Miércoles, 01 Mayo 2013 06:46

La guerra de la información

La guerra de la información

La información y la desinformación se han utilizado siempre como armas para someter voluntades y conquistar conciencias. En la lucha secular entre dominadores y dominados, explotadores y explotados, la batalla por las ideas forma parte integral de la efectuada con las armas de la violencia física. Esto es lo que se llama también "guerra de la información". En el frente material se utilizan tanques, aviones, armas químicas y nucleares, etc.. En el espiritual se aplican toda una serie de armas psicológicas, esto es, lo que se denomina violencia simbólica o psicológica. Las guerras del siglo XX constituyen ejemplos de estos tipos de violencia utilizada contra los pueblos y todo tipo de movimientos emancipadores.

 

Como se sabe, siempre ha habido rebeliones de los esclavos, siempre las habrá mientras dure la sumisión y esclavitud de los muchos desposeídos por los pocos poseedores. Las voces de éstos proclaman a los cuatro vientos que la emancipación es una utopía imposible. Las de los explotados, en cambio, afirman que la autodeterminación de sus vidas es una utopía imposibilitada, pero posible. Y esto es lo que están demostrando los movimientos emancipadores de América Latina, por donde vuelve a cabalgar de nuevo la utopía socialista.

 

La Revolución Bolivariana se ha convertido hoy en el campo de batalla de lo que los padres del socialismo llamaron la lucha de clases. Mucho se ha escrito ya sobre la violencia desatada en todos los medios contra el triunfo electoral del candidato socialista Nicolás Maduro el 14 de abril. La lucha sigue y seguirá. El comportamiento de Capriles y de quienes lo aúpan recuerda el golpe del fascismo español contra la victoria de la república de 1936 que condujo a la terrible guerra civil y a todo el dolor que todavía dura. Quienes hasta ahora han disfrutado del poder sobre las vidas de los demás no van a renunciar voluntariamente a sus privilegios. Tampoco van a ceder los explotados en su afán por mejorar sus condiciones de vida material y espiritual.

 

Por lo que se ve, los enemigos jurados de la Revolución Bolivariana, tanto los internos como los externos, utilizan los métodos y las técnicas de los fascismos europeos, reforzados ahora con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. La estrategia es la misma, mantener el dominio, impedir que el pueblo venezolano organice su convivencia para acceder a su autodeterminación material y espiritual, a su emancipación, a su libertad.

 

Ese es el objetivo. Para tal fin se requiere el empleo de la violencia. Los fascismos europeos la aplicaron en las circunstancias sobradamente conocidas. Los actos violentos realizados por sus epígonos venezolanos han vuelto a traer a la memoria aquellos comportamiento antihumanos. Aquí, en España, los tenemos aún bien presentes. Sí, los asesinatos de dirigentes y activistas chavistas, los asedios, acosos, incendios de locales, etc. se han practicado durante el día de las elecciones y después. Incluso se ha atacado y destruido centros de salud, sin excluir de estos ataques a los médicos que atienden gratuitamente la salud popular. Porque para el capitalismo, en cambio, la salud debe ser un negocio lucrativo privado que engorde los bolsillos de los pocos.

 

Mas el recurso a la violencia física está mal visto y, además, es costoso. Estéticamente es preferible mantener el dominio, y el negocio, mediante la violencia psicológica. El capitalismo necesita la dominación psicológica del individuo y la manipulación de su conciencia. Así logra que se identifique con sus valores. Mientras la gente acepte su sistema social no es menester someterla con policías, tanques ni ejércitos. La manera más efectiva de ocultar, esto es, de invisibilizar los actos de violencia psicológica y física de un sistema social que genera angustias, incertidumbre por el futuro, precariedad en el empleo, discriminación de todo tipo, etc., es crear un discurso que mantenga el miedo y haga creer a la población sometida que no hay otra alternativa que la resignación. Es decir, el discurso de la mentira y del engaño.

 

Hay que intoxicar mucho las mentes para admitir que la guerra es una acción humanitaria, que la destrucción de vidas y haciendas, el envenenamiento de tierras y aguas con uranio empobrecido y enriquecido, el empleo de napalm, agentes químicos, bombas “margarita”, llamadas así porque arrasan una milla cuadrada sin dejar siquiera hierba, y tantas otras armas de destrucción masiva aplicadas por los EE UU y la OTAN contra las poblaciones de Japón, Vietnam, Yugoslavia, Afganistán, Iraq, Libia, etc., son instrumentos de la libertad y la democracia. O para aterrorizar a la propia población con las constantes advertencias de inminentes atentados terroristas.

