De los delitos y de las penas en el siglo XXI

El mejor homenaje póstumo a Cesare Beccaria, cumplidos dos siglos y medio de escrito su clásico libro Sobre los delitos y las penas [1764] , es 'invitarlo' a hablar citando algunos fragmentos relevantes de su texto que hoy responden a interrogantes, dudas y cuestionamientos a la justicia, que a pesar del paso del tiempo, aún nos atormentan.


–Profesor (P). Gran maestro Beccaria: Multitud de creyentes y pecadores hoy le temen a un futuro de castigos astronómicamente atroces, consagrados en el eterno infierno para los malevos que anuncian los cristianos y católicos. Agudos observadores de la historia avizoran la muerte lenta por escasez a la que los opulentos de hoy condenan a los pobres y a las futuras generaciones. Muchos cronistas y sensibles observadores se aterran ante las atroces condenas que aún hoy sufren pueblos inocentes, al igual que presos políticos y delincuentes comunes. Recuérdenos por qué usted no recomendó castigos atroces y desmesurados.


–Beccaria (B). En principio me opuse y me opongo a ello porque tales atrocidades atentan contra la felicidad y la utilidad públicas. Debo recordarle a usted que la piedra angular de mi propuesta es el viejo y conocido utilitarismo: "La felicidad dividida entre el mayor número debería ser el punto a cuyo centro se dirigiesen las acciones de la muchedumbre".


–P. Debo decir que esa piedra angular explota en millares de fragmentos imposibles de sumar por lo inconmensurables: ¿cómo adicionar el placer de lastimar a la víctima que experimenta el sádico, con el de anhelar ser lastimado por otra persona que hace feliz al masoquista? Resulta imposible suponer una sola clase de felicidad para seres que, por buscar ser libres, ostentan multiplicidad de disímiles fines y tienen diferentes valores. ¡Extraño que quien tuvo la agudeza para afirmar que el bien común es cosa de fantasiosas novelas no hubiese sido perspicaz en este punto!


–B. ¡Bueno, joven, creo que la tarea de tratar complejidades, inconmensurables y libertades corresponde a ustedes los vivientes que, por lo demás, son beneficiarios de las incursiones científicas hechas por nosotros!


–P. En esto tiene toda la razón. Por favor, según sea su criterio ¿qué justifica condenar o castigar a nuestros semejantes?


–B. Imponer una pena a nuestros semejantes sólo es justificable cuando esto sea absolutamente necesario, recuerde que: "Todo acto de autoridad (incluida una pena) de hombre a hombre, que no se derive de la absoluta necesidad es tiránica". Vana y tristemente hoy me revuelco en mi tumba al saber que condenan, e incluso castigan previamente a millones de seres humanos mediante atroces guerras simplemente por miedos enfermizos o, peor aún, porque las culpas y los culpables son fabricados a pedido de mercaderes de la tiranía.

–P. Los seres humanos buscan más el poder que la felicidad; el bienestar se ha fragmentado hasta el colmo de la privatización (con los primeros utilitaristas abarcaba el conjunto de todos los seres vivientes; hoy se limita a naciones, clases sociales, clubes, comunidades, y bienes privados vulgares (riqueza democrática) y exclusivos (bienes posicionales). Y el statu quo, entendida como la porción de poder y de felicidad excluyente, se maneja como una posesión privada absoluta.


–B. Sí, el signo de estos tiempos es el de la privatización y la fabricación de nuevas fronteras de exclusión. Creo que ustedes deberían trabajar arduamente en torno a la factibilidad y conveniencia del bienestar universal o, por lo menos, de un bienestar más inclusivo.


–P: ¿Cómo se estima o mide el impacto de los delitos?


–B. Medir y poner caprichosamente precios y penas como hoy se estila es tremendamente peligroso. Mi criterio, basado en el utilitarismo, es tan sencillo como esta sugerencia: "[...] La única y verdadera medida de los delitos es el daño hecho a la nación, y por esto han errado los que creyeron que lo era la intención del que los comete [...] Alguna vez los hombres con la mejor intención causan el mayor mal a la sociedad, y algunas otras con la más mala hacen el mayor bien".


–P. ¡Es un simple pero muy sensato criterio, pues es correcto afirmar que a mayor daño colectivo (a la comunidad, a la nación, al mundo presente y al futuro) es mayor el crimen! En nuestro desquiciado mundo millones de infelices son condenados al presidio por insignificantes infracciones (robar un artículo de primera necesidad para saciar su hambre); otros lo son por crímenes sin daño (uso de bienes y servicios que atañen a sus particulares valores y gustos, y se limitan al ámbito de su vida privada); y a veces se encierra a médicos y científicos (a raíz de algún delito privado y pasional que se les imputa) condenando también a la sociedad, pues la privan de alguien que podría ser más bien 'multado' salvando vidas. El pueblo norteamericano castigó electoralmente a un presidente que fue pillado en una relación sexual escandalosa para pudibundos, pero reeligió a un líder guerrerista que causó mucho daño al mundo entero; también la justicia de ese país permitió encarcelar a una científica colombiana, experta en buscar curación para quienes padecen cáncer de mama.


–B. Y a través de 'mi amigo', el profesor Uprimmy , he sabido que manipuladores políticos y deformadores de opinión claman por elevar considerablemente los castigos para determinados crímenes, al igual que mediocres tecnócratas asumen que una mayor tasa de encarcelamiento equivale a una mayor eficiencia de la justicia.


–P. Maestro Beccaria: ¿cuál debería ser el fin de las penas?


―B. Mire usted joven, la justicia no debería ser la legalización de bajas pasiones como la venganza y el odio. Mi propuesta simple y llana ha sido esta: "[...] el fin de las penas no es atormentar y afligir a un ente sensible, ni deshacer un delito ya cometido. ¿Se podrá en un cuerpo político, que bien lejos de obrar con pasión, es el tranquilo moderador de las pasiones particulares, se podrá, repito, abrigar esta crueldad inútil, instrumento de furor y del fanatismo de los débiles tiranos? ¿Los alaridos de un infeliz revocan acaso del tiempo, que no vuelve acciones ya consumadas? El fin, pues, no es otro que de impedir al reo causar nuevos daños a sus ciudadanos y retraer a los demás de la comisión de otros iguales [...]".


―P. ¡Tal afirmación es vigorosamente vigente! ¡Con autores como el economista rumano Georgescu-Roegen sabemos que ni siquiera el trabajo supuestamente productivo, ni la plegaria de un mortal, ni la extrema quietud pueden detener y menos reversar la flecha del tiempo y de la entropía! Hoy, infortunadamente, por odio, rabia, venganza y desprecio unos poderosos sectores administran justicia vengativa y buscan desaparecer pueblos o clases sociales enteras. Una ley más sensata estaría compuesta de una dosis de justicia restaurativa (para remediar parte del daño reparable que, por cierto, no cubre lo más importante: destrucción de la vida y de la naturaleza, y daño moral); y otra dosis de no cooperación social con el infractor (más que encerrarlo cortarle o neutralizarle fuentes de poder social, económico, político y aún afectivo que harían posible su dañino accionar).


–B. Al menos me siento conmovido por las mentes activas de ciudadanos aguzados. Y no debemos olvidar que penas y castigos injustos y desmesurados engendran más violencia; una vez más debo recodarle que: "[...] No es la crueldad de las penas uno de los más grandes frenos de los delitos, sino la infalibilidad de ellas, y por consiguiente la vigilancia de los magistrados, y aquella severidad inexorable del juez, que para ser virtud útil debe estar acompañada de una legislación suave. La certidumbre del castigo, aunque moderado, hará siempre mayor impresión que el temor de otro más terrible unido con la esperanza de la impunidad, porque los males, aunque pequeños, cuando son ciertos amedrentan siempre los ánimos de los hombres [...]".


