Dos cámaras de vigilancia frente a la entrada del gobierno municipal de Hong Kong (Roy Liu / Bloomberg L.P. Limited Partnership)

Facebook, Twitter o Google dejan de entregar datos de sus usuarios a la policía

 

Las grandes tecnológicas recelan de la nueva ley de seguridad nacional impuesta por Pekín en Hong Kong. Uno tras otro, gigantes como Facebook, Twitter, Google, Zoom o Telegram confirmaron que han suspendido temporalmente la entrega de datos de sus usuarios a las autoridades de la excolonia mientras analizan el alcance de la nueva normativa. La famosa aplicación de vídeos cortos TikTok fue un paso más allá, y anunció su intención de abandonar la región “en unos días”. Todas las miradas están puestas ahora sobre Apple.

El sorprendente consenso entre multinacionales rivales supone un inusual cuestionamiento público de la política china. También ilustra los dilemas a los que se enfrentan estas empresas frente a la nueva ley, que castiga con severas penas delitos como el de subversión, secesión o terrorismo y les obliga a cooperar con las autoridades locales .

El lunes por la noche, Hong Kong publicó nuevas reglas que otorgan a la policía local poderes para eliminar publicaciones en internet que contravengan la nueva ley, así como castigar a las empresas que no cumplan con sus requerimientos.

De hecho, el texto incluye explícitamente la capacidad de encarcelar a los empleados de las tecnológicas que no cumplan con las solicitudes de entrega de datos de sus usuarios o de imponerles multas de hasta 11.500 euros. Debido a que la nueva ley se aplica en todo el mundo, existe la posibilidad de que las empresas tengan que elegir entre divulgar información sobre una persona que escribe desde un tercer país o enfrentarse a una sentencia de prisión de varios meses para uno de sus empleados.

La aplicación de conversación Telegram, cuyo cuartel general está en Londres, fue la primera en comunicar sus planes de poner “en pausa” la cooperación. “Entendemos el derecho a la privacidad de nuestros usuarios de Hong Kong. En consecuencia, no tenemos intención de procesar ninguna solicitud de datos relacionada con los usuarios en Hong Kong hasta que se llegue a un consenso internacional en relación con los cambios políticos en curso en la ciudad”, anunció.

Le siguió Facebook, que detuvo las solicitudes “en espera de una evaluación adicional” sobre las implicaciones de la norma. “La libertad de expresión es un derecho fundamental y apoyamos el derecho de las personas a expresarse sin temor a su seguridad u otras repercusiones”, dijo la firma, también propietaria de WhatsApp e Instagram. En términos similares se expresaron Twitter, Google, Linkedin o Zoom, que el mes pasado fue muy criticada tras suspender varias cuentas de activistas chinos que planeaban mantener eventos en recuerdo de la masacre de Tiananmen.

Tras la puesta en pausa de la colaboración con las autoridades, lo que decidan estas compañías está llamado a trazar el rumbo del futuro de las libertades en internet en la excolonia. Hasta ahora, la red goza en esta región de una libertad y falta de censura incomparable con la de la vecina China continental, donde los servicios de Google, Facebook o Twitter –por citar solo algunos– están bloqueados. Aún así, estas mismas firmas cuentan con grandes negocios de publicidad en el gigante asiático, por lo que lo que hagan en Hong Kong podría afectar a sus intereses económicos.

La decisión de TikTok de salir en breve de Hong Kong –un mercado pequeño para su negocio– responde a su estrategia por tratar de captar a una audiencia más global. Esta aplicación pertenece a la firma china ByteDance, por lo que muchos sospechan de que opera bajo el control de las autoridades chinas. La marca siempre lo ha negado, y una salida de Hong Kong para no tener que responder a la norma dictada por Pekín reforzaría esa sensación. Sin embargo, puede que ese paso no sea suficiente, más aún después de que el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, dijera el lunes que Washington está analizando prohibir las redes sociales chinas, “especialmente TikTok”.

Mientras, la jefa del Ejecutivo hongkonés, Carrie Lam, siguió ayer con su defensa de la ley de Seguridad. Volvió a negar que erosione las libertades de la ciudad y condenó las “falacias” dichas sobre su impacto. “Con el paso del tiempo, la confianza crecerá”, añadió.

Por Ismael Arana | Hong Kong, China. Corresponsal

08/07/2020 02:37 | Actualizado a 08/07/2020 10:40

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Las niñas y los niños no deben seguir siendo un botín de guerra

El caso de la violación sexual de una menor indígena por parte de un grupo de soldados del ejército colombiano, ha desatado un hecho mediático, que de algún modo sirve para visibilizar una horrorosa práctica que lamentablemente es histórica en Colombia.

La primera reacción como seres humanos es de indignación; no hay derecho que después de firmada la paz, sigan ocurriendo actos tan atroces y viles, como la violación de los niños por parte de los actores armados, pero aun lo más grave por parte de miembros de las fuerzas del orden que constitucionalmente están para defender la honra bienes de todos los ciudadanos de este país; más aún la de los niños y niñas que gozan de especial protección tal como lo contempla nuestra carta magna “. Las reacciones de los diferentes sectores de la sociedad reflejan cuan lejos estamos de superar los escollos para que la paz sea una realidad sobre todo en los territorios rurales y apartados de nuestro país.

Algunos y más algunas se apresuraron a poner en duda lo que lo que ya era una verdad reconocida y abogaron más por la defensa de los victimarios que por la victima e incluso dejando entrever que la menor se “expuso” porque se devolvió a buscar unos soldados amigos”. Posiciones lamentablemente no extrañas y propias de esta cultura patriarcal y machista que sospecha siempre de las víctimas, más si los victimarios tienen algún tipo de poder social, económico o como en este caso estatal, agregando así un hecho más de revictimización y violencia hacia los más vulnerables.

No fue más alentadora la respuesta de la justicia, que en manos de la Fiscalía y en tiempo récord, sospechoso para el abogado de las víctimas, porque según él hay otros implicados de rango más alto, se decidió imputar un delito menos grave, pero que en la misma línea insinúa el presunto consentimiento por parte de la victima configurando así una revictimización. El presidente de la republica expresó su dolor, por ser miembros del ejercito quienes cometieron este acto y promovio el linchamiento mediático, manifestando que habría que aplicarles la recién aprobada cadena perpetua para violadores, que aún no ha sido revisada por la corte constitucional y que ya muchos proveen la declarara inconstitucional y por tanto no se puede aplicar, ¡será que el señor presidente ignora esto?. Y en cuanto a revisar los procedimientos de las fuerzas armadas en los territorios indígenas, guardo silencio.

La respuesta generalizada ha apuntado al castigo drástico e implacable para los victimarios, obviamente que lo debe haber la sanción penal correspondiente, pero lo que no puede pasar es que se cierre un oscuro capítulo más aceleradamente, individualizando lo actos de unas personas “desadaptadas” como ha sucedido en anteriores ocasiones, hasta que tengamos noticias del próximo caso de impacto mediático y así concentrarnos en los síntomas y no en las causas estructurales que subyacen a estas deleznables prácticas.

Lo primero que hay que recordar es que este hecho está lejos de ser un caso aislado y se circunscribe en el contexto del conflicto endémico, que aunque se firmó un acuerdo de paz, aún no superamos plenamente y al contrario ha venido alentándose nuevamente desde diferentes sectores políticos, sociales e institucionales y desde el partido de gobierno que prometió hacer trizas el acuerdo y en el discurso inaugural solicitó el inmediato cambio de la cúpula militar que se había comprometido con el proceso; así como de nuevas y antiguas estructuras violentas y criminales de todo tipo que han venido copando territorios que antes de la firma del acuerdo controlaban las guerrillas de las Farc. Hoy estamos viendo con asombro y desesperanza los resultados de estas nuevas políticas.

Oxfan ONG Holandesa, en una investigación cuyo informe   denominó “Que dejen de cazar a los niñas y los niños” saquen mi cuerpo de la guerra”(2) reveló que entre los años 2008 y 2012 fueron víctimas de violencia sexual 48, 950 niñas y niños. Cada día según el informe fueron abusados 27 niñas y niños con una tasa más alta de niñas, por parte de los diferentes actores armados en el contexto del conflicto colombiano.

Estos ataques no son furtivos, en que un individuo solitario asalta a una menor y la viola, aquí se configura todo un componente más complejo y perverso que indica una lógica de guerra, en que el botín son los niños y niñas, usados para satisfacer a los vencedores. Las niñas vienen siendo secuestradas por varios días y sometidas a toda clase de vejámenes, hasta que se cansan sus victimarios o ellas logran huir, como ha ocurrido últimamente. Se llevan a cabo en zonas aún de conflicto, en las que sus poblaciones han sufrido históricamente los rigores del abandono del estado y por lo tanto son vulnerables. Ante la imposibilidad de defenderse o denunciar los casos, terminan por naturalizar estas violencias como parte de un sino trágico de la vida de los niños y las niñas. Se establece una relación de poder frente a las víctimas y a la población, en este caso por parte de personal que representa una parte de la institucionalidad, uniformados y armados por supuesto. Son prácticas que han venido siendo sistemáticas a lo largo del conflicto originadas en la degradación de la guerra prolongada y que continúan perpetuándose en lo que se ha llamado el pos-conflicto.