 

El control de la comunicación y de la información contribuye a legitimar el poder político de la clase propietaria. El orden cultural no es independiente del económico. Se envuelve en la bandera nacional, proclama su devoción a la patria. Pero su patriotismo se mide por hectáreas. Se es tanto más patriota cuantas más hectáreas de patria se posean, Por eso se desprecia a los que carecen de ellas, campesinos pobres, pueblos aborígenes, etc.

 

Ese pequeño grupo poseedor está perdiendo su poder y su dominio económico y espiritual, su oligopolio de los medios de información y comunicación. De ahí los ataques a los medios comunitarios, ampliadores de conocimiento, de visibilidad, de conciencia, de voluntad democrática, de autodeterminación. Recuérdense, por ejemplo, los bombardeos nortemericanos a las emisoras de radio y televisión yugoslavas, iraquíes, libias, etc. para impedir que sus poblaciones accedieran a otras informaciones y a otras imágenes de la guerra que no fueran las suyas. Y ahora, los ataques a los medios electrónicos, los hakeos a las instituciones, lo que empieza a denominarse guerra electrónica. Así es como practican su tan cacareada libertad de expresión.

 

Para llevar a cabo esta guerra de la información el imperialismo ha creado toda una serie de organismos dedicados a producir informaciones falsas que contribuyan a facilitarse su dominio tanto dentro como fuera del propio Estado. Ahí están, por ejemplo la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa), que abastece de noticias a los medios de difusión latinoamericanos (y españoles, como El País), la OSI (Oficina de Influencia Estratégica, por sis siglas en inglés), dependiente del Pentágono, o la USIA (Agencia de Información Estadounidense), sin mencionar las de la propia CIA. Su objetivo es construir, a nivel planetario, el soporte cultural de la globalización económica del capitalismo. Una forma más de obtener el consenso, la uniformidad en la información contra la Revolución Bolivariana. Aparte, claro está, de la coincidencia en sus intereses económicos.

 

Tenemos así un régimen totalitario de comunicación e información que aspira a su seguridad y fortalecimiento, a justificar sus fechorías en función de sus intereses de beneficio privado y no en función del bien común de los pueblos. A eso que llaman “intereses nacionales”, concepto tan semejante al Lebensraum (espacio vital) de los nazis. Las pautas de esta comunicación totalitaria las marcaron Hitler y Goebbels. No en vano los norteamericanos se llevaron a la práctica totalidad de los funcionarios de su Ministerio de Propaganda e Ilustración Popular a los Estados Unidos y los pusieron a su servicio.

 

Las técnicas de esta comunicación totalitaria son muy numerosas, entre ellas, cabe mencionar la mentira, la tergiversación, el uso perverso del lenguaje, el miedo, la sospecha, la censura, la represión académica, la simplificación, la selección, el silenciamiento, etc. Todas ellas componentes de la manipulación, esto es, la intervención consciente en los contenidos y formas de la comunicación en función de los intereses privados de sus propietarios. Aquí sólo haremos una breve referencia a la mentira, la selección y el silenciamiento. Esto es, a las más directamente relacionadas con la ampliación o reducción del conocimiento y de la ignorancia, con la ilustración y con el ocultamiento, con la visibilidad e invisibilidad del dominio. La mendacidad se ha convertido en el estilo de vida del globalizado tardocapitalismo. Con mentiras empezó la guerra hispano-estadounidense, la II Guerra Mundial, la de Vietnam, la del Golfo, la de Yugoslavia, la de Libia, etc. Su gran mentira estriba en la ocultación de que en la sociedad de libre mercado, como se define el capitalismo, existen intereses contrapuestos, antagónicos, entre ricos y pobres. Que los intereses nacionales y la seguridad de Occidente no se ven amenazados por los desarrapados campesinos de Afganistán ni los depauperados indígenas den América Latina. Sino que se trata más bien de los intereses de las grandes compañías transnacionales. Ignorar la historia del genocidio de las poblaciones indígenas, de la esclavitud de los negros por los terratenientes blancos, de la explotación de los pobres por los ricos, equivale a quedar desarmado ante las mentiras que propagan los detentadores del poder. Hay que recordar que la población de los Estados Unidos es una de las mas ignorantes del mundo, a pesar de sus excelentes universidades para ricos.

