Martes, 06 Marzo 2018 06:48

El ambiente sano es un derecho

El ambiente sano es un derecho

Por primera vez, la Corte Interamericana vinculó el cuidado del medio ambiente con los derechos humanos. El máximo tribunal americano sostuvo que los estados están obligados a respetar y garantizar estos derechos.

 

Agua sin cianuro de minería, aire sin agrotóxicos, lagos sin hidrocarburos, ríos sin contaminación de pasteras: un ambiente sano, entendido como parte de los derechos humanos. Así lo exigen desde hace décadas asambleas socioambientales, campesinos e indígenas. En una medida inédita, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) acaba de expedirse en línea similar: afirmó que existe una “relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos”. El máximo tribunal destacó que los Estados deben respetar y garantizar estos derechos humanos y que tiene la obligación de evitar los daños transfronterizos.


La Corte IDH es el órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y tiene como objetivo aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (que entró en vigencia en 1978) y los convenios sobre la temática. En febrero emitió una resolución inédita mediante su “opinión consultiva OC-23/17”, donde destacó la relación de interdependencia e indivisibilidad que existe entre los derechos humanos, el medio ambiente y el desarrollo sostenible. “Por primera vez la Corte Interamericana desarrolló el contenido del derecho al medio ambiente sano”, destacó el comunicado oficial.


La Corte determinó que los Estados deben “prevenir los daños ambientales significativos, dentro o fuera de su territorio, lo cual implica que deban regular, supervisar y fiscalizar las actividades bajo su jurisdicción, realizar estudios de impacto ambiental, establecer planes de contingencia y mitigar los daños ocurridos”.


En un aspecto contemplado por la Ley General del Ambiente de Argentina (25.675), abordó el principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental es necesario tomar medidas protectoras). La Corte Interamericana instó a los estados a “actuar conforme al principio de precaución frente a posibles daños graves o irreversibles al medio ambiente, que afecten los derechos a la vida y a la integridad personal, aún en ausencia de certeza científica”.


También llamó a garantizar el acceso a la información sobre posibles afectaciones al medio ambiente, exigió que se cumpla el derecho a la participación pública de las personas en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente.


Valeria Berros pertenece al Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Litoral y del Conicet. Se especializa en derecho ambiental. “La medida de la Corte es muy importante porque es la primera vez que se dedica a desarrollar el contenido del derecho a un ambiente sano que forma parte de la Convención Americana de DDHH”, explicó.


Berros, que también integra la ONG Capibara, destacó la importancia de las referencias respecto al acceso a la información, la participación pública en materia ambiental y la justicia ambiental. “Es central la referencia al principio de precaución, de prevención y de cooperación entre los estados para la tutela del ambiente. Esto último es muy importante por las actividades extractivas, cuando se trata de ecosistemas compartidos entre países”, afirmó.


Organizaciones sociales, ONG, pueblos indígenas y abogados especializados explican desde hace décadas que las luchas referidas al extractivismo no son sólo ambientales, sino también acciones por los derechos humanos. Aún así, es muy difícil que los organismos de derechos humanos de Argentina tomen el tema (a excepción de Serpaj) como tampoco lo abordan las ONG internacionales de DDHH (salvo acciones puntuales).


Darío Avila, abogado cordobés que acompaña las luchas de pueblos fumigados con agrotóxicos, hizo una lectura detallada de las 102 páginas del escrito de la Corte IDH y destacó “la asociación directa e ineludible entre derechos humanos y medio ambiente”. Ejemplificó que, en palabra de la Corte, “la degradación ambiental afecta otros derechos humanos”. Cuando se afecta el ambiente se ven “especialmente vulnerados el derecho a la vida, a la salud, al agua, a la alimentación, a la vivienda y a la cultura”.


El abogado cordobés destacó que el mismo tribunal aclaró que los alcances de la decisión judicial van más allá del caso específico (Colombia), “debe ser aplicado en todos aquellos conflictos ambientales con obligaciones estatales en materia ambiental y de derechos humanos fundamentales”. Avila explicó que, en el escrito de la Corte, se hace especial mención a que la afectación al medio ambiente genera conflictos violentos que vulneran el derecho a no ser desplazados e incluso ponen en jaque el derecho a la paz.


La “opinión consultiva” (nombre técnico de la resolución de la Corte) surgió por una solicitud del estado colombiano en marzo de 2016 en un caso referido a la región del Gran Caribe y los estados ribereños.


Otro punto que destacó la Corte es que los Estados tienen la obligación de evitar los daños transfronterizos. Las organizaciones socioambientales hace años que exigen tener presente ese punto: en Argentina podría aplicar en el caso de las pasteras con Uruguay, la minería en la Cordillera, las fumigaciones con agrotóxicos y la contaminación de ríos compartidos, o las represas junto a Brasil y Paraguay, entre otros.


La Corte Interamericana recordó que, conforme al derecho internacional, cuando un Estado es parte de un tratado internacional (como la Convención Americana), la obligación es para todos los órganos de Estado, incluidos los poderes Judicial y Legislativo.

Por Darío Aranda
Página 12

Publicado enMedio Ambiente
Domingo, 04 Marzo 2018 18:20

El San Juan sí es de todos

El San Juan sí es de todos

La lucha por el derecho a la salud prosigue en Colombia. El reciente fallo de la justicia declara la violación del derecho colectivo de acceso al servicio público de salud y a que su prestación sea eficiente y oportuna, en relación al caso del Hospital San Juan de Dios y establece que el Estado debe garantizar de manera directa los dineros que requiere para su funcionamiento, sentando un precedente de inmensas proporciones para esta lucha, y otras muchas que tienen asiento en nuestro país.

 

Era notoria la alegría del doctor Jorge Arango Díaz, representante del Colectivo Por el San Juan de Todos, al momento de entregar en rueda de prensa el pasado 14 de febrero, la noticia digna de una fiesta que recorra todo el país, relacionada con el fallo en segunda instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Una acción popular instaurada en el año 2009 por un grupo de organizaciones sociales y jurídicas y respaldada por 12.200 firmas ciudadanas, llevó a que en segunda instancia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca fallara declarando la violación del derecho colectivo de acceso al servicio público de salud y a que su prestación sea eficiente y oportuna, en relación al caso del complejo hospitalario San Juan de Dios de Bogotá.

La Asociación Colombiana de Pacientes del Centro Nacional Hospitalario Universitario San Juan de Dios, la Asociación Salud al Derecho, el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, la Organización Derecho Social, el Colectivo San Juan de Todos, el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario, entre otros, instauraron en el 2009 la acción popular contra autoridades nacionales y locales, solicitando el amparo de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, a la defensa del patrimonio público, a la defensa del patrimonio cultural de la nación, a la defensa de la salud pública, y el acceso a los servicios públicos y a que su prestación fuese eficiente y oportuna, esto en relación a la situación presente desde el año 2001 con los hospitales universitarios San Juan de Dios (Hsjd) e Instituto Materno Infantil (IMI).

 

La orden es perentoria

 

El fallo ordena al gobierno nacional por intermedio de los Ministerios de Cultura, Educación Nacional y Salud y Protección Social, que dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la decisión emprenda todas las acciones necesarias para que en asocio de la Empresa de Renovación Urbana y la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá desarrollen y ejecuten el Plan Especial de Manejo y Protección del Hsjd e IMI, declarados monumentos nacional, bienes de interés cultural del ámbito nacional, bajo los lineamientos de la Ley 735 de 2002.

Según el fallo, esto implica tres cosas. Primero, que tales centros atiendan la educación universitaria con el fin de llevar a cabo prácticas de los estudiantes de las universidades públicas y privadas en el área de la salud y en el desarrollo de investigación en este campo; segundo, el desarrollo de programas de fomento de la salud y la medicina preventiva; y tercero, la prestación, con preferencia, de servicios médico-asistenciales a las personas carentes de recursos económicos en los distintos niveles de atención y estratificación.

El fallo fue proferido el 23 de noviembre de 2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pero la providencia solamente fue pública durante la primera semana de febrero.

 

Unas son de cal…

 

El triunfo es inmenso, toda vez que el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordena, en consecuencia con la Ley 735 de 2002, que estos hospitales universitarios gocen de la especial protección con un buen desarrollo de sus actividades bajo la responsabilidad del Estado, autorizando asignar en los presupuestos anuales los recursos económicos necesarios para que de un lado, el Ministerio de Salud y Protección Social contrate servicios con estos Hospitales para las personas que no estén vinculadas a ninguno de los sistemas que amparan su derecho constitucional a la salud y el desarrollo de programas de fomento de salud y medicina preventiva y de otro lado, que el Ministerio de Educación incluya las partidas indispensables para las investigaciones que en el área de la salud realicen estas entidades.

Es claro que el fallo ordena que haya recursos directos de la nación para que el Hsjd y el IMI presten servicios de fomento de salud y medicina preventiva y para que realice actividades de investigación, lo cual es un asunto muy positivo porque una interpretación es que tendrá que haber recursos directos del Estado y no intermediados, que fue una de las causas para que estas instituciones se asfixiaran económicamente y llegara su declive y cierre.
Pero lo cierto es que ahora vendrá la puja de cómo el gobierno nacional y local asignará las partidas presupuestarias ordenadas por el fallo, de cómo se garantizara que estas instituciones sean contratadas para que le presten los servicios a las personas que no están aseguradas en el sistema general de seguridad social y cómo se da la relación con las universidades públicas y privadas para el establecimiento de convenios docentes–asistenciales, que puede ser otra fuente de financiación.

Un gran riesgo, es que no sean contratadas para prestar los servicios a las personas pobres no aseguradas y que no haya interés de las universidades para establecer los convenios docentes-asistenciales, o que esto no sea en condiciones justas, como ha sido usual en el marco de la ley 100. Habrá que ver como se da la puja entre el Estado y los sectores que defienden a estas instituciones, en el marco del establecimiento del Plan Especial de Manejo y Protección del Hsjd e IMI que fue ordenado por el Tribunal.

 

Derecho y patrimonio

 

Como parte de las reflexiones del fallo, el doctor Arango realza la importancia de defender la Ley 735 de 2002, que permitirá defender al Hsjd e IMI como patrimonio cultural en su calidad de bien de la nación, y patrimonio cultural por la atención prestada.

Es de aclarar, que como bien de interés cultural cuenta con un patrimonio arquitectónico integrado por 25 edificios, rodeados de jardines y una huerta medicinal y que la ley 735 impide que ninguno de sus edificios, ni las fachadas, pueden ser transformadas o derribadas y deben ser restauradas y cuidadas.

La unión del fallo de 2017, y la ley 735 de 2002, abre una brecha a la ley 100, para disputar recursos de la salud, reabrir el Hsjd y, de paso, ayudar a todos los hospitales universitarios del país –a los que tienen al borde del cierre los enormes montos que les adeudan principalmente las EPS–; y en este camino ir consolidando el proceso de lucha para que la salud sea un derecho y no una mercancía.

La creación de un comité de vigilancia para que se cumpla con lo dispuesto en el fallo y la ley, pretende respeto para el derecho de los colombianos a tener un servicio de salud que no implique la intermediación del dinero; tal comité, y de acuerdo al fallo del Tribunal de Cundinamarca, está integrado por viceministros de cultura, educación, salud, la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá, la Secretaría de Salud, representante del grupo de acciones públicas del Rosario y el doctor Jorge Arango a nombre de las organizaciones sociales.

 

Luchar sí vale la pena

 

Desde el mismo momento del cierre del Hsjd, decenas de personas lideraron una constante resistencia, tanto por sus derechos laborales como por el derecho a la salud de quienes habitan Colombia. Unos y otros, hombres y mujeres, ahora ven un fruto de su tenacidad.

Diecisiete años de lucha de un conjunto de personas y organizaciones que contra todo designio han persistido por la defensa de un derecho fundamental de todos los connacionales; luchadores, hombres y mujeres, que han arriesgado su integridad personal, su salud, su tranquilidad diaria, confrontaron todo el poder dominante en Colombia, y le han propinado una derrota.

Termina así la primera fase de una prolongada y continúa lucha, afrontada por diversidad de organizaciones sociales, en contra del cierre en el 2001 del que por décadas fue el principal centro de salud del país. Ahora, de acuerdo con el doctor Arango, inicia otra etapa de esta misma lucha: presionar y vigilar para que este fallo no quede en letra muerta. En eso él tendrá una gran responsabilidad como miembro del comité de vigilancia para que se cumpla con lo dispuesto en el fallo y la ley.

La alegría debe ser de muchas y muchos. Que quede claro que luchar por el derecho a la salud es difícil, prolongado, con muchos altibajos, con muchas rupturas, pero que también deja el grato sabor del triunfo, para forjar una sociedad garante de este derecho para todos sus miembros.

 


Recuadro 1


Para no olvidar

 

El nacimiento del hoy conocido como Hsjd data siglo XVIII. Durante sus más de 279 años de existencia buscó velar por la salud y el bienestar de los colombianos; en sus instalaciones los más pobres de nuestro país recibieron asistencia médica y de salud de calidad. Para acceder a sus servicios no importaba la región, municipio o ciudad de la cual se procedía.

Por sus características y servicios, en su momento contó con la mejor infraestructura tecnológica e investigativa de Colombia e incluso, se dice, que era un referente para toda América Latina.

