"Más allá de los Estados, están los seres humanos que los componen"

El juez brasileño Antonio Cançado Trindade (Belo Horizonte, 1947) lleva casi cuatro décadas dedicado al derecho internacional, una carrera que llevado a ser presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, desde 2009, magistrado de la Corte Internacional de Justicia de la ONU en La Haya. Cançado Trindade, que responde a esta entrevista por escrito, estuvo la semana pasada en Madrid para dar una conferencia magistral en el Máster de Gobernanza y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma.


Pregunta. ¿Cuál es el papel de los Estados para ayudar a que la justicia universal se amplíe lo más posible?


Respuesta. Los Estados deben asumir sus obligaciones como partes en convenciones internacionales que dispongan sobre el principio de la jurisdicción universal. Dichas convenciones, como las de Naciones Unidas, son las que proveen la base más sólida para la aplicación del principio de la jurisdicción universal en nuestros tiempos. A partir de ahí, un rol importante está reservado también a los tribunales nacionales. Una ilustración reciente se encuentra en la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 20 de julio de 2012 en el caso Bélgica versus Senegal, originado en las violaciones masivas de derechos humanos (tortura, ejecuciones sumarias y masacres) bajo la represión del régimen Habré en Chad (1982-1990). Los prolongados esfuerzos de las víctimas en búsqueda de la justicia han comprendido acciones legales ante tribunales nacionales (en Dakar, adonde escapó Habré, y Bruselas) y solicitudes de extradición. La CIJ estableció violaciones de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, y afirmó la necesidad de cumplimiento del deber de enjuiciamiento bajo aquella Convención. En mi voto razonado, resalté la necesidad de tener presentes el sufrimiento y las necesidades de las víctimas, en su búsqueda de la justicia para poner fin a la impunidad. La realización de la justicia como una forma de reparación es esencial a la rehabilitación de las víctimas. En mi percepción, sobrepasamos aquí el enfoque tradicional interestatal, al atribuir una posición central a los individuos victimados, y no a sus Estados.


P. Aparte de apoyar los tribunales internacionales, ¿deben perseguir la justicia universal los tribunales nacionales?


R. El caso citado se encuentra ahora en manos del Poder Judicial senegalés. Ya se han dado los primeros pasos hacia el juicio de Hissène Habré. En esta segunda década del siglo XXI, el principio de la jurisdicción universal parece inspirado por el ideal de una justicia universal, sin límites en el tiempo (pasado o futuro) ni en el espacio (transfronterizo). Trasciende la dimensión interestatal, al salvaguardar valores fundamentales compartidos por la comunidad internacional como un todo.


P. ¿Cómo afecta a la credibilidad de la justicia universal el hecho de que haya grandes potencias que no aceptan la jurisdicción internacional sobre sus ciudadanos?


R. La credibilidad de la justicia internacional se sostiene por la sólida fundamentación de sus sentencias y decisiones. El hecho de que haya grandes potencias que no aceptan la jurisdicción internacional en relación con sus propios ciudadanos afecta la credibilidad de dichas potencias, y no de la justicia internacional. Tales potencias, para guardar coherencia con su discurso oficial, deben garantizar a todas las personas bajo su jurisdicción el pleno acceso a la justicia, en los planos tanto nacional como internacional. Este tema figura desde 2006 en la agenda de la Asamblea General de Naciones Unidas. Durante mis años como Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1999-2004), insistí en la necesidad de que todos los miembros de la OEA aceptaran la Convención Americana como la mejor demostración de su real compromiso con los derechos humanos. Todavía resta un largo camino que recorrer.

P. Los fallos más recientes que hemos conocido de la Corte de La Haya tenían que ver con disputas fronterizas. Es difícil de entender para los ciudadanos de un país cuál es la autoridad de La Haya para establecer fronteras.


R. En los últimos cuatro años ha habido una considerable diversidad temática en los fallos de la CIJ, quizás como nunca antes. La CIJ ha sido llamada a pronunciarse sobre controversias internacionales las más diversas, inclusive fronterizas, entre varias otras. La Corte las decide de conformidad con su Estatuto (que forma un todo orgánico con la Carta de Naciones Unidas) y su Reglamento. Para una corriente de pensamiento, la función de la CIJ es estrictamente la de resolver las controversias a ella sometidas por las partes; para otra corriente de pensamiento (la cual sostengo), su función va más allá, al resolver la controversia y decir cuál es el derecho.


P. Al mismo tiempo, este tipo de casos da la sensación de que las decisiones en La Haya están muy alejadas de los ciudadanos. ¿Podría poner un ejemplo de sentencia que haya cambiado la vida de la gente en algún sitio?


R. Hay algunos casos que se han tornado paradigmáticos, que han tenido impacto sobre las condiciones de vida de la población, y que efectivamente han revelado, en un sentido pedagógico, la importancia de la CIJ. En un ejemplo muy reciente, de marzo de 2013, en el caso de la Disputa Fronteriza entre Burkina Faso y Níger, la CIJ procedió a determinar el curso de parte su frontera, en una región habitada por poblaciones nómadas y seminómadas. Las condiciones de vida de dichas poblaciones locales fueron tomadas en cuenta. En mi voto razonado, me concentré sobre todo en este "factor humano", a demostrar que, aún un tema clásico como el del territorio, es hoy abordado conjuntamente con la población. Los Estados tienen fines humanos: mas allá de la soberanía estatal, la lección básica de este caso está centrada en la solidaridad humana, al mismo nivel que la necesaria seguridad jurídica de las fronteras. Otro ejemplo es el caso del Templo de Préah Vihéar (Camboya versus Tailandia): la CIJ logró poner fin a las hostilidades armadas recientes en la frontera, al ordenar la creación de una zona desmilitarizada alrededor del Templo y en las proximidades de la frontera entre los dos países. En esa ocasión sostuve que la correcta determinación por la CIJ de la creación de dicha zona desmilitarizada, busca proteger no solamente el territorio en cuestión, sino también las poblaciones que en él viven, así como un conjunto de monumentos ahí situados, conformando, por decisión de la UNESCO, el patrimonio cultural y espiritual de la humanidad. Los conflictos armados en los alrededores del Templo han cesado. La CIJ superó la visión exclusivamente territorialista, tomando en cuenta también la población que vive en el territorio en cuestión. La CIJ dio expresión a la nueva visión del derecho internacional humanizado de nuestros tiempos. Más allá de los Estados, están los seres humanos que los componen.


P. ¿Qué le parecen los cuestionamientos recientes que se hacen por parte de algunos países latinoamericanos de la justicia interamericana?


R. La Corte Interamericana de Derechos Humanos debe seguir ocupándose de la buena fundamentación de sus sentencias y decisiones. Debe, además, reaccionar a cuestionamientos recientes de parte de algunos países, que buscan politizar el sistema regional de protección.

¿Reaccionar de qué modo? A mi juicio, exigiendo la ejecución integral (y no sólo parcial, como viene haciendo) de sus fallos. Si no, no hay acceso a la justicia en sentido amplio, el cual, desde la perspectiva de las víctimas, comprende el acceso formal, las garantías de debido proceso legal, y la ejecución plena de las sentencias. En casos de manifiesto incumplimiento de sus sentencias, la Corte Interamericana debe aplicar la sanción prevista en el artículo 65 de la Convención Americana: llevar dicho incumplimiento al conocimiento del Consejo Permanente y la Asamblea General de la OEA, tal como lo hice dos veces (en 2000 y 2003) en mi época al frente de aquel tribunal internacional. Esto es necesario, pues distintamente de la Corte Europea, la Corte Interamericana no dispone de un Comité de Ministros para ayudarla en este particular.

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Lunes, 14 Octubre 2013 10:13

Un compromiso con la vida

Un compromiso con la vida

La Asamblea legislativa de Ecuador se halla en el proceso de reformar el Código Penal, que data de 1938. Dicho código, solo contempla la despenalización del aborto en dos casos: 1. Cuando la vida de la madre corra grave peligro; y 2. Cuando el embarazo sea consecuencia de la violación de una mujer "demente o idiota" (el uso de los términos es de por sí una expresión del tratamiento denigrante asignado a la mujer).

