economía Naranja. La importancia del tema por su relevancia económica y por ser el nuevo concepto con el cual pretenden manejar a la cultura y las artes, obligan a profundizar sobre las consecuencias que tiene para la Nación y la sociedad en general.

 

El concepto de Economía Naranja surge como otro derivado de las economías multicolores (verde, fucsia y demás), con las cuales las multinacionales pretenden solucionar sus problemas ante la crisis de rentabilidad a la que se ven enfrentadas.

 

En 2008, tras el crack financiero en el que colapsan Lehman Brothers y otras instituciones financieras norteamericanas y europeas, las instituciones financieras mundiales y los monopolios internacionales se apresuraron a buscar nuevos nichos de ingresos para salir de la crisis. No bastaron los enormes recursos que el gobierno americano invirtió en su rescate (solo el American International Group recibió 182.000 millones de dólares en asistencia y a distintas instituciones les ofrecieron alrededor de 16 trillones de dólares en “bailouts” –rescates– y otros subsidios de la Reserva Federal y del Congreso).

 

Fue la danza de los millones, con dineros públicos, para salvar a unos pocos, en este caso, especuladores privados. Millones que deben encontrar destino. Uno de cada diez dólares de la economía mundial va a la producción de bienes y servicios. El resto se invierte en modelos especulativos (mercados de deuda, de valores, futuros, seguros, etcétera). Hay millones de dólares que no tienen como invertirse y, por ende, se deben buscar nuevas fuentes o “nichos” que generen réditos. Entre estos se encuentra la “creatividad”. Es el gran capital buscando una nueva economía. Se trata de un modelo impuesto desde arriba y que no surge desde abajo. No son los artistas, son el Banco Interamericano de Desarrollo –BID– y las financieras mundiales proponiendo un modelo de negocio.

 

Las industrias llamadas creativas comprenden los sectores que conjugan la creación, producción y comercialización de bienes y servicios basados en contenidos intangibles de carácter cultural y/o aquellas que generen protección en el marco de los derechos de autor. La intención es incluir renglones ya existentes (gastronomía, arquitectura, publicidad, moda, turismo, agencias de noticias, videojuegos, etcétera) con otros nuevos de tipo artístico (artes escénicas, plástica, música, literatura, danza...). Dentro del nuevo modelo, el Estado se convertirá solo en un regulador y facilitador del nuevo negocio cuyos grandes beneficiarios serán las compañías oligopólicas del ramo.

 

Este modelo hace parte de una política neoliberal, que suprime expresiones de la cultura, como un derecho de la gente, con lo que pretende eliminar la obligación del Estado de garantizar, auspiciar, financiar y defender todas las expresiones artístico culturales de asiento nacional. De esta manera, la expresión cultural desaparece como derecho y se convierte exclusivamente en un negocio de las empresas del entretenimiento. Se intenta acabar con su papel como generadora de valores morales, éticos y estéticos, de nacionalidad y de construcción y reconstrucción del tejido social y se pone en entredicho la propiedad del patrimonio cultural inmaterial de la Nación.

 

El único criterio que se aplicará para que sobreviva cualquier iniciativa cultural, será que produzca réditos inmediatos. Así se trata, a las expresiones culturales, y al arte, como cualquier otro bien seriado, llámense zapatos, camisas, automóviles o goma de mascar. No se tiene en cuenta su carácter como productos únicos e irrepetibles. Tampoco se tiene en cuenta el valor que producen, no solo intelectual sino materialmente, a través del tiempo.

 

Las grandes obras, no solo perduran, sino que se reproducen por centurias. Se siguen montando los dramaturgos griegos, o a Shakespeare; se siguen tocando y escuchando la música de Bach, Mozart o Beethoven; y se siguen imprimiendo las obras de los grandes literatos, de Homero en adelante. Esto genera una riqueza material durante prolongados períodos de tiempo, por siglos, fuera del invaluable enriquecimiento a nivel intelectual y espiritual. La creación tiene unos parámetros totalmente distintos a las demás mercancías.

 

En este contexto, la Ley Naranja, en vez de solucionar el problema del abandono de los creadores por parte del Estado colombiano y de velar por el derecho fundamental del acceso a la cultura, busca que en medio de la crisis y la baja de la rentabilidad en otros sectores económicos, la economía creativa sirva como “oportunidad de negocios”, para grandes empresas nacionales e internacionales.

 

Como es conocido, dentro de los ciclos productivos se habla de creación, producción, distribución y comercialización. En este caso, serán los comercializadores los que se queden con el 90 por ciento del producido. La Ley Naranja hace parte del mismo paquete que incluye la Ley Lleras 6.01 y el Proyecto de Ley de Convergencias 1742, en los cuales dentro del concepto del copyright son los intermediarios quienes se benefician con la mayor tajada del pastel. A los pocos creadores “afortunados” que logren entrar en el negocio, les tocará un 10 restante, mientras los negociantes se apropiarán del conocimiento de la humanidad y manejarán su distribución únicamente bajo sus criterios de lucro y control del saber. Es el concepto del conocimiento, la cultura y las artes como propiedad privada, generadores del lucro, y no como bienes comunes de la sociedad.

 

El propósito es acomodar la “economía creativa” a los Tratados de Libre Comercio ya firmados y los por firmar. Con esta Ley se pretenden afinar los instrumentos jurídicos para que las industrias creativas extranjeras entren a saco al mercado colombiano con las mismas garantías de la industria nacional (nefasto Artículo 100 de la Constitución del 91). Se trata de impulsar que el modelo empresarial antinacional se lucre de la infraestructura que la nación, los departamentos y los municipios construyen con los impuestos de los colombianos y con el talento nacional. Es decir, estamos ante un nuevo caso de competencia desigual, en la que la desprotección y la falta de garantías llevarán a la ruina a las industrias culturales y los artistas nacionales. El creador colombiano, que no es ni siquiera mencionado en la Ley, terminará siendo apenas un empleado más, sin posibilidad de continuar con su creación independiente. En la práctica, el país se convertirá en una maquila cultural.

 

Por lo demás, la ley no habla del fortalecimiento del sector a través del apoyo financiero del Estado. Por el contrario, entrega al capital financiero el manejo de la “Economía Naranja”. En materia de presupuesto solo contempla créditos y líneas de inversión a través de Bancoldex, Findeter y Procolombia, entidades que promueven y financian el libre comercio, con lo que, finalmente, además de encadenar la Economía creativa a los ciclos de la apertura económica, encarece su consumo, obligando a los ciudadanos a pagar los costos.

 

De esta manera, el patrimonio cultural inmaterial del país recibe su sentencia de muerte. No solo se entrega la creación nacional en manos de los grandes empresarios, sino que las regiones, las etnias y los municipios pierden toda posibilidad de una expresión cultural autónoma e independiente y quedan sometidos a los circuitos financieros y al modelo empresarial que promueve esta Ley.

 

La nuestra es una crítica que no cuestiona la posibilidad de que exista la cultura del entretenimiento y de que existan empresas que se beneficien con ello. El primer problema es que los pequeños y medianos productores nacionales tendrán que enfrentar una competencia desleal donde los únicos beneficiados son los monopolios culturales nacionales y extranjeros. El segundo, y tal vez el principal, es que se despoje al pueblo colombiano del derecho a tener un arte y cultura nacionales y se exima al Estado de sus obligaciones. En Colombia el presupuesto del Ministerio de Cultura representa solo el 0.16 por ciento del presupuesto general.

 

El país tampoco cumple con las mínimas recomendaciones de la Unesco de la cual somos miembros. La Convención de la Unesco para la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, del 2005, especifica “que las actividades, los bienes y los servicios culturales son de índole a la vez económica y cultural, porque son portadores de identidades, valores y significados, y por consiguiente no deben tratarse como si solo tuviesen un valor comercial”. La Declaración Internacional sobre la Condición del Artista aprobada en Belgrado en 1980 y ratificada en París en 1997, dice: “Sin dejar de apreciar el creciente interés del sector privado hacia el apoyo a la creación sobre todo cuando su contribución evita que se pierdan talentos creadores por falta de medios, reafirmamos la importancia de mantener la financiación pública de las artes”.

 

Desoyendo estas y otras recomendaciones, lo que se pretende imponer es la ley del más salvaje y del “sálvese quien pueda”, ante la arremetida voraz de los monopolios impulsadores de la banalidad, lo trivial y lo vacuo, lo cual busca reforzar su perniciosa ideología y el concepto de contra-cultura a nivel mundial.