Si bien posterior a la firma de los acuerdos los casos se han venido reduciendo, todavía continúan siendo un grave problema que debería movilizarnos como sociedad. Por supuesto que no todos los abusos sexuales de los niños y las niñas responden a las lógicas del conflicto; pero debe ser un deber del estado velar porque en lo que concierne a sus agentes se apliquen los protocolos existentes para la prevención de este delito al interior de las fuerzas armadas. Este es lo mínimo que debe hacerse y que debemos vehementemente exigir para ir reduciendo hasta eliminar por completo delitos tan atroces como los que estamos conociendo. Esto pasa también por desactivar los discursos patriarcales, guerreristas y violentos que hacen parte del lenguaje cotidiano. Por ejemplo afirmaciones como “son las niñas las que buscan los soldados” o esto es un acto de una manada de desadaptados, hijos de familias desestructuradas”, o son actos de “manzanas podridas” es seguir ignorando, minimizando y desconociendo las causas estructurales que han rodeado estos hechos lo que suponen una forma más de violencia.

Revisión de la doctrina militar en torno al respeto de los derechos humanos de la población civil y en la percepción de que la población es cómplice o aliada de los grupos al margen de la ley y por lo tanto asumidos como enemigos.

Implica igualmente demandar que se cumplan los acuerdos de paz firmados en la Habana, que constituyen una carta de navegación que ataca los factores incursos del abandono histórico de estas comunidades. Que se  avance en el dialogo que está pendiente con otros grupos armados y que exista una decisión política y militar en el combate de las bandas criminales.

Que el estado haga presencia en las antiguas zonas de conflicto que dejaron las Farc, con educación, salud, saneamiento básico y desarrollo de procesos productivos integrales, como alternativa a los cultivos ilícitas que son factor de violencia.

La violencia sexual en los niños y niñas es un acto profundamente doloroso que deja huellas emocionales a corto y largo plazo que han sido ampliamente detalladas por los especialistas en el corto plazo: estrés postraumático, temor, ansiedad, trastornos del sueño, odio por su propio cuerpo, culpa, pobre autoestima, comportamientos autodestructivos y autoagresivos y conductas suicidas entre otros. A largo plazo: dificultades en las relaciones afectivas y sexuales, desconfianza hacia los hombres en el caso de las mujeres, pesadillas, escenas intrusivas, culpa, vergüenza, depresión crónica, consumo de sustancias psicoactivas, e intentos de suicidio. Por tanto requiere atención y acompañamiento especializado, con los que no cuentan generalmente las víctimas que a más de soportar el sufrimiento derivado del crimen, tienen que soportar la desidia de los entes encargados de la protección. La erradicación de estas formas de violencia requiere de acciones integrales y no de reducirlos meramente a respuestas facilistas, punitivas, populistas, que apuntan más a aliviar consciencias y pasar rápidamente la página.

Por Fabio Curtidor Argüello, profesor investigador Universidad Monserrate, Bogotá.

Docente Secretaría de Educación del Distrito, Bogotá.

Exdirector Aldea Bogotá; Aldeas Infantiles SOS Colombia.

(2) Hurtado, I. (2014). ¡Que dejen de cazar a las niñas y los niños! Informe sobre violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado en Colombia. Bogotá: Alen. Recuperado de: https://www.coljuristas.org/centro_de_documentacion/documento.php?id_doc=393

 

 

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Lunes, 29 Junio 2020 06:22

El capitalismo de la vigilancia/III

El capitalismo de la vigilancia/III

Difuminada en la coyuntura por el apocalipsis mediático desatado por las élites plutocráticas y los poderes fácticos de Estados Unidos a raíz de la irrupción del Covid-19, la guerra comercial y financiera entre los gobiernos de Donald Trump y Xi Jinping profundizará en la pospandemia la carrera por la hegemonía, en momentos en que, parafraseando a Clausewitz, la tecnología es la continuación de la política por otros medios.

En 2016, un informe de Barack Obama sobre el futuro de la inteligencia artificial (IA) reconocía que su sucesor gobernaría un país "que está siendo transformado por la IA". Aunque Trump abandonó parcialmente esa visión, Estados Unidos sigue siendo líder en IA gracias a las compañías líderes de la digitalización conocidas mediante el acrónimo Gafa (Google, Apple, Facebook, Amazon), pero el punto de quiebre se está volviendo el control de acceso a datos, ya que las principales plataformas someten a sus usuarios a procesos de supervisión no estandarizados y desfasados con la velocidad de la IA.

Los ingenieros de la IA necesitan datos (materia prima) para crear sus algoritmos y/o perfeccionarlos. Y si bien EU es el país que ha recolectado más datos, a partir del 13 Plan Quinquenal de Informatización Nacional (2016-20) de Xi Jinping, China ha aumentado de manera exponencial sus capacidades a través del Internet de las cosas, el aprendizaje automático y del número de usuarios de sus empresas innovadoras apoyadas por las nuevas tecnologías ( startups).

El gobierno chino ha hecho fuertes inversiones en investigación y desarrollo, subsidia la industria de los chips de procesamiento y tiene una regulación más laxa en tecnologías de automatización y recolección masiva de datos. Así surgieron conglomerados privados de Internet comercial como Baidu, Alibaba y Tencent (conocidos bajo el acrónimo Bat), que de cara a la carrera por la IA han alcanzado tecnológicamente a las corporaciones estadunidenses del sector.

Y al igual que ocurrió en sus orígenes con las Gafa del Silicon Valley, pioneras del capitalismo digital gracias a los programas de inversión militar keynesianos, que después del 11 de septiembre de 2001 −en conexión con el Estado de seguridad nacional de la administración Bush hijo− desarrollaron el enorme aparato de vigilancia y control estatal revelado en 2013 por el ex contratista de la CIA y la NSA Edward Snowden, el apoyo del gobierno chino ha sido clave en el desarrollo de Baidu como la plataforma base de IA para vehículos autónomos, Alibaba para ciudades inteligentes y Tencent para cuidados de la salud.

Alibaba, considerada "el Amazon chino", desarrolló un sistema de puntajes de crédito social privado, que se propone recopilar y almacenar todos los rastros que los usuarios dejan en Internet y regular el comportamiento de cada persona sobre acceso al crédito, a la educación formal y al mercado de trabajo, incluido el uso de líneas aéreas comerciales y trenes de alta velocidad. La empresa implementó el proyecto City Brain (cerebro de la ciudad) para conectar a través de un software mapas, cámaras de vigilancia, sensores, datos del gobierno e información compartida en redes sociales, que procesan algoritmos de IA en superordenadores que sirven de alimento para la planeación urbana y la gestión de tráfico en ciudades como Hangzhou y Macau.

La cooperación de Baidu con las autoridades chinas también gira en torno del control de datos y la ciberseguridad. La corporación ha equipado puntos neurálgicos del espacio público con cámaras que cuentan con un sofisticado software de reconocimiento facial que también puede identificar personas encapuchadas por su forma de caminar. Tencent, la tercera integrante del Bat también explota patentes de reconocimiento facial y videovigilancia. Ergo, el capitalismo de la vigilancia.

En la pospandemia del Covid-19, la guerra fría política, comercial y tecnológica entre EU y China se "calentará". Después de que Trump lanzó su estrategia de decoupling (desconexión) para contener el crecimiento económico de China, Xi llamó a poner énfasis en el desarrollo del mercado interno, y no en las exportaciones. Aunque en el plano exterior, a través de Alibaba, el soft power chino aumentará su infraestructura ferrocarrilera, portuaria y digital (fibra óptica, antenas de telecomunicaciones, 5G) en su área de influencia: Vietnam, Tailandia y Singapur, y eventualmente Bangladesh y Pakistán. Aun en África.

Es en ese contexto que hay que ubicar los discursos de Xi del pasado 26 de mayo ante la Comisión Militar Central (la versión china del Pentágono) y de Trump en la academia militar de West Point, el 13 de junio. Xi ordenó a las fuerzas armadas "pensar en el peor de los escenarios" para salvaguardar "la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo". Trump insinuó cambios doctrinarios para un conflicto con China en pos de mantener la hegemonía global.

La hegemonía de EU se basa en el dominio de las rutas marítimas y su superioridad tecnológica. Según fuentes del Pentágono citadas por el periódico inglés The Times, con base en unos juegos de guerra simulados, en 2030 EU perdería una guerra naval con China en el Pacífico. El análisis concluye que todas las bases de EU en la región del Comando Indo-Pacífico serían "abrumadas" por los misiles balísticos de alcance medio chinos, incluida la isla de Guam, principal base de los bombarderos estratégicos B-2. La disputa geopolítica está en pleno desarrollo.

