Los rostros otros de las iglesias protestantes en Bogotá

 

 

Organizaciones religiosas protestantes de corte pentecostal o neopentecostal dominan el campo* religioso secundario en Bogotá, puede incluso decirse que en Colombia. Importante incidencia en un país donde el 94 por ciento de sus habitantes manifiestan ser creyentes. Estas organizaciones sobre las cuales apenas existen estimaciones en el número de fieles que congregan, así como sobre los multimillonarios montos de dinero que manejan–, poseen características mucho más “terrenales” que aquellas en las que inscriben los objetivos de funcionamiento y sus misiones organizacionales. La lectura cualitativa aquí expuesta puede motivar la ampliación del debate sobre las mismas, enfatizando en otros significados e influencias poco consideradas en las discusiones.

 

 

Iglesias protestantes, que con seguridad todas las persona que leen esta nota han visto proliferar y crecer en muchos de los barrios de nuestras ciudades, han sido estudiadas con rigurosidad desde el ámbito académico, efectuándose una interpretación “secular” y poco conocida de las mismas. Erigida sobre nuevos conceptos que pretenden organizar la complejidad organizacional y operativa de estas instituciones, fue elaborada una lectura de realidad que vale la pena conocer pues proporciona nuevos elementos para el análisis y el debate de estas organizaciones religiosas, tan presentes en la cotidianidad.

 

Estos conceptos o categorías, como Mega-iglesia1, Multinacionales de la fe2, Denominaciones3, Empresas Religiosas Centralizadas Multisede4 e Informalidad Religiosa5, resultan útiles para aproximarse a la comprensión del denominado “campo religioso secundario” a partir de la desagregación de sus tipos en la ciudad de Bogotá. Aunque esta interpretación pueda resultar confusa, adquiere relevancia en la medida que es útil para analizar comparativamente un tipo de organizaciones religiosas no católicas que producen, administran y/o distribuyen bienes simbólicos de salvación, al tiempo que compiten por la apropiación de capitales religiosos.

 

Bogotá es otro de los escenarios donde tiene lugar esta lucha por feligreses y sus capitales entre instituciones que promueven el acceso a bienes inmateriales y/o simbólicos como la prosperidad, la redención de los pecados y la salvación, además de otros intangibles a los que suelen restringir los objetivos y el sentido ulterior de sus operaciones. Sin embargo, no son los ámbitos subjetivos o religiosos donde exclusivamente influyen estas instituciones: sus propósitos desbordan los espacios inmateriales, introduciendo determinaciones sobre ordenamientos políticos, económicos y sociales en la capital y en el resto del país.

 

El debate acá propuesto prescinde de juicios valorativos sobre la veracidad, pertinencia o validez de los mensajes difundidos por estas instituciones, y sí pretende aproximarse a la interpretación secular de éstas en aspectos como sus relaciones con los fieles, sus vínculos con el Estado y las incidencias en la sociedad, aspectos que contribuyen a develar una faceta mucho más terrenal que la autopromulgada por estas empresas religiosas.

 

 

 

 

 

Las aristas terrenales de las organizaciones religiosas protestantes

 

Aunque heterogéneas, estas iglesias tienen determinantes comunes, por ejemplo, el hecho que compiten por “capitales” en el mercado religioso. A estos capitales se refiere William Mauricio Beltrán: “Como cualquier capital simbólico, el capital religioso se puede convertir en privilegios, autoridad, prestigio y riquezas; esto motiva a los agentes en competencia a implementar diversas estrategias para su apropiación, monopolización o desmonopolización”6. La lucha por estos capitales a través de estrategias debe entenderse a partir de la consideración que también es una lucha por autoridad, prestigio y riqueza en situación de pluralismo religioso7.

 

Otro de los aspectos más importantes de estas organizaciones, en semejanza a la Iglesia Católica, tiene que ver con el hecho que contribuyen al sostenimiento del orden político de diferentes maneras: inculcando matrices de percepción, pensamiento y acción orientadas hacia la legitimación y perpetuación de las estructuras política o empleando su autoridad para contrarrestar la subversión al orden dominante desde iniciativas proféticas y sectarias que puedan presentarse8. Decisión estratégica. No es rentable generar controversias políticas con el Estado en ámbitos que van más allá de lo religioso cuando es quien instaura normas para garantizar su viabilidad, funcionamiento, reproducción e igualdad9.

 

De manera semejante a las empresas comerciales participan de un tipo de mercado, en este caso del religioso. Ese es el espacio de mayor interés para todas las doctrinas religiosas en Bogotá y en Colombia pues en una situación de pluralismo se enfrentan a los desafíos de retener o aumentar sus membresías y, tal como lo precisa Beltrán: “Para este propósito, recurren a los mismos métodos que utilizan las demás empresas que enfrentan problemas similares, es decir, a las estrategias de marketing (Berger, 1971, pp. 169-174)”10. A esto se debe el hecho que la mayoría de las iglesias protestantes hayan adaptado su liturgia para poder reclutar y satisfacer a feligreses de segmentos juveniles y profesionales de la población, adaptándose a la demanda de sus consumidores. La competencia ha estimulado la competitividad por los fieles, la baja regulación interna de estas ofertas religiosas, así como una mayor incidencia (empoderamiento) de los individuos en el mercado de la religión.

 

Si hay mercado, tiene que existir la mercancía. Aquí encarna en los denominados bienes religiosos11. A partir de estos se llevan a cabo intercambios con los feligreses quienes aportan en contraprestación sus capitales humanos, energías vitales, trabajo, voluntades y valiosos recursos económicos que constituyen uno de los pilares materiales más fuertes de estas organizaciones. Son ofrendados en el contexto de las doctrinas de la “teología de la prosperidad” y “súper fe” donde, según Beltrán: “El dar actúa de forma análoga a la siembra: “el que abundantemente siembra, abundantemente cosecha” suelen decir los predicadores de la prosperidad citando el texto bíblico. En la medida en que el creyente done a su congregación (ofrendas y diezmos) garantiza la bendición divina”12.

 

Esta es precisamente una de las determinaciones que sesga muchos análisis hacía la hiper significación de los mecanismos de apropiación de recursos latentes en estas organizaciones religiosas, así como las posibilidades de enriquecimiento individual que proporciona sus economías del diezmo pobremente reguladas en términos tributarios por parte del Estado13. Aunque pueda ser objeto de encarnizadas discusiones, los bienes religiosos ofrecidos tienen pleno valor para miles de feligreses que han encontrado en estos la fuente de sentido, familia sustituta o comunidad terapéutica, el Estado a quien nunca han conocido, espacios de construcción de nuevas solidaridades (así como los beneficios derivados), instituciones mediante las cuales han mejorado objetivamente las condiciones de su existencia.


Es necesario tomar en cuenta estos matices en el debate pues el desenvolvimiento de estas organizaciones religiosas no puede reducirse a su naturaleza económica, política, financiera, pero tampoco –como pretenden algunos de sus líderes–, reducir su operación a las subjetividades y la espiritualidad de los feligreses que las integran, recibiendo un trato gubernamental pletórico en consideraciones y laxitudes. Hay una compleja interrelación entre estos ámbitos, una transferencia de bienes y contraprestaciones capaces de otorgar esta compleja corporalidad a instituciones religiosas que proliferan hasta en los más recónditos lugares del país.

 

 

La voz del sociólogo de la religión

 

William Mauricio Beltrán Cely habló con el periódico desdeabajo. Es un destacado investigador del Centro de Estudios Sociales (CES) y profesor del departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, artífice de las obras propuestas en este artículo, las mismas que han llamado la atención en la comunidad académica latinoamericana. A continuación el diálogo sostenido:

 

Allan Bolivar. (AB): Existe mucha resistencia entre los líderes protestantes a ser definidos y tratados conceptualmente como empresas religiosas, ¿cuál es el motivo de esta oposición?


William Beltrán (WM): Esta resistencia tiene que ver con que ellos tratan justamente de negar que sus proyectos religiosos tienen algún interés de lucro (los pastores especialmente). Es decir, hay un vínculo muy fuerte entre lógicas empresariales y proyectos religiosos porque las iglesias, sobre todo las grandes, las que llamamos Mega Iglesias, movilizan cantidades inmensas de dinero, no se sabe cuánto porque ellos tienen mucha reserva con esos datos [...] que nadie sepa puede ser preocupante. La Dian ha tratado de hacer indagaciones al respecto, pero es difícil, habría que ver hasta dónde llegó la Dian. Obviamente, en mi papel de investigador, no les puedo preguntar a los pastores cuánto dinero ingresa a sus iglesias, eso no es información que ellos suministren, o la dan con mucha desconfianza. Todo tipo de información que puede implicar para ellos alguna posibilidad de ser gravados con impuestos, pues la manejan con mucha prudencia [...].

 

AB. Enormes cantidades de dinero que no son objetos de tributación, ¿por qué no ha sido posible gravar a este tipo de organizaciones religiosas ni aún ahora, cuando son requeridos tantos recursos para financiar la paz?

 

WM. Cualquier intento de gravar las nuevas organizaciones religiosas implicaría, por la Ley de Libertad Religiosa, aplicar los mismos gravámenes financieros a la Iglesia católica. Eso no va a ocurrir, la Iglesia católica no aceptará que la graven. Las grandes iglesias, sobre todo la Católica, tienen –todavía– un gran poder de movilización social, de protesta [...]. Esto implica que cualquiera de estas propuestas tiene un costo político muy alto. Es decir, que un senador, un congresista, no quiere medírsele a eso por el costo político que le implica, [...] además porque las organizaciones religiosas manifiestan que son entidades sin ánimo de lucro y que sus servicios son para la comunidad. [...] Puedo equivocarme, pero veo muy difícil cualquier intento de gravar con un impuesto para la paz, con una contribución para la paz, a las organizaciones religiosas. Siempre será una cuestión voluntaria, les pueden proponer que contribuyan voluntariamente, pero como una obligación no me parece realista.

 

AB. Una de las críticas a estas organizaciones tiene que ver con la contribución de la mayorías de las organizaciones religiosas (ubicadas entre las categorías de Informalidad Religiosa y Multinacionales de la fe) al sostenimiento de los ordenamientos establecidos, ¿qué puede usted decirnos al respecto?


WM. Algo propio del cristianismo en general (incluso del catolicismo). El protestantismo ha considerado un valor someterse a las autoridades legalmente instituidas, es un valor cristiano que está presente en el evangelio y que se expresa un poco en el mandato que le da Jesús a los discípulos cuando les dice, “dad a Dios lo que es Dios y dad al César lo que es del César”, donde está implícito un sometimiento al orden legal establecido. Las iglesias mantienen ese principio, hay argumentos bíblicos que usan para decir que una institución religiosa debe obedecer al gobierno, incluso cuando el que gobierna es un infiel o un impío. A menos de que ese gobernante los obligue a hacer algo que vaya en contra de sus demás convicciones religiosas. Pero si ese orden no los obliga a negar su fe o actuar en contra de su fe, ellos creen que deben someterse.

 

En general, esa ha sido la actitud tomada por las iglesias cristianas, con muy pocas excepciones, de hecho una excepción se observa en lo sucedido hoy con la Misión Carismática Internacional que ha hecho parte del bloque constituido por el Centro Democrático para oponerse al proceso de paz. En ese sentido la Misión Carismática Internacional se ubica más en la oposición al Gobierno. Digamos que han existido otros casos en América Latina –como la Teología de la Liberación–, donde sectores de la Iglesia católica se pusieron del lado de la protesta, de la revolución, del movimiento social. Pero [...] las iglesias cristianas, en general, han tratado de mantenerse dentro del orden establecido, y de verse en muchos aspectos como aliadas del Estado, lo que le ha generado muchos conflictos en zonas donde hay presencia guerrillera, porque allí su afinidad con el Estado se lee como contrarrevolucionaria. Hay episodios recientes de nuestra historia –finales de los años 90 e inicios de la década del 2000– donde se multiplicó el asesinato y secuestro de pastores evangélicos, vistos por la guerrilla como “objetivo militar”, [...] en buena medida porque se oponían a que la guerrilla reclutara a sus jóvenes o que estos portaran armas, y porque no se identificaban con la propuesta política de la insurgencia.

 

AB. Considerando que también han sido víctimas en el conflicto armado, ¿cuál es la posición de estas organizaciones religiosas frente al postacuerdo?