 

La información es, por su naturaleza, selectiva. De ahí que la selección sea obligada, pero no neutral. En lo que se denomina sociedad de libre mercado se selecciona, como es lógico, lo que se cree que se va a vender mejor y a más gente. Esto es, se produce información con valor de cambio y no con arreglo a valores de uso, de beneficio común. Mas, con la propiedad de los medios, la minoría propietaria tiene también el poder de definir la realidad para los muchos, de decirles lo que pasa, lo que es bueno y malo, lo que hay que hacer y no hacer, cómo hacerlo, etc. Este poder de fijar el programa social de cualquier comunidad es la clave del control social. Lord Nordcliffe, dueño de uno de los consorcios más poderosos de periódicos de principios de siglo XX lo explicaba así: "Dios enseñó a los hombres la lectura para que yo pueda decirles a quién deben amar, a quién deben odiar y lo que deben pensar."

 

El sencillo método de manipular comunicando tan sólo lo que a uno le conviene implica, claro está, el de silenciar lo que no conviene. Cuando la verdad no responde a los intereses del capital no se trata de mentir, sino de no decir la verdad. Este método es más difícil de ver para los lectores, oyentes y telespectadores. Se informa de modo selectivo, pero creíble. sobre fenómenos, detalles, sin explicar la esencia del sistema, sin contexto.

 

Esta técnica del silenciamiento, tan empleada en las dictaduras, se mantiene vigente en las llamadas democracias, aunque de vez en cuando ocurran filtraciones, generalmente interesadas, que llegan al público. Pero siempre hay temas tabú que ningún medio ni periodista aborde sin riesgo de perder su existencia. Basta con retirarle la publicidad comercial al medio y despedir al periodista.

 

Esta clase propietaria y sus corifeos quieren hacernos creer que su oposición a los gobiernos y movimientos revolucionarios se debe a que éstos no disponen de medios de oposición o no han adoptado el modo occidental (financiado) de elecciones. Cosa que ya no pueden afirmar tras el triunfo de la izquierda en Venezuela, Ecuador, Bolivia o Nicaragua. Olvidan, u ocultan, que la libertad de expresión corre pareja con la conquista de otras libertades, que es producto de la lucha de clase, la lucha por la seguridad social, el empleo, el derecho a la educación y a la asistencia sanitaria gratuita, etc.

Es fácil entender, pues, que el objetivo de la información y desinformación que se produce en torno a Venezuela oculta, invisibiliza, más que ilustra, visibiliza. Se pretende así, adormecer las conciencias, sustraerlas al pensamiento crítico. El adocenamiento es una medida de protección. Que se sepa, ningún medio de comunicación antibolivariano ha dicho hasta ahora que el malestar de millones de personas depende del escandaloso bienestar de unos cuantos multimillonarios.

 

La tarea bolivariana, en cambio, estriba en hacer conscientes a los ciudadanos de que se emancipen de los poderes dominantes en la economía y en la cultura, de que tomen conciencia de la necesidad de producir una comunicación basada esencialmente, no en el valor de cambio capitalista, sino en el valor de uso socialista, esto es, una comunicación cualitativa, que parta del receptor, de sus intereses y necesidades. En suma, aplicar criterios de rentabilidad social y no sólo criterios de rentabilidad financiera.

 

Semejante comunicación cognitiva es necesaria para el conocimiento y dominio del medio ambiente, esto es, de la sociedad en que se vive, a fin de ser dueños y no víctimas de ella. Pues, como se sabe, el conocimiento estimula la acción, el deseo de cambio a mejor, quien ha comprendido, cambia. “La ignorancia jamás ha ayudado todavía a nadie”, decía K. Marx en 1846. Convertir los medios en fabrica de pensamiento en vez de fábrica de sueños, en actividad en vez de accionismo, en creeatividad en vez de imitación.

 

¿Qué averiguamos cuando sabemos que determinadas condiciones no permiten el desarrollo del ser humano? ¿Qué tenemos con saber que la producción de noticias está enajenada, el transporte tecnocratizado, el consumo manipulado? Descubrir las relaciones de los procesos de comunicación con otros procesos económicos, de dominio, no significa, por lo pronto, más que hacer comprensibles nuevas relaciones y así sucesivamente. La sociedad que oculta el conocimiento y genera alienación es un caldo de cultivo para la violencia. Si el capitalismo es la cultura de la violencia y la muerte, el socialismo es la cultura de la paz y la vida. De ahí que una manera de combatir su violencia estribe en exponer verazmente las artimañas de dirección y perversión con que este régimen seduce al público, esto es, al pueblo. Esa es la tarea titánica que espera a los medios de comunicación comunitarios que aguarda a los revolucionarios bolivarianos. Porque “Felicidad es el conocimiento de la realidad para dominarla”, decía el biólogo Faustino Cordón.

