Sábado, 27 Agosto 2016 12:07

¿En qué invierten las universidades?

¿En qué invierten las universidades?
La profesora Aura Isabel Mora, integrante directiva del movimiento sindical de profesores y trabajadores administrativos de Uniminuto, en entrevista con el periódico desdeabajo explica las condiciones de contratación del cuerpo profesoral universitario, reinantes dentro de un modelo educativo con una acreditación que agudiza el modelo empresarial. La ausencia de diálogo por parte de las directivas en el proceso de negociación del pliego de peticiones presentado hace algunos meses, y la lucha porque se cumplan la ley en la contratación laboral.

 

 

P. ¿Por qué organizar un sindicato en el sector educativo universitario privado?


R. Sintrauniminuto representa los esfuerzos de articulación entre profesores de diferentes facultades de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. La contracción de docentes a cuatro meses impide que el profesor tenga estabilidad y seguridad social, el hecho que la gente no esté bien contratada afecta la calidad educativa y el proyecto de vida como educador. Esta situación no es exclusiva de Uniminuto, tiene que ver con la crisis educativa que afecta a Colombia en particular y América Latina en general, la misma que resume el matrimonio del neoliberalismo y la educación, que hace que las universidades y la escuela en general se vuelvan empresas, dejando de ser organismos que responden a la formación de sujetos para la construcción del país.

 

Una característica de la universidad privada es disminuir los tiempos de contratación de los docentes, vinculándolos a destajo. Puede ser legal tener contratos de cuatro meses –en cuanto a prestación de servicios–, profesores sólo para clases, pero es ilegal cuando hacemos funciones misionales de la Universidad, lo que además de la docencia incluye la investigación y proyección social, además de procesos de autoevaluación y acreditación. En este caso, estos profesores no deben tener un contrato de cuatro meses, pedimos que por sus funciones misionales la institución garantice una continuidad en sus derechos laborales.

 

Los sindicatos hoy no están abogando por un bienestar mayor al que brindan las normas, sino exigiendo a las empresas, en este caso al sector educativo, que cumplan la ley. Que establezcan contratos como la ley lo establece, que sean dignos y decentes y no por temporadas. Esto no lo quiere reconocer Uniminuto ni las demás universidades, excusándose para ello en tener un plan de desarrollo que contempla la entrada de profesores a mejores condiciones, pero al mismo tiempo permitiendo el despido, o como lo llaman, la no renovación de contrato, en nuestro caso de 200 profesores a nivel de sistema y 100 docentes al final del 2015. Esta situación alarmó al profesorado y como respuesta se crea Sintrauniminuto.

 

 

 


R. Este es un proceso donde las instituciones educativas pasan a ser empresas universitarias, los rectores a gerentes y los estudiantes a clientes. Es el fruto del mismo modelo neoliberal, que sólo valora los conocimientos que construyen mercado y desvalora la ciencias sociales o las humanidades críticas. Los saberes que no aportan al mercado son poco importantes en esa relación empresa-universidad. En esas condiciones, el rol del maestro cambia, convirtiéndose en un simple transmisor de conocimiento en aulas de clase, con discursos remedo de otros contextos, casi siempre de Europa y Estados Unidos, ajenas al contexto colombiano, y abandonando el pensamiento propio y auténtico de cada uno de los educandos.

 

P. ¿Qué otras implicaciones tiene este modelo neoliberal en lo educativo?

 


R. Este proceso neoliberal está enloqueciendo a todo el mundo con los llamados estándares de calidad, y muchas universidades toman estándares desde ISO 8000, que son aplicados para empresas pero que no son pensados para el mejoramiento de las universidades. Claro, hay unas organizaciones que son empresas cuyo objetivo es el ánimo de lucro, y hay otras organizaciones sociales, como las universidades, que no pueden tener tal ánimo porque cumplen una función social.

 

Entonces, hay una confusión en la Universidad por no saber qué clase de organización es. Uniminuto implementó en los últimos años la ISO 8000, estándares de calidad que llevan a precarizar las condiciones de profesores en lo laboral, a impedir el buen funcionamiento de la investigación, y favorecen a los grandes proveedores, sacando a los pequeños que no cumplen con todo el papeleo; los costos administrativos han aumentado de manera exagerada. Tenemos la mayoría de profesores con contratos de cuatro, cinco o seis meses, en el mejor de los casos de diez y once meses. Eso es precarizar la labor docente. Entonces, por ejemplo, los profesores con contratos de cuatro meses quedan otros meses igual sin un salario que les impide seguir sobrellevando su cotidianidad con seguridad social. Algo muy grave, especialmente con cabezas de familia que al final de año se quedan sin seguridad social para sus hijos. Es un tema reiterativo que hemos expuesto pero la Universidad no tiene ninguna solución, y que en la negociación su propuesta, algo positiva, querían hacerla por fuera de la convención colectiva.

 

P. ¿Cómo ha sido el proceso de formación del sindicato?

 

R. Existieron varios intentos de conformarlo en las diferentes facultades, donde surgieron varias propuestas pero sin lograr concretarlas. En la Facultad de Comunicación propusimos, el año pasado, de manera abierta a la decana Amparo Cadavid, una asociación de trabajadores para hablar sobre el trabajo con el padre Harold Castilla Devoz, entonces rector, pero no se llevó a cabo. Ese mismo año sacaron cien personas de la sede principal, la Universidad no los llama despidos sino “no contratación laboral”. A nivel nacional se sumaron otras 200 personas que no continuaron, esto hizo que aceleráramos el proceso. Por entonces los administrativos anunciaron nuevos reajustes, por lo cual nos apresuramos a constituir el sindicato que hoy es bien acogido, comenzamos con 27 personas y en dos meses tenemos más de 130 afiliados.

 

Para nosotros fue sorpresa ver que las directivas de Uniminuto se comportaran como una empresa clásica, que no quiere que el sindicato tenga mayor reivindicación, sorda a las peticiones, y que no va a dar ninguna reivindicación en el proceso de negociación.


P. ¿Cuáles son las dificultades que afrontan para fortalecer la actividad sindical?

 

R. Son muchas, empezando por la palabra sindicato que está estigmatizada. Señalan que son “revoltosos”, “mamertos de izquierda”, “problemáticos” y sobre todo una frase repetitiva entre los directores y otros profesores: “los sindicatos acaban con las empresas”. Eso hace que los profesores en general le tengan miedo al sindicato, propiciando su estigmatización. Pero esa figura es la única que nos queda para reclamar nuestros legítimos derechos.

 

También existe una pérdida de tradición de movimiento social en Colombia, como en ningún otro país en América Latina. No tenemos movimiento social dentro de la mayoría de quienes se sienta bien revindicando sus derechos. La gente piensa “piden mucho”, “es que me han dado el trabajo” –que en caso de Uniminuto se señala que trabajan con los pobres, cosa que no es cierta–. Un programa académico semestral tiene un precio que oscila entre los dos millones y hasta cinco millones doscientos mil pesos, entre pregrados y posgrados presenciales. Los estudiantes pagan para recibir su formación.

 

Un tema muy importante es en qué usan el presupuesto las universidades privadas, y eso debería ser un debate nacional público. También falta conciencia frente a los derechos y abunda el miedo, presente porque somos una sociedad que está acostumbrada a vivir de los favores y no de los derechos. Esta actitud, clientelista, realza en las universidades cuando llega un nuevo director, decano o vicerrector, todos los cuales cambian el personal docente e incorporan a sus amigos, lo que vulnera el derecho al trabajo.

 

P. ¿Cómo ha sido la respuesta de las directivas frente al sindicato?

 

R. Tuvo dos etapas. La primera, cuanto el padre Diego Jaramillo –director del sistema– y con el rector Leonidas López, en la cual fuimos escuchados frente al mapa de problemas. Fue positiva porque pensamos que habíamos entrado en un diálogo con la Universidad, que estaba receptiva con las reivindicaciones del sindicato. Pero nos encontramos con sorpresa en una mesa de negociación en donde no estaba ninguno de los que toman decisiones, y contrataron una firma de abogados experta en tratar sindicatos.

 

Esa etapa de la negociación fue muy fuerte porque le dijeron no a todo el pliego de peticiones. Nosotros señalamos que no eran negociadores legítimos y solicitamos al Ministerio de Trabajo que citara a las partes, el cual recomendó una convención colectiva y que no llegáramos al arbitraje. A pesar del trato respetuoso por parte de los negociadores, no hubo mayores reivindicaciones: unos horarios sindicales, subsidios funerarios que no son nuestras prioridades. Nuestra lucha es que los contratos de cuatro meses pasen a doce, luego propusimos a seis meses. También un subsidio de 100.000 pesos para las mamás cabezas de familia para transporte. No hubo ningún eco. La Universidad propuso dar seguridad médica a los trabajadores de 4 a 6 meses durante todo el año, nosotros pedimos también pensión. Sin embargo, cuando llegamos a la última etapa de la firma de la convención, la Universidad dijo que eso no debería estar dentro de la convención sino en un documento aparte. No nos pareció ético cuando estamos negociando los derechos de los trabajadores.

 

P. ¿Qué es la mesa de Re-existencia?

 


R. La Mesa de Re-existencia es una colación de universidades públicas y privadas. Queremos lograr un proyecto de ley, como grupo y sector, para proponerle al Estado que la educación no es mercancía, las universidades no son empresas, los estudiantes no son clientes, los rectores no son gerentes y poner la educación en el lugar requerido por la sociedad.

 

Queremos participación real del docente en la elección de los directores, decanos y vicerrectores, porque creemos que en esos cargos medios hay un abuso del poder y de politiquería al estilo público, donde cada director que entra acomoda a su gente y así se conforma un círculo vicioso. No es una situación exclusiva de Uniminuto. No se debate de cara a la sociedad lo que significa un proceso de formación para un estudiante que no va a tener una buena educación. Mientras el docente está pensando cómo solucionar su problema de seguridad social o ingresos, sin poderse concentrar en un proyecto de vida que genere calidad de educación a los estudiantes.

 

La universidad privada tiene una deuda con el país. Quiere ser empresa, sin darse cuenta que en sus manos tiene una labor fundamental para la construcción de un país, como es la educación. Profesionales que salen mal preparados, ¿cuánta plata le cuestan al país? No se ha efectuado un cálculo, las universidades están pensado en las ganancias y no piensan en las consecuencias para los estudiantes de esa falta de calidad de educación.

 

P. ¿Cómo debe ser una negociación colectiva en un país que trata de superar su guerra?

 

R. El proceso pasa por mejorar las condiciones de todos los trabajadores, sobre todo el sector educativo. Al docente de hoy le exigen posgrado, otro idioma, para lograr lo cual puede gastar, en todo el trayecto de su vida, 1.000 o 2.000 millones de pesos, para que le paguen dos millones cuatrocientos mil pesos. Además le piden que haga de todo: que dicte clase, sea director de tesis, ponencias internacionales, sea prestigioso, que los demás lo citen, haga tutorías, utilice las Tics, entienda la brecha generacional.

 

Una situación donde toman cuerpo las prácticas individualizadas: una carrera individual para ganar puntos en pro de tener un sueldo un poco más alto. Y en esa carrera individual olvida la construcción colectiva y la reivindicación de sus derechos porque, finalmente, es un sistema que te lleva a pensar que por no tener puntos no debes tener derechos.

 

P. En la filosofía de Freire planteas una reflexión sobre la relación del opresor y el oprimido en este escenario educativo, ¿cómo la entiendes?

 

R. Necesitamos un proceso de humanización del trabajo docente, visto como aquel que labora unas horas en el desarrollo un programa y ya, sin permitirle desarrollarse creativamente, con un pensamiento propio, con sus proyectos personales y una relación más equitativa para que pueda enseñar. El docente colombiano, en esa relación oprimido-opresor, tiene dos funciones: descubrir y asumirse como oprimido que necesita derechos, asumir sus limitaciones y taras para construir país. Y lograr que en esa relación con los opresores también ellos se liberen al aceptar que la educación no es una mercancía.

 

Necesitamos humanizar al opresor para tener relaciones más equitativas. Hay una relación que trasciende a todo el país y es la desigualdad. Mientras los rectores ganan sumas desorbitantes, un profesor promedio gana un millón setecientos a dos millones setencientos, y es a quien le piden más. Esos procesos de desigualdad necesitan un punto de reflexión, los sindicatos sirven para ello y para que mejoren las condiciones no sólo laborales sino de investigación y, finalmente, para que mejore la calidad del proceso de formación del estudiante, que es quien está en el proceso de refundar el país.

Publicado enEdición Nº227
Por el derecho a la salud, el magisterio caucano continúa en cese de actividades.

La propuesta de departamentalizar la administración de los servicios médicos asistenciales en el departamento del Cauca, presenta grandes inconvenientes, fundamentalmente la normatividad vigente desde 1989 que rige la composición y las funciones del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). Existe una fuerte discordia entre Asoinca, Fecode y el Gobierno que agudiza la situación de los docentes caucanos.

 

Miguel Burbano (MB), vicepresidente de Asoinca habló con desdeabajo (da), y contó los entretelones de la protesta en curso desde el 8 de agosto; aclaró lo ocurrido el pasado 18 de agosto en las instalaciones de la Procuraduría de Popayán y expuso las problemáticas que impiden que la departamentalización de la salud que reclaman tome cuerpo.


da. ¿Cuáles son los motivos que originaron el paro iniciado el pasado 8 de agosto?