WM. Dentro del protestantismo evangélico hay un sector que está muy a favor del acuerdo, y ya se está movilizando para buscar la reconciliación. Ese sector está liderado por figuras muy reconocidas, entre ellas Viviane Morales, Jimmy Chamorro y Darío Silva Silva, tal vez ellos son los más destacados. [...] Un abanderado de la reconciliación que es muy influyente en el mundo protestante es Darío Silva Silva, él tiene programas de televisión donde promueve todas las ventajas de la reconciliación. De hecho, él estuvo presente en momentos simbólicos importantes, como la campaña de Santos por la reelección, o la sanción presidencial de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

 

De hecho, usted puede consultar en la página Web de la Casa Sobre la Roca, donde aparecen registros de escenarios donde esta organización religiosa ha propiciado encuentros con guerrilleros, con paramilitares, con excombatientes, en zonas de conflictos, haciendo pedagogía por la paz. En otras palabras, ya hay iglesias muy comprometidas con el proceso de reconciliación. Por ejemplo, esta ha sido durante muchos años la bandera de la Iglesia menonita y de su ONG Justapaz [...] Allí hay procesos muy interesantes, hace poco celebraron jornadas de oración por la paz, muy de estas minorías, de iglesias muy pequeñas, que muestran mucho compromiso con las víctimas, movilizan recursos, hacen difusión a nivel internacional de lo que está sucediendo en Colombia cuando las amenazas a las víctimas se multiplican.

 

También hay otro sector, liderado sobre todo por la Misión Carismática Internacional, por los esposos Castellanos, que están en la oposición, que están con el Centro Democrático. Ellos se manifiestan afines con el discurso de que el acuerdo de paz promueve la impunidad, llamando a rechazarlo porque perpetuaría la impunidad... en fin son muy cercanos a Uribe.

 

Para consultar una versión ampliada de este artículo ir a:http://www.desdeabajo.info/component/k2/item/29263-los-rostros-otros-de-las-iglesias-protestante-en-bogota.html

 

* El campo, se refiere al espacio teórico donde se lleva a cabo la competencia por apropiarse de capitales religiosos entre las empresas que producen, administran y distribuyen bienes simbólicos de salvación.

1 Mega iglesias: Organizaciones religiosas pentecostales o neopentecostal conformadas por un número elevado de feligreses, propietarias de millonarios templos capaces de albergar miles de integrantes, organizadas de acuerdo a los principios racionales de la burocracia y provistas de sofisticadas estrategias de marketing para disputar capitales en el campo religioso. Algunas de ellas son: Centro Misionero Bethesda, Iglesia Casa sobre la Roca, Avivamiento Centro para las Naciones, El Lugar de su Presencia, Misión Carismática Internacional.

2 Multinacionales de la fe: Integra a un tipo de organizaciones transnacionales dotadas de un gran poder económico, productoras de bienes simbólicos de salvación y servicios religiosos en todo el mundo. Tienen una organización mundial centralizada desde donde coordinan sus estrategias de funcionamiento, de expansión, su unidad corporativa y doctrinal de forma estandarizada. Entre algunas de las Multinacionales de la fe en Bogotá y en Colombia se encuentran: La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días y los Testigos de Jehová.

3 Denominaciones: Son organizaciones religiosas doctrinalmente homogéneas que cuentan con sedes en diferentes lugares de la ciudad y el país. Gozan de un grado relativo de autonomía a la vez que responden a una organización central. Algunas de las denominaciones que destacan por su número de congregaciones y por la cantidad de miembros, son: las Asambleas de Dios, la Iglesia Cuadrangular, la Iglesia Adventista del Séptimo Día y la Iglesia Pentecostal Unida.

4 Empresas Religiosas Centralizadas Multisede: son grandes organizaciones pentecostales de estructura centralizada, que funcionan bajo la autoridad de un líder carismático. En estas organizaciones, cada una de las sedes funciona como un eslabón que replica los planes y estrategias de la autoridad central; por lo tanto, tienen una escasa autonomía local y pueden ser observadas como «sucursales» de una única empresa centralizada.

5 Informalidad Religiosa: Comprende congregaciones que nacen a partir de inversiones económicas bajas, en locales alquilados o en pequeños espacios dispuestos para tal fin. Pueden ser descritas dos tipo de organizaciones informales: pequeñas congregaciones con una clara curva de crecimiento en busca de convertirse en Iglesias, Mega iglesias o Denominaciones, por otro lado se encuentran pequeñas congregaciones que no crecen, pero tampoco dejan de existir manteniéndose en los límites de la informalidad religiosa.

6 Beltrán Cely, William (c). “La teoría del mercado en la pluralización religiosa”. Revista Colombiana de Sociología, N. 33. N 2. Editorial Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Julio-Diciembre 2010. p. 42

7 Situación en la que un Estado tolera, sin hacer suyo, diferentes grupos religiosos en competencia. En términos teóricos no existe ningún el monopolio religioso y ninguna organización de este tipo hace uso de la fuerza legítima para excluir a sus rivales.

8 Beltrán Cely, William (c), Óp. Cit., p. 45

9 Un ejemplo de ello se encuentra en el “concordato evangélico” (Decreto 354 de 1998. “por el cual se aprueba el Convenio de Derecho Público Interno número 1 de 1997, entre el Estado colombiano y algunas Entidades Religiosas no Católicas”) donde fueron concedidos algunos derechos como el reconocimiento de los derechos civiles de los matrimonios, la posibilidad de impartir su doctrina en instituciones educativas del Estado y su participación como capellanes en cárceles, hospitales y establecimientos asistenciales. Es de manera precisa esta capacidad de convivir con el Estado lo que ha potenciado la victimización de algunos de sus líderes e escenarios del Conflicto Armado en Colombia.

10 Beltrán Cely, William (c), Óp. Cit., p. 48.

11 Pueden ser: a) promesas de compensación futuras o trascendentales (curaciones, disfrutar del cielo); b) beneficios que se desprenden de la membresía del grupo religioso (privilegios, contraprestaciones, acceso a capitales sociales y beneficios de sus dinámicas solidarias); c) servicios (bautismos, matrimonios, funerales, visitas a enfermos consejerías); d) actividades colectivas o bienes comunitarios (cultos, coros religiosos, oraciones comunitarias, fiestas religiosas; e) bienes públicos o servicios caritativos(servicios a los sectores vulnerables); e) estatus (beneficios económicos y simbólicos a sus fieles relacionados con las posibilidades que otorgan a sus miembros para alcanzar puestos de prestigio, influencia o autoridad dentro del grupo religioso.

12 Beltrán Cely, William (a). “De la informalidad religiosa a las Multinacionales de la fe”. Revista Colombiana de Sociología, N. 21. Editorial Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2003. p. 145.

13 De acuerdo a la de libertad de cultos manifiesta en la Constitución Política de Colombia, todas las demás iglesias reciben el trato de la Iglesia católica quien es declarante, pero no contribuyente.

 

 

 

Publicado enEdición Nº226
El nuevo Código de policía y el Estado securitario

Todas las sociedades necesitan un orden público mínimo, necesitan la convivencia entre sus integrantes, pues lo otro es la selva, el sálvese quien pueda, la ley del más fuerte y el caos sistémico.


Así es desde hace 13 mil años, desde el surgimiento de un orden político mínimo, en que las autoridades incipientes tenían la competencia de establecer unas normas básicas de armonía comunitaria.


Muchos siglos después surgieron grupos especiales más sofisticados encargados de esa tarea colectiva.


Las policías en los Estados occidentales se organizaron, en principio, para asumir problemáticas sanitarias y de higiene, como bien lo anota M. Foucault. Con la expansión de las ciudades y la configuración de las sociedades de masas, tales cuerpos se focalizaron en el control de lo que se consideraban patologías sociales que afectaban el funcionamiento normal de las sociedades. Se necesitaba intervenir los comportamientos disfuncionales, al decir de la naciente sociología burguesa, que consideraba las protestas obreras y populares como un desviacionismo enfermizo.


En Colombia, fue el Presidente Carlos Holguín, en 1882, recién se organiza el Estado nacional con la Regeneración, quien fundo la policía con el apoyo de una misión técnica francesa.


Ese cuerpo civil armado fue instrumentalizado como un factor partidista. Así sucedió por muchas décadas en que la policía era más un instrumento liberal o conservador para imponerse sobre el adversario.


Además de la policía, en Colombia tenemos otras estructuras como la Guardia indígena que se ocupa del orden público en los resguardos y cabildos.


En los tiempos recientes, la policía ha mutado hacia niveles más técnicos y profesionales. Su plataforma de trabajo principal es el Código de policía nacional, con cuatro libros específicos, aprobado en 1971 y es la matriz de los Códigos municipales de policía dada la competencia policial de los alcaldes.


Después de varios intentos ha sido reformado el actual Código que estuvo vigente durante 45 años.


Las Cámaras legislativas han aprobado uno nuevo con 245 artículos. Se trataba de adaptarlo a los nuevos contextos de las sociedades de riesgo.


Las reformas introducidas eran necesarias, pero algunas de ellas se aproximan a las concepciones neoliberales en boga de los Estados securitarios y las sociedades de control que eliminan garantías y derechos democráticos y civiles fundamentales. A nivel mundial cada vez más los gobiernos neoliberales endurecen la legislación en pro de la perdida derechos fundamentales y la represión frente a su exigibilidad.


Esas disposiciones serán demandadas por reconocidos líderes de los derechos humanos que las consideran muy graves.


Veamos un panorama general del nuevo Estatuto


De acuerdo con altos oficiales de la Policía con el nuevo código, la actividad de la Policía será una labor estrictamente material y no jurídica, y su finalidad es la de preservar y restablecer todos los comportamientos que alteren la sana y civilizada convivencia.


Para los directivos policiales del gobierno, este es un Código moderno que puede interpretar mejor las amenazas a la seguridad ciudadana en temas cotidianos como el hurto callejero, microtráfico, ruido, el tráfico de celulares, el secuestro. Este Código de Policía y Convivencia les dará un nuevo aire, según Mindefensa, de responsabilidad cívica a los ciudadanos. Con esto la Policía aumenta sus compromisos y se espera que su implementación cambie la cultura ciudadana. No solamente la fuerza policial, sino también los deberes de los ciudadanos frente a los derechos colectivos y frente al Estado.


De acuerdo con el Ministerio de Defensa, este Código se ajusta a la Constitución de 1991 y permite enfrentar con rapidez la invasión de espacio público, a quienes botan basura, hacen grafitis en sitios no autorizados o le dan mal uso a la Línea 123 de alertas frente al peligro.


El Código permitirá, según sus defensores, la intervención de la Policía en casos de mascotas ruidosas o de música a todo volumen en un vecindario, conjunto o edificio.


Multas


Habrá multas para quienes no recojan las necesidades que hacen sus mascotas en espacios o sitios públicos, inclusive, por pasearlas sin collar o bozal (en caso de razas peligrosas).


El ingreso de la Policía a una casa sin orden judicial se hará únicamente en casos de urgencia o de peligro inminente para la vida de una persona como en casos de violencia o abusos contra una mujer, menores de edad o cualquier persona que esté dentro de un domicilio.


Se incluyeron en el articulado, de manera clara, varias medidas encaminadas a castigar cualquier comportamiento que afecte a los grupos sociales de especial protección constitucional. Al respecto, nadie podrá limitar u obstruir las manifestaciones de afecto público –que no sean actos sexuales– en razón a la raza u orientación sexual. Es decir, hechos como el ocurrido hace un par de semanas en Medellín con una pareja LGBTI, que fue reprimida justamente por dos policías, no podrán repetirse según lo establecido en el papel.


Se dieron autorizaciones para que uniformados de la Policía Nacional puedan registrar personas, bienes, así como ingresar a las instituciones educativas cuando se produzcan conductas que afecten la convivencia en seis casos. 1) cuando no exista fiabilidad sobre la identidad de la persona; 2) para establecer si porta armas o elementos que ponen en riesgo la convivencia; 3) si hay posibilidad de que la persona haya robado; 4) si la personas posee drogas o sustancias prohibidas; 5) si hay que prevenir alguna conducta contraria a la convivencia; y 6), si se debe garantizar la seguridad de los asistentes a un evento, o si se requiere la identidad de una persona que quiere ingresar a un lugar.