Publicado enInternacional
Miércoles, 13 Marzo 2013 20:27

"Cien Mil Voces por el Agua"

"Cien Mil Voces por el Agua"

Tras la preocupación que ha generado la Declaratoria de Parque Natural Regional Santurbán (PNRS) organizaciones sociales, ambientales y líderes del NororienteColombiano convocan a la realización de la marcha por las Cien Mil Voces por el Agua, esta vez, la preocupación consiste en la afectación que tendrá en las fuentes hídricas y en general el páramo luego de la delimitación realizada por la Corporación Regional para la Meseta de Bucaramanga (CDMB). Los líderes consideran que esta declaratoria no prohíbe la presencia minera al tiempo que no cumplen con la legislación en la cual se excluye toda actividad minera en zona de páramo y zonas estratégicas para el abastecimiento de agua.

 

A pesar que la Constitución y la ley prohiben la mineria en Paramos, la realidad es que se mantiene la explotación... En el Paramo de Santurban, la declaratoria de Parque Natural Nacional, no significa que esa area corresponda al Paramo; y sin embargo la multinacional minera continua la extracción a traves de grandes tuneles, es una burla en las narices de las autoridades ambientales, que no se dan por enteradas... pero igual sucede con otros megaproyecto mineros y de represamiento de agua, la acción del viernes 15 de Marzo es tambien por CAJAMARCA, LA LAGUNA DE TOTA, EL PARAMO DE PISBA, LA NO AMPLIACIÓN DE LA MINERIA EN BOGOTA (RIO TUNJUELITO),  POR EL RIO RANCHERIA, Y CONTRA LAS REPRESAS EL QUIMBO E HIDROSOGAMOSO y en general por toda la Megamineria que destruye ecosistemas estrategicos.

 

FIRMEMOS YA LA ACCIÓN VIRTUAL EXIGIENDO LA PROTECCIÓN DEL AGUA:

 

https://docs.google.com/forms/d/1L5cg0nz6yNUqBTf7yYokMEqWx0faW3nHRt-aPf4XgEE/viewform

 

A MOVILIZARNOS POR EL AGUA Y POR LA VIDA...

 

¡CIEN MIL VOCES POR EL AGUA Y POR LA VIDA!

 

ESTE VIERNES 15 DE MARZO:

 

En Bucaramanga - Gran Movilización desde la Puerta del Sol, 2:00 p.m.

 

En Bogotá - Gran Concentración frente al Ministerio de Ambiente (Calle 38 con Carrera 13) de 12:00 M. a 2:00 p.m.

 

En la página del Comite por la Defensa del Páramo de Santurban pueden ubicar videos promocionales y para la firma de la carta...también otros elaborados por colectivos ambientales que estan moviendo la defensa del Patrimonio Natural...

http://www.salvemoselaguaylavida.com/

http://www.youtube.com/watch?v=6NOO7e3D-EE

http://www.youtube.com/watch?v=wr2lOEC3PY8

 


Publicado enColombia
Domingo, 24 Febrero 2013 16:51

La sed debe colmarse

La sed debe colmarse

Puede vivir alguien sin agua? Este preciado liquido brindado por la naturaleza, fundamental para vivir, para hacerlo de manera sana, fue transformado en las últimas décadas, por las argucias del capital, en una mercancía más. Así, quien no paga no accede al servicio, ahora centralizado por grandes empresas.

 

Pero una cosa es decidir que el servicio tiene que ser cancelado de manera puntual, mes tras mes, o tal vez cada dos meses, y otra que todas las familias puedan cumplir con esta exigencia, ya que la delicada situación que se vive en miles de hogares, producto de la falta de empleo o de los ingresos precarios, lo imposibilita. Pero eso no le importa al capital, su negocio es el lucro. Paga o no hay agua.

