Domingo, 20 Diciembre 2009 07:48

Una dictadura setentista

La dictadura hondureña no viste de fajina ni esconde las urnas, pero no es tan distinta de sus antecesoras latinoamericanas de los años ’70. “Estamos viviendo algo similar a lo que vivió la Argentina en 1976, especialmente, en lo económico”, advirtió del otro lado del teléfono Nelson Avila, uno de los principales asesores económicos del presidente Manuel Zelaya, antes del golpe de junio pasado. Es cierto que el pequeño país centroamericano nunca alcanzó un nivel de desarrollo industrial o de distribución de la riqueza como la Argentina en los ’60, pero sí había dado algunos pasos hacia una mayor justicia social con el gobierno de Zelaya. Eso se terminó. El próximo presidente Porfirio Lobo, electo al amparo de los militares y los golpistas, ya está haciendo números para adelgazar al gigante público. “Hay que volver a estabilizar las finanzas públicas, racionalizar el gasto público”, adelantó a este diario César Cáceres, un hombre que trabajó en la campaña de Lobo y ahora participa de la Comisión de Transición.

El discurso de la dictadura hondureña es casi calcado del de los años ’70. La amenaza comunista, por un lado, y la burocracia parasitaria, por otro, habían tomado de rehén al Estado y era necesario salvar las instituciones como fuere. Pero ni Zelaya era un comunista ni la dictadura acabó con los parásitos que se alimentan de los ingresos del Estado. Después de casi seis meses en el poder, el presidente de facto Roberto Micheletti autorizó un endeudamiento interno de cerca de 200 millones dólares y, según los cálculos de los zelayistas, echó mano a 500 millones de dólares de las reservas depositadas en el exterior.

No dijo para qué era ni cuánto gastó, pero se puede suponer que no irá a engrosar el gasto social. Educación y salud fueron los primeros sectores que sufrieron un recorte en el presupuesto anual aprobado por la dictadura. “Cortaron los programas de emergencia en los hospitales, por ejemplo la prevención y atención de enfermedades como el mal de Chagas, el dengue y el SIDA. En cuanto a educación, nos suspendieron los programas para jóvenes indígenas que estaban funcionando en las zonas rurales”, explicó la líder de la Resistencia contra el golpe, Berta Cáceres, durante su reciente paso por Buenos Aires.

Las zonas rurales fueron las más afectadas por el golpe de timón que dio Micheletti después del golpe. La dictadura expulsó del país a los más de 130 voluntarios cubanos del programa educativo Yo Sí Puedo, por el que habían pasado unos cien mil hondureños –una cifra nada despreciable en una población de poco más de siete millones de habitantes–. Además congeló todos los proyectos de infraestructura y las entregas de tractores e insumos para la agricultura, financiados por los planes de cooperación del ALBA, el bloque regional fundado por Hugo Chávez, Fidel Castro y Evo Morales.

Esta semana el gobierno de facto de Micheletti anunció que se retirará del ALBA, una alianza que Zelaya había sellado hace apenas un año. La figura de Chávez es para los golpistas el elemento más irritante de todos, incluso más que el propio Zelaya. Sin embargo, el odio de Micheletti no es tan visceral como él dice. La dictadura hondureña no quiere salirse de Petrocaribe, la alianza energética liderada por Chávez, que no sólo ofrece crudo más barato, sino a pagar a mediano plazo y a un interés de sólo el uno por ciento. Los créditos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, que ya está reclamando el establishment golpista, imponen un interés de entre el cinco y seis por ciento anual.

El gobierno de Lobo, que asume el próximo 27 de enero, tendrá una línea económica muy parecida a la de Micheletti. Reducir el gasto social, privatizar las grandes obras de infraestructura y achicar la planilla de empleados estatales. “Ninguna conquista social que se haya conseguido con el presidente Zelaya, como el aumento del salario mínimo, se va a cortar, pero el Estado no puede ser el mayor empleador del país”, explicó César Cáceres, un hombre que seguramente ocupará un lugar importante en el próximo gobierno.

Cáceres recordó, con algo de nostalgia, que durante el gobierno anterior de Zelaya, el ex presidente Ricardo Maduro había logrado reducir del 11 al 9 por ciento del PBI el gasto dirigido a salud y educación. Durante los tres años y medios de Zelaya se recuperó y aumentó hasta un poco más del 14 por ciento del PBI. “Los docentes y los médicos se convirtieron en una clase privilegiada”, se quejó Cáceres.

Tan privilegiados resultaron que fueron ellos quienes pusieron el cuerpo a las balas y las bombas lacrimógenas durante estos casi seis meses de dictadura. “Son el sector más fuerte y con mayor capacidad de movilización dentro de la resistencia y lo demostraron. Lobo no se va a animar a hacer recortes, al menos no en su primer año”, se animó a pronosticar Avila, el asesor económico zelayista.

Pero de que habrá recortes ya nadie duda en Tegucigalpa. Los técnicos que rodean a Lobo hablan de sistematizar procesos, recortar la masa salarial del Estado y compartir el peso de la inversión pública con los inversores privados. “Los salarios no se van a tocar, jamás; pero posiblemente toquemos la estructura del gobierno. Necesitamos un gobierno más eficiente. Ya lo hicimos en el gobierno de Maduro y ahora vamos a retomar ese camino”, señaló Cáceres.

El 28 de junio los militares dieron un golpe correctivo para recuperar el rumbo político y económico, que había hecho de Honduras uno de los países más pobres, violentos e injustos del continente.

Por María Laura Carpineta
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Domingo, 20 Diciembre 2009 07:44

El Brasil de las 20.000 torturas verá la luz

Brasil, siguiendo tardíamente la estela de Argentina, Chile y Uruguay, ha decidido enfrentarse a los fantasmas de su pasado y asumir abiertamente los crímenes (y sus consecuencias) cometidos por los militares durante la dictadura que atenazó al país entre 1964 y 1985.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciará mañana el inicio de los trabajos para la creación de una Comisión de la Verdad que reconstruya con niveles mínimos de credibilidad la memoria de los muertos, desaparecidos, presos, torturados y exiliados durante los sucesivos regímenes militares.

Sin embargo, es bastante improbable que el Gobierno y la justicia brasileña den por el momento un paso que las víctimas y sus familiares consideran crucial para que la herida pueda cicatrizar algún día: la apertura de causas penales contra los criminales de la represión militar. La dictadura brasileña, que duró más de 20 años, no fue la más letal de Suramérica, pero en términos relativos fue una de las que más torturó, a unas 20.000 personas, según datos oficiales.

El decreto ley que Lula firmará mañana y que da luz verde a este proceso, a cuyo contenido ha accedido EL PAÍS, representa un gesto inequívoco del Gobierno de Brasilia para revertir una política del silencio denunciada desde la llegada de la democracia por los grupos defensores de los derechos humanos y los familiares de las víctimas de la dictadura.

El origen de tanto encubrimiento de información está en la denominada Ley de Amnistía, diseñada por los propios militares en 1979 bajo el Gobierno de João Baptista Figueredo, el último general de una larga saga de dictadores. La Ley de Amnistía permitió el regreso a Brasil de políticos, artistas y demás brasileños exiliados y condenados por crímenes políticos, aunque esto sólo fue el barniz externo de una medida aparentemente aperturista.