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Domingo, 28 Junio 2020 07:17

A vueltas con las revueltas

Las personas que frecuentaban el Stonewall Inn, mayoritariamente mujeres transexuales y travestis, se enfrentaron a la policía tras una redada en 1969.

Hoy, 28 de junio, todo el planeta conmemora los sucesos ocurridos en el neoyorquino Stonewall Inn en 1969 como ese momento inicial en que todo dio comienzo. ¿Es acertado considerar que fue aquel día cuando nació nuestro movimiento?

 

Algunas historias de nuestra Historia, además de haber sido deliberadamente invisibilizadas, están marcadas por la persecución. Así, la trayectoria vital de esas personas que hoy llamamos lesbianas, gais, bisexuales y trans ha estado marcada durante siglos por una constante amenaza que, con apariencia religiosa, legal o médica, o con un extraño disfraz de todas ellas, ha convertido en inhabitables cientos de miles de vidas.

Pero llegó un día en que empezó a producirse un cambio, un día en que algunas personas comenzaron a defenderse de ese continuo hostigamiento. Y en esa fecha nació todo un movimiento, una reivindicación que a lo largo de los años ha conseguido transformar un mundo hostil en otro que parece que empieza a dejar de serlo. Hoy, 28 de junio, prácticamente todo el planeta conmemora los sucesos ocurridos en el neoyorquino Stonewall Inn en 1969 como ese momento inicial en que todo dio comienzo, pero ¿es acertado considerar que fue aquel día cuando nació nuestro movimiento? Amicus Plato, sed magis amica veritas, y creo que es hora ya de desmontar algunos mitos para seguir acercándonos a la verdad.

Del mismo modo que estudiamos Historia centrándonos —quizá demasiado— en algunas grandes batallas, construimos nuestra memoria activista poniendo el foco en una gran revuelta. Pero sucesos como aquel de Stonewall los hubo antes en Estados Unidos. En agosto de 1966, en San Francisco, tuvo lugar uno similar en la cafetería Compton’s, de igual manera que ocurrió en Los Ángeles, en la Black Cat Tavern, durante la Nochevieja de 1967. Son dos los elementos comunes a estos tres hitos históricos: redada y revuelta; y es necesario preguntarse qué hace especial aquella de Stonewall sobre la que pesa hoy una leyenda tan elaborada, y tan repetida, tanto que es difícil bucear en ella intentando precisar cuál es su mérito y cuál es la verdad en torno a lo que ocurrió en aquellos disturbios.

Se sabe, aunque se ignora, que las célebres Sylvia Rivera y Marsha P. Johnson no fueron las iniciadoras de la respuesta a la redada policial. Ellas mismas lo confesaron: Sylvia explicando que se sumó a las acciones de otras personas y Marsha reconociendo que llegó tarde aquella noche a la calle Christopher. Es imposible saber quién arrojó la primera piedra, y quizá no sea necesario saber más que conocer el hecho de que todo nació a partir del grito de Stormé DeLarverie, la mujer lesbiana que consideró injusta su detención y preguntó a la gente que observaba: “¿Es que no pensáis hacer nada?”. Por su parte, el mérito activista de Sylvia y Marsha, que lo tienen y mucho, debe encontrarse en la fundación de STAR (Street Transvestite Action Revolutionaries), que en los años siguientes sirvió de ayuda a muchas personas que vivían en una situación crítica. Y, de igual manera, el mérito de Stonewall ha de hallarse en el año siguiente, 1970, cuanto tuvo lugar la primera manifestación que recordaba esos disturbios, la primera manifestación de lo que hoy llamamos nuestro Orgullo.

El resto forma parte del mito fundacional de nuestro movimiento que, como buen mito, no es más que una explicación marcadamente fantástica de la realidad. Y la realidad es que, antes de todas aquellas revueltas, existía ya un movimiento reivindicativo centenario que precisamente gracias a los disturbios del Stonewall comprendió al fin la necesidad de actualizar su discurso, de adaptarse a una nueva época, de adecuar su visión del mundo a los ojos con los que había aprendido a mirar una nueva generación de activistas jóvenes.

Como bien indica mi querido Ignacio Elpidio, la persona que más y mejor ha investigado en castellano las manifestaciones del Orgullo, la importancia de un suceso histórico no es nunca el suceso en sí mismo, sino su trascendencia. El movimiento LGTB, de este modo, no nace —renace, más bien— con Stonewall, sino con esa primera convocatoria de 1970.

Pero ese es el caso concreto de los Estados Unidos, que no por mucha globalización debe considerarse el único suceso que podemos tener en cuenta. ¿Qué sucedió en el territorio español? ¿Sobre qué acontecimiento trascendente es posible fundar la historia de nuestro propio movimiento? Suele aceptarse que en nuestro estado este activismo que reivindica la liberación sexual comienza con la respuesta al debate sobre la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social que en 1970 organizaron dos activistas, Armand de Fluvià y Francesc Francino.

Ante la pretensión del Gobierno de la dictadura de aprobar un texto legal que, entre otras cuestiones, perseguía con mayor dureza la homosexualidad, nace gracias a la iniciativa de esos dos primeros héroes una campaña que solicita ayuda internacional a través de cartas condenatorias que acabarían llegando a las Cortes franquistas. El éxito del proyecto se limitó a una pequeña modificación en la propuesta de ley, que pasó de condenar la homosexualidad en sí misma a perseguir los actos, en plural, de homosexualidad; pero sirvió como impulso para la creación poco después del MELH, el Movimiento Español de Liberación Homosexual, que en 1972 comienza incluso a publicar una revista, AGHOIS, difundida en la clandestinidad durante los últimos años de la dictadura. Fue aquella, por lo tanto, una campaña trascendente, que provocó la aparición de una organización activista. Puede servirnos como verdadero punto de inicio, y así ha venido siendo considerada durante años.

Con todo, en los últimos años, gracias a la investigación y a algunas iniciativas particulares, se han venido descubriendo nuevos hitos históricos que se empiezan a reivindicar. Quizá el más conocido hoy, gracias a la reciente campaña de Correos, sea el Pasaje Begoña, la cada vez más conocida callejuela de Torremolinos en la que en su día existieron varios locales de ambiente y donde, el 24 de junio de 1971, se produjo una redada que acabó con 114 personas arrestadas. La asociación que trabaja para recuperar la memoria del lugar ha conseguido ya el reconocimiento de aquel espacio histórico en diferentes ámbitos. Tanto el hermanamiento con el Stonewall Inn como sendas proposiciones no de ley defendidas en el Congreso de los Diputados y el Parlamento de Andalucía, que instaban a Gobierno estatal y autonómico a impulsar la protección del lugar, han servido para que el Pasaje Begoña comience a ser reconocido como “lugar de memoria histórica” y “cuna de los derechos LGTBI” en el Estado español.

Grandilocuencia aparte, y dejando clara la importancia de reconstruir la memoria colectiva que nos ha sido negada durante tanto tiempo, parece evidente, parafraseando el refrán, que una redada no hace verano. Como dijimos antes, para considerar un suceso como punto de partida del nacimiento o renacimiento de un movimiento social es imprescindible que resulte verdaderamente trascendente, que dé pie a una respuesta social, mejor cuanto más organizada esté y más se mantenga en el tiempo. El caso del Pasaje Begoña carece de esas características y, además, es posible encontrar otras muchas actuaciones policiales contra locales de ambiente que tuvieron lugar años antes.

Si para designar un suceso histórico como “cuna de los derechos LGTBI” fuera necesaria sencillamente una redada, podríamos recordar las muchas que tuvieron lugar durante los años de la dictadura en ciudades como Madrid o Barcelona. E, incluso, sería posible remontarnos mucho más atrás en el tiempo. Existen varios testimonios de las últimas décadas del siglo XIX en los que encontramos ejemplos interesantísimos de fiestas que fueron interrumpidas por agentes externos, para sorpresa colectiva.

Así, en 1884 Teodoro Yáñez, en sus Elementos de medicina legal, nos refiere —con la terminología propia de la época— un escándalo acaecido años antes cuando nos habla de una reunión que realmente “era un club de pederastas; entraban aquellos individuos, se desnudaban, poniéndose otras ropas parecidas a las de las mujeres, y se dedicaban a su ejercicio”; y donde se realizaba incluso una suerte de rito iniciático con los neófitos: “Después de acreditar que no habían conocido varón con dos testigos, se les ponía una túnica blanca y una corona de azahar, y se les paseaba por el recinto, haciendo luego uno de ellos la primera introducción”.