 

El jueves 10 de octubre pasado tuvo lugar el segundo debate legislativo sobre la nueva normativa, llamada Código Orgánico Integral Penal (COIP).

 

La asambleísta de Alianza País (AP) Soledad Buendía presentó el tema diciendo:

 

"En el 2010, unas 3.684 niñas fueron víctimas de violencia sexual, una de cada cuatro en edad fértil han sido violadas. No son solo cifras, son vidas humanas... nosotras, las mujeres buscamos igualdad en esta sociedad, que seamos sujetas de derechos y solicitamos a la Comisión que en el artículo 149 se incorpore el texto: [que el aborto sea legalizado] si el embarazo es consecuencia de una violación".

 

Luego, Paola Pabón, legisladora de Alianza País, presentó la moción de extender la despenalización del aborto si el embarazo es consecuencia de una violación sexual, interrupción que podrá realizarse hasta la semana 12 de gestación".

 

La sesión contó con la presencia de activistas de las organizaciones defensoras de los derechos reproductivos y de los derechos sexuales de las mujeres en respaldo de la legalización del aborto, al menos, para todos los casos de violación.

 

Dieciocho asambleístas manifestaron su respaldo a la moción de Paola Pabón. El legislador Ramiro Aguilar precisó que se debe eliminar dicho artículo porque considera inaceptable que la víctima de una violación no pueda decidir hacerse un aborto 1. Hacia las siete de la noche, la presidenta de la Asamblea ordenó un receso para que los legisladores de AP deliberaran internamente, pero al regresar, anunció que se suspendería la sesión hasta el otro día.

 

Esa misma noche, el presidente Correa declaró al canal Oromar que si el legislativo persistía en la idea de aprobar la despenalización del aborto, renunciaría a la presidencia: "A mí me han costado mucho más trabajo las deslealtades, traiciones de los supuestos amigos, que los aciertos de los enemigos", dijo. Esta declaración, dramática en contenido y forma, tenía el objetivo de parar el debate en parlamentario, invocando el poder de mando como presidente y jefe de Alianza País. Y logró su objetivo.

 

El día siguiente, viernes 11 de octubre, al continuar el debate legislativo, Paola Pabón anunció que retiraba la moción para "evitar rupturas" en el bloque de AP. Aclaró, en respuesta a las declaraciones de Correa: "Con el inmenso cariño que te tenemos, te decimos que esta vez te estás equivocando. Pero por la unidad de esta bancada... retiro mi moción para que este bloque no tenga la posibilidad de evidenciar una ruptura". Finalmente, respondió a la acusación de "traición" proferida por Correa, diciendo: "Aquí no están los traidores, compañero presidente... Los traidores no son los que han presentado la tesis de defender la vida de las mujeres".

 

El sábado 12 de octubre en el enlace sabatino, Correa reiteró su oposición a la legalización del aborto, al que calificó como "eutanasia prenatal". Lanzó el reto de que en todo caso, se llame a una consulta popular, donde dijo que quedaría demostrado que la mayoría de la población se opone a esta práctica. Esta afirmación contradice las estadísticas esgrimidas por las organizaciones por el derecho de la mujer al aborto, quienes sostienen que el 64% de la población está a favor del aborto en caso de violación.

 

Las declaraciones presidenciales trivializan el tema del aborto, que va más allá de lealtades o traiciones partidarias. El aborto es una cuestión de derechos humanos, y la penalización diariamente pone en riesgo a diario la vida de las mujeres y niñas ecuatorianas. En Ecuador, como en la mayor parte de la región y del mundo, el aborto se realiza de forma clandestina en sitios irregulares con personal no capacitado, lo que contribuye a que se incrementen los índices de mortalidad materna.

 

Según la organización Colectiva Salud Mujeres, en Ecuador las mujeres abortan y seguirán abortando a pesar de la penalización: "125.000 mujeres abortan cada año, cada cuatro minutos aborta una mujer. La penalización solamente hace que las condiciones en que abortamos pongan en riesgo nuestra salud y nuestra vida". La organización condena "los códigos y leyes que penalizan la decisión de las mujeres y las cruces que representan esta sociedad religiosa, que con la excusa de su moral siguen oponiéndose a la despenalización del aborto y son cómplices de que miles de mujeres en el país pongan en riesgo su salud y su vida para ejercer su derecho humano a decidir. Las mujeres que deciden abortar, recurren a cualquier medio, exponiéndose a ese sistema de inseguridad que no garantiza ni su salud ni su vida; en donde las y los médicos hacen de los abortos un negocio"2.

 

Contexto regional

 

En toda la región, solamente Cuba, Puerto Rico, Guyana, la Ciudad de México (no así el resto del país) y recientemente Uruguay legalizaron el aborto. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la región, en 2008 se realizaron 4,4 millones de abortos. El 95% fue en condiciones de inseguridad. Un millón de mujeres son hospitalizadas cada año por complicaciones de un aborto. Los países más restrictivos de la región, que penalizan el aborto sin ninguna excepción, ni siquiera el riesgo de muerte para la madre son Nicaragua, El Salvador, Haití y Chile. El caso de Chile es sui generis: el aborto era legal y socialmente aceptado entre 1931 y 1989, año en que fue penalizado por la dictadura militar de Pinochet.

 

El debate sobre el aborto es crucial en esta región puesto que la violencia contra las mujeres tiene dimensiones epidémicas. Sin embargo, las perspectivas de la legalización del aborto son inciertas en la región. La asesora de la OMS, Suzanne Seruya, evalúa que hay un fortalecimiento de las posiciones conservadoras en toda América Latina a nivel institucional. Amnistía Internacional dice: " Despenalizar el aborto en la región es un compromiso con la vida. Los propios Estados de América Latina y el Caribe han reconocido recientemente que la penalización del aborto incrementa la mortalidad y morbilidad maternas y no disminuye el número de abortos. Amenazar con penas de prisión a mujeres, jóvenes y adolescentes que deciden interrumpir su embarazo no las disuade, pero si las empuja a practicarse abortos clandestinos, que en la mayoría de los casos son inseguros y por ende ponen su vida y su salud en riesgo. Desde Chile hasta México, Amnistía Internacional ha atestiguado con profunda preocupación las trágicas consecuencias a las que niñas y mujeres se enfrentan rutinariamente como consecuencia de políticas públicas que parecerían estar diseñadas para dificultar el acceso al aborto. Cuando esta situación se combina con los escandalosos niveles de violencia contra las mujeres en la región, la injustificada obstaculización del acceso al aborto causa resultados devastadores"3.

 

Por otra parte, a nivel social, las organizaciones por los derechos de las mujeres han dado grandes pasos al poner el tema sobre la mesa de debate a lo largo y ancho de la región. Un logro enorme, que solo puede dimensionarse al reconocer el aura de tabú alrededor de la palabra aborto, y que en la actualidad, se ha conseguido desdibujar el tabú y delinear el tema en torno al derecho de la mujer a decidir. La consigna "es mi cuerpo y yo decido" es la base de esa reivindicación de recuperación del cuerpo de la mujer. y de su derecho humano a decidir. Este activismo organizado, continúa su tarea educativa y de resistencia ante la indiferencia, e incluso, la hostilidad de muchos gobiernos de la región, tanto los de derecha como los supuestamente progresistas.