La misma ley también abrió la puerta a la absolución de todos los responsables de las torturas, asesinatos y desapariciones durante los años de plomo. En la práctica, fue una ley de tabla rasa, de borrón y cuenta nueva. "Esta ley aseguró que durante la transición se produjese una reconciliación amnésica y que sólo incumbía a las élites del momento. Además, no permitió que el primer Gobierno de la democracia avanzara sustancialmente en el tratamiento de las violaciones de los derechos humanos en términos de verdad, justicia y memoria", explica el politólogo argentino y especialista en violaciones de derechos humanos durante las dictaduras suramericanas, José María Gómez.

Lula anunciará mañana la constitución de un grupo de trabajo formado por representantes de varios ministerios que deberá presentar el próximo mes de abril ante el Congreso brasileño un proyecto de ley para la creación de una Comisión de la Verdad "compuesta de forma plural y suprapartidaria, con mandato y plazos definidos, para examinar las violaciones de los derechos humanos practicadas en el contexto de la represión política".

Según el documento redactado por la Secretaría de Estado de Derechos Humanos, esta comisión se encargará, entre otras funciones, de promover la reconstrucción de las violaciones de derechos humanos, así como de localizar e identificar los restos de cientos de desaparecidos, como los miembros de la guerrilla Araguaia.

En una de las más largas y sangrientas campañas contra la disidencia armada, el Ejército brasileño hizo desaparecer a 70 integrantes del grupo guerrillero Araguaia. Sus familias aún desconocen dónde están los restos mortales.

La Comisión también aportará recomendaciones para procurar que nunca más se produzcan violaciones masivas de derechos humanos en Brasil. Este último punto concentra la quintaesencia de lo que opina el ministro brasileño de Derechos Humanos y férreo defensor de la Comisión de la Verdad, Paulo Vannuchi: Brasil no tendrá autoridad moral para afrontar las violaciones de derechos humanos perpetradas hoy por sus fuerzas policiales hasta que no juzgue a aquellos que torturaron, mataron y borraron el rastro de decenas de miles de personas durante los años de la dictadura. La reflexión viene al caso después de que la organización Human Rights Watch (HRW) denunciara hace algunos días una práctica habitual de las policías de Río de Janeiro y São Paulo, consistente en ejecutar extrajudicialmente a los delincuentes y después eliminar todo tipo de pruebas que puedan esclarecer las circunstancias de los homicidios.

"En Brasil existe una cultura de la impunidad, y la impunidad siempre realimenta la repetición del crimen", comenta a este periódico el ministro de Derechos Humanos. "Y no me refiero sólo a la impunidad del régimen militar. Tenemos una larga historia de esclavitud, y en nuestras escuelas nunca se ha discutido qué pasó durante esos periodos. Este pasado es el responsable de los sentimientos racistas que aun siguen socialmente arraigados. Lo mismo ha sucedido con el genocidio indígena, que entre 1500 y 1988 redujo la población indígena de cinco millones a 250.000 personas. Existe una conexión clara entre la falta de discusión sobre esta violencia del pasado y los problemas que tenemos en el Brasil de hoy", explica Vannuchi.

El propio Gobierno brasileño reconoce que "las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por el Estado durante el régimen dictatorial son desconocidas por la mayoría de la población, en especial por los jóvenes". Según la Secretaría de Derechos Humanos, unas 50.000 personas fueron detenidas durante los primeros meses de la dictadura, unas 20.000 fueron torturadas, y cerca de 400 brasileños murieron o desaparecieron sin dejar rastro. Sin contar con las miles de detenciones no registradas y la cifra "incalculable" de exiliados y refugiados políticos.

Durante los últimos años, Brasil ha dado tímidos pasos hacia el rescate de la verdad sobre estos años de infamia. En el Tribunal Supremo se discute actualmente si la polémica Ley de Amnistía debe mantener la inmunidad de los mandos militares que diseñaron la máquina trituradora de derechos humanos.

El pasado mayo Lula anunció la apertura en Internet de unos exiguos archivos de la dictadura. Pero las tentativas del Gobierno brasileño para arrojar luz han tropezado con el hecho de que en las Fuerzas Armadas aseguran haber destruido los documentos clasificados en su poder, extremo que los grupos de derechos humanos niegan tajantemente.

Los más ponderados en el Gobierno, entre los que se encuentra el ministro Vannuchi, abogan porque se condene a los responsables de la barbarie por crímenes de lesa humanidad. "La Comisión de la Verdad culminará con unos informes que serán de dominio público. Después, la Fiscalía decidirá si procede dar a los delitos un tratamiento penal. Mi opinión es que el delito de tortura no prescribe y que debe ser juzgado. Ahora... mi posición no es la posición del Gobierno en su conjunto", explica Vannuchi, confirmando las diferencias que separan al Ministerio de Justicia del Ministerio de Defensa, este último partidario del borrón y cuenta nueva.

Según una de las investigaciones más fiables de la dictadura brasileña elaborada por la Archidiócesis de São Paulo, 24.000 personas trabajaron en el aparato represivo y 334 en las sesiones de tortura. Pocas tienen hoy nombre y apellido.

Por FRANCHO BARÓN - Río de Janeiro
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Sábado, 19 Diciembre 2009 14:00

Micheletti resiste en espera de la amnistía

El Congreso hondureño ha suspendido hasta después de Navidad la tramitación de la amnistía para los delitos políticos derivados del golpe de Estado del 28 de junio.

Esta amnistía, incluida por Óscar Arias en el Acuerdo de San José, pero que Manuel Zelaya y Roberto Micheletti no habían previsto en el posterior acuerdo derivado de la Mesa de Guaymuras, es la carta política que pretende jugar el triunfador de las elecciones del 29 de noviembre, Pepe Lobo, para contentar a la comunidad internacional.

Lobo, que asumirá el cargo de presidente el 27 de enero, ha apostado por la teoría de "ni vencedores ni vencidos". Para llevarla a buen puerto necesita ganar la carta más difícil de la partida: la dimisión de Micheletti. Una exigencia de todo el mundo, que cuanto más se reclama, más lejos parece estar.

¿Por qué? Micheletti resiste. Está decidido a disfrutar del poder hasta el último segundo. Ya lo dejó claro en una cena con parlamentarios europeos: "Desde el 27 de enero, este ya no es mi problema". Poco importa cómo quede el país Por eso el presidente golpista no ha eludido el pulso de fuerza con el propio Lobo.

Enviado de Dios

"Recuerde estas palabras de un humilde ciudadano que lo respeta y admira". El preámbulo de Micheletti, durante una ceremonia de ascensos policiales, dirigido al presidente in pectore, vino acompañado de una petición: no olvidar a los policías y militares, porque "todos los hondureños que creen en la democracia deben agradecerles porque respetaron la Constitución. Todos los que estamos aquí rescatamos el país del autoritarismo y la anarquía social".

En la reunión que mantuvieron Lobo y Micheletti no se llegó a ningún acuerdo. Lobo reclama la renuncia inmediata del golpista y este insiste: mi mandato acaba el 27 de enero. Poco importa que ni siquiera los países más próximos, Panamá o Costa Rica, le apoyen. Tampoco importa que la Embajada de Estados Unidos insista en los mismos términos. Micheletti se cree un enviado de Dios: "Quiero salir con la frente levantada y con la dignidad que el pueblo me ha dado", ha afirmado.