 

No son casuales, por tanto, la cantidad de hogares afectados por los cortes del servicio. En Bogotá, y de acuerdo a los datos de la Contraloría, durante el año 2006 los hogares que sufrieron tal corte llegaron a los 236.000. Es decir, por días padecieron la ausencia del vital liquido. La sed cubrió a sus familias. Para el año 2009, de acuerdo al Movimiento en defensa del agua, los desconectados bordearon los 300 mil hogares. Y en cada hogar, como fuera, ante la imposibilidad de vivir sin agua, levantaban el dinero para cancelar y exigir la reconexión al tubo. Para el caso de Medellín, solamente en el último trimestre del 2012 (octubre-diciembre), los desconectados por falta de pago sumaron 32.000 hogares, a los cuales se agregan otros 35.000 que no acceden al servicio prestado por la empresas públicas de la ciudad por haber construido sus casas en zonas de alto riesgo.

 

Recuérdese que durante estos mismos años fue cuando tomó forma la campaña por el derecho al agua, la misma que se difundió por todo el país, despertando ánimo y esperanza, logrando cumplir con la normativa de firmas y tramites que exige la ley, pese a lo cual el Congreso de la República, protegiendo intereses de los empresarios, la saboteó (ver recuadro).

 

Pero a pesar de la decisión de los congresistas, las banderas no fueron arriadas por los movimientos sociales ni por algunos partidos. Producto de ello, desde el año 2011 y específicamente en Bogotá, cuando por Acuerdo del Concejo se aprobó el derecho al mínimo vital –que cubre a los estratos 1 y 2, un 30 por ciento de los habitantes de la ciudad– el consumo del vital líquido ha caído en todos estos hogares, como signo indiscutible de que en su precaria situación económica se ajustan al consumo subsidiado. Este derecho, por ahora reducido a Medellín y Bogotá, debe cubrir todo el territorio nacional.

 

El derecho y la Corte Constitucional

 

Pero sobre esta realidad –que anima a que la lucha por el derecho al agua prosiga hasta hacerse norma para todos, los habitantes del país– la Corte Constitucional, ante el reclamo ciudadano por la vía de la tutela, emite durante los últimos años una serie de fallos que propiciaron la creación de una línea jurisprudencial alrededor del tema. Son diversos y prolíficos los pronunciamientos, que amplían el contenido y alcance del derecho, marcan pautas para la interpretación del mismo y materializan el cumplimiento de las disposiciones internacionales referidas a derechos humanos. Es por esto que hoy podemos afirmar que en Colombia:

 

  • • El acceso y suministro de agua potable, es un derecho reconocido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
  • • El mecanismo idóneo para la protección del derecho es la tutela, siempre y cuando, se trate del agua para consumo humano, es decir, para los usos personales y domésticos.
  • • Se reconoce en algunos municipios el derecho a una cantidad mínima de agua, de forma onerosa o gratuita, siempre que se reúnan determinadas circunstancias y a favor de población especialmente protegida.

 

Debe destacarse, que las sentencias emitidas por la Corte Constitucional, en su mayoría, retoman el marco normativo internacional referido al derecho humano al agua como motivación y fundamento de la decisión, particularmente referencian la Observación número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumento invocado por el Movimiento en defensa del agua para solicitar el reconocimiento expreso y la garantía de un mínimo vital gratuito sin exclusiones.

 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es el ente encargado de interpretar el contenido del Pacto, es él, quien de manera amplia y detallada ha desarrollado los elementos del derecho y las obligaciones asumidas por los Estados parte, con relación al componente de accesibilidad económica dispone:

 

Observación Número 15 (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales):

 

"27. Para garantizar que el agua sea asequible, los Estados Partes deben adoptar las medidas necesarias, entre las que podrían figurar: a) la utilización de un conjunto de técnicas y tecnologías económicas apropiadas; b) políticas adecuadas en materia de precios, como el suministro de agua a título gratuito o a bajo costo; y c) suplementos de ingresos. Todos los pagos por servicios de suministro de agua deberán basarse en el principio de la equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. La equidad exige que sobre los hogares más pobres no recaiga una carga desproporcionada de gastos de agua en comparación con los hogares más ricos." (Subrayas fuera de texto).

 

El mínimo vital

 

En nuestro país, el mínimo vital de agua para consumo humano, ha sido objeto de análisis y decisión por parte de la Corte Constitucional, hecho que sin lugar a equívocos parte del reconocimiento previo de la existencia del Derecho Humano al Agua. Sus pronunciamientos sobre la materia parten de ciertas circunstancias fácticas que se pueden enunciar de la siguiente manera:

 

  • • Que la comunidad o persona/s afectada/s, carezca completamente del suministro de agua.
  • • Que la comunidad o personas/s afectada/s por la carencia completa de agua, pertenezcan a grupos poblacionales especialmente protegidos por la Constitución.