 

La cultura y el arte necesitan una legislación que esté acorde con su estado actual y que impulse y defienda la creación nacional y sus aportes a la sociedad. Ante esta ley y las demás del ramo, ya sea que estén aprobadas o en proyecto, es fundamental realizar un amplio debate en el que participen todos los actores involucrados; retirar el arte y la cultura de los tratados de libre comercio y del bloque de la llamada Economía Naranja y evitar su entrega a las multinacionales; se debe crear una Política Pública Cultural del Estado y una Nueva Ley General de la Cultura y el Arte que incluya el fortalecimiento y la promoción del artista y su trabajo, a la vez que defienda todo el arte colombiano y, por supuesto, la producción de las industrias culturales nacionales. En definitiva: proteger la soberanía cultural nacional.

 


 

* Unidad Nacional de Artistas
1 La ley Lleras 6.0 ya fue aprobada el 22 de mayo tras ser tramitada con un mensaje de urgencia del gobierno, para cumplir las exigencias de EEUU que había condicionado su aval para que Colombia ingresara a la Ocde, a la aprobación de la misma. Debido a la protesta de amplios sectores, se le hicieron pequeñas reformas de maquillaje (a las bibliotecas se les posibilitó el préstamo público y se les permite tener terminales para disponer “in sito” de contenidos; las Medidas Tecnológicas de Protección (MTP) impuestas son menores de la ley aprobada en 2012 pero las excepciones son muy limitadas; se amplió de 3 a 10 años la prescripción para los dineros que las sociedades de gestión deben distribuir a los autores identificados; el capítulo que se ocupa de obras huérfanas (aquellas de las cuales no se conoce o no se halla el autor) contempla una mínima parte de ellas y en forma restrictiva; no se incluyó el concepto del “fair use” (uso justo), el cual sí se aplica en EEUU; el castigo de prisión para la piratería se aplicará a aquellos que supone que actúen no sólo con intención sino que tengan escala comercial o interés de lucro.) El fondo del problema se dejó intacto, manteniendo la propiedad y el manejo y la distribución del conocimiento en manos de las grandes empresas multinacionales de la comunicación y ampliando sus derechos de propiedad de 50 a 70 años.
2 El 12 de junio, el proyecto de Ley de Convergencias 174, también recomendación de la Ocde, tuvo que ser retirado por el gobierno debido a la masiva protesta de los sectores del audiovisual y de organizaciones de la cultura como la Unidad Nacional de Artistas. En él se proponía un único regulador que se ocupe de la TV, las redes y la infraestructura de las telecomunicaciones, acabando de tajo el concepto de las comunicaciones como un servicio de interés social y dejando sin garantía de financiación a los 10 canales de la televisión y a los medios audiovisuales públicos; se liquidaban la Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC– y la Autoridad Nacional de Televisión –Antv– y se fusionaban El Fondo para el Desarrollo de la Televisión y las Comunicaciones y el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos, creando un nuevo Fundo Universal Único –FUU– y la Autoridad Nacional de Regulación de Comunicaciones –Anrc–, administrados con criterios políticos por el gobierno de turno a través del Mintic; se reducían drásticamente los aportes al fondo de parte de los prestadores con título habilitado, al reducir sus aportes en más de 3 puntos y establecer una senda de decrecimiento de los mismos; y se ampliaban los permisos para el uso y explotación del espectro a 30 años renovables. Al ser una recomendación de la Ocde y bajo los criterios de la Economía Naranja impulsados por el Presidente elegido, Iván Duque, es seguro que se intentará hacer aprobar el proyecto en la próxima legislatura, razón por la cual las asociaciones del sector y la sociedad en general, deben estar alertas para rechazarlo de manera categórica.

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La economía naranja  y el modelo de maquila cultural

Presionado por el capital internacional –léase Ocde– el gobierno Santos impulsó y logró la aprobación de esta Ley, la que junto con la Ley Lleras 6.0 y el proyecto Ley de Convergencias, arrasan con el patrimonio cultural inmaterial del país. Reducida a simple mercancía, las expresiones culturales y sus creadores son embolsados en el botín de las multinacionales.

 

En abril 26 de 2017, la denominada Ley Naranja, presentada por el senador Iván Duque Márquez, fue aprobada en último debate en la Cámara de Representantes. Inexplicablemente, la discusión se adelantó, pasando del puesto 25, que originalmente tenía en la agenda, al segundo. Con un quórum mínimo y sin un estudio real, obtuvo 80 votos a favor y solo 5 en contra. Otro ejemplo de cómo en nuestro país se aplica una política antidemocrática, aprobando leyes a pupitrazo, sin garantizar una amplia deliberación que incluya a la sociedad civil y a los sectores directamente interesados. Como era de esperarse, el presidente Santos, se apresuró a convalidarla, sancionándola en tiempo récord.

 

En 2013, Iván Duque y Felipe Buitrago, ya habían presentado para el Banco Interamericano de Desarrollo –BID– un extenso estudio sobre el tema, con estadísticas mundiales de lo que ellos denominaban la economía de la cultura y la creatividad y sus posibilidades como nueva fuente de negocios y emprendimiento. Allí se calculaba el monto de la Economía Naranja en las Américas en 1.932 miles de millones de dólares de los cuales 1.664 en Estados Unidos, 175 en Latino América y el Caribe y 93 en Canadá. En el caso de Latino América, los países más relevantes son: Brasil con 66 mil millones de dólares, México con 55, Argentina con 17 y Colombia con 11.

 

El 17 de junio de 2018, en su discurso, tras ganar las elecciones en la segunda vuelta, Iván Duque resaltó éste renglón económico como uno de los pilares de su futura política gubernamental hasta el punto de mencionar posteriormente la posible creación de un viceministerio de la Economía Naranja. La importancia del tema por su relevancia económica y por ser el nuevo concepto con el cual pretenden manejar a la cultura y las artes, obligan a profundizar sobre las consecuencias que tiene para la Nación y la sociedad en general.

 

El concepto de Economía Naranja surge como otro derivado de las economías multicolores (verde, fucsia y demás), con las cuales las multinacionales pretenden solucionar sus problemas ante la crisis de rentabilidad a la que se ven enfrentadas.

 

En 2008, tras el crack financiero en el que colapsan Lehman Brothers y otras instituciones financieras norteamericanas y europeas, las instituciones financieras mundiales y los monopolios internacionales se apresuraron a buscar nuevos nichos de ingresos para salir de la crisis. No bastaron los enormes recursos que el gobierno americano invirtió en su rescate (solo el American International Group recibió 182.000 millones de dólares en asistencia y a distintas instituciones les ofrecieron alrededor de 16 trillones de dólares en “bailouts” –rescates– y otros subsidios de la Reserva Federal y del Congreso).

 

Fue la danza de los millones, con dineros públicos, para salvar a unos pocos, en este caso, especuladores privados. Millones que deben encontrar destino. Uno de cada diez dólares de la economía mundial va a la producción de bienes y servicios. El resto se invierte en modelos especulativos (mercados de deuda, de valores, futuros, seguros, etcétera). Hay millones de dólares que no tienen como invertirse y, por ende, se deben buscar nuevas fuentes o “nichos” que generen réditos. Entre estos se encuentra la “creatividad”. Es el gran capital buscando una nueva economía. Se trata de un modelo impuesto desde arriba y que no surge desde abajo. No son los artistas, son el Banco Interamericano de Desarrollo –BID– y las financieras mundiales proponiendo un modelo de negocio.

 

Las industrias llamadas creativas comprenden los sectores que conjugan la creación, producción y comercialización de bienes y servicios basados en contenidos intangibles de carácter cultural y/o aquellas que generen protección en el marco de los derechos de autor. La intención es incluir renglones ya existentes (gastronomía, arquitectura, publicidad, moda, turismo, agencias de noticias, videojuegos, etcétera) con otros nuevos de tipo artístico (artes escénicas, plástica, música, literatura, danza...). Dentro del nuevo modelo, el Estado se convertirá solo en un regulador y facilitador del nuevo negocio cuyos grandes beneficiarios serán las compañías oligopólicas del ramo.

 

Este modelo hace parte de una política neoliberal, que suprime expresiones de la cultura, como un derecho de la gente, con lo que pretende eliminar la obligación del Estado de garantizar, auspiciar, financiar y defender todas las expresiones artístico culturales de asiento nacional. De esta manera, la expresión cultural desaparece como derecho y se convierte exclusivamente en un negocio de las empresas del entretenimiento. Se intenta acabar con su papel como generadora de valores morales, éticos y estéticos, de nacionalidad y de construcción y reconstrucción del tejido social y se pone en entredicho la propiedad del patrimonio cultural inmaterial de la Nación.