Lobo insiste en la necesidad de formar el Gobierno de unidad y reconciliación, ya sin Micheletti. "El incumplimiento está causando un daño terrible al país", denunció.

El asilo de Zelaya

El presidente recién elegido también mostró su malestar por la suspensión de la cumbre con Zelaya en Santo Domingo. Micheletti boicoteó el encuentro y se mantiene en sus trece: Zelaya sólo saldrá de la Embajada de Brasil como asilado y fuera de Centroamérica.

Además, Micheletti ha protagonizado la crónica de sucesos de estos días al acusar a la Resistencia, sin aportar ninguna prueba, de estar detrás del asesinato de la hija de Carol Cabrera, estrella del canal público y afín a Micheletti.

La joven, de 16 años y embarazada, fue tiroteada por unos motoristas. Los médicos intentan salvar al bebé, que se encuentra en estado muy grave. Cabrera, reconocido látigo de la Resistencia, había denunciado amenazas. La Policía investiga si detrás del crimen se encuentran las barras bravas (los aficionados más radicales) del fútbol local.

DANIEL LOZANO - Tegucigalpa 
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Un cuarto de siglo después de colocarle la banda presidencial a Raúl Alfonsín, el último dictador rendirá cuentas ante la Justicia. Reynaldo Benito Bignone, el general que ordenó incinerar los archivos de las Fuerzas Armadas sobre la guerra sucia y que confesó ante una periodista francesa que los desaparecidos “sólo fueron ocho mil”, comenzará a ser juzgado mañana por el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín por crímenes de lesa humanidad en Campo de Mayo, el mayor centro de torturas y exterminio del país durante la última dictadura. El ex presidente de facto tras la aventura de Malvinas, de 81 años, estará acompañado por cinco generales, incluidos tres condenados en agosto por el asesinato de Floreal Avellaneda, más el ex jefe del Batallón de Inteligencia 601, coronel Carlos Alberto Tepedino, y el ex comisario Germán Montenegro. Están imputados por 56 casos de secuestros, tormentos y homicidios.

Ultima escala de miles de desaparecidos, Campo de Mayo es tal vez la mayor deuda del Poder Judicial con la sociedad argentina. A diferencia de la causa ESMA, con setenta procesados y ninguna condena, la mayor guarnición del Ejército va por su segundo juicio con el noventa por ciento de sus represores libres e impunes. La escasez de sobrevivientes es uno de los motivos, tan real como las deficiencias en la instrucción y los obstáculos de la Cámara Federal de San Martín. El condenado más famoso es el general Santiago Riveros, ex jefe del Comando de Institutos Militares, de la ex Zona IV, y responsable de los centros clandestinos El Campito, Las Casitas, el Hospital Militar donde funcionó la maternidad clandestina, y la ex Cárcel de Encausados, que hoy aloja a represores con preventiva pero donde ningún juez realizó nunca una inspección ocular.

Riveros, de 86 años, quien purga su sentencia en el penal de Marcos Paz, volverá a ser juzgado junto con otros dos condenados: los generales Fernando Ezequiel Verplaetsen, 84 años, ex jefe de inteligencia, y Jorge Osvaldo García, 82 años, que esta vez no será juzgado como ex director de la Escuela de Infantería sino del Colegio Militar de la Nación, escala previa al “Campito” de varios secuestrados. García lamentó hace dos meses la pasividad de sus cómplices civiles, “entusiastas de las Fuerzas Armadas de entonces” a quienes “no se les pide adhesión pero sí memoria”. El nuevo juicio le permitirá seguir pensando el tema, ya que incluirá el caso de Héctor Ratto, obrero de Mercedes Benz. Su gerente de producción Juan Rolando Tasselkraut entregó en presencia de Ratto la dirección de uno de los catorce delegados de la firma que permanecen desaparecidos.

Los otros dos generales tienen 83 años. Eugenio Guañabens Perelló será juzgado como autor mediato de secuestros y homicidios cuando dirigía en 1977 la Escuela de Servicios para Apoyo de Combate General Lemos y comandaba el área militar 470, en el partido de General Sarmiento. Eduardo Alfredo Espósito fue ese mismo año director de la Escuela de Ingenieros y jefe del área 410, que abarcaba Escobar y Tigre, pagos del preso más famoso de la causa: el ex intendente y torturador confeso Luis Patti.

El séptimo militar es Tepedino, a quien Página/12 fotografió y denunció en 2003 por violar su arresto domiciliario. El coronel retirado de 82 años fue director de Inteligencia Interior de la SIDE entre 1975 y 1977 y comandó el Batallón de Callao y Viamonte en 1978 y 1979. El 601 procesaba y redistribuía la información que los destacamentos de inteligencia del Ejército de todo el país arrancaban en las mesas de torturas. Tanto Bignone como Riveros destacaron en sus indagatorias el rol de los subordinados de Tepedino. “El traslado de detenidos era decidido por personal de inteligencia del Batallón 601 destinado en Campo de Mayo, ya que eran los especialistas en interrogatorios. Gracias a ellos se ganó la guerra”, celebró Riveros.

Uno de los torturadores más recordados entre los sobrevivientes fue Néstor León López, miembro de Prefectura Naval a quien el 601 destinó en comisión a El Campito, donde se especializó en militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo. “El Alemán”, que usaba una fusta para realzar su autoridad, fue identificado cuando ya había muerto por Juan Carlos Scarpati, que no dudó al ver las fotos de su legajo. También murió a tiempo el teniente coronel Jorge Voso, alias “Ginebrón” o “Víctor”, ex responsable del centro clandestino.

Otro interrogador impune pero vivo es Carlos Eduardo Somoza, alias “Gordo” o “Fito”, ex miembro de Gendarmería y de la Central de Reunión del 601. Hace treinta años usaba el nombre de cobertura César Ernesto Segal y se especializaba en militantes de Montoneros. Tal como informó Página/12, Somoza se fugó hace tres meses con la colaboración de un agente de la División Operaciones del Departamento Seguridad del Estado de la Policía Federal, que tocó timbre en su casa y fue a un locutorio a avisar que no estaba. La captura frustrada la había requerido el juez Ariel Lijo por su rol en el Operativo Murciélago. Su detención en la causa Campo de Mayo fue solicitada hace dos años, pero ni el ex juez Martín Suares Araujo ni su subrogante Juan Manuel Yalj la ordenaron aún.
Por Diego Martínez

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Bachelet reabrirá cientos de casos de supervivientes de la represión de Pinochet. La Justicia chilena obliga al Estado a indemnizar por vez primera a víctimas de los interrogatorios policiales

"Por la violación de los torturadores, quedé embarazada y aborté en la cárcel. Sufrí descargas eléctricas, acoso sexual con perros y me introdujeron ratas vivas por la vagina. Me obligaron a tener relaciones sexuales con mi padre y hermano, que también estaban detenidos. Tenía 25 años. Estuve en prisión hasta 1976".