 

"Saquen sus rosarios de nuestros ovarios"

 

En Ecuador, las organizaciones por los derechos de la mujer se han fortalecido en el debate actual y han tenido un rol prominente en la difusión del tema. La lucha es despareja, y mientras se desarrolla, continúa el sufrimiento de niñas y mujeres, doblemente victimizadas, primero por la violación y luego por la obligación de continuar un embarazo consecuencia de la violación. Esto implica un fuerte cuestionamiento al cumplimiento de la obligación del Estado de garantizar la salud pública integral que brinde en primer lugar educación sexual, prevención del embarazo con métodos anticonceptivos eficaces, planificación familiar, y en última instancia, atención médica responsable para terminar con un embarazo no deseado. Negarle a una mujer el derecho al aborto cuando el embarazo ha sido consecuencia de una violación es escandaloso. Y hacerlo en nombre de la religión es doblemente escandaloso. Afirma Amnistía Internacional: "Quienes por convicciones morales, religiosas o filosóficas crean que interrumpir un embarazo es terminar con una vida tienen derecho a pensar y a practicar sus creencias. Sin embargo, los Estados no pueden imponer una sola idea y pensamiento a todas las personas a través de su sistema penal, y mucho menos criminalizar a quienes disienten con esa noción".

 

Resistencia y ocupación del espacio público

 

Las organizaciones por los derechos sexuales y reproductivos de la mujer lograron visibilizar sus demandas, establecieron puntos en común con numerosos legisladores, principalmente del bloque de Alianza País, lo que lógicamente alimentó expectativas de que la Asamblea legislativa sancionaría la despenalización del aborto, al menos, en casos de violación. Que esta posibilidad de avance haya sido borrada de un plumazo por las presiones políticas del presidente Correa, significa un golpe duro para las organizaciones. Ante la situación, se corre el riesgo de la desmoralización, justamente en un momento de auge en el nivel movilizador. Pero diferentes activistas expresaron la decisión de continuar, la convicción de que aun cuando la lucha legal haya sufrido un revés, consideran que su fuerza radica en la resistencia. Sandra Castañeda (Coordinadora General de la Red de Salud de las mujeres latinoamericanas y del Caribe) dice: "Lo que está pasando no es nada alentador. [...] pero hay que apelar a la realidad y a la historia. La única manera de mejorar nuestras condiciones es con la resistencia. Estamos presentes en todos los sectores. El único camino que nos queda es la resistencia. [...] Cuando no hay una herramienta legal, el estado te dice: "tienes que ser madre", y estás sola, siendo una niña o mujer tienes que asumirlo sola. En países con servicios médicos precarios, sin educación sexual, en pobreza, no solo duele porque las mujeres estén expuestas a una violación, que tengan que llevar adelante un embarazo producto de esa violación y además en condiciones de falta de salud integral. ¿Cómo pueden ser tan duros al momento de legislar, con posturas de doble moral?4".

 

También enfatizaron la importancia de ocupar el espacio público, de ganar las calles y continuar con el trabajo de difusión, de educación sexual, de prevención del embarazo. Ramón Torre Cañal (activista por los derechos sexuales y reproductivos) dice: "La realidad en Ecuador dice que una de cuatro mujeres ha sufrido una agresión sexual, por día se violan de tres a cuatro niñas menores de 14 años... las estadísticas oficiales, revelan el nivel de abuso de mujeres menores, la realidad es que a las mujeres las violan, desde el interior de sus familias, esta realidad no puede ser ocultada por ningún gobierno... Cada vez que se hable del tema, los que dicen defender la vida, están defendiendo el aborto clandestino".

 

En resistencia y ocupando el espacio público, la lucha por los derechos de la mujer continúa puertas afuera de la Asamblea legislativa de Ecuador.

 

Notas:

 

1 Borrador Segundo Debate Código Orgánico Integral Penal, Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 9 de diciembre de 2012: http://www.derechoecuador.com/Files/images/Documentos/Borrador%20Articulado%20COIP%20II%20DEBATE.pdf

2 Colectiva Salud Mujeres: http://saludmujeresecuador.blogspot.com/

3 Amnistía Internacional México: http://amnistia.org.mx/nuevo/2013/09/28/america-latina-ha-despenalizar-el-aborto-en-la-region/

4 Primer "Hangout" de las mujeres latinoamericanas y del Caribe, para tratar el tema del aborto en Ecuador: http://www.youtube.com/watch?v=l47Ij66fBBg&feature=share

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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Sábado, 12 Octubre 2013 08:43

Robin Hood tenía razón

Robin Hood tenía razón

"La desigualdad mata", afirmó el epidemiólogo británico Richard Wilkinson al constatar que en las regiones menos igualitarias los índices de mortalidad son más altos.

 

Los investigadores Frans de Waal y su colega Sarah Brosnan, al tratar con macacos, comprobaron que se enojaban al ver que un compañero recibía una recompensa mayor. Sarah le entregaba una piedrecita a uno de los dos animales y en seguida extendía la mano para que el macaco la devolviese a cambio de un trozo de pepino. Ambos macacos aceptaron el intercambio 25 veces consecutivas.

 

Sarah luego entregaba a uno de los animales un racimo de uvas, uno de los alimentos preferidos por los macacos, mientras el otro siguió recibiendo pepino. El ambiente se puso tenso. El macaco a quien se le daba pepino mostró una clara aversión por la desigualdad. Al ver a su compañero recibiendo uvas, se volvió agitado y arrojó lejos la piedra y el pepino. Un alimento que le gustaba tanto se le volvió repulsivo.

 

Los macacos no se irritaban cuando se les exhibían las uvas a todos y se les daban pepinos a cambio de piedras. La irritación aparecía cuando uno solo de ellos recibía uvas. La desigualdad era motivo de repulsa. (La prueba está descrita por Waal en "La edad de la empatía", 2010).

 

Al publicar el resultado de su investigación, Sarah y Frans recibieron duras críticas de parte de economistas, filósofos y antropólogos, estupefactos por la comparación entre animales y humanos. Para contrariedad de los críticos, la divulgación de esta investigación coincidió con la denuncia de que Richard Grasso, director de la Bolsa de Valores de Nueva York, se vio forzado a presentar su dimisión a causa de las protestas habidas debido a los casi US$ 200 millones que recibió en bonus (New Yorker, 03-10-2003).

 

En el 2008 la opinión pública de los Estados Unidos se mostró indignada cuando, en plena crisis económica, el gobierno destinó 700 millones de dólares como "socorro" para los ejecutivos que habían provocado tantas pérdidas en el sector inmobiliario. Uvas para los malandrines, pepinos para la plebe...

 

En el Brasil la opinión pública también se mostró indignada al saber que algunos senadores utilizaban tarjetas de la FAB para usos particulares, como viajes de familiares, bodas... Las anomalías, en especial las que son pagadas con dinero público, siempre suscitan malestar entre los electores.

 

Los animales pueden enseñarnos mucho. Sara Brosnan colocó dos macacos juntos, separados solamente por un peldaño. El primero tenía ante sí dos latitas, semejantes a las de refrigeración, en colores diferentes, y podían ser cambiadas por comida. Si el animal le entregaba a ella la lata A recibía comida suficiente para su propio consumo; si entregaba la lata B ganaría como para compartir también con el compañero. Los macacos daban generalmente preferencia a la lata que favorecía el compartir la refacción.

 

La democracia occidental continuará siendo una falacia mientras no se den las condiciones para que todos tengan acceso a los bienes esenciales para una vida digna y feliz. Los tres ideales de la Revolución Francesa -libertad, igualdad, fraternidad- en verdad han sido corrompidos y tergiversados.

 

La libertad pasó a ser entendida como el derecho de uno a imponerse al otro, aunque el otro se vea relegado a la miseria. La igualdad existe, como mucho, en la letra de la ley. Ricos y pobres reciben tratamientos diferenciados ante la Justicia, y hasta los recursos públicos son destinados preferentemente a los más beneficiados, como hace por ejemplo el BNDES.

 

La fraternidad sigue siendo una utopía. Supone que todos se reconozcan como hermanos y hermanas. Basta con acudir al ejemplo familiar para saber lo que eso significa. En una familia, aunque las personas sean diferentes, con talentos y aptitudes personales, todos deben tener los mismos derechos e iguales oportunidades. Nadie puede ser excluido de la escolaridad o del uso común de los bienes, de la alimentación o de cualquier tipo de cuidados. La fraternidad significa también reconocimiento, y hasta ceder en algún derecho para que el otro, más necesitado, pueda superar alguna dificultad.