 

El único criterio que se aplicará para que sobreviva cualquier iniciativa cultural, será que produzca réditos inmediatos. Así se trata, a las expresiones culturales, y al arte, como cualquier otro bien seriado, llámense zapatos, camisas, automóviles o goma de mascar. No se tiene en cuenta su carácter como productos únicos e irrepetibles. Tampoco se tiene en cuenta el valor que producen, no solo intelectual sino materialmente, a través del tiempo.

 

Las grandes obras, no solo perduran, sino que se reproducen por centurias. Se siguen montando los dramaturgos griegos, o a Shakespeare; se siguen tocando y escuchando la música de Bach, Mozart o Beethoven; y se siguen imprimiendo las obras de los grandes literatos, de Homero en adelante. Esto genera una riqueza material durante prolongados períodos de tiempo, por siglos, fuera del invaluable enriquecimiento a nivel intelectual y espiritual. La creación tiene unos parámetros totalmente distintos a las demás mercancías.

 

En este contexto, la Ley Naranja, en vez de solucionar el problema del abandono de los creadores por parte del Estado colombiano y de velar por el derecho fundamental del acceso a la cultura, busca que en medio de la crisis y la baja de la rentabilidad en otros sectores económicos, la economía creativa sirva como “oportunidad de negocios”, para grandes empresas nacionales e internacionales.

 

Como es conocido, dentro de los ciclos productivos se habla de creación, producción, distribución y comercialización. En este caso, serán los comercializadores los que se queden con el 90 por ciento del producido. La Ley Naranja hace parte del mismo paquete que incluye la Ley Lleras 6.01 y el Proyecto de Ley de Convergencias 1742, en los cuales dentro del concepto del copyright son los intermediarios quienes se benefician con la mayor tajada del pastel. A los pocos creadores “afortunados” que logren entrar en el negocio, les tocará un 10 restante, mientras los negociantes se apropiarán del conocimiento de la humanidad y manejarán su distribución únicamente bajo sus criterios de lucro y control del saber. Es el concepto del conocimiento, la cultura y las artes como propiedad privada, generadores del lucro, y no como bienes comunes de la sociedad.

 

El propósito es acomodar la “economía creativa” a los Tratados de Libre Comercio ya firmados y los por firmar. Con esta Ley se pretenden afinar los instrumentos jurídicos para que las industrias creativas extranjeras entren a saco al mercado colombiano con las mismas garantías de la industria nacional (nefasto Artículo 100 de la Constitución del 91). Se trata de impulsar que el modelo empresarial antinacional se lucre de la infraestructura que la nación, los departamentos y los municipios construyen con los impuestos de los colombianos y con el talento nacional. Es decir, estamos ante un nuevo caso de competencia desigual, en la que la desprotección y la falta de garantías llevarán a la ruina a las industrias culturales y los artistas nacionales. El creador colombiano, que no es ni siquiera mencionado en la Ley, terminará siendo apenas un empleado más, sin posibilidad de continuar con su creación independiente. En la práctica, el país se convertirá en una maquila cultural.

 

Por lo demás, la ley no habla del fortalecimiento del sector a través del apoyo financiero del Estado. Por el contrario, entrega al capital financiero el manejo de la “Economía Naranja”. En materia de presupuesto solo contempla créditos y líneas de inversión a través de Bancoldex, Findeter y Procolombia, entidades que promueven y financian el libre comercio, con lo que, finalmente, además de encadenar la Economía creativa a los ciclos de la apertura económica, encarece su consumo, obligando a los ciudadanos a pagar los costos.

 

De esta manera, el patrimonio cultural inmaterial del país recibe su sentencia de muerte. No solo se entrega la creación nacional en manos de los grandes empresarios, sino que las regiones, las etnias y los municipios pierden toda posibilidad de una expresión cultural autónoma e independiente y quedan sometidos a los circuitos financieros y al modelo empresarial que promueve esta Ley.

 

La nuestra es una crítica que no cuestiona la posibilidad de que exista la cultura del entretenimiento y de que existan empresas que se beneficien con ello. El primer problema es que los pequeños y medianos productores nacionales tendrán que enfrentar una competencia desleal donde los únicos beneficiados son los monopolios culturales nacionales y extranjeros. El segundo, y tal vez el principal, es que se despoje al pueblo colombiano del derecho a tener un arte y cultura nacionales y se exima al Estado de sus obligaciones. En Colombia el presupuesto del Ministerio de Cultura representa solo el 0.16 por ciento del presupuesto general.

 

El país tampoco cumple con las mínimas recomendaciones de la Unesco de la cual somos miembros. La Convención de la Unesco para la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, del 2005, especifica “que las actividades, los bienes y los servicios culturales son de índole a la vez económica y cultural, porque son portadores de identidades, valores y significados, y por consiguiente no deben tratarse como si solo tuviesen un valor comercial”. La Declaración Internacional sobre la Condición del Artista aprobada en Belgrado en 1980 y ratificada en París en 1997, dice: “Sin dejar de apreciar el creciente interés del sector privado hacia el apoyo a la creación sobre todo cuando su contribución evita que se pierdan talentos creadores por falta de medios, reafirmamos la importancia de mantener la financiación pública de las artes”.

 

Desoyendo estas y otras recomendaciones, lo que se pretende imponer es la ley del más salvaje y del “sálvese quien pueda”, ante la arremetida voraz de los monopolios impulsadores de la banalidad, lo trivial y lo vacuo, lo cual busca reforzar su perniciosa ideología y el concepto de contra-cultura a nivel mundial.

 

La cultura y el arte necesitan una legislación que esté acorde con su estado actual y que impulse y defienda la creación nacional y sus aportes a la sociedad. Ante esta ley y las demás del ramo, ya sea que estén aprobadas o en proyecto, es fundamental realizar un amplio debate en el que participen todos los actores involucrados; retirar el arte y la cultura de los tratados de libre comercio y del bloque de la llamada Economía Naranja y evitar su entrega a las multinacionales; se debe crear una Política Pública Cultural del Estado y una Nueva Ley General de la Cultura y el Arte que incluya el fortalecimiento y la promoción del artista y su trabajo, a la vez que defienda todo el arte colombiano y, por supuesto, la producción de las industrias culturales nacionales. En definitiva: proteger la soberanía cultural nacional.

 


 

* Unidad Nacional de Artistas
1 La ley Lleras 6.0 ya fue aprobada el 22 de mayo tras ser tramitada con un mensaje de urgencia del gobierno, para cumplir las exigencias de EEUU que había condicionado su aval para que Colombia ingresara a la Ocde, a la aprobación de la misma. Debido a la protesta de amplios sectores, se le hicieron pequeñas reformas de maquillaje (a las bibliotecas se les posibilitó el préstamo público y se les permite tener terminales para disponer “in sito” de contenidos; las Medidas Tecnológicas de Protección (MTP) impuestas son menores de la ley aprobada en 2012 pero las excepciones son muy limitadas; se amplió de 3 a 10 años la prescripción para los dineros que las sociedades de gestión deben distribuir a los autores identificados; el capítulo que se ocupa de obras huérfanas (aquellas de las cuales no se conoce o no se halla el autor) contempla una mínima parte de ellas y en forma restrictiva; no se incluyó el concepto del “fair use” (uso justo), el cual sí se aplica en EEUU; el castigo de prisión para la piratería se aplicará a aquellos que supone que actúen no sólo con intención sino que tengan escala comercial o interés de lucro.) El fondo del problema se dejó intacto, manteniendo la propiedad y el manejo y la distribución del conocimiento en manos de las grandes empresas multinacionales de la comunicación y ampliando sus derechos de propiedad de 50 a 70 años.
2 El 12 de junio, el proyecto de Ley de Convergencias 174, también recomendación de la Ocde, tuvo que ser retirado por el gobierno debido a la masiva protesta de los sectores del audiovisual y de organizaciones de la cultura como la Unidad Nacional de Artistas. En él se proponía un único regulador que se ocupe de la TV, las redes y la infraestructura de las telecomunicaciones, acabando de tajo el concepto de las comunicaciones como un servicio de interés social y dejando sin garantía de financiación a los 10 canales de la televisión y a los medios audiovisuales públicos; se liquidaban la Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC– y la Autoridad Nacional de Televisión –Antv– y se fusionaban El Fondo para el Desarrollo de la Televisión y las Comunicaciones y el Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos, creando un nuevo Fundo Universal Único –FUU– y la Autoridad Nacional de Regulación de Comunicaciones –Anrc–, administrados con criterios políticos por el gobierno de turno a través del Mintic; se reducían drásticamente los aportes al fondo de parte de los prestadores con título habilitado, al reducir sus aportes en más de 3 puntos y establecer una senda de decrecimiento de los mismos; y se ampliaban los permisos para el uso y explotación del espectro a 30 años renovables. Al ser una recomendación de la Ocde y bajo los criterios de la Economía Naranja impulsados por el Presidente elegido, Iván Duque, es seguro que se intentará hacer aprobar el proyecto en la próxima legislatura, razón por la cual las asociaciones del sector y la sociedad en general, deben estar alertas para rechazarlo de manera categórica.