Hay que recordar que los hospitales universitarios son de vital importancia para un sistema de salud, pues están concebidos como centros asistenciales y de práctica médica, donde son formados quienes velarán por la salud de millares de personas. Además, estos centros médicos, por sus características y perfil, atienden todo tipo de pacientes, entre ellos a todos aquellos que no cuentan con recursos para ser tratados.

En ellos, además de atención a la persona enferma, también se adelanta investigación en ciencia, al tiempo que se implementan programas de prevención. Universidad y hospital, estudio e investigación, reflexión y relacionamiento con la comunidad, están íntimamente ligados. La relación con la comunidad de su entorno, y de más allá, es fundamental para un centro de estos, pues su personal entiende que la salud no se limita al tema de la enfermedad-cura, sino que tiene que ver con las condiciones de vida, es decir, con alimentación, vivienda, trabajo, y demás factores soportes de la vida.

Publicado enColombia
Domingo, 04 Marzo 2018 12:03

El San Juan sí es de todos

El San Juan sí es de todos

La lucha por el derecho a la salud prosigue en Colombia. El reciente fallo de la justicia declara la violación del derecho colectivo de acceso al servicio público de salud y a que su prestación sea eficiente y oportuna, en relación al caso del Hospital San Juan de Dios y establece que el Estado debe garantizar de manera directa los dineros que requiere para su funcionamiento, sentando un precedente de inmensas proporciones para esta lucha, y otras muchas que tienen asiento en nuestro país.

 

Era notoria la alegría del doctor Jorge Arango Díaz, representante del Colectivo Por el San Juan de Todos, al momento de entregar en rueda de prensa el pasado 14 de febrero, la noticia digna de una fiesta que recorra todo el país, relacionada con el fallo en segunda instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Una acción popular instaurada en el año 2009 por un grupo de organizaciones sociales y jurídicas y respaldada por 12.200 firmas ciudadanas, llevó a que en segunda instancia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca fallara declarando la violación del derecho colectivo de acceso al servicio público de salud y a que su prestación sea eficiente y oportuna, en relación al caso del complejo hospitalario San Juan de Dios de Bogotá.

La Asociación Colombiana de Pacientes del Centro Nacional Hospitalario Universitario San Juan de Dios, la Asociación Salud al Derecho, el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, la Organización Derecho Social, el Colectivo San Juan de Todos, el Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario, entre otros, instauraron en el 2009 la acción popular contra autoridades nacionales y locales, solicitando el amparo de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, a la defensa del patrimonio público, a la defensa del patrimonio cultural de la nación, a la defensa de la salud pública, y el acceso a los servicios públicos y a que su prestación fuese eficiente y oportuna, esto en relación a la situación presente desde el año 2001 con los hospitales universitarios San Juan de Dios (Hsjd) e Instituto Materno Infantil (IMI).

 

La orden es perentoria

 

El fallo ordena al gobierno nacional por intermedio de los Ministerios de Cultura, Educación Nacional y Salud y Protección Social, que dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la decisión emprenda todas las acciones necesarias para que en asocio de la Empresa de Renovación Urbana y la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá desarrollen y ejecuten el Plan Especial de Manejo y Protección del Hsjd e IMI, declarados monumentos nacional, bienes de interés cultural del ámbito nacional, bajo los lineamientos de la Ley 735 de 2002.

Según el fallo, esto implica tres cosas. Primero, que tales centros atiendan la educación universitaria con el fin de llevar a cabo prácticas de los estudiantes de las universidades públicas y privadas en el área de la salud y en el desarrollo de investigación en este campo; segundo, el desarrollo de programas de fomento de la salud y la medicina preventiva; y tercero, la prestación, con preferencia, de servicios médico-asistenciales a las personas carentes de recursos económicos en los distintos niveles de atención y estratificación.

El fallo fue proferido el 23 de noviembre de 2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pero la providencia solamente fue pública durante la primera semana de febrero.

 

Unas son de cal…

 

El triunfo es inmenso, toda vez que el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordena, en consecuencia con la Ley 735 de 2002, que estos hospitales universitarios gocen de la especial protección con un buen desarrollo de sus actividades bajo la responsabilidad del Estado, autorizando asignar en los presupuestos anuales los recursos económicos necesarios para que de un lado, el Ministerio de Salud y Protección Social contrate servicios con estos Hospitales para las personas que no estén vinculadas a ninguno de los sistemas que amparan su derecho constitucional a la salud y el desarrollo de programas de fomento de salud y medicina preventiva y de otro lado, que el Ministerio de Educación incluya las partidas indispensables para las investigaciones que en el área de la salud realicen estas entidades.

Es claro que el fallo ordena que haya recursos directos de la nación para que el Hsjd y el IMI presten servicios de fomento de salud y medicina preventiva y para que realice actividades de investigación, lo cual es un asunto muy positivo porque una interpretación es que tendrá que haber recursos directos del Estado y no intermediados, que fue una de las causas para que estas instituciones se asfixiaran económicamente y llegara su declive y cierre.
Pero lo cierto es que ahora vendrá la puja de cómo el gobierno nacional y local asignará las partidas presupuestarias ordenadas por el fallo, de cómo se garantizara que estas instituciones sean contratadas para que le presten los servicios a las personas que no están aseguradas en el sistema general de seguridad social y cómo se da la relación con las universidades públicas y privadas para el establecimiento de convenios docentes–asistenciales, que puede ser otra fuente de financiación.

Un gran riesgo, es que no sean contratadas para prestar los servicios a las personas pobres no aseguradas y que no haya interés de las universidades para establecer los convenios docentes-asistenciales, o que esto no sea en condiciones justas, como ha sido usual en el marco de la ley 100. Habrá que ver como se da la puja entre el Estado y los sectores que defienden a estas instituciones, en el marco del establecimiento del Plan Especial de Manejo y Protección del Hsjd e IMI que fue ordenado por el Tribunal.

 

Derecho y patrimonio

 

Como parte de las reflexiones del fallo, el doctor Arango realza la importancia de defender la Ley 735 de 2002, que permitirá defender al Hsjd e IMI como patrimonio cultural en su calidad de bien de la nación, y patrimonio cultural por la atención prestada.

Es de aclarar, que como bien de interés cultural cuenta con un patrimonio arquitectónico integrado por 25 edificios, rodeados de jardines y una huerta medicinal y que la ley 735 impide que ninguno de sus edificios, ni las fachadas, pueden ser transformadas o derribadas y deben ser restauradas y cuidadas.

La unión del fallo de 2017, y la ley 735 de 2002, abre una brecha a la ley 100, para disputar recursos de la salud, reabrir el Hsjd y, de paso, ayudar a todos los hospitales universitarios del país –a los que tienen al borde del cierre los enormes montos que les adeudan principalmente las EPS–; y en este camino ir consolidando el proceso de lucha para que la salud sea un derecho y no una mercancía.

La creación de un comité de vigilancia para que se cumpla con lo dispuesto en el fallo y la ley, pretende respeto para el derecho de los colombianos a tener un servicio de salud que no implique la intermediación del dinero; tal comité, y de acuerdo al fallo del Tribunal de Cundinamarca, está integrado por viceministros de cultura, educación, salud, la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá, la Secretaría de Salud, representante del grupo de acciones públicas del Rosario y el doctor Jorge Arango a nombre de las organizaciones sociales.

 

Luchar sí vale la pena

 

Desde el mismo momento del cierre del Hsjd, decenas de personas lideraron una constante resistencia, tanto por sus derechos laborales como por el derecho a la salud de quienes habitan Colombia. Unos y otros, hombres y mujeres, ahora ven un fruto de su tenacidad.

Diecisiete años de lucha de un conjunto de personas y organizaciones que contra todo designio han persistido por la defensa de un derecho fundamental de todos los connacionales; luchadores, hombres y mujeres, que han arriesgado su integridad personal, su salud, su tranquilidad diaria, confrontaron todo el poder dominante en Colombia, y le han propinado una derrota.

Termina así la primera fase de una prolongada y continúa lucha, afrontada por diversidad de organizaciones sociales, en contra del cierre en el 2001 del que por décadas fue el principal centro de salud del país. Ahora, de acuerdo con el doctor Arango, inicia otra etapa de esta misma lucha: presionar y vigilar para que este fallo no quede en letra muerta. En eso él tendrá una gran responsabilidad como miembro del comité de vigilancia para que se cumpla con lo dispuesto en el fallo y la ley.

La alegría debe ser de muchas y muchos. Que quede claro que luchar por el derecho a la salud es difícil, prolongado, con muchos altibajos, con muchas rupturas, pero que también deja el grato sabor del triunfo, para forjar una sociedad garante de este derecho para todos sus miembros.

 


Recuadro 1


Para no olvidar

 

El nacimiento del hoy conocido como Hsjd data siglo XVIII. Durante sus más de 279 años de existencia buscó velar por la salud y el bienestar de los colombianos; en sus instalaciones los más pobres de nuestro país recibieron asistencia médica y de salud de calidad. Para acceder a sus servicios no importaba la región, municipio o ciudad de la cual se procedía.

Por sus características y servicios, en su momento contó con la mejor infraestructura tecnológica e investigativa de Colombia e incluso, se dice, que era un referente para toda América Latina.

Hay que recordar que los hospitales universitarios son de vital importancia para un sistema de salud, pues están concebidos como centros asistenciales y de práctica médica, donde son formados quienes velarán por la salud de millares de personas. Además, estos centros médicos, por sus características y perfil, atienden todo tipo de pacientes, entre ellos a todos aquellos que no cuentan con recursos para ser tratados.

En ellos, además de atención a la persona enferma, también se adelanta investigación en ciencia, al tiempo que se implementan programas de prevención. Universidad y hospital, estudio e investigación, reflexión y relacionamiento con la comunidad, están íntimamente ligados. La relación con la comunidad de su entorno, y de más allá, es fundamental para un centro de estos, pues su personal entiende que la salud no se limita al tema de la enfermedad-cura, sino que tiene que ver con las condiciones de vida, es decir, con alimentación, vivienda, trabajo, y demás factores soportes de la vida.

Publicado enEdición Nº243
20 años del MTST: un hormiguero contra el neoliberalismo

Un movimiento nacido en el neoliberalismo


Campinas, febrero de 1997. Millares de familias llegadas de Hortolândia afincan con palos y lonas una gran área abandonada por muchos años en el margen de la ciudad. La ocupación es bautizada Parque Oziel, en homenaje a Oziel Alves Pereira, el más joven entre los trabajadores rurales asesinados en la Masacre de Eldorado de Carajás por la policía militar paranaense (NdT: estado de Paraná) un año antes.

En el mismo período en que ocurre la ocupación de ese pedazo de la periferia de la ciudad, es realizada la Marcha Nacional por la Reforma Agraria, Empleo y Justicia, organizada por el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), mayor movimiento social del continente en aquel momento. Salida de varios estados brasileros, por los pies de millares y millares de trabajadores, la gran Marcha llegó a Brasilia en abril de 1997, exigiendo justicia por la alta criminalización y asesinatos en el campo.

No eran apenas los asesinatos que mataban, a fines de los años 90, a las familias trabajadoras en el medio rural y en la ciudad. Por un lado, el desempleo agudo, la caída brutal del valor de los salarios y la restructuración de la producción, que debilitó el nivel de empleos industriales en las ciudades e hizo inflar los sectores caracterizados por la informalidad y la precariedad. Por otro, la nueva realidad en las grandes metrópolis brasileras: una explosión de favelas, ocupaciones y el crecimiento feroz de la población viviendo en las periferias de las grandes regiones metropolitanas.

Considerando los problemas estructurales de empleo y vivienda, propios del nuevo régimen que se regimentaba en los planes neoliberales, el MST pasa a reflexionar sobre la importancia de afincar raíces en la ciudades. Surgen, de esa reflexión de parte de la dirección nacional y paulista del movimiento, el Movimiento de los Trabajadores Desempleados (MTD) y el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST).

Aunque sea heredero directo del MST, el MTST luego de sus primeros años de consolidación, va afirmando su independencia, tanto en la elaboración política como en los métodos de accionar, apropiándose de elementos de la realidad urbana con los cuales el movimiento rural no se familiarizaba hasta entonces y que la práctica de las ocupaciones en las periferias de São Paulo imponía.

Desde el inicio, los documentos de orientación del MTST demuestran su autonomía como valor central, lo que hace que el movimiento se distinga nítidamente de otras iniciativas populares de la lucha por la vivienda en São Paulo, principalmente de sin techos en la región central de la ciudad en aquella época, que eran asociadas a un proceso general de institucionalización (participación en consejos, dependencia política y financiera de las bancadas y de los gabinetes, etc.), propio de las experiencias de gestión municipal del Partido de los Trabajadores (PT) desde el fin de los años 80.

El MTST utiliza la estrategia de rechazo en la adhesión a ese proceso institucional y se basa en una crítica radical a la adaptación, desde aquel tiempo nítida, de movimientos populares. Posiblemente, por esa característica, es brutalmente criminalizado desde rápidamente enemigo especial de los tucanos (NdT: apelativo de los miembros del Partido de la Social Democracia Brasileira-PSDB) de São Pablo.