MB. La movilización tiene que ver con la propuesta entregada al gobierno nacional, y a diferentes órganos del Estado, respecto a la departamentalización en el Cauca del sistema de salud para los integrantes del magisterio y sus familiares, asñi como la ejecución de los recursos con autonomía y soberanía. Esta propuesta se entregó el año pasado al Gobierno pero, infortunadamente, no fue atendida. En noviembre del año pasado comenzamos a establecer diálogos mediante un derecho de petición, para decirles que íbamos a entrar en huelga sino respetaban el derecho a la salud de los educadores. En abril nos declaramos en huelga (enlace del artículo), luego de tantos “ires y devenires”, de seguir exigiendo, de no ser escuchados ni obtener respuesta. Dialogamos con el Viceministro de educación, firmamos un pacto donde se comprometió con la departamentalización de manera concreta y, por supuesto, se crearon unas mesas de trabajo. Tuvimos cerca de seis encuentros en los que fue reconocida la departamentalización por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). Nos encontramos ante el hecho de que el segundo punto, que era la ejecución de la departamentalización y los recursos para llevarla a cabo, no fue mencionada en ninguno de los encuentros. Entonces dijimos, si esto no se estudia, no podemos seguir negociando.


Le comentamos al MEN nuestra intención de retomar la huelga y tampoco hizo nada por llegar a un punto de negociación que tuviera conforme al magisterio. Llegó el 8 de agosto con la intención de que publicarían los prepliegos, y no se dio nada, ni los publicaron ni le respondieron al magisterio caucano asociado a Asoinca. Entonces, nos declaramos en huelga, iniciando la protesta con una toma del norte y sur del departamento del Cauca; al día siguiente realizamos movilizaciones con las familias de los docentes: con hijos, conyugues, hemos realizado tomas al sector financiero acá en la ciudad de Popayán.


Docentes retenidos ilegalmente


MB. El pasado jueves (18 de agosto) fuimos a la Procuraduría un grupo de compañeros a radicar una solicitud y aprovechar para decirle a la Procuradora: miren, ustedes son los garantes, el ente organizativo del Estado que vela por los derechos del pueblo. De un momento a otro, el procurador que hablaba con nosotros –más o menos unas 60 o 70 personas– no sabemos por qué, marcó desde el teléfono, de repente escuchamos las detonaciones en la calle, cuando procedimos a evacuar a las personas, especialmente a una señora en estado de embarazo, y logramos ponerla a salvo, el Esmad arremete contra nosotros de una manera brutal; nos sacan de allí esposados y nos acusan de secuestro simple.


Lo que vimos luego en los vídeos es que los compañeros que continuaron en la Procuraduría fueron gaseados, golpeados, retenidos y llevados a diferentes lugares. Luego continuaron con la gente que estaba afuera de la Procuraduría, la golpearon terrible, las gasearon tenaz. Al otro día (19 de agosto) el juez sanciona que la retención fue ilegal y que nos debían dejar en libertad. Respecto a los informes que pasaron por algunos medios de Popayán, debo decir que eso denota la intención del Gobierno que busca la manera de desmovilizarnos.


Diálogos con el Viceministro


MB. Ese mismo día que nos liberan –sin ninguna condición– tuvimos una conversación con el Viceministro de educación quien había llegado a Popayán. Volvemos a tener la misma discusión y nos damos cuenta de que estamos empezando de ceros; el Viceministro propone un párrafo para la departamentalización y otro párrafo para la propuesta del sistema de salud con el departamento del Cauca; nosotros llevamos esa propuesta al sindicato, porque nosotros, los directivos departamentales, no tenemos la autonomía para firmar un acta de acuerdo sin que las bases lo autoricen.

Volvemos a las bases al otro día (sábado 20 de agosto), analizan esto y no están de acuerdo; tuvimos una asamblea más o menos desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche y las bases dijeron “no, eso no se avala, no se puede firmar”. En consecuencia, le proponemos al Viceministro un párrafo, se lo damos a conocer, pero no estuvo de acuerdo con eso, mandó una contra propuesta, el magisterio nuevamente, en asamblea general masiva, analiza el párrafo y decide que tampoco nos sirve, en consecuencia se opta por mantener la continuidad de la huelga de manera indefinida.


Discordia


MB. Respecto a la departamentalización, el Viceministro se refiere a la autonomía del consejo directivo, y la responsabilidad de Fecode. Nos dice que debemos convencer a la gente de Fecode, pero nosotros sabemos que no están de acuerdo con la departamentalización, no están pensando en la necesidad de la región. En juntas nacionales, recuerdo Caquetá, Antioquia y otras regiones, han hablado de la necesidad de regionalizar, de departamentalizar, pero los integrantes del ejecutivo, los representantes de Fecode frente al consejo directivo, no comentan eso en sus reuniones, hacen pasar la departamentalización como decisión de los expertos, es muy difícil que consideren esta propuesta.


Fecode ha estado en contra de nosotros, y basa su argumento en tres aspectos 1) dice que lo que proponemos va en contra de la ley 91 de 1989; nos parece absurdo que un organismo nacional se empeñe en defender una ley que acaba derechos como la pensión gracia, acaba la retroactividad de las cesantías y pone en manos de particulares la salud. Si bien es cierto que la ley 91 tiene algunas cosas que benefician al magisterio, tampoco es para defenderla a ultranza. 2) Lo otro que dicen es que nosotros estamos en contra del régimen de excepción, al contrario, nosotros lo que buscamos es la autonomía a través de la regionalización y con la departamentalización prevalecerá ese régimen, es decir, realmente los derechos del magisterio serán aplicados en la salud, no como una mercancía sino como un derecho y, 3) Otra cosa que argumentan es que nosotros defendemos la ley 100, pero no hay nada más alejado de lo que proponemos que la misma ley 100.


En resumem, la Federación no vacila en demostrar su descontento con nuestra iniciativa, alardea de unidad pero no ve que lo que logra es la separación, únicamente se manifestaron cuando nos detuvieron, reclamando por la aprehensión injustificada. Sin embargo, enviamos una solicitud a las directivas de la Federación para que voten favorablemente la departamentalización, para no depender de las excusas del Gobierno. El Viceministro enfatiza que Fecode debe aprobar la departamentalización, pero eso suena más a que el mismo Estado nos quiere poner a pelear entre nosotros, y eso es algo que no vamos a permitir. Tengamos o no el aval de Fecode, nosotros vamos a seguir en paro porque ya hicimos un pacto con el MEN y el incumplimiento es de ellos.


La otra cara de la moneda


Desdeabajo consultó con Amanda Rincón (AR), integrante de la Asociación Distrital de Educadores –ADE–, sobre los antecedentes de la actual crisis del servicio médico asistencial para las y los docentes del país. También por las implicaciones que representa la propuesta de departamentalización del sistema de salud liderada por Asoinca y las normas que impiden que se lleve a cabo. Sobre este mismo tema trató de comunicarse con Luis Eduardo Varela y Pedro Arango, de la Junta Directiva de Fecode, pero nunca logró que respondieran al teléfono.


da. ¿Es posible que con la departamentalización, el magisterio caucano asuma el control de los recursos destinados para el sistema de salud?
AR. Lo que se está pensando en el Cauca, no es precisamente una departamentalización, el departamento del Cauca entraría a participar como cualquier otro licitante, se constituiría como cualquier otra empresa y concursaría por el contrato para prestar el servicio. Lo que propone el magisterio de Asoinca, de que el sindicato maneje los recursos, en tanto la norma no cambie.


da. ¿Cuál es la norma que hoy regula la manera en que se dispone de los recursos destinados para la salud de los/as profesores/as del país?
AR. En el artículo 15 de la Ley 91/89 se establece que la salud no se atenderá a través de las Cajas de Previsión, sino que será atendida mediante contratos (ver recuadro). Para nosotros esto no fue un avance, fue ir camino a la privatización, para poder hacer lo cual el gobierno creó el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio (Fomag). Este Fondo cuenta con un consejo directivo integrado por cinco personas, tres de las cuales son representantes del gobierno nacional (una representa al Min. de Educación Nacional, otra al Min. Hacienda y otra al Min Salud). Estos tres siempre han estado totalmente identificados en la necesidad de descapitalizar, a como de lugar, al Fondo. Los dos del magisterio los nombra el sindicato de mayor número de afiliados en el rango nacional.


da. ¿Cómo se organiza Fecode y cómo funciona el Fomag?

AR. Fecode está integrado por 33 filiales, una por departamento, y la otra es de directivos docentes, también de carácter nacional. Después de haber perdido esa negociación, aunque no se correlacionaba lo ganado en la Ley, el acceso a la salud quedó mediado por empresas privadas que son contratadas por el Fomag a través de un contrato de fiducia. Al Fomag van los dineros recaudados por la cuota laboral y patronal, el 12 por ciento le corresponde a los maestros que, además, fue aumentado (antes era del 5%) para solventar el hueco pensional, y de ese porcentaje tenía que establecerse la parte destinada para la salud. Con lo que destinado para la salud, el Consejo Directivo de Fomag hace la contratación, que responde a un conducto normativo y en función de acuerdos. Una vez empieza a flaquear el sistema, se reemplazan las Cajas de Previsión Social (CPS), que al ser del Gobierno nos permitía presionar de manera efectiva ante cualquier inconformidad; ahora tenemos que pelear con las EPS en cada entidad territorial.


da. ¿Qué debe hacer Asoinca para lograr la departamentalización? ¿Hay más departamentos con la misma propuesta?

AR. Si el departamento del Cauca quiere prestar los servicios médicos asistenciales para el magisterio, debe hacerlo a través de su red pública con todas las condiciones que estipula la ley, mediante los términos de referencia. Algunos ya lo hicieron. Para lograr este objetivo, algunos fondos reprodujeron lo hecho por los sindicatos de Santander, Caquetá y Putumayo, donde lograron que la asamblea de docentes diera la capacidad a la junta directiva de su sindicato para licitar, que es lo que pretende el magisterio del Cauca. Ellos montan una empresa de servicios médicos, montan empresa. Al regionalizar se produjeron alianzas entre empresas (uniones temporales) para poder prestar los servicios médicos. Sin embargo, la normatividad que nos regula no permite esa departamentalización, tendría que modificarse la ley 91 en su artículo 15.


da. ¿Qué implica esa disgregación?

AR. La consecuencia más grave es el desconocimiento de la organización sindical como cohesión de los trabajadores, si lo que quieren es convertirse en una empresa prestadora de servicios. Pasó en el caso de Santander con Finsema, donde además, las fuerzas políticas que conformaban esa junta se apoderaron de la Caja de compensación, de los sitios de recreación, de todo. De ahí en adelante empezaron a crear otras empresas que le proveían a Finsema. No conformes con esto, los integrantes de la junta directiva, empezaron a ejercer funciones administrativas en las secretarías de educación, tenían coptado todo. Eran patronos, sindicato, Caja de compensación y además se adueñaron de las cooperativas, impidiendo que el integrante de la base emprendiera o se organizara. Así, de esta manera, termino por desvirtuarse totalmente la filosofía y la naturaleza de lo que es un sindicato; el sindicato, valga recordar, nace como una forma organizativa de los trabajadores para exigirles a los patronos que cumplan con sus obligaciones de todo tipo.


da. ¿Qué ha propuesto Fecode?

AR. Fecode exige que la plata que está definida en el 12 por ciento de los aportes laborales, efectivamente se destine para la salud, porque no se está haciendo. Si el departamento del Cauca se mete en igualdad de condiciones, es como si en Bogotá el Distrito Capital se metiera en igualdad de condiciones, así daríamos un paso adelante. Las propuestas que hoy lidera Fecode es que no disminuyan el porcentaje de los aportes destinado a salud, hoy afectado por los aportes a pensiones. Se arregla el hueco pensional, pero se agrava el problema de salud, porque tampoco están cumpliendo con los giros a las empresas prestadoras del servicio (o eso es lo que dicen las empresas: que el Gobierno está incumpliendo con los pagos)


da. ¿Qué dice el Gobierno?
AR. Dice que está al día, pero como no tenemos una veeduría por parte del Gobierno, no sabemos qué es lo que está pasando. Para estos temas debe estar al frente la Superintendencia de Salud, vigilando que se apliquen las cláusulas de incumplimiento de contrato.


da. El Viceministro aseguró a Asoinca que el visto bueno está en manos de Fecode, ¿es así?


AR. El Viceministro miente cuando sede la responsabilidad a Fecode par ejecutar o no la departamentalización en el Cauca; él sabe que existe una reglamentación y una normatividad que impide que el sindicato pase a administrar, a no ser que el sindicato tenga su propia empresa, que es otra cosa, así como lo hizo Santander. Tienen la posibilidad de constituirse en empresa y ofertar, la norma lo permite, Fecode no tiene que darle el aval a los sindicatos filiales para que constituyan esa empresa –nunca se la dio a Santander–, depende de su capacidad de organización y de lo que decidan las bases. Los sindicatos se corresponden con unos estatutos de la Federación de la cual son filiales, porque se acogen a sus estatutos, pero las asambleas de los sindicatos son autónomas. Por ejemplo, la Ade está construyendo un edificio, no tenemos que pedirle permiso a Fecode para mejorar las condiciones de desarrollo del sindicato, tener una mejor opción de atención a los afiliados. Desde que las filiales le cumplan a Fecode con la cuota federal, ésta no puede meterse en el manejo de los recursos. O se modifica la ley 91 del 89 o buscamos otra manera para que el Gobierno cumpla con un servicio médico de calidad.