Publicado enEdición Nº248
Wikipedia cierra en protesta por la reforma de la ley de derechos de autor en la Unión Europea

La enciclopedia digital mantendrá bloqueados sus contenidos hasta mañana a las doce del mediodía, cuando el texto se votará en el Parlamento Europeo

Estrasburgo / Madrid 4 JUL 2018 - 08:20 COT

La propuesta de reforma de la directiva europea sobre derechos de autor, que se votará mañana, 5 de julio, a las doce del mediodía en el Parlamento Europeo, ha sido recibida con hostilidad por la Fundación Wikimedia, organización sin ánimo de lucro que promueve la enciclopedia digital Wikipedia. Como protesta ante ella, de hecho, ha anunciado en un comunicado que su portal de contenidos permanecerá cerrado a lo largo de todo el miércoles y hasta la hora de la votación. La propuesta, más en general, ha desatado polémicas feroces que trascienden el Parlamento Europeo: asociaciones de creadores, discográficas, colosos digitales como Google o Facebook, activistas de la libertad en Internet, académicos o gurús llevan meses defendiendo sus argumentos a favor o en contra de la reforma, y atacando sin piedad el bando contrario. Todo, con tal de condicionar el incierto voto de mañana jueves en Estrasburgo. 

La comunidad española de Wikipedia afirma en su comunicado que esta propuesta, de aprobarse, "dañaría significativamente la Internet abierta que hoy conocemos", al "amenazar la libertad en línea e imponer nuevos filtros, barreras y restricciones para acceder a la web". Aseguran que, de aprobarse en su versión actual, esta iniciativa provocaría que "acciones como compartir una noticia en redes sociales o acceder a ella a través de un motor de búsqueda se harían más complicadas en Internet", y que incluso "la propia Wikipedia estaría en riesgo".


Dicha reforma ha generado grandes controversias en torno a dos artículos de la directiva, el 11 y el 13, los cuales gestionan cuestiones como el derecho de los editores de medios a ser pagados cuando se emplean fragmentos de sus publicaciones y la creación de un filtro frente a la agregación de contenidos que violen los derechos de autor. Más consenso parece reinar sobre los artículos 14, 15 y 16, que refuerzan a los autores frente a los intermediarios que gestionan sus obras (como productores audiovisuales, discográficas o editores): la UE pide más transparencia, una retribución más justa para los creadores y proporciona a estos más facilidad para llegar a un arbitraje o retirar los derechos de explotación en el caso de no estar conforme con la gestión del intermediario.


Los principales eurodiputados responsables de la iniciativa han asegurado hoy en una rueda de prensa que "Wikipedia se equivoca, pues esta propuesta tan solo afectaría a páginas web con propósito comercial". De todos modos, la edición francesa y la italiana de la enciclopedia digital también han cerrado temporalmente a modo de protesta.


Pero la iniciativa tiene también detractores en la Cámara europea. "Esta normativa no comprende en absoluto internet. Si hasta la Wikipedia decide cerrar, algo que no hace a menudo, por no decir nunca, significa que algo importante está en riesgo", ha comentado Julia Reda, eurodiputada del Partido Pirata. Además, ha añadido, esto es un incordio para los eurodiputados: "Todos la usamos mucho".


 Se salvan los memes: el Parlamento Europeo vota contra la directiva de Copyright

El Parlamento Europeo rechaza la Directiva con la que se pretendía limitar el uso de materiales con copyright en internet.

 

 Por: REDACCIÓN EL SALTO

2018-07-05 12:13:00


Han movilizado a figuras como Tim Berners-Lee, uno de los creadores de internet, al equipo de Wikipedia o al autor Neil Gaiman. Y han ganado. Pasadas las 12 del mediodía, el pleno del Parlamento Europeo ha rechazado el mandato sobre la Directiva del Copyright propuesta por el comité de Asuntos Jurídicos y su polémico artículo 13. Un artículo que, según el comité 

“obliga a los proveedores de servicios de la sociedad de información que almacenan y dan acceso a grandes cantidades de obras y otras prestaciones cargadas por sus usuarios a tomar medidas adecuadas y proporcionadas para garantizar el funcionamiento de los acuerdos celebrados con titulares de los derechos y para impedir la disponibilidad en sus servicios de contenidos identificados por los titulares de derechos en colaboración con los proveedores de servicios”.


Tras una campaña digital basada en la defensa de la libertad de expresión, la directiva, que suponía el principio del fin de uso de fotos, audios y vídeos con copyright para la mezcla, remezcla y tuneado, queda rechazada con 318 votos en contra y 278 a favor.


Además del citado artículo 13, también se ha rechazado el 11, la llamada "link tax", cuya intención era “proteger a las publicaciones de prensa en lo relativo a los usos digitales”, pero que, según sus detractores, puede suponer una serie cortapisa a enlaces a prensa en páginas como Wikipedia. Esta enciclopedia ha llevado a cabo una campaña contra la directiva y a favor de un "debate más amplio" entre la ciudadanía.

En concreto, se votaba el llamado uploadfilter —filtro para los materiales subidos a la web—, un “embudo” digital por el que los creadores de contenidos tendrían la potestad de eliminar contenidos que utilizasen otros contenidos con licencias restrictivas. El mecanismo sería automático, lo que, denuncian los grupos que han votado que no a la directiva, daría luggar a una censura previa de contenidos digitales.

La votación de hoy supone que el Parlamento reenvía la propuesta a los ponentes iniciales, que tendrán que redactar un nuevo texto que volverá a a ser estudiado y votado por el Parlamento en el mes de septiembre. Los colectivos de defensa de Internet han celebrado la noticia pero instan a mantenerse alerta ante las votaciones del próximo otoño. Más de 850.000 personas han instado a los diputados del Europarlamento ha votar en contra durante la sesión de hoy.

 

Publicado enSociedad
Viernes, 29 Junio 2018 05:47

“Cien años de solidaridad”

“Cien años de solidaridad”

En el centenario de la rebelión estudiantil de 1918, Biagini plantea que el principal legado del reformismo es “la defensa de la universidad pública frente a la universidad-mercado”. Pero advierte que algunos principios deben repensarse hoy.

“La tradición reformista ha contribuido a revertir el lapidario diagnóstico sobre los cien años de soledad en nuestra América y trastocarlos por cien años de solidaridad”, asegura el filósofo Hugo Biagini, especialista en historia del pensamiento argentino y latinoamericano, autor de La Reforma Universitaria y nuestra América. A cien años de la revuelta estudiantil que sacudió al continente, recién publicado por Editorial Octubre.


Biagini es investigador principal del Conicet y director del Centro de Ciencia, Educación y Sociedad (Cecies). En su nuevo libro, no sólo reestructura y actualiza su vasta producción sobre el proceso reformista iniciado en Córdoba en 1918, sino que incluye análisis inéditos, entorno a la emergencia de la conciencia antiimperialista en el estudiantado y el rol que les toca jugar a las nuevas generaciones. En diálogo con PáginaI12, reflexiona sobre el legado reformista desde la actualidad y aporta su mirada sobre el presente universitario argentino.


–¿Cuál es el principal legado de la reforma?


–Sin dudas la defensa de la universidad pública frente a la universidad-mercado, según expresiones de la propia Unesco. El reconocimiento al proceso reformista se ha ido haciendo carne, por ejemplo, desde fines del siglo XX con las sucesivas Conferencias Regionales de Educación Superior (CRES), en contraste con la óptica distorsionante del FMI o la OMC. Las conferencias han replanteado el derecho a la enseñanza superior como un bien público y comunitario que el Estado debe garantizar, lo que se ha visto reafirmado en la última CRES, realizada en Córdoba hace unos días, que se ha propuesto reflexionar sobre ese legado y resignificar el compromiso con una universidad autónoma, crítica, democrática, participativa, con libertad académica y visión latinoamericanista.


–¿Cuál sería la mirada de los reformistas ante la universidad pública argentina actual?