–P. A esto debería agregarse que si refinamos nuestra capacidad para detectar, entender y juzgar a los criminales veremos que estos no actúan solos, que el crimen es una acción colectiva (con colaboradores y beneficiarios que, indirectamente, se lucran de tal actividad delictiva) y, por tanto, que hay que corregir el sendero de la sociedad misma más que de unos presuntos delincuentes aislados.


–B: Ciertamente. El crimen es una actividad mercantil, con ofertas y demandas, con asalariados, mandaderos y con estrategas que gerencias actividades delictivas..., además con la complicidad, aquiescencia o franca indiferencia del resto de la sociedad.


–P. Maestro Beccaria, ¿Por qué ha evolucionado el crimen en maldad y sofisticación?


–B. En un ámbito de competencia a muerte (o creación destructiva como lo dijo el colega Schumpeter) aún los mediocres criminales están condenados a desaparecer. No obstante, otra importante causa de tal malestar la he atribuido a la barbarie misma de la justicia, así: "[...] La misma atrocidad de la pena hace que se ponga tanto más esfuerzo en eludirla y evitarla cuanto mayor es el mal contra quien se combate; hace que se cometan muchos delitos, para huir de la pena de uno sólo".


–P. Hoy seguimos marchando en contravía de tan sabio precepto. A través de erróneas y nefastas políticas públicas los Estados crean crímenes y consolidan mercados negros (nichos de criminalidad). Por ejemplo, la llamada guerra contra las drogas nace de prohibir algunas sustancias psicoactivas demonizadas (cocaína y mariguana), logrando como efecto un crecimiento, sofisticación y atroz violencia de los actores ilegales que intervienen en los diferentes momentos del mercado de tales bienes económicos.


–B. Y me atrevo a sugerir que la política de paz que el gobierno de Santos adelanta con las Farc no avanzará mucho más que la desmovilización que intentó Uribe con los paramilitares si no se acaba con el narcotráfico y, justamente, como lo han clamado liberales de la talla de Milton Friedman y George Soros, una parte de la solución radica en hacerlo a través de la legalización de las sustancias psicoactivas..., la otra parte, más compleja, es cuerpo constitutivo de la demanda de consumidores adictos por la velocidad, el vértigo y el desasosiego de la sociedades en las que ustedes viven.

 

Beccaria, César [1764] (2000), De los delitos y de las penas, México, FCE, 

Uprimmy, Rodrigo (2014), "Más cárcel, ¿más justicia? El Espectador, domingo 22 de noviembre de 2014

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Sábado, 15 Noviembre 2014 08:43

La hora del Estado palestino ha llegado

La hora del Estado palestino ha llegado

 

Nosotros, israelíes y palestinos, quienes luchamos por vivir en este sitio en condiciones de igualdad y libertad, reconocemos que no hay más tiempo que perder.

 

Cuando una generación tras otra de niños palestinos crece como ciudadanos privados de sus derechos bajo un régimen que no los respeta y los priva de libertad y esperanza; mientras una generación tras otra de niños israelíes es educada para pensar que son los dueños de casa en esta tierra, ciegos ante el sufrimiento de los demás y ante sus derechos, es evidente que el cambio debe producirse ahora. Ahora, antes de que se produzca otra muerte innecesaria, otra pérdida y mayor dolor. Desgraciadamente, creo que fallamos una y otra vez para aclarar esta urgencia a nuestros amigos en la comunidad internacional, sin la que no podremos producir el cambio que ansiamos.

 

Muchos países manifiestan, sin embargo, su apoyo para acabar con la ocupación y establecer un Estado palestino junto a Israel, pero no existe un abismo insoportable entre esas declaraciones y la realidad en el terreno.

 

El verano pasado, fallecieron en Gaza más de 2.000 seres humanos, la mayoría de los cuales eran civiles que no participaron en las hostilidades. Decenas de familias fallecieron cuando sus casas fueron bombardeadas y diezmadas por Israel.

 

En Israel fallecieron 67 soldados y cinco civiles. Según las estimaciones de las Naciones Unidas fueron destruidos unos 18.000 hogares en Gaza y unas 100.000 personas no han regresado a sus hogares. La población civil en Israel ha sufrido repetidos ataques con morteros, cohetes y misiles desde la franja de Gaza durante este mismo período. Pero Israel no sólo bombardeó a un enemigo alienígena, sino también a una población cuyos aspectos de vida se encuentran regidos por el control o la supervisión israelí. La destrucción y la muerte intolerable condujeron de alguna forma a la formulación de promesas de pared a pared para prestar ayuda humanitaria importante y necesaria, pero esto no conduce indefectiblemente a un cambio político que traiga consigo la independencia para los palestinos en Gaza y Cisjordania en un futuro visible.

 

En ausencia de una transformación política semejante, los palestinos continuarían sufriendo daño permanente en sus derechos humanos, y las reparaciones en la realidad de la vida cotidiana de palestinos e israelíes serán meras reparaciones cosméticas.

 

La libertad de tránsito de los palestinos continuará siendo limitada y la división entre Gaza y Cisjordania será mantenida, los prisioneros administrativos palestinos continuarán siendo mantenidos en prisión sin juicio en Israel y los niños palestinos continuarán siendo arrestados y juzgados para ser interrogados por personal militar conforme a la legislación militar. Las familias palestinas continuarán viviendo bajo el temor de ser expulsados de sus tierras o la demolición de sus viviendas, las tierras palestinas continuarán siendo tierra de nadie y los asentamientos israelíes continuarán siendo construidos sobre esas tierras manteniendo una violación flagrante de la cuarta Convención de Ginebra.

 

Los ciudadanos israelíes continuarán viajando libremente por carreteras separadas mientras que los ciudadanos palestinos tendrán que conformarse con transitar por caminos asignados por el ejército israelí. Los niños israelíes continuarán creciendo mientras aprenden a odiar a sus vecinos y borrar todo signo de humanidad cuando se convierten en soldados del ejército cuya principal función es mantener la ocupación. El racismo seguirá predominando en este lugar, pisoteando la dignidad humana y privando su libertad, y como resultado de ello todos nos iremos al diablo.

 

El actual Gobierno de Israel demuestra una y otra vez que no está interesado en modificar el statu quo, y que seguiría utilizando su poder para mantener el control en los territorios ocupados y sobre la población palestina. El Gobierno opina que también la última ronda de negociaciones con el corretaje estadounidense, celebrado el año pasado, no ha sido sino una manera de estirar el tiempo y ganar un poco de apoyo internacional. Las reuniones en las cuales se debatieron las negociaciones no interrumpieron las construcciones en los asentamientos y el puño militar en los territorios palestinos sigue siendo tan fuerte como siempre.

 

No podemos continuar esperando en silencio hasta que el Gobierno de Israel se despierte y se percate de que está conduciendo a todos al desastre, al igual que es prohibitivo que la comunidad internacional, quien brega por el bien de los dos pueblos que viven en esta región, permita que el Gobierno israelí continúe con su causa de modo imperturbable. Mientras continúe la ocupación, mientras los palestinos no puedan gozar de soberanía en su propio país, sus derechos humanos continuarán siendo violados.

 

La ayuda humanitaria y el tratamiento específico para atender la violación de los derechos humanos son de primordial importancia. Si podemos de alguna forma remediar tal injusticia es nuestra obligación adoptar el compromiso para frenarla. Pero estas no son medidas suficientes. De hecho, si no van acompañadas de otras concretas para cambiar el statu quo político, existe la probabilidad de que caigan en la trampa de mejorar el mecanismo inhibidor en vez de oponerse al mismo.

 

Por lo tanto, el reconocimiento del Estado palestino por parte de Suecia es un importante paso adelante. Al manifestarlo, también reconoce que los palestinos tienen derechos similares a los de los israelíes. Esto no significa que se ha llegado al final de la ocupación, pero sí que sin mantenerse negociaciones no se podrá finalizar el conflicto entre los pueblos.