 

Las situaciones antes descritas han motivado la declaratoria judicial de un mínimo vital de agua que debe ser garantizado por el Estado, pues de lo contrario, estaría incumpliendo con las obligaciones adquiridas con la firma del Pacto. Los compromisos suscritos por los Estados firmantes, se traducen en unos eventos, en el deber de Hacer y en otros, en el No Hacer, es decir, dependiendo de las circunstancias y particularidades de las personas afectadas tendrá la obligación de "abstenerse de privar a una persona del mínimo indispensable de agua" y en otras de "garantizar el suministro necesario de agua a quienes no disponen de medios suficientes".

 

Con relación a la obligación de No Hacer, sobresalen los pronunciamientos emitidos por la Corte Constitucional a favor de personas especialmente protegidas y afectadas por la desconexión del servicio público de acueducto a causa de la inexistencia de medios económicos para sufragarlo, la referida situación, que es de repetida ocurrencia a lo largo y ancho del país, hoy cuenta con unos parámetros definidos que deben ser observados por el prestador que invoca el deber de cumplir con la obligación –cortar el servicio–, derivada de la ley 142 de 1994 sobre servicios públicos domiciliarios. Si estos pronunciamientos no son observados, la actuación se torna contraría a los mandatos constitucionales que protegen la vida en condiciones dignas, la salud, el medio ambiente sano entre otros.

 

La Corte definió que la suspensión del servicio público de acueducto, ejecutada por un particular o por un ente público y su consecuente efecto, el no abastecimiento de agua para consumo humano y doméstico, es inconstitucional en los siguientes eventos:

 

1) Cuando efectivamente recaiga sobre un sujeto de especial protección constitucional.

2) Que dicha acción tenga como consecuencia directa, para él o ella, un desconocimiento de sus derechos constitucionales.

3) Que dicha situación sobrevenga, por el incumplimiento involuntario de las obligaciones contraídas con el prestador del servicio, debido a circunstancias incontrolables e insuperables para la persona objeto de especial protección.

 

Pero, de manera adicional, la Corte impone la carga de informar la concurrencia de estas circunstancias a los sujetos pasivos, es decir, a las personas que se ven amenazadas en su derecho al acceso y suministro de agua, con una salvedad, sí la persona se encuentra en el sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios para los programas sociales "Sisben" nivel uno, se presumirá la tercera circunstancia y por ende el prestador del servicio de agua tendrá que demostrar lo contrario para proceder al corte del servicio sin que éste se torne contrario a los mandatos constitucionales.

 

Siempre hay un pero, y en este caso hay que tenerlo claro. El tribunal constitucional no prohíbe, o mejor, no declara en forma general que la suspensión del servicio público de agua es inconstitucional, manifiesta que no en todos los casos es válida la suspensión del servicio y ordena un análisis de cada evento en particular, así:

 

T-546 de 2009

 

"4.5. Sin embargo, aunque por regla general es válido y constitucionalmente aceptable que por regla general la empresa de servicios públicos deba suspender los servicios públicos domiciliarios al consumidor incumplido, está prohibido por la Constitución formular esa posibilidad como deber categórico o definitivo, pues en un Estado Constitucional tienen que importar en el análisis de legitimidad de la suspensión, las causas del incumplimiento en el pago de los servicios públicos, los efectos que pueda ocasionar, los derechos fundamentales que pueda menoscabar o la calidad de las personas o bienes que pueda afectar".

 

Para la garante de la Constitución, lo que definitivamente resulta inconstitucional es el corte total del suministro de agua o la ausencia absoluta de suministro dirigido a personas sujetas de especial protección, dicha conclusión la ha llevado a pronunciarse sobre la garantía de cantidades mínimas de agua en forma onerosa o gratuita, proveída por diversos métodos físicos y técnicos y atendiendo a condiciones geográficas, culturales y políticas, estos últimos aspectos, permiten colegir que una cosa es el derecho y otra los medios o recursos que pueden y deben desplegarse para garantizarlo, mismos, que no se supeditan única y exclusivamente a la instalación de redes físicas de acueducto con una terminación final en las viviendas de quienes son beneficiarios.