De igual manera nos dice Rodríguez Solís, en su Historia de la prostitución, que en el Martes de Carnaval de 1879 fueron sorprendidos “más de cien sodomitas con elegantes trajes y ricas joyas” en el salón de baile El Ramillete de la madrileña calle de la Alameda. Aquella “grey de Urania”, como nos designaron entonces los autores de La mala vida en Madrid, convocaba “las fiestas en que se celebraban los bautizos de un homosexual; los bailes escandalosísimos; las fiestas sardanapálicas” de las que nos habla Max Bembo en La mala vida en Barcelona a través de sociedades secretas. Una de ellas fue retratada en la novela La Condesita, de Francisco de Sales Mayo, publicada en 1870: la Sociedad de San Guiñolé, con diferentes festejos convocados, una red de ayuda mutua y no pocos ‘guiños’ entre personas del mismo sexo.

Pero es posible, incluso, retrotraernos aún más en el tiempo. Rictor Norton ha estudiado las Molly houses británicas del siglo XVIII, que debieron tener como correspondientes en nuestro país muchas ‘casas de placer’ que quedan por investigar. Además, y antes aún, tras el asesinato del Conde de Villamediana el 21 de agosto de 1622, sabemos que al realizar el registro de su palacio fue descubierta toda una red de contactos entre sodomitas.

Con cada nueva investigación, con cada nueva lectura, será factible seguir viajando hacia atrás en el tiempo en busca de un pequeño espacio donde personas que deseaban a otras de su mismo sexo, o que deseaban vestirse, adornarse y nombrarse cuestionando los roles de género de la época podían encontrar un mínimo reducto de libertad frente a la persecución legal, médica y religiosa.

La clave para encontrar un punto de inicio a nuestra reivindicación debe ir, como decimos, más allá de la simple redada. Es necesario buscar la reacción, el levantamiento, aunque sutil, frente al acoso constante de quienes defienden una forma de sexualidad exclusivamente normativa. El primer caso del que tenemos constancia en nuestro país y que podría valorarse de este modo se produjo en la Barcelona de los años treinta, tal y como nos cuenta Jean Genet en su Diario del ladrón.

Una importante revuelta anarquista tuvo como consecuencia la destrucción de un urinario, una “vespasiana”, se llamaba entonces, que frecuentaban quienes buscaban contacto con personas de su mismo sexo. Dice Genet que “al constatar su muerte definitiva, las Carolinas, con chales, mantillas, trajes de seda y chaquetillas ajustadas acudieron a ella en solemne delegación para depositar un ramo de flores rojas anudado con un crespón de gasa”. Hoy suele considerarse esa curiosa procesión de las Carolinas, seres inclasificables según nuestra taxonomía actual basada en las siglas LGTB, la primera manifestación de algo similar a nuestro Orgullo. Fue una respuesta, sí, pero realmente no se respondió a la injusticia de una sociedad que nos perseguía, sino como forma de conmemoración de un espacio de libertad desaparecido que, además, no tuvo trascendencia más allá de aquel suceso concreto. 

Como decíamos más arriba, una redada no hace un movimiento. Ni siquiera lo hace una revuelta. Los movimientos sociales se fundamentan en un trabajo continuado a través del tiempo, realizado de una forma mínimamente organizada. Pueden tener, o pueden inventar incluso, un nacimiento mítico, una épica que ennoblezca aún más su ya noble trabajo. Pero, más allá de la poesía, la Historia debe ocuparse de la verdad. De esta suerte, el movimiento LGTB actual puede nacer, en Estados Unidos, en aquella primera manifestación de 1970 y la “cuna de los derechos LGTBI” en nuestro país es sin duda alguna aquel Movimiento Español de Liberación Homosexual cuya primera acción cumple ahora cincuenta años. Y, con todo, no hemos de olvidarnos de que, cuando se trata de una reivindicación, no importa tanto el punto de partida como la meta final, el objetivo que perseguimos y los caminos que recorreremos hasta alcanzarlo. Mientras tanto podemos y debemos seguir investigando y reconstruyendo nuestra memoria, que es tan nuestra como ha de serlo de todo el mundo, pero sin olvidarnos nunca de que nuestra historia no se limita a un solo pasaje.

Por Ramón Martínez

@ramonmartz

28 jun 2020 05:54

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El paciente del millón de dólares o cómo pagar la factura más alta por un tratamiento de covid-19

Un ciudadano de Seattle, Michael Flor, de 70 años, recibe una factura récord de más de 1,1 millones de dólares por su tratamiento de covid-19 tras pasar 62 días ingresado. Más de 250.000 norteamericanos han sido hospitalizados por el virus y se enfrentarán a facturas que podrán dejarlos en la ruina aunque tengan un seguro médico.

 

El 4 de marzo, en Seattle, Michael Flor, de 70 años, salió pronto del trabajo y se fue a casa. Tenía una tos fea. Él no le dio importancia, pero su mujer le insistió para ir a urgencias; sólo cinco días antes Seattle había registrado el primer muerto del país por covid-19. En el hospital dio positivo e ingresó en UCI. Permaneció ingresado 62 días, casi la mitad de ellos enchufado a un respirador. El 5 de mayo salió entre aplausos, aún en silla de ruedas y con una camiseta de Supermán. Pero vivo. Así que a primeros de junio llegó a su casa la factura de la atención médica recibida. "La abrí y me dije. ¡Host** p**a!", cuenta Flor al Seattle Times. La factura era un documento de 181 páginas en la que se detallaban casi 3.000 conceptos con sus cantidades correspondientes. La suma total hacía, exactamente, 1.122.501,04 dólares; es decir, 992.744 euros.

Esta vez, la suerte ha estado de su lado y Flor se va a librar de pagar nada, o eso le ha asegurado su compañía médica. Pero según un estudio de la Universidad Johns Hopkins, ése no va a ser el caso de muchos de las hasta ahora más de 250.000 personas que han sido hospitalizadas en Estados Unidos por covid-19. "La Ley HEROES que propuso la Cámara de los Diputados [en mayo] habría exigido que todos los seguros médicos que un trabajador tiene a través de su empleador cumplieran con la exención de gastos deductibles anuales y copagos tanto en las pruebas como en el tratamiento de la covid-19, sin embargo, el Senado [de mayoría republicana] se opone a ello", explica a la web Medical Press Cheryl Fish-Parcham, directora de acceso a la salud de Families USA, una organización de consumidores de la salud.

Flor se va a librar de pagar nada o casi nada porque, al tener más de 65 años, su seguro de salud le viene a través de los fondos de Medicare, un programa público. Así que la compañía de salud de Flor le ha asegurado que, al estar bajo Medicare, para él no habrá deducibles ni copagos esta vez. El problema para los más de 250.000 personas que han pasado por un hospital en Estados Unidos es que sus facturas dependerán de si están acogidos a un programa de salud público como Medicare (para mayores de 65 años) o si la empresa para la que trabajan y a través de la cual tienen su seguro médico ha llegado a ese acuerdo con la compañía de salud privada.

Según el estudio de la Johns Hopkins, el 60% de las personas aseguradas en Estados Unidos tiene un seguro que proviene de un acuerdo entre su empresa y una compañía médica privada. Dichos seguros no están obligados por ley a retirar deducibles ni copagos. Depende de la voluntad de la empresa en cada caso. Flor tuvo la suerte de que su seguro estaba cubierto por los fondos públicos de Medicare, que sí tenía esa condición acordada. "Pero si uno trabaja para una compañía de cierto tamaño y ésta es la que le provee a uno el seguro médico, tus copagos y gastos deducibles dependerán de tu empleador", asegura Matthew Eisenberg, uno de los autores del estudio de la Johns Hopkins.

El gasto sanitario anual que, como promedio, uno ha de asumir en Estados Unidos en su seguro médico asciende a 1.655 dólares, según un estudio de la Fundación de la Familia Kaiser, que alerta de que hace una década esta cantidad era de 826 dólares. Si uno tiene ese deducible anual y un copago del 20%, quiere decir que los primeros 1.655 dólares de las facturas médicas las asume uno en su totalidad y, a partir de esa cantidad, el seguro le cubre el 80% de las facturas y el resto va a cuenta del asegurado. Bajo esas condiciones, una factura como la que recibió Flor implicaría pagar más de 200.000 dólares.

El problema de esto es doble. Por un lado, la covid-19 ha desatado una crisis económica devastadora en Estados Unidos y ha dejado por el momento más de 45 millones de parados, de los que 27 millones habrían perdido su seguro médico (que tenían a través de su empleador); por otra parte, en cuanto a las personas que no han perdido su empleo y siguen trabajando, las empresas para las que trabajan, en medio de esta crisis galopante, podrían ser reacias a acordar el levantamiento de los copagos y gastos deducibles con las compañías médicas que cubren a sus empleados. En el caso de los autónomos, la situación es casi peor: depende de la voluntad de las aseguradoras médicas (o de posibles acuerdos que alcancen con el gobierno federal o los gobiernos estatales) para reducir o levantar del todo esos copagos.