 

Este es un primer paso necesario para lograr un avance que conduzca hacia un futuro de justicia e igualdad para ambos pueblos. Este avance puede ser aún más importante e influyente si se suman a Suecia y al Parlamento británico más organismos de la Comunidad Europea. Todos aquellos quienes realmente se consideran amigos de Israel y de los derechos humanos deben ser también amigos del pueblo palestino y reconocer su Estado junto al de Israel.

 

Profesora de Lenguas y Educación en la Universidad Hebrea de Jerusalén y merecedora del Premio Sajarov en el año 2001

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Dos meses cumple toma de planta de Prodenvases en Barranquilla por parte de los trabajadores

Desde el pasado 10 de julio, 24 trabajadores de la planta de Prodenvases Crown en Barranquilla adelantan la toma pacífica de la misma, como una manera de resistir a la decisión que tomó la empresa de cerrarla pasando por encima de sus derechos laborales.

Estos trabajadores, afiliados a los sindicatos Sintraprodenvasescrown y Sinaltrametal (ambos de industria), justifican su acción en el hecho de que el cierre de la planta no solo les viola derechos laborales y el fuero sindical, sino que se hizo sin el permiso expreso del Ministerio de Trabajo.

Prodenvases Crown es filial de la multinacional estadounidense Crown Corp and Seal Company, líder mundial en la fabricación de envases metálicos para productos industriales y alimentos, como atún, sardinas y otros. Y en Colombia está asociada al Grupo Mundial, cuya matriz está en Antioquia.

La toma de esta planta se suma a otra que en la misma ciudad de Barranquilla, y casi por los mismos motivos, protagonizan trabajadores de Aluminio Reynolds, quienes ya casi completan dos años de toma de la planta de producción de esta empresa.

Por su parte, el sindicato global IndustriAll manifestó su apoyo a la lucha de estos 24 trabajadores. Carlos Bustos, su coordinador en Colombia, dijo al respecto: "Nosotros hicimos un pronunciamiento muy fuerte a la empresa. Ahora estamos haciendo un llamado a todo el movimiento sindical nacional e internacional para que se pronuncien a favor de estos compañeros, rechazando la actitud de la empresa y que se desplacen a Barranquilla para que se solidaricen con ellos".

La cronología del conflicto

El conflicto laboral en Prodenvases Crown, asociado a la intención de ésta de cerrar la planta de Barranquilla, no es nuevo, se remonta a 3 años atrás y, según las organizaciones sindicales, ha sido traumático.

El 8 de septiembre de 2011 Prodenvases Crown solicitó al Ministerio de Trabajo autorización para cerrar la planta y dar por terminados los contratos de sus trabajadores, aduciendo como causa su inviabilidad técnica y económica. Un año después, el 29 de octubre de 2012, el Ministerio autorizó el despido de los trabajadores y el cierre de la planta, decisión que las dos organizaciones sindicales, Sintraprodenvasescrown y Sinaltrametal, califican de irregular porque no tuvieron la oportunidad de intervenir en el proceso administrativo.

Ante la violación clara de sus derechos, Sinaltrametal interpuso acción de tutela contra el Ministerio de Trabajo, presentada ante la sala laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, el cual falló en contra Aspecto interno de la planta tomada por los trabajadores.
del sindicato; fallo que
fue impugnado y el caso pasó a segunda instancia en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que mediante la sentencia T–706 de 2012, tutelando los derechos al debido proceso y el derecho de defensa del sindicato, ordenó al Ministerio de Trabajo retrotraer el procedimiento para darles a los sindicatos la oportunidad de intervenir en el proceso administrativo.

Así que dos días después de este fallo la Dirección Territorial de Atlántico del Ministerio de Trabajo revocó la resolución del permiso de cierre de la planta y el despido de los trabajadores.

Pero el 21 de marzo de 2013, la misma Dirección Territorial de Barranquilla nuevamente autorizó el cierre de la planta y el despido colectivo. Tal decisión volvió a ser impugnada por las organizaciones sindicales ante la Dirección Nacional Territorial del Ministerio, que todavía no ha tomado decisiones al respecto, y por tanto no está en firme la decisión de la Territorial de Barranquilla.

No obstante lo anterior, a primera hora del 8 de julio de 2014 se presentaron en la planta de Barranquilla varios directivos de Prodenvases Crown, para comunicarles a los trabajadores que ese día dejaba de funcionar la planta, ya que las máquinas serían enviadas a la planta de Medellín. Y llamaron uno por uno de los trabajadores para ofrecerles $5 millones de bonificación si aceptaban un acuerdo de retiro voluntario, argucia con la que lograron convencer a 20 trabajadores.

Cuando las directivas sindicales indagaron por el recurso de apelación que cursaba en el Ministerio de Trabajo, y que mientras no fuera desatado la empresa no podía proceder al cierre, los directivos de Prodenvases Crown explicaron que lo hacían porque el proceso en los estrados judiciales y en el Ministerio "se había tornado muy extenso". Es decir, tomaron la decisión por su cuenta, sin que les importara las normas legales colombianas.

A los trabajadores sindicalizados la empresa les dio a escoger entre dos opciones: su traslado a la planta de Medellín, donde se les respetaría su trabajo; o una bonificación irrisoria para dejar la empresa. Los sindicalizados se niegan a aceptar cualquiera de las dos, ya que ambas violan sus derechos.

En respuesta a la arbitrariedad de la empresa, el 10 de julio los trabajadores se presentaron en la planta acompañados por otros trabajadores de la ciudad, y de manera pacífica 24 de ellos se tomaron la planta. Desde entonces allí permanecen a la espera de solución a sus problemas laborales.

Como una forma de presión, el 21 de julio la empresa decidió no cancelarles más su salario. De ahí que estos trabajadores hayan hecho un llamado al movimiento sindical nacional e internacional en busca de ayuda y solidaridad para su causa.

Publicado 11 de septiembre de 2014.

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"Más allá de los Estados, están los seres humanos que los componen"

El juez brasileño Antonio Cançado Trindade (Belo Horizonte, 1947) lleva casi cuatro décadas dedicado al derecho internacional, una carrera que llevado a ser presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, desde 2009, magistrado de la Corte Internacional de Justicia de la ONU en La Haya. Cançado Trindade, que responde a esta entrevista por escrito, estuvo la semana pasada en Madrid para dar una conferencia magistral en el Máster de Gobernanza y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma.


Pregunta. ¿Cuál es el papel de los Estados para ayudar a que la justicia universal se amplíe lo más posible?


Respuesta. Los Estados deben asumir sus obligaciones como partes en convenciones internacionales que dispongan sobre el principio de la jurisdicción universal. Dichas convenciones, como las de Naciones Unidas, son las que proveen la base más sólida para la aplicación del principio de la jurisdicción universal en nuestros tiempos. A partir de ahí, un rol importante está reservado también a los tribunales nacionales. Una ilustración reciente se encuentra en la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 20 de julio de 2012 en el caso Bélgica versus Senegal, originado en las violaciones masivas de derechos humanos (tortura, ejecuciones sumarias y masacres) bajo la represión del régimen Habré en Chad (1982-1990). Los prolongados esfuerzos de las víctimas en búsqueda de la justicia han comprendido acciones legales ante tribunales nacionales (en Dakar, adonde escapó Habré, y Bruselas) y solicitudes de extradición. La CIJ estableció violaciones de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, y afirmó la necesidad de cumplimiento del deber de enjuiciamiento bajo aquella Convención. En mi voto razonado, resalté la necesidad de tener presentes el sufrimiento y las necesidades de las víctimas, en su búsqueda de la justicia para poner fin a la impunidad. La realización de la justicia como una forma de reparación es esencial a la rehabilitación de las víctimas. En mi percepción, sobrepasamos aquí el enfoque tradicional interestatal, al atribuir una posición central a los individuos victimados, y no a sus Estados.