“... afirmamos que el MTST no es un movimiento de vivienda. Luchamos por vivienda, pero entendemos que esta lucha es parte de una lucha mayor por condiciones de vida dignas. Es aquí que entra nuestra propuesta de una Reforma Urbana. Defendemos una transformación profunda en el modo como las ciudades están organizadas. Hoy las ciudades sirven para dar lucro y son gerenciadas como una empresa por los gobernantes. Hay gente que gana billones con la expulsión de los trabajadores hacia las periferias y con la precariedad de los servicios públicos. Expulsando los más pobres del centro, los especuladores de tierra y constructoras ven valorizarse cada vez más sus condominios de lujo, predios de oficinas y otras obras. Manteniendo la salud pública precaria, ganan las empresas de planes de salud; manteniendo la educación pública precaria, ganan los dueños de las escuelas privadas; manteniendo el transporte público precario, ganan las grandes empresas de producción de automóviles y así por delante. Así, la bandera de una Reforma Urbana profunda y popular se torna una lucha fundamental contra los intereses del capital”. (Carta de Principios, 2005, p. 4)

De la ocupación Anita Garibaldi en Guarulhos en 2001, pasando por el campamento Carlos Lamarca en Osasco en 2002, duramente reprimido, llegando en la ocupación Santo Dias, en el terreno de la Volkswagen en São Bernardo do Campo, el año en que Lula fue electo por la primera vez presidente de Brasil, son muchas las experiencias que marcarían la trayectoria llena de transformaciones y revaluaciones des esta fase inicial del movimiento.

Las ocupaciones Chico Mendes en Taboão da Serra y João Cândido en la frontera de la zona sur de San Pablo, en 2005 y 2007, son simbólicas de un giro y de una maduración organizativa [1]. Bajo la amenaza de desalojo de la ocupación Chico Mendes, los militantes del movimiento hacen una huelga de hambre en frente al predio de Lula en São Bernardo do Campo, exigiendo que el gobierno federal interviniese en la decisión de la justicia de retirar las familias del terreno. En este momento, la prensa burguesa ya conocía de cerca el movimiento y cubría con gran destaque sus acciones.

Un movimiento nacionalizado en los gobiernos del PT


Es nítido que, en esa década inicial, el MTST se presenta como algo nuevo. No refleja las características de los movimientos urbanos de los años 1970, inspirados en las Comunidades Eclesiales de Base, como el Movimiento Costo de Vida y el Movimiento Popular de Salud, entre otros motivos, por las propias transformaciones en el suelo urbano experimentadas después de ese período; tampoco se inspiraba directamente en el MST o en el movimiento sindical (especialmente la CUT-Central Única de los Trabajadores) de los años 90, por el propio proceso de independencia política que caracterizó su crecimiento.

Sus acciones y resoluciones reflejaban, casi obligatoriamente, sobre el papel de las luchas sociales en el régimen neoliberal y todos los impasses políticos de esa nueva fase de acumulación. Por eso, se tornó un movimiento que cuestionaba, de modo innovador, sobre el papel del Estado en el siglo XXI y las relaciones democrático-institucionales desgastadas, ya experimentadas por los movimientos sociales de la órbita petista.

Durante esa maduración político, el MTST pasó a promover acciones en diversas otras regiones de Brasil por medio de la creación de nuevos grupos de actuación, como en Pará, Roraima, Amazonas, Sergipe, Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais y Distrito Federal.

Bajo el análisis de que la relación de representación de la clase trabajadora, principalmente no organizada en categoría sindicales, que menguaba la base propia del movimiento, sufría un desgaste como el PT, el MTST pasa a tener más vínculo con iniciativas como la Conlutas, justamente porque el potencial agregado de sectores rompidos con el gobierno reconfiguraban un frente único de trabajadores en Brasil. En 2010, el movimiento ayuda a fundar la Central Popular e Sindical – Coordinación Nacional de Luchas (Conlutas), rompiendo con ella sobre la base de críticas a su dirección dos años después [2].

“... Nunca colocar la lucha y el poder político institucional (partidos, elecciones, voto, cargos en el gobierno, etc.) como parte principal del movimiento. No sólo debemos establecer alianzas y apoyos con partidos y políticos que puedan colaborar con el avance de nuestra lucha, sin nunca perder ni subordinar nuestros objetivos y nuestras formas de lucha”. (Cartilla del militante del MTST, 2005).

En la segunda gestión del gobierno Lula, que iniciaba justamente esa fase, Guilherme Boulos, por entonces ya coordinador del movimiento, declara en una entrevista a una corriente del PSOL (Partido Socialismo y Libertad):

“No veo ninguna señal de cambio importante en la política del gobierno Lula para el próximo mandato. Pienso que será completamente fiel del primero: más reformas neoliberales, más cortes de inversión, más dinero para los inversores financieros. Las elecciones servirán para mostrar la fuerza que todavía preserva la figura mesiánica de Lula, principalmente cuando es apoyado y financiado por el gran capital. Pero es posible obtener conquistas para el pueblo pobre a través de movilizaciones unitarias de los movimientos populares” [3].

Un año después de la reelección, en 2008, el gobierno Lula lanza el Programa Mi Casa, Mi Vida (PMCMV) por medios del Ministerio de las Ciudades. El número creciente de ocupaciones y la nacionalización del movimiento fuerzan al MTST a presionar al gobierno para que asuma el compromiso de incluir a las familias acampadas en el nuevo programa y a crear políticas efectivas de reforma urbana.

Sobre este punto, es preciso decir que es nítido el fracaso de la Reforma Urbana como horizonte presente entre las políticas del gobierno federal petista, algo que las movilizaciones y protestas de Junio de 2013 demostrarían más adelante. La opción por el crecimiento intensivo del sector empresarial de la construcción civil y consecuente incorporación concentrada en las metrópolis, un sistema absolutamente inédito de finaciarización de la producción y del consumo de inmuebles en el país, alarmó a niveles decadentes de vida en las grandes ciudades, especialmente para el proletariado.

El PMCMV, lejos de ser una excepción a esa realidad, operó como su alabanza. Un programa diseñado y construido por las empresas constructoras en conjunto con la dirección de la Caja Económica Federal definió como sería, a lo largo de la década de implementación, la fuente unívoca de las políticas habitacionales para la población de baja y media renta.

El Programa contrató 4,2 millones de unidades habitacionales hasta el inicio de 2016, de las cuales 2,7 millones fueron entregadas efectivamente. Se contabiliza que, en los 7 años de implementación, el programa invirtió R$300 mil millones. Es un número que hace, en la proporción del tiempo, lo convierte en el mayor programa habitacional de la historia del Estado brasilero.

A pesar de ser usado como argumento déficit habitacional en Brasil por los gobiernos Lula y Dilma, el PMCMV no respondió, en primer lugar, por la suplencia de la demanda de vivienda de los sectores más pauperizados de la sociedad. Por el contrario, en gran medida fue estimulado como línea de crédito popular para el financiamiento de casas y apartamentos para familias de renta media.

En segundo lugar, fue utilizado como el gran laboratorio de la política neoliberal de transferencia de administración casi integral para el sector privado de una política pública en larga escala, todo bajo la égida de los recursos públicos venidos del fondo de garantía. Para los grandes grupos empresariales que protagonizaron el Programa, los riesgos de entrar en el mercado de la vivienda popular fueron casi cero, con derecho de reapropiarse de los inmuebles en caso de morosidad.

De todos los efectos nefastos de la política neoliberal implementada en esos años, sea por cuenta del PMCMV, sea en razón de la ampliación del crédito inmobiliario, la onda inédita de valorización del suelo urbano a nivel nacional es la más catastrófica, creciendo siempre muy arriba, en todas las ciudades, de los índices de inflación a lo largo de los años.

Las metrópolis brasileras se tornaron más injustas, más fragmentadas y mucho peores para vivir. Las estadísticas habitacionales, el aumento del número de “techos construidos”, no consiguen mapear los verdaderos índices del escenario urbano en Brasil: la peor sensibilidad de calidad de vida en las ciudades, de la mercantilización del espacio y de los servicios en general, arraigados en una nueva supremacía del capital financiero.

La medida política compensatoria vendría con la edición del PMCMV Entidades, una ínfima parcela del programa que, a partir de 2009, fue implementada y dirigida a los movimientos sociales de vivienda. Bajo esa modalidad, el recurso para la construcción de habitaciones pasó a ser gerenciado por las entidades representativas de los movimientos populares, que poseen autonomía para contratar empresas constructoras o promover planes de construcción, aumentando la calidad de las obras (infraestructura y localización de los terreno) con un costo más bajo en comparación a las unidades producidas por la modalidad administrada directamente por las constructoras. Incluso presentando resultados superiores, la modalidad Entidades tiene un ritmo mucho más lento de negociación, contratación y construcción, habiendo relativamente pocas experiencias de entrega de unidades hasta su segundo ciclo en 2015.

Ampliando las regiones y haciendo ocupaciones masivas a lo largo de los años que corren esta segunda década del movimiento (ocupación, Pinheirinho, Nova Palestina etc.), el MTST participa intensamente en el episodio de la reintegración de pose de la ocupación del Pinheirinho, en São José dos Campos.

En el año siguiente, a lo largo del mes de las protestas contra el aumento de la tarifa del transporte público en todo Brasil, el MTST, junto al Movimiento Pase Libre, se ubica como polo dinámico y dirigente de las movilizaciones de masa. No apenas, pero especialmente en San Pablo, el movimiento se pone al frente de la convocatoria de los actos de calle y acciones directas. Organiza la base de las ocupaciones, cuando se estima que al menos 50 mil personas participan con las camisetas y banderas rojas del movimiento rumbo al Palácio dos Bandeirantes (NdT: sede del gobierno estadual de San Pablo).

A partir del mes siguiente a Junio, es impresionante el número de ocupaciones de terrenos en las periferias que comienza a expndirse:

“Paraisópolis, Grajaú, Parque Ipê, Jardim Ingá, Parque do Gato, Jardim Ângela, Jardim Pantanal, Sacomã, entre otros. Solamente en la ocupación Vila Nova Palestina, en Jardim Ângela, son más de 8 mil familias. ¿De dónde vino esa masa de millares de trabajadores sin techo? ¿Por qué es que de repente pasaron a ocupar espacios ociosos de la ciudad? La respuesta está en el barril de pólvora que hace años viene creciendo en las grandes metrópolis brasileras. Está cada día más caro vivir en las grandes ciudades, inclusive en sus regiones periféricas. Los índices de valorización de los últimos años son asombrosos” [4].

Montado sobre ese escenario, el movimiento es responsable por la continuidad de junio. En 2014, año de la Copa del Mundo, con la bandera “Copa Sin Pueblo, Todos en la Calle de Nuevo”, el MTST ocupa un terreno en Itaquera, al lado del estadio de la ceremonia inaugural del mega-evento, conocido como Ocupación Copa del Pueblo, atento al hecho de que los mega-eventos sólo acelerarían el proceso de expulsión de los pobres de las grandes ciudades. En Itaquera, los alquileres subieron cerca de 300% en los primeros meses de 2014.

Durante semanas y semanas antes comenzar la Copa, el movimiento pone en marcha más de 30 mil personas en las calles, presionando la negociación con la presidencia de la República. En aquel año también estaba siendo formalizado el Nuevo Plan Director de la Ciudad, con directrices de demarcación zonal de área de interés social para la construcción de vivienda popular en la ciudad.

Además del compromiso arrancado a Dilma de que el terreno de la Ocupación Copa del Pueblo tendría como destino la construcción de un conjunto habitacional popular para las familias, el MTST también consiguió algunas conquistas y alteraciones del Plan Director, después de las movilizaciones frente a la Alcaldía en el período. Todavía, en el mismo año, Lula hace cuestión de entregar al movimiento las llaves de las primeras unidades de la historia del PMCMV-Entidades en Taboão da Serra, conquista de las ocupaciones Chico Mendes y João Cândido, de 2005 y 2007.

“El MTST tal vez sea el que consiguió consolidarse de forma más unitaria y con mayor visibilidad. Nuestra crítica -y ahí entra la táctica de acumulación de fuerzas del movimiento- va en el siguiente sentid: nosotros tenemos la claridad de que los grandes problemas que vive la mayor parte de la clase trabajadora no serán resueltos en las actuales relaciones sociales, económicas y de poder político. Es preciso tener un cambio estructural en la sociedad para construir una vida digna. En ese sentido, nuestra lucha no es pautada por un avance determinado. Ayer (9 de julio), nosotros conseguimos una gran conquista, muy bien, la gente de la Copa del Pueblo va a tener una vivienda, se fortaleció el “Mía Casa, Mía Vida Entidades”, conseguimos avances hasta para la propia política habitacional en el país. Pero eso no basta, es un paso importante, pero eso es un paso más en la acumulación de fuerzas. Nosotros tenemos que llegar al momento -y es en eso que el movimiento cree, y para eso trabaja- en que la fuerza del poder popular podrá lidiar de igual a igual con la fuerza del capital. Ahí nosotros vamos a obtener conquistas en otro nivel. Sólo que no adelanta tener posiciones radicales sin tener condiciones para acciones radicales, eso es gigante con pies de barro. No adelanta tener ideas muy revolucionarias, muy socialistas, si usted no crea las condiciones en la base, desde el punto de vista de fuerza social, para que eso se efectivice [...] El MTST es un movimiento que, en su estrategia, entiende que el capitalismo no va a resolver el problema de los trabajadores, y que es preciso una nueva forma de sociedad, que nosotros no tenemos vergüenza alguna de llamar socialista” [5].