Eisenberg alerta en su estudio de que esta situación es especialmente preocupante en los jóvenes. A menudo, éstos, al estar sanos, contratan seguros médicos con un deducible anual muy alto, lo que abarata mucho el coste del seguro. De este modo, si tienen cualquier percance menor pero improbable, se arriesgan a asumir ellos el coste en su totalidad de una factura menor, pero sí que estarían cubiertos para episodios más graves o urgentes de salud, como una apendicitis o romperse un hueso en un accidente, que suelen acarrear facturas más altas, de decenas de miles de dólares.

Sin embargo, la covid-19 ha está rompiendo los moldes de lo que es una factura elevada. Según la Fundación de la Familia Kaiser, sólo estar cuatro días en la UCI enchufado a un ventilador cuesta una media de 88.000 dólares. Los altos deducibles y los copagos "pueden fácilmente arruinar a una familia", alerta a la web Medical Press el director en la Fundación del Programa sobre Mercados Sanitarios, Matthew Rae, que concluye: "Y una de las cosas que sabemos sobre las deudas médicas es que una cantidad relativamente pequeña puede meter a la gente en una espiral hacia abajo".

Por este motivo, ya el pasado 1 de mayo 32 diputados demócratas introdujeron en el Congreso una propuesta de ley para que todas las facturas de las pruebas y los tratamientos de la covid-19, incluyendo la de personas en situación irregular, se paguen con fondos públicos mientras dure la pandemia. La norma aún espera a ser debatida y votada en las dos cámaras del Congreso, si bien tiene su mayor escollo en el Senado, de mayoría republicana y la que deberá darle, si procede, su aprobación final.

La norma, denominada Ley Plan de Crisis Medicare, fue promovida por los congresistas Pramila Jayapal y Joe Kennedy y secundada por otros 30, todos demócratas, entre ellos, Alejandra Ocasio-Cortez, Adriano Espaillat o Tulsi Gabbard, excandidata demócrata a liderar el partido en las últimas primarias. Senadores como Bernie Sanders le han dado su apoyo público.

Sin embargo, uno los mayores fiascos que ha sufrido la propuesta llegó el pasado 15 de mayo, cuando la Cámara de los Diputados votó a favor del nuevo paquete de ayudas por la covid-19, dotado con 3 billones de dólares. Dicho paquete contó con el voto en contra de más de una docena de demócratas progresistas, entre ellos, la propia Jayapal, puesto que no incluyó, a pesar de la enorme dotación económica propuesta, la cobertura sanitaria médica universal y gratuita por covid-19.

Jayapal denunció en un comunicado que el paquete de ayudas propuesto por la Cámara de los Diputados "no garantiza una atención sanitaria asequible y accesible para toda la población. Más de 27 millones de personas han perdido su seguro médico porque perdieron su trabajo", recordó, "y se suman a los 87 millones de personas que ya estaban sin seguro o con seguro insuficiente. Ahora, más que nunca, la gente necesita saber que su acceso a la atención médica está garantizado". De momento, casos como el de Flor siguen siendo la excepción de confirma la regla.

 

24/06/2020 09:04

Manuel Ruiz Rico

@ManuelRuizRico

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La paradójica contradicción del covid-19 en las cárceles de Colombia

De penal en penal, el virus de moda sume en pavor a los doblemente confinados en Colombia. Su ritmo es infernal, aunque contradictorio: del penal de Villavicencio, donde la multiplicación de infectados cubrió a más de 800 de las personas allí encerradas, con un muerto, al de Cali, donde suman 601 de quienes allí purgan en antihumano hacinamiento el castigo judicial –como es la norma en todos los penales del país–, pasando por la de Cartagena donde el reporte es de 562 afectados, o la de Tumaco con 81, para seguir por otras 14 centros de encierro donde en menor número otros cientos de condenados o sindicados ven como, además del encierro tienen que afrontar el riesgo de muerte como efecto del fatal covid-19.

Es una evolución de contagios contradictoria toda vez que sin atención médica ni oportuna ni adecuada, sin alimentación bien balanceada, sin la tranquilidad requerida por todo tratamiento médico, en pocas semanas cientos de los contagiados han dejado de estarlo, de tal manera que en Villaviencio, por ejemplo, ahora solo reportan 31 infectados. Según el secretario de gobierno de Cartagena, David Múnera –aludiendo al contagio que sufren las mujeres presas en el penal de mujeres de aquella ciudad, así como no menos de 8 trabajadoras del personal de custodia y administrativo: “todas son asintomáticas”. ¿Será la constante por todas las masmorras del país?

 

Cuadro contagiados por covid-19 en cárceles de Colombia

 

Situación contradictoria y paradógica ya que durante todos estos meses de confinamiento las autoridades responsables de salud en el país y el mundo, así como las cabezas de gobierno nacional y municipales no dejan de enfatizar en el riesgo fatal por este contagio, llamando a conservar la distancia entre personas, así como otra serie de precauciones, pero resulta que ahora, precisamente en cárceles que relucen por hacinamiento superior al 50 e incluso al 100 por ciento, el virus resulta ser algo inofensivo, como dice un cuestionado jefe de Estado: “una gripecita”.

Algo no encaja en todo esto: o el virus no es tan letal como nos han dicho, o la situación que padecen los internos e internas es más grave de lo que ahora resulta ser. ¿Quién miente? ¿Quién manipula?

Un reporte sobre el covid-19 en las cárclees claramente paradógica y que tiende sospecha sobre las autoridades responsables de los penales, más aún cuando el decreto 546 que pretendía deshacinar las cárceles, como lo reconoció Margarita Cabello, ministra de Justicia, no cumplió con su cometido –deshacinar–. Entonces, con las cárceles igual de copadas, con presos conviviendo cuerpo a cuerpo, con toses por pasillos y calabozos, sin aireación adecuada, sin acceso a agua de manera constante para el aseo requerido, sin secciones de salud bien construidas, sin personal médico adecuado en cantidad y calidad, sin respiradores, sin nada de ello, ¿cómo es que el virus no causa estragos en la humanidad de quienes padecen el castigo del encierro?

¿Quién aclara esta paradógica contradicción?

 

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Foto: Un hombre protesta por los planes israelíes de anexar franjas de tierra de Cisjordania que dejarían a los palestinos en las zonas afectadas sin ciudadanía. Imágenes de Shadi Jarar’ah APA

Es -en las famosas palabras de posiblemente el mejor entrenador de fútbol de todos los tiempos- «el momento culminante» para el mundo sobre la situación de Palestina.

En julio el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu, prometió comenzar a aprovechar lo que describió descaradamente como una «oportunidad histórica»: la anexión formal por parte de Israel de grandes extensiones de la Cisjordania ocupada.

El ejército israelí está comenzando sus preparativos mientras los colonos israelíes están enojados porque la anexión propuesta no llegará lo suficientemente lejos.

Ante una intención tan obvia, varios países, políticos y actores internacionales elevaron sus protestas. Gran Bretaña «no apoyará» la anexión y Francia, Bélgica, Luxemburgo e Irlanda han propuesto medidas económicas punitivas en respuesta.

Joe Biden, el presunto candidato presidencial demócrata de Estados Unidos, quiere presionar a Israel para que no tome ninguna medida «que haga imposible una solución de dos estados».

Jordania ha protestado fuertemente y los países del Golfo también han dado la voz de alarma. La anexión sería un «serio revés para el proceso de paz», según el ministro de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargash.

Arabia Saudita ha hecho protestas similares.

Nickolay Mladenov, Coordinador Especial para el Proceso de Paz de Oriente Medio nombrado por la ONU, ha instado a Israel a «abandonar las amenazas de anexión», lo que, advirtió, si se llevara a cabo, sería una violación «muy grave» del derecho internacional.

Todo enunciados

Con China «profundamente preocupada«, Rusia se opone enérgicamente e incluso el Vaticano advierte contra la anexión, parece haber un bloque sólido de oposición global a los planes de Israel.

¿Entonces? Nada de eso está disuadiendo a Israel, ya que comienzan a surgir planes cada vez más detallados de la anexión.

El Gobierno israelí ha sido bastante sincero con respecto a que los palestinos que viven en las áreas que anexará -cree que es el 30 por ciento de lo que queda de Cisjordania (fuera de Jerusalén Oriental), que incluye grandes bloques de colonias y el Valle del Jordán- no recibirán la ciudadanía y seguirán soportando derechos y estatus civiles de segunda o tercera clase.

Israel también se mantendrá alejado de las ciudades y otros centros importantes de población palestina, dejando algunos de ellos completamente rodeados de lo que se convertiría en territorio soberano israelí.

Israel confía y es abierto sobre sus planes porque goza del apoyo de Washington. Los funcionarios israelíes han dejado claro que la anexión seguirá el esquema del llamado plan de paz de Trump, llamado así por el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, ideado por su yerno Jared Kushner y en realidad escrito, según algunos derechistas israelíes por Netanyahu.