Este testimonio es uno de los 28.000 que contiene el informe que el Estado chileno presentó en 2005, el cual reconoce a los detenidos que sobrevivieron a las torturas practicadas por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta que creó Augusto Pinochet.

La presidenta, Michelle Bachelet (también víctima), se ha comprometido a reabrir en las próximas semanas la Comisión contra la Tortura para recoger nuevos testimonios y ayudar a la reparación. Se estima que hay 100.000 supervivientes.

Por primera vez, la Justicia falló la semana pasada a favor de un grupo de víctimas de la tortura y obligó al Estado a indemnizar a cada demandante con 13.000 euros. Erika Henning y su marido Alfonso Chanfreau tenían 23 años cuando agentes de la DINA llegaron a su casa a detenerlos. Era el 13 de agosto de 1974. "Estábamos con nuestra hija de 20 meses. Alfonso les suplicó que no nos llevaran a todos pero a la mañana siguiente volvieron a por mí", recuerda ella.

La llevaron al centro de detención Londres 38, que hasta el golpe era la sede central del Partido Socialista. Erika asegura que fue brutalmente torturada delante de su marido, para que él diera información sobre sus compañeros. Fue la última vez que vio a Alfonso.

"Si el odio es querer matar a alguien, nunca sentí eso. El sentimiento más claro que tengo es un profundo desprecio por su maldad, por lo mentirosos que son", precisa hoy Erika, a sus 60 años.

A Erika el tiempo le ha aportado serenidad. Cree que las acciones desde el Estado (como los informes, memoriales y beneficios económicos) le han ayudado a incorporar su sufrimiento. A las víctimas de torturas les asigna una pensión mensual de 185 euros. El salario mínimo en Chile ronda los 238 euros.

La hija del diplomático español Carmelo Soria, asesinado por la DINA en julio de 1976, asegura a Público que las reparaciones no sirven: "El dolor no se calma con nada. Sólo saber qué sucedió puede darte un poco de tranquilidad, junto al paso del tiempo". Carmen recuerda que con 16 años tuvo que salir en busca del cadáver de su padre, mirando en solares cercanos a su casa. Soria, un funcionario de Naciones Unidas, que ayudó a asilar gente en las embajadas, estuvo desaparecido cuatro días y fue encontrado en un barranco, cerca de su coche. Simularon un suicidio. "No ha habido justicia. Estamos en un país donde en el cielo perviven los muertos, mientras los asesinos caminan por sus calles", acusa Carmen. Los tribunales cerraron definitivamente el proceso por el asesinato de Soria en 1996. Sin culpables. Carmen denunció al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien ordenó reabrir el caso e indemnizar a sus herederos con un millón de euros.
Reconciliación imposible

El dirigente sindical Tucapel Jiménez fue asesinado una noche en Santiago cuando hacía ronda a bordo de su taxi. Un par de agentes se hicieron pasar por pasajeros, lo condujeron hasta un descampado y lo degollaron. Simularon un atraco.

Su hijo, Tucapel Jiménez, hoy diputado, no cree en la reconciliación. "Sólo aclarando los hechos puede mejorarse la convivencia", dice. Recuerda a este diario que después de años de juicios, uno de los militares que asesinó a su padre confesó el crimen y se pudo dictar sentencia. Jiménez tuvo ocasión de hablar con él: "Pidió perdón mirándome a los ojos pero cuesta perdonar".

El asesino, el ex capitán Carlos Herrera, lleva 20 años en prisión. En conversación con Público reitera que siente vergüenza por lo que hizo y asegura haber tenido un "profundo cambio interior". Tucapel Jiménez reitera que "nunca llegaré a abrazarme con quien mató a mi padre".

Bachelet acaba de anunciar la creación del Instituto de Derechos Humanos y la apertura del Museo de la Memoria en un antiguo centro de detención. Pero, mientras se dan pequeños pasos, el autor intelectual de las atrocidades, el anciano general Manuel Contreras, ha pedido el amparo de la CIDH para lograr su libertad.
La DINA, máquina pinochetista para imponer el terror

Licencia para torturar

Creada en junio de 1974 por el decreto ley 521, a cargo del teniente coronel de ingenieros Manuel Contreras, la DINA tenía facultades para detener, torturar y confinar a sospechosos el tiempo que considerase necesario.

Entrenamiento

Entrenados en la Escuela de las Américas, los agentes de la DINA desplegaron una campaña de represión contra el GAP (Grupo de Amigos Personales de Allende) y asesinaron a 60 miembros; contra el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionario), 400 muertos; contra el Partido Socialista, 400 víctimas; y contra el Partido Comunista, 350 asesinados.

‘Operación Cóndor’

La DINA persiguió a militantes de izquierda en el extranjero. En esta estrategia se enmarca la ‘Operación Cóndor’, mediante la cual se asesinó al general chileno, Carlos Prats, en Buenos Aires.

Maquillaje final

La macabra dinámica se detuvo en 1977 cuando Contreras fue reemplazado por Odlanier Mena y el organismo fue rebautizado con el nombre de CNI.

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La Corte Suprema le dio un último envión a la campaña para anular la Ley de Caducidad en Uruguay. Por primera vez en la historia de ese país, el máximo tribunal declaró inconstitucional la norma para el caso de Nibia Sabalsagaray, después de que lo hicieran el Ejecutivo y el Congreso. A seis días del plebiscito, la decisión del Supremo suma argumentos a favor de terminar con la amnistía que impide enjuiciar a militares y policías responsables de las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura (1973-1985).

La única central sindical, PIT-CNT, y organizaciones defensoras de los derechos humanos impulsaron la consulta del próximo domingo –que se realizará junto a las presidenciales– para que los uruguayos decidan si anulan la polémica norma, promulgada en 1986 y ratificada en un plebiscito en 1989. Raúl Olivera, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de PIT–CNT, no oculta su satisfacción por el fallo de la Corte. “Si bien la inconstitucionalidad de la ley es en relación con un caso, también abre la puerta para que se revisen otros”, dijo a Página/12. Lo que señala Olivera es correcto. La decisión de los jueces sienta jurisprudencia y facilita la presentación de nuevas demandas.

El proceso hacia la inconstitucionalidad comenzó cuando el presidente Tabaré Vázquez, del centroizquierdista Frente Amplio, excluyó el caso de Sabalsagaray de la Ley de Caducidad y permitió su investigación. El pasado febrero, las dos cámaras del Parlamento entregaron a la Corte Suprema su dictamen a favor de declarar inconstitucional dicha norma. Ayer, cuatro de los cinco jueces del tribunal pusieron su granito de arena por un cambio en las instituciones del país.

Nibia Sabalsagaray, entonces militante del Centro de Estudiantes del Instituto de Profesores Artigas, fue detenida en 1974 y trasladada al cuartel del Batallón de Ingenieros N° 5. Un día después, los militares entregaron a sus familiares su cadáver en un ataúd cerrado y con la prohibición de abrirlo, afirmando que se había suicidado. Sin embargo, sus allegados no creyeron la versión oficial del “ahorcamiento”. El hoy intendente frenteamplista del departamento de Canelones, Marcos Carámbula, era estudiante de medicina y le faltaban seis meses para obtener el título cuando fue llamado por la familia para que observara el cuerpo de la joven, ante la negativa de las autoridades de permitir una nueva autopsia. Carámbula pudo determinar que Sabalsagaray murió a causa de los golpes que había recibido.