Un movimiento sin miedo de luchar contra el golpe


Ya en la segunda elección de Dilma, considerando, por un lado, la estafa electoral del PT que en días disolvió las promesas de campaña para ganarse apoyo popular, con la implementación de una agenda económica al servicio de los intereses del capital financiero, y, por otro, con el fortalecimiento de la organización de la derecha brasilera, con actos de contenido reaccionario y patrocinados por las fuerzas mediáticas hegemónicas, el MTST capitanea el lanzamiento del Frente Pueblo Sin Miedo (FPSM), conformando un campo amplio, desde la CUT y la Intersindical, desde el Partido Comunista de Brasil (PCdoB) a sectores a la izquierda del PSOL, con el objetivo de consolidar una unidad más sólida en las calles y en las luchas contra los planes de austeridad y el avance conservador. Anticipándose al impeachment en el segundo semestre del año siguiente, el MTST, junto al FPSM, articulan todas las movilizaciones callejeras contra el ajuste fiscal y el impeachment.

Además de la pauta más específica del movimiento, contra la paralización de las obras del PMCMV, que genera la ocupación de la Secretaría de la Presidencia de la República en la misma semana que Temer asume efectivamente, el movimiento realiza, por medio del FPSM, actos en todo Brasil el día 4 de setiembre de 2016, cuando es ejecutado el golpe parlamentario, ganando notoriedad no solo por tornarse el mayor movimiento nacional de sin techos en el país, sino también la principal fuerza política contra el impeachment.

La continuidad en 2017 de la lucha contra el golpe se revela en las movilizaciones contra la reforma laboral y de la previsión social. El FPSM organiza actos y bloqueos de rutas el día de la Huelga General del 28 de abril, compone una gran marcha en Brasilia frente al Congreso Nacional el 24 de mayo, lanza una campaña por “Directas Ya” con manifestaciones y shows, reuniendo artistas de renombre, en la apuesta de que Temer podría caer en unos días, según la prensa, tras el conocimiento de los audios del grupo frigorífico JBS; además de los días de lucha que se sucedieron contra las reformas hasta el día hoy.

Ante el embate político y económico conservador, Pueblo Sin Miedo lanza en 2017, en São Paulo, la iniciativa Barrios Sin Miedo, una táctica local de enraizamiento del Frente en los territorios periféricos para articular luchas regionales y enfrentar con más fuerza al gobierno municipal de João Dória (NdT: alcalde miembro del PSDB) y sus planes de privatización de la ciudad.

Cuando se piensa que no habría más hechos significativos este año, explota en São Bernardo do Campo la ocupación Pueblo Sin Miedo. Con cerca de 12 mil familias (casi 34 mil personas), es considerada la mayor ocupación territorial urbana del país. Mientras tanto, esperan el veredicto del juez responsable del GAORP (sector del Tribunal de Justicia responsable de los conflictos por la posesión de la tierra), quien decidirá (probablemente el 11 de diciembre) sobre el destino de los destino de los habitantes de la ocupación. Ellos están acampados en la Secretaría Estadual de la Habitación exigiendo del gobierno de Geraldo Alckmin (NdT: miembro del PSDB) un alternativa al desalojo.

Sin-Techos y Trabajadores, dos nombres para un sujeto


Una reciente encuesta articulada entre DIEESE (NdT: Departamento Intersindical de Estadísticas y Estudios Socioeconómicos) y la CUT, registra números sobre la ocupación Pueblo Sin Miedo de São Bernardo do Campo, dando una muestra importante sobre la característica de la base social del movimiento, desechando mitos y preconceptos. Evidentemente, los datos colectados son ilustrativos para la realidad de San Pablo, debiendo ser relativizados para el análisis de ocupaciones de otras regiones de Brasil.

La base de la ocupación está formada mayoritariamente por mujeres (54%), negras y negros (61%), jóvenes (26% de jóvenes hasta 14 años y 15% de jóvenes de 15 a 24 años) y nordestinos (34% nacieron en la región, fuera de aquellos que son hijos de migrantes). Muchos cursaron la escuela hasta los 14 años, pero a partir de los 15 hay una caída expresiva, mayor de que la media general de la región metropolitana de San Pablo, siendo que apenas 24% de los ocupantes entre 18 y 24 años estudian.

Casi la mitad de las familias tiene como referencia una mujer (47,7%), que son corresponsables en 61,5% de ellas. Gran parte vive en inmuebles alquilados (69,3%); otras parcelas viven en casas cedidas (21,5%), y muchas familias viven en favelas, en otras ocupaciones y algunas hicieron financiamiento para adquirir casa propia, pero no consiguen pagar los préstamos. El precio de los alquileres cuesta, mayoritariamente, entre $250,00 a R$500,00 (49,2%) y entre R$500,00 y R$750,00 (37,9%).

Importa resaltar el perfil de trabajo encuestado en la ocupación: 73,1% son económicamente activos, contra 62,1% de la tasa de participación de la RMSP (NdT: Región Metropolitana de São Paulo), lo que derrumba el mito de que los sin-techo son vagabundos y no trabajan. La tasa de desempleo es alarmante y representa el doble de la RMSP, cerca del 42%, en comparación con el 18% de la realidad más general. La tasa de asalariados es de 60,4%, en cuanto la de São Paulo es de 68%, lo que significa que más personas en la ocupación tienen trabajo eventual, trabajos domésticos o son autónomas.

Los trabajadores con carta de trabajo firmada son 61% de la población económicamente activa de la ocupación, mientras que en la RMSP este número llega al 88%, lo que refuerza que los trabajos informales y precarios se dan en mayor cantidad entre los sin-techo. La tasa de cobertura previsional es de 65%, en cuanto la de la RMSP es de 73%, aunque muchos ancianos no consiguen jubilarse, así como los enfermos no logran recibir beneficios.

La renta media es de R$1.137,00, versus los R$2000,00 de la media general. Los principales sectores que emplean a esos trabajadores son los servicios 50% (% (contra 59,95% en la RMSP) y el segundo es la industria (23,8%, mientras el 15% en la RMSP), destruyendo el mito de que la clase obrera fabril (considerando que la región del ABC es un polo industrial) representa siempre los trabajadores con mejores salarios y con mejores condiciones de vida.

De las ocupaciones preguntadas en los cuestionarios, las más frecuentes son, en este orden, la de: diariero, empleada doméstica, ayudante general, auxiliar de limpieza, mozo de bar o restaurante, chofer, auxiliar administrativo, operador de máquinas, operador de telemarketing, peón, portero, vendedor ambulante y vigilante.

Preguntados sobre la razón de estar en la ocupación, la gran mayoría afirma el precio de los alquileres (59,4%), porque viven de agregados en otras viviendas (22%) o porque fueron desalojados. El 30% de las familias reciben Bolsa-Familia; el 25% intentaron, sin éxito, inscribirse en programas habitacionales y el 68% nunca consiguieron acceder a esas políticas, ni se inscribieron.

Es curioso notar que, a pesar de expresivo el número de desempleados en la ocupación, incluso los asalariados formales (que no son minoría) sufren la persistencia del problema de la vivienda y del acceso a los derechos sociales en general, como la dificultad del uso del SUS (NdT: Sistema Único de Salud) y de la previsión social. Con el escenario absolutamente defensivo abierto con la reformas que quitan derechos sociales y laborales del pueblo brasilero, es cierto que las dificultades van a aumentar.

Las inestables y precarias relaciones de explotación debilitaron, en estas décadas que pasaron desde la creación del MTST, el proceso de identificación y organización tradicionalmente sindicales del proletariado a partir del ambiente de trabajo. Al mismo tiempo, todo ese proceso de restructuración también ganó una dimensión espacial nueva, inflando las periferias y haciendo brotar identidades geográficas (pero también raciales y de género) a partir de los locales de reproducción de la vida No es tan fácil, ni tan bonito como puede parecer.

La identidad espacial del proletariado más explotado y oprimido en las grandes metrópolis, la condición periférica, no alcanza directamente la contradicción entre capital y trabajo presentes en la producción inmediata. Pero es imposible cerrar los ojos, en toda América Latina, ante las grandes luchas de potencial anticapitalista que se hace a partir de la tierra (sea en el campo, las selvas o en las ciudades), como reacción al movimiento del capital de colonizar el espacio para resolver su crisis de reproducción. Esta crisis del capital se torna, inevitablemente, en crisis de reproducción social.

El MTST, hoy, representa la práctica más radicalizada de defensa de las ciudades, al mismo tiempo en que fue el polo articulador de la unidad de acción contra todos los ataques más recientes que los derechos sociales y laborales sufridos.

Es preciso comprender las experiencias vividas en estos veinte años, apostando en la defensa hecha por el movimiento desde el origen, de un modelo de producción y de vida urbana anticapitalistas, radicalmente diferentes de las experiencias de conciliación con el capital de los años del PT, sin miedo de ser grande y dejar, con eso, de enfrentar implacablemente el empeoramiento de la situación política pos-golpe.

¡Larga vida al MTST, un hormiguero contra el neoliberalismo!

Por Carolina Freitas
Esquerda Online

 

Notas


[1] El MTST hizo en Encuentro Estadual en 2007 que es decisivo en ese proceso de cambios: la ampliación territorial del movimiento es deliberada y las ocupaciones nuevas pasan a ser extendidas en nuevas ciudades del estado de San Pablo, no necesariamente en la región metropolitana, lo que fuerza una relación de tensión permanente con el gobierno federal. Además de las ocupaciones, muchos trancazos paralizando las principales rutas de circulación de mercaderías en San Pablo, son hechos para impedir la reintegraciones de los terrenos ocupados, es decir, los desalojos. Un año después, el movimiento da un paso adelante y, efectivamente, adquiere un carácter nacional.
[2] Carta de Salida del MTST de la CSP-Conlutas. Disponible en: http://psol50sp.org.br/blog/2012/07/15/carta-do-mtst-de-saida-da-csp-conlutas/
[3] https://www.lsr-cit.org/2006/11/01/o-mtst-e-mais-do-que-um-movimento-por-moradia/
[4] BOULOS, Guilherme. ¿Por qué Ocupamos? Una introducción a la lucha de los sin-techo. Sao Paulo: Scortecci, 2014. p. 75.
[5] Entrevista de Guilherme Boulos a la Revista Fórum, en 23/06/2014. Disponible en: https://www.revistaforum.com.br/2014/06/23/guilherme-boulos-nossa-cor-e-cor-vermelha/

Traducción: Ernesto Herrera, para Correspondencia de Prensa.

Publicado enInternacional
Jueves, 05 Octubre 2017 16:05

Pilotos de Avianca, pelea por las nubes

Pilotos de Avianca, pelea por las nubes

Una nueva marcha, un nuevo paro: ¡Viva la huelga legal y legitima! ¡Viva!, ¡Quienes somos! ¡Unión y fuerza! Son parte de las consignas que se escuchan en algunas calles de Bogotá desde el pasado el lunes 18 de septiembre, coreadas por parte de los pilotos de Avianca, cansados de su situación laboral decidieron realizar un paro para exigir respeto a sus derechos.


No son los de siempre. En las calles no están los de manos recias y callosas por trabajar la tierra; tampoco los de mochila y tenis. Quienes están ahora en las calles visten de traje y corbata. No trabajan en el campo, tampoco en las fábricas; no están en las aulas de clase ni en las calles rebuscándose el día a día; quienes ahora protestan y exigen mejores condiciones laborales viven literalmente en las nubes.


¿Qué exigen?


Los pilotos de la aerolínea exigen lo que cualquier trabajador necesita para vivir dignamente: salario justo, en este caso que los homologuen con los pilotos de la empresa con base operacional en otros países, en este caso Perú; regulación laboral donde se establezca, claramente, los horarios de trabajo –reclaman que la empresa publique el itinerario mensual por piloto–, las horas para descanso, y que quien regule su labor sea el Ministerio de Trabajo y no la Aeronáutica Civil, como ahora sucede; eficiencia operacional; afiliación a la salud vitalicia, entre otras múltiples reivindicaciones (*).
Gobierno y patronal, de la mano.


“No tengan duda de que los responsables van a pagar por lo que están haciendo”, fue la respuesta de Germán Efremovich –dueño o accionista mayoritario de la empresa–, ante la actitud digna de los pilotos, decididos a prolongar su jornada de lucha hasta lograr sus propósitos.


Como si el capitalista mayor estuviera hablándole al oído al Gobierno, el 28 de septiembre el Ministerio de Trabajo expidió una resolución por medio de la cual autoriza instalar un tribunal de arbitramento; alegre la patronal, preocupados los trabajadores, quienes alegan que tal citación es ilegal toda vez que la ley autoriza 60 días de cese de actividades para, ahí sí, darle vía libre al tribunal. Ministerio de Trabajo y empresariado alegan que el transporte es un servicio público esencial y, por lo tanto, un sector donde los trabajadores no pueden parar. Los acompañan en su cuita los grandes medios de comunicación (ver recuadro, La pauta pesa), quienes al unísono, repiten una y otra vez que el paro es una insensatez, que “...con esa actitud están perjudicando a todo el país!”.