 

El alto tribunal, en uno de sus últimos pronunciamientos radica la obligación de garantizar el derecho y su mínimo esencial, en cabeza de los municipios, reiterando la responsabilidad directa que éstos tienen en la prestación del servicio público de agua, pese a la existencia de un o unos prestadores no municipales en el territorio o a la proyección de políticas departamentales de agua que tenga por objeto cumplir con esta función, insiste, en que las medidas para garantizar el derecho, deben ser reales y cumplir con tres requisitos específicos si de políticas públicas se trata, estos son:

 

T-312 de 2012

 

"5.5.1. Primero, como se dijo, debe existir una política pública, generalmente plasmada en un plan. Es lo mínimo que debe hacer quien tiene la obligación de garantizar la prestación invocada. Se desconoce entonces la dimensión positiva de un derecho fundamental en sus implicaciones programáticas, cuando ni siquiera se cuenta con un plan que conduzca, gradual pero seria y sostenidamente a garantizarlo y protegerlo.

5.5.2. Segundo, el plan debe estar encaminado a garantizar el goce efectivo del derecho; el artículo 2° de la Constitución fija con toda claridad este derrotero. La defensa de los derechos no puede ser formal. La misión del Estado no se reduce a expedir las normas y textos legales que reconozcan, tan sólo en el papel, que se es titular de ciertos derechos. La racionalidad estatal mínima exige que dichas normas sean seguidas de acciones reales. Estos deben dirigirse a facilitar que las personas puedan disfrutar y ejercer cabalmente los derechos que les fueron reconocidos en la Constitución.

Es pues inaceptable constitucionalmente no sólo la ausencia de políticas en estas materias, sino que a pesar de existir un plan o programa, éste (i) sólo esté escrito y no haya sido iniciada su ejecución, o (ii) que así se esté implementando, sea evidentemente inane, bien sea porque no es sensible a los verdaderos problemas y necesidades de los titulares del derecho en cuestión, o porque su ejecución se ha diferido indefinidamente, o durante un período de tiempo irrazonable.

5.5.3. Tercero, el plan debe ser sensible a la participación ciudadana cuando así lo ordene la Constitución o la ley. Este mandato proviene de diversas normas constitucionales, entre las cuales se destaca nuevamente el artículo 2°, en donde se indica que es un fin esencial del Estado "(...) facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación; (...)", lo cual concuerda con la definición de la democracia colombiana como participativa (artículo 1° C.P.). (...).

 

Es pues inaceptable constitucionalmente que exista un plan que (i) no abra espacios de participación para las diferentes etapas del plan, o (ii) que sí brinde espacios, pero éstos sean inocuos y sólo prevean una participación intrascendente".

 

De los diversos pronunciamientos proferidos por la Corte Constitucional, se deriva un reconocimiento expreso del derecho y su mínimo esencial, la obligación estatal de garantizarlo en sus diferentes niveles, pero sobre todo, en el local o municipal, estableciendo un instrumento idóneo para tal fin, las políticas públicas con participación real de la ciudadanía y recreando las formas y los métodos a través de los cuales se pueden garantizar las condiciones materiales de acceso y disponibilidad, como el uso de carro tanques o la adecuación de soluciones individuales entre otras. Finalmente, es importante destacar que la protección y garantía del derecho no dependen del debate público, ni de la ejecución presupuestal, pues se trata de un derecho autónomo, humano y fundamental.

 

Bibliografía

• Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de las Naciones Unidas, Comentario General Número 15.

• Corte Constitucional, Sentencia T- 381 de 2009 M.P, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

• Corte Constitucional, Sentencia T - 546 de 2009 M.P, María Victoria Calle Correa.

• Corte Constitucional, Sentencia T- 143 de 2010 M.P, María Victoria Calle Correa.

• Corte Constitucional, Sentencia T- 471 de 2011 M.P, María Victoria Calle Correa.

• Corte Constitucional, Sentencia T- 928 de 2011 M.P, Luis Ernesto Vargas Silva.

• Corte Constitucional, Sentencia T- 312 de 2012 M.P, Luis Ernesto Vargas Silva.

* Asesora jurídica. Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila. 23 de noviembre de 2012.

 


 

Recuadro

Derecho violado y resistencia

 

A partir del año 2005, el movimiento social en defensa del agua en Colombia comenzó a denunciar las políticas privatizadoras del agua y sus impactos sobre los Derechos Humanos Colectivos y del Ambiente, de manera más concreta, las vulneraciones y violaciones al Derecho Humano Fundamental al Acceso y Suministro de Agua Potable que hace parte de la legislación interna por la ratificación de diversos tratados y convenios sobre derechos humanos, en especial el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales y su observación número 15.