El referéndum contra la ley, que fue convocado después de que sus detractores reunieran 300.000 firmas para pedir su anulación, cuenta con el apoyo del oficialista Frente Amplio, mientras que los partidos Nacional (blanco) y Colorado se muestran partidarios de mantener la norma tal y como está. El votante deberá colocar una boleta rosada por la anulación y ninguna si no lo cree así. Según un sondeo de la encuestadora Interconsult conocido ayer, el 47 por ciento de los consultados afirma que votará por anularla, el 40 por ciento que no pondrá la papeleta rosada y el 13 por ciento no sabe o no contesta. Para ganar el plebiscito se necesita el 50 más uno de los votos. Según Olivera, los sondeos no son representativos. Por un lado, el electorado más conservador no manifiesta su voto y, por otro lado, hay una gran cantidad de votantes que vienen de Argentina que están a favor de la derogación de la ley y no son tenidos en cuenta. El líder sindical se queja de la poca difusión que tuvo la campaña en los medios de comunicación, mientras subraya que hoy se hará el gran cierre con una movilización en Montevideo. Se eligió un día simbólico, como cada 20 de mayo de las últimas dos décadas. Por eso, el lema es “el último 20 con leyes de impunidad”.
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Martes, 08 Septiembre 2009 06:31

Argentina impulsa una nueva Ley de Medios

A más de seis años de que su esposo Néstor Kirchner asumió la primera magistratura y cuando transcurren casi dos de su ajetreado mandato, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, impulsa con ahínco una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

El Gobierno busca sustituir  la norma 22.285 de la última dictadura   y dar el golpe de gracia al poderoso multimedios Clarín. La ley actual rige desde el 19 de septiembre de 1980, es decir se cumplen 29 años de vigencia de la misma, aunque tuvo más de 200 modificaciones.

 El nuevo proyecto de la llamada Ley de Medios K, de 157 artículos y 163 páginas, se  debatió en las comisiones de Comunicación, Libertad de Expresión  y Presupuesto de la Cámara de Diputados.  Hasta el momento se han acordado tres audiencias públicas para su discusión parlamentaria, un trámite que el matrimonio presidencial quiere apurar, pero que la oposición resiste con denuncias sobre amordazamiento a la libertad de expresión.

El proyecto de ley fue presentado por Cristina Fernández el último 29 de agosto. “Conceptos como libertad de expresión, como libertad de prensa, como derecho a la información, deben ser concebidos e interpretados en su correcta dimensión. Porque libertad de expresión no puede convertirse en libertad de extorsión. Porque libertad de prensa no puede ser confundida con la libertad de los propietarios de la prensa”, expresó la Presidenta.

El legislador y empresario de medios Francisco de Narváez, que derrotó totalmente al oficialismo en las últimas elecciones de junio en la populosa provincia de Buenos Aires, dijo que “si esta ley progresa, es como que en los diez millones de hogares argentinos le diéramos el control remoto a Néstor Kirchner”.

El 1 de septiembre, el Gobierno denunció penalmente a De Narváez, a quien acusó de ocultar su participación societaria en el canal América TV. La actual Ley de Radiodifusión prohíbe a un legislador nacional ser dueño de un medio de comunicación.

Los críticos de Kirchner aseguran que su traspié en las urnas en territorio bonaerense aceleró su interés por el proyecto de Ley de Medios, una iniciativa que no había sido planteada por él durante su Presidencia.   El ex mandatario, que muchos consideran que es el verdadero poder detrás de su esposa, está convencido de que el gigante Grupo Clarín  jugó en su contra y que el fracaso que tuvo en las elecciones se debe a eso, en parte.

El Gobierno ha disparado con munición gruesa contra el multimedios.  Semanas atrás, incentivó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para que rompa su contrato con el Grupo Clarín y estatizó las transmisiones de los partidos, con un costo de 156 millones de dólares al año que salieron de las arcas públicas.

Además, el interventor del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), Gabriel Mariotto, firmó el 3 de septiembre la resolución que deniega a Cablevisión operar  junto con Multicanal,  las dos empresas de televisión por cable del Grupo Clarín.  Tres días antes de dejar la presidencia en manos de su esposa, Kirchner aprobó la fusión Cablevisión-Multicanal, cuando su gobierno y Clarín vivían un romance.

Uno de los puntos centrales del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual procura clavar otro puñal en el corazón del Grupo: bajar de 24 a 10 las licencias de TV abierta y radio que una persona puede tener y ordena que quien posea un canal abierto no podrá ser operador de cable.

Con respecto a este asunto, durante una entrevista con un medio de prensa local, el director de relaciones externas del multimedios, Jorge Rendo, opinó que “el Gobierno quiere apoderarse de los medios audiovisuales del Grupo Clarín”.

El Gobierno ha asegurado que el proyecto procura disolver los monopolios en las comunicaciones, pero la oposición considera que la concentración de medios podría ser aún mayor si se habilita el ingreso a las grandes telefónicas, como contempla el proyecto. La norma presentada en el Congreso permite a compañías como Telefónica y Telecom participar del negocio y brindar el llamado Triple Play: televisión, internet y telefonía.

El relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión, Frank La Rue, también dio su criterio. “Esta propuesta de ley es un modelo único en el mundo y un ejemplo para todos los demás países, en virtud de que garantiza el acceso de todos los sectores a las frecuencias de la radio y la televisión, manteniendo el principio de pluralismo y diversidad en el ejercicio de la libertad de expresión”, escribió en una misiva a Cristina Fernández.      

 

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La Justicia chilena ha procesado a unos 120 antiguos represores de la dictadura de Augusto Pinochet por su responsabilidad en la desaparición de centenares de opositores en los años setenta, según han informado fuentes judiciales y policiales. Más de la mitad de los imputados, contra quienes el juez Víctor Montiglio ha dictado órdenes de detención nunca han comparecido anteriormente ni han sido siquiera mencionados en las violaciones a los derechos humanos.

El juez Víctor Montiglio ha afirmado que se está "mucho más cerca del final" de las investigaciones por casos de violaciones a los derechos humanos. "Estamos investigando a todos los que han tenido participación en lo cuarteles, en la medida en que hayan intervenido o afirmado la situación de prohibición de libertad de las víctimas", ha añadido el juez.

Entre los nuevos imputados, hay cinco altos oficiales retirados del Ejército: César Manríquez, Manuel Carevic, Sergio Castillo, Fernando Chaigneau y Luis Sovino, además de 45 suboficiales, 14 ex miembros de la Fuerza Aérea, once de la Marina, seis de la Policía de Investigaciones y 32 ex carabineros, entre otros.

Traslado de prisioneros

La investigación ha alcanzado a quienes conocieron los casos y jamás los denunciaron, según el abogado Boris Paredes, de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, parte querellante en los juicios. Se trata de agentes que cumplían labores de custodia y traslado de prisioneros políticos, dijo Paredes, en cuya opinión el juez Montiglio ha avanzado sustancialmente en establecer las responsabilidades criminales de los casos.