Recuadro


da. ¿Cómo funcionaba la salud del magisterio años atrás y cómo llegaron a la norma que hoy regula la disposición de los recursos destinados para la salud de los/as profesores/as del país?


AR. Los antecedentes de la actual forma de contratación se ubican en el año 1989, con la ley 91, ley lograda luego de movilizaciones, paros y presiones del magisterio. Porque, por desafortuna, cuando el gobierno quiere privatizar sus empresas o sus servicios, acuden a la desacreditación (que es lo mismo que está ocurriendo con la Empresa de Teéfonos de Bogotá). Empiezan a prestar un mal servicio, no porque los trabajadores/as quieran hacer mal su trabajo, sino porque no cuentan con las condiciones técnicas y tecnológicas o los insumos necesarios para que presten un buen servicio. Los hospitales en Colombia empezaron a contratar con terceros los servicios que antes ofrecían, fueron convertidos en empresas sociales del Estado, de tal manera que se pensó en el sistema de salud como una venta de servicios con la idea de autofinanciar los hospitales. Craso error. Así, los hospitales comenzaron a competir entre sí, pero además de la competencia empiezan a reducir servicios y restringiéndolos sólo para quienes los pudieran pagar; en consecuencia, el servicio para la población constitucionalmente establecido, se convierte en una mercancía.


El Magisterio, en ese entonces, tenía una pelea dura con las que fuesen llamadas Cajas de Previsión Social (CPS), que era la herramienta mediante la cual el gobierno prestaba los servicios médicos asistenciales a las trabajadoras y trabajadores del país, incluido el magisterio. El entra en un proceso de nacionalización, luego de que la educación estuviera organizada así: básica primaria estaba a cargo de municipios y departamentos y la secundaria y media, estaba a cargo de la nación. Esto había generado una división entre el Magisterio, porque las y los profesionales que se iban a trabajar en secundaria eran nombrados por el MEN y supuestamente eran mejor remunerados. Con la nacionalización viene también, la clasificación docente por concurso, Fecode deja de ser la Federación Colombiana de Educadores para llamarse Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Esto permitía que se le pagara al Magisterio por un escalafón, acuerdo que se logró con el decreto 2277 del 14 de septiembre de 1977, así se unificó la carrera docente, permitiendo así que cualquier docente tuviera los mismos derechos en todo el país. Simultáneamente se estaba dando la pelea para la centralización de la responsabilidad del Estado colombiano en materia de seguridad social, que es en donde se enmarcan los servicios médicos asistenciales. Esto se consiguió luego de muchos años de organización; es más, se podría decir que en cada década el Magisterio logra decantar cada una de las situaciones que he mencionado.


Se crea una nómina que depende solamente de la nación y los departamentos y los municipios concurren con eso que deben a los maestros y maestras por seguridad social. Todo esto se condensa en la ley 91 de 1989. En ese momento hay una negociación con Fecode y en el artículo 15 de la Ley 91/89 se establece que la salud no se atenderá a través de las Cajas de Previsión, sino que será atendida mediante contratos. Para nosotros esto no fue un avance, fue ir camino a la privatización, para poder hacer lo cual el gobierno crea el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio (Fomag). Hay un consejo directivo integrado por cinco personas, tres de esas personas son representantes del gobierno nacional, un delegado del MEN, un delegado del Min Hacienda y un delegado del Min Salud. Estos tres siempre han estado totalmente identificados: a como dé lugar descapitalizar el Fondo. Los dos del magisterio los nombra el sindicato de mayor número de afiliados en el rango nacional.

 

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Daniel Vargas, 18 de agosto de 2016

Publicado enColombia
Jueves, 18 Agosto 2016 06:05

Un bicho sin bozal

Un bicho sin bozal

Les debo confesar que los homenajes me dan miedo. Cuando arrecian, da la impresión de que hay algo, en fin, no sé, un premio a la duración o algo parecido.


Pero la principal razón de mi miedo, es porque se corre el riesgo de tomarlos demasiado en serio y que el personaje se coma a la persona.


La vida es en gran medida una dramaturgia: se nos exigen roles y los asumimos, porque si no lo hacemos los demás se enojan.


Al final nos preguntamos: ¿Pero quién soy, los roles que debo cumplir o yo? Y eso es peligroso, muy peligroso, me da miedo.


Alguna vez me preguntaron ¿Vos sos juez? Y respondí un poco molesto: “No, yo trabajo de juez, pero soy Raúl”.
Les confieso que me da miedo el personaje y más en el último tiempo.


Unos me felicitan, me llaman “maestro” y quieren sacarse fotos, otros me tienen bronca, me miran de reojo y me inventan un prontuario. Pero en definitiva, ambos lo hacen porque respondo a los roles, que unos los consideran positivos y otros negativos.


Pero fíjense que si hiciera algo diferente a lo que esperan de mí los que me tienen bronca, seguro que dirían que lo hago por cualquier motivo disvalioso.


Nunca pensé que el derecho penal me podía llevar a esto. Es muy raro, pero trato de entenderlo. Francamente, es muy posible que sea tonto o loco, pero les aseguro que todas las tonterías y locuras me salen, no son de ninguna manera respuestas a demandas de roles. Más aún: cuando tengo tiempo para pensar lo que debo hacer –no siempre–, me cuido de no caer en la simple respuesta.


Tengo miedo de dejar de ser el de siempre, el del barrio, el que hace muchos años tomaba el 124 para ir a la Facultad, el que estudiaba y era empleado municipal. No cambié ni quiero cambiar, aunque hoy haya reemplazado el 124 por los aviones y la parada de la esquina de Flores en Gaona y Donato Alvarez por los aeropuertos.


Muchas veces en aquellos años soñaba con algo parecido a este cambio mientras miraba por la ventanilla del 124. Pero nada es gratis en la vida: al final, uno tiene el destino que eligió y lo tiene que aguantar.


Cuando uno tiene curriculum largo es porque tiene vida larga, y por eso también siento la presencia de muchos que ya no están: maestros, amigos, colegas que se han ido en el curso del tiempo.


Pero esto no me entristece, no me quita vigor ni ganas de hacer cosas. No me quedo atrapado en la nostalgia porque veo la continuidad: los que se fueron, los que están y los que llegan. Y frente a eso quiero seguir siendo el mismo, sólo que desde diferente altura de ese misterio que es el tiempo.


Algunos me preguntan qué busco con algunas de las locuras que hago. ¿Qué quiero? ¿A qué aspiro? Es que, a decir verdad, muchas veces me encontré con responsabilidades que no había buscado y a las que ni siquiera aspiraba. Y fue una suerte.


Creo que llegaron porque seguí siendo quien soy. Y creo que por eso a algunos de vez en cuando se les ocurre decir “llamen al loco”. Así fue que me encontré en posiciones que nunca había imaginado. Y creo no haberlo hecho del todo mal. Por lo menos puse siempre mi mayor voluntad en tratar de hacer las cosas lo mejor posible.


Es normal, es perfectamente ético y válido, que en este mundo se hagan muchas cosas para alcanzar éxitos personales.
Por eso es raro que un bicho sin bozal diga lo que piensa y haga cosas sin ninguna aspiración personal, sólo por querer ser quien es y con mucho miedo a dejar de serlo.


Pero también es cierto que cuando se es consciente de que la biología tiene límites, con la caída las hojas del almanaque el bozal se afloja y se cae, porque se piensa “por lo que queda, ya importa menos lo que pueda pasar”.


Y la verdad es que me siento tremendamente cómodo hablando y actuando sin bozal. Lo confieso y me entusiasma, incluso a riesgo de que no falten los que quieran dejar de llamarme “el loco” para llamarme el “viejo demente”.


Es que nuestra época, el actual momento del mundo, no es para usar bozal y menos cuando uno transita el derecho. Más que nunca me doy cuenta de que el derecho no es neutro ni incoloro, es siempre partisano.
El derecho es lucha, como decía Jhering.


Es lucha a brazo partido por la dignidad humana. Es lucha por los más desfavorecidos, por los más débiles


Y vivimos en un mundo donde los más débiles son dos tercios de la Humanidad, donde cada día se concentra más la riqueza, donde cada día se inventan nuevos instrumentos para reducir la libertad, donde quienes se aferran a las frágiles sogas que les arrojan desde las capas más altas de privilegiados, de inmediato desprecian a los que se quedaron en la ciénaga de la pobreza, de la miseria, del hambre, de la violencia.


Vivimos un mundo que ya no es de explotación, sino de exclusión.


¿Cómo puede el derecho ser neutral en este mundo? ¿Cómo puede no ser partisano? La neutralidad no existe: el ser humano siempre es parcial porque es parte de una sociedad, no puede vivir fuera de ella, es gregario.


Fíjense que los perros también son gregarios: viven en manada, pero a pesar de sus diferencias tan marcadas entre sus razas, se reconocen entre ellos como de la misma especie. Se olfatean.


Nosotros no nos olfateamos. Necesitamos muchas desgracias, millones de muertos para que un día, tímidamente, nuestros jefes de manada declarasen que “todo ser humano es persona”.


Y celebramos que se haya declarado esa obviedad hace menos de setenta años, claro, pero lo cierto es que no la vivenciamos del todo y el poder mundial está lejos de llevarla a la realidad.


Este es el mundo en que debemos teorizar y practicar el derecho, formar a nuestros estudiantes, formatearles la cabeza de modo diferente al que sufrimos nosotros en universidades con discursos elitistas. Ante la acuciante realidad de la crueldad del poder planetario, tuvimos que mirar otros horizontes y estudiar otras fuentes, vivir otras realidades, para tratar de poner orden en el caos que nos habían creado los discursos perversos.


Esto es lo que me mueve cuando hablo y actúo sin bozal, para que esta continuidad de los que no están, de los que están y de los que llegan, no se corte, que la lucha del derecho sea cada día más fuerte, más potente.


No se puede aflojar, porque cuando el derecho deja de ser lucha, deja de ser útil a los pueblos, que lo arrojan lejos, como una herramienta inservible, un martillo sin mango, un cuchillo sin hoja, y cuando eso pasa el lugar del derecho lo ocupa la violencia, en la que siempre, aunque ganen, pierden los más débiles.


Gracias a quien es ejemplo de esta lucha continua y que se ha empeñado el organizar esta cena, al inquebrantable amigo Beinusz Smukler, a los compañeros de la Asociación Americana de Juristas y a todos ustedes por compartir esta mesa. Gracias por la fe de todos en la lucha del derecho por la dignidad de la persona.


Me sigue dando miedo, pero pese a este homenaje, les prometo que haré todo lo posible por seguir siendo quien soy.


* Discurso en el homenaje que le rindió la Asociación Americana de Juristas el 11 de agosto, pronunciado después de las palabras del presidente del consejo consultivo argentino de la AAJ, Beinusz Szmukler, del juez Luis Niño y de Matías Bailone en nombre sus discípulos.

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Viernes, 12 Agosto 2016 08:03

La rebelión de los jubilados

La rebelión de los jubilados
Unas 100 mil personas marcharon por la avenida principal de Santiago el 24 de julio, y otras decenas de miles lo hicieron en las ciudades importantes de las regiones para defender su derecho a una vejez tranquila, sin la angustia de saber que su jubilación puede quedar reducida a cero si viven demasiado o si caen las bolsas en Fráncfort o Londres.

 

 

 

Fueron más que los estudiantes en su mejor momento: unas 100 mil personas marcharon por la avenida principal de Santiago el 24 de julio, y otras decenas de miles lo hicieron en las ciudades importantes de las regiones para defender su derecho a una vejez tranquila, sin la angustia de saber que su jubilación puede quedar reducida a cero si viven demasiado o si caen las bolsas en Fráncfort o Londres. “No + Afp”, era la consigna que se repetía en demanda de cambios radicales al sistema de jubilaciones creado por la dictadura y mantenido por todos los gobiernos democráticos. Las administradoras de fondos de pensiones (Afp, similares a las Afap de Uruguay) son la creación más emblemática del neoliberalismo chileno, hijas del cálculo y la imaginación de José Piñera, ex ministro de Trabajo del régimen de Augusto Pinochet y hermano de Sebastián Piñera. De raíces democristianas, José Piñera se vinculó a la dictadura después de haber pasado estudiando en Harvard los años violentos del boicot y derrocamiento del gobierno de Salvador Allende. A fines de la década de 1970 pasó a integrar el círculo de jóvenes talentos reclutados por Pinochet para “modernizar” el país, y a los 30 años llegó al Ministerio de Trabajo.

 

Como parte de la ofensiva para desmantelar el Estado, el joven ministro recibió del gobierno plenos poderes para sustituir el sistema público de jubilaciones y pensiones, supuestamente deficitario, y remplazarlo por uno de ahorro privado. Con ese cambio todos los trabajadores fueron obligados a entregar un porcentaje de sus sueldos a las administradoras privadas, sin que hubiera aporte alguno de los empleadores. La excepción: los miembros de las fuerzas armadas y la policía, que hasta la actualidad se jubilan a través del sistema fiscal, en el cual sus pensiones se mantienen estables.

 

Piñera dejó claros en un libro unos objetivos de la reforma que poco tenían que ver con el discurso oficial de hacer que los chilenos tuvieran mejores jubilaciones: la privatización del sistema “significó una disminución gigantesca del poder político del Estado sobre la economía”, y “equivalió a privatizar varias decenas de las empresas que efectivamente pasaron al sector privado”. Por lo menos diez de los ex ministros de la dictadura fueron y siguen siendo miembros de los directorios de las Afp, donde conviven sin problemas con ex funcionarios de los gobiernos democráticos, incluidos varios del primer gobierno de Michelle Bachelet. Al igual que los militares, ninguno de ellos tiene la obligación de entregar un porcentaje de sus ingresos a las administradoras, porque la ley que rige el sistema –impuesta por el gobierno militar– establece el aporte compulsivo sólo para los trabajadores en relación de dependencia o los independientes de medianos y bajos recursos.