 

La propuesta ciudadana fue viabilizada a través de un referendo reformatorio de la Constitución Política que buscaba consagrar expresamente el derecho al agua en los siguientes términos:

 

"El acceso al agua potable es un derecho fundamental de todas las personas. El Estado tiene la obligación de suministrar agua suficiente y de buena calidad a la población y proveerá un mínimo vital gratuito a todos los habitantes del territorio nacional".

 

Dicha propuesta fue argumentada política y jurídicamente en el derecho constitucional comparado y en las denuncias de los diferentes movimientos sociales gestados en torno a la defensa del agua a nivel mundial, se evidenciaron los avances sobre el tema en Estados como Uruguay, Bolivia, Ecuador y Sudáfrica entre otros. Con relación a éste último, el movimiento estudió el impacto que tuvo sobre la población la garantía brindada por el Estado al reconocer el acceso al agua y las posteriores demandas por la carencia real del suministro. Dicha situación contrastaba con la problemática de la desconexión en Colombia, generada por la falta de pago de los usuarios y usuarias del servicio público de acueducto o dicho en otras palabras, por la carencia de recursos económicos de la población, por tanto, se proyectó como solución la consagración no sólo del derecho al acceso, sino al suministro y la garantía de un mínimo vital gratuito sin exclusiones.

 

Las organizaciones y personas vinculadas a la propuesta de reforma constitucional insistían en la necesidad de consagrar expresamente el derecho al agua en la Carta Política definiéndolo como fundamental, a la par, se promovía la interposición de acciones de tutela como mecanismo de reivindicación, difusión y promoción del mismo, divulgando los diversos pronunciamientos previamente emitidos por la Corte Constitucional, que lo reconocían directa o indirectamente.

 

El proyecto de reforma constitucional fue negado por la voluntad política de quienes integraban la Cámara de Representantes, exceptuando al partido de la oposición. Los debates en torno a la consagración expresa del derecho humano al agua giraron en términos generales alrededor de dos criterios: uno, que consideraba la inclusión del nuevo derecho como innecesario predicando que éste, ya hacía parte del ordenamiento jurídico y, dos, que alertaba sobre la carencia de recursos económicos por parte del Estado para garantizarlo.

 

El mecanismo de participación ciudadana fue desestimado, pero las propuestas referidas al agua como derecho y su mínimo vital, tuvieron eco en otras esferas del quehacer político del país. Dos administraciones municipales, la de Medellín y el Distrito Capital de Bogotá, decidieron incluir en sus planes de desarrollo una garantía para el acceso y suministro de agua potable dirigida a los estratos más empobrecidos. De otro lado, la ciudadanía continuó tutelando su derecho a tener agua potable evidenciando –entre otros– la relación directa del suministro del líquido con el derecho a la vida digna, la salud y el medio ambiente sano.

Publicado enEdición N°188
Viernes, 15 Febrero 2013 09:02

Colombia entre violencia y derecho

Con su Sesión sobre Colombia, el TPP ha ocupado el escenario de la historia reciente del país. Gracias a los análisis de expertos y testigos internacionales, el texto presente refleja los desafíos que no sólo en Colombia sigue enfrentando: la vulneración, impunidad e impunible, de los derechos humanos, un derecho internacional que acepta su inefectividad frente a las alianzas de gobiernos nacionales, ya expresión y herramienta de las dinámicas económicas del libre comercio. El libro propone diferentes lecturas del "laboratorio Colombia" a partir de las implicaciones jurídicas sociales, políticas y económicas de la Sentencia del TPP: por un lado, las causas del escenario de violencia en el país, la responsabilidad de las instituciones estatales y, por otro, las aplicaciones de la justicia internacional, dando espacio también a una interpretación experimental de la categoría jurídica del genocidio. La reconstrucción de la Sesión es tertimonio del trabajo político, jurídico y social de movimientos, sindicatos, campesinos, afrocolombianos e indígenas que participaron en este proceso de reapropiación del Derecho como instrumento de contraste con la violencia y la impunidad, y como alfabetización a la democracia.

 

Colombia entre violencia y derecho

Implicaciones de una sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos

Antoni Pigrau Solé y Simona Fraudatario

 

Formato: 17 x 24 cm

Páginas: 254

ISBN: 978-958-8454-60-3

Edición diciembre 2012

Precio: $ 15.000

 

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