 

Robin Hood tenía razón. Lo que más ansía la humanidad es el compartir los bienes de la Tierra y los frutos del trabajo humano. O sea una verdadera comunión. Mientras tanto la riqueza y el poder, que casi siempre van asociados, ciegan a quienes los poseen, y los vuelve incapaces de colocarse en el lugar del otro, de aquel que sufre o padece la exclusión social.

 

Y para que la ceguera no sea acusada de indiferencia criminal e inhumana, se inventan teorías económicas e ideologías que justifiquen y legitimen la aberración como algo natural.

 

Frei Betto es escritor, autor de "La obra del Artista. Una visión holística del Universo", entre otros libros.

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Correa presiona al legislativo para que no legalice el aborto

Ecuador no incluirá la despenalización del aborto por violación en su nuevo código penal. La asambleísta Paola Pabón, del partido en el Gobierno Alianza País, retiró este viernes la moción de legalizar el aborto en caso de violación, que había propuesto durante la sesión del jueves y que fue secundada por una veintena de legisladores del oficialismo y de la oposición. La razón de este cambio repentino a todas luces está en la advertencia que hizo el presidente Rafael Correa durante una entrevista en Oromar Tv, la noche del jueves.

 

Correa hizo pública su posición frente al aborto y anunció que jamás aprobará la despenalización del aborto. "¿Dónde se habla de despenalizar el aborto? Por el contrario, la Constitución dice defender la vida desde la concepción", dijo y añadió que "si siguen estas traiciones y deslealtades, y si mañana (este viernes) se evidencia algo, muy lamentable, que está ocurriendo en el bloque oficialista de Alianza País, yo presentaré mi renuncia al cargo".

 

Con esa sentencia, el Legislativo, controlado por el oficialismo, con 100 de los 137 legisladores, retomó el debate del código penal este viernes y la primera en hablar fue Paola Pabón. "Aquí no están los traidores compañero presidente (...) con el inmenso cariño que te tenemos, te decimos que esta vez estás equivocado, (...) pero por la unidad de la bancada retiro la moción para que este bloque no tenga la posibilidad de evidenciar una ruptura".

 

La noticia fue un duro golpe para los grupos de mujeres que abrigaban la esperanza de por lo menos conseguir que se apruebe el aborto por violación. "Estamos viviendo en un momento de violencia machista, donde una mujer que se atrevió a transgredir este sistema de violencia tuvo que retirar la moción, nosotras nos solidarizamos con Paola Pabón y a los asambleístas que defendieron con dignidad y valentía nuestros derechos. Y convocamos a las mujeres ecuatorianas a que desobedezcan porque van a seguir abortando en la clandestinidad", dijo Virgina Gómez de la Torre, representante del Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos.

 

Sarahi Maldonado, de la Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género, dice que responsabilizan al presidente por todas las muertes de mujeres por abortos inseguros y de los suicidios de mujeres violadas. "Lo de hoy es la muestra más clara de la violencia, política, institucional que no nos reconoce como sujetas de derecho y que genera una práctica política basada en el chantaje, la presión y la manipulación, todo lo contrario a lo que se puede considerar revolucionario y la esencia profunda del pensamiento de izquierda".

 

Durante más de 20 meses, estos grupos de mujeres han acompañado la formulación y discusión del texto penal en la Asamblea. Han presentado argumentos de peso como las 1.962 denuncias por violación que se presentaron en 2011, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. "Esto indica que hay un promedio diario de cinco violaciones diarias y existe el riesgo de que entre el 10 y 15% de estas mujeres puedan quedarse embarazadas", dice desde su perspectiva médica Virgina Gómez de la Torre.

 

La cifra de abortos en el Ecuador es altísima. Un total de 125.000 mujeres abortan cada año. Esto equivale a un aborto cada cuatro minutos. Las mujeres por lo general acuden a los centros obstétricos que son conocidos por facilitar un aborto. No es difícil localizarlos. El gancho suele ser la oferta de un test de embarazo gratuito. Luego se paga entre 150 y 600 dólares por un aborto.

 

De momento, el artículo 149 del nuevo código penal sanciona el aborto, excepto cuando la víctima padezca discapacidad mental, que es lo mismo que decía el código antiguo aunque este usaba el calificativo de mujeres "idiotas o dementes". Este cambio semántico es la única diferencia entre el nuevo código y el texto que se formuló hace 70 años.

 

Para las activistas el nuevo código penal sigue penalizando a las mujeres, incluso porque todavía se debate un artículo que pone en riesgo del aborto terapéutico que ya era una conquista de las mujeres. Hay un artículo que habla de inhabilitar por seis meses los médicos que atiendan un aborto.

 

La discusión del texto penal, que tiene más de 1.000 artículos, podría alargarse hasta la próxima semana. Los puntos más polémicos, además del aborto, son la criminalización de la negligencia médica y la inclusión del feminicidio.

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Crece el consenso internacional sobre la propuesta de Brasil de regular Internet

 

La propuesta sobre la creación de un marco global para la regularización de Internet, presentado en la ONU esta semana por la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, en nombre de su gobierno, ha sido acogida favorablemente por una serie de países que se unen a la bandera levantada por Brasil. La idea nació tras haberse descubierto que la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de Estados Unidos había espiado a empresas brasileñas como Petrobras y hasta la correspondencia personal de Rousseff lo que llevó a la mandataria a renunciar a su viaje de Estado a Washington al no haber recibido del presidente Barack Obama las excusas y explicaciones exigidas.

 

Rousseff no descartó que la ausencia de las grandes petroleras mundiales, como las americanas y británicas a la subasta del campo Libra del presal, haya podido estar relacionada con dicho espionaje. "Nosotros no estamos pidiendo a la ONU que controle Internet", dice Rousseff, porque según ella, su gobierno "no concuerda con esos tipos de control". Lo que Brasil ha pedido, por boca de la mandataria, es que la ONU "preserve la seguridad de ciudadanos, empresas e instituciones, y no deje que la nueva guerra se dé dentro del ámbito cibernético". Lo que exige Brasil es un "marco civil global del gobierno de internet".

 

El encargado de recoger el consenso mundial a la propuesta brasileña ha sido el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, que ya se ha consultado con una serie de países y que, según ha afirmado, existe la convicción de que se está ante un "tema nuevo" que es necesario abordar a nivel mundial. Figueiredo, que se ha encontrado con el Secretario de Estado de EEUU, John Kerry, para examinar juntos la propuesta de Brasil, cuenta ya con el apoyo de los otros países del BRIC, como Rusia, China, India y África del Sur, así como de Alemania, Portugal, Turquía y Perú.

 

Los países del IBAS (India, Brasil y África del Sur) han divulgado un documento al respecto. A su vez, Alemania tiene también una iniciativa que Figueiredo califica de "muy interesante" sobre el derecho a la privacidad, en el Consejo de los Derechos Humanos. El ministro brasileño tiene previstos también encuentros con los gobiernos de Japón y Francia para analizar la propuesta. "Aunque con algunas variantes, la idea está siendo acogida con interés por los otros países", asegura el ministro, según el cual todos los países con los que está conversando se "muestran preocupados por las acciones de espionaje a través de Internet".

 

Según Figueiredo, la idea de crear un marco global de vigilancia de internet presentada por la mandataria brasileña Rousseff "está siendo recibida con aplauso". Han sido los representantes de varios países, los que le han confiado que cuando Rousseff abordó el tema en la ONU "reflejó el sentimiento y preocupación de muchos de nosotros". Brasil está convencido que el tema de la reglamentación de internet es un algo nuevo que se abre a las relaciones internacionales y que implicará a la ONU los próximos años. Y Brasil quiere seguir enarbolando esa bandera.