Otro de los artículos otorga facultades a los alcaldes para establecer toques de queda a los niños, niñas y adolescentes, incluso de Unicef; pero se aprobó con la condición de que el Ministerio Público y el Bienestar Familiar acompañarán la implementación de la medida.


También se estableció la posibilidad de cortar el fluido eléctrico para quienes no hagan caso a las autoridades en repetidas ocasiones de no hacer ruido.


Otra norma es que los establecimientos públicos están en la obligación de tener servicio de baño, especialmente para las mujeres en estado de embarazo, niñas, niños y adultos mayores.


Hay medidas también contra los colados en los sistemas de transporte público masivo. Se aprobó además que en las busetas no pueda haber exceso de ruido. Quien utilice un equipo de sonido a alto volumen que incomode a los pasajeros, la Policía le podrá quitar el equipo, dado que lo pueden hacer porque se estarían incumpliendo las normas de convivencia.


Además se sancionará a personas impidiendo la circulación de los pasajeros ofreciendo bienes o servicios durante la circulación del medio de transporte.


También pone multas a quienes impiden el ingreso o salida de mujeres embarazadas, adultos mayores, niños y personas con discapacidad; y a quienes transporten mascotas sin cumplir la reglamentación para hacerlo.


Podrán recibir amonestaciones o multas quienes no respetan las filas, las sillas preferenciales y no cedan el puesto a personas en condición vulnerable, así como quienes agredan, empujen o irrespeten a quienes se transportan en el medio y todas las acciones que pongan en peligro la seguridad operacional de los medios de transporte.


Otra de las sanciones importantes es contra las personas que invadan la intimidad en las redes sociales o se agreda a las personas.


la Policía y las autoridades civiles podrán por ejemplo, combatir con más facilidad la contaminación del medio ambiente producida por la minería ilegal como se está haciendo ahora contra los grupos que explotan ilegalmente los recursos, incinerando la maquinaria y ocupando estos lugares.


Tendrá que pagar $91.927 la persona que ingrese, o que intente ingresar, a un niño o menor de edad a un evento en el que la vida o integridad –física y moral – del mismo pueda estar en riesgo.


Los conductores que no respeten señales de tránsito o que realicen maniobras peligrosas o de alto riesgo, también serán multados con cuatro salarios mínimos diarios, es decir, $91.927 pesos.


Habrá multas de $183.854 (ocho salarios mínimos diarios) para quienes compren, alquilen o usen celulares reportados por robo, pérdida o que tengan el número de identificación físico reprogramado, remarcado o borrado.


Habrá multas de $367.709 (16 salarios mínimos diarios) a quien destruya, manipule, altere o fuerce las puertas o sistemas de acceso en un sistema de transporte masivo (estaciones, buses articulados, metro, tranvía, vehículo férreo, cable aéreo) o vehículos de servicio público o urbano de pasajeros.


Impedir el uso y funcionamiento normal de los sistemas de transporte mencionados anteriormente, salvo momentos de emergencia, también implica multas.


El nuevo Código contempla sanciones de $735.418 (32 salarios mínimos diarios) por botar basura en la calle, irrespetar o retar a la autoridad policial, incumplir, desobedecer o interrumpir la labor de un policía, resistirse a la aplicación de una medida o norma, agredir de cualquier manera o lanzar objetos o sustancias a un uniformado y utilizar de manera ilegal la línea telefónica de seguridad y emergencia 123. A partir de ahora se cargará a la factura de cobro del servicio telefónico una multa de hasta $90.000 por cualquier llamada innecesaria a esta línea.


El nuevo Código de Policía se comenzará a aplicar dentro de seis meses.


Las críticas democráticas


Sin embargo, al margen de modernizar un código vigente desde 1971, hay quienes consideran que el remedio puede resultar peor que la enfermedad, pues varios de los artículos irían en contra de los derechos civiles fundamentales de los colombianos.
El ingreso de policías a los domicilios.


Tal vez el punto más polémico que puede llevar a pensar en un desbordamiento de las actividades de la Policía es el que establece la posibilidad de que los uniformados puedan “penetrar” en los domicilios, sin una orden judicial, “cuando fuese de imperiosa necesidad”. La intención, de acuerdo al texto aprobado, es socorrer a alguien que de alguna manera pida auxilio y se encuentre en peligro dentro de una residencia. Y aunque se establece que los policías que lo realicen deberán rendir de inmediato un informe a su superior, con copia al propietario del inmueble, donde conste la razón por la cual se realizó el operativo, ello no es garantía de una eventual extralimitación de sus funciones.


Sobre el uso de la fuerza


Otro tema controversial está relacionado con las medidas para reglar el “uso de la fuerza” por parte de la Policía. Aunque se aprobó que este sea el medio “material, necesario, proporcional y racional” empleado por los uniformados como último recurso físico para proteger la vida e integridad física de las personas, no es claro hasta dónde pueden llegar. La ley apenas habla de la posibilidad de los policías de “escoger” el uso de la fuerza que cause menor daño a la integridad de las personas y de sus bienes.


El traslado de los borrachos


También se estableció una medida denominada “traslado por protección”, cuando se esté embriagado o bajo el efecto de sustancias psicoactivas. Si bien el propósito inicial es proteger a los ciudadanos cuando no estén en pleno uso de su conciencia, hay quienes consideran que ello podría llevar a posibles abusos de autoridad de los uniformados, algo que ya se ha visto.


Proceso verbal inmediato


De otro lado, se mantuvo en la reforma el llamado “trámite del proceso verbal inmediato”, que significa que una persona que presente un comportamiento contrario a la convivencia, podrá ser retenida para ser oído en “descargos”. Aunque se quiere instituir una conciliación frente a cualquier tipo de discrepancia entre ciudadanos, paradójicamente los uniformados en los Centro de Atención Inmediata (CAI) podrían pasar en cierta medida a tomarse atribuciones propias de la justicia.


Facultades a los alcaldes en materia de movilidad


En el nuevo código también se incluyó otro punto polémico encaminado a darles facultades a los alcaldes para que restrinjan la movilidad o permanencia de menores de edad en el espacio público o en lugares abiertos. La intención apunta a prevenir la ocurrencia de eventos que puedan poner en peligro o afectar la vida de niños, niñas y adolescentes, pero abre la puerta a establecer toques de queda permanentes para esta población.
Los vendedores ambulantes y el espacio público.


Se aprobaron medidas de “protección” del espacio público. Por ejemplo, hay sanciones para quienes lo ocupen "en violación de las normas vigentes”. Así las cosas, los vendedores ambulantes podrían ser objeto de permanente persecución.


Los grafitis


En el mismo sentido, se prohíbe expresamente “escribir o fijar en lugar público o abierto al público grafitis”, abriendo de nuevo el debate sobre el lamentable episodio registrado en el caso de Diego Felipe Becerra, muerto en confusos hechos a manos de un uniformado.


Un Código prohibicionista


Es un Código prohibicionista que lo único que va a lograr es que los colombianos odien a los policías; no va a cooperar a la convivencia sino que va a generar abusos permanentes; es un Código hecho por policías para otorgarle poderes exorbitantes a la Policía, señalan los críticos de la nueva norma.


Código peligrosista


Es un Código ‘peligrosista’ que parte de la lógica de que los ciudadanos son delincuentes, de que los jóvenes son peligrosos, igual que los niños y las niñas. Invierte todos los principios de un Estado social de derecho y se convierte en un código inaplicable, para Estados securitarios y sociedades de control autoritario. No sirve para el posconflicto ni la convivencia ciudadana.


Las organizaciones sociales denuncian que éste es un nuevo código de policía para la represión. Si bien las necesidades son cada vez más puntuales y la vieja norma se aprobó en 1970, cabe preguntar por qué esta nueva normatividad no piensa un país en medio de la recta final de los acuerdos para la paz y un escenario de implementación de éstos a futuro, asi las normas deberían girar en torno a la implementación de lo acordado en la Habana y la construcción de caminos de reconciliación y Paz. Sin embargo estas medidas demuestran haber sido hechas para la represión y no para la convivencia democrática en paz.


Así las cosas, la Corte Constitucional y la movilización ciudadana tendrán la última palabra sobre este álgido tema, en cuanto a construir una normatividad para la convivencia o seguir pensando en el enemigo interno, como aún se piensa y educa en las escuelas de la policía.


Las manifestaciones


En lo relacionado con las manifestaciones de protesta, el derecho a la protesta será limitado al permiso de las autoridades. De acuerdo con el nuevo Código, éstas no se podrán realizar de forma espontánea –como ocurre, por ejemplo, cuando los ciudadanos inconformes con el servicio de Transmilenio se toman las vías–, sino dando previo aviso a las autoridades. Según la norma, solo se permitirán las protestas que busquen un “fin legítimo”, lo cual implica cerrar la agenda de la democracia.
Pros y contras de la nueva norma de convivencia que ha sido aprobada y debe ser analizada con mucha ponderación.

Publicado enColombia
Miércoles, 11 Mayo 2016 08:49

Más blindaje para la paz.

Más blindaje para la paz.

En el debate público desplegado en los días recientes sobre la refrendación, protección jurídica, legitimación e implementación de los acuerdos de paz que se establezcan en la Mesa de diálogos de La Habana, surgen propuestas e iniciativa que deben enriquecer la formula general que consolide el fin del conflicto y siente las bases de una paz duradera y consistente.

Existe notable preocupación respecto de las responsabilidades de una nueva institucionalidad propiciada por los pactos centrales de paz para que la resistencia campesina guerrillera de las Farc se adentre en una práctica política asociada con la democracia ampliada, el pluralismo político, las garantías a la oposición y el despliegue multitudinario de los movimientos sociales, populares y la protesta popular, sin que la violencia y el ultraje de los poderosos afecte y diezme con el crimen y el asesinato la resistencia nacional.

Dos hipótesis nuevas se plantean para blindar la paz. No son desdeñables.
Trazan rutas que se deben asumir.

Las cito:

I.

E. Santiago.

E. Santiago cree que los pactos de paz deben quedar doblemente asegurados.

En el derecho internacional y en el interno.

Para blindarlos internacionalmente, una vía fácil, rápida y adecuada es la incorporación del acuerdo final a una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Fue lo que ocurrió el año pasado con el pacto de paz entre el gobierno y la guerrilla en Mali.

La solicitud para la incorporación del acuerdo final de paz a una resolución del Consejo de Seguridad debe hacerla el Gobierno.

Si la Corte falla en contra de la demanda de Montealegre, el blindaje interno tendría que hacerse mediante un ley ordinaria que le dé la categoría de tratado de paz al acuerdo final. Luego, debería incorporarse a la Constitución como un artículo transitorio, mediante un acto legislativo.
Esto obligaría a un trámite adicional en el futuro para darle rango constitucional permanente (http://bit.ly/1TNZi4e )

II

S. Vargas/Razón Pública.

No carece de méritos la idea de incorporar los acuerdos de la Habana al derecho colombiano como si fueran instrumentos internacionales. Esto podría hacerse de dos maneras:

Colombia podría suscribir un tratado de implementación de los acuerdos de La Habana con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas o con Estados garantes de las obligaciones contenidas en estos.

De esta manera, el Estado colombiano quedaría obligado a abstenerse de frustrar el objeto y fin del tratado antes de su entrada en vigencia, a tomar los pasos necesarios para incorporarlo a nivel nacional y a cumplirlo de buena fe. La violación de estas obligaciones podría dar origen a la responsabilidad internacional del Estado.

Por otro lado, y para evitar una situación excesivamente onerosa para Colombia, las partes podrían acordar que su Acuerdo final sea sometido al procedimiento de las leyes aprobatorias de tratados internacionales. De esta manera, el texto de los documentos se mantendría intacto y el Congreso únicamente podría decidir si los aprueba o imprueba.