–Creo que podrían estar bastante de acuerdo, en líneas generales, por la implementación que, con mayor o menor sostén oficial, se ha ido efectivizando en nuestras universidades públicas de los principales postulados reformistas. Semejante acuerdo básico se trasluciría más todavía si pudieran observar el devenir de la Reforma en otros países, como Chile, que hacia 1967 llegó a ser de avanzada en la causa reformista, pero nunca pudo reintroducir una fehaciente democratización de sus universidades estatales, tras la férrea y primigenia implantación neoliberal. Las primeras camadas reformistas también se sentirían gratificadas al saber que, en el plano de la excelencia académica, hasta las mismas mediciones exógenas han colocado a la Universidad de Buenos Aires en primer lugar dentro de Latinoamérica.


–En su trabajo muestra que históricamente la universidad ha cumplido un doble papel: como racionalizadora de la realidad y como creadora de instancias alternativas. ¿Cuál es hoy el escenario?


–En gran parte el esquema se mantiene. La universidad, y la enseñanza en general, tienen esa doble faceta, al igual que los medios de comunicación. Estamos en esa doble vertiente. Por un lado, un rol liberador, y por otro, la universidad enseñadero, a la que solamente le importa sacar títulos y facilitar la supuesta salida al mercado de gente que va a estudiar alejándose de todo lo que pasa alrededor. Aunque no sé hasta qué punto funciona, porque el mercado ya no responde. Como decían hace unos años en las protestas de los indignados, los jóvenes están “sobrecalificados y subocupados”.


–¿Qué vigencia tienen hoy en el mundo universitario las banderas y reclamos de la juventud de 1918?


–Sus múltiples banderas mantienen una abierta legitimidad, pero además, los principales aportes de la Reforma trascienden el haber sido un gran movimiento político y cultural que integra la historia de las ideas alternativas y humanistas. Por su potencialidad utópica, la tradición reformista ha contribuido a revertir el lapidario diagnóstico sobre los cien años de soledad en nuestra América y trastocarlos por cien años de solidaridad. El movimiento reformista y su innovadora concepción sobre la universidad y la juventud confluirían en una suerte de epistemología originaria, revirtiendo la trillada dirección del Norte sobre el Sur para enrolarse junto con las transformaciones literarias del modernismo y el realismo mágico, las teorías liberacionistas, el pensamiento alternativo, la desglobalización y las políticas posneoliberales que ha seguido el bloque progresista del Cono Sur.


–¿Algunas de las conquistas reformistas deberían repensarse hoy?


–Sí, algunas habría que replantearlas. Por ejemplo, por más que consideremos que la autonomía es un bien en sí mismo, tampoco puede generar que la universidad se encierre en sí misma, como tortuga, sin conectar con las necesidades de desarrollo del país. Estamos llenos de abogados, cuando nos faltan, por ejemplo, ingenieros. Cambios que permitan que el país salga adelante sin estar sometido a procesos de dependencia económica, tecnológica y cultural. Hay que replantear esas banderas, que deben mantenerse, pero siempre en función de otros intereses, que son superiores, como los derechos humanos, que están por encima de todo lo demás.

 

Publicado enCultura
Debate sobre aborto. Mitos, falsas creencias y simples mentiras
Cinco expertos extranjeros derriban lo que sostienen voceros antiderechos en el debate en Diputados, a partir de las experiencias de países donde es legal la práctica. Con el cambio de la ley no aumentan los abortos, ni se convierte en un método anticonceptivo. La tasa de abortos baja, se reducen la mortalidad materna y la infantil. Y un punto clave: los tratados internacionales de derechos humanos no son obstáculo para avanzar.
 

Raffaela Schiavon, ginecóloga en el Distrito Federal de México

“Lo que hubo fue voluntad política”

“La voluntad política es esencial para lograr la legalización del aborto”, dice Raffaela Schiavon, ginecóloga formada en Italia, que vive en México, donde fue encargada del Servicio de Biología de la Reproducción del Hospital General y Jefa del Servicio de Salud Reproductiva para niñas y adolescentes, que fundó en 1996 en el Instituto Nacional de Pediatría de la ciudad de México. En una entrevista con PáginaI12 contó sobre el impacto de la legalización del aborto en las primeras 12 semanas de gestación en ese distrito desde 2007, el único de ese país donde no está criminalizado. En el resto de los estados –provincias– está despenalizado mayoritariamente en casos de violación o cuando corren riesgo la vida o la salud de la mujer, aunque estas causales rara vez se cumplen.

–¿Qué factores contribuyeron para aprobar la histórica reforma legal en la ciudad de México?

–Algunos de nosotros lo llamamos alineación de los astros, pero definitivamente lo que hubo fue voluntad política. Eso es esencial. Las evidencias son necesarias, fundamentales, pero no son suficientes, si no se tienen voluntad política. Hubo voluntad política muy clara del jefe de Gobierno de la Ciudad, en ese entonces, Marcelo Ebrard. Había detrás, una lucha como la que ustedes han generado desde hace años, había argumentos, se habían abierto espacios de discusión, debates públicos, etc. Pero no hay dudas, de que el cierre de ese proceso necesario es la voluntad política de personas en el Gobierno, que tienen la claridad del precio y el premio que eso implica. 

–¿Qué caracteriza a la ley?

–El modelo de ley fue redefinir el aborto.  Se definió como interrupción legal del embarazo el procedimiento que se efectúa antes de las doce semanas. Fue una manera de eliminar el aborto del Código Penal sin ni siquiera decirlo, redefiniendo el término. Y sigue siendo aborto, a partir de las doce semanas, y se aplican las causales, riesgo para la vida o la salud de la mujer y casos de violación. 

–¿Cómo impactó en la vida de las mujeres?

–En estos once años, 195 mil mujeres pudieron interrumpir legalmente un embarazo. De ese total, aproximadamente el treinta por ciento provienen de otros lugares del país, la mayoría del Estado de México, que rodea a la ciudad de México, pero llegan de las 32 entidades federativas, con un modelo de acompañamiento generado por organizaciones de la sociedad civil, que acompañan físicamente a las mujeres. Desde un principio hubo una línea telefónica gratuita y se formalizó con una página web, donde las mujeres podían preguntar dónde ir y aclarar los requisitos para acceder al servicio, sobre todo para la prestación gratuita. 

–¿Hay clínicas privadas que ofrezcan también la ILE?

–Si. Estimamos que hay un 150 por ciento más de procedimientos que se llevan a cabo en servicios privados. Son clínicas que se dedican a hacer abortos pero también médicos que están prestando ese servicio a sus pacientes, de la misma forma que las atienden por un Papanicolau o para ponerles un DIU, o por un embarazo. 

–Voces antiderechos sostienen que con la despenalización aumentará la tasa de abortos. ¿Cuál es la experiencia en México?

–En todos los países que despenalizan y en la Ciudad de México vimos lo mismo. Ya antes del cambio de la ley había un aumento de la tasa hospitalaria de atención por aborto. Con la ley este aumento es mucho más pronunciado. En cuatro o cinco años alcanza un pico, una meseta, y disminuye. ¿Qué sucede? ¿Son nuevos abortos? ¿Mujeres que no hubieran abortado antes? Toda la evidencia dice que en realidad, son mujeres que salen de la clandestinidad y acuden a servicios públicos y se visibiliza la atención. No son abortos inducidos por la ley. De todas maneras esta tendencia la hemos visto en España, en Francia, en Italia, otros países desarrollados y la estamos confirmando en México. Uruguay está viendo el mismo fenómeno (ver aparte). Hay más mujeres que acuden a servicios, tanto en la ciudad de México, donde cambió la ley, como en el resto del país. Es buena noticia. Significa que más mujeres reciben atención mejor capacitada tanto en un parto como en una ILE.

–¿Qué pasó con el estigma que suele tener el aborto?

–Hay investigaciones realizadas por la organización internacional IPAS, que dirigí hasta el año pasado, que muestran que hay estigma entre mujeres y entre prestadores de servicios. También hicimos una encuesta entre más de mil ginecólogos durante un congreso. Les hicimos tres tipos de preguntas: ¿Cree que un médico que hace abortos es estigmatizado por sus colegas?; ¿Usted estigmatiza a un colega que hace abortos? ¿Si usted hiciera abortos lo comentaría con otros colegas? Aproximadamente una tercera parte, entre el 28 y el 30 por ciento contestan que si a una de estas preguntas. Es decir, también hay un profundo estigma entre los prestadores. Esto ha ido cambiando. El discurso del aborto, desde el punto de vista de la tecnología, es decir, con medicamentos o a través de la técnica de AMEU (aspiración manual endouterina) ha permeado como actualización técnica en la comunidad de gineco-obstétras. Ahora estamos en una etapa en que se ha logrado la implementación de causales en el segundo trimestre, que siempre es el paso más complicado, en el instituto de referencia de todo México para la atención del embarazo de alto riesgo, que es el Instituto Nacional de Perinatología, donde se ha empezado a realizar interrupciones terapéuticas por malformaciones o riesgo para la vida, etc. Y en este caso, creo que es como darle vuelta al tema del estigma y decir: “Somos los mejores en la atención de embarazos de alto riesgo y somos los que hacemos abortos por indicaciones terapéuticas”. 