 

Según la Fundación Sol, que estudia las condiciones del trabajo en Chile, más que para beneficiar a los cotizantes el sistema de Afp sirve para dar financiamiento barato a las grandes empresas, en las cuales las administradoras invierten mediante acciones. Según Marco Kremerman, economista de Sol, los grupos empresariales son así subsidiados por los trabajadores y obtienen fondos a una tasa de interés más baja que la imperante en el mercado. Unos 170.000 millones de dólares contiene el cofre de las Afp.

 

Un ejemplo dado por la Fundación Sol para demostrar cómo el dinero de los trabajadores proporciona capital a las empresas es el del grupo de la familia Matte, propietaria de una compañía fabricante de papeles y cartones que fue un símbolo de la resistencia de la derecha económica al gobierno de Allende. Como accionistas de nueve empresas del grupo Matte, que incluyen bancos, forestales, papeleras y compañías de electricidad y telefonía, las Afp dieron a ese conglomerado empresarial 4.500 millones de dólares. Por otra parte, en el entrecruzamiento de intereses que es común en el mundo empresarial chileno, las grandes empresas participan en la propiedad de las Afp, cuyas ganancias son obtenidas de la comisión que cobran a cada aportante y que está entre 0,5 y 1,5 por ciento, adicional al 10 por ciento del salario mensual que se debe entregar por ley. Unos 2,3 millones de dólares diarios es lo que deja esa comisión en manos de los dueños de las Afp, con un aumento del beneficio entre 2014 y 2016 cercano al 70 por ciento.

 

Entretanto, la jubilación promedio llegó en 2015 a 382 dólares.

 

A causa de la marcha contra las administradoras, José Piñera resolvió abandonar el circuito internacional de bien pagadas conferencias y clases en las cuales vende el modelo económico chileno, e hizo una declaración de tono mesiánico: “Suspendo mi cruzada mundial, para luchar de nuevo en Chile”. En El Mercurio y La Tercera, los diarios de mayor circulación e ine-quívocamente aliados de la derecha empresarial, la noticia de la manifestación del domingo 24 fue puesta en páginas y sectores marginales; una medición hecha entre el día siguiente y el domingo 7 indicó que entre ambos medios publicaron 41 artículos favorables a las Afp y sólo nueve con posiciones contrarias al sistema.

 

Hace un año el gobierno recibió el informe sobre las Afp preparado por una comisión de expertos, que recomendó cambios de fondo.

 

Bachelet demoró un pronunciamiento, pero la salida a las calles de la ciudadanía hizo que el martes 9 anunciara algunas modificaciones. Lo más novedoso, al menos para la realidad de Chile, es que los empleadores deberán complementar en un 5 por ciento el aporte de los trabajadores, para llevarlo al 15; además, cuando los fondos sufran pérdidas, las Afp tendrán que devolver las comisiones; se creará una administradora estatal, y se buscará la forma de dar a los cotizantes una representación en los directorios.

 

Buenas intenciones, que deben pasar por el cedazo parlamentario, del cual la derecha suele tener el mango.

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Un FSM para soñar el otro mundo necesario y reactualizar desafíos

Una manifestación festiva abrió el martes 9 de agosto en Montreal, Canadá, la 12da edición del Foro Social Mundial (FSM). Por primera vez desde su origen en el 2001 en Porto Alegre, el mismo se realiza en el “norte desarrollado”. Varios miles de participantes lanzaron así este encuentro internacional en el que el movimiento altermundialista se confronta no solo a reflexionar sobre sus utopías estratégicas sino también a compartir sus desafíos locales/diarios e interpelaciones de fondo. Y preguntarse sobre su propio futuro.



Los organizadores, positivos



Aunque parezcan lejanas e irrepetibles las grandes movilizaciones de apertura de las ediciones anteriores, sea en Brasil, India, Senegal, Kenia o Túnez, el joven Colectivo de Organización de Montreal reitera su mirada optimista. “Es erróneo decir que el FSM se está estancando. Vemos una vitalidad creciente”, anticipa Carminda Mac Lorin.



“Hay que superar la fractura entre el Norte y el Sur...las desigualdades humanas aumentan en todas partes”, subraya por su parte Raphael Canet, otro de los obstinados albañiles de esta convocatoria.



“Los problemas que vivimos en el Sur se viven de la misma manera en los países industrializados”, insiste por su parte Chico Whitaker, uno de los co-fundadores del FSM y uno de los intelectuales-militantes sociales más identificados con este espacio en construcción.



De la retórica a la realidad, una hipótesis preocupante que se barajaba ya desde el anterior FSM en Túnez (2015) parece sin embargo corroborarse. La política migratoria restrictiva de Canadá restringió la participación de representantes del Sur. Los datos lo comprueban: el 70 % de las solicitudes de visas para participar fueron rechazadas por las autoridades migratorias a pesar del esfuerzo gigantesco de los organizadores por destrabar esta encrucijada restringente.



Con los ojos del Sur




Tal vez los organizadores pecaron de cierta ingenuidad, pensando que como la convocatoria propugnaba valores como la solidaridad, se flexibilizarían las exigencias migratorias, reflexiona Filomena Siqueira, una de las responsables de Ação Educativa, pujante ONG brasilera implicada desde el inicio mismo en la dinámica forista.



En los primeros días de agosto ante la constatación de las dificultades para obtener el permiso de entrada, decenas de organizaciones canadienses e internacionales enviaron una misiva al Gobierno solicitando rápidas soluciones. Señalaban que los más perjudicados habían sido dirigentes sociales de República Democrática de Congo, Marruecos, Irán, Haití, Nigeria y Nepal. Las negativas de visas había también perjudicados a ciudadanos de Benín, Brasil, Burkina Faso, Ghana, Malí, Palestina y Togo.



Esa decepción explica la indignación y críticas a las autoridades de muchos de los participantes en la marcha de apertura que “fue muy colorida y participativa, con temas variados y bella participación ciudadana” enfatiza Siqueira, sorprendida positivamente de lo que se vivió el 9 de agosto.



Las primeras actividades se están desarrollando exitosamente, explica la dirigente brasilera que participó antes en una media docena de foros en distintos países del mundo. “Todo muy organizado a pesar de la amplia dimensión de la universidad que cuenta con varios campus lo que no facilita ubicarse bien en un primer momento”. Más de 1000 actividades auto-gestionadas se desarrollarán en los cinco días del Foro, en una maratón participativa, que, según los organizadores, podría reunir unos 50 mil participantes de un centenar de países.



Desafíos abiertos



El FSM, y Montreal lo está demostrando, sigue siendo un importante espacio para compartir ideas y prácticas en la perspectiva de construir sociedades más justas y un mundo mejor, posible y necesario, enfatiza Filomena Siqueira.



En ese sentido, aunque saluda la organización de varias conferencias centrales temáticas en esta edición –retomando lo que se vivió en las primeras ediciones de los FSM en Brasil-, advierte “que no se debe crear la expectativa que de las mismas va a llegar la verdad absoluta y que se va a promover una toma de posición en tanto Foro”.



Las reflexiones e intercambios que lograremos promover en Canadá, deben “ayudarnos al regresar a cada uno de nuestros espacios locales y nacionales, para seguir promoviendo la participación y el cambio”, insiste.



¿Podrá dar respuesta la edición de Montreal a la pregunta sobre el real estado del FSM y su potencialidad de futuro? Es una interrogante esencial, responde la dirigente de Ação Educativa de Brasil. “Pero no estoy de acuerdo con los que pregonan la muerte del Foro o anticipan que en Montreal se realizará el duelo del mismo”.



El FSM es “un espejo, un reflejo directo de los movimientos y organizaciones sociales, de la sociedad civil mundial. Los que anticipan la muerte del FSM deberían entonces decretar la muerte de dichos movimientos y organizaciones... No hay que olvidar que el FSM no es una institución en sí misma. Es un espacio que congrega, las luchas, pensamientos y sueños que se dan a nivel local”.



Mundo globalizado



Participar al movimiento altermundialista y apostar a otro mundo posible y necesario, implica reconocer que estamos todos en el mismo barco y todos sentimos los efectos de la mundialización en nuestra “Tierra Patria”. Pero es también cierto que las consecuencias sociales y medioambientales de esa globalización son diferentes en cada lugar, reflexiona el sociólogo suizo Jean Rossiaud, co-responsable del Foro Democrático Mundial.



“Y la sociedad civil que se organiza para defender o ampliar sus derechos es diferente en cada sitio, así como los movimientos sociales que transforman sus luchas según relaciones de fuerzas culturales, sociales y políticas”, continúa.



En ese sentido, hoy, aquí, en Montreal, “percibimos la diferencia con otros foros anteriores”, explica. En los cuales, como en Porto Alegre, se sentía la dinámica fuerte del Movimiento de los Trabajadores rurales sin Tierra (MST); o en Mumbai la de los Dalits, o en Belem de Pará, de los pueblos autóctonos. “Aquí es especialmente el movimiento estudiantil el que lo promueve para relanzar la dinámica de movilización creada hace tres años, ampliarla a otros actores e internacionalizarla”.



En cuanto a la reflexión sobre el futuro del FSM a promover en Montreal, Jean Rossiaud aporta claves de interpretación y propuesta.“Los FSM no deben desaparecer pero no pueden limitarse a ellos mismos y deben ser superados por otras formas de movilización social. Las mismas deben ser más descentralizadas y más continuas en el tiempo. Demostrando que ya existen soluciones inmediatas y concretas para vivir en un mundo solidario”. Hay que ver por ejemplo el impacto del film /Mañana/, puntualiza. Dichas movilizaciones deben convocar más inteligencia colectiva; construcción ideológica compartida y más política, es decir, interesarse más a la gobernanza mundial, pasando de lo local a lo global”, concluye.



 

Sergio Ferrari, colaborador de prensa de UNITE, Asociación suiza para el intercambio de personas en la cooperación.

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Convocatoria al encuentro continental contra el neoliberalismo y por la educación pública

Cientos de maestros y maestras de distintos lugares de México junto a luchadores por la educación pública mundial nos encontramos a finales de julio en La Ensenada Baja California cobijados por el Instituto Internacional de Pedagogía Crítica Peter McLaren. Allí analizamos las reformas educativas que se vienen desarrollando en el continente y su impacto en el destino de la educación pública; lo más importante nos atrevimos a pensar otra educación posible para nuestros pueblos. Un arcoíris de posibilidades se abrieron dibujando una ruta de trabajo para garantizar que los millones de niños, niñas y jóvenes de la región puedan contar con una escuela pública que les cobije garantizándoles ser actores fundamentales en el mundo por venir.

El presente resulta ser un tiempo especial en la agonía capitalista. Desde los pueblos se conforma un nuevo tejido de solidaridad y cooperación para enfrentar al neoliberalismo en todos los planos. En ese contexto la educación juega un papel estelar en las resistencias y propuestas alternativas; el elemento unificador en este caso es la defensa de la educación pública, gratuita, integral, de calidad e inclusiva.

En la década de los ochenta y noventa del siglo XX el neoliberalismo educativo desembarcó en la región Latinoamericanacon su agenda de privatizaciones y subordinación de los sistemas escolares a los llamados designios del mercado. Durante dos décadas, el magisterio, los estudiantes y las comunidades resistieron la embestida del gran capital y han acompañado las experiencias alternativas de los gobiernos progresistas y revolucionarios en la región.

En la más reciente década, el neoliberalismo ha lanzado una nueva ofensiva contra el derecho a la educación expresado en

1. La puesta en escena de modelos de evaluación estandarizados para estudiantes y maestros. En el primero de los casos conducen a centrar la tarea de los sistemas educativos en la medición de cuatro áreas de aprendizajes: matemáticas, lectoescritura, tecnologías y novedades científicas, borrando de un solo plumazo la función central que los Estados nacionales y los pueblos le habían asignado a la escuela: la construcción de ciudadanía, el desarrollo integral de la personalidad y el impulso del pensamiento crítico. En el segundo de los casos, las llamadas evaluaciones del desempeño procuran destruir definitivamente el prestigio social de los docentes, culpándoles de todas las deficiencias del aparato escolar a la par de romper con la capacidad del magisterio para proponer, impulsar y crear modelos alternativos de educación a los que se implantan por órdenes de los organismos económicos internacionales como el FMI, la OCDE, el Banco Mundial o el BID.

2. La progresiva eliminación de la carrera docente, mediante la desaparición de las normales, el cuestionamiento a las Universidades Pedagógicas y las instituciones de educación universitarias que forman docentes. Se pretende convertir en política pública que cualquier profesional, sin formación especializada, pueda trabajar con niños y adolescentes rompiendo con los principios del Estado Docente y la carrera docente que tantas luchas y vidas han costado en el continente.

3. Disminuir sensiblemente la inversión pública en infraestructura escolar, mediante el impulso del principio de las llamadas “escuelas de bajo costo” para los más pobres. Un ejemplo notable de ello, es el caso mexicano donde cerca del 10% de sus escuelas -a la cual acuden los más pobres- no tienen las mínimas condiciones higiénicas, de salubridad y agua potable como lo confesó el propio secretario de educación pública de México el Sr. Nuño.