Adicionalmente, la Corte Constitucional realizaría un control previo de los acuerdos y, en caso de ser adoptados, se convertirían en una ley ordinaria sujeta al constante control de la ciudadanía por vía de la acción de inconstitucionalidad. Así, su ratificación tendría un alto grado de participación institucional y ciudadana

La terminación negociada de un conflicto armado es una circunstancia, excepcional que subraya la constante tensión entre el formalismo y la necesaria adaptación del derecho a las realidades sociales. Resolver adecuadamente esta tensión exige regresar del análisis de eficiencia de los medios al escrutinio serio y desapasionado del propósito que busca alcanzarse con estos. (http://bit.ly/1TzsoSb )

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Enfrenta a tu agresor en defensa propia, salvo si eres una mujer golpeada

Cherelle Baldwin tiene suerte de estar viva. Su expareja la agredió en reiteradas ocasiones. Fue atacada por él en su propio hogar, se defendió y a consecuencia de ello fue a prisión. La violencia doméstica, también llamada violencia de pareja, afecta a millones de personas cada año, en su mayoría, aunque no exclusivamente, a mujeres. Cuando las víctimas se defienden, corren el riesgo de ser doblemente victimizadas: primero por su agresor y luego por parte del sistema de justicia penal. Las mujeres de color se encuentran en una situación particularmente vulnerable, como lo demuestra claramente el caso de Cherelle Baldwin.

 

Cherelle Baldwin conoció a Jeffrey Brown en Connecticut en 2010, cuando ella tenía diecinueve años de edad. Poco después tuvieron un hijo. Brown se tornó agresivo y para 2013, la pareja se había separado. Según documentos que obran en poder de la justicia, Brown había amenazado a Baldwin en repetidas oportunidades, le había quitado tarjetas de crédito y dinero y la atacaba cuando iba a visitar al hijo de ambos. Finalmente, Cherelle obtuvo una orden judicial que prohibía las amenazas, el acoso y las agresiones durante las visitas, pero Brown siguió amenazándola a través de mensajes de texto. El 18 de mayo de 2013, le envió más de una docena de amenazas vía mensaje de texto, dos de los cuales decían “D.O.A. on sight” (sic), en referencia a la sigla que se usa en inglés para nombrar el ingreso a un hospital de una persona ya fallecida.

 

El automóvil de Brown estaba estacionado muy cerca de la casa de Charelle. Cuando ella se dio cuenta, él ya estaba en su dormitorio. Brown la golpeó, la estranguló y la azotó con un cinturón. Ella huyó de su casa en camisón, descalza y sin lentes. Corrió hacia su auto. Su abogado defensor, Miles Gerety, explicó en “Democracy Now!”: “Chocó con su automóvil contra un muro de cemento. Se despertó al lado del auto sin saber qué fue lo que realmente pasó porque experimentó amnesia retrógrada”. Lo que sucedió luego no queda claro. Baldwin tenía una pierna rota a causa del accidente. La policía encontró a Jeffrey Brown atascado entre el automóvil y el muro, muerto. Según Gerety, todavía tenía alrededor de la mano el cinturón que había utilizado para azotar a Baldwin.

 

A pesar de estar herida y a pesar de las órdenes de restricción que la amparaban, a pesar de la cantidad de mensajes de texto amenazantes que Brown le había enviado, Cherelle Baldwin fue acusada de asesinato en primer grado y enviada a la prisión de máxima seguridad de Connecticut con una fianza fijada en un millón de dólares. Después de un juicio que se extendió durante seis semanas, once de los doce miembros del jurado votaron a favor de absolverla, pero un integrante del jurado se opuso y en consecuencia, el juez declaró el juicio nulo. La fiscalía solicitó un nuevo juicio e insistió en que se mantuviera la misma fianza increíblemente alta. Baldwin continuó presa.

 

La semana pasada, en su segundo juicio, Baldwin fue absuelta de todos los cargos. Aún así, pasó casi tres años en prisión. Su único delito fue no lograr reunir el monto de la fianza. En el mes de marzo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos envió a los tribunales una carta en relación con el problema de encarcelar personas de bajos recursos que no pueden pagar multas o fianzas. Entre otras cosas, la carta dice: “Una fianza que se fije sin tomar en consideración la situación económica del acusado puede resultar en la encarcelación de las personas no porque representen una amenaza para la seguridad pública ni porque exista el riesgo de que escapen, sino más bien porque no pueden hacer frente al monto fijado para la fianza”.

 

El caso de Baldwin es similar a otro que captó mucho más la atención de los medios de comunicación. Corría el mes de agosto de 2010. En Florida, Marissa Alexander, también afroestadounidense y madre de tres hijos, estaba siendo amenazada en su propio hogar por su esposo, del que se encontraba separada. Marissa se defendió con un disparo de advertencia dirigido al techo, efectuado con una pistola para la que tenía habilitación. El marido huyó, llamó a la policía y Marissa fue arrestada. Se la acusó de agresión agravada, fue declarada culpable y condenada a 20 años de prisión.

 

En su defensa, Marissa Alexander intentó ampararse en la ley de defensa propia de Florida, que habilita a enfrentar al agresor. La fiscal de su caso, Angela Corey, actuó también en la causa abierta contra el vigilante blanco George Zimmerman por matar al joven de diecisiete años de edad Trayvon Martin en Sanford, Florida. Zimmerman tuvo éxito al invocar esa ley de defensa propia, pero Alexander no. La docente de derecho de la Universidad Estatal de Ohio Michelle Alexander comparó los casos de Marissa Alexander y George Zimmerman en “Democracy Now!”: “[El caso de Marissa] es un claro ejemplo de la aplicación discriminatoria de la ley de defensa propia. En este caso tenemos a una mujer que dispara al aire para defenderse de lo que considera un esposo violento y termina consiguiendo 20 años de prisión, mientras que George Zimmerman es liberado sin castigo tras haber perseguido y matado a una persona basándose en estereotipos raciales y suposiciones de criminalidad”.

 

Marissa Alexander ganó posteriormente una apelación, pero al enfrentarse a la posibilidad de pasar 60 años en la cárcel tras un nuevo juicio, aceptó un acuerdo de culpabilidad que implica una condena equivalente al tiempo de prisión ya cumplido más dos años de arresto domiciliario. En este momento, transita el segundo de esos dos años.

 

Volviendo a Connecticut, Cherelle Baldwin intenta, a paso lento pero seguro, rearmar su vida junto a su hijo de cuatro años de edad. Cherelle y Marissa son solo dos de las 12,7 millones de personas que cada año en Estados Unidos sufren agresiones físicas, violaciones o acoso por parte de sus parejas. Esta crisis que afecta a todo el país, al igual que otros temas relacionados, como la encarcelación masiva y la discriminación racial dentro del sistema de justicia penal, merecen atención pública, especialmente este año en que nos encontramos de cara a una nueva elección presidencial.

 

Traducción al español del texto en inglés: Fernanda Gerpe. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Las imágenes que ilustran la edición son de Eugenia Loli, cineasta y artista originaria de Grecia; actualmente vive en California. http://eugenialoli.tumblr.com

Hay en el mundo una oleada de acuerdos y tratados para consagrar la apertura comercial y ampliar la privatización de los servicios públicos. Se reforma el orden jurídico nacional para proteger las ganancias de las trasnacionales. En este marco se presenta el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP) como el siguiente hito en la historia del libre comercio, denominado "la negociación comercial más importante y ambiciosa a nivel mundial".

 

A lo largo de los 30 capítulos del Tratado no se mencionan compromisos, medidas de protección, consultas vinculantes, ni sanciones ante incumplimiento, daños y perjuicios a los ecosistemas o medio ambiente, ni por violaciones a los derechos humanos. Paradójicamente, el TPP otorga un carácter voluntario al cumplimiento de leyes de protección al medio ambiente y uno obligatorio a lo relacionado con inversiones. Sobre el tema del agua, profundiza el paradigma caduco de extracción-desecho. Los intereses económicos relacionados con la minería, el fracking, petróleo, la construcción de presas, plantas de tratamiento, hidroeléctricas etcétera, encuentran en el TPP otra capa jurídica protectora frente a las políticas ambientales y resistencias de los pueblos.


El Capítulo 20 sobre "Medio ambiente" plantea como objetivo la promoción de políticas comerciales y ambientales. Se enuncia la preocupación por la descarga o emisión de contaminantes; el control de químicos, desechos y sustancias tóxicas, y la protección de la capa de ozono y de la diversidad biológica y de la flora y fauna. Sin embargo, los mecanismos para garantizar la protección no son visibles ni obligatorios, sólo se pide que "sus inversiones se realicen de manera sensible". Las demandas, reglas y sanciones competen sólo al rubro de inversiones.


La intervención de la iniciativa privada, en particular de las corporaciones, en el servicio público del agua en México se ha fomentado en el neoliberalismo desde la modificación a la Ley de Aguas Nacionales en 1992, las posteriores reformas a las legislaciones de los estados y el préstamo del Banco Mundial solicitado en 2001 por el gobierno del presidente Vicente Fox. La privatización del agua implica el traspaso del control y la gestión de las operaciones a empresas privadas que convierten el agua en objeto de lucro.


En 2014 la reforma a la Ley de Asociaciones Público Privadas sentó las bases jurídicas para promover la intervención privada ilimitada y sin evaluación, a contracorriente de la tendencia mundial más avanzada en la gestión del agua, que es el retorno al manejo público estatal y público no estatal, como las experiencias de Grecia, Bolivia, Alemania y Francia, entre otras. El cuestionamiento al modelo privatizador cobra especial relevancia ante casos de autoadministración y autogobierno del agua en comunidades, pueblos y barrios que bajo el arraigo popular y comunitario demuestran la eficacia y vigencia de los derechos ancestrales de los pueblos sobre su territorio y sus recursos naturales.

 

 

La amenaza al cada vez más pequeño sector público de los servicios es sistemática, ahora busca entrar a la dinámica de la competencia donde legalmente no habrá más posibilidad de un trato preferencial al mercado nacional. Múltiples voces a nivel mundial se han pronunciado contra los peligros del nuevo Tratado. La Internacional de Servicios Públicos (ISP) denuncia la ausencia de trabajadores y usuarios en las negociaciones, contrario al inmenso poder y participación de las empresas.


El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, declara que México negoció consultando a los "sectores relevantes". En los hechos ha excluido a sindicatos, universidades, pueblos y comunidades, a la población en general, aunque su futuro se hipoteca, más aún, con la firma del TPP.


Así, la privatización de los servicios públicos como el agua es parte de la agenda del capital transnacional y el TPP es su instrumento. No muestra voluntad ni mecanismos para frenar la avanzada contaminación y devastación ambiental, sino que promueve la desregulación a las corporaciones.


No obstante, en la agenda de los movimientos y organizaciones sociales está la lucha por garantizar Agua para [email protected], Agua para la Vida, fuera de la lógica mercantil de las trasnacionales y gobiernos corruptos. El freno a la privatizadora Ley de Aguas impulsada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) fue una de las victorias del movimiento México por el Derecho Humano al Agua (DHA), fruto del proceso colectivo que da cuenta de la fase madura del movimiento en defensa del agua, con orientación a trabajar una propuesta conjunta con la consigna de sumar esfuerzos y propuestas a la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas como parte de un proceso nacional de construcción de consensos. El freno a Tratados y Acuerdos que pongan en riesgo el futuro de las generaciones presentes y futuras es parte de la estrategia emprendida ante los desafíos que enfrenta el DHA.


¡No al Tratado Transpacífico!

 

*Miembros de la Coordinadora Nacional Agua para [email protected], Agua para la Vida

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La atunera Seatech Internacional cierra su planta y echa a sus trabajadoras cada vez que le da la gana

El pasado viernes 30 de octubre la empresa atunera Seatech International, cuyo producto más reconocido es el atún Van Camps, paró su producción y cerró su planta de Cartagena, con lo que las más de mil personas que allí trabajan desmenuzando y empacando pescado, en su gran mayoría mujeres cabeza de familia, quedaron temporalmente sin empleo y sin ingresos durante las dos semanas que durará el cierre.

Ante esta situación, un grupo de 125 mujeres, afiliadas a la Unión de trabajadores de la Industria Alimenticia (Ustrial), decidió permanecer dentro de las instalaciones en una toma pacífica, como un acto de protesta ante el cierre. Pero solo duraron tres días allí, pues el lunes en la mañana, a solicitud de la gerencia de la empresa, se presentó un pelotón policial del Esmad, que a punta de gases lacrimógenos las hizo abandonar la planta y terminar su protesta.

No es la primera vez que Seatech International (antes Atunes de Colombia) recurre al cierre de su planta y al despido temporal de su personal sin el permiso previo del Ministerio de Trabajo. Lo viene haciendo desde hace varios años, según lo denunció Ustrial, que en esta empresa cuenta con cerca de 300 afiliados.