–¿La ILE se hace con medicamentos? ¿Se le suministra a la mujer y se practica el aborto en su casa?

–Se hace la consejería, y en esa consulta se le suministra el primer medicamento, la mifepristona. Y en ese momento se inicia inmediatamente la anticoncepción, insertándole, si la mujer está de acuerdo, el implante porque ya hay evidencias de que no interfiere con la efectividad del aborto con medicamentos. Y ya la mujer se va protegida. El proceso se completa en la casa, donde la mujer toma el misoprostol. Hay una invitación a una visita de control. De todas formas, yo soy partidaria de que la mujer pueda elegir entre las metodologías. La enorme ventaja de la AMEU es que sales del consultorio con el problema resuelto en 5 minutos y hay mujeres que definitivamente lo prefieren o lo necesitan. 

–¿Con la despenalización se convierte el aborto en un método anticonceptivo?

–Hay un pequeño porcentaje de entre el dos y el cinco por ciento de mujeres repetidoras, que se han realizado más de un procedimiento. En general, la literatura internacional lo dice claramente, estas mujeres presentan factores de vulnerabilidad específicos, por ejemplo, viven o han vivido situaciones de violencia de género o sexual, lo que hace que tengan menos poder sobre su vida sexual y la adopción de métodos anticonceptivos.


Leonel Briozzo, médico que implementó la ley en Uruguay

“Más dignidad,  vida y derecho”

Por M. C.

“Yo me defino como pro vida porque puedo demostrar que con lo que venimos haciendo se logra más vida, dignidad y derecho para las mujeres y la infancia. Nosotros somos pro vida, otros son los antiderechos, que promueven la muerte y el sufrimiento”, dice el médico tocoginecólogo Leonel Briozzo, quien tuvo en sus manos la implementación de la ley que despenalizó y legalizó el aborto a partir de 2013 en Uruguay. Briozzo era en ese momento subsecretario del Ministerio de Salud Pública del gobierno del presidente José “Pepe” Mujica y tuvo pocas semanas para poner la nueva legislación en marcha. En una entrevista con PáginaI12, destacó que actualmente “Uruguay es el país que tiene mortalidad materna más baja del continente, solo aventajado por Canadá, y esto se debe a la disminución del aborto inseguro”. Y detalló: “Logramos disminuir la mortalidad materna, la mortalidad infantil, la prevalencia de abortos, embarazos no deseados y el estigma social de un tema de salud y mejoramos la formación profesional”. 

Briozzo estuvo en Buenos Aires, expuso en una de las audiencias de la última semana en la Cámara de Diputados, en el marco del debate por la legalización del aborto, y además participó de la jornada “Evidencias y argumentos de salud pública para la legalización del aborto en Argentina”, organizada por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Centro de Estudio de Estado y Sociedad (CEDES) y la Red de Acceso al Aborto Seguro Argentina (REDAAS).

–¿Qué impacto ha tenido la ley en Uruguay?

–La ley que despenalizó el aborto vino a profundizar lo que ya se venía haciendo con el modelo de reducción de riesgo y daño (por el cual se aconsejaba a la mujer en torno a métodos seguros para abortar con medicamentos y luego ella consigue el misoprostol por su cuenta para la interrupción del embarazo) y básicamente lo que se logró fue consolidar la disminución de la mortalidad materna por todas las causas y en particular por aborto: tenemos muerte materna cero. Además, conseguimos consolidar la disminución de la enfermedad grave por los abortos inseguros: ya prácticamente no hay ni hemorragias ni infecciones por ningún aborto que se realiza dentro del sistema. Ahora sí, con los datos que tenemos, en tercer lugar, se consolida el hecho de que tenemos una muy baja tasa de abortos a nivel mundial. Y creemos que es producto de la despenalización pero también de la implementación del modelo de riesgo y daño, junto a la anticoncepción y la educación sexual. 

–¿Cuál es la tasa?

–Doce abortos cada mil mujeres de entre 15 y 44 años. 

–Referentes consideran que todavía hay mujeres que siguen recurriendo a la clandestinidad porque no llegan a cumplir con las tres consultas antes de las doce semanas. 

–Realmente no me consta que haya un número significativo de abortos por fuera del sistema. Puede haber algunos, fundamentalmente, fuera de las 12 semanas, pero esas mujeres siguen consultando dentro del modelo de reducción de riesgo y daño y ellas consiguen el misoprostol. Tampoco están libradas a la buena de Dios. 

–¿Cuántos abortos al año se están haciendo?

–Entre 9000 y 10 mil abortos por año en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud. Otro logro que hemos registrado es la disminución de la tasa de mortalidad infantil.

–¿Qué tiene que ver con el aborto?

–Cuando la mujer se enferma o está ausente de su domicilio y mucho más cuando muere, se incrementa el riesgo, sobre todo para las niñas en el primer año de vida y aumenta la mortalidad infantil. Era esperable que si disminuía la mortalidad materna iba a disminuir la mortalidad infantil, asociado a las políticas generales que hemos implementado de protección la mujer. De hecho en el último año hemos llegado a una tasa histórica de un porcentaje bajísimo, de seis muertes infantiles cada mil nacidos vivos. Vemos también un aumento de las consultas de mujeres para tener anticonceptivos después del aborto. 


Luz Patricia Mejía Guerrero, abogada especialista de Venezuela

Prender la mecha en la región

Por M. C.

El debate en torno a los derechos de las mujeres que se está dando en la Argentina “es una mecha que está prendiendo fuego a lo largo de la región”, destaca y celebra la abogada venezolana Luz Patricia Mejía Guerrero, ex presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y actual experta en violencia de género de la Comisión Interamericana de la Mujer de la OEA. En una entrevista con PáginaI12 negó que los tratados internacionales suscriptos por la Argentina impidan legalizar el aborto. “Tenemos que avanzar hacia la eliminación del modelo de causales porque se ha demostrado que ese sistema ha significado más violencia, más mortalidad materna, más ejercicio del poder punitivo sobre los cuerpos de las mujeres de una manera desproporcionada”, afirmó.

 “La visión de la OEA es muy clara y ha quedado plasmada tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como por la CIDH y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres conocida como Belén do Pará. Ni la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ni Belén do Pará, ni la Convención contra todas las formas de discriminación contra las mujeres (Cedaw por su sigla en inglés), establecen una prohibición para que se despenalice el aborto. Por el contrario, estos tres tratados que son fundamentales para la Argentina, protegen la vida, la integridad física, la salud de las mujeres”, señaló Mejía. 

–¿Por qué hay quienes dudan de ese marco normativo?

–El sistema interamericano lo ha venido diciendo de una manera muy concisa y muy clara. Lo que establece la Convención Interamericana de DDHH es que “el derecho a la vida, en general, debe ser respetado desde el momento de la concepción”. Pero esta lectura también claramente ha sido desarrollada por la Comisión, la Corte y el Mecanismo de Seguimiento de Belén do Pará, y se refiere en forma específica a las palabras “en general” y tiene que ver con que cuando se suscribieron esas convenciones, el país ya tenía regularizado la manera de ejercer el derecho a la vida. Y eso quiere decir que el derecho a la vida no es absoluto, sino que admite ciertas limitaciones y entre ellas la posibilidad de despenalizar el aborto. Ejemplo clarísimo es Uruguay que lo despenalizó hace unos años. 

–¿Cómo es el panorama en la región en relación al aborto?

–La mayoría de los países permiten el aborto legal en varias causales, por ejemplo, si corre riesgo la vida o la salud de la mujer o en casos de violación. Lo que hemos venido demostrando a lo largo de todos estos años es que en los países con ese marco legal, que son casi todos menos cuatro, no ha sido suficiente para proteger la vida de las mujeres. Lo que las estadísticas nos muestran es que no han cambiado la práctica y el ejercicio, que las mujeres puedan acceder al aborto estando dentro de esas causales. Tenemos que avanzar hacia la eliminación de las causales porque se ha demostrado que ese sistema ha significado más violencia, más mortalidad materna, más ejercicio del poder punitivo sobre los cuerpos de las mujeres de una manera desproporcionada.

–¿Cómo se está viendo a nivel internacional el debate que se está dando en la Argentina en relación con los derechos de las mujeres?