4. El destinar el grueso del 6% de PIB acordado por todos los países del mundo, en IncheonKorea 2015, como base mínima de inversión en educación, a la compra de chatarra tecnológica de rápida obsolescencia que sólo sirve para enriquecer a las grandes trasnacionales de la tecnología, sin que ello venga mediado por el desarrollo de software educativo, salarios y condiciones dignas de trabajo para los docentes, agenda social integral para los estudiantes, entre otros elementos. Por el contario el salario docente y sus condiciones de vida sufren presiones crecientes para la desinversión pública.

Para destruir la educación pública el neoliberalismo necesita pulverizar la tarea escolar de construcción de ciudadanía crítica, eliminar la carrera docente y sujetar los sistemas educativos al carro del mercado mediante pruebas estandarizadas que midan y conduzcan la dinámica de los planteles educativos a la formación escolar para los requerimientos del modo de producción del capitalismo del siglo XXI. Para ello, vienen utilizando a México como el gran laboratorio de la contrarreforma educativa regional, para que cumpla la tarea que en su momento se le asignó al modelo educativo chileno en los 80 y 90 de paradigma a generalizar.

En franca contraposición a tales intenciones del gobierno mexicano respaldado por grupos oligárquicos nacionales y trasnacionales, el magisterio del país encabezado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), viene desarrollando desde el pasado 15 de mayo una intensa jornada de luchas cuyo objetivo principal es lograr la derogación de las reformas neoliberales a los artículos 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las modificaciones a la Ley General de Educación (LGE), además de la anulación de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente, esta última considerada por los propios ideólogos de la contrarreforma como el corazón de la misma.


Como era de esperarse, el Estado Mexicano ha respondido a los maestros en resistencia con todo tipo de represiones: suspensión de salarios, ceses laborales, encarcelamiento, desalojos por la fuerza pública y hasta el asesinato de militantes y simpatizantes de la CNTE, tal y como ocurrió el pasado 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca, todo ello reforzado por intensas campañas de descalificación y denostación hacia los trabajadores de la educación a través de los medios de información.
Sin embargo, la solidaridad y respaldo de múltiples organizaciones sociales del país y del mundo, sobre todo ante los hechos represivos registrados en Oaxaca, han obligado a las autoridades del gobierno federal a abrir mesas de diálogo y negociación con la representación de la CNTE, desde donde se busca avanzar en la suspensión inmediata de la aplicación de la contrarreforma educativa y su posterior abrogación definitiva y, como consecuencia, la construcción de una verdadera reforma, consensuada con el conjunto de actores sociales involucrados en la educación.


Conscientes de que dicho proceso de diálogo y negociación tiene sus riesgos y puede ser usado por las autoridades como táctica para la administración y el alargamiento del conflicto, los participantes en el Simposio Internacional sobre educación comparada en el Siglo XXI, organizado por el Instituto McLaren de Pedagogía Crítica y celebrado los días 30 y 31 de julio en Ensenada, BC, declaramos lo siguiente:


I. Estamos a favor de las luchas de resistencia del magisterio mexicano y compartimos plenamente sus objetivos: lograr la anulación de la contrarreforma educativa y avanzar hacia la construcción de una verdadera transformación de la educación en México que se proponga sostener y fortalecer la escuela pública, de acuerdo a los intereses y necesidades del pueblo en el presente siglo; en lo inmediato, recuperar la estabilidad laboral de todos los docentes en situación de cese, suspensión y descuentos de salarios de manera injustificada y otras formas de hostigamiento por parte de las autoridades educativas, así como la liberación pronta e incondicional de todos los presos políticos por su participación de las actividades del movimiento magisterial, además del resarcimiento al daño moral y físico hacia las personas que han sido víctimas de la represión gubernamental.


II. Esta lucha por la defensa y fortalecimiento de la educación desde los intereses populares corresponde no sólo a los trabajadores del magisterio, como se ha manifestado en la actual coyuntura, donde padres de familia organizados, comunidades y pueblos, movimientos sociales, además de sectores de la intelectualidad de todo el paísparticipan de manera activa en esta disputa por lo social y lo público en nuestra nación, frente a la vorágine privatizadora del régimen neoliberal que amenaza con cancelar el conjunto de derechos y conquistas heredados de las luchas de Independencia y la Revolución Mexicana. Por lo tanto, estamos a favor de la construcción de un gran frente social y popular por la edificación colectiva de un Nuevo Proyecto de Nación a partir de criterios axiológicos como la justicia social, la soberanía nacional, la democracia popular y la solidaridad internacional.


III. Dado que la lucha por la defensa de la educación pública va más allá de nuestras fronteras, debido a que nos enfrentamos a políticas privatizadoras de los organismos internacionales de la globalización capitalista, proponemos al Instituto McLaren de Pedagogía Crítica y a la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) de la CNTE, conjunten esfuerzos para la realización de un Encuentro Continental contra el neoliberalismo y por la Educación Pública en los próximos meses, al que se convoquen a todas las resistencias activas de los países del Norte, Centro y Sur de nuestra América, con la finalidad de articular todos los esfuerzos y organizar un potente movimiento a favor del derecho social a una educación pública, integral, laica, científica y popular, base para la formación de la ciudadanía que requiere la superación de la actual crisis civilizatoria a nivel continental y mundial. Juntemos nuestras mentes, conciencias, corazones y manos en la defensa del futuro de los niños y los jóvenes del mundo, es decir en la defensa de la educación pública; la cita es en México y quienes nos convocan es quienes lideran en el presente esta lucha a nivel planetario: los y las maestras mexicanas y las comunidades populares de la tierra de Zapata. Asistamos desde todos los lugares y con todas las experiencias.

Finalmente, ratificamos nuestro compromiso con la necesaria transformación social, económica y política del país y del mundo, desde de la trinchera de la pedagogía crítica y la educación popular, reafirmando el sueño de nuestros libertadores y grandes pedagogos: Simón Bolívar, Miguel Hidalgo, José María Morelos, José Martí, Simón Rodríguez, Paulo Freire, Rafael Ramírez, Lizardo Pérez, Orlando Fals Borda, Fernando Cardenal, Luis Bigott, entre otros.

Para contactar escribir a: Magisterio Educación Pública <Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.>


Atentamente


Participantes en el Simposio Internacional sobre Educación Comparada en el Siglo XXI


Peter McLaren (Estados Unidos)
Marco Raúl Mejía (Colombia)
Luis Bonilla-Molina (Venezuela)
Lisardo García (Cuba)
HuangZicheng (China)
JuhaSuoranta (Finlandia)
Anna Renfors (Finlandia)
Alberto Arnaut (México)
Sergio Quiroz Miranda (México)
Lev Velázquez (México)
Ysabel Camacho (México)
Sergio Quiroz Valdez (México)
Heber Peñaloza (México)
Isaías Dieguez (México)
Jorge Cázares (México)

Y 200 firmas más

 

8 de Agosto de 2016

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La Ley de Derecho al Voto y la nueva ola de leyes segregacionistas

La Ley de Derecho al Voto promulgada por el presidente Lyndon Johnson el 6 de agosto de 1965 contribuyó a que millones de afroestadounidenses puedan ejercer el derecho al voto. Ese día, en un discurso pronunciado durante una reunión con miembros del Congreso de los dos principales partidos, su Gabinete, referentes de la lucha por los derechos civiles y la prensa, Johnson expresó respecto a los afroestadounidenses: “Llegaron encadenados en la oscuridad. Y en el día de hoy hemos logrado romper el último de los grilletes de aquellas violentas y antiguas cadenas”.

 

La Ley de Derecho al Voto fue renovada y ampliada varias veces en el transcurso de los últimos 50 años. Pero finalmente, en junio de 2013, la Corte Suprema de Estados Unidos, en una votación dividida, redujo la ley a cenizas. Casi de inmediato, varios estados del sur del país comenzaron a aprobar restrictivas leyes electorales que provocaron la privación del derecho al voto de cientos de miles o tal vez millones de votantes. Sin embargo, tres años después, esta nueva generación de leyes segregacionistas, similares a las Leyes de Jim Crow que impusieron la segregación racial en las instalaciones públicas de Estados Unidos, enfrentan demandas judiciales a nivel federal y una a una van siendo dejadas sin efecto o debilitadas significativamente.

 

El más reciente de los fallos judiciales, y tal vez el de mayor alcance, fue el anunciado el pasado viernes en Carolina del Norte. En ese estado, una polémica ley, promulgada por el gobernador republicano Pat McCrory pocas semanas después de que la Corte Suprema hiciera trizas la Ley de Derecho al Voto, establecía la eliminación de muchas disposiciones de las leyes electorales de ese estado que habían extendido el derecho al voto a muchas personas, la mayoría de ellas afroestadounidenses. La ley promulgada por McCrory imponía un estricto requisito de identificación por fotografía a fin de votar. Eliminó además buena parte de las opciones de votación anticipada de ese estado, entre ellas, las votaciones dominicales, que resultan muy importantes para la comunidad afroestadounidense ya que las congregaciones de las iglesias acuden juntas a votar después de misa en lo que se denomina "almas a las urnas". El estado también eliminó la posibilidad de votar en cualquier centro de votación, lo que permitía que la gente votase fuera de sus distritos electorales específicos, y eliminó además la posibilidad de registrarse el mismo día de las elecciones, así como también el registro previo de los jóvenes de dieciséis y diecisiete años de edad. Todas estas disposiciones eran mejoras a las leyes de empadronamiento de votantes de Carolina del Norte que habían sido promulgadas cuando el gobierno estatal estaba bajo control demócrata.

 

En su fallo sobre la impugnación de la ley, el tribunal de apelaciones de Carolina del Norte redactó: “Las nuevas disposiciones afectan a los afroestadounidenses con una precisión casi quirúrgica". Los jueces concluyeron que el gobierno y el parlamento estatal de Carolina del Norte, ambos bajo control republicano desde principios de 2011, no presentaron pruebas fehacientes de fraude electoral, principal argumento de los republicanos para promulgar estas leyes electorales restrictivas. Como parte de la misma estrategia, el candidato a la presidencia por el Partido Republicano, Donald Trump, suele utilizar argumentos similares. “Puede haber gente que vota hasta diez veces”, ha afirmado Trump sin presentar evidencia alguna.

 

Esta embestida contra el derecho al voto se ha convertido en una de las principales estrategias electorales de los republicanos, especialmente desde que resultara electo el presidente Barack Obama en el año 2008. Ari Berman, redactor de The Nation y autor del libro de lectura obligada “Give Us the Ballot: The Modern Struggle for Voting Rights in America” (Dennos el voto: La lucha moderna por el derecho al voto en Estados Unidos, en español), resume en su obra más reciente los fallos judiciales que están dejando sin efecto estas restrictivas leyes electorales. Bajo el subtítulo "La guerra de los republicanos contra los derechos electorales está produciendo resultados contrarios a los que esperaban”, Berman escribe acerca de las victorias judiciales de aquellos que impugnaron esas leyes en Carolina del Norte, Wisconsin, Texas, Michigan, Ohio y Kansas.

 

En el programa de “Democracy Now!”, Berman dijo en relación a Elizabeth Gholar, una de las personas a quienes se negó el derecho a votar:

 

“Es una mujer mayor que nació en la Carolina del Norte de Jim Crow y que luego se mudó a Texas. Tiene una licencia de conducir de Louisiana que no fue aceptada como documento de identidad válido para votar en Texas. Y su certificado de nacimiento no fue aceptado como documento de identidad válido para obtener un documento de identidad emitido por el Gobierno de Texas. Dado que nació en su hogar en manos de una partera, básicamente tuvo que contratar a un abogado para poder obtener toda su documentación en Louisiana. Su historia es increíblemente emotiva. Al prestar testimonio ante un tribunal federal, dijo: ‘Nací en los tiempos de Jim Crow, antes de que los afroestadounidenses pudieran votar en Louisiana, y ahora vuelvo a no poder votar. Por primera vez en 60 años, no puedo votar en el estado de Texas y esto me rompe el corazón’”.

 

Para personas como Elizabeth Gholar, esta nueva ola de privación de derecho al voto podría estar revirtiéndose, pero queda por verse si eso sucederá a tiempo para las elecciones presidenciales de noviembre. Como resalta Berman: “Estamos a menos de 100 días de las elecciones y serán las primeras elecciones presidenciales de los últimos cincuenta años en que no estarán vigentes todos los amparos que dispone la Ley de Derecho al Voto. Por primera vez, en diecisiete estados han entrado en vigor nuevas restricciones. La situación es aún muy incierta”.

 

El fallo judicial de Carolina del Norte, como la aprobación misma de la Ley de Derecho al Voto, estuvo precedido de años de activismo y manifestaciones pacíficas. En 1965, las acciones se centraron en Selma, Alabama, donde manifestantes pacíficos que marchaban hacia la capital del estado fueron brutalmente agredidos por la policía estatal al cruzar el Puente Edmund Pettus, el cual lleva el nombre de un general de la Confederación y Gran Dragón del Ku Klux Klan. En Carolina del Norte, miles de personas se sumaron a la campaña “Moral Mondays” (Lunes Morales, en español) impulsada por la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color y participaron en acciones de desobediencia civil en el marco de esa campaña de protestas semanales. Más de medio siglo después de haberse promulgado la Ley de Derecho al Voto, la lucha continúa.