Los casos a que se refieren los procesamientos son las llamadas Operación Cóndor, Operación Colombo y el caso Calle Conferencia, además de un fleco de este último conocido como caso de los trece. La Operación Cóndor fue una coordinación entre las dictaduras militares del Cono Sur americano para eliminar opositores en los años 70 y comienzo de los 80. La Operación Colombo fue un montaje creado en 1975 para encubrir la desaparición de 119 opositores, la mayoría miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), agrupación que combatió con las armas contra la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

En diciembre de 2005, el juez Montiglio había procesado en este caso al propio Augusto Pinochet, fallecido un año después, en diciembre de 2006, sin haber sido condenado por violaciones a los derechos humanos ni por los delitos económicos por los que también estaba enjuiciado. Montiglio ya había procesado en este caso a la cúpula de la DINA, la policía secreta de Pinochet, incluido su máximo responsable, el general Manuel Contreras, así como a los ex oficiales Miguel Krassnoff Marchenko y Marcelo Moren Brito, que acumulan varios procesos por violaciones de derechos humanos.

Bajo la dictadura de Pinochet, unas 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado y, de ellas, unas 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos.

EFE - Santiago de Chile - 02/09/2009
 

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Tegucigalpa, 11 de agosto. ¿Se va a pudrir Honduras luego de que Barack Obama pintara su raya respecto de una intervención mayor de su país en el conflicto? No, si el asunto queda en manos de la resistencia. En el día 45 de la batalla contra los golpistas, miles de hondureños llegan de todas las latitudes y se suman a cinco mil que los esperan en las calles de esta ciudad. Marchas similares arriban al mismo tiempo a la norteña ciudad de San Pedro Sula. El plan es permanecer en ambas ciudades el resto de la semana. Los cholutecos, los paraiseños y los olanchanos van a dormir aquí y saldrán a diario a las calles, para marchar en los alrededores de la casa presidencial, “y demostrarle a Roberto Micheletti (presidente de facto) que no somos los ‘cuatro gatos enmascarados’ que él dice”.

No son “cuatro gatos”, pero tampoco el número suficiente para tumbar al gobierno golpista a fuerza de acciones callejeras. Por eso la resistencia dice ir a más, y anuncia que “si en los próximos días” no se restituye a Manuel Zelaya en la presidencia, van a “aumentar y profundizar las acciones”. Así, pretende boicotear a las empresas “que promovieron, financiaron y ejecutaron el golpe político-militar”.

Los líderes de la resistencia ofrecen una rueda de prensa en medio de la multitud que espera a los marchistas del interior del país. Expresan, de entrada, su “repudio a las tácticas dilatorias” del gobierno de facto, que en maniobra dominguera logró que la misión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) pospusiera su vista hasta finales de la próxima semana. “Fue una artimaña para que los cancilleres no vieran al pueblo movilizado”, dice el dirigente sindical Israel Salinas.

El alargamiento de los plazos fortalece la idea de que el gobierno de facto pretende, si no le queda otra, aceptar la restitución de Zelaya, aunque busca que su regreso sea lo más cercano posible a las elecciones del 29 de noviembre. Los golpistas pretenderían así que las fuerzas armadas, con el pretexto del proceso comicial, estuvieran bajo las órdenes del Tribunal Superior Electoral, así como evitar que Zelaya tuviese un papel decisivo en la contienda.

“Ningún acuerdo puede estar por encima de la Constitución. Si Zelaya regresa sería con todas las atribuciones que le dan las leyes al presidente”, dice Carlos Eduardo Reina, cercano colaborador de Zelaya.

En los últimos días, los “liberales con Zelaya” han reaparecido en el escenario, luego de mantener una discreta presencia en las movilizaciones contra el golpe.

El fin de semana pasado celebraron una reunión de la que sacaron un acuerdo principal: desconocer a Elvin Santos como candidato a la presidencia. La “proclama” de los “liberales contra el golpe de Estado militar” marca el principio de una batalla que darán las fuerza opuestas al gobierno de facto para construir una candidatura presidencial contra los partidos tradicionales, “vuelva o no el presidente Zelaya”.

El insomnio de julio

La resistencia acusa recibo del mensaje de Guadalajara, México: “Pensamos que con el nuevo gobierno en Estados Unidos habría un cambio de conducta, pero seguimos esperando que Barack Obama demuestre que quiere que la democracia prevalezca en América Latina”, dice Juan Almendares, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, recién desempacado de Washington, a donde viajó con una delegación de la resistencia.

Almendares dice no tener duda: “Este golpe fue hecho en Washington, por los halcones y John Dimitri Negroponte en acuerdo con los poderosos de este país y los militares serviles”.

El memorioso periodista hondureño Félix Molina apunta un dato que puede ser más que curioso. El presidente Manuel Zelaya dio a conocer en marzo una carta que le envió en diciembre de 2008 al entonces presidente electo Barack Obama. La misiva fue entregada por Patricia Rodas, canciller de Zelaya, y en ella el presidente hondureño acusaba a Estados Unidos de “intervencionismo” y pedía a Obama que su futuro gobierno se distinguiera por el respeto “al principio de no injerencia en los asuntos de otros estados”.

No se crea, sin embargo, que los enojados con Estados Unidos sólo militan en la resistencia. Las declaraciones y artículos de prensa que destilan rencor “contra los gringos”, en el lado de los golpistas, podrían llenar un grueso volumen que comenzaría con la frase: Ingratos gringos, nosotros que tanto hemos hecho por ustedes. Un ejemplo: en el diario La Tribuna, propiedad del ex presidente Carlos Flores Facussé, casado con una estadunidense y quien pasa largas temporadas en Estados Unidos, el articulista Boris Zelaya dice que para Honduras ya no hay sueño, sino “pesadilla americana”: “¿Qué hondureño no ha soñado alguna vez vivir en Estados Unidos?... Hemos crecido aprendiendo las memorias de sus próceres… Admiramos su democracia… ¿Será que ahora son amigos de quien les dice ‘gringos go home’?”

De ahí la importancia, se dice aquí, del retiro de las visas diplomáticas a cuatro funcionarios clave del gobierno de Micheletti. Lo frasea así Víctor Meza, ministro de Gobernación de Zelaya: “La visa estadunidense es, para los grupos empresariales y políticos locales, algo así, como una tarjeta de identidad, un documento que les valida su condición nacional… es el documento clave, la fórmula que les proporciona personalidad, el vínculo con la existencia, con la vida social.

“El otro documento es la tarjeta de invitación a las festividades del 4 de julio, aniversario de la independencia de Estados Unidos. Quienes la reciben se sienten plenos, ciudadanos completos, socialmente realizados. Si el ansiado sobre no llega, el terror es abismal, la angustia es infinita y la ansiedad no cesa. Todo junio es un mes de miedo, de preocupación e insomnio. No duermen, sueñan con la llegada del cartero, el aviso en la puerta.”

Del canto de La Pichu al toque de queda

“¿Quieren que cante?” “¡Sííí!”, gritan abajo del carro de sonido. Y Hortensia Zelaya, de 21 años e hija del presidente en el exilio, se arranca a capela con Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, de la dupla Felipe-Rodríguez, que los zelayistas han convertido en himno de sus marchas.
“Honduras resiste, insiste y persiste”, dice poco antes La Pichu, única de los cuatro hijos de Manuel Zelaya que anda metida a fondo en la resistencia.