–Hay que decirlo con claridad, Argentina está generando el fortalecimiento profundo de los derechos de las mujeres no solo a nivel nacional sino en la región, donde se está esparciendo el debate. Está generando realmente un cambio de cultura que está impactando en otros países. Estamos viendo ahorita en Chile que las jóvenes han tomado las universidades, a su vez, cada 8 de marzo vemos ríos de mujeres exigiendo derechos y sobre todo igualdad. Evidentemente este proceso genera reacción. No solo obtenemos cosas positiva, sino que también reacciones de los antiderechos, de las personas que no quieren que las mujeres ejerzamos los derechos humanos en condiciones de igualdad y eso pues al mismo tiempo está generando el fortalecimiento de la democracia. Es una mecha que está prendiendo fuego a lo largo de la región.


Daniel Grossman, investigador de la Universidad de California

Sin evidencia de daño mental

Por M. C.

“No hay evidencias de daño de salud mental ni tendencias suicidas o de estrés post traumático en mujeres que acceden a un aborto. En cambio, aquellas a las que se les negó la interrupción de un embarazo que habían solicitado reportan consecuencias negativas tanto socioeconómicas como para su salud física y mental”, destaca Daniel Grossman, investigador y gineco-obstetra de la Universidad de California en San Francisco, Estados Unidos. La afirmación se basa, dice, en recientes hallazgos de la investigación “Turnawaystudy”, para la cual se reclutaron a casi 900 mujeres en 30 clínicas en 22 estados de EE.UU. “En los casos en que se detectaron síntomas de estrés postraumático tenían que ver con antecedentes de abuso sexual o relaciones violentas. Sí, algunas mujeres reportaron ansiedad por el hecho de haber tenido que ir a una clínica de abortos o por haber sedado cuenta de que estaban embarazadas en un momento en que no lo querían. Pero los síntomas de depresión o ansiedad disminuyeron con el tiempo”, agregó Grossman en diálogo con PáginaI12. Para el 95 por ciento el aborto fue la decisión correcta, subrayó. También señaló que las investigaciones demuestran que es 14 veces más riesgoso continuar con un embarazo que practicarse un aborto legal en EE.UU..


Joanna Erdman, referente de derechos en Canadá

“La mortalidad llegó a cero”

Por M. C.

En Canadá el aborto es legal y no está limitado por ley. Se practica a pedido de la mujer y sin límite de gestación, en hospitales públicos y es gratuito. Algunas provincias tienen sus propias regulaciones y definen las condiciones de accesibilidad. La práctica se despenalizó a partir de una sentencia de la Corte Suprema, de 1988, que declaró inconstitucional la ley vigente que contemplaba el aborto terapéutico pero tenía graves problemas de implementación. Como no se pusieron de acuerdo en el Parlamento para dictar una nueva ley, nunca se llegó a votar, explicó Joanna Erdman, referente de Canadá en la temática sobre aborto legal y reconocida académica a nivel mundial. Según explicó, se realizan unos 100 mil abortos por año, que equivalen a una tasa de 14 procedimientos cada 1000 mujeres de 15 a 44 años. “Entre 1997 a 2005 bajó un 30 por ciento la tasa de abortos en adolescentes porque se llega antes de que se produzca el embarazo no deseado con educación sexual en las escuelas y el acceso a anticonceptivos”, destacó. También precisó que la tasa de mortalidad por aborto es “cero”: es decir, ninguna mujer muere como consecuencia de la interrupción de un embarazo, en Canadá. 

–¿La mujer que pide un aborto tiene que escuchar a un comité interdisciplinario y reflexionar luego sobre la decisión durante varios días, como se exige en Uruguay?

–No. ¿Por qué se le va a exigir esa condición si no se requiere para ninguna otra práctica médica? El aborto no debería ser diferente. 

–¿No hay ningún límite para realizarse un aborto en Canadá?

–Ninguno. Llevar a término un embarazo siempre es más riesgoso que una interrupción temprana. 

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Cien años de la revuelta estudiantil de Córdoba.

Hubo un tiempo, una región y una generación en que los términos “reforma” y “revolución” se fundieron hasta la sinonimia. Así sucedió con el “movimiento estudiantil latinoamericano de reforma universitaria”, como se lo llamó, aunque aspiraba a reformar mucho más que la universidad. Se cumple un siglo desde su episodio más notable: la revuelta de los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba en 1918.


La radicalidad de los estudiantes cordobeses, el carácter ultra clerical-conservador de los poderes universitarios y políticos contra los que se sublevaron, la virulencia de la represión que sufrieron y la potencia literaria de su célebre “Manifiesto liminar” hicieron de Córdoba el acontecimiento que produjo un salto cualitativo en el movimiento con innumerables efectos multiplicadores en el resto del continente. Acaso por esto, muchos de los estudios posteriores sobre el tema alimentaron un equívoco frecuente: la idea de que todo comenzó en 1918. Esto impide observar toda una trama estudiantil latinoamericana forjada al menos desde una década antes. Entre 1908 y 1918 se sucedieron congresos estudiantiles en Montevideo, Buenos Aires y Lima en los que se fue forjando la base del programa reformista y se fueron consolidando las redes estudiantiles e intelectuales que habrían de impulsarlo. Desde una década antes, también, los estudiantes se encontraban en torno al impulso de la extensión universitaria o la puesta en marcha de medios de prensa y propaganda estudiantil. De todo eso estaba hecha la “hora americana”1 que anunció Deodoro Roca el 21 de junio de 1918.


El humanismo de la ideología reformista se evidencia en sus maestros: Rodó, Vasconcelos, Ingenieros, Ortega y Gasset, Altamira. Ha sido recurrente el debate sobre el alcance y radicalidad del movimiento. En 1959 el Che Guevara llamó la atención de los estudiantes cubanos sobre la deriva reaccionaria que terminaron adoptando muchos dirigentes del 18. Y destacados estudiosos del tema, como Portantiero, han subrayado su origen pequeñoburgués. Sin embargo, basta centrar la mirada en el movimiento al calor de su acontecer indeterminado para reconocer su enorme radicalidad política.2 En cualquier caso, parece clara la coexistencia, entre los reformistas, de un componente liberal modernizador y uno revolucionario que convocó el apoyo entusiasta de intelectuales y militantes socialistas, marxistas y anarquistas como Mariátegui, Lazarte, Ponce o Mella, entre otros. Ambos componentes tenían en común una fe en la educación y la cultura como factor de emancipación humana. Sentían que el movimiento estudiantil estaba llamado a cumplir una misión de tipo moral. El Ariel de Rodó era el símbolo que los convocaba contra el Calibán positivista-utilitarista del imperialismo estadounidense. Gritaron: “Basta de profesionales sin sentido moral. Basta de pseudoaristócratas del pensamiento. Basta de mercaderes diplomados. La ciencia para todos, la belleza para todos”.3 Al calor del entusiasmo internacionalista que provocaba la Revolución Rusa, el movimiento pronto trascendió la problemática universitaria y se acercó a las luchas obreras. Pensaban que “las menudas conquistas del reglamento o del estatuto no son más que instrumentos subalternos ante la soberana belleza del propósito: preparar, desde la cátedra, el advenimiento triunfante de la democracia proletaria”.4 La narración que reduce el movimiento a un puñado de reformas antiautoritarias de la universidad nos dice más del presente que del pasado.


Se puede calibrar el legado reformista por sueños o por sus conquistas. Si los primeros, que persiguieron “el milagro de redención de la humanidad”,5 se frustraron las más de las veces, las segundas fueron muy importantes en lo que refiere a la reforma universitaria. Una visión de conjunto permite distinguir dos órdenes de democratización de la universidad reformista respecto a su antecesora decimonónica: hacia el interior (con el cogobierno autonómico, la libertad de cátedra, el acceso a la docencia por concurso, los cursos y cátedras libres, la crítica de los métodos de enseñanza) y hacia afuera (la democratización del acceso, la gratuidad, la extensión universitaria, la investigación de “los grandes problemas nacionales”, la creación cultural con vocación latinoamericana y un sentido general de compromiso social de la universidad contrapuesto a la mera “fábrica de profesionales”). Con todo lo inacabado y nunca plenamente alcanzado que contienen estas orientaciones, permitieron construcciones que constituyen hoy, en buena medida, las libertades que quedan.