Estos cierres la empresa los llama "Paradas técnicas", y recurre a ellos, supuestamente, para garantizar su estabilidad en épocas en que tiene exceso de inventario, o lo contrario: poca materia prima para procesar; o cuando requiere hacer mantenimiento de su planta. Al final de cada parada los trabajadores, según la empresa, son reintegrados a la línea de producción mediante nuevos contratos para dar cumplimiento a nuevos pedidos.

Pero para el sindicato tales paradas técnicas no son más que atropellos a los derechos laborales y una forma de salir de personal. "Generalmente las hace con un doble propósito: interrumpir los términos de los contratos para arrancar con nuevos, y de paso salir de alguna gente que considera que no le es funcional, especialmente si pertenece al sindicato. Este año ya han parado dos veces y echado el personal a la calle, por eso la indignación de las compañeras que hicieron la protesta esta semana", aseguró Gil Falcon, presidente de la CUT Bolívar.

Y lo ratifica Fredis Marrugo, presidente de Ustrial, quien explicó que en esta empresa solo tienen contrato directo sus directivos, porque el personal operativo, en su mayoría mujeres cabeza de familia, lo vincula mediante terceros a través de contratos "chatarra", por obra o labor. "Son contratos abiertos, firmados en blanco, de modo que los puede dar por terminados cuando lo necesite. Eso se lo inventó para desligarse de la responsabilidad con las mujeres que allí trabajan y salir de ellas cuando le dé la gana, y también para evitar que prospere el sindicato", aseguró Marrugo.

No en vano en un reciente informe del portal Las2Orillas y la ENS, Seatech International fue incluida en el ranquin de los peores patrones de Colombia. (Ver nota en el enlace: http://www.las2orillas.co/los-peores-patronos-de-colombia/#)

Asimismo, el Ministerio de Trabajo la ha multado dos veces en los últimos años, la primera en el 2013 por intermediación laboral ilegal; y este año, por la misma razón, la sancionó con 1.000 salarios mínimos, al igual que a las tres empresas contratistas que le suministran personal temporal: Atiempo Servicios (multa de 500 salarios), Recursos Especiales SAS y Servicios Empresariales SAS, cada una por $129 millones, sanciones que aún no están en firme, cursan recurso de apelación.

Desde hace tres años, cuando Ustrial incursionó para tratar de organizar al personal tercerizado por parte de la contratista Atiempo Servicios, ésta se ha negado a negociar el pliego que se le presentó.

Para este sindicato, la empresa incurre en engaño con lo de las paradas técnicas. Promete que ningún trabajador va a quedar por fuera una vez se reanudan las actividades, pero eso no siempre se cumple. A muchos los ha dejado cesantes. Ante eso la organización sindical ha interpuesto varias demandas de reintegro ante la justicia laboral. Ha ganado 6 casos y están en trámite otros 25.

"Las compañeras trabajadoras no tienen la culpa de las tales paradas técnicas que la empresa programa. Que las haga, pero que el tiempo que ellas dejan de trabajar se los paguen, o les adelanten las vacaciones, pero que no las dejen sin salario", agregó.

Pero lo de las paradas técnicas es apenas una parte de los atropellos que los y las trabajadoras deben soportar por parte de Seatech International y las empresas contratistas intermediarias. Como: sólo devengan un salario mínimo, los horarios son extendidos (hasta de 18 horas), hay acoso laboral por cuenta de las metas de producción que deben cumplir, no les pagan horas extras, las acosan por pertenecer al sindicato, y en no pocos casos dejan de cotizarles al seguro de pensión y salud. Lo cual en su caso es delicado porque la gran mayoría tiene alguna afección por enfermedad profesional, como hernias, afecciones del túnel carpiano, manguito rotador y tendinitis, producto de los movimientos repetitivos que deben hacer. Según el sindicato, hay registro de más de 500 mujeres enfermas.

"Con el agravante de que hay compañeras que han ido urgencias médicas y se encuentran con que la contratista no les ha apagado los aportes. Y lo mismo con los fondos de pensiones. Al revisar la historia laboral ven que hay semanas y hasta años en que no les han cotizado", dice Marrugo.

Maltratadas por la empresa y el Esmad

Los tres días que las 125 mujeres se mantuvieron en la toma de la empresa no fueron para ellas color de rosa, pues desde el principio, según lo denunció el sindicato, la empresa les cortó los servicios públicos para obligarlas a salir, y tampoco permitió que les ingresaran alimentos. Cuando por fin se pudo romper el cerco e ingresarles alimentos y bebidas, varias de ellas presentaban cuadros de deshidratación, vómitos, alergias y fiebre.

Su protesta acabó el lunes a primera hora, cuando el escuadrón del Esmad se hizo presente para desalojarlas, acompañado de agentes de la Personería de Cartagena que se prestaron para avalar el desalojo.

"Estábamos en una toma pacífica, no era necesario que la empresa nos mandara el Esmad, y mucho menos que nos lanzaran gases. No es necesaria la violencia, solo queremos una solución, que se respete nuestra antigüedad y nuestro trabajo", dijo por su parte Darli Figueroa, una mujer madre de 4 niños que lleva 9 años trabajando en la empresa y que se sumó a la protesta.

"No entendemos por qué la empresa nos hace esto. Nosotros nos hemos dedicado a cumplir las metas de producción a pesar de las malas condiciones en las que trabajamos", agregó.

"Lo que era una acción de protesta como parte de un conflicto laboral, terminó convertido en un hecho de orden público", anotó Fredis Marrugo.

Publicado 6 de noviembre de 2015

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La aproximación de las elecciones para la alcaldía de Bogotá realza de nuevo la importancia de la movilidad urbana, incluyendo el interminable debate sobre la construcción del metro o el mejoramiento a corto plazo de la congestión en el Transmilenio. ¿Cuál y cómo debería ser la función del servicio público?, es decir, ¿somos clientes o usuarios?

 

A pesar del paso de los años, y con ellos de los intentos por transformar el sistema de transporte capitalino, aún podemos ver por sus calles los buses tradicionales, secuela de un sistema de transporte instalado desde los años 1950, que nació al amparo de la quema del tranvía entonces existente, del alza en el costo del transporte en el mismo, por la necesidad de cubrir barrios que estaban llenando la entonces creciente periferia urbana, y por el afán de negocio de las familias que controlaban (y aún en buena parte lo determinan) el poder político y económico nacional, asociadas al capital norteamericano y su sistema de transporte impulsado por gasolina. Este cambio de gestión del servicio público nos coloca ante el carácter incompatible del manejo por el sector privado de un derecho que, como tal, debería ser irrenunciable, estratégico y hacer parte de lo público.

 

Entonces, la llegada de las empresas privadas para la distribución del servicio público de transporte en Bogotá impuso un cambio total en la relación con el usuario, visto desde entonces no como usuario sino como una mercancía, como un medio para la ganancia. En consecuencia, este cambio impuso la llamada "guerra del centavo" como ejemplo de la lucha permanente entre los diferentes propietarios de buses –y sus trabajadores– para recoger un máximo de pasajeros, sin pensar en la calidad del servicio que ofrecían, priorizando únicamente los beneficios directos, pues los conductores eran remunerados en función del número de pasajeros recogidos.

 

Este modelo de transporte causó también otros daños colaterales a los habitantes de la capital colombiana y, como no, en todo el país. Hasta finales de los años 90 del siglo anterior, el número de buses en la ciudad siguió creciendo de manera exponencial hasta llegar a sumar en 1999, al momento de iniciar el sistema conocido como Transmilenio, un promedio de 19.093 buses en servicio diario1, demostrando claramente una falta de regulación, lo que aporta de manera sustancial a la congestión del tránsito urbano.

 

Como la mayoría de la demanda de transporte es "derivada", es decir ofrecida ante la necesidad de los "clientes" por acceder a los sitios en que realizan sus distintas actividades diarias (trabajo, estudio, descanso, compras), éste tiene momentos de gran congestión producto de la concentración de muchos buses en un mismo espacio (ya que las distintas empresas acceden a las rutas más apetecidas) y a la ausencia de calles y avenidas bien dotadas para que los carros circularan sin contratiempo2.

 

La guerra del centavo propició la congestión del tráfico capitalino sobre todo en las rutas más utilizadas –Avenida Caracas, Carrera Décima, Carrera 30, Calle 68, Avenida Boyacá– además, produjo una sobreoferta de buses. Esa brecha causó otro problema derivado como lo es la contaminación ambiental y auditiva, provocando al mismo tiempo frecuentes accidentes y una extrema incomodidad para quienes abordaban los buses.

 

El servicio de transporte tradicional demostró al fin del segundo milenio una manifiesta falta de calidad, causando daños generales por toda la ciudad, incrementando la inseguridad, dando lugar a viajes promedios muy largos, perjudicando con todo ello la calidad de vida en la capital del país.

 

El sistema Transmilenio, una respuesta limitada a una situación de emergencia

 

Ante esta realidad, implementar otro sistema de transporte era una necesidad inaplazable en Bogotá.

 

Nace Transmilenio en diciembre de 2000, bajo la administración de Enrique Peñalosa, y posteriormente se desarrolla el Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp). Su propósito era obligar a los bogotanos a dejar atrás el automóvil privado como principal medio de transporte para buscar alternativas más eficientes, económicas y sostenibles, buscando de igual forma mejorar su calidad de vida. Los intereses de los propietarios de los grandes empresas de buses, de las autopartes y la misma debilidad financiera de la ciudad, fueron motivos para no optar por el metro. Una vez más, como sucedía desde cincuenta años atrás, los estudios para implementarlo quedaban guardados en las gavetas.

 

Con el cambio aprobado se logra un mejoramiento en el servicio de transporte a nivel local, pero lo que nos interesa es el funcionamiento del sistema de transporte en su conjunto, es decir, la agrupación Sitp/buses tradicionales, en su relación con el servicio público dedicado al usuario.

 

Según un estudio sobre la movilidad en Bogotá realizado por la alcaldía en 2011, resalta que casi la mitad de los bogotanos caminan para desplazarse dentro de la ciudad (46%), seguido por el transporte público colectivo (20%), el automóvil (10%) y después el Transmilenio (9%)3. En su conjunto, los transportes públicos representan algo más del 30% de los medios de transporte, un porcentaje muy bajo a la vista de las necesidades de movilidad que tienen los habitantes de la urbe. Pero sobre todo, hay una clara desconfianza en lo que son los transportes en la ciudad, mostrando una diferencia muy fuerte entre las clases bajas y altas.

 

En efecto, para los estratos más bajos (de 1 a 3) más del 50% camina para desplazarse y todavía más del 35% corresponde a viajes a pie mayores de 15 minutos, revelando una dificultad cada vez mayor para pagar un pasaje. Al contrario, para los estratos más altos (5 y 6) también más del 50% no usa los transportes públicos sino el automóvil para desplazarse dentro de la ciudad y casi el 60% para los viajes a pie mayores a 15 minutos, lo que pone de relieve una desconfianza real en el sistema de transporte tras 10 años del establecimiento del sistema de Transmilenio. Si la mayoría de la población no usaba los transportes públicos para desplazarse y el sistema Transmilenio era mucho menos utilizado que los buses tradicionales en 2011, para interpretar las cifras de manera más eficiente es necesario una actualización de las estadísticas, pues el sistema de transporte está unificándose lo que causa cambios notables dentro de la movilidad urbana. La falta de confianza en los transportes públicos puede entenderse en gran medida por la mala calidad del servicio prestado así como por el alto promedio del tiempo de espera del bus en relación con el número muy bajo de kilómetros recorridos.

 

Realidad crítica, pero hay más aspectos por valorar. Al día de hoy podemos subrayar otra brecha: el alto costo del sistema de transporte en la capital colombiana en comparación con el salario mínimo en vigor. En efecto, si hablamos de un ciudadano ordinario, que va a trabajar seis días a la semana y que se encuentra en la obligación de tomar el transporte para llegar a su sitio de labor, destina un promedio de $86.400 pesos al mes para desplazarse, si el salario mínimo mensual está en $644.350 pesos (255 USD), esto significa que destina para su transporte más del 13% de sus ingresos, una cantidad considerable, mucho más si recordamos que un porcentaje no desdeñable de quienes trabajan –en el rebusque– no acceden al mínimo.