P. Aparte de apoyar los tribunales internacionales, ¿deben perseguir la justicia universal los tribunales nacionales?


R. El caso citado se encuentra ahora en manos del Poder Judicial senegalés. Ya se han dado los primeros pasos hacia el juicio de Hissène Habré. En esta segunda década del siglo XXI, el principio de la jurisdicción universal parece inspirado por el ideal de una justicia universal, sin límites en el tiempo (pasado o futuro) ni en el espacio (transfronterizo). Trasciende la dimensión interestatal, al salvaguardar valores fundamentales compartidos por la comunidad internacional como un todo.


P. ¿Cómo afecta a la credibilidad de la justicia universal el hecho de que haya grandes potencias que no aceptan la jurisdicción internacional sobre sus ciudadanos?


R. La credibilidad de la justicia internacional se sostiene por la sólida fundamentación de sus sentencias y decisiones. El hecho de que haya grandes potencias que no aceptan la jurisdicción internacional en relación con sus propios ciudadanos afecta la credibilidad de dichas potencias, y no de la justicia internacional. Tales potencias, para guardar coherencia con su discurso oficial, deben garantizar a todas las personas bajo su jurisdicción el pleno acceso a la justicia, en los planos tanto nacional como internacional. Este tema figura desde 2006 en la agenda de la Asamblea General de Naciones Unidas. Durante mis años como Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1999-2004), insistí en la necesidad de que todos los miembros de la OEA aceptaran la Convención Americana como la mejor demostración de su real compromiso con los derechos humanos. Todavía resta un largo camino que recorrer.

P. Los fallos más recientes que hemos conocido de la Corte de La Haya tenían que ver con disputas fronterizas. Es difícil de entender para los ciudadanos de un país cuál es la autoridad de La Haya para establecer fronteras.


R. En los últimos cuatro años ha habido una considerable diversidad temática en los fallos de la CIJ, quizás como nunca antes. La CIJ ha sido llamada a pronunciarse sobre controversias internacionales las más diversas, inclusive fronterizas, entre varias otras. La Corte las decide de conformidad con su Estatuto (que forma un todo orgánico con la Carta de Naciones Unidas) y su Reglamento. Para una corriente de pensamiento, la función de la CIJ es estrictamente la de resolver las controversias a ella sometidas por las partes; para otra corriente de pensamiento (la cual sostengo), su función va más allá, al resolver la controversia y decir cuál es el derecho.


P. Al mismo tiempo, este tipo de casos da la sensación de que las decisiones en La Haya están muy alejadas de los ciudadanos. ¿Podría poner un ejemplo de sentencia que haya cambiado la vida de la gente en algún sitio?


R. Hay algunos casos que se han tornado paradigmáticos, que han tenido impacto sobre las condiciones de vida de la población, y que efectivamente han revelado, en un sentido pedagógico, la importancia de la CIJ. En un ejemplo muy reciente, de marzo de 2013, en el caso de la Disputa Fronteriza entre Burkina Faso y Níger, la CIJ procedió a determinar el curso de parte su frontera, en una región habitada por poblaciones nómadas y seminómadas. Las condiciones de vida de dichas poblaciones locales fueron tomadas en cuenta. En mi voto razonado, me concentré sobre todo en este "factor humano", a demostrar que, aún un tema clásico como el del territorio, es hoy abordado conjuntamente con la población. Los Estados tienen fines humanos: mas allá de la soberanía estatal, la lección básica de este caso está centrada en la solidaridad humana, al mismo nivel que la necesaria seguridad jurídica de las fronteras. Otro ejemplo es el caso del Templo de Préah Vihéar (Camboya versus Tailandia): la CIJ logró poner fin a las hostilidades armadas recientes en la frontera, al ordenar la creación de una zona desmilitarizada alrededor del Templo y en las proximidades de la frontera entre los dos países. En esa ocasión sostuve que la correcta determinación por la CIJ de la creación de dicha zona desmilitarizada, busca proteger no solamente el territorio en cuestión, sino también las poblaciones que en él viven, así como un conjunto de monumentos ahí situados, conformando, por decisión de la UNESCO, el patrimonio cultural y espiritual de la humanidad. Los conflictos armados en los alrededores del Templo han cesado. La CIJ superó la visión exclusivamente territorialista, tomando en cuenta también la población que vive en el territorio en cuestión. La CIJ dio expresión a la nueva visión del derecho internacional humanizado de nuestros tiempos. Más allá de los Estados, están los seres humanos que los componen.


P. ¿Qué le parecen los cuestionamientos recientes que se hacen por parte de algunos países latinoamericanos de la justicia interamericana?


R. La Corte Interamericana de Derechos Humanos debe seguir ocupándose de la buena fundamentación de sus sentencias y decisiones. Debe, además, reaccionar a cuestionamientos recientes de parte de algunos países, que buscan politizar el sistema regional de protección.

¿Reaccionar de qué modo? A mi juicio, exigiendo la ejecución integral (y no sólo parcial, como viene haciendo) de sus fallos. Si no, no hay acceso a la justicia en sentido amplio, el cual, desde la perspectiva de las víctimas, comprende el acceso formal, las garantías de debido proceso legal, y la ejecución plena de las sentencias. En casos de manifiesto incumplimiento de sus sentencias, la Corte Interamericana debe aplicar la sanción prevista en el artículo 65 de la Convención Americana: llevar dicho incumplimiento al conocimiento del Consejo Permanente y la Asamblea General de la OEA, tal como lo hice dos veces (en 2000 y 2003) en mi época al frente de aquel tribunal internacional. Esto es necesario, pues distintamente de la Corte Europea, la Corte Interamericana no dispone de un Comité de Ministros para ayudarla en este particular.

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Lunes, 14 Octubre 2013 10:13

Un compromiso con la vida

Un compromiso con la vida

La Asamblea legislativa de Ecuador se halla en el proceso de reformar el Código Penal, que data de 1938. Dicho código, solo contempla la despenalización del aborto en dos casos: 1. Cuando la vida de la madre corra grave peligro; y 2. Cuando el embarazo sea consecuencia de la violación de una mujer "demente o idiota" (el uso de los términos es de por sí una expresión del tratamiento denigrante asignado a la mujer).

 

El jueves 10 de octubre pasado tuvo lugar el segundo debate legislativo sobre la nueva normativa, llamada Código Orgánico Integral Penal (COIP).

 

La asambleísta de Alianza País (AP) Soledad Buendía presentó el tema diciendo:

 

"En el 2010, unas 3.684 niñas fueron víctimas de violencia sexual, una de cada cuatro en edad fértil han sido violadas. No son solo cifras, son vidas humanas... nosotras, las mujeres buscamos igualdad en esta sociedad, que seamos sujetas de derechos y solicitamos a la Comisión que en el artículo 149 se incorpore el texto: [que el aborto sea legalizado] si el embarazo es consecuencia de una violación".

 

Luego, Paola Pabón, legisladora de Alianza País, presentó la moción de extender la despenalización del aborto si el embarazo es consecuencia de una violación sexual, interrupción que podrá realizarse hasta la semana 12 de gestación".

 

La sesión contó con la presencia de activistas de las organizaciones defensoras de los derechos reproductivos y de los derechos sexuales de las mujeres en respaldo de la legalización del aborto, al menos, para todos los casos de violación.

 

Dieciocho asambleístas manifestaron su respaldo a la moción de Paola Pabón. El legislador Ramiro Aguilar precisó que se debe eliminar dicho artículo porque considera inaceptable que la víctima de una violación no pueda decidir hacerse un aborto 1. Hacia las siete de la noche, la presidenta de la Asamblea ordenó un receso para que los legisladores de AP deliberaran internamente, pero al regresar, anunció que se suspendería la sesión hasta el otro día.

 

Esa misma noche, el presidente Correa declaró al canal Oromar que si el legislativo persistía en la idea de aprobar la despenalización del aborto, renunciaría a la presidencia: "A mí me han costado mucho más trabajo las deslealtades, traiciones de los supuestos amigos, que los aciertos de los enemigos", dijo. Esta declaración, dramática en contenido y forma, tenía el objetivo de parar el debate en parlamentario, invocando el poder de mando como presidente y jefe de Alianza País. Y logró su objetivo.