La marcha es la más grande desde el pasado 5 de julio, cuando los manifestantes esperaron al presidente Zelaya en el aeropuerto de Toncontín.

Antes que su hija, Xiomara Castro de Zelaya afirma que la resistencia no solamente pretende el regreso de su marido al poder del Estado, sino también convertirse en la “oportunidad de transformar a Honduras y no dejar que la fuerza de las armas doblegue el corazón ni la razón”.

La marcha avanza rumbo a la casa presidencial. A una cuadra, pasa frente a contingentes de soldados y policías, sin incidentes. Una parte de los manifestantes caminan hacia el centro de la ciudad, mientras los restantes se dirigen a la Universidad Pedagógica Nacional, con clases suspendidas a consecuencia del virus A H1N1, donde habrán de descansar.

En el camino, según testigos, un policía de tránsito dispara contra uno de los manifestantes, de los que suelen ir en avanzada a bordo de motocicletas. Lo hiere en la pierna izquierda.

El balazo termina en un desastre. Grupos de manifestantes atacan el autobús donde presuntamente huye el policía y le prenden fuego. A continuación lanzan pedradas contra negocios de comida rápida e incendian un restaurante de pollo instantáneo.

Todos los negocios de comida rápida son propiedad de poderosos empresarios que los zelayistas tienen en la lista negra por haber “financiado el golpe de Estado”. Un motivo adicional para los persistentes ataques contra ese tipo de negocios es que no pagan impuestos, pues sus dueños se acogieron a una ley que los exenta por “favorecer el turismo”.

Pasan largos minutos antes de que hagan su aparición los bomberos y más para que la policía antimotines, a la espera de refuerzos, la emprenda nuevamente contra los manifestantes, con toletes y bombas lacrimógenas. Los marchistas son perseguidos hasta la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán.

“Son delincuentes los que están adentro. Venimos a garantizar el orden, para evitar que sigan destruyendo la propiedad privada”, dice un jefe policiaco, mientras sus muchachos atrapan a 50 manifestantes, según la resistencia al golpe militar.

Poco después, “debido a los disturbios”, el gobierno de facto anuncia, en cadena de radio y televisión, el restablecimiento del toque de queda en la capital, de las 10 de la noche a las 5 de la mañana del miércoles.

“¡Me lo meten preso!” o la propaganda de los golpistas

Roberto Micheletti ha decidido, según dijo el pasado viernes, no volver a hablar de Hugo Chávez porque “ese señor está loco”.

Ni falta que hace. Los medios hondureños hablan todos los días de Chávez y desde el golpe de Estado han puesto en el aire decenas de espots que presentan al venezolano como “un peligro” para América Latina. Primero se trataba de cortos manufacturados en Venezuela, particularmente por el ultraderechista venezolano Alejandro Peña Esclusa. A principios de julio pasado, Micheletti recibió a Peña como si se tratara de un jefe de Estado. Últimamente, el gobierno de facto ha realizado sus propios anuncios, siempre usando el verbo incendiario de Hugo Chávez como regalo inestimable. La televisión hondureña transmite una y otra vez imágenes de un discurso del presidente venezolano: “¡No se puede permitir que pequeños grupitos embochinchen al país!”, grita Chávez, en un acto de masas. Y se despacha: “¡Hay que echarles gasolina y prenderles fuego! ¡El que agreda a un policía o un militar comete un delito! ¡Doy la orden de una vez, los dirigentes de eso hay que detenerlos. ¡El que salga a quemar un cerro, a trancar una calle, me lo meten preso!”

Los líderes de la resistencia tienen que hacer malabares para enfrentar esa campaña que sí rinde frutos, y divide incluso a los zelayistas: “Ellos (los golpistas) sí son chavistas, porque quieren cerrar Radio Globo”, dice una joven que marchó desde Olancho para participar en la marcha de la resistencia al golpe. “Lo único que ha hecho el presidente Chávez es ayudar a Honduras”, replica un joven a su lado.

La resistencia es calificada de “chavista” y en las “marchas blancas”, que desaparecieron del escenario hace dos semanas, era común escuchar el grito de “el que no brinque es venezolano”.

El político liberal y popular conductor de radio y televisión Eduardo Maldonado, no tiene compromisos ni afinidad ideológica con Chávez, así que puede responder rudamente: “¿Quién manda cerrar radios en Venezuela? ¿Quién es el que manda apalear manifestantes allá en Venezuela? ¿Quién cierra las radios aquí? ¿Quién apalea a los manifestantes aquí? Entonces, ¿quién se parece a quién?” He ahí la diversidad de la resistencia hondureña.

Anochece a punto del toque de queda. La atención de una parte del país y de casi todos los medios no está en lo sucedido hoy, sino en lo que podría ocurrir mañana. ¿Con las nuevas marchas anunciadas? No, en el juego donde la selección hondureña de futbol se juega el boleto para el Mundial de Sudáfrica. Claro, las manifestaciones preocupan, pero sólo en la medida en que puedan “causar daño” al normal desarrollo del partido. Dice un conductor de televisión: “¿Que hondureño querría dañar este encuentro?”

“¡Ah, esos costarricenses!”, sigue el conductor, al hacer escarnio de la decisión de los seleccionados ticos de traer sus propias botellas de agua desde su país.

Largas emisiones de radio y televisión son dedicadas a todos los detalles del encuentro, incluyendo entrevistas en vivo desde San Pedro Sula, sede del partido, donde los jefes de la policía explican los “cinco círculos de seguridad” que evitarán que los zelayistas pretendan echar a perder el juego que Honduras espera ganar por goliza.

Pero, ¿no todo eran elogios para Costa Rica y su presidente Óscar Arias en su papel de mediador? Hoy, por si algo faltara en la crisis hondureña, se informa que Arias contrajo el virus A/H1N1. “¡Ah, esos costarricenses!”

Arturo Cano
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Domingo, 02 Agosto 2009 07:27

Dictadura posbananera

Malas noticias. En Washington, la sensación es que el tema Honduras ya fue. Se cayó de los diarios, salió del Capitolio, ni siquiera es prioritario en Foggy Bottom, sede del Departamento de Estado, donde la nueva alianza estratégica con China ocupa la atención de sus principales figuras. Los mismos diplomáticos latinoamericanos que ayer hacían campaña en favor del presidente depuesto, Mel Zelaya, hoy están ocupados con reuniones multilaterales por la crisis financiera mundial.

En la OEA se discute la formación de una eventual comisión verificadora para viajar a Honduras, pero nadie hace mucho para forzar el acuerdo por verificar. El viernes se suspendió una reunión para tratar el tema sin la presencia de ningún presidente, ningún canciller, salvo la de Honduras, Patricia Roda.

En la reunión, la canciller de Zelaya iba a pedir que se apliquen sanciones comerciales contra el régimen golpista, pero las cámaras empresariales de los países centroamericanos han hecho saber que la interrupción del comercio entre Estados Unidos y Honduras desestabilizaría a toda la región. Con eso alcanzó para frenar cualquier movida en ese sentido.