 

La eficiencia y utilización de un servicio de transporte que no es accesible para todos parece entonces limitado para que rompa en dos la historia de la ciudad en cuanto a transporte público. En efecto, la sola compensación subsidiaria existente por parte de la administración del Sitp (la tarifa preferente para los mayores de 62 años y los beneficiarios del Sisben, excluyendo de facto a los estudiantes que deben contar con el apoyo de su familia), no es suficiente para estimular la utilización de este sistema de transporte, ni aporta de manera sustancial al rendimiento de los pocos ingresos de los hogares más populares obligados a destinar un importante porcentaje de los mismos para el transporte de los suyos.

 

La tarifa del transporte por tanto marca, una vez más, la paradoja del manejo de un servicio público a través de manos privadas.

 

Pero, por desfortuna, Bogotá no es la única ciudad de la región que maneja precios de transportes altos en relación al salario mínimo, de acuerdo a las estadísticas que manejan las distintas ciudades de la región, nuestra capital es la quinta más cara, antecedida por Sao Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires y Santiago de Chile. Sao Paulo y Rio de Janeiro tienen respectivamente los precios de transportes más altos en Sur América en comparación al salario mínimo en vigor (ver cuadro), precios cuyo aumento fue justamente la causa principal de las protestas que empezaron en junio de 2013. Sin embargo, la ciudad que parece mostrar el ejemplo más notable sobre la noción de transporte público, y de su relación con el servicio público, es Quito, con unos gastos en transporte que representa el 3,39% del salario mínimo de los obreros (adicionalmente cuenta con tarifa diferenciada del 50% menos para adultos mayores y estudiantes). Prima aquí la esencia de lo público sobre el negocio particular. El transporte como derecho básico.

 

Además de no ser un ejemplo en materia de acceso democrático a los transportes públicos, las desigualdades siguen existiendo en la capital colombiana demostrando una vez más la marginación de los pobres en relación a los servicios públicos. De hecho, son aquellas personas que realizan los viajes con mayor número de kilómetros, las que tienen un promedio de tiempo más largo por viaje, y a quienes más les afecta o les roba su tiempo libre. En Colombia la jornada de trabajo es de 48 horas a la semana, lo que obliga a los trabajadores pasar en sus sitios de labor la mayoría de su tiempo diario.

 

Un absurdo en tiempos de gran tecnificación. Lo que aún se ahonda más para los más pobres cuando vemos que el promedio de viaje representa para los estratos más bajos 77 minutos, contra 40 minutos para las personas de estrato alto –sin contar el tiempo de espera, así como el de transbordo–; de esta manera los viajes cotidianos para las clases más bajas pueden representar fácilmente entre tres y cuatro horas diarias, lo que significa la mitad del tiempo libre, el mismo que en otras circunstancias podría destinar para descansar, para cultivarse o formarse intelectualmente.

 

Lo privado impide repensar el transporte público como derecho fundamental

 

En estas circunstancias, Transmilenio y después el Sitp pretendió brindar respuesta a corto plazo, a parte de lo hasta aquí relacionado, pero nunca pretendió repensar el problema central del transporte urbano, o sea, la gestión de un servicio que supuestamente es público, pero que continúa en manos privadas.

 

¡Vaya paradoja! Por toda la ciudad ahora vemos buses que parecen ser de la ciudadanía, buses que hacen parte del nuevo Sitp (incluye Transmilenio, buses zonales, alimentadores, complementarios), pero no es así, pues en su inmensa mayoría continúan en manos privadas, los llamados concesionarios, quienes además obtienen otro porcentaje del todavía negocio del transporte al operar como recaudadores del pasaje. Negocio, por demás, poco democratizado, como se demostró en el 2014, tras la polémica que involucró a Transmilenio por ampliar su flota en 180 buses sin licitación y para solo dos operadores, Consorcio Express (ahora tiene el 45% de la operación del Sitp y Transmilenio) y GMóvil4.

 

A partir del momento en el cual empezamos a entender el funcionamiento de un servicio de transporte supuestamente público, se nota la incomprensión de esa dicotomía entre privado y público, y nos preguntamos por qué existe unas infraestructuras públicas y sobre éstas un negocio privado. ¿Es difícil –imposible– garantizar una gestión pública para el servicio del transporte de la(s) ciudad(es) con todas las arandelas que le cuelgan? Si la ciudad construye las vías y las conserva, si la ciudad dispone de toda la infraestructura y complementarios que demanda este tipo de servicio, ¿por qué no puede también pensar y actuar para que lo público sea de verdad tal?

 

Y para abordar estos interrogantes tendríamos que pensar primero en el derecho colectivo, en calidad de vida, en igualdad de oportunidades, en goce del tiempo libre, en la salud, en el bienestar y la seguridad colectiva, en el medio ambiente, en la atención prioritaria de menores, estudiantes, ancianos, personas discapacitadas, etcétera.

 

En fin, son tantas las variables por considerar, y tanto lo acumulado por cada ciudad, que cuando lo detallamos vemos que sí es factible, que lo impuesto durante tantos años de despotismo oligárquico es un negocio que favorece a unos cuantos a pesar de perjudicar a la inmensa mayoría. Un servicio traducido en negocio, que le permite a los empresarios y sus defensores en los medios de comunicación criticar porque en algunos horarios los buses del Sipt transitan desocupados o casi sin pasajeros, es decir, aquí una vez más su punto de reflexión es la ganancia y no el servicio, el cual debe ser prestado a toda hora y momento de manera suficiente, así los usuarios sean pocos, pues el problema no es la rentabilidad sino el derecho, traducido en eficiencia y calidad.

 

Pero en la ciudad la problemática que esconde todo este debate continúa recogida de manera errada. Ante el déficit de usuarios del Transmilenio y el Sitp, se evade la pregunta por los ingresos en los hogares, y ante la masa de colados en el Transmilenio lo que termina por hacerse es provocar una "denuncia de pueblo contra pueblo" –los cívicos y los 'bárbaros'–, militarizando estaciones y tecnificando puertas y torniquetes para evitar los colados. Los que así proceden olvidan que el problema no es de "cultura ciudadana" sino de otras variables, como las ya enunciadas, además del rechazo espontáneo de miles de personas a la privatización de este derecho.

 

En este punto del debate y de cara a las próximas elecciones, habría que demandar un debate abierto y profundo de lo que aquí está en juego, abordando la pregunta por lo que significa en el fondo un servicio público de transporte, es decir ofrecer un servicio de calidad y apropiado para todos en función de sus recursos y obligaciones. De así proceder la discusión a cerca de la movilidad abriría una reflexión más amplia sobre lo que debe ser un servicio público como derecho, al cual deben acceder todos los ciudadanos, los mismos que cuando lo sientan de verdad suyo lo apropiarán y cuidarán.

 


1 Fuente DANE-ETUP.
2 Revista de la Cepal, La congestión del tránsito urbano: causas y consecuencias económicas y sociales, numero 76, 2002, pp. 111-112.
3 Informe de indicadores Encuesta de Movilidad de Bogotá 2011, pp. 66-67
4 "El otro 'gangazo' de Transmilenio a los operadores privados", El Tiempo, 9 de julio de 2014, URL: http://m.eltiempo.com/bogota/el-otro-gangazo-de-transmilenio-a-los-operadores-privados/14223447

 

 

Publicado enEdición Nº 216
Bogotanos debemos demandar como ciudadanos ampliación de derechos urbanos

En el debate en curso para escoger la próxima alcaldesa o alcalde de Bogotá el 25 de octubre del año en curso, un asunto crucial es el tema de los derechos ciudadanos urbanos. Son el conjunto de derechos que le dan forma al "derecho complejo a la ciudad".


Tal como lo propone ese gran teórico del urbanismo democrático y los movimientos sociales citadinos progresistas, Jordi Borja, la nueva realidad de la globalización comunicacional y económica, de la revolución tecnológica postindustrial, nos lleva a replantear, actualizar y ampliar los derechos ciudadanos correspondientes a nuestro siglo ( http://bit.ly/1758flu ).


Los movimientos sociales progresistas y la izquierda política, agrega ( http://bit.ly/1758flu ), para ser fieles a sus objetivos históricos de libertad e igualdad y de estar al lado de los que son a la vez víctimas y resistentes potenciales de un sistema basado en el despilfarro global y el lucro personal, deben rehacer sus bases teóricas y sus principios éticos.


Como bien sabemos, en todas las épocas han sido los movimientos sociales e intelectuales revolucionarios los que han trazado un nuevo horizonte de derechos exigibles que luego se han ido formalizando políticamente y jurídicamente por medio de la lucha política.


Ocurrió con los derechos civiles y políticos promovidos por las revoluciones democráticas a partir del siglo XVIII y con los derechos sociales y económicos revindicados y en parte conquistados por las luchas, reformas y revoluciones sociales (soviética, china, cubana, etc.) del siglo XX.


En el siglo actual han surgido derechos de género, ambientales, comunicacionales, vinculados a la mayor autonomía del individuo, otros relativos a las identidades colectivas, etc. En un caso se trata de derechos nuevos, en otros de ampliación y desarrollo de derechos ya legitimados pero que resultan limitados hoy. Es el caso del derecho a la vivienda y a algunos servicios básicos, acota Borja ( http://bit.ly/1758flu ).


En nuestras sociedades ampliamente urbanizadas se requiere un derecho más complejo, es el "derecho a la ciudad" al que nos hemos referido ampliamente en otros textos. 


La elaboración y conversión en reivindicación política de nuevos derechos ciudadanos es una tarea que difícilmente cumplirán espontáneamente las instituciones del Estado oligárquico y los partidos políticos de las elites dominantes. Están doblemente limitados por sus marcos clientelares y los financieros impuestos por los conglomerados bancarios. Unos límites que impiden la innovación. Pero las contradicciones sociales existen y la capacidad cultural para reflexionar a partir de éstas también, plantea ( http://bit.ly/1758flu ).


Vivimos en un momento histórico que nos empuja a pensar y a luchar por algo nuevo. Por nuevos derechos. Y esa es una tarea de los movimientos sociales emancipatorios.


El "derecho a la ciudad" incorpora derechos relativos al entorno físico como la vivienda, el espacio público, el transporte, el ambiente, etc. que condicionan derechos individuales y colectivos de carácter social o político, es decir la efectividad del estatuto del ciudadano.


Pero también se integran en el derecho a la ciudad derechos políticos y sociales que a su vez condicionan la inserción en la ciudad como la igualdad político-jurídica, la identidad personal y colectiva de las minorías, el salario ciudadano o ingreso mínimo básico, la formación continuada, etc.


El "derecho a la ciudad" es pues un conjunto de derechos formales y materiales que configuran la ciudadanía plena de nuestra época.


En nuestras sociedades altamente urbanizadas hay un fuerte vínculo entre derecho a la ciudad y derechos ciudadanos.


En sentido amplio los derechos ciudadanos, y los deberes correlativos configuran el Estatuto de las personas reconocidas como ciudadanos. La democracia no consiste únicamente, como está ampliamente demostrado, en la existencia de instituciones representativas y ciertas libertades políticas y civiles. Esta es la dimensión formal. La dimensión material es que las instituciones y las libertades se justifican y se ejercen con el fin que las políticas públicas hagan reales los derechos teóricos considerados legítimos en cada momento histórico y las libertades sirven para reivindicarlos.


Tales derechos deben conceptualizarse como ciudadanos y no "humanos" simplemente a la manera histórica por considerar que forman parte del estatuto de ciudadanía, es reconocer a la persona como sujeto de derechos y deberes que le hacen libre en el territorio urbano en el que ha elegido vivir e igual a todos los que conviven en este territorio.