 

Traducción al español del texto en inglés: Fernanda Gerpe. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Un monstruo llamado Fiscal General de la Nación

 

Sin darse cuenta los constituyentes de 1991 crearon un monstruo llamado Fiscal General de la Nación. La figura no era nueva en el derecho público, pues su primera noticia la tuvimos los colombianos en 1979, mediante el acto legislativo número uno, promovido por el presidente Turbay Ayala. Pero ese aparato no tuvo operatividad porque la enmienda constitucional fue declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, muchas de las normas del 79 fueron rescatadas por la Constitución de 1991, bajo la figura del sistema acusatorio del derecho penal. Se trata de un régimen mixto o sui generis, pues no depende del Ejecutivo, como en el sistema anglosajón, sino que dentro de la estructura del Estado hace parte de la Rama Judicial. Hacer parte de la Rama Judicial es un decir, toda vez que se trata de un ente autónomo e independiente, desde el punto de vista administrativo y presupuestal. Sin ninguna dificultad se observa que dos ramas del poder público –ejecutiva y judicial– intervienen para darle vida humana, en cabeza de un hombre o una mujer, a un monstruo que ya está institucionalizado en la Constitución.

 

Ese funcionario llamado Fiscal General de la Nación, no solo es un monstruo porque nace de dos ramas del poder público, pero que no depende de ninguna de las dos, debido a que es autónomo en su estructura, presupuesto y planta administrativa, sino por el cúmulo de funciones que la propia Constitución Política le otorga. En efecto, la Fiscalía como aparato, tiene unas atribuciones relacionadas con la libertad de los ciudadanos: debe perseguir a los presuntos delincuentes, proteger a las víctimas y los testigos, y dirigir y coordinar las funciones de policía judicial. Pero además de esas funciones del aparato estatal en sí, el Fiscal General, como funcionario individual, puede investigar y acusar a los altos funcionarios del Estado, nombrar y remover los 25.000 empleados que la integran, participar en el diseño de la política criminal y atribuir funciones de policía judicial a los organismos que considere necesarios. En suma: tiene más poder burocrático que el propio presidente de la República, además de la espada de Damocles, llamada libertad, de la que no dispone el jefe de Estado.

 

Con tantos y tan desorbitados poderes, se supondría que los colombianos deberíamos escoger al más pulcro, al más honesto, al más sabio, al mejor formado académica, intelectual y moralmente de todos los hombres y mujeres de la nación para ocupar el cargo de Fiscal General. Sin embargo, los colombianos del común nada tenemos que hacer frente a los compromisos políticos, afectivos, económicos o judiciales de docena y media de poderosos que intervienen en su elección: el presidente de la República y de 16 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No siempre coinciden los intereses del que hace la terna –el Presidente– con los de los electores –los magistrados–, pero siempre-siempre será “cosecha de lo que la tierra da”: demasiado políticamente correcto, vocero de alguna religión, defensor de los grandes bandidos, aspirante a la presidencia de la República o metido en el entramado de los más poderosos intereses económicos nacionales o globales. Hoy la suerte y la más fina sutileza de intrigas favoreció al abogado Néstor Humberto Martínez Neira. Todos los designios de los intervinientes en su nombramiento estaban tan enfocados sobre él, que ni siquiera le produjo el más leve rasguño la profunda metida de pata del elegido, el día de su presentación ante la Corte: el desprecio por la violencia intrafamiliar, víctima de la cual, en la mayoría de los casos, son las mujeres. ¡Qué paradoja! Quien salió a bajarle el tono a esa ofensa femenina en la que incurrió Martínez, fue precisamente una mujer: la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la señora Cabello Blanco.

 

Otra gabela más tiene el Fiscal General de la Nación: al igual que la más alta burocracia del Estado (presidente de la República y magistrados de las altas cortes) no tiene juez que lo investigue y lo sancione. Teóricamente lo debería hacer el Congreso de la República, en un complicadísimo juicio político que señala la propia Constitución. El sistema está hecho de manera tan perfecta para que no tenga efectividad, que en sus 25 años de vida jurídica no ha producido el primer fallo, aunque en sus anaqueles haya cientos de procesos, como ocurre en el caso del expresidente Álvaro Uribe. El gobierno Santos promovió una reforma constitucional para crear un “tribunal de aforados”, que reemplazara el kafkiano proceso político del Congreso, pero el fiscal Montealegre maniobró con tal audacia, tanto en el curso de los debates del proyecto de acto legislativo, como después de haber sido expedido, ante la Corte Constitucional. Justo, al cierre de esta edición de desde abajo –julio 14 de 2016–, el más alto juez de la jurisdicción constitucional declaró esa reforma inexequible. Por ello solo debemos esperar otros veinticinco o cien años de impunidad de los grandes bandidos de Colombia.

 

¿Qué hacer ante tal cúmulo de impedimentos que se le presentarán a Martínez para perseguir a los grandes bandidos? Banqueros, azucareros y petroleros están entre sus clientes. Verse ante la perspectiva de tener que perseguir a sus cliente, debió causarle tanto rubor al elegido Fiscal General, que de inmediato se apresuró a proponer unas “profundas reformas”, en el organismo que va a ocupar: nombramiento de fiscal ad hoc por parte de la Corte Suprema de Justicia, siempre que tenga que declararse impedido para perseguir el delito; una auditoría interna que le reporte directamente a la Corte el comportamiento del organismo y de su titular, y el nombramiento de un fiscal encargado una vez que el titular termine su período o renuncie a su cargo. En realidad, en cualquiera de las tres reformas, no son más que simples distractores. En el caso de NHMN, ¿qué dificultad tendrá en postular subrepticiamente ante el alto tribunal el nombre o los nombres de los candidatos a fiscal ad hoc, así como su sucesor temporal y el propio auditor interno? Supongamos que no intrigara, ¿qué sucede mientras se tramita la reforma? Sencillamente, que cada vez que tenga que declararse impedido, lo reemplazará aquel funcionario que él ha nombrado: el Vicefiscal.

 

En la actual coyuntura los colombianos solo podemos hacer votos porque el poderoso funcionario Martínez Neira, aunque sea para guardar las apariencias, obre de la manera más equilibrada posible, y que haga justicia en lo que a la Fiscalía corresponde. El momento es muy delicado, y el Fiscal General tiene que jugar un papel determinante. En efecto, se sabe que en la actualidad cursan más de 110.000 procesos que tienen su origen en el conflicto social armado, que esperamos que pronto sea cerrado, tanto con las Farc como con el Eln. De acuerdo con el Tribunal Especial de Paz, acordado entre el Gobierno y las Farc en La Habana, el Fiscal General no solo debe enviar esos 110.000 procesos al nuevo tribunal, sino que debe colaborar con las nuevas investigaciones que surjan, en relación con la guerra. En el futuro Colombia debe pensar en una reforma estructural de la justicia, en la que se contemple la Fiscalía General de la Nación, en un régimen acusatorio pleno, pero en que su elección no dependa del ejecutivo y de la rama judicial, sino de los propios ciudadanos. Por otra parte, nuestro país está en mora de pensar seriamente en una reforma de la estructura del Estado, redefiniendo funciones en las distintas ramas y órganos del poder público, para que efectivamente haya una verdadera separación y equilibrio de poderes.

 

 

Publicado enEdición Nº226
Los rostros otros de las iglesias protestantes en Bogotá

 

 

Organizaciones religiosas protestantes de corte pentecostal o neopentecostal dominan el campo* religioso secundario en Bogotá, puede incluso decirse que en Colombia. Importante incidencia en un país donde el 94 por ciento de sus habitantes manifiestan ser creyentes. Estas organizaciones sobre las cuales apenas existen estimaciones en el número de fieles que congregan, así como sobre los multimillonarios montos de dinero que manejan–, poseen características mucho más “terrenales” que aquellas en las que inscriben los objetivos de funcionamiento y sus misiones organizacionales. La lectura cualitativa aquí expuesta puede motivar la ampliación del debate sobre las mismas, enfatizando en otros significados e influencias poco consideradas en las discusiones.

 

 

Iglesias protestantes, que con seguridad todas las persona que leen esta nota han visto proliferar y crecer en muchos de los barrios de nuestras ciudades, han sido estudiadas con rigurosidad desde el ámbito académico, efectuándose una interpretación “secular” y poco conocida de las mismas. Erigida sobre nuevos conceptos que pretenden organizar la complejidad organizacional y operativa de estas instituciones, fue elaborada una lectura de realidad que vale la pena conocer pues proporciona nuevos elementos para el análisis y el debate de estas organizaciones religiosas, tan presentes en la cotidianidad.

 

Estos conceptos o categorías, como Mega-iglesia1, Multinacionales de la fe2, Denominaciones3, Empresas Religiosas Centralizadas Multisede4 e Informalidad Religiosa5, resultan útiles para aproximarse a la comprensión del denominado “campo religioso secundario” a partir de la desagregación de sus tipos en la ciudad de Bogotá. Aunque esta interpretación pueda resultar confusa, adquiere relevancia en la medida que es útil para analizar comparativamente un tipo de organizaciones religiosas no católicas que producen, administran y/o distribuyen bienes simbólicos de salvación, al tiempo que compiten por la apropiación de capitales religiosos.

 

Bogotá es otro de los escenarios donde tiene lugar esta lucha por feligreses y sus capitales entre instituciones que promueven el acceso a bienes inmateriales y/o simbólicos como la prosperidad, la redención de los pecados y la salvación, además de otros intangibles a los que suelen restringir los objetivos y el sentido ulterior de sus operaciones. Sin embargo, no son los ámbitos subjetivos o religiosos donde exclusivamente influyen estas instituciones: sus propósitos desbordan los espacios inmateriales, introduciendo determinaciones sobre ordenamientos políticos, económicos y sociales en la capital y en el resto del país.

 

El debate acá propuesto prescinde de juicios valorativos sobre la veracidad, pertinencia o validez de los mensajes difundidos por estas instituciones, y sí pretende aproximarse a la interpretación secular de éstas en aspectos como sus relaciones con los fieles, sus vínculos con el Estado y las incidencias en la sociedad, aspectos que contribuyen a develar una faceta mucho más terrenal que la autopromulgada por estas empresas religiosas.

 

 

 

 

 

Las aristas terrenales de las organizaciones religiosas protestantes

 

Aunque heterogéneas, estas iglesias tienen determinantes comunes, por ejemplo, el hecho que compiten por “capitales” en el mercado religioso. A estos capitales se refiere William Mauricio Beltrán: “Como cualquier capital simbólico, el capital religioso se puede convertir en privilegios, autoridad, prestigio y riquezas; esto motiva a los agentes en competencia a implementar diversas estrategias para su apropiación, monopolización o desmonopolización”6. La lucha por estos capitales a través de estrategias debe entenderse a partir de la consideración que también es una lucha por autoridad, prestigio y riqueza en situación de pluralismo religioso7.

 

Otro de los aspectos más importantes de estas organizaciones, en semejanza a la Iglesia Católica, tiene que ver con el hecho que contribuyen al sostenimiento del orden político de diferentes maneras: inculcando matrices de percepción, pensamiento y acción orientadas hacia la legitimación y perpetuación de las estructuras política o empleando su autoridad para contrarrestar la subversión al orden dominante desde iniciativas proféticas y sectarias que puedan presentarse8. Decisión estratégica. No es rentable generar controversias políticas con el Estado en ámbitos que van más allá de lo religioso cuando es quien instaura normas para garantizar su viabilidad, funcionamiento, reproducción e igualdad9.

 

De manera semejante a las empresas comerciales participan de un tipo de mercado, en este caso del religioso. Ese es el espacio de mayor interés para todas las doctrinas religiosas en Bogotá y en Colombia pues en una situación de pluralismo se enfrentan a los desafíos de retener o aumentar sus membresías y, tal como lo precisa Beltrán: “Para este propósito, recurren a los mismos métodos que utilizan las demás empresas que enfrentan problemas similares, es decir, a las estrategias de marketing (Berger, 1971, pp. 169-174)”10. A esto se debe el hecho que la mayoría de las iglesias protestantes hayan adaptado su liturgia para poder reclutar y satisfacer a feligreses de segmentos juveniles y profesionales de la población, adaptándose a la demanda de sus consumidores. La competencia ha estimulado la competitividad por los fieles, la baja regulación interna de estas ofertas religiosas, así como una mayor incidencia (empoderamiento) de los individuos en el mercado de la religión.

 

Si hay mercado, tiene que existir la mercancía. Aquí encarna en los denominados bienes religiosos11. A partir de estos se llevan a cabo intercambios con los feligreses quienes aportan en contraprestación sus capitales humanos, energías vitales, trabajo, voluntades y valiosos recursos económicos que constituyen uno de los pilares materiales más fuertes de estas organizaciones. Son ofrendados en el contexto de las doctrinas de la “teología de la prosperidad” y “súper fe” donde, según Beltrán: “El dar actúa de forma análoga a la siembra: “el que abundantemente siembra, abundantemente cosecha” suelen decir los predicadores de la prosperidad citando el texto bíblico. En la medida en que el creyente done a su congregación (ofrendas y diezmos) garantiza la bendición divina”12.

 

Esta es precisamente una de las determinaciones que sesga muchos análisis hacía la hiper significación de los mecanismos de apropiación de recursos latentes en estas organizaciones religiosas, así como las posibilidades de enriquecimiento individual que proporciona sus economías del diezmo pobremente reguladas en términos tributarios por parte del Estado13. Aunque pueda ser objeto de encarnizadas discusiones, los bienes religiosos ofrecidos tienen pleno valor para miles de feligreses que han encontrado en estos la fuente de sentido, familia sustituta o comunidad terapéutica, el Estado a quien nunca han conocido, espacios de construcción de nuevas solidaridades (así como los beneficios derivados), instituciones mediante las cuales han mejorado objetivamente las condiciones de su existencia.