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Jueves, 19 Septiembre 2013 08:26

Los deberes de los ciudadanos

Los deberes de los ciudadanos

La defensa de los derechos de la ciudadanía nunca fue tan urgente como hoy, en un contexto en el que los derechos más básicos están siendo violados de forma brutal e hipócrita. El 'bienestar' colectivo 'concedido' a los portugueses por los aventureros del Gobierno no es más que la suma del malestar que infligen al 99% de la población. A la vista de esto, tal vez extrañe que yo me dedique a señalar los deberes de los ciudadanos. Somos parte de una cultura que privilegia derecho en detrimento de deberes, lo que parece insensato, pues es evidente la simetría entre derechos y deberes: cualquier derecho es un espejismo si no le corresponde el deber de alguien que garantice que el derecho sea ejercido. Una de las razones por las que tendemos a hablar más de derechos que de deberes es que, en las democracias, está asumido que el deber de garantizar la vigencia de los derechos pertenece al Estado y que a los ciudadanos corresponde disfrutar y defender sus derechos. Es lo que ocurre cuando el Estado deja de cumplir ese deber, como sucede ahora: corresponde a los ciudadanos el deber colectivo de defender los derechos por todos los medios pacíficos que tengan a su alcance.

 

Lejos de ser un deber abstracto, éste es un deber concreto y situacional. Su ejercicio conlleva riesgos porque, cuando el Estado se desentiende de su deber, las instituciones son víctimas de una patología insidiosa: siguen vigentes, pero dedicándose a realizar la misión contraria a aquélla para la que fueron concebidas. Es así como el Estado social se transforma en un Estado antisocial y la seguridad social, en inseguridad social. Por esta razón, el deber de los ciudadanos tiene que ser ejercido fuera de las instituciones y, cuando es ejecutado dentro de ellas, asume un carácter de contracorriente que exige coraje y determinación. Paso ahora a ejemplificar situaciones y deberes específicos de grupos de ciudadanos.

 

Los ciudadanos jueces y magistrados del Ministerio Público tienen el deber de hacer cumplir los derechos hasta el máximo de su jurisdicción. En un Estado democrático, el modo de destrucción de los derechos actualmente en curso sólo fue posible en el pasado instaurando la dictadura, por ejemplo, en el Chile de hace cuarenta años. Sólo cumpliendo el citado deber, el poder judicial no tendrá un día que pedir perdón a los portugueses por haber faltado a su deber, como sucedió recientemente con los magistrados de Chile y Argentina. Los ciudadanos militantes del Partido Socialista (PS) tienen el deber de revolverse contra un liderazgo incapaz de proyectar una visión del país y de Europa más allá del infierno neoliberal, pusilánime hasta el punto de que parece que sólo querría el poder si se lo dieran y de que no lo concibe con ningún rasgo que lo distinga del poder que está en el poder. Urge un congreso extraordinario después de las elecciones autárquicas en la que los socialistas rebeldes puedan decir al ciudadano Antonio Acosta que en política, hay crímenes que se cometen por omisión.

 

Los ciudadanos activistas de sindicatos, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil tienen el deber de unirse en protestas intensas y turbadoras para los aventureros del poder. Unirse como si la democracia –hoy agonizante- se fuese a morir mañana y, en el caso de que no se hubiesen unido, se lamentasen de que sólo hubieran tenido la voluntad de unirse después de dejar de tener poder para hacerlo. Los ciudadanos intelectuales públicos tienen el deber de defender la dignidad de todos los portugueses, también contra los intereses poderosos que quieren seducirles; y el deber de mostrar que la deuda es impagable y que la austeridad y el neoliberalismo son las manos que sacan el dinero de los bolsillos de los pobres y de las clases medias y los introducen en los bolsillos de los ricos y súper-ricos. Los ciudadanos autárquicos tienen deberes específicos que cumplir en las próximas elecciones. Los de mi ciudad, Coimbra, tienen el deber de castigar ejemplarmente al PS por su incapacidad de renovar su liderazgo y por insistir en un candidato mediocre que durante diez años entregó a la ciudad a la vorágine del sector inmobiliario y a la polución de los residuos tóxicos (co-incineración). Finalmente, los ciudadanos en su conjunto tienen el deber de salir a la calle y dar voz a sus aspiraciones de una democracia diferente para una vida decente. Y el deber de quedarse en la calle hasta que los políticos vayan a escuchar. Cuando dejemos de ir a sus elecciones y ellos sí vengan a nosotros, tal vez empiecen a pensar seriamente en representarnos.

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La Corte Suprema hace historia: dos pasos adelante y uno atrás

La Corte Suprema de Estados Unidos anunció esta semana tres fallos históricos, dictaminados por cinco votos a favor y cuatro en contra. Con el primero, se revocó una parte sustancial de la Ley de Derecho al Voto, lo cual habilita a que en estados del sur se sancionen leyes electorales retrógradas que pueden privar del derecho al voto a la creciente cantidad de votantes de color. Los otros dos fallos dejaron sin efecto la Ley federal de Defensa del Matrimonio, conocida como Ley DOMA, una parodia legal que en el derecho federal definía el matrimonio como válido únicamente entre un hombre y una mujer; y la Proposición 8 de California, que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo. Para quienes luchan por la igualdad y los derechos civiles, estos tres fallos constituyen una brutal derrota y dos contundentes victorias.

 

"Lo que hizo la Corte fue destrozar el corazón mismo de la Ley de Derecho al Voto de 1965", dice el Congresista de Georgia John Lewis sobre el fallo de la Corte Suprema en relación a la Ley de Derecho al Voto del pasado martes. "Se trata de un importante revés. Tal vez no haya personas golpeadas hoy en día. Tal vez no se les niegue el derecho a participar o a registrar su voto. Tal vez no los cacen con perros de la policía o los aplasten con caballos. Pero en los once estados de la vieja Confederación, e incluso en algunos estados que no forman parte del sur, ha habido un sistemático y deliberado intento por retrotraernos a otra época".

 

Lewis, de 73 años de edad, está al frente de la delegación del estado de Georgia en el Congreso. De joven lideró el Comité Coordinador Estudiantil No Violento (SNCC, por su sigla en inglés), y fue el orador más joven de la Marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad, liderada por Martin Luther King Jr. hace cincuenta años. Recientemente recordó un momento clave de la lucha por los derechos civiles durante un programa de "Democracy Now!":

 

"El 7 de marzo de 1965, algunos de nosotros intentamos marchar de Selma a Montgomery, Alabama, para demostrarle al país que la gente quería votar... En Selma, Alabama, en 1965, tan solo un 2,1% de la población negra en edad de votar figuraba en los registros de votación. El único lugar donde uno podía intentar registrarse era en un tribunal donde había que pasar un denominado examen de 'alfabetización'. Y, allí, le decían a la gente una y otra vez que seguramente no iban a poder aprobar el examen."

 

Lo que le sucedió a aquellos manifestantes mientras intentaban cruzar el Puente Edmund Pettus en Selma forma parte de la historia de las manifestaciones de Estados Unidos. Lewis continuó: "Llegamos a la cima del puente y vimos una multitud de policías del estado de Alabama con sus uniformes azules, pero continuamos marchando. Llegamos a acercarnos lo suficiente como para escucharlos. Entonces vimos que se ponían las mascarillas anti-gas y luego se acercaron a nosotros y nos golpearon con sus cachiporras y látigos y nos aplastaron con sus caballos. Un oficial de la policía estatal me golpeó en la cabeza con su porra y sufrí una conmoción cerebral en el puente. No sentía mis piernas. Sentí que iba a morir. Creí ver la muerte".

 

John Lewis recibió golpes en la cabeza y fue uno de los diecisiete heridos de gravedad de aquel día. Se recuperó y continuó luchando. Pocos meses después, el Presidente Lyndon Johnson promulgó la Ley de Derecho al Voto.

 

En aquel momento, Johnson expresó: "Hoy este triunfo de la libertad es tan inmenso como cualquier victoria que se haya obtenido alguna vez en cualquier campo de batalla. Esta ley abarca muchas páginas pero el espíritu de la ley es simple. Según valores claros y objetivos, donde sea que estados y condados utilicen normas, leyes o exámenes para negar el derecho al voto, los mismos serán abolidos".

 

A lo largo de su carrera, John Lewis se ha forjado una consolidada trayectoria en la lucha por los derechos civiles, no sólo en pro de los afro-estadounidenses, sino en pro de todos aquellos que son discriminados.