Pasó la tormenta y la dictadura hondureña se mantiene en pie. Estados Unidos ya jugó sus fichas. El martes suspendió las visas diplomáticas, esto es la inmunidad diplomática en Estados Unidos, a cuatro de los líderes del golpe. Antes había logrado quebrar la cadena de mando en las fuerzas armadas hondureñas al hacer firmar a un grupo de coroneles una carta de adhesión a la salida negociada que propicia Washington, el llamado plan Arias.

No fue suficiente para voltear a la dictadura hondureña, pero Washington tampoco hará mucho más. El Departamento de Estado no quiere que siga el gobierno de facto que encabeza Roberto Micheletti pero tampoco quiere que vuelva con plenos poderes Zelaya, el presidente derrocado el 28 de junio por un golpe cívico-militar.

Zelaya se quedó en la frontera, jugando el rol de héroe en el exilio, sin generar ni por asomo la capacidad de movilización suficiente como para emprender una vuelta triunfal. Con un millón, medio millón, cien mil fieles, otra sería la historia. Pero en su campamento no pudo juntar más de mil quinientos.

Si vuelve sin el poder de las masas y sin acuerdo, Zelaya sabe que lo meten preso y se hacen un gran espectáculo con su juicio político. Si vuelve sin masas pero con acuerdo político, Zelaya sabe que los “verificadores” del acuerdo puestos por Washington le estarán encima para que renuncie y/o llame a elecciones no bien pise el palacio presidencial. Como no le interesa convertirse en un mártir ni tampoco en una marioneta, se queda en la frontera.

Si no consigue volver por las suyas, el futuro político de Zelaya se hace cuesta arriba. Las candidaturas para las elecciones presidenciales del próximo diciembre ya están cerradas y ningún postulante lo representa. Las siguientes elecciones nacionales son dentro de cuatro años porque la constitución hondureña no contempla comicios de mitad de término. Estas limitaciones legales dificultan la gestación y supervivencia de una fuerza de centroizquierda que le permita a Zelaya mantener su presencia en la arena política.

En todo caso, Estados Unidos no quiere correr riesgos. Según contó una fuente con acceso permanente a los negociadores de ese país, ellos están convencidos de que si vuelve Zelaya al poder no vuelve sólo para quedarse cuatro meses. Dicen que si vuelve intentará cualquier trampa para estirar su mandato. Así se refieren a la “encuesta” que había hecho Zelaya para cambiar la Constitución. Como los plebiscitos sobre el tema estaban prohibidísimos, llamó a una “encuesta”, que en este caso es lo mismo que un “plebiscito”, pero con distinto nombre. Esa “encuesta” fue el argumento que dieron los golpistas para dar el golpe.

Por eso el Departamento de Estado quiere sacarse de encima el papelón que les representa la dictadura posbananera de Micheletti, pero no para entregarle el mando a Zelaya, sino para imponer un gobierno de transición que llame a elecciones lo antes posible.

Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela pasan por un buen momento. Así lo reflejan las declaraciones del canciller venezolano Nicolás Maduro de esta semana valorando la decisión de la cancillería estadounidense de cancelar las visas de los golpistas hondureños. Pero, aunque la crisis hondureña generó espacios de consenso que derivaron en un acercamiento, las diferencias ideológicas persisten y la rivalidad se mantiene en pie.

Quedó claro esta semana que la administración Obama quiere dos cosas. Por un lado, preservar el orden constitucional en los países de la región. Por el otro, frenar la expansión del chavismo. Pero también quedó claro que, a la hora de elegir, lo segundo resultó más prioritario que lo primero. “El objetivo estratégico básico de Estados Unidos en América latina es evitar la ampliación de la zona de influencia chavista”, precisa la fuente.

Micheletti resiste pero a costa de un nivel de represión, digamos llamativo, coartando la libertad de expresión, reunión y libre circulación de millones de hondureños. Tal como vienen registrando las distintas misiones de organismos de derechos humanos que han visitado el país después del golpe, lo hace a través de acciones de brutalidad policial en las calles y con clausuras y detenciones arbitrarias, llegando al extremo de asesinar manifestantes para apagar focos de protesta.

Se trata de un cuadro insostenible en el tiempo. Más tarde que temprano el régimen tendrá que abrirse a una “democratización” y la figuras más identificadas con el golpe tendrán que dar un heroico paso al costado, allanando el camino para el famoso “gobierno de unidad nacional”.

Sin embargo, hasta ahora la dictadura ha sido incapaz de siquiera intentar algo semejante. Micheletti sigue teniendo las horas contadas, pero los golpistas han demostrado que no van a entregar la cabeza de su líder a cambio de nada, sólo para atender exigencias de la comunidad internacional.

Por eso juegan a estirar los tiempos, paseando la propuesta de Arias por distintas comisiones del Congreso, simulando una prolijidad institucional que brilló por su ausencia en la burda maniobra militar que terminó con el destierro forzado del presidente.

Los golpistas ya no les responden a sus patrones. Treinta años de lecciones de Washington sobre cómo combatir la amenaza comunista pudieron más que las tibias reprimendas de Hillary Clinton, llamando a “todas las partes” a respetar los mecanismos de la Carta Magna hondureña.

A esta altura de los acontecimientos, hay que decirlo, hay que gritarlo, al presidente de Honduras lo sacaron de su casa en pijamas y a punta de pistola. Se lo llevaron sin una orden de detención firmada por un juez, o sea lo secuestraron. Lo subieron a un avión y lo mandaron a Costa Rica. Lo echaron como a un perro. Al día siguiente le mintieron a todo el pueblo hondureño al presentar una carta de renuncia trucha, con firma falsificada, que ni siquiera estaba fechada en el día correcto. Tres días más tarde lo acusaron de crímenes con penas de hasta veinte años de cárcel. Después lo amenazaron con un “baño de sangre” si volvía para defenderse de las acusaciones. En secuencia cronológica secuestraron, echaron, renunciaron, acusaron y amenazaron al presidente de Honduras.

Lo que pasó no es anecdótico. No se arregla comprando constitucionalistas para que digan que no hubo golpe porque salvo el Ejecutivo, se mantienen intactos los demás poderes del estado. Acá no es cuestión de Zelaya sí, Zelaya no, Chávez sí, Chávez no. Sacaron a su presidente en pijamas. Hasta un asesino serial y violador de niños, cuando lo vienen a buscar, tiene derecho a llamar a su abogado. Y la pena de destierro se abolió en el medioevo.

El desenlace que se perfila, en cualquiera de sus variantes, representa un fuerte retroceso para las democracias en la región y una seria amenaza para la estabilidad de sus sistemas políticos. Hace dos años ni el más afiebrado conspirador imaginaba un golpe militar en América latina.

Hoy, bajo determinadas circunstancias, tomando las precauciones del caso, todas las opciones vuelven a estar sobre la mesa. Ya lo saben los autonomistas bolivianos, los magnates bananeros de Guatemala y Ecuador, los oviedistas paraguayos, los discípulos de D’Aubisson en El Salvador, los ex contras nicaragüenses, los fedecamaristas venezolanos y los hacendados piqueteros de Argentina.

Obama y Hillary parecen subestimar el peligro que estas fuerzas representan. Sería un error de cálculo demasiado costoso.

Por Santiago O’Donnell

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