La plataforma de los derechos urbanos


En el texto que sigue se sugiere una Plataforma, obviamente no exhaustiva, de derechos urbanos como contribución a la renovación de la cultura política en el ámbito de la ciudad y del gobierno distrital. La legitimización de las demandas locales y la síntesis entre valores universalistas y prácticas políticas territoriales requiere la formulación de derechos que permitan desarrollar un combate democrático por la justicia en la ciudad en la contienda electoral que ya cobra forma y culminará en octubre del año en curso.
Esos derechos urbanos son los siguientes:

 

  1. Derecho a la vivienda y al lugar. La gente tiene derecho a mantener su residencia en el lugar donde tiene sus relaciones sociales, en sus entornos significantes. O a tener otro de su libre elección. Todas las personas que viven en un lugar que han contribuido a construir, en el que están arraigadas y que proporciona sentido a su vida, deben poder continuar viviendo en él y tienen derecho al re-alojo en la misma área si esta se transforma por medio de políticas de desarrollo urbano o de rehabilitación de hábitats degradados o marginales. Las autoridades distritales protegerán a las poblaciones vulnerables que puedan sufrir procesos de expulsión por parte de las iniciativas privadas. El derecho a la vivienda está integrado necesariamente en el derecho a la ciudad: la vivienda si no está integrada en un tejido urbano, articulado con el resto, en él que conviven poblaciones y actividades diversas. Si no es así el derecho a la vivienda puede ser de hecho la marginación de los sectores de bajos ingresos, es la exclusión territorial.
  2. Derecho al espacio público y a la monumentalidad. La ciudad es hoy un conjunto de espacios de geometría variable y de territorios fragmentados (física y administrativamente), difusos y privatizados. El espacio público es una de las condiciones básicas para la justicia urbana, un factor de redistribución social, un ordenador del urbanismo vocacionalmente igualitario e integrador. Todas las zonas de la ciudad deben estar articuladas por un sistema de espacios públicos y dotadas de elementos de monumentalidad que les den visibilidad e identidad. Ser visto y reconocido por los otros es una condición de ciudadanía.
  3. Derecho a la belleza. El lujo del espacio público y de los equipamientos colectivos no es despilfarro, es justicia. Los programas públicos de vivienda, infraestructuras y servicios deben incorporar la dimensión estética como prueba de calidad urbana y de reconocimiento de necesidad social. Cuanto más contenido social tiene un proyecto urbano, más importante la forma, el diseño, la calidad de los materiales.
  4. Derecho a la identidad colectiva dentro de la ciudad. La organización interna del espacio urbano debe facilitar la cohesión sociocultural de las comunidades (barriales, de grupos de edad, étnicas, etc.). La integración ciudadana es más factible si las personas están también insertas en grupos referenciales próximos. La ciudadanía es pluridimensional y requiere de integraciones colectivas múltiples, bien para adherir, o participar o confrontarse. Para los "excluidos" la integración grupal conflictiva es indispensable para conseguir su reconocimiento.
  5. Derecho a la movilidad y a la accesibilidad. Hay que tender a igualar las condiciones de acceso a las centralidades y la movilidad desde cada zona de la ciudad. Estos derechos son hoy indispensables para que las llamadas libertades urbanas o posibilidades teóricas que ofrece la ciudad sean realmente utilizables. El derecho a moverse con facilidad por la ciudad debe universalizarse, no reservarse a los que disponen de vehículo privado. La accesibilidad de cada zona es indispensable para existir para los otros.
  6. Derecho a la centralidad. Todas las áreas de la ciudad deben poseer lugares con valor de centralidad y todos los habitantes deberían poder acceder con igual facilidad a los centros urbanos distritales. En la ciudad la articulación de los centros viejos y nuevos, el acceso y la recalificación de los centros históricos no solo de la ciudad central sino también de las áreas periféricas, la creación de nuevas centralidades polivalentes en sus funciones y mixtas en su composición social son elementos consubstanciales de la democracia urbana. Las centralidades marcan las principales diferencias entre las ciudades. La adecuada relación centralidades-movilidades es hoy una de las condiciones básicas para el funcionamiento democrático de las ciudades. La pluralidad de centralidades se vincula a la superación de las dinámicas segregadoras y especializadoras de los territorios: el urbanismo de la ciudad del siglo XXI debe optar por la mezcla, la diversidad de poblaciones, actividades y usos plurales de los espacios.
  7. Derecho a la conversión de la ciudad marginal o ilegal en ciudad de ciudadanía. Las políticas publicas deben desarrollar políticas ciudadanas en los márgenes, legalizar y equipar los asentamientos, introducir en ellos la calidad urbana y la mixtura social, promover formas originales de participación ciudadana que se adapte a las características de poblaciones especialmente vulnerables. Los grandes proyectos de infraestructuras de comunicación o económicas que se realizan en las periferias, o los proyectos comerciales o inmobiliarios deben ser siempre constructores de la ciudad, es decir, incorporar programas de vivienda y de urbanización básica así como elementos de monumentalidad.
  8. Derecho al gobierno plurimunicipal. Los ciudadanos tienen derecho, por razones de participación y de eficacia de la gestión pública, a un gobierno de proximidad. En las regiones más urbanizadas este gobierno debe tener una dimensión plurimunicipal o de ciudad-región. No se trata de suprimir los municipios, incluso los pequeños son ámbitos de representación y de gestión (a veces muy limitada) válidos. Pero casi siempre la gestión pública de proximidad requiere ámbitos de planificación y programación, de gestión de servicios costosos y de redistribución de recursos, que abarcan una diversidad de municipios.
  9. Derecho a la innovación política. Los gobiernos locales y el distrital deben recoger las demandas sociales para innovar en cuanto a sistemas electorales, mecanismos de participación, instrumentos de planeamiento y de gestión, etc. P.ej. el planeamiento estratégico es una innovación política aun no recogida por el derecho público. Las relaciones entre Administraciones y entre actores públicos y privados deben incorporar cada vez más formas contractuales y no únicamente jerárquicas o compartimentadas.
  10. Derecho al acceso y al uso de las tecnologías de información y comunicación: Las administraciones públicas no solo deben proteger y garantizar este derecho sino también utilizar las TIC (tecnologías de información y comunicación) para democratizar realmente al acceso de todos a los servicios de interés general. Derecho al uso social de las actuales tecnologías de información y comunicación, especialmente en las relaciones con las Administraciones públicas (p.ej. ventanilla única). Barrios y viviendas tienen, todos, derecho al a las redes de internet.
  11. Derecho a la ciudad como refugio. La ciudad debe asumir áreas de refugio para aquellos que por razones legales, culturales o personales necesiten durante un tiempo protegerse de los aparatos más represivos del Estado, en tanto que las instituciones democráticas no son capaces de protegerlos o integrarlos. Por otra parte estas áreas refugios forman parte de la oferta urbana como aventura transgresora.
  12. Derecho a la protección por parte del gobierno de proximidad ante las instituciones políticas superiores y las organizaciones y empresas prestadoras de servicios. El gobierno distrital debe actuar de defensor de oficio de los ciudadanos en tanto que personas sometidas a otras jurisdicciones y también en tanto que usuarios y consumidores. Esta protección por parte de los gobiernos locales deberá compensar la tendencia a la gestión indirecta o a la privatización de servicios y la consiguiente reducción de la función pública. Por otra parte la complejidad del consumo social aumenta la dependencia de los ciudadanos respecto a las empresas de servicios y de distribución comercial que muchas veces actúan en mercados oligopólicos.
  13. Derecho a la justicia local y a la seguridad. Hoy la justicia es inaccesible para la mayoría de ciudadanos (por su costo, lentitud, etc.). La seguridad es vista principalmente en términos de represión y se plantean políticas de seguridad sobre todo cuando la «inseguridad » afecta a sectores medios y altos y a agentes y representantes de las instituciones. La justicia local, de base local y distrital y la seguridad como actuación concertada entre la institución local y la sociedad civil organizada es hoy una demanda inaplazable de las mayorías ciudadanas, en la medida que puede asegurar una prevención más eficaz y si es preciso una reacción sancionadora más rápida.
  14. Derecho a la ilegalidad. Paradójicamente tanto los colectivos sociales como, a veces, las instituciones locales deberían asumir el coste de promover iniciativas ilegales o alegales para convertir una demanda no reconocida en un derecho legal (p.ej. para obtener la reversión de uso de espacio público congelado por una institución estatal). Es decir se trata de demandas que se pueden considerar "legítimas", aunque no sean legales. Un ejemplo es la tolerancia oficial en áreas urbanas delimitadas, respecto al tráfico de droga, el uso social efímero o definitivo de espacios privados con vocación pública, etc. Otro ejemplo es la resistencia a los desalojos bancarios permaneciendo en las viviendas que jueces ordenan desocupar con la policía.
  15. Derecho al empleo y al salario mínimo ciudadano. El ámbito urbano-regional debe garantizar un rol social que proporcione ingresos monetarios es decir remunerados al conjunto de la población activa. Además de las iniciativas generadoras de empleo (p.ej. servicios de proximidad, ecología urbana, etc.) es en este ámbito que se pueden experimentar y gestionar algunas formas de « salario ciudadano » y de "formación continuada para todos. El espacio urbano-regional puede ser un marco de gestión de estas políticas entre gobiernos de proximidad y organizaciones sindicales y sociales.
  16. Derecho a la calidad del medio-ambiente. Como derecho a una calidad de vida integral y como derecho a preservar el medio para las generaciones futuras. Este derecho incluye el uso de los recursos naturales y energéticos, el patrimonio histórico-cultural y la protección frente a las agresiones a la calidad del entorno (contaminaciones, congestiones, suciedad, fealdad, etc.).
  17. Derecho a la diferencia, a la intimidad y a la elección de los vínculos personales. Nadie puede sufrir discriminación según sus creencias, sus hábitos culturales o sus orientaciones sexuales, siempre que se respeten los derechos básicos de las personas con las que se relacione. Todo tipo de vínculo personal libremente consentido (p.ej. parejas homosexuales) merecen igual protección. No hay un modelo de vida personal o familiar que tenga derecho a más protección que otro.
  18. Derecho de todos los residentes en una ciudad a tener el mismo status político jurídico de ciudadano. Y por lo tanto igualdad de derechos y responsabilidades. La ciudadanía debe distinguirse de la nacionalidad (que en el marco de la globalización y de las uniones políticas supraestatales debe perder su actual carácter absoluto es decir la facultad de proporcionar un estatuto diferenciado). Es la relación con un territorio - con un entorno social lo que debe determinar el estatuto legal.
  19. Derecho a que los representantes directos de los ciudadanos tanto institucionales (gobierno distrital y/o regional) como sociales (organizaciones profesionales, económicas, sindicales, territoriales, etc.) participen o accedan a las conferencias y organismos internacionales que tratan cuestiones que las afectan directamente.
  20. Derecho de los ciudadanos a igual movilidad y acceso a la información transversal similar al que poseen los capitales privados y las instituciones públicas. Derecho a acceder a todo tipo de información emanada de los organismos públicos y de las empresas de servicios de interés general. Derecho a la movilidad física completa en los espacios políticos y económicos en los que se encuentran inmersos.
  21. Derecho de los gobiernos locales y regionales y de las organizaciones a constituir redes y asociaciones que actúen y sean reconocidas a escala internacional. Este derecho incluye tanto el reconocimiento por parte de las NN.UU. y de todos sus organismos y programas como de organizaciones mucho menos transparentes (como la Organización mundial del comercio o el Banco Mundial). La regulación de los procesos globalizados no la realizarán únicamente los gobiernos de los Estados y los grandes grupos económicos. La globalización supone poner en cuestión el soberanismo monopolista.

 

Legitimación de estos derechos


El desarrollo y la legitimación de estos derechos dependerán de un triple proceso:


Un proceso cultural, de hegemonía de los valores que están en la base de estos derechos y de explicitación o especificación de los mismos.


Un proceso social, de movilización ciudadana para conseguir su legalización y la creación de los mecanismos y procedimientos que los hagan efectivos. Proceso que debe darse en la actual campaña electoral.


Un proceso político-institucional para formalizarlos, consolidarlos y desarrollar las políticas para hacerlos efectivos.

 

En la medida que en muchos casos estos derechos aparecen como una novedad política y no tienen aún el suficiente arraigo social, el rol de los intelectuales y pensadores demócratas, a la vez como fuerza sociocultural y como colectivo capaz de definir los contenidos y las motivaciones de estos derechos, es hoy trascendental. En esta etapa histórica el desafío que el territorio plantea a la intelectualidad exige un gran coraje moral y una considerable audacia política.