Es necesario tomar en cuenta estos matices en el debate pues el desenvolvimiento de estas organizaciones religiosas no puede reducirse a su naturaleza económica, política, financiera, pero tampoco –como pretenden algunos de sus líderes–, reducir su operación a las subjetividades y la espiritualidad de los feligreses que las integran, recibiendo un trato gubernamental pletórico en consideraciones y laxitudes. Hay una compleja interrelación entre estos ámbitos, una transferencia de bienes y contraprestaciones capaces de otorgar esta compleja corporalidad a instituciones religiosas que proliferan hasta en los más recónditos lugares del país.

 

 

La voz del sociólogo de la religión

 

William Mauricio Beltrán Cely habló con el periódico desdeabajo. Es un destacado investigador del Centro de Estudios Sociales (CES) y profesor del departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, artífice de las obras propuestas en este artículo, las mismas que han llamado la atención en la comunidad académica latinoamericana. A continuación el diálogo sostenido:

 

Allan Bolivar. (AB): Existe mucha resistencia entre los líderes protestantes a ser definidos y tratados conceptualmente como empresas religiosas, ¿cuál es el motivo de esta oposición?


William Beltrán (WM): Esta resistencia tiene que ver con que ellos tratan justamente de negar que sus proyectos religiosos tienen algún interés de lucro (los pastores especialmente). Es decir, hay un vínculo muy fuerte entre lógicas empresariales y proyectos religiosos porque las iglesias, sobre todo las grandes, las que llamamos Mega Iglesias, movilizan cantidades inmensas de dinero, no se sabe cuánto porque ellos tienen mucha reserva con esos datos [...] que nadie sepa puede ser preocupante. La Dian ha tratado de hacer indagaciones al respecto, pero es difícil, habría que ver hasta dónde llegó la Dian. Obviamente, en mi papel de investigador, no les puedo preguntar a los pastores cuánto dinero ingresa a sus iglesias, eso no es información que ellos suministren, o la dan con mucha desconfianza. Todo tipo de información que puede implicar para ellos alguna posibilidad de ser gravados con impuestos, pues la manejan con mucha prudencia [...].

 

AB. Enormes cantidades de dinero que no son objetos de tributación, ¿por qué no ha sido posible gravar a este tipo de organizaciones religiosas ni aún ahora, cuando son requeridos tantos recursos para financiar la paz?

 

WM. Cualquier intento de gravar las nuevas organizaciones religiosas implicaría, por la Ley de Libertad Religiosa, aplicar los mismos gravámenes financieros a la Iglesia católica. Eso no va a ocurrir, la Iglesia católica no aceptará que la graven. Las grandes iglesias, sobre todo la Católica, tienen –todavía– un gran poder de movilización social, de protesta [...]. Esto implica que cualquiera de estas propuestas tiene un costo político muy alto. Es decir, que un senador, un congresista, no quiere medírsele a eso por el costo político que le implica, [...] además porque las organizaciones religiosas manifiestan que son entidades sin ánimo de lucro y que sus servicios son para la comunidad. [...] Puedo equivocarme, pero veo muy difícil cualquier intento de gravar con un impuesto para la paz, con una contribución para la paz, a las organizaciones religiosas. Siempre será una cuestión voluntaria, les pueden proponer que contribuyan voluntariamente, pero como una obligación no me parece realista.

 

AB. Una de las críticas a estas organizaciones tiene que ver con la contribución de la mayorías de las organizaciones religiosas (ubicadas entre las categorías de Informalidad Religiosa y Multinacionales de la fe) al sostenimiento de los ordenamientos establecidos, ¿qué puede usted decirnos al respecto?


WM. Algo propio del cristianismo en general (incluso del catolicismo). El protestantismo ha considerado un valor someterse a las autoridades legalmente instituidas, es un valor cristiano que está presente en el evangelio y que se expresa un poco en el mandato que le da Jesús a los discípulos cuando les dice, “dad a Dios lo que es Dios y dad al César lo que es del César”, donde está implícito un sometimiento al orden legal establecido. Las iglesias mantienen ese principio, hay argumentos bíblicos que usan para decir que una institución religiosa debe obedecer al gobierno, incluso cuando el que gobierna es un infiel o un impío. A menos de que ese gobernante los obligue a hacer algo que vaya en contra de sus demás convicciones religiosas. Pero si ese orden no los obliga a negar su fe o actuar en contra de su fe, ellos creen que deben someterse.

 

En general, esa ha sido la actitud tomada por las iglesias cristianas, con muy pocas excepciones, de hecho una excepción se observa en lo sucedido hoy con la Misión Carismática Internacional que ha hecho parte del bloque constituido por el Centro Democrático para oponerse al proceso de paz. En ese sentido la Misión Carismática Internacional se ubica más en la oposición al Gobierno. Digamos que han existido otros casos en América Latina –como la Teología de la Liberación–, donde sectores de la Iglesia católica se pusieron del lado de la protesta, de la revolución, del movimiento social. Pero [...] las iglesias cristianas, en general, han tratado de mantenerse dentro del orden establecido, y de verse en muchos aspectos como aliadas del Estado, lo que le ha generado muchos conflictos en zonas donde hay presencia guerrillera, porque allí su afinidad con el Estado se lee como contrarrevolucionaria. Hay episodios recientes de nuestra historia –finales de los años 90 e inicios de la década del 2000– donde se multiplicó el asesinato y secuestro de pastores evangélicos, vistos por la guerrilla como “objetivo militar”, [...] en buena medida porque se oponían a que la guerrilla reclutara a sus jóvenes o que estos portaran armas, y porque no se identificaban con la propuesta política de la insurgencia.

 

AB. Considerando que también han sido víctimas en el conflicto armado, ¿cuál es la posición de estas organizaciones religiosas frente al postacuerdo?


WM. Dentro del protestantismo evangélico hay un sector que está muy a favor del acuerdo, y ya se está movilizando para buscar la reconciliación. Ese sector está liderado por figuras muy reconocidas, entre ellas Viviane Morales, Jimmy Chamorro y Darío Silva Silva, tal vez ellos son los más destacados. [...] Un abanderado de la reconciliación que es muy influyente en el mundo protestante es Darío Silva Silva, él tiene programas de televisión donde promueve todas las ventajas de la reconciliación. De hecho, él estuvo presente en momentos simbólicos importantes, como la campaña de Santos por la reelección, o la sanción presidencial de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

 

De hecho, usted puede consultar en la página Web de la Casa Sobre la Roca, donde aparecen registros de escenarios donde esta organización religiosa ha propiciado encuentros con guerrilleros, con paramilitares, con excombatientes, en zonas de conflictos, haciendo pedagogía por la paz. En otras palabras, ya hay iglesias muy comprometidas con el proceso de reconciliación. Por ejemplo, esta ha sido durante muchos años la bandera de la Iglesia menonita y de su ONG Justapaz [...] Allí hay procesos muy interesantes, hace poco celebraron jornadas de oración por la paz, muy de estas minorías, de iglesias muy pequeñas, que muestran mucho compromiso con las víctimas, movilizan recursos, hacen difusión a nivel internacional de lo que está sucediendo en Colombia cuando las amenazas a las víctimas se multiplican.

 

También hay otro sector, liderado sobre todo por la Misión Carismática Internacional, por los esposos Castellanos, que están en la oposición, que están con el Centro Democrático. Ellos se manifiestan afines con el discurso de que el acuerdo de paz promueve la impunidad, llamando a rechazarlo porque perpetuaría la impunidad... en fin son muy cercanos a Uribe.

 

Para consultar una versión ampliada de este artículo ir a:http://www.desdeabajo.info/component/k2/item/29263-los-rostros-otros-de-las-iglesias-protestante-en-bogota.html

 

* El campo, se refiere al espacio teórico donde se lleva a cabo la competencia por apropiarse de capitales religiosos entre las empresas que producen, administran y distribuyen bienes simbólicos de salvación.

1 Mega iglesias: Organizaciones religiosas pentecostales o neopentecostal conformadas por un número elevado de feligreses, propietarias de millonarios templos capaces de albergar miles de integrantes, organizadas de acuerdo a los principios racionales de la burocracia y provistas de sofisticadas estrategias de marketing para disputar capitales en el campo religioso. Algunas de ellas son: Centro Misionero Bethesda, Iglesia Casa sobre la Roca, Avivamiento Centro para las Naciones, El Lugar de su Presencia, Misión Carismática Internacional.

2 Multinacionales de la fe: Integra a un tipo de organizaciones transnacionales dotadas de un gran poder económico, productoras de bienes simbólicos de salvación y servicios religiosos en todo el mundo. Tienen una organización mundial centralizada desde donde coordinan sus estrategias de funcionamiento, de expansión, su unidad corporativa y doctrinal de forma estandarizada. Entre algunas de las Multinacionales de la fe en Bogotá y en Colombia se encuentran: La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días y los Testigos de Jehová.

3 Denominaciones: Son organizaciones religiosas doctrinalmente homogéneas que cuentan con sedes en diferentes lugares de la ciudad y el país. Gozan de un grado relativo de autonomía a la vez que responden a una organización central. Algunas de las denominaciones que destacan por su número de congregaciones y por la cantidad de miembros, son: las Asambleas de Dios, la Iglesia Cuadrangular, la Iglesia Adventista del Séptimo Día y la Iglesia Pentecostal Unida.

4 Empresas Religiosas Centralizadas Multisede: son grandes organizaciones pentecostales de estructura centralizada, que funcionan bajo la autoridad de un líder carismático. En estas organizaciones, cada una de las sedes funciona como un eslabón que replica los planes y estrategias de la autoridad central; por lo tanto, tienen una escasa autonomía local y pueden ser observadas como «sucursales» de una única empresa centralizada.

5 Informalidad Religiosa: Comprende congregaciones que nacen a partir de inversiones económicas bajas, en locales alquilados o en pequeños espacios dispuestos para tal fin. Pueden ser descritas dos tipo de organizaciones informales: pequeñas congregaciones con una clara curva de crecimiento en busca de convertirse en Iglesias, Mega iglesias o Denominaciones, por otro lado se encuentran pequeñas congregaciones que no crecen, pero tampoco dejan de existir manteniéndose en los límites de la informalidad religiosa.

6 Beltrán Cely, William (c). “La teoría del mercado en la pluralización religiosa”. Revista Colombiana de Sociología, N. 33. N 2. Editorial Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Julio-Diciembre 2010. p. 42

7 Situación en la que un Estado tolera, sin hacer suyo, diferentes grupos religiosos en competencia. En términos teóricos no existe ningún el monopolio religioso y ninguna organización de este tipo hace uso de la fuerza legítima para excluir a sus rivales.

8 Beltrán Cely, William (c), Óp. Cit., p. 45

9 Un ejemplo de ello se encuentra en el “concordato evangélico” (Decreto 354 de 1998. “por el cual se aprueba el Convenio de Derecho Público Interno número 1 de 1997, entre el Estado colombiano y algunas Entidades Religiosas no Católicas”) donde fueron concedidos algunos derechos como el reconocimiento de los derechos civiles de los matrimonios, la posibilidad de impartir su doctrina en instituciones educativas del Estado y su participación como capellanes en cárceles, hospitales y establecimientos asistenciales. Es de manera precisa esta capacidad de convivir con el Estado lo que ha potenciado la victimización de algunos de sus líderes e escenarios del Conflicto Armado en Colombia.

10 Beltrán Cely, William (c), Óp. Cit., p. 48.

11 Pueden ser: a) promesas de compensación futuras o trascendentales (curaciones, disfrutar del cielo); b) beneficios que se desprenden de la membresía del grupo religioso (privilegios, contraprestaciones, acceso a capitales sociales y beneficios de sus dinámicas solidarias); c) servicios (bautismos, matrimonios, funerales, visitas a enfermos consejerías); d) actividades colectivas o bienes comunitarios (cultos, coros religiosos, oraciones comunitarias, fiestas religiosas; e) bienes públicos o servicios caritativos(servicios a los sectores vulnerables); e) estatus (beneficios económicos y simbólicos a sus fieles relacionados con las posibilidades que otorgan a sus miembros para alcanzar puestos de prestigio, influencia o autoridad dentro del grupo religioso.

12 Beltrán Cely, William (a). “De la informalidad religiosa a las Multinacionales de la fe”. Revista Colombiana de Sociología, N. 21. Editorial Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2003. p. 145.

13 De acuerdo a la de libertad de cultos manifiesta en la Constitución Política de Colombia, todas las demás iglesias reciben el trato de la Iglesia católica quien es declarante, pero no contribuyente.

 

 

 

Publicado enEdición Nº226
El nuevo Código de policía y el Estado securitario

Todas las sociedades necesitan un orden público mínimo, necesitan la convivencia entre sus integrantes, pues lo otro es la selva, el sálvese quien pueda, la ley del más fuerte y el caos sistémico.


Así es desde hace 13 mil años, desde el surgimiento de un orden político mínimo, en que las autoridades incipientes tenían la competencia de establecer unas normas básicas de armonía comunitaria.


Muchos siglos después surgieron grupos especiales más sofisticados encargados de esa tarea colectiva.