Juego sucio. Como si fuera poca esta inclinación del poder a favor de su par, el 3 de octubre la Aeronáutica Civil, autorizó a la patronal para contratar hasta 800 pilotos extranjeros por un periodo de tres meses, para que así “...normalice sus operaciones...”. La empresa informó, de inmediato, que con noviembre llegarían los primeros 100 pilotos, mexicanos y estadounidenses. Rompe huelgas conoció la historia fabril por montones, en diversos años y episodios, pero hacía años que no eran tan notorios, mucho menos en un oficio de alta calificación, lo que evidencia que estamos ante un mundo del trabajo totalmente transformado, uno donde los trabajadores son ilustrados, sometidos, pese a ello, a las mismas circunstancias que vive y padece cualquier obrero raso.


Ante los tribunales


Mientras la disputa entre patrón y trabajadores se agudiza, los tribunales se transforman en el escenario fundamental para decidir sobre este conflicto. Por un lado, Avianca interpone una demanda de ilegalidad del paro, de la cual tiene que fallar el Tribunal Superior de Bogotá el miércoles 4 de octubre.


Al mismo tiempo, y por igual camino, los trabajadores interponen el martes 3 de octubre una tutela que reclama el derecho a la huelga, de la cual tiene que dar cuenta el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en un máximo de diez días.


De esta manera, una disputa que para los trabajadores en general, no solo los pilotos en huelga, debería ser fundamental pues en este paro están en juego sus derechos, además de la solidaridad efectiva, de la reivindicación de la justeza y necesidad de sindicalizarse, de la preeminencia de los derechos básicos sobre el capital privado, queda reducida a un alegato judicial donde un juez fallará sin el contexto de una movilización generalizada de diversos sindicatos por el respeto y derecho a la huelga y, de seguro, con la espada de Damocles del capital apretándole su pecho.


Lucha desigual que, de tener un mal resultado para los trabajadores, pesará de manera negativa en el futuro inmediato y mediato del mundo sindical colombiano. Hoy, como no sucedía desde hace muchos años, la solidaridad de sus pares es indispensable, tanto para que aquellos que están en paro sientan que no están solos, como para comunicarle al país que sindicalizarse y que luchar paga.


Recuadro


La pauta pesa


Ante la huelga, los medios toman partido. En la mayoría de cadenas mediáticas enfatizan que “...la huelga es innecesaria”, que “...perjudica al país...”, que “...es un procedimiento con el cual los pilotos siempre amenazan al país...” –no a la patronal–; medios que, además, banalizan la información y ridiculizan las peticiones de los pilotos, para que, de esta manera, la opinión pública tome partido a favor de la empresa y en contra de quienes hacen respetar sus derechos.


Los negocios primero. El papel de los medios en este caso realza sin vergüenza alguna que las millonarias pautas publicitarias que cancela Avianca a distintas cadenas de radio, televisión y prensa escrita, pesan en una situación como la del paro. En este suceso, los medios se convierten, una vez más, en el arma de desinformación para legitimar a los dueños de la empresa, para legitimar la violación de los derechos de los trabajadores, para legitimar los malos salarios, las jornadas de trabajo sin límites precisos, en fin, para legitimar el conformismo y el individualismo.


Manipulación mediática que evidencia, una vez más, que los trabajadores, así como los sectores mayoritarios en general que aspiran a una vida en justicia y dignidad, si de verdad aspiran a desnudar a su contrario, levantando alternativas informativas y educativas para sus pares, requieren de un sistema informativo integral. Es inaceptable que una y otra vez, uno y otro sector social, dependan de los mismos capitalistas, a quienes confrontan, para que le informen al país sobre sus luchas. ¿Podrán contarle al país lo que realmente sucede en uno o en otro escenario?

Referencias
(*) http://www.acdac.org.co/noticias-acdac/item/3885-pliego-de-peticiones-2017

 

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21 de septiembre de 2017

 

 

Publicado enColombia
Domingo, 10 Septiembre 2017 08:53

Latifundio y negación del derecho a la tierra

Latifundio y negación del derecho a la tierra

La concentración de la tierra en Colombia, cada vez en menos manos, recuerda y hace evidente lo dicho por el papa Francisco: “La reforma agraria es además de una necesidad política, una obligación moral...”. Según él, la solidaridad universal, invocada ampliamente como solución general a los problemas del mundo contemporáneo es “insuficiente si no se acompaña de justicia en la distribución de las tierras, en los salarios agrícolas o en el acceso al mercado”.

Según el análisis de Oxfam* sobre la propiedad y uso de la tierra en Colombia, publicado el pasado 4 de julio de 2017 bajo el título “Radiografía de la desigualdad”, estudio elaborado a partir del análisis del más reciente censo nacional agropecuario y su comparación con censos de varias décadas atrás, resalta el hecho de que después de 50 años de guerra Colombia permanezca como el país más desigual de Latinoamérica en materia de distribución de tierras. El 1 por ciento de las explotaciones de mayor tamaño (Unidades de Producción Agrícola, UPA, de más de 500 hectáreas) manejan más del 80 por ciento de la tierra, mientras que el 99 restante se reparte menos del 20 por ciento. Dichas cifras son alarmantes teniendo en cuenta que el acceso a la tierra está en las raíces más profundas del conflicto armado colombiano y que tal aspecto figura como uno de los puntos centrales en la agenda de los acuerdos pactados entre las Farc y el gobierno nacional.

 

 

Proceso histórico de despojo y concentración

 

El análisis compara los censos agropecuarios realizados en 1960 y 1970, así como datos del Instituto de Geografía Agustín Codazzi, concretando una síntesis de la estructura agraria nacional entre 1960 y 2014, análisis que muestra como en las últimas dos décadas la ampliación de la superficie productiva se ha concentrado en las UPA de mayor tamaño. Las explotaciones de más de 500 hectáreas pasaron de 5 millones en 1970 (el 29% del área total censada) a 47 millones en 2014 (el 68%), su tamaño promedio también ha aumentado pasando de menos de 1.000 hectáreas en 1960 a 5.000 hectáreas en 2014.

Esto no es todo, si vamos más allá, es decir a la punta de la pirámide, encontramos que las UPA mayores de 5.000 hectáreas en promedio tienen 17.195 hectáreas de tamaño y ocupan el 60 por ciento del área total censada. Por otro lado la tierra de los minifundios campesinos se ha disminuido a la mitad: en 1970 los minifundios de menos de cinco hectáreas representaban el 64 por ciento del total de UPAs y ocupaban el 5 por ciento de la superficie censada. Hoy componen el 70 por ciento pero apenas manejan el 2,7 por ciento de la tierra productiva. (Ver gráfico 2).

 


Relacionado con esto, según el informe, la informalidad en el régimen de propiedad es uno de los problemas más extendidos, pues aunque la mayoría dice vivir en una tierra propia apenas el 2 por ciento de los municipios del país cuenta con la mayoría de propiedades registradas. De ello llama la atención que el 42.7 por ciento de las UPAs, de más de 2.000 hectáreas haya declarado no saber la situación de tenencia, sabiendo que estas ocupan 40,6 millones de hectáreas, se trata de una extensión muy significativa donde no hay certidumbre acerca del régimen de tenencia. Según Oxfam, esto podría estar relacionado con dos problemas: por un lado, irregularidades en la forma de apropiación y, por otro, la evasión fiscal, pues no se estarían recaudando impuestos prediales por estas tierras. Preocupante y acelerada tendencia a la concentración de la tierra en grandes extensiones y acaparamiento de una fracción cada vez mayor del territorio a costa del desplazamiento de las explotaciones pequeñas y medianas.

 

Conflictos en el uso del suelo

 

El censo comprendió 111,5 millones de hectáreas, 43 millones de ellas, el 38 por ciento, tiene un uso agropecuario, y el 56,7 por ciento bosques naturales. Adicional a esto, se registra que a finales de 2012 fueron suscritos 9.400 títulos mineros que ocupan 5,6 millones de hectáreas. 3.760 se encuentran en explotación utilizando 2 millones de hectáreas.

De las hectáreas en uso agropecuario 34,4 millones, es decir el 80 por ciento, están dedicadas a la ganadería, frente a 8.5millones (el 20%) dedicadas a la producción agrícola. (Ver Grafico 4). Este fenómeno tiene relación con el tamaño de las UPAs pues el uso del suelo varía mucho en función del tamaño de la explotación: las pequeñas fincas son las que mayor superficie dedican a la producción agrícola, el 60 por ciento en el caso de las UPAs de menos de 10 hectáreas. Mientras que las grandes fincas, por el contrario, destinan la mayor cantidad del suelo a la ganadería, hasta un 87 por ciento en fincas de más de 1.000 hectáreas.

Oxfam recomienda que, de acuerdo a las características del suelo, solo 15 millones de hectáreas estén dedicadas para ganadería dejando un excedente de 19,4 millones de hectáreas que podrían ser utilizadas para otros usos, 13 millones para agricultura y 6 millones para conservación.

El estudio también evidencia que en Colombia hay más tierra para las vacas que para los campesinos. En efecto, como ya dijimos 34,4 millones de hectáreas se dedican a la ganadería, si el hato ganadero se compone de 20,4 millones de cabezas de ganado, cada vaca dispone de 1,6 hectáreas de tierra. El grueso de los habitantes del sector rural que tienen una Unidad de Producción Agropecuaria (UPA) menor a 5 hectáreas, representan el 70,9 por ciento del total y apenas ocupan el 2,4 por ciento del área productiva (un millón de hectáreas), es decir un promedio de 1,4 hectáreas por residente. En contraste, en las grandes fincas de más de 500 hectáreas, hay vacas que pueden pastar en áreas superiores a las 3,5 hectáreas cada una, las cuales representan el 0,4 por ciento de las UPA y abarcan el 65,1 por ciento del área productiva. De esta manera, casi la mitad de las UPAs –excluyendo los territorios indígenas– tiene menos de 1,6 hectáreas, lo que significa que un millón de explotaciones campesinas tiene un tamaño inferior de tierra de la que dispone una vaca en Colombia.

También se evidencia que hay más tierra para cultivos agroindustriales –café, palma africana y caña de azúcar– y menos para alimento humano. En las últimas décadas, los cultivos permanentes destinados en lo fundamental a la exportación, ocupan el 75 por ciento de la superficie total cultivada, desplazando a los cultivos transitorios que ocupan hoy apenas el 16 por ciento de la superficie total cultivada. Como consecuencia de esto, Colombia tiene que importar una gran cantidad de alimentos para suplir la demanda interna intensificando su pérdida de soberanía alimentaria.

Los grupos étnicos, otro enfoque del informe, habitan el 35,7 por ciento del área total censada, 39,9 millones de hectáreas, de las cuales los indígenas agrupan el 84,2 por ciento, y las comunidades negras el 15,7. En este caso, tanto para unos como para otros, predomina el cuidado de los bosques, el 90,8 por ciento del suelo que habitan –36,2 millones de hectáreas– respecto a un 6,9 por ciento –2,8 millones de hectáreas– dedicadas a uso agropecuario, hecho que demuestra el rol protagónico que juegan las comunidades en la conservación del medio ambiente.

 

Brechas de género

 

El 26 por ciento de las explotaciones manejadas por personas naturales está a cargo de mujeres, el 61,4 por ciento a cargo de hombres y el restantes 12,6 por ciento es mixta. Pero las explotaciones a cargo de mujeres son más pequeñas: predominan de menos de 5 hectáreas y con menor acceso a maquinaria, crédito y asistencia técnica.

 

¿Éxito en la política agraria de las elites?

 

Si lo vemos en perspectiva, el acaparamiento de la tierra y el desplazamiento de los pequeños y medianos productores rurales responde a una estrategia histórica, consciente, de las elites y el gran capital en Colombia. El desarrollo del campo nacional, mediante la gran empresa y el desplazamiento del campesinado, fue la propuesta presentada en los años 60 de siglo XX por el economista canadiense Lauchlin Currie, asesor de varios gobiernos, cuyas concepciones aún dirigen la política agropecuaria del país y marcan la visión de destacados economistas y políticos criollos.

Para Currie el problema agrario colombiano estaba configurado por la debilidad de la demanda de la producción agraria y el exceso de población campesina. El camino para conseguir “el desarrollo económico acelerado” consistía en atraer población rural hacia las ciudades, utilizando para ello programas que generaran empleo urbano masivo (construcción), con salarios más altos que los ingresos campesinos, de manera que la agricultura comercial se deshiciera de la competencia campesina al mismo tiempo que obtenía una mayor demanda de sus productos por el incremento de la demanda urbana.

Con “Las cuatro estrategias” del presidente Misael Pastrana (1970-74), tal propuesta se convirtió en un programa de gobierno. El intento de reforma agraria liderado por su antecesor (Carlos Lleras Restrepo, 1966-1970), fue enterrado por el Acuerdo de Chicoral (Ley 4 de 1973), y como vemos en las cifras empieza a tener éxito desde 1984 (ver gráfico 3). El crecimiento de la agricultura empresarial, en realidad, ya había adquirido cierta dinámica en la década de 1960, al principio se proyectó hacia la exportación y tuvo un crecimiento con interrupciones que parecen guardar cierta relación con las espirales de violencia las secuelas de las crisis económicas de 1974, 1981, 1990, 2001 y en forma drástica entre 2007-2012. De igual manera, con la apertura económica decretada durante el gobierno de César Gaviria (1990-94), los cultivos transitorios –en especial los cereales y el algodón– entraron en decadencia.