A Israel solo le importa la opinión de Estados Unidos. Y si la opinión de los Estados Unidos cambia, como sugieren algunos informes, entonces eso podría retrasar la anexión.

Pero la anexión no es una invención repentina de Trump o Netanyahu. Ha sido la intención de Israel desde que ocupó Cisjordania en 1967, y posiblemente antes, y la Administración de Trump simplemente está proporcionando un camino claro, a diferencia de las administraciones estadounidenses anteriores que sostenían la anexión progresiva.

Fin de un paradigma

El proceso de paz patrocinado por Estados Unidos que siguió a la firma de los acuerdos de Oslo en 1993 siempre fue realmente un debate entre los partidarios de Israel y los líderes estadounidenses e israelíes. La cuestión en debate era de cuánta tierra se apropiaría Israel y en qué circunstancias.

Los funcionarios de la Autoridad Palestina continúan manteniendo la esperanza, al menos en público, de que la ayuda está disponible en otros lugares. El jefe de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ha exigido una y otra vez un proceso de paz liderado internacionalmente para reemplazar el dominado por Estados Unidos.

Pero los países europeos no intervendrán. Francia y otros pueden hablar de medidas punitivas, pero para que la UE actúe colectivamente los 27 países miembros deben estar a bordo. Los aliados de Israel como Hungría y la República Checa podrían bloquear incluso las discusiones preparatorias sobre sanciones y, por lo tanto, evitar a los aliados más grandes como Alemania, que públicamente afirman apoyar el derecho internacional, cualquier malestar por tener que proteger las violaciones de Israel.

El Reino Unido, que regaló Palestina, puede decir que considera una anexión adicional una violación del derecho internacional, pero tampoco va a tomar ninguna medida. A Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, se le han ofrecido varias oportunidades para exponer cómo defenderá el Reino Unido el derecho internacional, pero se ha negado a ofrecer algún detalle.

Rusia y China están ocupadas con sus propias esferas de influencia y los países árabes, desde Jordania hasta el Golfo, dependen demasiado del apoyo militar de los EE.UU. como para salirse demasiado de la línea.

Todos estos países tienen las nalgas apretadas, ya que el final del paradigma de Oslo pone de relieve su impotencia sobre Israel.

Los palestinos tienen que valerse por sí mismos. Los funcionarios palestinos saben dónde sopla el viento, pero en privado expresan su temor de que abandonar la AP, como lo exigiría el fin del paradigma de Oslo, socavaría la posibilidad de un liderazgo palestino unificado.

Sin una AP, el argumento es que Israel es libre de dividir a los palestinos al empoderar a los hombres fuertes locales en lugares separados para mantener el orden a cambio de intereses personales estrechos y la capacidad de repartir favores por lealtad, básicamente asumiendo el papel que la AP, a regañadientes o de otra manera, ha jugado hasta ahora.

Pero ese es el futuro que los palestinos deben enfrentar, divididos como ya están. Dichas tácticas municipales, además, en última instancia no son sostenibles para Israel, que, para garantizar una «victoria» absoluta, tendrá que participar en otra ronda de limpieza étnica masiva que supere la de 1947-49.

Israel puede o no tener esa apetencia. Para los palestinos cualquier liderazgo, existente o emergente, que quiera unificar e inspirar a su gente debe comenzar por reconocer que las viejas formas no sirvieron.

Una lucha vieja y nueva lucha enfrenta a los palestinos, una que comienza con mantener a las personas en su tierra y que debe terminar con una lucha por la libertad y la afirmación de los derechos nacionales en una Palestina completa.

Omar Karmi es excorresponsal de Jerusalén y Washington, DC, para el periódico The National.

Por Omar Karmi | 22/06/2020

Traducido del inglés para Rebelión por J. M.

Fuente: https://electronicintifada.net/content/world-abandons-palestinians-eve-annexation/30381

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Otra vez asesinan a un líder social cada día

El confinamiento decretado para combatir el Covid-19, se ha convertido en una trampa aprovechada por los narco paramilitares para amenazar y asesinar líderes sociales, ex combatientes y sus familiares; exterminio en que el Gobierno es responsable por acción y omisión.

En medio de la pandemia se recrudece el asesinato de los líderes sociales y los ex combatientes, en la primera quincena de junio han asesinado un líder cada 24 horas; resulta paradójico que en las regiones donde existe una alta militarización es donde hay más asesinatos, lo que devela el contubernio de las Fuerzas Armadas (FFAA) con los paramilitares, con el fin de despojar territorios para entregárselo a las transnacionales.  

 

La Doctrina Militar afecta el orden constitucional

 

El 4 de junio 28 Eurodiputados dirigieron una carta al Presidente Duque, manifestando su preocupación por las políticas de defensa y la doctrina militar, porque acciones como los seguimientos ilegales “afectan gravemente el orden constitucional y democrático en el país y más en un contexto de altísima militarización de los territorios y en medio de una pandemia mundial” [1].

Los Eurodiputados afirman que la respuesta del Estado para la protección de líderes es insuficiente, además consideran que la Ministra del Interior al equiparar el asesinato de líderes con los robos de celulares, pone en duda la intención del Gobierno de prevenir este flagelo. 

En la carta dirigida a Duque instan al Gobierno acumplir el Acuerdo de Paz y resaltan que este es la prioridad en la relación con Colombia, además lesinquieta que los Fondos destinados para la Paz sean utilizados con otros fines. De igual forma recalcanen el desmantelamiento de los paramilitares como garantía para la protección de las comunidades

 

Ahora matan a los familiares de ex combatientes

 

La Red de Organizaciones Sociales y Campesinas del Norte y Bajo Cauca, denunció la masacre ocurrida en la vereda Quebrada del Medio en Ituango, Antioquia, donde fueron asesinados Camilo Sucerquia de 15 años, Carlos Barrera de 17 años, ambos familiares de una ex combatiente y William Pérez conductor del bus [2].

Las organizaciones manifestaron que desde febrero vienen advirtiendo al Gobierno sobre los continuos desplazamientos forzados, las amenazas y los asesinatos perpetrados por sicarios paramilitares del Clan del Golfo en alianza con los militares en el Sur de Córdoba, Occidente del Nudo de Paramillo, los territorios del Cañón Inglés y el Cañón de la Quebrada del Medio, en cercanía al espacio de reincorporación ETCR Román Ruiz.

 

Regresan los Falsos Positivos Judiciales

 

El 11 de junio la Asociación de Juntas del Sarare (AJS) reveló nuevos Falsos Positivos Judiciales contra Ramón Contreras presidente de la AJS, Libardo Parra Pérez Presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) Vereda La China, Alirio y Jorge Vera Mogollón líderes comunales de Cedeño, Johanny Vega Gualdrón en Samoré, Miguel Eduardo Jaime Valero de la vereda La Pista; capturados en zona rural de Toledo, Norte de Santander [3]. 

La Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro (Asonalca), denunció Falsos Positivos Judiciales contra sus dirigentes en la región Centro Oriente; fueron capturados en Norte de Santander: Carlos Alberto Mogollón, Humberto Villamizar Calderón, Primitiva Becerra y Helena Villamizar Vera [4]. 

Las denuncias de Falsos Positivos Judiciales realizadas recientemente por ASONALCA y AJS forman parte del plan de criminalización al movimiento social que dio captura a Hermes Burgos y José Murillo Tobo en 2018 y 2019.

 

Perseguidos sin fin

 

Leyner Palacios integrante de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico, denunció que luego de presentar el documental ‘Bojayá Bajo Fuego’, él y su familia han sido objeto de constantes amenazas. 

Lidia Bueno Gañán, lideresa indígena y Presidenta departamental del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) seccional Quindío, recibió amenazas de muerte después de declarar en un medio de prensa regional, “que se debería tener en cuenta los líderes del Quindío para la terna que reemplazará provisionalmente al Alcalde de Manizales” José Manuel Ríos Morales suspendido por corrupción.

Édison León Pérez, Presidente de la Junta de Acción Comunal de San Juan Bosco en San Miguel, Putumayo; había denunciado varias amenazas de muerte y fue asesinado el 8 de junio en San Juan Bosco, zona controlada por paramilitares y de alta presencia Brigada XXVII.

Pierangelly Huguett Henríquez de 46 años abogada que defendía reclamantes de tierras; fue asesinada el 9 de junio en Ciénaga, Magdalena.

Edwin Tuirán, ex combatiente, fue asesinado el 8 de junio por narco paramilitares del Clan del Golfo en el corregimineto de Bijao en Juan José, Córdoba.

BaironEliécerGómez hijo de una ex combatiente, asesinado el 12 de junio en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Mesetas, Meta.  

Alberto Elías Mora Uribe, líder campesino de la vereda Buenavista de Ituango, fue secuestrado, torturado y asesinado el 11 de junio, según denuncia la Red de Organizaciones Sociales y Campesinas del Norte de Antioquia. 