 

El día siguiente, viernes 11 de octubre, al continuar el debate legislativo, Paola Pabón anunció que retiraba la moción para "evitar rupturas" en el bloque de AP. Aclaró, en respuesta a las declaraciones de Correa: "Con el inmenso cariño que te tenemos, te decimos que esta vez te estás equivocando. Pero por la unidad de esta bancada... retiro mi moción para que este bloque no tenga la posibilidad de evidenciar una ruptura". Finalmente, respondió a la acusación de "traición" proferida por Correa, diciendo: "Aquí no están los traidores, compañero presidente... Los traidores no son los que han presentado la tesis de defender la vida de las mujeres".

 

El sábado 12 de octubre en el enlace sabatino, Correa reiteró su oposición a la legalización del aborto, al que calificó como "eutanasia prenatal". Lanzó el reto de que en todo caso, se llame a una consulta popular, donde dijo que quedaría demostrado que la mayoría de la población se opone a esta práctica. Esta afirmación contradice las estadísticas esgrimidas por las organizaciones por el derecho de la mujer al aborto, quienes sostienen que el 64% de la población está a favor del aborto en caso de violación.

 

Las declaraciones presidenciales trivializan el tema del aborto, que va más allá de lealtades o traiciones partidarias. El aborto es una cuestión de derechos humanos, y la penalización diariamente pone en riesgo a diario la vida de las mujeres y niñas ecuatorianas. En Ecuador, como en la mayor parte de la región y del mundo, el aborto se realiza de forma clandestina en sitios irregulares con personal no capacitado, lo que contribuye a que se incrementen los índices de mortalidad materna.

 

Según la organización Colectiva Salud Mujeres, en Ecuador las mujeres abortan y seguirán abortando a pesar de la penalización: "125.000 mujeres abortan cada año, cada cuatro minutos aborta una mujer. La penalización solamente hace que las condiciones en que abortamos pongan en riesgo nuestra salud y nuestra vida". La organización condena "los códigos y leyes que penalizan la decisión de las mujeres y las cruces que representan esta sociedad religiosa, que con la excusa de su moral siguen oponiéndose a la despenalización del aborto y son cómplices de que miles de mujeres en el país pongan en riesgo su salud y su vida para ejercer su derecho humano a decidir. Las mujeres que deciden abortar, recurren a cualquier medio, exponiéndose a ese sistema de inseguridad que no garantiza ni su salud ni su vida; en donde las y los médicos hacen de los abortos un negocio"2.

 

Contexto regional

 

En toda la región, solamente Cuba, Puerto Rico, Guyana, la Ciudad de México (no así el resto del país) y recientemente Uruguay legalizaron el aborto. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la región, en 2008 se realizaron 4,4 millones de abortos. El 95% fue en condiciones de inseguridad. Un millón de mujeres son hospitalizadas cada año por complicaciones de un aborto. Los países más restrictivos de la región, que penalizan el aborto sin ninguna excepción, ni siquiera el riesgo de muerte para la madre son Nicaragua, El Salvador, Haití y Chile. El caso de Chile es sui generis: el aborto era legal y socialmente aceptado entre 1931 y 1989, año en que fue penalizado por la dictadura militar de Pinochet.

 

El debate sobre el aborto es crucial en esta región puesto que la violencia contra las mujeres tiene dimensiones epidémicas. Sin embargo, las perspectivas de la legalización del aborto son inciertas en la región. La asesora de la OMS, Suzanne Seruya, evalúa que hay un fortalecimiento de las posiciones conservadoras en toda América Latina a nivel institucional. Amnistía Internacional dice: " Despenalizar el aborto en la región es un compromiso con la vida. Los propios Estados de América Latina y el Caribe han reconocido recientemente que la penalización del aborto incrementa la mortalidad y morbilidad maternas y no disminuye el número de abortos. Amenazar con penas de prisión a mujeres, jóvenes y adolescentes que deciden interrumpir su embarazo no las disuade, pero si las empuja a practicarse abortos clandestinos, que en la mayoría de los casos son inseguros y por ende ponen su vida y su salud en riesgo. Desde Chile hasta México, Amnistía Internacional ha atestiguado con profunda preocupación las trágicas consecuencias a las que niñas y mujeres se enfrentan rutinariamente como consecuencia de políticas públicas que parecerían estar diseñadas para dificultar el acceso al aborto. Cuando esta situación se combina con los escandalosos niveles de violencia contra las mujeres en la región, la injustificada obstaculización del acceso al aborto causa resultados devastadores"3.

 

Por otra parte, a nivel social, las organizaciones por los derechos de las mujeres han dado grandes pasos al poner el tema sobre la mesa de debate a lo largo y ancho de la región. Un logro enorme, que solo puede dimensionarse al reconocer el aura de tabú alrededor de la palabra aborto, y que en la actualidad, se ha conseguido desdibujar el tabú y delinear el tema en torno al derecho de la mujer a decidir. La consigna "es mi cuerpo y yo decido" es la base de esa reivindicación de recuperación del cuerpo de la mujer. y de su derecho humano a decidir. Este activismo organizado, continúa su tarea educativa y de resistencia ante la indiferencia, e incluso, la hostilidad de muchos gobiernos de la región, tanto los de derecha como los supuestamente progresistas.

 

"Saquen sus rosarios de nuestros ovarios"

 

En Ecuador, las organizaciones por los derechos de la mujer se han fortalecido en el debate actual y han tenido un rol prominente en la difusión del tema. La lucha es despareja, y mientras se desarrolla, continúa el sufrimiento de niñas y mujeres, doblemente victimizadas, primero por la violación y luego por la obligación de continuar un embarazo consecuencia de la violación. Esto implica un fuerte cuestionamiento al cumplimiento de la obligación del Estado de garantizar la salud pública integral que brinde en primer lugar educación sexual, prevención del embarazo con métodos anticonceptivos eficaces, planificación familiar, y en última instancia, atención médica responsable para terminar con un embarazo no deseado. Negarle a una mujer el derecho al aborto cuando el embarazo ha sido consecuencia de una violación es escandaloso. Y hacerlo en nombre de la religión es doblemente escandaloso. Afirma Amnistía Internacional: "Quienes por convicciones morales, religiosas o filosóficas crean que interrumpir un embarazo es terminar con una vida tienen derecho a pensar y a practicar sus creencias. Sin embargo, los Estados no pueden imponer una sola idea y pensamiento a todas las personas a través de su sistema penal, y mucho menos criminalizar a quienes disienten con esa noción".

 

Resistencia y ocupación del espacio público

 

Las organizaciones por los derechos sexuales y reproductivos de la mujer lograron visibilizar sus demandas, establecieron puntos en común con numerosos legisladores, principalmente del bloque de Alianza País, lo que lógicamente alimentó expectativas de que la Asamblea legislativa sancionaría la despenalización del aborto, al menos, en casos de violación. Que esta posibilidad de avance haya sido borrada de un plumazo por las presiones políticas del presidente Correa, significa un golpe duro para las organizaciones. Ante la situación, se corre el riesgo de la desmoralización, justamente en un momento de auge en el nivel movilizador. Pero diferentes activistas expresaron la decisión de continuar, la convicción de que aun cuando la lucha legal haya sufrido un revés, consideran que su fuerza radica en la resistencia. Sandra Castañeda (Coordinadora General de la Red de Salud de las mujeres latinoamericanas y del Caribe) dice: "Lo que está pasando no es nada alentador. [...] pero hay que apelar a la realidad y a la historia. La única manera de mejorar nuestras condiciones es con la resistencia. Estamos presentes en todos los sectores. El único camino que nos queda es la resistencia. [...] Cuando no hay una herramienta legal, el estado te dice: "tienes que ser madre", y estás sola, siendo una niña o mujer tienes que asumirlo sola. En países con servicios médicos precarios, sin educación sexual, en pobreza, no solo duele porque las mujeres estén expuestas a una violación, que tengan que llevar adelante un embarazo producto de esa violación y además en condiciones de falta de salud integral. ¿Cómo pueden ser tan duros al momento de legislar, con posturas de doble moral?4".