 

 

Adicional a esto, no podemos pasar por alto que la transformación de la estructura agraria tuvo sus repercusiones en el crecimiento urbano vivido durante la segunda mitad del siglo XX, coincidente con las dinámicas del conflicto armado (ver gráfico 5); proceso que conllevó grandes cambios en el reordenamiento social, político y cultural de la ciudad colombiana, la mayoría de ellas expandidas por el arribo forzoso de millones de pobladores rurales usurpados en sus propiedades por terratenientes y sus sicarios, o por los créditos bancarios. Nuestras ciudades fueron construidas, no como resultado de un plan de mediano y largo plazo sino como resultado de la presión de muchas familias por resolver el acceso a techo, construcción hecha a pulso, con grandes improvisaciones, sin conexiones adecuadas para los servicios públicos ni vías para el transporte público. La imagen de decenas de barrios de lata, madera y paroi, verdaderos cinturones de miseria, llenaron el paisaje de todas las ciudades en la década de los 70 y 80.

Tensiones y luchas por el derecho a tierra y techo que no pararon ahí, pues el desplazamiento al interior de las mismas ciudades también tomó forma: miles de familias terminaron pagando arriendo, habitando inquilinatos, y desde allí seguían presionando por el derecho a techo.

¿Y el trabajo? Lo diseñado por Currie no cubrió toda la mano de obra disponible y mucha de ella terminó en la economía informal, dedicada al más craso rebusque, comercializando distinto tipo de alimentos y mercancías, abriendo espacios –sin percatarse de ello– para el sector financiero y para las multinacionales de alimentos que ahora, ante la menor oferta que llegaba desde el campo, encontraba espacio libre para sus productos. Todos estos impactos en lo urbano, son la otra cara de la moneda de dicha política hegemónica sobre el campo colombiano, las cuales aún estamos viviendo.

Ante este panorama, los acuerdos de paz firmados a finales del 2016 entre Gobierno y Farc, apenas si refrescan de manera tenue el modelo agrario dominante en Colombia. La situación es tal que todo parece indicar que el conflicto armado fue funcional a este proceso de acaparamiento de tierra, el cual todavía no culmina –como lo evidencia la ley Zidres y los proyectos hoy diseñados para incorporar a la economía mundial a la altillanura colombiana –vía los monocultivos. Es esta realidad la que hace vigente la máxima del académico Héctor Mondragón (2013): “En Colombia no hay desplazados porque hay guerra, hay guerra para que haya desplazamiento”1.

 

Por hacer

 

Según Oxfam, el actual problema del acaparamiento improductivo de la tierra en Colombia no puede ser reemplazado por acaparamiento productivo. La única forma de cumplir con lo pactado en los acuerdos de paz es situar los objetivos de restitución y redistribución de la tierra en el centro de cualquier política agraria y de desarrollo rural, con medidas mucho más contundentes, eficaces e integrales a las que se adoptaron en el pasado.

* Oxfam (2017) Radiografía de la desigualdad: Lo que nos dice el último censo nacional agropecuario sobre la distribución de la tierra en Colombia.
1 Mondragón H. (2013) La receta Currie. Caja de Herramientas virtual N° 00339

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María Silvestre

 

Eduardo Azumendi

 

María Silvestre, socióloga y profesora de la Universidad de Deusto, cree que los avances legislativos han favorecido que se cree la falsa apariencia de igualdad real, cuando muchas veces “la igualdad solo es formal o legal”

 

María Silvestre, socióloga, profesora de la Universidad de Deusto y exdirectora del Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde, cree que aún queda machismo para rato. Silvestre mantiene que no existe conciencia crítica hacia la desigualdad, precisamente, porque “el espejismo de la igualdad está ampliamente difundido”. Cuando se acerca la celebración del Día Internacional de la Mujer (el próximo 8 de marzo), la socióloga lamenta la demonización que hace la sociedad del feminismo. “El problema del feminismo como teoría es que te interroga, te obliga a cuestionarte tu forma de ver el mundo, tu forma de relacionarte con los demás, tus propias elecciones y principios. No me extraña que incomode, ya que si atiendes a lo que el feminismo te interroga, tarde o temprano tendrás que salir o alejarte de tu zona de confort”.

 

¿Queda machismo para rato?

Me temo que sí. El machismo expresa una serie de valores que forman parte de nuestro legado cultural y social. El machismo es una de las formas de legitimar la desigualdad entre mujeres y hombres. La brecha salarial, la feminización de las medidas de conciliación es machista, la segregación educativa y profesional, la ausencia de las mujeres en los ámbitos de decisión, la violencia contra las mujeres, las agresiones sexuales, la trata, la mutilación genital... todos estos fenómenos se fundamentan en la cultura patriarcal y machista. Mientras pervivan, pervivirá el machismo

Los chicos y las chicas tienen los mismos estereotipos sexistas que había hace 50 años. Parece que se reproducen los esquemas de la desigualdad sin solución de continuidad

Muchos de los estereotipos han cambiado y evolucionado, porque también ha cambiado en los últimos 50 años el papel social que las mujeres desempeñan y la identidad asociada al hecho de ser mujer. Sin embargo, otros estereotipos persisten: el cuerpo de las mujeres sigue estando cosificado y su sexualidad es una cuestión que muchas veces les es ajena o expropiada. Tampoco ha cambiado el valor social que atribuimos a lo masculino y a lo femenino, lo que explica por qué hay tan pocos referentes de mujeres en el conocimiento, el arte, la política, la economía... No es porque no existan, sino porque no se visibilizan porque se les niega su valor. También persisten estereotipos vinculados a los cuidados; la feminización del cuidado (tanto de menores, como de mayores y dependientes) es una tarea pendiente que, mientras persista, mantendrá a muchas mujeres en un marco de mayor vulnerabilidad. Y entre los jóvenes persiste el estereotipo del amor romántico, la creencia de que los celos son una forma de manifestar amor y no una forma de ejercer control y la diferente atribución de roles sexuales que siguen dándole al varón un papel activo y dominante y a la mujer un papel más pasivo y receptor.

¿Cree que este aumento de las oportunidades para las mujeres es más apariencia que realidad? Es decir, ¿Qué vivimos en un espejismo de igualdad, una especie de burbuja?

Como decía antes, en los últimos años se ha avanzado mucho. Uno de los grandes avances que hemos vivido se refleja en la legislación en torno a la violencia de género y las políticas de igualdad. Sin embargo, esa misma legislación, tan necesaria (aunque mejorable) ha favorecido que se cree la falsa apariencia de igualdad real, cuando muchas veces la igualdad solo es formal o legal. Las personas jóvenes son educadas en la igualdad de derechos y acceden de forma igualitaria a la educación. Sin embargo, hay todo un currículo oculto en la formación que no llega a ser consciente: las expectativas que el profesorado proyecta en los chicos y las chicas, el uso del espacio, el valor atribuido a unos y otras, la oferta y asignación de extra-escolares, la elección de materias optativas. En suma: la segregación educativa que responde a identidades de género que siguen transmitiendo una división sexual del trabajo y del papel social que mujeres y hombres deben desempeñar. El problema no es la diferencia, el hecho de ser mujer u hombre, sino construir a partir de esa diferencia la desigualdad. Y esa desigualdad sigue edificándose a partir de las identidades (plurales) de género. Para constatar que mujeres y hombres no tienen las mismas oportunidades solo hace falta consultar, por ejemplo, las tasas de paro y de precariedad laboral desagregadas por sexo.

 

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¿Los jóvenes carecen de conciencia crítica hacia la desigualdad?

No se puede generalizar porque hay gente joven que ha recibido la formación y la información necesaria y tiene conciencia de género y apoya las reivindicaciones feministas, pero son una minoría. No existe conciencia crítica hacia la desigualdad, precisamente, porque el espejismo de la igualdad está ampliamente difundido. Mucha gente joven considera que la desigualdad entre mujeres y hombres es algo que pertenece al pasado y que afecta solo a otras generaciones de mujeres más mayores. Sin embargo, la desigualdad persiste, y lamentablemente, lo hace también entre la gente joven.

En su momento dijo que la palabra feminismo ponía nerviosa a la juventud? ¿Sigue siendo así?

Es una palabra que no solo pone nerviosa a la juventud. Es una palabra que incomoda. El feminismo es un movimiento social y es una teoría analítica que recurre a la categoría de género para analizar, entender y proponer cambios en nuestra sociedad. Si las identidades de género son construidas, estas pueden deconstruirse y crearse de nuevo. El problema del feminismo como teoría es que te interroga, te obliga a cuestionarte tu forma de ver el mundo, tu forma de relacionarte con los demás, tus propias elecciones y principios. No me extraña que incomode, ya que si atiendes a lo que el feminismo te interroga, tarde o temprano tendrás que salir o alejarte de tu zona de confort.

¿Por qué los jóvenes rehúyen de este concepto e incluso lo demonizan?

Si los jóvenes demonizan el concepto es porque la sociedad lo demoniza. No es un rechazo o negación que provenga de la juventud. Es un rechazo y negación mucho más amplia y mayoritaria. Nuestro marco normativo y de valores se construye sobre bases patriarcales y la ideología patriarcal tiene muchas formas, a veces claramente manifiestas y otras muy sutiles, de desacreditar el feminismo y a las feministas. El feminismo ha realizado una rica crítica social y ha propuesto medidas de justicia social para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. Las propuestas que lanzan los feminismos persiguen equipar en derechos y oportunidades a mujeres y hombres. Así definido, es difícil entender la “mala prensa” que tiene, a no ser que seamos conscientes de que es intencionado su descrédito por quienes se resisten a superar la desigualdad existente.

Contra la violencia de género, ¿más políticas de igualdad?

Contra la violencia de género hacen falta muchas medidas. Una primera cuestión es, precisamente, ser conscientes de que la violencia que sufren las mujeres es una manifestación de la desigualdad existente entre mujeres y hombres, por tanto, las políticas de igualdad deben tener un papel predominante y fundamental en la erradicación de la violencia de género. Ahora bien, las políticas de igualdad deberán trabajar la prevención, sensibilización y la educación en valores igualitarios, por lo que se ven forzadas a plantearse objetivos a más largo plazo. Por otro lado, habrá que trabajar con medidas de atención y de protección a las mujeres víctimas, con claros objetivos a corto plazo.

Las medidas policiales, ¿son las medidas a generalizar? ¿O cree que estigmatizan y victimizan doblemente a las mujeres

La atención y protección que debe proporcionarse a las mujeres víctimas debe ser integral. Las medidas policiales cumplen con su función, muy centrada en la protección. Desde que se aprobó la Ley de Medidas Integrales contra la Violencia de Género en 2004 ha habido una clara evolución en la gestión de la atención y la intervención con mujeres maltratadas. Al principio se puso mucho empeño en garantizar la protección, pero al poner el foco sobre las mujeres y no sobre los agresores, sí se cayó en la estigmatización y la victimización. Es una cuestión que, poco a poco, ha ido evolucionando. En mi opinión, deberíamos centrar varias de las actuaciones propias de la protección en el hombre agresor (que sea él el que abandone la vivienda, la detención preventiva, medidas de alejamiento, etc.).

La denuncia te pone la etiqueta de víctima. ¿Eso es un estigma o por el contrario te da todos los derechos?

El tema de la denuncia es fundamental. La Ley ya tiene un recorrido y de la evaluación de los recursos se deduce que no puede establecerse como obligatoria la denuncia para poder recibir prestaciones y servicios de asesoría (psicológica y jurídica). Las mujeres víctimas de violencia machista están inmersas en lo que se conoce “ciclo de la violencia”, un ciclo en el que la dependencia emocional, la dependencia económica, la autoestima y la culpabilidad son elementos que interactúan y complejizan la intervención. No siempre la denuncia es la solución a los problemas y no siempre la denuncia es el primer paso que una mujer pueda o quiera dar. Es importante el acceso a los recursos sociales, psicológicos y de asesoría jurídica sin el requisito de la denuncia y, sobre todo, es importante que las mujeres conozcan que la denuncia no es requisito y que los servicios son gratuitos.

La violencia de género no está en la agenda de las preocupaciones de la sociedad. Apenas un 2% de la ciudadanía lo incluye entre las principales preocupaciones. ¿Cómo se puede avanzar en este terreno?

Es cierto que no es una prioridad. Para avanzar en este terreno necesitamos sensibilización y educación y también compromiso político. El compromiso político no debe quedarse en declaraciones políticamente correctas, sino que debe concretarse en acciones concretas y en la asignación de recursos presupuestarios, materiales y humanos para trabajar por la igualdad entre mujeres y hombres de forma transversal y para trabajar en la atención y protección a mujeres víctimas de violencia de género.