Leider Bernabé Campo Tamayo de 20 años, comunero del Resguardo Agua Negra de Morales, Cauca, fue secuestrado el 11 de junio del Puesto de Control de la Guardia Indígena en El Mesón, y luego apareció asesinado en el Playón del vecino Resguardo La Fortaleza. 

Jesús Antonio Rivera de 32 años, comunero indígena del Resguardo Huellas de Caloto, Cauca, fue asesinado el 13 de junio. La Guardia Indígena capturó a 7 sujetos armados responsables del crimen. 

Por Himelda Ascanio | 18/06/2020

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[1] Carta de 28 Eurodiputados al Presidente Iván Duque. Parlamento Europeo, 4-06-2020. 

[2] Denuncian masacre de 3 personas en Ituango. El Colombiano, 7-06-2020.

[3] Nueva captura de líderes comunitarios y sociales. Trochando Sin Fronteras, 11-06-2020.

[4] Judicializan y estigmatizan a líderes sociales. Asonalca, 12-06-2020.

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La pobreza pone más difícil envejecer disfrutando de la vida

Un estudio dirigido por la University College de Londres muestra que la edad tiene efectos más negativos en las personas con orígenes socioeconómicos bajos. No solo sufren más enfermedades graves, también tienen situaciones físicas, emocionales y sociales más desfavorables.

Eva Rodríguez (SINC)

Muchos estudios han demostrado que un estatus socioeconómico bajo aumenta el riesgo de muerte prematura y problemas de salud graves. Sin embargo, no estaba claro si la pobreza está asociada además con otros factores del envejecimiento que no se vinculan directamente con las enfermedades.

Un equipo del University College de Londres (Reino Unido) ha examinado la relación entre la riqueza y la tasa de disminución de las funciones físicas, sensoriales, fisiológicas, cognitivas, emocionales y sociales en mayores de 52 años.

"Sabemos que las personas con menor estatus socioeconómico tienen un mayor riesgo de enfermedad en la vejez, pero lo que este estudio indica es que también corren el riesgo de ver alteradas otras funciones propias de la edad, no solo asociadas a la salud", explica a SINC Andrew Steptoe, investigador del departamento de Salud y Epidemiología de la University College de Londres, que lidera el estudio.

El trabajo, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), utilizó una muestra de 5.018 participantes con una edad promedio de 64 años procedentes del denominado Estudio Longitudinal Inglés del Envejecimiento (ELSA, por sus siglas en inglés). Los evaluaron en 2004 y ocho años más tarde, en 2012.

Los efectos observados son amplios. Van desde diferencias en la capacidad física, como pueden ser la fuerza y la actividad física, o con la memoria, vista y capacidad pulmonar, así como el bienestar emocional y social.

Por ejemplo, encontraron que las personas con una mala situación socioeconómica son menos proclives a participar en actividades culturales o de voluntariado; y sufren más problemas de la vista y síntomas depresivos.

Deterioro general en todos los aspectos

Este deterioro más rápido se produjo en todas las áreas medidas sin excepción, con patrones que no podían atribuirse a diferencias en el estado de salud.

"Hicimos el estudio en Inglaterra, por lo que no sabemos si estas mismas diferencias están presentes en otros países. Sin embargo, muchos países europeos muestran desigualdades socioeconómicas en estas funciones, como es el caso de España", añade Steptoe.

"Lo que estos resultados sugieren es que incluso cuando tenemos en cuenta las tasas de enfermedades, hay diferencias fundamentales en el envejecimiento en múltiples indicadores. Esto no se resuelve proporcionando atención médica para todos, sino que dependen de otros aspectos de la vida de las personas a lo largo de su curso", enfatiza el investigador.

Según los autores, los hallazgos implican que las circunstancias sociales pueden tener efectos generalizados en los procesos básicos de envejecimiento.

"Necesitamos entender el papel de las múltiples fuentes de estrés que afectan a las personas de manera desigual y las limitaciones que presentan los más vulnerables para mantener el bienestar", concluye.

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Las muertes de líderes sociales en Colombia durante el confinamiento

1.- La Paz y su Incertidumbre

El 26 de septiembre de 2016 se firmó oficialmente el Acuerdo de Paz entre una de las guerrillas más antiguas de América Latina, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el gobierno de Juan Manuel Santos en representación del Estado Colombiano. No alcanzó el raitng de un partido de la selección de futbol, pero en los televisores, mucha gente siguió el evento entusiasmada, nostálgica. La ciudad de Cartagena de Indias fue sede de este primer momento para la Paz. Alrededor de cuatro años de intensas negociaciones en Oslo y La Habana culminaron en un hecho histórico que generó reacciones encontradas en el país del vallenato, la cumbia y la chirimía.

Recuerdo que el 2 de octubre de 2016, fecha del plebiscito nacional para consultar si el pueblo colombiano respaldaba la Paz, yo me encontraba en un Consejo Comunitario (jurisdicción Afrodescendiente en Colombia) del departamento del Cesar en la Costa caribeña. En ese momento visitaba a la familia de Campeón, apodo cariñoso con el que se le conocía a Nestor Martínez en su pueblo, quien varias veces me ofreció amablemente su casa; así pude conocer de cerca la realidad que viven los líderes sociales en la Costa. Ademas me compartió sus ideas profundas en torno a la lucha política, es decir, los sueños por defender su tierra, mientras escuchábamos la música de Diomedes Díaz, compartíamos el tinto mañanero o la viuda de pescado bocachico.

Su muerte no figura en el numeral de los muertos durante esta Paz enlutada, porque fue asesinado el 11 de septiembre de 2016, aunque sí forma parte de esa lista de líderes asesinados que, como una elipse infinita, pareciera no tener inicio ni fin en este país. Él era afrodescendiente y vocero de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar (CISBCSC).

A pesar del dolor por su muerte y el coraje por el nivel de impunidad e injusticia, o tal vez precisamente por ello, ese día, la familia de Campeón salió a votar por el Sí a la Paz. Así pasó prácticamente en todos los sectores rurales que vivieron y aún viven la guerra en sus territorios, en sus cuerpos. Sin embargo, al final de la jornada de este segundo momento, un contundente abstencionismo, y el triunfo del No, principalmente en las ciudades, se tradujeron en uno de los primeros golpes políticos al Acuerdo de Paz. La campaña mediática aplicada por los detractores del proceso de paz sustentada en mentiras y encabezada por el senador Álvaro Uribe Vélez del Centro Democrático (CD), días previos al ejercicio, cosechó sus primeros frutos.

2.- Los asesinatos en medio de la Paz

En esta esquina del planeta, Macondo, donde ahora vivo, hermoso rincón de mangos, yuca, malanga y platanares, Corazón del Mundo según los Arhuacos, Koguis, Wiwas y Kankuamos que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, las comunidades campesinas, pescadoras, afrodescendientes e indígenas, con su sabiduría y picardía ancestral, bromean, “maman gallo” como dicen acá, en referencia al partido político del actual presidente de Colombia: “ No joda, el CD es el partido de las tres mentiras porque ni es partido, tampoco es de centro y mucho menos es democrático; es la voz autoritaria de Uribe…”

Con el triunfo en 2018 de Iván Duque, fiel representante del uribismo y con la abierta decisión de “hacer trizas el Acuerdo de Paz”1, rápidamente se encendieron las alarmas en el seno del movimiento social en todo el país. La memoria viva de las décadas recientes, esa memoria de quienes han nacido, crecido y sobrevivido a la guerra en todo Colombia, no estaba equivocada en leer el destino próximo que se avecinaba; cual campesinos en víspera de siembra que avizoran en las cabañuelas del cielo, se pronosticó una sequía prolongada para el cultivo de la Paz.

El proyecto PACIFISTA!, medio de información alternativo enfocado en contenidos sobre los derechos humanos y la construcción de paz en Colombia, ha hecho esa tediosa,valiosa y nada sencilla tarea de dar seguimiento al asesinato de líderes sociales y excombatientes de las FARC-EP que se acogieron a los Acuerdos; lo viene haciendo juiciosamente desde el 1 de diciembre de 2016 fecha en que entró en vigor el tercer momento importante de los mismos, su implementación, es decir, dar paso a su materialización, hacer que la palabra firmada se hiciera realidad para todo el pueblo colombiano. Así, PACIFISTA! afirma que, paradójicamente, al día de hoy, suman 293 los colombianos y colombianas que en el contexto de la implementación de los Acuerdos de Paz, han perdido la vida en este nueva era que prometía garantizar la vida y la felicidad.2

3.- La otra pandemia en Colombia

El 25 de marzo del presente año, marcó el inicio del confinamiento obligatorio en Colombia y sus efectos represivos ya han sido denunciados por víctimas de atropellos por parte de las fuerzas del Estado en plena cuarentena. Dos ejemplos bastan para evidenciar que las salidas autoritarias para enfrentar la pandemia resultan mal para los mismos de siempre, sobre todo en lugares del mundo donde la violencia estatal ha sido documentada. El caso del operativo de desalojo en Altos de la Estancia en Ciudad Bolívar en la capital de país3, cinturón de miseria de la Nevera, como se le conoce popularmente a Bogotá, es sólo una muestra de las dramáticas historias de familias de escasos recursos que en plena contingencia sanitaria son desalojadas de sus viviendas; hechos que se replican en otros lugares de la capital. Y el caso denunciado de racismo registrado en el municipio de Puerto Tejada cerca de la ciudad de Cali, donde Anderson Arboleda, afrodescendiente de 24 años de edad, falleció el 22 de mayo luego de una brutal golpiza, a manos de la policía, por incumplir el confinamiento4.