Un siglo después de Córdoba el panorama universitario, político y cultural de nuestro continente es, por cierto, muy diferente. El acceso a la enseñanza terciaria se ha masificado (aunque insuficientemente), pero se ha producido una segmentación mercantilizada de la oferta que reproduce las desigualdades. La ciencia y la tecnología han alcanzado una importancia inédita en la mundialización capitalista y la división internacional del trabajo, reconfigurando el lugar y el papel de las universidades y de los propios estados-nación. Sólo la multinacional Monsanto cuenta con un ejército de 22 mil científicos, cifra comparable al total de científicos de México (28 mil) e incomparable a los 1.750 categorizados en el Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay. Existen universidades financiadas total o parcialmente por empresas mineras. El Banco Santander organiza reuniones académicas “iberoamericanas” en las que participan y firman declaraciones comedidos o resignados rectores y decanos. El neoliberalismo ha producido su propia contrarreforma universitaria, con todas las formas y gradientes de la mercantilización de la oferta, administración, currículo, agendas de investigación y políticas de vinculación de las universidades, autónomas de otros poderes que los del mercado. Nos han convencido de que el productivismo académico en un régimen de competencia por estímulos económicos es la vía rápida a un parnaso sin poetas llamado “calidad”. Ariel se debate entre el multiculturalismo académico y los cursos de autoayuda. Calibán se define emprendedor.


Como señala Cúneo,6 independientemente de los logros efectivamente alcanzados, el movimiento de reforma universitaria fue capaz de proponer un “orden de anticipación” a los problemas de su tiempo, forjando un ideario y proyectando un programa dirigido a refundar la universidad y sus misiones en un sentido popular y democrático. La tarea del presente puede ser planteada en términos similares. Decía Carlevaro: “Queremos una universidad siempre cambiante pero que no obstante siga siendo siempre igual a sí misma”.7 Pasados los homenajes, en esa dialéctica nos interpelará el legado de Córdoba. Necesitamos construir un nuevo “orden de anticipación” para los problemas de nuestro tiempo. Hoy que en el continente hay más tinieblas que luces, resuena otra vez la sentencia del “Manifiesto liminar”: “Los dolores que quedan son las libertades que faltan”. Ya vendrá el movimiento que vuelva a suprimir la distancia entre reforma y revolución. Y ese será, también, el mejor modo de defender las libertades que quedan.

1. “Manifiesto liminar” de Córdoba, 1918.
2. Ver, en apoyo a esta lectura, los “Apuntes reformistas” de Diego Tatián o el artículo de Bustelo y Domínguez: “Radicalizar la Reforma Universitaria. La fracción revolucionaria del movimiento estudiantil argentino, 1918-1922”. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, volumen 44, número 2, 2017.
3. Estudiantes de La Plata, “Manifiesto a la hora del triunfo”, 1920.
4. Aníbal Ponce, “El año 1918 y América Latina”, 1924.
5. Carlos Quijano en Ariel, 1919.
6. Dardo Cúneo, La Reforma Universitaria 1918-1930, 1988.
7. Pablo Carlevaro, “Comentarios sobre la Universidad Latinoamericana”, 2002.

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Migrantes indígenas, atrapados en la frontera entre Colombia y Venezuela

Los miembros de la comunidad yukpa cruzaron la frontera para escapar de la crisis en Venezuela, pero han sido deportados en dos ocasiones

 

A finales del año pasado, la niña de 12 años Betania escuchó hablar a sus vecinos sobre una ciudad no muy lejana donde se podía encontrar comida. "Mi madre me dijo: 'Betania, vete de aquí, porque tenemos hambre. Mira a tus hermanos, no tienen nada en la barriga'", recuerda.

Así que Betania se despidió de su familia, abandonó su remota aldea en la comunidad indígena yupka de las montañas del oeste venezolano, y caminó 300 kilómetros hasta la ciudad colombiana de Cúcuta, en la frontera con Venezuela.


Acampados en la orilla lejana del río Táchira, encontró cientos de indígenas yukpas. También huían de la desnutrición y de la enfermedad en Venezuela, donde la escasez causada por el colapso económico ha afectado incluso a las comunidades indígenas rurales.


Los yukpas representan una parte minúscula de los cientos de miles de venezolanos que en los últimos años han cruzado la frontera para escapar de la hiperinflación, la escalada del crimen y una crisis política que parece no tener fin.


La diferencia con otros migrantes es que a este grupo indígena lo han deportado en dos ocasiones. Una y otra vez regresaron a Colombia, donde volvieron a acampar a orillas del río. Pero ahora están atascados: no quieren regresar a Venezuela y no son bienvenidos para seguir avanzando en Colombia.


"¿Sabes por qué vine hasta aquí? Porque no puedo quedarme allá atrás sin comida, ni dinero, ni ropa, ni nada", dijo Anteli Romero, un artesano yukpa de 28 años de las montañas que rodean la ciudad de Machiques. "Ahora dicen que no quieren a los yukpas por aquí, dicen que vinimos para nada".


Hay unos 500 miembros del grupo indígena acampando junto al río, entre ellos varias decenas de mujeres embarazadas. Duermen al raso o en refugios hechos con material reciclado. Por la noche, un montón de pequeños fuegos parpadea en el bosque mientras cocinan el arroz blanco o los pasteles de maíz.


El grueso de los migrantes venezolanos que cruzaron se ha dispersado en las ciudades de Colombia, pero la presencia concentrada de los yupkas en la frontera irrita a las autoridades locales. Los miembros del grupo se han enfrentado repetidamente con los funcionarios fronterizos colombianos, llegando a amenazarlos con arcos y flechas.


Aunque las relaciones entre Colombia y Venezuela han sido tensas durante varios años, las autoridades de ambos países cooperaron en enero para desalojar el campamento en la ribera del Táchira y devolver unos 500 yukpas a sus tierras en las inmediaciones de la ciudad de Machiques. Los yukpas dijeron que seguían sin tener comida ni medicinas y regresaron caminando a Colombia.


Las autoridades de Cúcuta volvieron a deportar a los yukpas en marzo. Pero muchos de ellos regresaron y siguen llegando más. "En Venezuela, a veces pasamos todo el día sin comida, por eso todos vienen", dijo Arbelei Landino, otro migrante yukpa.


Cuando hace dos años estalló la crisis migratoria, Colombia respondió otorgando residencia legal a los trabajadores venezolanos. Hasta que en febrero retiró los privilegios y desplegó a 3.000 soldados en la frontera. Pero la marea de migrantes sobre una frontera abierta ha demostrado ser imparable.


Los activistas creen que el Gobierno debe invertir en una respuesta adecuada antes de que se haga ingobernable la situación. Según el padre Francesco Bortignon, responsable de un refugio para migrantes en Cúcuta, "el Gobierno no tiene ni idea de cómo manejar la situación".
Los yukpas son anteriores a los estados


Los yukpas, cuyos territorios ancestrales se extienden a ambos lados de la frontera y son anteriores a la creación de Colombia y de Venezuela, han tratado de invocar sus derechos como tribu binacional.


En teoría, el texto de la Constitución colombiana reconoce la ciudadanía a los miembros de dichos grupos y dispone de protecciones especiales para la preservación de las comunidades indígenas. Los líderes yukpas dicen que los 15.000 miembros de la tribu no han recibido ninguna de esas protecciones.


El Ministerio de Interior de Colombia ha dicho que primero debe certificar su identidad indígena haciendo un censo de los yukpas. Hasta entonces, los considerará como venezolanos viviendo ilegalmente en Cúcuta.


Según Andrés Barona, asesor legal de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), "la actitud del Gobierno es 'esconded a los pobres, son feos'. Son acciones motivadas por el racismo que hay contra los indígenas".


En su opinión, las autoridades nacionales y municipales colombianas se han limitado a tomar la opción más sencilla frente a la complicada crisis humanitaria y diplomática.
El ayuntamiento de Cúcuta no respondió a las llamadas de The Guardian, pero antes había comunicado a los medios locales que los yukpas estaban implicados en el contrabando de la frontera.


Barona y la ONIC creen que el Gobierno debería dar a los yukpas un espacio para vivir mientras elabora un plan, además de garantizarles el acceso a comida, agua y letrinas.
Como dijo Deborah Hines, directora del Programa Mundial de Alimentos en Colombia, los grupos indígenas son olvidados a menudo en una crisis humanitaria que ya ha abrumado al Gobierno y a las organizaciones de ayuda internacional. "Nos centramos en las comunidades indígenas porque tienden a ser los más vulnerables", dijo.


Pero muchos en el campamento yukpa dijeron que la vida junto al río era mejor que en su hogar. Al menos aquí, unas pocas monedas pueden servir para comprar una bolsa de arroz. En Venezuela no hay arroz. "Nos cansamos de sufrir tanta hambre, así que aquí vinimos", dice Ángel Romero, de 32 años. "Confiamos en que nos ayuden".

Dylan Baddour - Cúcuta
28/04/2018 - 19:57h


Traducido por Francisco de Zárate

 

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