 

 

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El poder de las farmaceúticas y el derecho a los medicamentos

ALAI AMLATINA, 02/09/2016.- Por contradictorio que parezca, las grandes empresas farmacéuticas dan muy poca prioridad al derecho humano a la salud, a pesar de que les corresponde un rol estratégico en este marco. Su meta principal es la ganancia, y como trabajan en una industria cuyos clientes finales son de alta vulnerabilidad –las personas con enfermedades– les da un margen mucho mayor que en otras industrias para fijar precios exagerados. Corresponde, entonces, a los Estados establecer los parámetros de operación de estas empresas en aras del interés público y para garantizar el derecho a la salud.

No obstante, los pequeños países en desarrollo tienen poca capacidad de negociación frente a estas empresas, y si son parte de acuerdos comerciales, se encuentran muchas veces con las manos atadas por medidas como la extensión desproporcionada de los plazos de patentes o las garantías de ganancias que las empresas pueden invocar en tribunales de arbitraje cuando sienten sus intereses afectados por políticas públicas. Fue el caso del litigio que presentó la multinacional tabacalera Phillip Morris contra Uruguay, cuando ese país adoptó legislación para proteger la salud de los fumadores[1].

En este contexto, constituye un antecedente alentador que, en marzo último, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó dos resoluciones significativas para garantizar el derecho humano a la salud. La primera reafirma que el acceso de todas las personas a medicinas asequibles, seguras, eficaces y de calidad es una condición para gozar del derecho a la salud, considerando que ello podría salvar millones de vidas cada año; y la segunda reconoce la necesidad de fortalecer las capacidades de los Estados en materia de salud pública.

Estos acuerdos, adoptados además por consenso –lo que es poco usual en estos temas–, constituyen un respaldo político, particularmente para los países en desarrollo que buscan adoptar políticas para ampliar la protección de su población. En tal sentido, el Consejo de la ONU alienta a los países a utilizar las flexibilidades ya disponibles bajo el acuerdo de la OMC sobre TRIPS (aspectos relacionados con el comercio de los derechos de propiedad intelectual), para reducir el costo de las medicinas.

El South Centre, en un documento de propuestas presentado a un Panel de Alto Nivel sobre el Acceso a las Medicinas, de la ONU[2], recomienda que: “Una manera efectiva para abordar la incoherencia en políticas entre el derecho a la salud por sobre las reglas comerciales y los reglamentos de propiedad intelectual (PI), consiste, en primer lugar, en afirmar la primacía del derecho a la salud para todos, por encima de las reglas comerciales y de PI. Alcanzar la buena salud y el bienestar es un objetivo, además de ser un derecho humano, mientras que el comercio o la propiedad intelectual son medios. Por lo tanto, la salud debe primar sobre el comercio o la PI”.

La compra pública agregada

Uno de los mecanismos que algunos países ya están implementando para enfrentar el poder económico de las grandes empresas farmacéuticas es a través de la compra pública. Centroamérica, por ejemplo, ya cuenta con un mecanismo común a través de COMISCA[3], mediante el cual compra en conjunto unas 64 medicinas básicas, lo que le da una mayor capacidad de negociación frente a las empresas productoras. Este mecanismo se denomina “compra agregada”.

Ecuador acaba de hacer lo propio, con la compra inicial de 326 medicamentos por subasta inversa (o sea, donde gana la oferta de menor precio), para aprovisionar todo el sistema público de salud del país durante los próximos dos años. Primero, el año pasado, se realizó un análisis regional de los precios de todos los medicamentos más esenciales, aquellos usados para el tratamiento de las principales causas de muerte en la región, que reveló que una misma casa comercial vende el mismo medicamento en diferentes países con variaciones de precios que pueden llegar al 300% o incluso 600%. Santiago Vázquez, Director General del Servicio Nacional de Contratación Pública de Ecuador –SERCOP–, comentó a ALAI que ello se da porque, cuando las empresas farmacéuticas ven la oportunidad de obtener mayor renta de corto plazo “lo han hecho sin ningún miramiento... lo que vimos en América del Sur y América Latina es una gran estrategia de control de poder del mercado”.

También la ONU y la Comisión Económica Europea han elaborado informes que indican que las farmacéuticas establecen precios exorbitantes, utilizando todo una red de mecanismos: pacientes, ONGs, medios de comunicación, médicos, para direccionar la compra hacia ciertas marcas; por ello la ONU recomiendo establecer mecanismos como procesos agregados de compra, señaló Vázquez.

Cuando se les obliga a las empresas a competir en precios para vender en cantidad, igual les interesa. Más de 160 empresas participaron en la subasta ecuatoriana; entre ellas 27 latinoamericanas de las cuales 7 resultaron adjudicatarias. La compra significó un ahorro para el país de 320 millones de dólares. Lo novedoso de la subasta ecuatoriana es que se realizó de manera totalmente electrónica y automática, y en forma pública, lo que posibilita la veeduría social.[4] “Todos pueden ver los medicamentos que ha comprado el Estado, su registro sanitario, el precio adjudicado”, informó el funcionario.

No obstante, el director de SERCOP lamenta que ciertas empresas se han empeñado en tratar de desvirtuar el proceso, en particular criticando la inclusión de medicamentos genéricos, como si fueran de menor calidad. La calidad no depende de un patente, enfatizó. Más bien el proceso de compra ha previsto un mecanismo de control de calidad de los medicamentos, que, además del registro sanitario como requisito básico, incorpora una red de laboratorios que reciben muestras aleatorias de parte de los organismos de inspección, y cuyos resultados se publican en la Web.

En este sentido, destaca también como tema clave el rol de los medios de comunicación en las compras públicas. Sercop ha expedido un manual de buenas prácticas en contratación pública, con un capítulo específico para los medios, que llama a un pacto social. Vázquez resaltó que Ecuador fue gravemente afectado por un conflicto de intereses de un canal de televisión privado, que hizo campaña durante seis semanas contra la subasta, con desinformación y desequilibrio en la cobertura. “Cuando se hacen los análisis del caso, resulta que hay un claro conflicto de interés entre el canal, la periodista y el mundo farmacéutico, porque su familia tiene relación directa con la venta de medicamentos al Estado”. Cuando SERCOP solicitó un recurso ante la Superintendencia de Comunicación, fue tildado de atentado a la libertad de expresión, versión que tuvo eco en medios internacionales. Por ello Vázquez insiste en que los medios de comunicación clarifiquen si tienen o no conflictos de interés cuando se trata de cubrir noticias sobre las compras públicos.

Entre tanto, Ecuador ha entregado a Unasur y su Consejo de Salud (ISAGS) los resultados de su estudio de los precios de medicamentos en la región, con la esperanza de poder concretar una compra de medicamentos a nivel de América del Sur.

“Las empresas farmacéuticas, conocidos como los ‘big pharma’, se han repartido el mercado mundial, y han indicado en qué continentes van a aplicarse –comentó Santiago Vázquez–. Tanto las ‘big pharma’ como las empresas locales de medicamentos a nivel latinoamericano, ven a las medicinas como un negocio y no como un derecho. Frente a ello, la labor de los Estados es equilibrar las condiciones para que los medicamentos se conviertan en un derecho y no un negocio. Para eso, la compra pública juega un rol fundamental”, concluyó.

Por Sally Burch, periodista, ALAI.

________________________________________
[1] Uruguay recientemente ganó el caso en el CIADI, lo que crea un antecedente muy importante, ya que estos tribunales suelen fallar lo más a menudo a favor de las empresas.
[2] Improving Access to Medicines: What needs to be done, South Bulletin 91, 18 June 2016, www.alainet.org/en/articulo/178356
[3] COMISCA: Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana.
[4] Todo el proceso se puede visualizar en el sitio web de la compra: https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/.

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“[...] Estarémos en las calles hasta cumplir con nuestros objetivos”

Miércoles 31 de agosto. En su segundo día en Bogotá, día 22 del paro docente que tiene conmocionado a una parte del país, y abierta la discusión sobre el derecho a la salud, oportuna y de calidad para quienes brindan educación en los centros educativos públicos del país –en particular en el departamento del Cauca–, los 2.500 docentes, padres de familia y estudiantes que viajaron desde el sur del país hasta la capital colombiana, marcharon y arengaron por el centro tradicional de la ciudad y zonas aledañas, denunciando la situación que los tiene en pie de lucha.

 

Su propósito de lucha es claro, el apoyo es incondicional; alumnos y padres de familia unen sus fuerzas y exigen un servicio de salud digno para sus maestros y maestras. desdeabajo invitó a estudiantes, padres de familia y docentes para que transmitan sus voces de apoyo a esta lucha, a través de nuestro medio de comunicación.


Katherine Cucuñame Flor, exalumna de la Institución Educativa Indígena El Mesón (IEIN). “Vengo del municipio de Morales Cauca, vengo acompañando el paro de docentes. Lo que pedimos es que Magisalud-Cosmitet deje de manejar los recursos de la salud de los profesores del Cauca y esta responsabilidad quede en manos del departamento. El servicio prestado por esas instituciones es muy deficiente; los profesores afiliados a la Eps tienen que esperar hasta un mes para que les sea asignada una cita, no entregan medicamentos, algunos tienen que esperar meses para una cirugía. Creemos que es injusto, los docentes merecen un servicio de salud digno”.

 


Francy Flor, madre de familia IEIN, vereda El Mesón, Morales, Cauca. “Vengo acompañando a los profes, luchando porque el servicio médico que reciben los profes mejore. Venimos de Popayán, viajamos en 65 buses para apoyar esta justa causa. Cosmitet ha prestado un pésimo servicio, por lo que hemos venido a Bogotá para pedirle al gobierno que nos escuche”.

 

 

 


Juan Pablo Erazo Anacona, docente Institución Educativa Casas Bajas, del municipio de Cajibio. “Desde ayer en la mañana estamos aquí, más de 2.500 maestros que viajamos desde el departamento del Cauca a exigirle al gobierno nacional para que departamentalice la salud de los docentes. Es una apuesta política para devolverle la dignidad al trabajo de los docentes. La idea es construir un camino que mejore las condiciones de vida que necesitamos, no sólo los docentes, sino todos los colombianos. Para todos los habitantes de Bogotá, un saludo de parte de Asoinca; estaremos en las calles hasta cumplir nuestros objetivos”.

 

 


Janeth Ramírez, madre de familia, Argelia, Cauca. Vengo a apoyar a los docentes porque no cuentan con un buen servicio de salud. Ni los docentes ni las personas, en general. No nos quedamos callados porque estamos cansados, la plata que se paga en la Eps no se ve reflejada en la calidad del servicio, la atención no se presta a tiempo, los medicamentos no los entregan cuando el médico los receta, y cosas por el estilo”.

 

 

 


Estudiante Nasa, resguardo indígena de Pueblo Nuevo, municipio Caldono. “En esta situación del paro ya llevamos un mes, aquí hay más de 3 mil personas que están acompañando las movilizaciones por la inconformidad ante el incumplimiento del gobierno. En este proceso estamos incluidos los profesores, padres de familia y nosotros, los estudiantes, que también estamos inconformes porque la salud en el departamento está muy mal”.

 

 

 

 


William Hernán Tumbo, docente, resguardo indígena de Pueblo Nuevo, municipio Caldono. “Nosotros estamos aquí desde ayer, participando de esta movilización, porque la verdad hemos visto que la salud de los profesores está en muy mal estado, especialmente en el departamento del Cauca. La atención a los docentes es muy precaria y por tal razón nos hemos dirigido a la ciudad de Bogotá para que departamentalicen el sistema de salud para los docentes del Cauca”.

 

 

 

 


Jaime Solarte Urresti, docente, Mercaderes, Cauca. “Estamos en esta marcha con Asoinca por el gran problema que tenemos por el abandono del gobierno, ya que tenemos acceso a un servicio de salud de muy mala calidad. Las Eps que nos atienden se están robando los recursos, entonces nosotros decidimos emprender esta marcha hace más de un año para liberarnos y hacer que nosotros mismos podamos manejar nuestra salud sin corrupción. Que no mueran profesores ni esposas e hijos de los docentes debido al mal servicio de la salud. En el Cauca hay dos empresas que se llaman Cosmitet y Magisalud, las cuales se están robando los recursos del magisterio. Por lo tanto, los caucanos estamos en pie de lucha; vamos a completar 25 días de paro, hemos tomado carreteras, instituciones, bloqueado la gobernación del Cauca, la Secretaría de Educación, y hoy estamos en la capital para hacer más visible este gran problema de vida. Esperamos que nos den una solución cuanto antes, sin embargo estaremos aquí hasta que la situación se resuelva a nuestro favor”.

 

 


Zoraida Milena Chocue, estudiante del Colegio Álvaro Cue Chocue, resguardo Pueblo Nuevo, Caldono, Cauca. “Estamos acá protestando por la salud de los profes y ayudándolos para que, ojalá, esto se pueda lograr con este paro”.


Yazmín Andrea Orcue, estudiante Colegio Álvaro Cue Chocue, resguardo Pueblo Nuevo, Caldono, Cauca. “Estamos aquí por la salud del pueblo, de los profesores. Queremos que el gobierno nos dé una respuesta, una solución a la problemática que hay con el servicio de la salud de los profesores del Cauca. Ellos pagan una cuota destinada a los servicios médicos a los que acceden, por eso exigen que sea de buena calidad y nosotros los apoyamos”.