Las policías en los Estados occidentales se organizaron, en principio, para asumir problemáticas sanitarias y de higiene, como bien lo anota M. Foucault. Con la expansión de las ciudades y la configuración de las sociedades de masas, tales cuerpos se focalizaron en el control de lo que se consideraban patologías sociales que afectaban el funcionamiento normal de las sociedades. Se necesitaba intervenir los comportamientos disfuncionales, al decir de la naciente sociología burguesa, que consideraba las protestas obreras y populares como un desviacionismo enfermizo.


En Colombia, fue el Presidente Carlos Holguín, en 1882, recién se organiza el Estado nacional con la Regeneración, quien fundo la policía con el apoyo de una misión técnica francesa.


Ese cuerpo civil armado fue instrumentalizado como un factor partidista. Así sucedió por muchas décadas en que la policía era más un instrumento liberal o conservador para imponerse sobre el adversario.


Además de la policía, en Colombia tenemos otras estructuras como la Guardia indígena que se ocupa del orden público en los resguardos y cabildos.


En los tiempos recientes, la policía ha mutado hacia niveles más técnicos y profesionales. Su plataforma de trabajo principal es el Código de policía nacional, con cuatro libros específicos, aprobado en 1971 y es la matriz de los Códigos municipales de policía dada la competencia policial de los alcaldes.


Después de varios intentos ha sido reformado el actual Código que estuvo vigente durante 45 años.


Las Cámaras legislativas han aprobado uno nuevo con 245 artículos. Se trataba de adaptarlo a los nuevos contextos de las sociedades de riesgo.


Las reformas introducidas eran necesarias, pero algunas de ellas se aproximan a las concepciones neoliberales en boga de los Estados securitarios y las sociedades de control que eliminan garantías y derechos democráticos y civiles fundamentales. A nivel mundial cada vez más los gobiernos neoliberales endurecen la legislación en pro de la perdida derechos fundamentales y la represión frente a su exigibilidad.


Esas disposiciones serán demandadas por reconocidos líderes de los derechos humanos que las consideran muy graves.


Veamos un panorama general del nuevo Estatuto


De acuerdo con altos oficiales de la Policía con el nuevo código, la actividad de la Policía será una labor estrictamente material y no jurídica, y su finalidad es la de preservar y restablecer todos los comportamientos que alteren la sana y civilizada convivencia.


Para los directivos policiales del gobierno, este es un Código moderno que puede interpretar mejor las amenazas a la seguridad ciudadana en temas cotidianos como el hurto callejero, microtráfico, ruido, el tráfico de celulares, el secuestro. Este Código de Policía y Convivencia les dará un nuevo aire, según Mindefensa, de responsabilidad cívica a los ciudadanos. Con esto la Policía aumenta sus compromisos y se espera que su implementación cambie la cultura ciudadana. No solamente la fuerza policial, sino también los deberes de los ciudadanos frente a los derechos colectivos y frente al Estado.


De acuerdo con el Ministerio de Defensa, este Código se ajusta a la Constitución de 1991 y permite enfrentar con rapidez la invasión de espacio público, a quienes botan basura, hacen grafitis en sitios no autorizados o le dan mal uso a la Línea 123 de alertas frente al peligro.


El Código permitirá, según sus defensores, la intervención de la Policía en casos de mascotas ruidosas o de música a todo volumen en un vecindario, conjunto o edificio.


Multas


Habrá multas para quienes no recojan las necesidades que hacen sus mascotas en espacios o sitios públicos, inclusive, por pasearlas sin collar o bozal (en caso de razas peligrosas).


El ingreso de la Policía a una casa sin orden judicial se hará únicamente en casos de urgencia o de peligro inminente para la vida de una persona como en casos de violencia o abusos contra una mujer, menores de edad o cualquier persona que esté dentro de un domicilio.


Se incluyeron en el articulado, de manera clara, varias medidas encaminadas a castigar cualquier comportamiento que afecte a los grupos sociales de especial protección constitucional. Al respecto, nadie podrá limitar u obstruir las manifestaciones de afecto público –que no sean actos sexuales– en razón a la raza u orientación sexual. Es decir, hechos como el ocurrido hace un par de semanas en Medellín con una pareja LGBTI, que fue reprimida justamente por dos policías, no podrán repetirse según lo establecido en el papel.


Se dieron autorizaciones para que uniformados de la Policía Nacional puedan registrar personas, bienes, así como ingresar a las instituciones educativas cuando se produzcan conductas que afecten la convivencia en seis casos. 1) cuando no exista fiabilidad sobre la identidad de la persona; 2) para establecer si porta armas o elementos que ponen en riesgo la convivencia; 3) si hay posibilidad de que la persona haya robado; 4) si la personas posee drogas o sustancias prohibidas; 5) si hay que prevenir alguna conducta contraria a la convivencia; y 6), si se debe garantizar la seguridad de los asistentes a un evento, o si se requiere la identidad de una persona que quiere ingresar a un lugar.


Otro de los artículos otorga facultades a los alcaldes para establecer toques de queda a los niños, niñas y adolescentes, incluso de Unicef; pero se aprobó con la condición de que el Ministerio Público y el Bienestar Familiar acompañarán la implementación de la medida.


También se estableció la posibilidad de cortar el fluido eléctrico para quienes no hagan caso a las autoridades en repetidas ocasiones de no hacer ruido.


Otra norma es que los establecimientos públicos están en la obligación de tener servicio de baño, especialmente para las mujeres en estado de embarazo, niñas, niños y adultos mayores.


Hay medidas también contra los colados en los sistemas de transporte público masivo. Se aprobó además que en las busetas no pueda haber exceso de ruido. Quien utilice un equipo de sonido a alto volumen que incomode a los pasajeros, la Policía le podrá quitar el equipo, dado que lo pueden hacer porque se estarían incumpliendo las normas de convivencia.


Además se sancionará a personas impidiendo la circulación de los pasajeros ofreciendo bienes o servicios durante la circulación del medio de transporte.


También pone multas a quienes impiden el ingreso o salida de mujeres embarazadas, adultos mayores, niños y personas con discapacidad; y a quienes transporten mascotas sin cumplir la reglamentación para hacerlo.


Podrán recibir amonestaciones o multas quienes no respetan las filas, las sillas preferenciales y no cedan el puesto a personas en condición vulnerable, así como quienes agredan, empujen o irrespeten a quienes se transportan en el medio y todas las acciones que pongan en peligro la seguridad operacional de los medios de transporte.


Otra de las sanciones importantes es contra las personas que invadan la intimidad en las redes sociales o se agreda a las personas.


la Policía y las autoridades civiles podrán por ejemplo, combatir con más facilidad la contaminación del medio ambiente producida por la minería ilegal como se está haciendo ahora contra los grupos que explotan ilegalmente los recursos, incinerando la maquinaria y ocupando estos lugares.


Tendrá que pagar $91.927 la persona que ingrese, o que intente ingresar, a un niño o menor de edad a un evento en el que la vida o integridad –física y moral – del mismo pueda estar en riesgo.


Los conductores que no respeten señales de tránsito o que realicen maniobras peligrosas o de alto riesgo, también serán multados con cuatro salarios mínimos diarios, es decir, $91.927 pesos.


Habrá multas de $183.854 (ocho salarios mínimos diarios) para quienes compren, alquilen o usen celulares reportados por robo, pérdida o que tengan el número de identificación físico reprogramado, remarcado o borrado.


Habrá multas de $367.709 (16 salarios mínimos diarios) a quien destruya, manipule, altere o fuerce las puertas o sistemas de acceso en un sistema de transporte masivo (estaciones, buses articulados, metro, tranvía, vehículo férreo, cable aéreo) o vehículos de servicio público o urbano de pasajeros.


Impedir el uso y funcionamiento normal de los sistemas de transporte mencionados anteriormente, salvo momentos de emergencia, también implica multas.


El nuevo Código contempla sanciones de $735.418 (32 salarios mínimos diarios) por botar basura en la calle, irrespetar o retar a la autoridad policial, incumplir, desobedecer o interrumpir la labor de un policía, resistirse a la aplicación de una medida o norma, agredir de cualquier manera o lanzar objetos o sustancias a un uniformado y utilizar de manera ilegal la línea telefónica de seguridad y emergencia 123. A partir de ahora se cargará a la factura de cobro del servicio telefónico una multa de hasta $90.000 por cualquier llamada innecesaria a esta línea.


El nuevo Código de Policía se comenzará a aplicar dentro de seis meses.


Las críticas democráticas


Sin embargo, al margen de modernizar un código vigente desde 1971, hay quienes consideran que el remedio puede resultar peor que la enfermedad, pues varios de los artículos irían en contra de los derechos civiles fundamentales de los colombianos.
El ingreso de policías a los domicilios.


Tal vez el punto más polémico que puede llevar a pensar en un desbordamiento de las actividades de la Policía es el que establece la posibilidad de que los uniformados puedan “penetrar” en los domicilios, sin una orden judicial, “cuando fuese de imperiosa necesidad”. La intención, de acuerdo al texto aprobado, es socorrer a alguien que de alguna manera pida auxilio y se encuentre en peligro dentro de una residencia. Y aunque se establece que los policías que lo realicen deberán rendir de inmediato un informe a su superior, con copia al propietario del inmueble, donde conste la razón por la cual se realizó el operativo, ello no es garantía de una eventual extralimitación de sus funciones.


Sobre el uso de la fuerza


Otro tema controversial está relacionado con las medidas para reglar el “uso de la fuerza” por parte de la Policía. Aunque se aprobó que este sea el medio “material, necesario, proporcional y racional” empleado por los uniformados como último recurso físico para proteger la vida e integridad física de las personas, no es claro hasta dónde pueden llegar. La ley apenas habla de la posibilidad de los policías de “escoger” el uso de la fuerza que cause menor daño a la integridad de las personas y de sus bienes.


El traslado de los borrachos


También se estableció una medida denominada “traslado por protección”, cuando se esté embriagado o bajo el efecto de sustancias psicoactivas. Si bien el propósito inicial es proteger a los ciudadanos cuando no estén en pleno uso de su conciencia, hay quienes consideran que ello podría llevar a posibles abusos de autoridad de los uniformados, algo que ya se ha visto.


Proceso verbal inmediato


De otro lado, se mantuvo en la reforma el llamado “trámite del proceso verbal inmediato”, que significa que una persona que presente un comportamiento contrario a la convivencia, podrá ser retenida para ser oído en “descargos”. Aunque se quiere instituir una conciliación frente a cualquier tipo de discrepancia entre ciudadanos, paradójicamente los uniformados en los Centro de Atención Inmediata (CAI) podrían pasar en cierta medida a tomarse atribuciones propias de la justicia.


Facultades a los alcaldes en materia de movilidad


En el nuevo código también se incluyó otro punto polémico encaminado a darles facultades a los alcaldes para que restrinjan la movilidad o permanencia de menores de edad en el espacio público o en lugares abiertos. La intención apunta a prevenir la ocurrencia de eventos que puedan poner en peligro o afectar la vida de niños, niñas y adolescentes, pero abre la puerta a establecer toques de queda permanentes para esta población.
Los vendedores ambulantes y el espacio público.


Se aprobaron medidas de “protección” del espacio público. Por ejemplo, hay sanciones para quienes lo ocupen "en violación de las normas vigentes”. Así las cosas, los vendedores ambulantes podrían ser objeto de permanente persecución.


Los grafitis


En el mismo sentido, se prohíbe expresamente “escribir o fijar en lugar público o abierto al público grafitis”, abriendo de nuevo el debate sobre el lamentable episodio registrado en el caso de Diego Felipe Becerra, muerto en confusos hechos a manos de un uniformado.


Un Código prohibicionista


Es un Código prohibicionista que lo único que va a lograr es que los colombianos odien a los policías; no va a cooperar a la convivencia sino que va a generar abusos permanentes; es un Código hecho por policías para otorgarle poderes exorbitantes a la Policía, señalan los críticos de la nueva norma.


Código peligrosista


Es un Código ‘peligrosista’ que parte de la lógica de que los ciudadanos son delincuentes, de que los jóvenes son peligrosos, igual que los niños y las niñas. Invierte todos los principios de un Estado social de derecho y se convierte en un código inaplicable, para Estados securitarios y sociedades de control autoritario. No sirve para el posconflicto ni la convivencia ciudadana.


Las organizaciones sociales denuncian que éste es un nuevo código de policía para la represión. Si bien las necesidades son cada vez más puntuales y la vieja norma se aprobó en 1970, cabe preguntar por qué esta nueva normatividad no piensa un país en medio de la recta final de los acuerdos para la paz y un escenario de implementación de éstos a futuro, asi las normas deberían girar en torno a la implementación de lo acordado en la Habana y la construcción de caminos de reconciliación y Paz. Sin embargo estas medidas demuestran haber sido hechas para la represión y no para la convivencia democrática en paz.


Así las cosas, la Corte Constitucional y la movilización ciudadana tendrán la última palabra sobre este álgido tema, en cuanto a construir una normatividad para la convivencia o seguir pensando en el enemigo interno, como aún se piensa y educa en las escuelas de la policía.


Las manifestaciones


En lo relacionado con las manifestaciones de protesta, el derecho a la protesta será limitado al permiso de las autoridades. De acuerdo con el nuevo Código, éstas no se podrán realizar de forma espontánea –como ocurre, por ejemplo, cuando los ciudadanos inconformes con el servicio de Transmilenio se toman las vías–, sino dando previo aviso a las autoridades. Según la norma, solo se permitirán las protestas que busquen un “fin legítimo”, lo cual implica cerrar la agenda de la democracia.
Pros y contras de la nueva norma de convivencia que ha sido aprobada y debe ser analizada con mucha ponderación.

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