 

Lo cual nos lleva al segundo fallo clave emitido por la Corte Suprema esta semana. La Corte determinó la inconstitucionalidad de la Ley de Defensa del Matrimonio, que a nivel federal define el matrimonio como únicamente válido entre un hombre y una mujer. En apoyo a este fallo hubo otro, también aprobado por cinco votos contra cuatro, que fundamentalmente deja sin efecto la tristemente célebre Proposición 8 de California, que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Muy pronto, será legal que parejas homosexuales contraigan matrimonio en el estado con mayor población del país.

 

Allá por 1996, cuando se debatía la Ley DOMA, con el Presidente Bill Clinton como uno de sus principales defensores y amplio apoyo entre las filas de ambos partidos en el Congreso, John Lewis se pronunció en contra de la ley con la misma pasión que demostró en la lucha por el derecho al voto. En aquel momento, Lewis afirmó en la Cámara de Representantes: "Este proyecto de ley es una bofetada a la Declaración de Independencia. Priva a hombres y mujeres homosexuales del derecho a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. El matrimonio es un derecho humano básico. No pueden decirle a la gente que no se puede enamorar. No daré mi espalda a otro estadounidense. No voy a oprimir a mi camarada ser humano. He luchado muy duro y durante mucho tiempo contra la discriminación por raza o color como para no luchar ahora contra la discriminación por orientación sexual". Tras el fallo en relación a la inconstitucionalidad de la Ley DOMA de esta semana, Lewis reiteró que "es mejor amar que odiar".

 

Para John Lewis, en temas de derechos humanos no se pueden hacer concesiones, son indivisibles. Siguiendo su ejemplo, la gente debería canalizar la alegría que siente hoy ante las victorias del matrimonio igualitario hacia una renovada lucha por el derecho al voto, por la igualdad para todos.

 

Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

© 2013 Amy Goodman

 

Texto en inglés traducido por Fernanda Gerpe. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 750 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 400 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

 

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Jóvenes chilenos retoman las calles por la gratuidad de la enseñanza

Miles de estudiantes chilenos volvieron hoy a salir a las calles para exigir una profunda reforma educativa que lleve a un sistema de enseñanza pública gratuita y de calidad, en la segunda manifestación de carácter nacional este año, ya que hubo movilizaciones en ciudades como Valparaíso y Concepción.

 

La marcha nacional, convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), reunió a unas 80 mil personas, de acuerdo con los organizadores, y a unos 37 mil, según las autoridades. En Santiago, la protesta transcurrió pacíficamente y sólo al final grupos de encapuchados provocaron desmanes y la intervención de la policía, con saldo de 73 detenidos y tres policías y un periodista lesionados.

 

Jóvenes con disfraces marcharon y bailaron con pancartas alusivas a “no vender la educación”. La marcha partió de la Universidad de Santiago y culminó en el Parque de los Reyes, en medio de un férreo control de la policía militarizada de carabineros.

 

“Si no presionamos los cambios no van a llegar y seguirá la segregación en la educación”, declaró el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Diego Vela. Destacó el carácter nacional de la manifestación, y anticipó que el 21 de mayo “volveremos a marchar y esa será la última oportunidad del gobierno para generar cambios y cumplir sus promesas”.

 

Otro de los líderes estudiantiles de la Universidad de Chile, Andrés Fielbaum, subrayó que la exigencia del movimiento estudiantil es por una educación gratuita que no dependa de un bono o un cambio en un formulario. Agregó que “la educación es un derecho” e insistió en la necesidad de buscar una forma efectiva de poner fin al lucro, así como medidas para fortalecer la educación pública.

 


Carolina Schmidt, nueva ministra de Educación, dijo: “nuestro sistema educacional tiene profundas injusticias. Es un deber de las autoridades y del mundo político avanzar hacia corregir esas injusticias, así como del movimiento estudiantil manifestarse para, justamente, relevar la importancia que requiere la educación en nuestro país”.

 

Schmidt, quien enfrentó hoy la primera protesta estudiantil, fue acusada por los estudiantes de haber suprimido miles de becas tras asumir su cargo hace dos semanas.

 

El presidente chileno, el conservador Sebastián Piñera, reiteró su rechazo a las exigencias de una educación pública gratuita y de calidad, al señalar que no está de acuerdo en que “el dinero de todos los chilenos pague la educación a los más ricos”. Añadió: “Creo que el Estado no tiene derecho a monopolizar la educación”.

 

La ex mandataria socialista Michelle Bachelet, favorita para los comicios presidenciales del 17 de noviembre próximo, sostuvo que hay que avanzar en la gratuidad en educación y descartó que ésta beneficie a los ricos.

 

El movimiento estudiantil, en lucha desde 2011, quiere poner fin al modelo heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). A la fecha, son menos los escolares que asisten a escuelas públicas gratuitas y la mayoría va a colegios privados en los que se pagan mensualidades compartidas entre padres y el Estado. Pero en el ámbito universitario no existe la gratuidad.

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Paula Sofía: otra víctima del sistema de salud

De nuevo, por falta de una autorización oportuna de una EPS, esta semana ha muerto otro ser humano en el país, en este caso la bebe Paula Sofía que tenía tan solo 9 meses de vida.

 

Paula Sofía nació con Síndrome de Down, una alteración cardiaca e hipotiroidismo. Es común que las personas con Síndrome de Down tengan cardiopatías asociadas, pero estas son totalmente manejables quirúrgica y medicamente, lo que les da una sobrevida importante y les permite realizar un proyecto de vida.

 

Desde el día 6 de febrero a Paula Sofía le fue ordenada con urgencia la cirugía cardiaca, es decir casi 3 meses antes de su deceso. Lo que relatan sus progenitores es que la EPS Solsalud no autorizó el procedimiento quirúrgico con diversos argumentos, razón por la cual interpusieron el día 4 de marzo una acción de tutela para que la niña fuese operada. Un juez falló a favor de la niña y ordenó a la EPS el procedimiento, pero es solo en sus últimos días de vida (24 de abril) que es internada en el hospital de segundo nivel San Blas, por un cuadro de bronquiolitis aguda, desde donde se buscó la remisión a una institución que practicará la alta cirugía requerida por la niña, sin lograr encontrarla. Finalmente, la niña llegó el día 29 de abril al hospital de tercer nivel Santa Clara, con unas condiciones clínicas complicadas por una neumonía, sumada a su cuadro cardiológico, que condujeron a su falleciendo esa misma noche del 29.

 

A la hora de las explicaciones. la EPS Solsalud, argumenta que sí autorizaron la cirugía, solo que ¡por falta de camas en hospitales públicos y privados!, el tratamiento requerido no fue posible.

 

Como se observa se dio toda una cadena de acontecimientos de carácter administrativo y asistencial, que determinaron la muerte de Paula Sofía, la cual era totalmente evitable, en tanto hoy en día se cuenta con el desarrollo técnico-científico para el manejo de estas situaciones clínicas.

 

¿Qué es lo que hay detrás de esta nueva muerte?

 

Seguimos repitiendo la historia de hace más de una década. El itinerario burocrático, antihumano y con sentido de contención de costos que hace, de un lado, que las EPS le saquen el cuerpo a este tipo de procedimientos con altos costos, porque no son costo-efectivos y, de otro, que propicia que los prestadores de servicios de salud, públicos o privados, no los atiendan si no hay quien pague por ellos. Primero el dinero que la vida de una persona.

 

No hay duda. En el fondo de esta problemática está la racionalidad económica impuesta por la Ley 100, la misma que por cerca de 20 años ha determinado el rumbo de la salud en nuestro país, generando dinámicas antiética, antihumanas y por fuera de toda lógica pública, como el conocido “paseo de la muerte” y otras dinámicas similares, producto de las cuales centenares de personas –por lo general de pocos recursos– han perdido la vida, o padeciendo el agravamiento de su salud producto de enfermedades mal tratadas. Una lógica al servicio del lucro, del negocio, de la acumulación de dinero, con la tiranía de las razones burocrático-administrativas, en contra del bienestar, la salud y la vida de la gente.