Audelia Llano Rodríguez e Isabel Sandoval, docentes de Brisas Patía, Cauca. Isabel: “Estamos en Bogotá, acompañando a todos nuestros compañeros en el paro de docentes porque necesitamos que nos colaboren con la departamentalización de la salud del Cauca. La experiencia del servicio médico se puede resumir en deficiencia”. Audelia: “Nuestra lucha sindical es por la salud, debido al mal servicio que nos vienen prestando los intermediarios de la salud y por los colegas que han fallecido por falta de atención oportuna. Por eso, desde el Cauca nos hemos movilizado masivamente para que avalen nuestra propuesta y permitan que el Cauca administre la salud del magisterio, para que mejore la calidad del servicio para los docentes y sus familias. Ojalá que esto sea una muestra para que los departamentos tomen ejemplo de la lucha sindical del Cauca”.

 

 

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Sábado, 27 Agosto 2016 12:07

¿En qué invierten las universidades?

¿En qué invierten las universidades?
La profesora Aura Isabel Mora, integrante directiva del movimiento sindical de profesores y trabajadores administrativos de Uniminuto, en entrevista con el periódico desdeabajo explica las condiciones de contratación del cuerpo profesoral universitario, reinantes dentro de un modelo educativo con una acreditación que agudiza el modelo empresarial. La ausencia de diálogo por parte de las directivas en el proceso de negociación del pliego de peticiones presentado hace algunos meses, y la lucha porque se cumplan la ley en la contratación laboral.

 

 

P. ¿Por qué organizar un sindicato en el sector educativo universitario privado?


R. Sintrauniminuto representa los esfuerzos de articulación entre profesores de diferentes facultades de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. La contracción de docentes a cuatro meses impide que el profesor tenga estabilidad y seguridad social, el hecho que la gente no esté bien contratada afecta la calidad educativa y el proyecto de vida como educador. Esta situación no es exclusiva de Uniminuto, tiene que ver con la crisis educativa que afecta a Colombia en particular y América Latina en general, la misma que resume el matrimonio del neoliberalismo y la educación, que hace que las universidades y la escuela en general se vuelvan empresas, dejando de ser organismos que responden a la formación de sujetos para la construcción del país.

 

Una característica de la universidad privada es disminuir los tiempos de contratación de los docentes, vinculándolos a destajo. Puede ser legal tener contratos de cuatro meses –en cuanto a prestación de servicios–, profesores sólo para clases, pero es ilegal cuando hacemos funciones misionales de la Universidad, lo que además de la docencia incluye la investigación y proyección social, además de procesos de autoevaluación y acreditación. En este caso, estos profesores no deben tener un contrato de cuatro meses, pedimos que por sus funciones misionales la institución garantice una continuidad en sus derechos laborales.

 

Los sindicatos hoy no están abogando por un bienestar mayor al que brindan las normas, sino exigiendo a las empresas, en este caso al sector educativo, que cumplan la ley. Que establezcan contratos como la ley lo establece, que sean dignos y decentes y no por temporadas. Esto no lo quiere reconocer Uniminuto ni las demás universidades, excusándose para ello en tener un plan de desarrollo que contempla la entrada de profesores a mejores condiciones, pero al mismo tiempo permitiendo el despido, o como lo llaman, la no renovación de contrato, en nuestro caso de 200 profesores a nivel de sistema y 100 docentes al final del 2015. Esta situación alarmó al profesorado y como respuesta se crea Sintrauniminuto.

 

 

 


R. Este es un proceso donde las instituciones educativas pasan a ser empresas universitarias, los rectores a gerentes y los estudiantes a clientes. Es el fruto del mismo modelo neoliberal, que sólo valora los conocimientos que construyen mercado y desvalora la ciencias sociales o las humanidades críticas. Los saberes que no aportan al mercado son poco importantes en esa relación empresa-universidad. En esas condiciones, el rol del maestro cambia, convirtiéndose en un simple transmisor de conocimiento en aulas de clase, con discursos remedo de otros contextos, casi siempre de Europa y Estados Unidos, ajenas al contexto colombiano, y abandonando el pensamiento propio y auténtico de cada uno de los educandos.

 

P. ¿Qué otras implicaciones tiene este modelo neoliberal en lo educativo?

 


R. Este proceso neoliberal está enloqueciendo a todo el mundo con los llamados estándares de calidad, y muchas universidades toman estándares desde ISO 8000, que son aplicados para empresas pero que no son pensados para el mejoramiento de las universidades. Claro, hay unas organizaciones que son empresas cuyo objetivo es el ánimo de lucro, y hay otras organizaciones sociales, como las universidades, que no pueden tener tal ánimo porque cumplen una función social.

 

Entonces, hay una confusión en la Universidad por no saber qué clase de organización es. Uniminuto implementó en los últimos años la ISO 8000, estándares de calidad que llevan a precarizar las condiciones de profesores en lo laboral, a impedir el buen funcionamiento de la investigación, y favorecen a los grandes proveedores, sacando a los pequeños que no cumplen con todo el papeleo; los costos administrativos han aumentado de manera exagerada. Tenemos la mayoría de profesores con contratos de cuatro, cinco o seis meses, en el mejor de los casos de diez y once meses. Eso es precarizar la labor docente. Entonces, por ejemplo, los profesores con contratos de cuatro meses quedan otros meses igual sin un salario que les impide seguir sobrellevando su cotidianidad con seguridad social. Algo muy grave, especialmente con cabezas de familia que al final de año se quedan sin seguridad social para sus hijos. Es un tema reiterativo que hemos expuesto pero la Universidad no tiene ninguna solución, y que en la negociación su propuesta, algo positiva, querían hacerla por fuera de la convención colectiva.

 

P. ¿Cómo ha sido el proceso de formación del sindicato?

 

R. Existieron varios intentos de conformarlo en las diferentes facultades, donde surgieron varias propuestas pero sin lograr concretarlas. En la Facultad de Comunicación propusimos, el año pasado, de manera abierta a la decana Amparo Cadavid, una asociación de trabajadores para hablar sobre el trabajo con el padre Harold Castilla Devoz, entonces rector, pero no se llevó a cabo. Ese mismo año sacaron cien personas de la sede principal, la Universidad no los llama despidos sino “no contratación laboral”. A nivel nacional se sumaron otras 200 personas que no continuaron, esto hizo que aceleráramos el proceso. Por entonces los administrativos anunciaron nuevos reajustes, por lo cual nos apresuramos a constituir el sindicato que hoy es bien acogido, comenzamos con 27 personas y en dos meses tenemos más de 130 afiliados.

 

Para nosotros fue sorpresa ver que las directivas de Uniminuto se comportaran como una empresa clásica, que no quiere que el sindicato tenga mayor reivindicación, sorda a las peticiones, y que no va a dar ninguna reivindicación en el proceso de negociación.


P. ¿Cuáles son las dificultades que afrontan para fortalecer la actividad sindical?

 

R. Son muchas, empezando por la palabra sindicato que está estigmatizada. Señalan que son “revoltosos”, “mamertos de izquierda”, “problemáticos” y sobre todo una frase repetitiva entre los directores y otros profesores: “los sindicatos acaban con las empresas”. Eso hace que los profesores en general le tengan miedo al sindicato, propiciando su estigmatización. Pero esa figura es la única que nos queda para reclamar nuestros legítimos derechos.

 

También existe una pérdida de tradición de movimiento social en Colombia, como en ningún otro país en América Latina. No tenemos movimiento social dentro de la mayoría de quienes se sienta bien revindicando sus derechos. La gente piensa “piden mucho”, “es que me han dado el trabajo” –que en caso de Uniminuto se señala que trabajan con los pobres, cosa que no es cierta–. Un programa académico semestral tiene un precio que oscila entre los dos millones y hasta cinco millones doscientos mil pesos, entre pregrados y posgrados presenciales. Los estudiantes pagan para recibir su formación.

 

Un tema muy importante es en qué usan el presupuesto las universidades privadas, y eso debería ser un debate nacional público. También falta conciencia frente a los derechos y abunda el miedo, presente porque somos una sociedad que está acostumbrada a vivir de los favores y no de los derechos. Esta actitud, clientelista, realza en las universidades cuando llega un nuevo director, decano o vicerrector, todos los cuales cambian el personal docente e incorporan a sus amigos, lo que vulnera el derecho al trabajo.

 

P. ¿Cómo ha sido la respuesta de las directivas frente al sindicato?

 

R. Tuvo dos etapas. La primera, cuanto el padre Diego Jaramillo –director del sistema– y con el rector Leonidas López, en la cual fuimos escuchados frente al mapa de problemas. Fue positiva porque pensamos que habíamos entrado en un diálogo con la Universidad, que estaba receptiva con las reivindicaciones del sindicato. Pero nos encontramos con sorpresa en una mesa de negociación en donde no estaba ninguno de los que toman decisiones, y contrataron una firma de abogados experta en tratar sindicatos.

 

Esa etapa de la negociación fue muy fuerte porque le dijeron no a todo el pliego de peticiones. Nosotros señalamos que no eran negociadores legítimos y solicitamos al Ministerio de Trabajo que citara a las partes, el cual recomendó una convención colectiva y que no llegáramos al arbitraje. A pesar del trato respetuoso por parte de los negociadores, no hubo mayores reivindicaciones: unos horarios sindicales, subsidios funerarios que no son nuestras prioridades. Nuestra lucha es que los contratos de cuatro meses pasen a doce, luego propusimos a seis meses. También un subsidio de 100.000 pesos para las mamás cabezas de familia para transporte. No hubo ningún eco. La Universidad propuso dar seguridad médica a los trabajadores de 4 a 6 meses durante todo el año, nosotros pedimos también pensión. Sin embargo, cuando llegamos a la última etapa de la firma de la convención, la Universidad dijo que eso no debería estar dentro de la convención sino en un documento aparte. No nos pareció ético cuando estamos negociando los derechos de los trabajadores.

 

P. ¿Qué es la mesa de Re-existencia?

 


R. La Mesa de Re-existencia es una colación de universidades públicas y privadas. Queremos lograr un proyecto de ley, como grupo y sector, para proponerle al Estado que la educación no es mercancía, las universidades no son empresas, los estudiantes no son clientes, los rectores no son gerentes y poner la educación en el lugar requerido por la sociedad.

 

Queremos participación real del docente en la elección de los directores, decanos y vicerrectores, porque creemos que en esos cargos medios hay un abuso del poder y de politiquería al estilo público, donde cada director que entra acomoda a su gente y así se conforma un círculo vicioso. No es una situación exclusiva de Uniminuto. No se debate de cara a la sociedad lo que significa un proceso de formación para un estudiante que no va a tener una buena educación. Mientras el docente está pensando cómo solucionar su problema de seguridad social o ingresos, sin poderse concentrar en un proyecto de vida que genere calidad de educación a los estudiantes.

 

La universidad privada tiene una deuda con el país. Quiere ser empresa, sin darse cuenta que en sus manos tiene una labor fundamental para la construcción de un país, como es la educación. Profesionales que salen mal preparados, ¿cuánta plata le cuestan al país? No se ha efectuado un cálculo, las universidades están pensado en las ganancias y no piensan en las consecuencias para los estudiantes de esa falta de calidad de educación.

 

P. ¿Cómo debe ser una negociación colectiva en un país que trata de superar su guerra?

 

R. El proceso pasa por mejorar las condiciones de todos los trabajadores, sobre todo el sector educativo. Al docente de hoy le exigen posgrado, otro idioma, para lograr lo cual puede gastar, en todo el trayecto de su vida, 1.000 o 2.000 millones de pesos, para que le paguen dos millones cuatrocientos mil pesos. Además le piden que haga de todo: que dicte clase, sea director de tesis, ponencias internacionales, sea prestigioso, que los demás lo citen, haga tutorías, utilice las Tics, entienda la brecha generacional.

 

Una situación donde toman cuerpo las prácticas individualizadas: una carrera individual para ganar puntos en pro de tener un sueldo un poco más alto. Y en esa carrera individual olvida la construcción colectiva y la reivindicación de sus derechos porque, finalmente, es un sistema que te lleva a pensar que por no tener puntos no debes tener derechos.

 

P. En la filosofía de Freire planteas una reflexión sobre la relación del opresor y el oprimido en este escenario educativo, ¿cómo la entiendes?

 

R. Necesitamos un proceso de humanización del trabajo docente, visto como aquel que labora unas horas en el desarrollo un programa y ya, sin permitirle desarrollarse creativamente, con un pensamiento propio, con sus proyectos personales y una relación más equitativa para que pueda enseñar. El docente colombiano, en esa relación oprimido-opresor, tiene dos funciones: descubrir y asumirse como oprimido que necesita derechos, asumir sus limitaciones y taras para construir país. Y lograr que en esa relación con los opresores también ellos se liberen al aceptar que la educación no es una mercancía.

 

Necesitamos humanizar al opresor para tener relaciones más equitativas. Hay una relación que trasciende a todo el país y es la desigualdad. Mientras los rectores ganan sumas desorbitantes, un profesor promedio gana un millón setecientos a dos millones setencientos, y es a quien le piden más. Esos procesos de desigualdad necesitan un punto de reflexión, los sindicatos sirven para ello y para que mejoren las condiciones no sólo laborales sino de investigación y, finalmente, para que mejore la calidad del proceso de formación del estudiante, que es quien está en el proceso de refundar el país.

Publicado enEdición Nº227