En este proceso de legitimación de derechos es interesante considerar como en los últimos años se han elaborado diversas Declaraciones, Manifiestos o Cartas de derechos ciudadanos o de derecho a la ciudad. En la conferencia de Naciones Unidas-Habitat de Estambul se discutía del derecho a la vivienda pero ni gobernantes ni expertos, ni autoridades locales ni organizaciones sociales, se planteaban la cuestión más ambiciosa y necesaria del derecho a la ciudad. En los primeros años del siglo XXI se han elaborado por parte de las autoridades locales reunidas en el Foro Social de Porto Alegre la Carta de los Derechos Humanos en la ciudad (2000) y la Carta Europea de los Derechos Humanos en la Ciudad (Saint Denis 2002). En el Fórum de las Culturas (Barcelona 2004) se elaboró la Carta de los Derechos Emergentes promovida por Institutos y Ligas de Derechos humanos de diversos continentes.


Habitat International Coalition que reúne a casi medio millar de organizaciones vecinales o ciudadanas de todo el mundo está desarrollando desde inicios de este siglo un ambicioso proceso participativo para elaborar la Carta del derecho a la ciudad de los movimientos populares urbanos. Todo ello es una demostración evidente que la cuestión de la ampliación y reelaboración de los derechos ciudadanos es un reto de nuestra época.


Recogemos esta propuesta para que se considere en el debate electoral en curso y de esa manera superar el gerencialismo tecnocrático que algunos están planteando como falsa salida neoliberal a los graves problemas que presenta en la actualidad Bogotá en diversos campos.

Publicado enColombia
Organizaciones de la Sociedad Civil Global lanzan el Foro Social de Internet

Ginebra, Suiza, 22 de enero 2015.- Un conjunto de organizaciones de la sociedad civil de diversas partes del mundo anticipó la convocatoria del Foro Social de Internet, que propone reunir y articular propuestas desde las bases, respecto al "Internet que queremos". Inspirado en el Foro Social Mundial y su lema "Otro mundo es posible", el grupo quiere llamar la atención urgente sobre la creciente centralización de Internet, que persigue la extracción de rentas monopólicas y el control socio-político, afirmando que "¡Otro Internet es posible!"

 

El Foro Social de Internet planteará, entre otras cosas, una alternativa a la "Iniciativa Net Mundial" del Foro Económico Mundial, respecto a la gobernanza global de Internet. Mientras que el Foro Económico Mundial (FEM) y la "Iniciativa Net Mundial" convocan a las elites globales, el Foro Social de Internet será un espacio participativo, organizado desde las bases, para todas y todos quienes creen que el Internet global debe desarrollarse en pro del interés público, estableciendo así un paralelo directo con el lanzamiento del Foro Social Mundial, en 2001, en tanto iniciativa contrapuesta al FEM.

 

El Foro Social de Internet busca llegar a organizaciones y movimientos sociales de todo el mundo, con miras a articular las expresiones de inconformidad que desafían el control que el poder corporativo, en función de sus intereses, ejerce actualmente sobre la gestión de Internet. El proceso preparatorio del Foro Social de Internet arrancará en el Foro Social Mundial, que tendrá lugar en Túnez, del 24 al 28 de marzo de 2015. Se prevé la realización del propio Foro Social de Internet, ya sea a finales de 2015 o principios de 2016.

 

"Si bien las grandes corporaciones mundiales tienen todo el derecho de debatir el futuro de Internet, nos preocupa que sus puntos de vista terminen ahogando las perspectivas de la gente común, que no tiene acceso al terreno privilegiado que el FEM ocupa; a fin de cuentas, es este interés público más amplio el que debe primar en la gobernanza de Internet. Estamos organizando el Foro Social de Internet para asegurar que sus voces no sean ignoradas en los pasillos del poder ", expresó Norbert Bollow, co-coordinador de la Coalición Just Net, una de las entidades que participan en la iniciativa.

 

El Foro Social de Internet, desde su proceso preparatorio, apunta a ser un espacio para visualizar y construir el "Internet que queremos". Se fundamenta en los valores de la democracia, los derechos humanos y la justicia social. Defiende la elaboración participativa de políticas y promueve medios de comunicación comunitarios. Apunta a un Internet con arquitectura descentralizada, basado en los derechos de las personas a tener acceso --sin restricciones-- a los datos, la información, los conocimientos y otros "bienes comunes" que Internet ha permitido que la comunidad mundial genere y comparta.

 

Recordando el llamado del inventor de la Web, Tim Berners-Lee, a elaborar una "Carta Magna para Internet", el Foro Social de Internet propone desarrollar un Manifiesto de Internet de los Pueblos, mediante un proceso desde abajo, con participación de todos los grupos y movimientos sociales interesados, que pertenecen a diferentes áreas, desde la comunidad técnica y los promotores de TICs para el desarrollo, hasta organizaciones pro reforma mediática, movimientos por la democracia y defensores de la justicia social.

 

Este año también se realizará un encuentro de alto nivel, al cumplirse los 10 años de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), que se celebrará en Nueva York en diciembre. Tratándose de una revisión amplia de una importante cumbre de la ONU, es un acontecimiento político global fundamental. Desde la CMSI, en los primeros años del nuevo milenio, se ha producido un cambio de paradigma en torno a Internet y su significado social. La CMSI contó con la participación activa de entidades de la sociedad civil y técnicas, como también del sector privado. Sin embargo, en la actualidad, parece existir un esfuerzo intencionado por marginar esta iniciativa liderada por la ONU en materia de gobernanza de la sociedad de la información e Internet, para favorecer iniciativas privadas, dominadas por las grandes corporaciones transnacionales, como la Iniciativa Net Mundial del FEM. El Foro Social de Internet, sin dejar de ser principalmente un foro de los pueblos, buscará también alentar la participación de la sociedad civil global en la revisión CMSI + 10.

 

Las siguientes organizaciones conforman el grupo impulsor inicial del Foro Social de Internet, y se espera que muchas más se unan en el futuro inmediato. Se trata de una convocatoria abierta a las fuerzas progresistas de todo el mundo a unirse a esta iniciativa y participar en el desarrollo de un Manifiesto de Internet de los Pueblos.

 

Coalición Just Net, Global
P2P Foundation, Global
Transnational Institute, Global
Foro de Comunicación para la Integración de Nuestr'América, Regional (América Latina)
Arab NGO Network for Development, Regional
Agencia Latinoamericana de Información, Regional
Alternative Informatics Association, Turkey
Knowledge Commons, India
Open-Root/EUROLINC, France
SLFC.in, India
CODE-IP Trust, Kenya
GodlyGlobal.org, Switzerland
Centre for Community Informatics Research, Development and Training, Canada
IT for Change, India
Association for Proper Internet Governance, Switzerland
Computer Professionals Union, Philippines
Free Press, USA
Advocates of Science and Technology for the People, Philippines
Other News, Italy
Free Software Movement of India
Global_Geneva, Switzerland
Solidarius (Solidarity Economy Network), Italy
All India Peoples Science Network, India
Institute for Local Self-Reliance - Community Broadband Networks, USA

Domingo, 21 Diciembre 2014 10:20

Las victorias de Cuba

Las victorias de Cuba

Cuba y Berlín eran las dos esquinas más tensas de la guerra fría. La caída del muro sacó a Berlín de esa condición. La normalización de las relaciones entre La Habana y Washington hace lo mismo con Cuba.

Cuba siempre consideró que un gobierno demócrata en su segundo mandato – cuando ya no dependía tanto de la colonia cubana en la Florida - era la chance más grande de que esa normalización se diera. Jimmy Carter no tuvo segundo mandato. Al final del segundo mandato de Bill Clinton, hubo una intensificación de las acciones terroristas contra Cuba –incluso con una avioneta repartiendo panfletos sobre La Habana -, lo cual llevó a que Cuba abatiera una de esa avionetas, con la muerte de sus dos tripulantes y la aprobación de parte de Estados Unidos de América (EUA) de leyes todavía más duras del bloqueo.

Ahora, intermediado por otros factores – la prisión de un empresario norteamericano que llevaba materiales de comunicación a sectores de la oposición clandestina al gobierno y la campaña por la liberación de 3 de los 5 cubanos que todavía permanecían en las cárceles de EUA – se confirmó la previsión: un presidente demócrata es quien protagoniza el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba.

La ruptura de relaciones y el bloqueo, desde hace ya más de medio siglo, eran instrumentos con los cuales los EUA consideraban que asfixiarían al nuevo gobierno cubano. Había un dogma hasta aquel momento según el cual "Sin cuota, no hay país", esto es, si EUA dejaban de comprar la cota de azúcar cubano, el país se hundiría.

Cuando EUA suspendió la compra del azúcar cubano, una parte de la burguesía del país cerró sus casas y se fue a Miami a esperar la caída del régimen de Fidel Castro. Cuba sufrió duramente esas medidas. Todos los países latinoamericanos – a excepción de México, que mantuvo solo relaciones diplomáticas – hicieron lo mismo que EUA, rompiendo relaciones con Cuba, haciendo que, para cualquier compra, el país tuviera que apelar a algún país europeo.

Cuba tuvo que sufrir el intento de invasión de 1961, el cerco naval de 1962, cantidad innumerable de acciones de terrorismo, de intentos de asesinar a Fidel Castro, sanciones económicas que bloquean su capacidad de desarrollo económico. Pero Cuba logró resistir.

EUA no contaban con que la URSS los sustituyera, comprando el azúcar cubano, además de proveer el petróleo que Washington también dejaba de entregar a la Isla. La inolvidable imagen de un inmenso buque soviético, con la hoz y el martillo, entrando al puerto de La Habana, a 90 millas de los EUA, era un gesto de audacia que empezaba a romper el bloqueo a Cuba.

Con el paso del tiempo, países de América Latina fueron restableciendo relaciones con Cuba, primero diplomáticas, después comerciales, hasta que la situación se revirtió. Si Cuba estaba aislada al inicio del bloqueo, eran los EUA que pasarían a estar aislados, en las votaciones en Naciones Unidas, donde, desde 1992, pasaron a contar apenas con el apoyo de Israel y de alguna islita lejana en contra las abrumadoras votaciones de condena del bloqueo. El aislador se volvía aislado.

Ahora, a la vez, Cuba logra dos grandes victorias en un solo día: resiste al bloqueo, rompe el bloqueo, no cede para nada frente a las amenazas y ataques de la más grande potencia imperial de la historia de la humanidad, logra el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, en los términos que siempre ha planteado – con el respecto entre iguales, como naciones soberanas e iguales. Y, a la vez, logra el retorno de los 5 cubanos que estaban presos en EUA.

Entre los temas de las densas discusiones que se desarrollaran a partir de ahora, estará seguramente Guantánamo. Ese pedazo del territorio cubano apropiado por EUA cuando desembarcó en Cuba con el pretexto de pacificar el conflicto entre la Isla y España, cuando Cuba estaba cerca de expulsar a los antiguos colonizadores y volverse independiente. La apropiación de Guantánamo estuvo en el marco de las sanciones impuestas a España, junto con Filipinas y las Islas Guam.

Lo que debiera ser una ocupación de un siglo impuesta por los EUA, se ha vuelto permanente – al contrario del Canal de Panamá, que volvió a la soberbia panameña. Como base militar Guantánamo no tenía ninguna importancia, pero permanecía como presencia soberbia de la potencia imperial derrotada por los cubanos. Hasta que recién se ha vuelto la vergonzosa prisión fuera de cualquier cobertura jurídica internacional para que EUA procediera a los salvajes tratamientos que dieron a los acusados de terrorismo.

Ahora no hay ninguna razón más para que Obama trasfiera los más de 160 presos que todavía quedan, cierre la base naval y devuelta a Cuba el territorio que pertenece por todo derecho a la Isla. Ahí si se habrán normalizado totalmente las relaciones entre Cuba y los EUA.

Obama tuvo que confesar que la estrategia norteamericana de intentar asfixiar a Cuba por el bloqueo económico y el asedio terrorista, ha fracasado. Los dos países vuelven a tener relaciones diplomáticas, el inmenso edificio que mira hacia Miami, en el Malecón habanero, abrigará de nuevo un embajador de EUA, mientras que Cuba tendrá, en el mismo viejo casaron de la embajada del país de hace décadas, en Washington, un embajador.

Se cierra la última página de la larga guerra fría de la segunda pos guerra. A lo mejor empezamos otras, con carácter y dimensiones distintas, pero aquella ahora está definitivamente cerrada. Y de la mejor manera posible para Cuba y para todos los que le apoyaron en contra del injusto bloqueo.

 

- Emir Sader, sociólogo y cientista político brasileño, es coordinador del Laboratório de Políticas Públicas de la Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj)

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