 

También enfatizaron la importancia de ocupar el espacio público, de ganar las calles y continuar con el trabajo de difusión, de educación sexual, de prevención del embarazo. Ramón Torre Cañal (activista por los derechos sexuales y reproductivos) dice: "La realidad en Ecuador dice que una de cuatro mujeres ha sufrido una agresión sexual, por día se violan de tres a cuatro niñas menores de 14 años... las estadísticas oficiales, revelan el nivel de abuso de mujeres menores, la realidad es que a las mujeres las violan, desde el interior de sus familias, esta realidad no puede ser ocultada por ningún gobierno... Cada vez que se hable del tema, los que dicen defender la vida, están defendiendo el aborto clandestino".

 

En resistencia y ocupando el espacio público, la lucha por los derechos de la mujer continúa puertas afuera de la Asamblea legislativa de Ecuador.

 

Notas:

 

1 Borrador Segundo Debate Código Orgánico Integral Penal, Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 9 de diciembre de 2012: http://www.derechoecuador.com/Files/images/Documentos/Borrador%20Articulado%20COIP%20II%20DEBATE.pdf

2 Colectiva Salud Mujeres: http://saludmujeresecuador.blogspot.com/

3 Amnistía Internacional México: http://amnistia.org.mx/nuevo/2013/09/28/america-latina-ha-despenalizar-el-aborto-en-la-region/

4 Primer "Hangout" de las mujeres latinoamericanas y del Caribe, para tratar el tema del aborto en Ecuador: http://www.youtube.com/watch?v=l47Ij66fBBg&feature=share

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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Sábado, 12 Octubre 2013 08:43

Robin Hood tenía razón

Robin Hood tenía razón

"La desigualdad mata", afirmó el epidemiólogo británico Richard Wilkinson al constatar que en las regiones menos igualitarias los índices de mortalidad son más altos.

 

Los investigadores Frans de Waal y su colega Sarah Brosnan, al tratar con macacos, comprobaron que se enojaban al ver que un compañero recibía una recompensa mayor. Sarah le entregaba una piedrecita a uno de los dos animales y en seguida extendía la mano para que el macaco la devolviese a cambio de un trozo de pepino. Ambos macacos aceptaron el intercambio 25 veces consecutivas.

 

Sarah luego entregaba a uno de los animales un racimo de uvas, uno de los alimentos preferidos por los macacos, mientras el otro siguió recibiendo pepino. El ambiente se puso tenso. El macaco a quien se le daba pepino mostró una clara aversión por la desigualdad. Al ver a su compañero recibiendo uvas, se volvió agitado y arrojó lejos la piedra y el pepino. Un alimento que le gustaba tanto se le volvió repulsivo.

 

Los macacos no se irritaban cuando se les exhibían las uvas a todos y se les daban pepinos a cambio de piedras. La irritación aparecía cuando uno solo de ellos recibía uvas. La desigualdad era motivo de repulsa. (La prueba está descrita por Waal en "La edad de la empatía", 2010).

 

Al publicar el resultado de su investigación, Sarah y Frans recibieron duras críticas de parte de economistas, filósofos y antropólogos, estupefactos por la comparación entre animales y humanos. Para contrariedad de los críticos, la divulgación de esta investigación coincidió con la denuncia de que Richard Grasso, director de la Bolsa de Valores de Nueva York, se vio forzado a presentar su dimisión a causa de las protestas habidas debido a los casi US$ 200 millones que recibió en bonus (New Yorker, 03-10-2003).

 

En el 2008 la opinión pública de los Estados Unidos se mostró indignada cuando, en plena crisis económica, el gobierno destinó 700 millones de dólares como "socorro" para los ejecutivos que habían provocado tantas pérdidas en el sector inmobiliario. Uvas para los malandrines, pepinos para la plebe...

 

En el Brasil la opinión pública también se mostró indignada al saber que algunos senadores utilizaban tarjetas de la FAB para usos particulares, como viajes de familiares, bodas... Las anomalías, en especial las que son pagadas con dinero público, siempre suscitan malestar entre los electores.

 

Los animales pueden enseñarnos mucho. Sara Brosnan colocó dos macacos juntos, separados solamente por un peldaño. El primero tenía ante sí dos latitas, semejantes a las de refrigeración, en colores diferentes, y podían ser cambiadas por comida. Si el animal le entregaba a ella la lata A recibía comida suficiente para su propio consumo; si entregaba la lata B ganaría como para compartir también con el compañero. Los macacos daban generalmente preferencia a la lata que favorecía el compartir la refacción.

 

La democracia occidental continuará siendo una falacia mientras no se den las condiciones para que todos tengan acceso a los bienes esenciales para una vida digna y feliz. Los tres ideales de la Revolución Francesa -libertad, igualdad, fraternidad- en verdad han sido corrompidos y tergiversados.

 

La libertad pasó a ser entendida como el derecho de uno a imponerse al otro, aunque el otro se vea relegado a la miseria. La igualdad existe, como mucho, en la letra de la ley. Ricos y pobres reciben tratamientos diferenciados ante la Justicia, y hasta los recursos públicos son destinados preferentemente a los más beneficiados, como hace por ejemplo el BNDES.

 

La fraternidad sigue siendo una utopía. Supone que todos se reconozcan como hermanos y hermanas. Basta con acudir al ejemplo familiar para saber lo que eso significa. En una familia, aunque las personas sean diferentes, con talentos y aptitudes personales, todos deben tener los mismos derechos e iguales oportunidades. Nadie puede ser excluido de la escolaridad o del uso común de los bienes, de la alimentación o de cualquier tipo de cuidados. La fraternidad significa también reconocimiento, y hasta ceder en algún derecho para que el otro, más necesitado, pueda superar alguna dificultad.

 

Robin Hood tenía razón. Lo que más ansía la humanidad es el compartir los bienes de la Tierra y los frutos del trabajo humano. O sea una verdadera comunión. Mientras tanto la riqueza y el poder, que casi siempre van asociados, ciegan a quienes los poseen, y los vuelve incapaces de colocarse en el lugar del otro, de aquel que sufre o padece la exclusión social.

 

Y para que la ceguera no sea acusada de indiferencia criminal e inhumana, se inventan teorías económicas e ideologías que justifiquen y legitimen la aberración como algo natural.

 

Frei Betto es escritor, autor de "La obra del Artista. Una visión holística del Universo", entre otros libros.

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Correa presiona al legislativo para que no legalice el aborto

Ecuador no incluirá la despenalización del aborto por violación en su nuevo código penal. La asambleísta Paola Pabón, del partido en el Gobierno Alianza País, retiró este viernes la moción de legalizar el aborto en caso de violación, que había propuesto durante la sesión del jueves y que fue secundada por una veintena de legisladores del oficialismo y de la oposición. La razón de este cambio repentino a todas luces está en la advertencia que hizo el presidente Rafael Correa durante una entrevista en Oromar Tv, la noche del jueves.

 

Correa hizo pública su posición frente al aborto y anunció que jamás aprobará la despenalización del aborto. "¿Dónde se habla de despenalizar el aborto? Por el contrario, la Constitución dice defender la vida desde la concepción", dijo y añadió que "si siguen estas traiciones y deslealtades, y si mañana (este viernes) se evidencia algo, muy lamentable, que está ocurriendo en el bloque oficialista de Alianza País, yo presentaré mi renuncia al cargo".

 

Con esa sentencia, el Legislativo, controlado por el oficialismo, con 100 de los 137 legisladores, retomó el debate del código penal este viernes y la primera en hablar fue Paola Pabón. "Aquí no están los traidores compañero presidente (...) con el inmenso cariño que te tenemos, te decimos que esta vez estás equivocado, (...) pero por la unidad de la bancada retiro la moción para que este bloque no tenga la posibilidad de evidenciar una ruptura".