 

Ya es claro que mientras se mantenga como aspecto central del sistema de salud la lógica económica que: 1) estimula el lucro de las EPS con su labor de intermediación que hacen entre los dineros públicos del sector salud con las IPS y ESE, 2) impone el acento en la sostenibilidad financiera de las instituciones prestadoras de servicios de salud y 3) obliga a la gente a demostrar capacidad de pago para ser atendida, es evidente que esta situación de muerte como la de la bebe Paula Sofía, se seguirá repitiendo indefinidamente.

 

En este caso, además, surgen preguntas como, ¿cuál fue el papel de la EPS Solsalud para resolver el caso de Paula Sofía? ¿Para qué se requería esta intermediación de Solsalud, si existen dineros más que suficientes en el Fosyga que podrían contratar directamente a la IPS o ESE para que atendiera a Paula y no tener que estar sometidos a la autorización de una EPS?

 

Asi las cosas, esta tragedia que enluta a otra familia de nuestro país por realidades, circunstancias y problemáticas totalmente controlables, revela de nuevo, la inutilidad de las EPS, lo que nos recuerda que su presencia en el país sigue condenando a la muerte a muchos de nuestros compatriotas.

 

¿Cuántas muertes más se requieren para abolir este sistema de salud perverso?

 

Problemática y realidad que no ve el Gobierno nacional, y tipo de preguntas que no se realiza, como queda claro en el reciente proyecto de ley 210 que ha presentado para reformar el sistema de salud, en el cual, aunque acaba las EPS, mantiene la maldita intermediación, ahora por condcuto de las llamadas Gestoras de Servicios de Salud, con las cuales –de ser aprobado– se mantendrá intacto el espíritu de intermediación y lucro, al conservar la figura de Unidad de Pago por Capitación –UPC– por cada afiliado asegurado a estas Gestoras y sostener que contratan y autorizan los servicios de atención con las prestadoras de servicios de salud. No cambia en absoluto la raíz del problema.

 

La muerte de Paula Sofía debe constituirse en un intolerable ético y contribuir a incrementar la indignación de la sociedad contra un sistema de salud totalmente deshumanizado, sosteniendo la consigna de ¡NO MÁS EPS! hasta que realmente estas desaparezcan.

 

Si la sociedad no se mueve con fuerza, si no se indigna, no se emberraca, si no presiona más, si no se moviliza más, junto a propuestas alternativas (que de hecho existen y son viables), tendremos que seguir lamentando más muertes de este tipo.

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Miércoles, 01 Mayo 2013 06:46

La guerra de la información

La guerra de la información

La información y la desinformación se han utilizado siempre como armas para someter voluntades y conquistar conciencias. En la lucha secular entre dominadores y dominados, explotadores y explotados, la batalla por las ideas forma parte integral de la efectuada con las armas de la violencia física. Esto es lo que se llama también "guerra de la información". En el frente material se utilizan tanques, aviones, armas químicas y nucleares, etc.. En el espiritual se aplican toda una serie de armas psicológicas, esto es, lo que se denomina violencia simbólica o psicológica. Las guerras del siglo XX constituyen ejemplos de estos tipos de violencia utilizada contra los pueblos y todo tipo de movimientos emancipadores.

 

Como se sabe, siempre ha habido rebeliones de los esclavos, siempre las habrá mientras dure la sumisión y esclavitud de los muchos desposeídos por los pocos poseedores. Las voces de éstos proclaman a los cuatro vientos que la emancipación es una utopía imposible. Las de los explotados, en cambio, afirman que la autodeterminación de sus vidas es una utopía imposibilitada, pero posible. Y esto es lo que están demostrando los movimientos emancipadores de América Latina, por donde vuelve a cabalgar de nuevo la utopía socialista.

 

La Revolución Bolivariana se ha convertido hoy en el campo de batalla de lo que los padres del socialismo llamaron la lucha de clases. Mucho se ha escrito ya sobre la violencia desatada en todos los medios contra el triunfo electoral del candidato socialista Nicolás Maduro el 14 de abril. La lucha sigue y seguirá. El comportamiento de Capriles y de quienes lo aúpan recuerda el golpe del fascismo español contra la victoria de la república de 1936 que condujo a la terrible guerra civil y a todo el dolor que todavía dura. Quienes hasta ahora han disfrutado del poder sobre las vidas de los demás no van a renunciar voluntariamente a sus privilegios. Tampoco van a ceder los explotados en su afán por mejorar sus condiciones de vida material y espiritual.

 

Por lo que se ve, los enemigos jurados de la Revolución Bolivariana, tanto los internos como los externos, utilizan los métodos y las técnicas de los fascismos europeos, reforzados ahora con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. La estrategia es la misma, mantener el dominio, impedir que el pueblo venezolano organice su convivencia para acceder a su autodeterminación material y espiritual, a su emancipación, a su libertad.

 

Ese es el objetivo. Para tal fin se requiere el empleo de la violencia. Los fascismos europeos la aplicaron en las circunstancias sobradamente conocidas. Los actos violentos realizados por sus epígonos venezolanos han vuelto a traer a la memoria aquellos comportamiento antihumanos. Aquí, en España, los tenemos aún bien presentes. Sí, los asesinatos de dirigentes y activistas chavistas, los asedios, acosos, incendios de locales, etc. se han practicado durante el día de las elecciones y después. Incluso se ha atacado y destruido centros de salud, sin excluir de estos ataques a los médicos que atienden gratuitamente la salud popular. Porque para el capitalismo, en cambio, la salud debe ser un negocio lucrativo privado que engorde los bolsillos de los pocos.

 

Mas el recurso a la violencia física está mal visto y, además, es costoso. Estéticamente es preferible mantener el dominio, y el negocio, mediante la violencia psicológica. El capitalismo necesita la dominación psicológica del individuo y la manipulación de su conciencia. Así logra que se identifique con sus valores. Mientras la gente acepte su sistema social no es menester someterla con policías, tanques ni ejércitos. La manera más efectiva de ocultar, esto es, de invisibilizar los actos de violencia psicológica y física de un sistema social que genera angustias, incertidumbre por el futuro, precariedad en el empleo, discriminación de todo tipo, etc., es crear un discurso que mantenga el miedo y haga creer a la población sometida que no hay otra alternativa que la resignación. Es decir, el discurso de la mentira y del engaño.

 

Hay que intoxicar mucho las mentes para admitir que la guerra es una acción humanitaria, que la destrucción de vidas y haciendas, el envenenamiento de tierras y aguas con uranio empobrecido y enriquecido, el empleo de napalm, agentes químicos, bombas “margarita”, llamadas así porque arrasan una milla cuadrada sin dejar siquiera hierba, y tantas otras armas de destrucción masiva aplicadas por los EE UU y la OTAN contra las poblaciones de Japón, Vietnam, Yugoslavia, Afganistán, Iraq, Libia, etc., son instrumentos de la libertad y la democracia. O para aterrorizar a la propia población con las constantes advertencias de inminentes atentados terroristas.

 

El control de la comunicación y de la información contribuye a legitimar el poder político de la clase propietaria. El orden cultural no es independiente del económico. Se envuelve en la bandera nacional, proclama su devoción a la patria. Pero su patriotismo se mide por hectáreas. Se es tanto más patriota cuantas más hectáreas de patria se posean, Por eso se desprecia a los que carecen de ellas, campesinos pobres, pueblos aborígenes, etc.

 

Ese pequeño grupo poseedor está perdiendo su poder y su dominio económico y espiritual, su oligopolio de los medios de información y comunicación. De ahí los ataques a los medios comunitarios, ampliadores de conocimiento, de visibilidad, de conciencia, de voluntad democrática, de autodeterminación. Recuérdense, por ejemplo, los bombardeos nortemericanos a las emisoras de radio y televisión yugoslavas, iraquíes, libias, etc. para impedir que sus poblaciones accedieran a otras informaciones y a otras imágenes de la guerra que no fueran las suyas. Y ahora, los ataques a los medios electrónicos, los hakeos a las instituciones, lo que empieza a denominarse guerra electrónica. Así es como practican su tan cacareada libertad de expresión.