La pandemia por el Coronavirus y la serie de decretos oficiales de cuarentena obligatoria emitidos por el gobierno de Colombia no han sido obstáculo para que los agravios en contra de la vida de mujeres y hombres que representan liderazgos sociales a lo largo y ancho de Colombia continúen perpetrándose. Por el contrario, las denuncias de amenazas y hechos de sangre demuestran que, dentro de este confinamiento obligatorio, las y los líderes sociales así como [email protected] defensor@s de derechos humanos se encuentran hoy más vulnerables a las agresiones en sus territorios por parte de nuevas formas de paramilitarismo – estructuras que siempre son negadas por el gobierno de Duque. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), durante el confinamiento obligatorio, han sido asesinados y asesinadas: 49 líderes sociales y [email protected] de derechos humanos, 5 familiares de líderes sociales y [email protected] de derechos humanos; y 6 excombatientes de las FARC-EP.5

Desde antes de la coyuntura en torno al Covid 19, el gobierno colombiano venía negando la sistematicidad de los asesinatos en mención, declarando que no existe un patrón a seguir que pueda dar cuenta de un exterminio de líderes sociales en curso, la Ministra del Interior, Alicia Arango, interpelada por esta situación, se atrevió a señalar que en Colombia morían más gentes por robo de celular que defensores de derechos humanos.6

No obstante, un informe publicado en octubre de 2018 en Bogotá por el CINEP y el IEPRI de la Universidad Nacional de Colombia, entre otros organismos de derechos humanos7, concluye que “las víctimas presentan unas características comunes determinadas por sus cualidades y sus luchas” (CINEP, et. al., 2018:210) además de que “en general, las víctimas de violaciones al derecho a la vida llevaban a cabo ejercicios de poder contra-hegemónico en el ámbito local que afectan intereses de grupos ilegales, pero también de grupos económicos, empresas o personas que son consideradas por el Estado y la sociedad como inscritos en la legalidad.”(Ídem:211)

4.- Edwin Acosta, asesinado durante el confinamiento obligatorio por defender la Vida y el Territorio

El pasado 26 de mayo, Edwin Emiro Acosta Ochoa, líder social y agrominero del Sur del Departamento de Bolívar, fue asesinado en su domicilio frente a su familia cuando cumplía la cuarentena en el municipio de Tiquisio. A su hogar, en el corregimiento de Mina Seca, tres paramilitares llegaron preguntando por él y abrieron fuego sobre el miembro de la Asociación Agrominera de Tiquisio y accionista de la Sociedad de Economía Mixta Ambiental Agropecuaria y Minera (SEMAAM). Al igual que Campeón, Edwin Acosta pensaba colectivamente y era parte de un proceso organizativo en territorio, de esos donde se enfrenta concretamente el modelo minero energético hegemónico, tal como lo señala el informe del CINEP antes citado; su Asociación y SEMAAM también forman parte de la CISBCSC. Cuál Crónica de una muerte anunciada, la SEMAAN venía denunciando, mucho antes del suceso, la presencia de grupos paramilitares en su territorio amedrentando y reclutando jóvenes de sus comunidades frente a la complacencia del Ejército Colombiano que también hace presencia en su territorio. Mientras se escribe este texto las denuncias continúan llegando no sólo de Tiquisio, sino de otros proceso colectivos que forman parte de la CISBCSC.8

La Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar (CISBCSC), es un entramado de procesos organizativos que, cual chinchorro, tejen una red que desafía la realidad trágica que ha querido imponer el régimen económico neoliberal hegemónico. Entre sus pilares como organización se encuentran: el derecho a la vida digna y a la permanencia en el territorio; plantear la recuperación y el fortalecimiento de la economía campesina. La organización ha enfrentado directamente la megaminería, los monocultivos de palma aceitera (africana), la ganadería extensiva, el fracking y proyectos de infraestructura que privilegian el tránsito de mercancías por sobre el Río Magdalena y el complejo cenagoso de la región; también, ha reivindicado las identidades culturales como pescadores, agromineros, campesinos, afrodescendientes y la defensa y exigencia de sus derechos humanos. Su propósito inicial en el sur del departamento de Bolívar, se extendió al centro y sur del Cesar y hoy también congrega a organizaciones de familias pescadoras y campesinas ubicadas en municipios al sur de Magdalena y al sur del departamento de Norte de Santander. “Al paso que vamos tendremos que llamarla Comisión de los Sures”, dicen en las asambleas sus integrantes en alusión a este hecho. Todos estos procesos conviven y habitan un territorio que trasciende las fronteras jurisdiccionales trazadas por el estado colombiano y poseen una cultura compartida en un sancocho de identidades en lo que se denomina la región del Magdalena Medio.

Alfredo Molano Bravo, fue un intelectual que dedicó su vida a caminar las trochas campesinas recuperando la voz de protagonistas de experiencias concretas como las que describimos aquí y logró construir una de las mejores crónicas del Conflicto Armado en Colombia. En un reciente conversatorio virtual en su memoria, organizado por el departamento de Sociología de la Universidad Nacional, Gloria Inés Restrepo nos recordaba las herencias que él nos legó a quienes creemos que la sociología debe comprometerse y tomar partido como acto ético, estar al lado de los personajes que no hacen parte del Establecimiento, narrar esas pequeñas grandes historias de la gente que queda en el anonimato9. En medio de la avalancha de información que hoy satura nuestros dispositivos móviles y medios masivos de comunicación, se requiere una máquina contra el olvido como la de Cien años de soledad. Es urgente alzar la voz fuerte y contundente en torno a la doble invisibilización de la otra pandemia de Colombia, más añeja y con secuelas en la vida comunitaria de muchas más personas. Ninguna de estas muertes es aislada, tenemos que sacar del frío conteo estadístico esas historias que luchan por la vida en medio de la muerte; he aquí un humilde homenaje a Edwin Acosta, Nestor Martínez, los liberadores y liberadoras de la Madre Tierra en el Cauca y los cientos de víctimas de este genocidio en ciernes.

1 NoticiasUnoColombia] (2017, Mayo 7), Fernando Londoño y Alejandro Ordóñez prometen volver trizas el acuerdo de paz [archivo de video) recuperado de https://youtu.be/vIRJK2d84-8

2 PACIFISTA!(2020). #NiUnMuertoMás. Colombia. Recuperado de https://pacifista.tv/notas/lideres-sociales-asesinados-inicio-implementacion/

3 Colombia Informa (2020).Altos de la Estancia: los desalojos no se detienen con la pandemia. Colombia. Recuperado de http://www.colombiainforma.info/altos-de-la-estancia-los-desalojos-no-se-detienen-con-la-pandemia/

4 BBC Mundo (2020). Anderson Arboleda: la muerte de un joven negro tras una presunta golpiza policial que desató un debate sobre el racismo en Colombia. Noticias América Latina. Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52914249

5 Indepaz(2020) #PazAlLiderazgoSocial. Registro permanente desde el 1 de enero de 2020. Colombia. Recuperado de http://www.indepaz.org.co/paz-al-liderazgo-social/

6 RT en Español (2020) “»Mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de DD.HH.»: La insólita comparación de la ministra de Interior de Colombia”. Recuperado de https://actualidad.rt.com/actualidad/344864-mueren-personas-robo-celulares-defensores

7 CINEP, IERPI-UN, et. al. (2018) ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el Post Acuetrdo. Bogotá, Recuperado de https://www.cinep.org.co/publicaciones/es/producto/cuales-son-los-patrones-asesinatos-de-lideres-sociales-en-el-post-acuerdo/

8[1]CISBCSC(2020) “Acción urgente: inminente riesgo de masacre y desplazamiento masivo”. Comunicado de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, archivo PDF circulado por redes sociales, 2 de junio. Colombia.

9[1]Departamento de Sociología (2020) “Homenaje a Alfredo Molano Bravo”. Universidad Nacional de Colombia , Conversatorio virtual por Facebook Live, recuperado de https://www.facebook.com/DepartamentodeSociologiaUNAL/videos/305090303988322/

* Maestro en Desarrollo Rural, mexicano radicado en Colombia

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