 

La noticia fue un duro golpe para los grupos de mujeres que abrigaban la esperanza de por lo menos conseguir que se apruebe el aborto por violación. "Estamos viviendo en un momento de violencia machista, donde una mujer que se atrevió a transgredir este sistema de violencia tuvo que retirar la moción, nosotras nos solidarizamos con Paola Pabón y a los asambleístas que defendieron con dignidad y valentía nuestros derechos. Y convocamos a las mujeres ecuatorianas a que desobedezcan porque van a seguir abortando en la clandestinidad", dijo Virgina Gómez de la Torre, representante del Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos.

 

Sarahi Maldonado, de la Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género, dice que responsabilizan al presidente por todas las muertes de mujeres por abortos inseguros y de los suicidios de mujeres violadas. "Lo de hoy es la muestra más clara de la violencia, política, institucional que no nos reconoce como sujetas de derecho y que genera una práctica política basada en el chantaje, la presión y la manipulación, todo lo contrario a lo que se puede considerar revolucionario y la esencia profunda del pensamiento de izquierda".

 

Durante más de 20 meses, estos grupos de mujeres han acompañado la formulación y discusión del texto penal en la Asamblea. Han presentado argumentos de peso como las 1.962 denuncias por violación que se presentaron en 2011, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. "Esto indica que hay un promedio diario de cinco violaciones diarias y existe el riesgo de que entre el 10 y 15% de estas mujeres puedan quedarse embarazadas", dice desde su perspectiva médica Virgina Gómez de la Torre.

 

La cifra de abortos en el Ecuador es altísima. Un total de 125.000 mujeres abortan cada año. Esto equivale a un aborto cada cuatro minutos. Las mujeres por lo general acuden a los centros obstétricos que son conocidos por facilitar un aborto. No es difícil localizarlos. El gancho suele ser la oferta de un test de embarazo gratuito. Luego se paga entre 150 y 600 dólares por un aborto.

 

De momento, el artículo 149 del nuevo código penal sanciona el aborto, excepto cuando la víctima padezca discapacidad mental, que es lo mismo que decía el código antiguo aunque este usaba el calificativo de mujeres "idiotas o dementes". Este cambio semántico es la única diferencia entre el nuevo código y el texto que se formuló hace 70 años.

 

Para las activistas el nuevo código penal sigue penalizando a las mujeres, incluso porque todavía se debate un artículo que pone en riesgo del aborto terapéutico que ya era una conquista de las mujeres. Hay un artículo que habla de inhabilitar por seis meses los médicos que atiendan un aborto.

 

La discusión del texto penal, que tiene más de 1.000 artículos, podría alargarse hasta la próxima semana. Los puntos más polémicos, además del aborto, son la criminalización de la negligencia médica y la inclusión del feminicidio.

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Crece el consenso internacional sobre la propuesta de Brasil de regular Internet

 

La propuesta sobre la creación de un marco global para la regularización de Internet, presentado en la ONU esta semana por la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, en nombre de su gobierno, ha sido acogida favorablemente por una serie de países que se unen a la bandera levantada por Brasil. La idea nació tras haberse descubierto que la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de Estados Unidos había espiado a empresas brasileñas como Petrobras y hasta la correspondencia personal de Rousseff lo que llevó a la mandataria a renunciar a su viaje de Estado a Washington al no haber recibido del presidente Barack Obama las excusas y explicaciones exigidas.

 

Rousseff no descartó que la ausencia de las grandes petroleras mundiales, como las americanas y británicas a la subasta del campo Libra del presal, haya podido estar relacionada con dicho espionaje. "Nosotros no estamos pidiendo a la ONU que controle Internet", dice Rousseff, porque según ella, su gobierno "no concuerda con esos tipos de control". Lo que Brasil ha pedido, por boca de la mandataria, es que la ONU "preserve la seguridad de ciudadanos, empresas e instituciones, y no deje que la nueva guerra se dé dentro del ámbito cibernético". Lo que exige Brasil es un "marco civil global del gobierno de internet".

 

El encargado de recoger el consenso mundial a la propuesta brasileña ha sido el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, que ya se ha consultado con una serie de países y que, según ha afirmado, existe la convicción de que se está ante un "tema nuevo" que es necesario abordar a nivel mundial. Figueiredo, que se ha encontrado con el Secretario de Estado de EEUU, John Kerry, para examinar juntos la propuesta de Brasil, cuenta ya con el apoyo de los otros países del BRIC, como Rusia, China, India y África del Sur, así como de Alemania, Portugal, Turquía y Perú.

 

Los países del IBAS (India, Brasil y África del Sur) han divulgado un documento al respecto. A su vez, Alemania tiene también una iniciativa que Figueiredo califica de "muy interesante" sobre el derecho a la privacidad, en el Consejo de los Derechos Humanos. El ministro brasileño tiene previstos también encuentros con los gobiernos de Japón y Francia para analizar la propuesta. "Aunque con algunas variantes, la idea está siendo acogida con interés por los otros países", asegura el ministro, según el cual todos los países con los que está conversando se "muestran preocupados por las acciones de espionaje a través de Internet".

 

Según Figueiredo, la idea de crear un marco global de vigilancia de internet presentada por la mandataria brasileña Rousseff "está siendo recibida con aplauso". Han sido los representantes de varios países, los que le han confiado que cuando Rousseff abordó el tema en la ONU "reflejó el sentimiento y preocupación de muchos de nosotros". Brasil está convencido que el tema de la reglamentación de internet es un algo nuevo que se abre a las relaciones internacionales y que implicará a la ONU los próximos años. Y Brasil quiere seguir enarbolando esa bandera.

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Jueves, 19 Septiembre 2013 08:26

Los deberes de los ciudadanos

Los deberes de los ciudadanos

La defensa de los derechos de la ciudadanía nunca fue tan urgente como hoy, en un contexto en el que los derechos más básicos están siendo violados de forma brutal e hipócrita. El 'bienestar' colectivo 'concedido' a los portugueses por los aventureros del Gobierno no es más que la suma del malestar que infligen al 99% de la población. A la vista de esto, tal vez extrañe que yo me dedique a señalar los deberes de los ciudadanos. Somos parte de una cultura que privilegia derecho en detrimento de deberes, lo que parece insensato, pues es evidente la simetría entre derechos y deberes: cualquier derecho es un espejismo si no le corresponde el deber de alguien que garantice que el derecho sea ejercido. Una de las razones por las que tendemos a hablar más de derechos que de deberes es que, en las democracias, está asumido que el deber de garantizar la vigencia de los derechos pertenece al Estado y que a los ciudadanos corresponde disfrutar y defender sus derechos. Es lo que ocurre cuando el Estado deja de cumplir ese deber, como sucede ahora: corresponde a los ciudadanos el deber colectivo de defender los derechos por todos los medios pacíficos que tengan a su alcance.

 

Lejos de ser un deber abstracto, éste es un deber concreto y situacional. Su ejercicio conlleva riesgos porque, cuando el Estado se desentiende de su deber, las instituciones son víctimas de una patología insidiosa: siguen vigentes, pero dedicándose a realizar la misión contraria a aquélla para la que fueron concebidas. Es así como el Estado social se transforma en un Estado antisocial y la seguridad social, en inseguridad social. Por esta razón, el deber de los ciudadanos tiene que ser ejercido fuera de las instituciones y, cuando es ejecutado dentro de ellas, asume un carácter de contracorriente que exige coraje y determinación. Paso ahora a ejemplificar situaciones y deberes específicos de grupos de ciudadanos.