 

Para llevar a cabo esta guerra de la información el imperialismo ha creado toda una serie de organismos dedicados a producir informaciones falsas que contribuyan a facilitarse su dominio tanto dentro como fuera del propio Estado. Ahí están, por ejemplo la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa), que abastece de noticias a los medios de difusión latinoamericanos (y españoles, como El País), la OSI (Oficina de Influencia Estratégica, por sis siglas en inglés), dependiente del Pentágono, o la USIA (Agencia de Información Estadounidense), sin mencionar las de la propia CIA. Su objetivo es construir, a nivel planetario, el soporte cultural de la globalización económica del capitalismo. Una forma más de obtener el consenso, la uniformidad en la información contra la Revolución Bolivariana. Aparte, claro está, de la coincidencia en sus intereses económicos.

 

Tenemos así un régimen totalitario de comunicación e información que aspira a su seguridad y fortalecimiento, a justificar sus fechorías en función de sus intereses de beneficio privado y no en función del bien común de los pueblos. A eso que llaman “intereses nacionales”, concepto tan semejante al Lebensraum (espacio vital) de los nazis. Las pautas de esta comunicación totalitaria las marcaron Hitler y Goebbels. No en vano los norteamericanos se llevaron a la práctica totalidad de los funcionarios de su Ministerio de Propaganda e Ilustración Popular a los Estados Unidos y los pusieron a su servicio.

 

Las técnicas de esta comunicación totalitaria son muy numerosas, entre ellas, cabe mencionar la mentira, la tergiversación, el uso perverso del lenguaje, el miedo, la sospecha, la censura, la represión académica, la simplificación, la selección, el silenciamiento, etc. Todas ellas componentes de la manipulación, esto es, la intervención consciente en los contenidos y formas de la comunicación en función de los intereses privados de sus propietarios. Aquí sólo haremos una breve referencia a la mentira, la selección y el silenciamiento. Esto es, a las más directamente relacionadas con la ampliación o reducción del conocimiento y de la ignorancia, con la ilustración y con el ocultamiento, con la visibilidad e invisibilidad del dominio. La mendacidad se ha convertido en el estilo de vida del globalizado tardocapitalismo. Con mentiras empezó la guerra hispano-estadounidense, la II Guerra Mundial, la de Vietnam, la del Golfo, la de Yugoslavia, la de Libia, etc. Su gran mentira estriba en la ocultación de que en la sociedad de libre mercado, como se define el capitalismo, existen intereses contrapuestos, antagónicos, entre ricos y pobres. Que los intereses nacionales y la seguridad de Occidente no se ven amenazados por los desarrapados campesinos de Afganistán ni los depauperados indígenas den América Latina. Sino que se trata más bien de los intereses de las grandes compañías transnacionales. Ignorar la historia del genocidio de las poblaciones indígenas, de la esclavitud de los negros por los terratenientes blancos, de la explotación de los pobres por los ricos, equivale a quedar desarmado ante las mentiras que propagan los detentadores del poder. Hay que recordar que la población de los Estados Unidos es una de las mas ignorantes del mundo, a pesar de sus excelentes universidades para ricos.

 

La información es, por su naturaleza, selectiva. De ahí que la selección sea obligada, pero no neutral. En lo que se denomina sociedad de libre mercado se selecciona, como es lógico, lo que se cree que se va a vender mejor y a más gente. Esto es, se produce información con valor de cambio y no con arreglo a valores de uso, de beneficio común. Mas, con la propiedad de los medios, la minoría propietaria tiene también el poder de definir la realidad para los muchos, de decirles lo que pasa, lo que es bueno y malo, lo que hay que hacer y no hacer, cómo hacerlo, etc. Este poder de fijar el programa social de cualquier comunidad es la clave del control social. Lord Nordcliffe, dueño de uno de los consorcios más poderosos de periódicos de principios de siglo XX lo explicaba así: "Dios enseñó a los hombres la lectura para que yo pueda decirles a quién deben amar, a quién deben odiar y lo que deben pensar."

 

El sencillo método de manipular comunicando tan sólo lo que a uno le conviene implica, claro está, el de silenciar lo que no conviene. Cuando la verdad no responde a los intereses del capital no se trata de mentir, sino de no decir la verdad. Este método es más difícil de ver para los lectores, oyentes y telespectadores. Se informa de modo selectivo, pero creíble. sobre fenómenos, detalles, sin explicar la esencia del sistema, sin contexto.

 

Esta técnica del silenciamiento, tan empleada en las dictaduras, se mantiene vigente en las llamadas democracias, aunque de vez en cuando ocurran filtraciones, generalmente interesadas, que llegan al público. Pero siempre hay temas tabú que ningún medio ni periodista aborde sin riesgo de perder su existencia. Basta con retirarle la publicidad comercial al medio y despedir al periodista.

 

Esta clase propietaria y sus corifeos quieren hacernos creer que su oposición a los gobiernos y movimientos revolucionarios se debe a que éstos no disponen de medios de oposición o no han adoptado el modo occidental (financiado) de elecciones. Cosa que ya no pueden afirmar tras el triunfo de la izquierda en Venezuela, Ecuador, Bolivia o Nicaragua. Olvidan, u ocultan, que la libertad de expresión corre pareja con la conquista de otras libertades, que es producto de la lucha de clase, la lucha por la seguridad social, el empleo, el derecho a la educación y a la asistencia sanitaria gratuita, etc.

Es fácil entender, pues, que el objetivo de la información y desinformación que se produce en torno a Venezuela oculta, invisibiliza, más que ilustra, visibiliza. Se pretende así, adormecer las conciencias, sustraerlas al pensamiento crítico. El adocenamiento es una medida de protección. Que se sepa, ningún medio de comunicación antibolivariano ha dicho hasta ahora que el malestar de millones de personas depende del escandaloso bienestar de unos cuantos multimillonarios.

 

La tarea bolivariana, en cambio, estriba en hacer conscientes a los ciudadanos de que se emancipen de los poderes dominantes en la economía y en la cultura, de que tomen conciencia de la necesidad de producir una comunicación basada esencialmente, no en el valor de cambio capitalista, sino en el valor de uso socialista, esto es, una comunicación cualitativa, que parta del receptor, de sus intereses y necesidades. En suma, aplicar criterios de rentabilidad social y no sólo criterios de rentabilidad financiera.

 

Semejante comunicación cognitiva es necesaria para el conocimiento y dominio del medio ambiente, esto es, de la sociedad en que se vive, a fin de ser dueños y no víctimas de ella. Pues, como se sabe, el conocimiento estimula la acción, el deseo de cambio a mejor, quien ha comprendido, cambia. “La ignorancia jamás ha ayudado todavía a nadie”, decía K. Marx en 1846. Convertir los medios en fabrica de pensamiento en vez de fábrica de sueños, en actividad en vez de accionismo, en creeatividad en vez de imitación.

 

¿Qué averiguamos cuando sabemos que determinadas condiciones no permiten el desarrollo del ser humano? ¿Qué tenemos con saber que la producción de noticias está enajenada, el transporte tecnocratizado, el consumo manipulado? Descubrir las relaciones de los procesos de comunicación con otros procesos económicos, de dominio, no significa, por lo pronto, más que hacer comprensibles nuevas relaciones y así sucesivamente. La sociedad que oculta el conocimiento y genera alienación es un caldo de cultivo para la violencia. Si el capitalismo es la cultura de la violencia y la muerte, el socialismo es la cultura de la paz y la vida. De ahí que una manera de combatir su violencia estribe en exponer verazmente las artimañas de dirección y perversión con que este régimen seduce al público, esto es, al pueblo. Esa es la tarea titánica que espera a los medios de comunicación comunitarios que aguarda a los revolucionarios bolivarianos. Porque “Felicidad es el conocimiento de la realidad para dominarla”, decía el biólogo Faustino Cordón.

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