 

Los ciudadanos jueces y magistrados del Ministerio Público tienen el deber de hacer cumplir los derechos hasta el máximo de su jurisdicción. En un Estado democrático, el modo de destrucción de los derechos actualmente en curso sólo fue posible en el pasado instaurando la dictadura, por ejemplo, en el Chile de hace cuarenta años. Sólo cumpliendo el citado deber, el poder judicial no tendrá un día que pedir perdón a los portugueses por haber faltado a su deber, como sucedió recientemente con los magistrados de Chile y Argentina. Los ciudadanos militantes del Partido Socialista (PS) tienen el deber de revolverse contra un liderazgo incapaz de proyectar una visión del país y de Europa más allá del infierno neoliberal, pusilánime hasta el punto de que parece que sólo querría el poder si se lo dieran y de que no lo concibe con ningún rasgo que lo distinga del poder que está en el poder. Urge un congreso extraordinario después de las elecciones autárquicas en la que los socialistas rebeldes puedan decir al ciudadano Antonio Acosta que en política, hay crímenes que se cometen por omisión.

 

Los ciudadanos activistas de sindicatos, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil tienen el deber de unirse en protestas intensas y turbadoras para los aventureros del poder. Unirse como si la democracia –hoy agonizante- se fuese a morir mañana y, en el caso de que no se hubiesen unido, se lamentasen de que sólo hubieran tenido la voluntad de unirse después de dejar de tener poder para hacerlo. Los ciudadanos intelectuales públicos tienen el deber de defender la dignidad de todos los portugueses, también contra los intereses poderosos que quieren seducirles; y el deber de mostrar que la deuda es impagable y que la austeridad y el neoliberalismo son las manos que sacan el dinero de los bolsillos de los pobres y de las clases medias y los introducen en los bolsillos de los ricos y súper-ricos. Los ciudadanos autárquicos tienen deberes específicos que cumplir en las próximas elecciones. Los de mi ciudad, Coimbra, tienen el deber de castigar ejemplarmente al PS por su incapacidad de renovar su liderazgo y por insistir en un candidato mediocre que durante diez años entregó a la ciudad a la vorágine del sector inmobiliario y a la polución de los residuos tóxicos (co-incineración). Finalmente, los ciudadanos en su conjunto tienen el deber de salir a la calle y dar voz a sus aspiraciones de una democracia diferente para una vida decente. Y el deber de quedarse en la calle hasta que los políticos vayan a escuchar. Cuando dejemos de ir a sus elecciones y ellos sí vengan a nosotros, tal vez empiecen a pensar seriamente en representarnos.

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La Corte Suprema hace historia: dos pasos adelante y uno atrás

La Corte Suprema de Estados Unidos anunció esta semana tres fallos históricos, dictaminados por cinco votos a favor y cuatro en contra. Con el primero, se revocó una parte sustancial de la Ley de Derecho al Voto, lo cual habilita a que en estados del sur se sancionen leyes electorales retrógradas que pueden privar del derecho al voto a la creciente cantidad de votantes de color. Los otros dos fallos dejaron sin efecto la Ley federal de Defensa del Matrimonio, conocida como Ley DOMA, una parodia legal que en el derecho federal definía el matrimonio como válido únicamente entre un hombre y una mujer; y la Proposición 8 de California, que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo. Para quienes luchan por la igualdad y los derechos civiles, estos tres fallos constituyen una brutal derrota y dos contundentes victorias.

 

"Lo que hizo la Corte fue destrozar el corazón mismo de la Ley de Derecho al Voto de 1965", dice el Congresista de Georgia John Lewis sobre el fallo de la Corte Suprema en relación a la Ley de Derecho al Voto del pasado martes. "Se trata de un importante revés. Tal vez no haya personas golpeadas hoy en día. Tal vez no se les niegue el derecho a participar o a registrar su voto. Tal vez no los cacen con perros de la policía o los aplasten con caballos. Pero en los once estados de la vieja Confederación, e incluso en algunos estados que no forman parte del sur, ha habido un sistemático y deliberado intento por retrotraernos a otra época".

 

Lewis, de 73 años de edad, está al frente de la delegación del estado de Georgia en el Congreso. De joven lideró el Comité Coordinador Estudiantil No Violento (SNCC, por su sigla en inglés), y fue el orador más joven de la Marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad, liderada por Martin Luther King Jr. hace cincuenta años. Recientemente recordó un momento clave de la lucha por los derechos civiles durante un programa de "Democracy Now!":

 

"El 7 de marzo de 1965, algunos de nosotros intentamos marchar de Selma a Montgomery, Alabama, para demostrarle al país que la gente quería votar... En Selma, Alabama, en 1965, tan solo un 2,1% de la población negra en edad de votar figuraba en los registros de votación. El único lugar donde uno podía intentar registrarse era en un tribunal donde había que pasar un denominado examen de 'alfabetización'. Y, allí, le decían a la gente una y otra vez que seguramente no iban a poder aprobar el examen."

 

Lo que le sucedió a aquellos manifestantes mientras intentaban cruzar el Puente Edmund Pettus en Selma forma parte de la historia de las manifestaciones de Estados Unidos. Lewis continuó: "Llegamos a la cima del puente y vimos una multitud de policías del estado de Alabama con sus uniformes azules, pero continuamos marchando. Llegamos a acercarnos lo suficiente como para escucharlos. Entonces vimos que se ponían las mascarillas anti-gas y luego se acercaron a nosotros y nos golpearon con sus cachiporras y látigos y nos aplastaron con sus caballos. Un oficial de la policía estatal me golpeó en la cabeza con su porra y sufrí una conmoción cerebral en el puente. No sentía mis piernas. Sentí que iba a morir. Creí ver la muerte".

 

John Lewis recibió golpes en la cabeza y fue uno de los diecisiete heridos de gravedad de aquel día. Se recuperó y continuó luchando. Pocos meses después, el Presidente Lyndon Johnson promulgó la Ley de Derecho al Voto.

 

En aquel momento, Johnson expresó: "Hoy este triunfo de la libertad es tan inmenso como cualquier victoria que se haya obtenido alguna vez en cualquier campo de batalla. Esta ley abarca muchas páginas pero el espíritu de la ley es simple. Según valores claros y objetivos, donde sea que estados y condados utilicen normas, leyes o exámenes para negar el derecho al voto, los mismos serán abolidos".

 

A lo largo de su carrera, John Lewis se ha forjado una consolidada trayectoria en la lucha por los derechos civiles, no sólo en pro de los afro-estadounidenses, sino en pro de todos aquellos que son discriminados.

 

Lo cual nos lleva al segundo fallo clave emitido por la Corte Suprema esta semana. La Corte determinó la inconstitucionalidad de la Ley de Defensa del Matrimonio, que a nivel federal define el matrimonio como únicamente válido entre un hombre y una mujer. En apoyo a este fallo hubo otro, también aprobado por cinco votos contra cuatro, que fundamentalmente deja sin efecto la tristemente célebre Proposición 8 de California, que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Muy pronto, será legal que parejas homosexuales contraigan matrimonio en el estado con mayor población del país.

 

Allá por 1996, cuando se debatía la Ley DOMA, con el Presidente Bill Clinton como uno de sus principales defensores y amplio apoyo entre las filas de ambos partidos en el Congreso, John Lewis se pronunció en contra de la ley con la misma pasión que demostró en la lucha por el derecho al voto. En aquel momento, Lewis afirmó en la Cámara de Representantes: "Este proyecto de ley es una bofetada a la Declaración de Independencia. Priva a hombres y mujeres homosexuales del derecho a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. El matrimonio es un derecho humano básico. No pueden decirle a la gente que no se puede enamorar. No daré mi espalda a otro estadounidense. No voy a oprimir a mi camarada ser humano. He luchado muy duro y durante mucho tiempo contra la discriminación por raza o color como para no luchar ahora contra la discriminación por orientación sexual". Tras el fallo en relación a la inconstitucionalidad de la Ley DOMA de esta semana, Lewis reiteró que "es mejor amar que odiar".

 

Para John Lewis, en temas de derechos humanos no se pueden hacer concesiones, son indivisibles. Siguiendo su ejemplo, la gente debería canalizar la alegría que siente hoy ante las victorias del matrimonio igualitario hacia una renovada lucha por el derecho al voto, por la igualdad para todos.

 

Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

© 2013 Amy Goodman

 

Texto en inglés traducido por Fernanda Gerpe. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 750 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 400 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

 

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